Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de diciembre de 2019

¿Las cámaras de vigilancia vulneran el derecho a la intimidad?

La efectividad de las cámaras de vigilancia está demostrada. Sin embargo, en medio de los resultados positivos, ha surgido una pregunta importante:


¿Cuándo la video vigilancia pública cruza la línea de una herramienta eficaz a una infracción ilegal de la privacidad de un individuo?

La vigilancia con cámaras puede amenazar la privacidad Las cámaras registran a las personas mientras compran, mientras conducen, mientras caminan por sus vecindarios. Los drones pueden capturar imágenes desde el cielo. Los transeúntes pueden capturar imágenes de sus teléfonos. Las cámaras de seguridad para el hogar capturan imágenes de las personas de al lado. Los hackers graban imágenes de cámaras web comprometidas y todo esto ni siquiera incluye la seguridad de las empresas y el video de vigilancia local, estatal y nacional.

Pero a medida que el coste de la tecnología disminuye y las características se vuelven más avanzadas, la probabilidad de que las imágenes se graben sin consentimiento también aumenta. La vigilancia por video y otras medidas de monitoreo plantean importantes preocupaciones de privacidad, y la tecnología a menudo supera los avances en la ley. El video es solo una parte del problema de vigilancia más amplio. Las tecnologías como los lectores de matrículas y los sistemas de reconocimiento facial crean más desafíos de privacidad.

La tecnología y la vigilancia La relación entre tecnología y vigilancia tiene grandes propósitos para beneficiar a la sociedad, pero lo que puede usarse para bien, también puede usarse para mal. Los sistemas de vigilancia están ahí con el primer propósito de hacer que la sociedad sea más segura, no perjudicial. Las cámaras de video o circuito cerrado se están convirtiendo en una característica cada vez más extendida de la vida. Ahora todo es más cómodo gracias a la ayuda de alta tecnología. El problema con las cámaras de vigilancia y la tecnología es que tienen un historial irregular de prevención del delito. No siempre son una invasión de la privacidad. Las cámaras son útiles en algunos casos y, dañinas en otros.

Límites y controles en el uso de cámaras España ha impuesto restricciones sustanciales a la vigilancia por cámaras y otros tipos de videograbación de personas sin su consentimiento. Estos desarrollos subrayan diferencias importantes entre las leyes de privacidad de otras naciones y España. En general, el procesamiento de datos personales por medio de sistemas de video vigilancia requiere el consentimiento del interesado. Se pueden encontrar excepciones a esta regla en la Ley de Seguridad Privada española y en la sección 20 del Estatuto del Trabajo. La Agencia de Protección de Datos de España intenta equilibrar los derechos de privacidad individuales con los fines legítimos que cumple la vigilancia.

Requisitos mínimos que se deben cumplir La Sección 20.3 del Estatuto Laboral español permite el monitoreo en video de los empleados sin su consentimiento para verificar que los empleados cumplan con sus obligaciones laborales. No obstante, las organizaciones deben cumplir requisitos mínimos: No debe haber otros medios para lograr este propósito que el uso de cámaras de vigilancia. La implementación del sistema debe limitarse estrictamente a los usos y ubicaciones necesarios para cumplir con el propósito de la supervisión de los empleados. Las cámaras de seguridad no pueden ubicarse en instalaciones de uso privado (baños o salas de recreación). Se debe respetar el derecho de los empleados a su vida privada y no se pueden grabar conversaciones íntimas.

Las organizaciones deben respetar plenamente los derechos de información de sus empleados:

-Notificando a los representantes sindicales de los empleados que se debe implementar un sistema de vigilancia.
-Colocando el letrero de información, zona de vigilancia por cámara.
-Mediante un aviso personalizado.

Las imágenes de los empleados deben eliminarse dentro de 30 días, a menos que estos datos sean necesarios para fines de investigación (delitos o incumplimiento de obligaciones laborales). La empresa contratada para instalar el equipo de vigilancia debe cumplir con los requisitos específicos de conformidad con la legislación española basada en el sector. La videovigilancia puede cumplir múltiples funciones: proteger la seguridad de los empleados y clientes en áreas de acceso público, identificar el robo por parte de clientes o empleados y disuadir otras conductas indebidas.

Vigilantes de prisiones en 15 cárceles dejarán de prestar servicio en Fin de Año

El fin del contrato con Ombuds afecta a prisiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Hay casi 500 vigilantes adscritos a estos centros penitenciarios.

La empresa Ombuds, que actualmente gestiona la seguridad de quince prisiones, ha informado a vigilantes de la compañía de su retirada de esas cárceles a las 24 horas de mañana, 31 de diciembre, en que serán sustituidos por 240 policías y guardias civiles.

En el comunicado, con fecha de hoy, lunes 30 de diciembre, Ombuds señala que el área de Seguridad Ciudadana y Operaciones, de la Secretaría de Estado de Seguridad, les ha remitido una comunicación en la que instan a la empresa a desmontar los servicios que prestan en el lote 2 de Centros Penitenciarios, que incluye prisiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, al finalizar el contrato de servicios que les une hasta el día 31. Según Ombuds, todos los vigilantes de seguridad adscritos al servicio, que deberán depositar los objetos de uso personal y cotidiano, así como el arma reglamentaria, para ser retirados, permanecerán en situación de permiso retribuido en tanto en cuanto se les asigna nuevo servicio.

El sindicato Alternativa Sindical ha indicado este lunes que hay casi 500 vigilantes adscritos a estos centros penitenciarios. Asimismo, ha señalado que el lote correspondiente a estas quince cárceles, valorado en 8,3 millones de euros, quedó desierto al no presentarse ninguna oferta el pasado noviembre. El Ministerio del Interior ha iniciado ya un nuevo expediente para sacar a concurso la seguridad del lote 2, que incluye estas quince cárceles y que se espera adjudicar a finales de enero.

La empresa que se adjudique el lote debe asumir tanto a los 200 trabajadores de Ombuds como la deuda de la compañía con la Seguridad Social, según Alternativa Sindical, que ha indicado que esto convierte el contrato en poco atractivo. Los vigilantes deben percibir el finiquito por Ombuds, sociedad actualmente declarada en liquidación por el Juzgado de lo Mercantil número 3, tras entrar en concurso de acreedores en junio.

