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La protesta se celebrará el próximo lunes 19 de junio ante la Audiencia Provincial de Lugo, en la Praza de Avilés, a las 10 horas.
Carlos Somoza, exgerente de la empresa gallega nacida en Monforte de Lemos Alcor Seguridad, se ha enfrentado a muchos procesos penales en los últimos años, pero la sombra de la sospecha sigue pesando sobre su figura. Investigado en el pasado por el 'Caso Muro', Somoza vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados al ser, como lo tachan desde la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), una de las "ovejas negras" del sector de la seguridad privada, que denuncia a esta empresa calificada de "pirata" y "low cost". En esta ocasión, las acusaciones a las que se enfrenta el empresario son falsedad documental y abuso laboral.
Desde el sindicato llevan años denunciando las supuestas prácticas irregulares de Somoza, trabajando fuera del convenio colectivo porque, como argumentaba en su día para Galiciapress, "así puedo dar trabajo a más personas". Con todo, el exgerente -que "pese a no figurar como administrador actuaba como gerente de la misma", según Fiscalía- no es el único investigado, ya que, como señala el sindicato "cinco de sus ex directivos (de Alcor) se sentarán en el banquillo a partir del próximo 19 de junio en Lugo por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores" en calidad de "cooperadores necesarios".
"ABUSANDO DE LA SITUACIÓN DE NECESIDAD" Y "AMENAZAS" "Desde aproximadamente 2011 y hasta el 6 de octubre de 2015, el acusado ha venido empleando en la entidad regentada de facto por él mismo, Alcor Seguridad SL, a múltiples trabajadores a los que, abusando de la situación de necesidad en la que los mismos se encontraban, les imponía y mantenía unas condiciones laborales que incumplían las disposiciones legales vigentes, vulnerando de este modo los derechos mínimos irrenunciables de los trabajadores", reza la Fiscalía.
Horas extra por debajo del precio correspondiente y con clausulas abusivas, obligar a los trabajadores subrogados a renunciar a su antigüedad o no respetar los descansos son algunos de los puntos que refleja el fiscal como motivos de la investigación. "Todas las condiciones eran impuestas a los trabajadores de la entidad bajo la amenaza de ser despedidos en caso de incumplimiento", explican.
El de Alcor es, junto con el que implica a Seguridad Integral Canaria, propiedad del conocido empresario canario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la U.D. Las Palmas y al que piden más de 20 años de prisión -por los tres años y tres meses que piede la Fiscalía a Somoza; seis años de prisión en la petición del sindicato-, uno de los "juicios más esperados" para la USO, que recalca que estas empresas "han tenido explotados a decenas de empleados durante años, engañándoles con las horas extra y la cotización a la seguridad social".
"La Justicia en España es lenta pero llega y por fin tendrán que ponerse ante un tribunal", celebra Basilio Febles, secretario general de FTSP-USO. Será Ismael Franco, de ADR abogados, el encargado de llevar el caso para el sindicato. Entre las denuncias a Alcor destaca el presunto incumplimiento de un contrato en la Comunidad de Madrid para la vigilancia de las Oficinas de Empleo del SEPE. Allí, en 2021, dejó sin vigilancia los centros de trabajo del Servicio de Empleo durante los meses de verano, sin personal que custodiase las oficinas.
PROTESTA EN LUGO En este marco, desde el sindicato llaman a una movilización a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo conincidiendo con la apertura del juicio oral. El objetivo es concentrar a trabajadores del sector a las 10 horas de este lunes 19 de junio para "denunciar, una vez más, las practicas antilaborales y antisindicales de este empresario y gerente de Alcor Seguridad, malas practicas laborales que les va a sentar en el banquillo ya que, de manera reiterada según denuncia la FTSP-USO, actúa en contra de los derechos de los trabajadores". "Ahora la justicia tiene la última palabra. Confiamos en una resolución favorable para los intereses de los trabajadores afectados, que saben que siempre van a poder contar con la FTSP-USO en la defensa de sus intereses", subrayan.
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