Más medios y protocolos eficaces para nuestros cuerpos de seguridad
La obligación de los responsables políticos es establecer protocolos eficaces para que los agentes puedan afrontar su trabajo con las mayores garantías.
La muerte de un agente de la Policía Nacional en Andújar cuando intervenía en una riña vecinal pone de manifiesto la precariedad con la que trabajan estos agentes, obligados en no pocas ocasiones a enfrentarse a situaciones en las que se pone en riesgo su vida. Es evidente que la labor de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entraña a menudo un riesgo vital, pero la obligación de los responsables políticos es minimizar esos riesgos, proporcionando a los agentes los elementos disuasorios más avanzados y estableciendo protocolos eficaces para afrontar su trabajo con las mayores garantías; para ellos y, sobre todo, para los ciudadanos a los que han de proteger.
Los sindicatos policiales han denunciado la situación de nuestros agentes cuando se ven obligados a enfrentarse a este tipo de situaciones. Los representantes de las organizaciones mayoritarias coinciden en exigir "la distribución masiva de táser o pistolas eléctricas y la actualización del Plan Nacional de Tiro", dos elementos fundamentales para garantizar una respuesta disuasoria eficaz ante amenazas de gravedad.
Pero, además de la mejora de los medios materiales y de la actualización constante de las habilidades necesarias para intervenir con éxito ante las agresiones más graves, es fundamental revisar las normas establecidas para dar adecuada cobertura a nuestros agentes cuando se ven obligados a hacer uso de la fuerza para repeler ataques que ponen en riesgo su vida y la de otras víctimas potenciales. En tal sentido, los sindicatos policiales son muy claros al exigir "protocolos claros del uso de la fuerza" para que, ante situaciones críticas, los agentes puedan utilizar sus armas reglamentarias con "seguridad jurídica". Y es que, como acertadamente afirman los representantes de nuestros agentes, la duda puede matarlos, como por desgracia ha ocurrido en la citada localidad andaluza este pasado fin de semana.
Resulta asombroso, a la vez que hiriente, que un Gobierno dedicado a regular hasta los aspectos más ínfimos de la vida privada de los ciudadanos sea incapaz de establecer normas eficaces para que nuestros policías sepan cuándo y en qué situaciones pueden usar su equipamiento reglamentario. Si a esa indefinición nada casual en los criterios para el uso de la fuerza unimos la certeza de los agentes de que cualquier intervención que acabe con la vida de un delincuente les va a llevar a un calvario profesional, a nadie puede extrañarle las dudas que asaltan a nuestros policías cuando tienen que actuar en situaciones críticas.
La Policía ejerce directamente el uso legítimo de la fuerza del Estado para garantizar la libertad y seguridad de todos los ciudadanos. Pero para que esa labor sea efectiva, es preciso que los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuenten con protocolos de actuación claros y eficaces. De lo contrario, seguirán ocurriendo desgracias como la muerte del agente de la Policía de Andújar, fallecido en una intervención que, bajo otros principios regulatorios, se habría saldado de manera bien distinta.
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