30 de diciembre de 2019

BIZKAIA: Comienzan las movilizaciones de los vigilantes de seguridad en Loiu sin colas en los controles

Realizarán la protestas hoy y mañana, de una a tres, y también los días 3, 4 y 5 de enero

Los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Loiu han completado hoy el primer tramo de las movilizaciones anunciadas y lo han hecho sin provocar colas en los controles. "No queremos afectar a los pasajeros. Si no se nos atiende, iremos tomando las medidas oportunas", anunciaban por el megáfono nada más empezar. Se descartaba, así, de salida, la idea de una huelga de celo que había sobrevolado la convocatoria. "No queremos causar alarma. No es una huelga de celo. Pero queremos que ", aclaró la presidenta Lourdes Aretxaga, presidenta del comité de empresa.

Con gritos de "Segurisa, en pagar no tiene prisa" y "Manos arriba, esto es un atraco" arracó la movilización, que se repetirá mañana y los días 3,4 y 5 de enero. Todas las jornadas en el mismo horario: de una a tres de la tarde. «Hoy empezamos con las protestas y visibilizando lo que sucede y, si no hay solución, cada vez se notará más», dejaba caer uno de los portavoces del colectivo. Sus reclamaciones son de índole económica y no están dirigidas a Aena, sino a la empresa. CC OO y USO, las centrales con representación, han exigido a la compañía que "cumpla con los acuerdos laborales y los pluses pactados".

Solamente había doce vuelos programados en la franja horaria entre la una y las tres de la tarde. Son las conexiones con Stuttgart, Frankfurt, Nantes, Sevilla, Bruselas, Dusseldorf, Madrid, Munich, Viena, Granada y dos aviones diferentes que van a Málaga. Pero los cinco primeros han pasado el control antes de arrancar la protesta y a partir de las tres sólo hay previstos tres (Sevilla, Palma de Mallorca y Barcelona). En ningún momento ha habido colas.

La labor de este colectivo, formado por unos cien trabajadores, es supervisar que los pasajeros accedan a la llamada 'zona aire' cumpliendo las medidas de seguridad gracias a los cacheos, la revisión de los equipajes de mano, el arco detector de metales y otras pruebas para localizar explosivos. Su mayor queja tiene que ver con “un plus de productividad variable de 80.000 euros que Aena ha abonado a la empresa hace cinco meses y que no nos han pagado todavía. Se pactó que fuera la mitad para nosotros, 40.000 euros, y ahora quieren que cada trabajador aporte la parte de la Seguridad Social, algo que creemos que corresponde a la empresa”. También hay cierto malestar en el comité de empresa por “la falta en las nóminas de los trabajadores de varios conceptos salariales que están recogidos en el convenio, como pluses los días de permisos retribuidos, kilometrajes y dietas las jornadas de formación obligatoria y horas extras impagadas".

MADRID: Rescatan en Getafe a un vigilante de seguridad aplastado por una puerta metálica

Un vigilante de seguridad de una empresa de Getafe ha resultado herido tras quedar atrapado por una puerta metálica de grandes dimensiones.

Se descolgó de sus anclajes en la entrada de las instalaciones, según ha informado este domingo la Policía Local de Getafe.

Los agentes han conseguido liberarlo parcialmente levantando la puerta con los gatos de los vehículos patrulla para que el herido pudiera así respirar hasta la llegada de las asistencias.

Finalmente, ha sido rescatado con la intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que han tenido que utilizar una grúa para levantar la puerta, ya que tenía un peso considerable.

29 de diciembre de 2019

Securitas fía su futuro a la tecnología

La compañía de seguridad se ha embarcado en un proceso de transformación que apuesta por la inteligencia artificial y el Internet de las cosas

Las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente el sector de la seguridad privada. La digitalización, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas hoy forman parte integral del negocio tanto como el vigilante uniformado con pistola al cinto, y a buen seguro que la inminente llegada de la telefonía móvil 5G traerá consigo nuevas mutaciones.

Para adaptarse a los nuevos tiempos, diferenciarse de la competencia y abrir nuevas vías de ingresos, Securitas Seguridad España se ha embarcado en un proceso de transformación —“cambio cultural continuo”, lo llaman en la empresa— que tiene como eje central la tecnología. “Ahí van a estar nuestro foco y nuestras principales inversiones en los próximos tres años”, afirma Zacarías Erimias, consejero delegado de la compañía. “Estamos incorporando las nuevas tecnologías en todas nuestras áreas de negocio”. El compromiso adquirido con la matriz sueca es que la facturación crezca a un ritmo de dos dígitos anuales, igual que ha venido haciendo en los últimos ejercicios. “Hemos diversificado nuestro negocio en España y ello nos ha llevado a un crecimiento muy saludable”, explica Erimias.

En una conversación con EL PAÍS en la sede central de la empresa, ubicada en el Ensanche de Vallecas (Madrid), el directivo desvela su intención de combinar en los próximos años el crecimiento orgánico con nuevas adquisiciones. “No descartamos la compra de alguna empresa tecnológica relacionada con la seguridad”, señala Erimias, quien recuerda que Securitas no ha hecho adquisición alguna desde que él tomó las riendas de la compañía, en 2014. De la rápida transformación del negocio da una idea el hecho de que la vigilancia tradicional, con agentes sobre el terreno, aportase hace diez años el 90% de los ingresos de Securitas y que ahora suponga poco más del 50%. Seis de las diez principales enseñas del sector en España han quebrado en los últimos cinco años. Al frente queda un selecto y heterogéneo grupo de cuatro, formado por Eulen, Ilunion, Prosegur y Securitas, cada una con estrategia propia.

Erimias (Avilés, 1963) explica que en los próximos años el crecimiento de Securitas va a venir de actividades como la seguridad remota, la protección contra incendios o el análisis de vídeo y audio. La inteligencia artificial y el Internet de las cosas se están integrando en todas las líneas de negocio, tanto en las tradicionales como en las nuevas. La empresa ofrece a sus clientes industriales, por ejemplo, la instalación de sensores que permiten anticipar o detectar paradas en las líneas de producción. Al sector del transporte proporciona sistemas para garantizar la cadena de frío, hacer un seguimiento de la carga durante todo el recorrido y evitar robos en las paradas. También cubre necesidades especiales en hospitales, con dispositivos que detectan si un paciente se levanta de la cama o si hay una ventana abierta en la habitación.

Una de las principales inversiones efectuadas por la compañía en los últimos años ha sido la creación del Securitas Operation Center (SOC), que ocupa toda una planta de la sede central y en el que trabajan 180 personas. El centro está abierto las 24 horas del día los 365 días al año por si es necesario atender alguna incidencia. Desde allí se manejan 43.000 alarmas y 29.000 cámaras repartidas por todo el país y se monitoriza el trabajo de entre 14.000 y 15.000 agentes desplegados sobre el terreno. Cada año se reciben una media de cinco millones de avisos, el 99% de ellos sin necesidad de intervención. Tres sectores concentran la mayor parte del negocio de Securitas en España: la industria, el comercio al por menor y la banca. Erimias hace hincapié en que la empresa no ofrece a sus clientes productos de seguridad estándar, sino que presta un servicio personalizado, diseñado específicamente para cada empresa: “Las amenazas que soporta una industria o un comercio no son las mismas que las que soportan sus competidores, a pesar de que trabajen en el mismo nicho”.

Desde 2018 Securitas cuenta con un departamento de innovación propio, en el que trabaja un equipo de 14 especialistas con diferentes perfiles: matemáticos, ingenieros, diseñadores... “Son personas que están pensando permanentemente en clave tecnológica y que, por lo tanto, son capaces de identificar las nuevas tecnologías que podemos incorporar a nuestros sistemas de protección”, apunta Erimias. El plan es que el departamento crezca en los próximos años. En el cambio cultural que vive la empresa ocupa un lugar central la formación, a la que ha destinado tres millones de euros en el ejercicio 2019. “Estamos a la búsqueda continua de talento”, apunta Erimias. El objetivo es combinar la promoción de gente de la casa con la contratación de personas procedentes de otros sectores con nuevas capacidades. Sostiene el consejero delegado que el valor añadido de Securitas radica precisamente en una adecuada combinación de tecnología y vigilantes presenciales. La automatización de los procesos no ha supuesto merma alguna en la plantilla de la empresa, que ronda los 18.500 empleados, 80% hombres y 20% mujeres.

Filial del gigante sueco Securitas Seguridad España es filial al 100% de la multinacional sueca Securitas, que cotiza en Estocolmo. Fundada en 1934, es la mayor empresa de seguridad privada del mundo, con 370.000 empleados en 59 países y 150.000 clientes. En 2018 facturó 9.900 millones de euros. La división española, que se dedica exclusivamente a la seguridad para empresas e instituciones, aportó 531 millones a esa cifra y ostenta el 17% de cuota de mercado en España. Securitas segregó en 2006 su negocio de seguridad para particulares, Securitas Direct, y cinco años después lo vendió a la gestora de fondos Bain Capital. Tiene derecho a utilizar el nombre y el logo de Securitas, a pesar de no tener nada en común desde el punto de vista accionarial u operativo. La firma de private equity Hellman & Friedman adquirió a Bain en 2015 una participación de control en Securitas Direct.

Pese a los cambios ocurridos en los últimos años, Erimias cree que en la seguridad privada sigue habiendo un exceso de oferta poco cualificada y denuncia que algunas empresas tratan de competir con bajos precios que ofrecen esquivando la normativa laboral. Según la patronal Aproser, el sector tiene en España 1.500 empresas, el 85% de ellas con menos de 50 trabajadores. Entre todas facturaron 4.000 millones de euros en 2018, un 5,52% más que el año anterior.

Una sentencia reconoce a una madre trabajadora, vigilante de seguridad, el derecho a elegir su turno de trabajo

Imagen relacionadaHasta ahora la única posibilidad para conciliar la vida laboral y familiar era solicitar una reducción de jornada

La empresa está obligada a negociar con la trabajadora esta posibilidad, tal como recoge el Estatuto de los Trabajadores

El Juzgado de lo Social Nº 3 de Badajoz ha dictado sentencia en la que reconoce el derecho de una madre trabajadora, vigilante de seguridad, a elegir turno y horario en su puesto de trabajo para conciliar la vida familiar y laboral. La trabajadora venía solicitando desde el mes de junio pasado su adaptación de la jornada a un turno de lunes a viernes en horario de mañana, algo a lo que la empresa de seguridad se negaba. Por ello decidió demandar a través de los servicios jurídicos de Alternativa Sindical ante los Juzgados de Badajoz, que le han dado la razón, según informa Alternativa Sindical en Extremadura. En una nota de prensa el sindicato informa de que hasta ahora la única posibilidad para adaptar la jornada de trabajo para conciliar la vida laboral y familiar era solicitar una reducción de jornada por cuidado de un hijo o familiar.

Lo recoge el Estatuto de los Trabajadores El Juzgado Nº 3 de Badajoz, tras el Real Decreto 6/2019, se ampara en la posibilidad recogida en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores en la sentencia dictada. Así, establece que las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a conciliar vida familiar y laboral. 

El Juzgado, según la nota, reprocha a la empresa su falta de contestación a la trabajadora, que pedía una adaptación de la jornada, sin necesitar reducirla, para conciliar la vida laboral y familiar, puesto que "no es un derecho absoluto y la empresa puede negarse si existen razones para ello, algo que no ha justificado". La empresa, por tanto, estaba obligada a negociar algo que ha venido rechazando a la trabajadora desde junio y, en caso de negativa, tenía que razonar y justificar por qué negaba dicha petición.

El Juzgado, por tanto, entiende como una negativa "sin justificación" estos hechos y ha ordenado a la empresa aplicar el turno en horario de mañana de lunes a viernes a la madre trabajadora, una sentencia "novedosa provocada por la falta de contestación, negociación y justificación de la negativa de la empresa".

28 de diciembre de 2019

La muerte de un vigilante origina infracciones de carácter muy grave contra tres empresas de Castilla-la Mancha

La Inspección de Trabajo ha levantado acta de infracción muy grave contra tres empresas, con motivo de la muerte de un vigilante de seguridad, al que el pasado 8 de junio le cayó encima una puerta de más de 400 kilos en las instalaciones de una compañía situada en el polígono industrial de Toledo.

Así lo ha señalado el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada en una nota de prensa en la que ha recordado que, a través de sus servicios jurídicos, procedió a denunciar a todas las empresas implicadas en el accidente ante la Inspección de Trabajo -Acciona, Puertas Molplasa y Pycseca Seguridad-, ya que, a su juicio, «concurrían circunstancias de negligencia en materia de prevención de riesgos laborales».

Según el acta de infracción, consultada por Efe, el vigilante, de 43 años, trabajaba en Pycseca Seguridad, empresa que gestionaba el servicio de vigilancia de Logisfashion, que se encontraba en ese momento en fase de construcción de un centro de distribución en el mencionado polígono. El documento explica que se han realizado numerosas actuaciones inspectoras, de las que se deduce que el accidente se produjo cuando el vigilante arrastró la puerta vertical de acceso al recinto para cerrarla, la cual carecía de señalización de prohibición de uso, así como de sistema de bloqueo que impidiese su movimiento sobre los carriles. Y agrega que esto provocó que se saliera del pórtico de seguridad que la mantenía en posición vertical por el lado izquierdo y que, debido a su peso y la inclinación del terreno, venciera sobre la parte en la que se encontraba el trabajador.

El acta también recalca que dicha puerta estaba siendo instalada por la empresa Molplasa, subcontratista de Acciona Construcción, contratista de Montepino Logística Toledo, que alquila las instalaciones a Logisfashion Distribución. Añade que no existía señal o indicación escrita de que el tope de llegada o fin de recorrido no estaba instalado y que la puerta «llevaba esta deficiencia desde la instalación», por lo que puede deducirse que era «un claro riesgo no sobrevenido ni coyuntural, sino claramente estable y estructural».

Igualmente, remarca que la hoja de la parte derecha «sí que se encontraba anclada» y que si la puerta hubiera dispuesto de elementos de seguridad, «no se hubiera materializado el accidente». El acta concluye que éste se produjo como consecuencia del contacto de una de las hojas de la puerta principal del centro de trabajo con el cuerpo del vigilante y apunta como principal causa a «la inexistencia de un sistema de seguridad que impidiera a la puerta corredera salirse de su carril y caer».

También incide en la falta de señalización de la prohibición de uso de la puerta y en la falta de bloqueo provisional para impedir que continuase su avance fuera del pórtico. El sindicato ha destacado, no obstante, que la investigación prosigue otra vía que está en manos de la Policía Nacional y ha hecho hincapié en la necesidad de determinar las responsabilidades penales y civiles para estas empresas como consecuencia de las negligencias detectadas por la Inspección de Trabajo.

27 de diciembre de 2019

Los vigilantes del metro de Barcelona se juegan la vida

Leyendo esta noticia, 'Detenido un hombre por agredir salvajemente a un vigilante del metro de Barcelona', tardo unos segundos en reaccionar. No es la primera agresión a vigilantes de seguridad en el metro de Barcelona, ni siquiera la primera vez que un, llamémosle desaprensivo, muerde a otro en las dependencias del metro.

Pero, ¿de verdad estos trabajadores tienen que sufrir las dentelladas al estilo Hannibal Lecter de unos desgraciados que se pasean por el metro? Esta última agresión sobre las 6 de la mañana en el vestíbulo del metro Urquinaona me hace sentir escalofríos cada vez que paso por allí para dar mis clases de inglés. Estas personas no son policías; pero su labor es la de ayudante de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y tienen una labor tan necesaria y difícil en la sociedad como la de proteger la seguridad de los usuarios del metro. Además de los insultos y vejaciones que sufren muchas veces en el ejercicio de sus funciones, en muchos casos a manos de menores de edad, por lo visto tampoco están a salvo de las salvajadas más caníbales.

Llevan, para defenderse, material que no se actualiza desde 1978; y, además, al ser considerados como 'simples ciudadanos' en el ámbito judicial, están indefensos si realizan cualquier acción que se considere agresiva (aunque sea para defender su integridad o la de otros). Actualmente, han conseguido que se le adjudique espray de pimienta y bufandas anti-cortes. Por favor, no convirtamos el subsuelo de Barcelona en las catacumbas del horror; el metro es de todos y la cuestión de la seguridad también.

25 de diciembre de 2019

¿Cómo afectará la inteligencia artificial al futuro del empleo?


Nadie puede predecir el efecto de la robotización, pero si aplicamos solo una visión económica y no ética el cambio de modelo creará muchos perdedores

El mundo digital ha irrumpido en nuestra vida a mucha velocidad y se prevén cambios importantes en los próximos años a los cuales debemos adaptarnos. Todos los días vemos en las noticias, en los medios de comunicación, informaciones a propósito de la transformación digital, de la robótica, de la inteligencia artificial y de los posibles efectos, positivos y negativos, para la humanidad, especialmente para el trabajo. Continuamente se publican análisis e informes con visiones, muchas veces contrapuestas, donde se constata que estamos ante un asunto de rabiosa actualidad siendo el trabajo, especialmente el fin del trabajo, centro de atención del debate.

La realidad es que no hay pronóstico cierto. Es un momento de confusión en el que, tal vez, nos hacemos pocas preguntas. Preguntas con respuestas que nos ayuden a huir de quienes nos venden discursos catastrofistas sobre el fin del trabajo frente a las máquinas y, también, cómo no, que ayuden a evitar a quienes nos venden visiones tan optimistas como las que mantienen futuros inmediatos de una sociedad totalmente robotizada y en un bienestar pleno.

No existe un ámbito concreto en el que la trasformación digital pueda destacar, sino que su creciente influencia está abarcando prácticamente todos los aspectos de la vida y no hay colectivo que, ya sea por origen económico, geográfico, social, por edad, genero, o por alguna otra circunstancia personal, quede exento de su impacto. Por otro lado, la evolución de las tecnologías disruptivas que están confluyendo (inteligencia artificial, robótica basada en aprendizaje profundo, el internet de las cosas, etc.) está teniendo un crecimiento exponencial abocándonos a una velocidad de cambio difícilmente gestionable.

Existe un imaginario híperoptimista que ve un trabajo futuro donde pierden peso los horarios, donde se reivindica el tiempo libre como una condición básica de la libertad que puede venir dada por los robots. Desde esta visión, ellos facilitarán que dispongamos de muchas más horas de ocio. Pero, por otro lado y con una visión opuesta, aparecen nuevas realidades. Aumentan nuevas formas de empleo, nada convencionales, como el nuevo jornalero colaborador de una plataforma uberizada. Las empresas cada día externalizan más actividades y surgen estructuras digitales que intermedian entre la oferta y la demanda de talento. Todo, además, en un mundo cada vez más globalizado donde las fronteras se hacen cada día más difusas.

Hay preguntas que conviene empezar a hacernos. ¿Cuál es el futuro del empleo? ¿Está sobrevalorado el concepto empleo? Empezamos a ver que cada vez es más sencillo automatizar trabajos y actividades intelectuales. Por otro lado, vemos también que, al contrario, muchos empleos en el sector servicios tienen más dificultad a la hora de ser automatizados. Es posible, y de hecho comienza a ser ya una realidad, que sea más sencillo tener un robot trader, contable o, incluso, psicólogos dedicados a seleccionar personas. Ya hay muchos ejemplos de este tipo de actividades automatizadas. En cambio, vemos la dificultad de automatizar profesiones como la de camarero. Por consiguiente, sí parece que el futuro del trabajo o de los empleos no va a depender exclusivamente de las capacidades intelectuales.

En un informe muy reciente de la consultora americana McKinsey se mantiene que en 2025 la IA podrá desempeñar el trabajo equivalente al que actualmente realizan entre 110 y 140 millones de personas en el mundo. Referencias similares son elaboradas a diario por innumerables instituciones y empresas. Se trata de datos francamente preocupantes. Muchos ganan o ganaremos con los cambios, pero hay otros perdedores. Compañías importantes quedan dañadas en este proceso o simplemente desaparecen. Cada día es más difícil poner en duda que empezamos una nueva etapa de grandes restructuraciones y nadie se atreve a dar una opinión fundada sobre el efecto en el empleo. La mayoría son pesimistas, pero lo cierto, como decía, es que no hay pronósticos ciertos. Datos sí hay, y muchos, cada día más.

Sí es verdad que, a diferencia de otras revoluciones vividas en el pasado, los crecimientos actuales aún no conllevan incrementos sensacionales en el empleo, pero a pesar de la ansiedad por la destrucción de empleos provocada por la globalización del cambio tecnológico, es improbable que se produzca una fuerte disminución. Según el informe de la OCDE de 2019 sobre el futuro del trabajo, la cantidad de puestos de trabajo crece aunque hay riesgo de que otros desaparezcan (el 14% del empleo mundial tiene un alto riesgo de automatización), 75 millones de puestos perdidos vs. 130 millones que se crearán. Saldo neto muy favorable.

El problema radica en el tránsito entre estos dos momentos, la desaparición de muchos de los trabajos actuales y la aparición de los nuevos. Durante este tránsito, habrá muchos perdedores si no enfocamos el problema con una visión ética y no exclusivamente económica, abocándonos a conflictos entre quienes no tengan trabajo, lo pierdan o merme su calidad y los poderes públicos que no hayan visto venir el problema. Entre tanto, a veces los dirigentes políticos se sienten tan perdidos como la propia ciudadanía en un mar de nuevas siglas, nuevas tecnologías y nuevas empresas. Una candidez tecnológica difícilmente entendible a estas alturas del siglo XXI. Llama mucho la atención el enorme contraste entre la intensidad del cambio, lo profundo y global de este, y la poca o casi nula percepción del mismo. Especialmente, por parte de nuestros políticos.

Pero lo que sí debemos tener presente, además de comprometernos con los damnificados, es la necesidad de anticiparnos y prever soluciones. Todos debemos prepararnos para el impacto que la inteligencia artificial tendrá sobre el trabajo, y empezar a ser conscientes de la necesidad de formarnos, reciclarnos y reinventarnos en las nuevas habilidades que se demandan en un mercado laboral, para el que nadie nos había preparado ni advertido.

24 de diciembre de 2019

TARRAGONA: Cada dos días agreden a un vigilante de trenes

Sufren agresiones y ataques a diario. Denuncian que no llevan equipamiento suficiente ni tampoco tienen un reconocimiento de agente de la autoridad para castigar a los atacantes 

«Cuando llegas a casa y sólo te han increpado, insultado o escupido... ha sido un día tranquilo». Quien habla es vigilante de seguridad en estaciones de tren. 

Encargados a diario de la protección de miles de personas, la de vigilante en transporte público es una profesión de riego. Son objetivo de agresiones y además se sienten desprotegidos en equipamiento y por parte de la administración.  En el último año ha habido hasta 180 agresiones graves contra vigilantes de transporte público. Algunas de tal crueldad como el mordisco en el cuello que sufrió un vigilante de metro en Barcelona.
En Sant Vicenç agredieron a un vigilante con un cuchillo.

Casi todos han sufrido agresiones. Golpes, apuñalamientos, arañazos, mordiscos, patadas... Los vigilantes con quienes ha hablado el Diari evitan dar el nombre por miedo a represalias de sus empresas, como señalan los sindicatos. «Se juegan sanciones». «Las empresas saben que al día siguiente de despedir a alguien van a encontrar mano de obra muy barata y de forma rápida». Unos 1.000 euros cobra un vigilante de Renfe. Los de Metro de Barcelona tienen un plus de peligrosidad de 400 euros al mes.

Hay estaciones que los vigilantes prefieren evitar. Durante semanas la estación de Segur de Calafell estuvo sin vigilancia porque nadie quería hacer guardia en la que se considera una de las paradas más peligrosas de la línea R2 de Cercanías. Y eso que en toda la estación hay más de 40 cámaras. El dispositivo se ha restablecido, pero los sindicatos denuncian que sin el refuerzo necesario. «Hay estaciones en las que no puede haber un único vigilante. Eso es dejarle vendido ante un ataque», señalan desde los comités de las empresas. En Segur de Calafell son habituales las peleas, robos y, en diversas ocasiones, ataques a los vigilantes. Los sindicatos denuncian que en muchos casos se recurre a personal de edad avanzada para esa guardia o con poca experiencia para afrontar una situación de peligro. 

De hecho, en estas líneas ya no hay revisores, que también son un objetivo de agresiones. ¿Los vigilantes tienen miedo? «Es más una sensación de intranquilidad, de desprotección y de no sentirte apoyado por las leyes... De estar vendido». Uno de los vigilantes explica que «esto va a más. Llevo 20 años de vigilante y nunca había visto lo de ahora. Habrá más desgracias». Porque los agresores son cada vez más violentos y van armados. «Barras de hierro, cadenas, spray de pimienta...». Quien habla ya ha tenido que ser atendido por sanitarios este año en dos ocasiones.

Los vigilantes sólo llevan una defensa (porra) de 50 centímetros y unos grilletes. Además del autoimpuesto recelo para sacar la defensa, «porque hay decenas de móviles grabando y después el malo es el vigilante», no tienen un respaldo jurídico.  La función de los vigilantes es la «protección de muebles, inmuebles y personal, tanto en espacios públicos como privados. El transporte público nos debería dar la categoría de agente de la autoridad para tener mejor protección».

Ley de seguridad De hecho, la Generalitat planteó dotar de ese reconocimiento a los vigilantes de transporte público, lo que les equipararía a un policía por lo menos a efectos de las consecuencias penales para un agresor. Para ello debe modificarse la Ley de Seguridad Ciudadana, pero no se está aplicando. Ese reconocimiento de agente de la autoridad se reclama de aplicación en todo el Estado. Pero los vigilantes lamentan que «los propios cuerpos de seguridad no quieren que se nos reconozca como agentes de la autoridad».

Al reconocimiento jurídico se añade la reclamación de la dotación de medios. Son imprescindibles los chalecos y guantes anticortes o antitrauma. Hace un par de años un vigilante de Sant Vicenç de Calders salvó la vida porque el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo de la chaqueta detuvo el cuchillo con el que fue atacado. Son muchos los vigilantes que se compran ellos mismos los chalecos (a partir de 300 euros). «Son las empresas quienes deben equipar a sus trabajadores. Pero también la administración debe exigir esas medidas de protección como un tema de riesgos laborales». Pero más allá de esas defensas, los vigilantes reclaman disponer de un equipo con el que poder repeler un ataque. Una de las peticiones es la del spray pimienta que permita reducir a un atacante y se le pueda esposar hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra. De hecho, los vigilantes han pedido poder llevar ese material de defensa que debe autorizar el departamento de Interior y que ya ha autorizado para los Mossos.

Salida laboral «Es un trabajo donde hay empleo», explica un vigilante. «En esto te metes porque hay salida laboral». Sin embargo, como explican en la empresa Grupo Sureste, «en esta profesión hay muchas bajas por estrés, por lesiones...». Representantes de la compañía señalan que «si no se respeta al vigilante, ¿cómo van a respetar la instalación?  El sindicato Alerta Sindical advierte de la escalada de violencia. «Ya no es un forcejeo. A los vigilantes les atacan con piedras, palos, botellas...». Por ello reclaman medidas de protección.

Las empresas reciben el encargo de vigilar líneas tanto en estaciones como en el interior de los trenes. Teóricamente no debería de haber falta de vigilancia en las paradas consideradas más conflictivas, ya que los trabajadores no pueden negarse a esos servicios.
Sin embargo, los sindicatos reclaman que se detallen los riesgos laborales y que deben solucionarse con refuerzos de personal y equipamiento.

Mira estas cifras:

- 15 millones de euros destina la compañía Renfe a seguridad privada. Pero señala que los vigilantes deberían complementar a la que pongan los cuerpos policiales en las estaciones.

- Renfe destina 10 millones de euros al año a borrar grafitis de los trenes. Esa cantidad es la que supondría comprar dos trenes para reforzar líneas o renovar flota.

- Hasta dos millones de usuarios al año sufren los efectos del vandalismo por retrasos debido a frenar trenes, apedreamientos o agresiones a vigilantes.

23 de diciembre de 2019

Felices Fiestas a todos los profesionales de la seguridad privada


SEVILLA Protesta ante la Subdelegación del Gobierno por las agresiones que sufren los vigilantes de seguridad

Representantes de los sindicatos CSIF, CC.OO, ISP, MAS,SPV, STS-A y UGT han protestado en el día de hoy ante la Subdelegación del Gobierno por el aumento de las agresiones a los vigilantes de seguridad, haciendo hincapié en la situación insostenible que están sufriendo los profesionales de la seguridad privada.

Se ha solicitado la creación de mesas de trabajo que garantice la protección de nuestros compañeros, posibilitando el aumento y mejora de su dotación y una eficiente protección jurídica frente a las graves agresiones que sufren a diario.


Los vigilantes de seguridad baleares dicen 'Stop' a las agresiones

Los vigilantes de seguridad se han concentrado este lunes a las puertas del hospital Son Espases.

Los vigilantes de seguridad que trabajan en los diferentes hospitales de Baleares, acompañados por los sindicatos USO y UGT, se han concentrado este lunes a las puertas del hospital de Son Espases para dar visibilidad y pedir medidas contra las agresiones que vienen sufriendo en los centros hospitalarios.

Bajo el lema Stop a las agresiones a los vigilantes, los profesionales piden al Gobierno central que se les catalogue como agentes de la autoridad cuando están desempeñando sus funciones. Recuerdan que ellos protegen a personas que sí están catalogadas como tal, como es el personal sanitario. La concentración se ha realizado en las puertas de Urgencias de Son Espases. A ella ha asistido el vigilante que fue víctima de la última agresión, hace un mes, y que presenta una lesión en un brazo.


21 de diciembre de 2019

¿Ya has recibido el nuevo informe de tu vida laboral? Estas son todas las novedades

La Seguridad Social envía a 22,5 millones de trabajadores su informe de cotización

La Tesorería General de la Seguridad Social está enviando los informes de vida laboral y bases de cotización a 22,5 millones de cotizantes. Su recepción por correo físico ha suscitado expectativas -desvanecidas una vez abierto el sobre- entre quienes llevan 58 meses aguardando por la carta de las pensiones, conocida internacionalmente como la carta naranja, ya que las comunicaciones de cotización han ido en un sobre del citado color. Algo que desde el Gobierno no se atribuye a intencionalidad alguna, pero que los expertos en pensiones consultados por elEconomista interpretan como demasiado casual. "¡Por fin!", exclamaron los citados expertos, al recibir el sobre del citado color, para luego comprobar que se trataba de la información periódica de vida laboral sin incluir ningún cálculo de la futura pensión.

En cualquier caso, si bien se han producido avances y novedades en la provisión de mayor información sobre las cotizaciones que en campañas anteriores, prosigue la espera sine die por la carta naranja llamada a indicar la proyección de pensión a cada trabajador. En 2011 se rubricó por ley la obligación de enviarla, y se asumió como un compromiso en la legislatura 2012-2015, pero la disposición a cumplir ese mandato legal ha quedado en suspenso, según fuentes oficiales, en tanto no se regule definitivamente tanto la revalorización de las pagas como la activación del factor de sostenibilidad, elementos ambos de la reforma de las pensiones de 2013 que fueron tumbados por el acuerdo presupuestario del PNV y el PP en abril de 2018.


La demora en el envío de la carta naranja no es un asunto baladí. Tiene notable importancia ya que mina las posibilidades de acierto de los ciudadanos a la hora de ahorrar a largo plazo para complementar la pensión pública, ya que, al ignorarse cuál será su importe, impide hacer una planificación financiero-fiscal correcta, amén de lastrar al sector asegurador y bancario y los operadores de previsión social complemetaria y al conjunto de la economía. España tiene una tasa de ahorro muy baja, lo que supone una gran desventaja y fragilidad de nuestro tejido económico para afrontar futuras crisis.

Así pues, la campaña informativa se está desarrollando desde el 11 de noviembre y sus destinatarios son los trabajadores que han estado de alta en la Seguridad Social en cualquier momento de 2017 y 2018. Incluye información de dos ejercicios porque el citado mailing no se llevó a cabo el año pasado. Además de la mayor profusión de datos, cabe destacar de esta campaña que los trabajadores han de comprobar la correspondencia de los datos con la realidad, extremo sobre el que hace una advertencia expresa la Seguridad Social, ya que sobre la realidad de los periodos y bases cotizados girarán los importes de futuras pagas tales como pensiones de jubilación o prestaciones como maternidad o paternidad cuya regulación exige unos periodos mínimos de cotización. Además, la cuantía de las pensiones se deriva de las bases y número de años cotizados.

Al igual que en campañas anteriores, los informes se remiten en papel al domicilio del trabajador si no consta en la base de datos de la Seguridad Social su teléfono móvil, situación en la que están en torno al 30% de los trabajadores que recibirán un mensaje vía SMS. En torno al citado mensaje telemático ha surgido un bulo viral indicando falsamente que se trataba de un ataque informático de suplantación de identidad, algo que hay que desoír porque se trata, efectivamente, de la hoja de vida laboral. El SMS indicará a los receptores que tienen el documento disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social, en el servicio 'Comunicación de Vida Laboral y Bases de Cotización a los trabajadores', del apartado Ciudadanos/Informes.

Numerosas novedades Por un lado, junto al habitual informe con datos de la situación actual del trabajador, vida laboral y bases de cotización, se incorpora un segundo Informe bajo el título Información de interés de su cotización en el año 2018, que recibirán los trabajadores por cuenta ajena que hayan estado dados de alta en 2018. Por su parte, el informe de vida laboral y bases de cotización, que recibirán todos los trabajadores con independencia del régimen en el que estén dados de alta, va a incluir el convenio o convenios colectivos aplicables al trabajador declarado por la empresa, e información de la situación adicional al alta que tuviera el trabajador a la fecha de extracción de la información, como por ejemplo, en el caso de vacaciones no retribuidas. Además, el apartado de Bases de Cotización incluirá las bases de 2017, 2018 y desde enero de 2019 hasta el último periodo de liquidación disponible. A los trabajadores con 60 o más años se les ha ampliado la información de las bases de cotización a los últimos 21 años, ya que la cuantía de su futura pensión de jubilación está vinculada con ellas.

El informe que lleva por título Información de interés de su cotización en el año 2018 y que acompañará al Informe de vida laboral y bases de cotización lo van a recibir todos los trabajadores que hayan estado dados de alta en 2018 por empresas que hayan efectuado las liquidaciones de cuotas mediante el Sistema de Liquidación Directa. Este informe complementario ofrece información sobre varios aspectos tales como: las bases de cotización por contingencias comunes; en cuanto a las cuotas, el importe calculado acumulado de 2018, distinguiendo la aportación de la empresa y la del trabajador; las relaciones laborales mantenidas en 2018 como empleador de hogar; las situaciones de incapacidad temporal y de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia en 2018; las altas anuladas en 2018 por Autorizados RED, si las hubiera; y la situación sobre el ingreso de cuotas de la Seguridad Social como responsable del ingreso en los casos en que el trabajador es el responsable del ingreso.

CÓRDOBA: Detenidas tres personas por delitos contra el patrimonio


La rápida actuación de los agentes así como la colaboración con vigilantes de seguridad, ha sido clave para las detenciones


Agentes de la Policía Nacional en Córdoba han procedido a la detención de tres personas como presuntas autoras de otros tantos delitos contra el patrimonio acaecidos durante la pasada semana en nuestra capital, estando las mismas encuadradas dentro del Plan Comercio Seguro que la Comisaría Provincial implementa durante estos días.

El suceso primer suceso tuvo lugar a comienzos de la pasada semana cuando, la sala operativa del 091 recibió un aviso en el que se alertaba de la presunta comisión de un hecho delictivo en un centro comercial. Una vez los agentes se personaron en el establecimiento se entrevistaron con el personal de seguridad privada, los cuales manifestaron como, al parecer, habían observado a una persona introduciendo ropa en una bolsa para posteriormente intentar salir por la línea de cajas sin abonar los artículos . Ante tales hechos la dotación policial, comprobó como la presunta autora habría inutilizado los sistemas de seguridad de las prendas, introduciendo las mismas en bolsas para no ser detectada al salir del establecimiento, es por lo que se procedió a la detención de esta persona como presunta autora de un delito de hurto, comprobando además como en un vehiculo que tenía estacionado en el parking del centro comercial tenia ocultas mas prendas presuntamente sustraídas.

El segundo suceso tuvo lugar a días atrás, tras tener conocimiento los agentes de la Comisaría Local de Lucena-Cabra de cómo al parecer se había producido un hurto de un terminal de telefonía móvil en una parroquia de la localidad lucentina. En vista de la situación, los agentes actuantes establecieron el correspondiente dispositivo localizando al presunto autor de los hechos minutos después en una calle aledaña al lugar de los hechos, siendo detenido en eso momento como presunto autor de un delito de hurto.

El último de los sucesos tuvo lugar a última hora de la tarde del pasado lunes cuando, según el relato de hechos, el presunto autor del delito, habría entrado en una tienda de la zona de Noreña y tras dirigirse a la zona de electrónica habría inutilizado los sistemas de seguridad de un terminal móvil de alta gama, cuyo valor ascendía a 760 euros, posteriormente abandonar el local. En vista de lo anterior, los actuantes procedieron a la identificación del individuo, comprobando como portaba el terminal presuntamente sustraído, procediendo a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de hurto.

Guardias civiles apremian a Interior para que subsane su "fallo" que dejó sin seguridad privada a varias cárceles


Denuncian que el refuerzo policial para sustituir a los vigilantes tendrá incidencia en el servicio que se presta en zonas rurales

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha apremiado este viernes al Ministerio del Interior para que subsane su "presunto fallo" por la no licitación de los servicios de seguridad privada en los centros penitenciarios de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura, sin que lo anterior suponga "una carga de trabajo extra para los guardias civiles destinados a estos cometidos".

En un comunicado, AUGC solicita que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska adopte "todas las medidas necesarias para garantizar la vigilancia exterior y las conducciones de presos, penados y detenidos". En concreto, denuncia que "no se aprecie la más mínima preocupación" de la Secretaría de Estado de Seguridad y del Gabinete de Coordinación y Estudios tras dejar de prestar servicio una empresa privada y quedar desierto el concurso público que debía subsanar esta situación que afecta a una quincena de cárceles de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Diferentes sindicatos policiales y de prisiones llevan tiempo reclamando que la vigilancia exterior deje de prestarse por empresas privadas y vuelva en su totalidad a ser gestionado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Gobierno del PP permitió que empresas privadas se hicieran cargo de este cometido en un plan que pretendía recolocar a los antiguos escoltas encargados de la seguridad de personalidades amenazadas por la banda terrorista ETA. En 2013, además, se privatizó parte de la seguridad exterior de las prisiones.

INCIDENCIA EN ZONAS RURALES El problema conlleva, según AUGC, que "el próximo 1 de enero de 2020 los vigilantes de seguridad ya no prestarán servicio en los centros penitenciarios de las tres comunidades autónomas mencionadas, causando un doble perjuicio: a los cientos de familias que se quedan sin trabajo y a los cientos de guardias civiles que tendrán que asumir esos cometidos, con la sobrecarga de trabajo que ello conlleva". Según las cifras que maneja AUGC, serían necesarios casi 200 guardias civiles para cubrir las necesidades que se plantean en la Comunidad de Madrid, lo que ve "impensable ante la falta manifiesta de personal". En los siete centros de Castilla-La Mancha harían falta otros 160 agentes, de ellos unos 50 para cubrir las tres cárceles entre Herrera y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 40 en Ocaña (Toledo), otros 40 efectivos entre las Prisiones de Cuenca y Albacete.

En el caso de Extremadura, concretamente del centro penitenciario de Cáceres -- puesto que el de Badajoz es demarcación de la Policía Nacional--, sí están cubiertas las plazas, si bien el 10% de las mismas están ocupadas por personal comisionado. "Lamentablemente, una vez más, debemos advertir de la grave incidencia de toda esta problemática en las zonas rurales, de las cuales, si el Ministerio del Interior no pone remedio, serán detraídos guardias civiles de cometidos de seguridad ciudadana para poder cubrir esta problemática de los centros penitenciarios, castigando nuevamente a los ciudadanos de estas zonas sin seguridad, convirtiéndolos en españoles de segunda clase", concluye el comunicado de AUGC.

SANTANDER: Los vigilantes de seguridad piden protección jurídica y medidas frente agresiones

Vigilantes de seguridad han exigido este viernes en una concentración ante la Delegación del Gobierno protección jurídica, para que se les considere agentes de la autoridad, y más medidas para combatir las agresiones que sufren al hacer su trabajo, que en Cantabria se estiman en más de 30 al año.

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO se han concentrado en protesta por el aumento de las agresiones que sufre el sector de la seguridad privada, que en la región se estima que supera el millar de trabajadores repartidos en unas 15 empresas. Los cuatro sindicatos han demandado más protección jurídica para poder combatir las agresiones que sufren en el día a día de su trabajo. Estas fuerzas sindicales han recordado que existe una Ley de Seguridad Privada, con un reglamento propio que la desarrolla, que lleva «parada desde hace más de cinco años». Han exigido que se actualice ese reglamento, se ponga en marcha y se incluyan las medidas de protección necesarias para un colectivo que, a día de hoy, «se siente desamparado».

De este modo, una de sus principales reivindicaciones es que se considere a los vigilantes de seguridad agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, un carácter del que ahora solo disfrutan cuando están bajo el mando de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «Somos la primera fuerza de choque antes de que llegue la Policía y nos encontramos serios problemas cuando hay grandes aglomeraciones, como es el caso de las estaciones de tren, los aeropuertos, o los centros comerciales. La realidad es que cuando llega la Policía o la Guardia Civil, los delincuentes ya están reducidos pero las penas que tienen son mucho menores que si fuéramos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado«, han subrayado los representantes sindicales a los medios de comunicación durante la protesta. Además, los trabajadores del sector de la seguridad privada han demandado que a través de los planes de prevención de riesgos laborales se realice un estudio pormenorizado de cada centro de trabajo para dotar a los vigilantes del material de protección y autodefensa que se necesite en cada caso.

20 de diciembre de 2019

MÁLAGA: «Los robos en el campo han descendido en los pueblos que cuentan con guardas rurales»

Víctor Villalobos, malagueño nacido en Álora hace 43 años, defiende a capa y espada al guarda rural: un 'vigilante de seguridad de las fincas rústicas' con una formación específica para el ejercicio de sus funciones, inspeccionados y controlados por la Guardia Civil, que cuenta con 170 años de historia.

Esta figura la creó Fernando VI en 1748, quien nombró a los 'guardas de Campo y Monte' como los encargados de «denunciar a los taladores, causantes de incendios, e introductores de ganados plantíos». Debían ser personas de buen criterio, con prestigio entre su gente y que cuidara como suyo lo que era de los demás. Pero no fue hasta 1849, cuando Isabel II promulgó una Orden por la que se creaba el Guarderío Rural, tanto público como privado mediante una Real Orden fechada el 8 de noviembre de 1849, en la que se establecía un reglamento que regulaba a los guardas rurales publicado en el número 5581 de la Gaceta de Madrid. Actualmente, Víctor Villalobos señala que ejercen su labor en varios pueblos de la provincia, principalmente en cotos de caza y en campañas específicas como la de la aceituna, aunque le gustaría que los municipios apoyaran y confiaran más en esta figura para velar por la seguridad en el medio rural. Y es que, según asegura, «los robos en el campo han descendido en los pueblos que cuentan con guardas rurales».

- Se cumplen 170 años de este gremio y aún así puede decirse que son grandes desconocidos. ¿Cómo definiría la figura del guarda rural? Es cierto que somos unos desconocidos más aún ahora que el medio rural está desapareciendo y, aunque se ha puesto de moda su reivindicación, se olvidan de lo prioritario que es la seguridad en nuestros campos. Cada día se oyen oleada de robos o pequeños hurtos en nuestras tierras y, por desgracia, cada vez hay menos seguridad pública. Por ello, en muchos pueblos intentamos promover las guarderías rurales que trabajan en coordinación con la Guardia Civil o la Policía Nacional, según el volumen de las comarcas. Somos como vigilantes de seguridad, pero en todo lo que tenga que ver con el medio rural, y podemos proteger sitios claves que, por falta de funcionarios públicos, quizás estén desatendidos.

- ¿Dónde podéis desarrollar vuestro trabajo y qué tipo de control realizáis? En plantas fotovoltaicas, parques eólicos, bodegas, granjas animales, montes públicos o privados, campings, hípicas, cooperativas agrícolas, cotos de caza y, en general, las fincas rústicas y toda instalación que se encuentre en ellas. Estos servicios se pueden prestar con armas de fuego si la delegación o subdelegación de gobierno lo autoriza. Actuamos en vigilancia y seguridad contra robos, en la prevención y ayuda a la extinción de incendios forestales, en velar contra los delitos contra el medio ambiente y los relativos a la protección de la flora y fauna, el furtivismo, o en campañas puntuales como la de la aceituna, por poner algunos ejemplos. En este último caso, hay muchos robos a gran escala de bandas organizadas que estamos paralizando en los lugares donde estamos presentes. En los pueblos en los que nos tienen contratado, han descendido este tipo de delincuencia. Por ello, cada vez son más los ayuntamientos que optan por los guardas rurales para dar protección a ciertos lugares y en campañas específicas.

- Pero, ¿el trabajo del guarda rural se limita a proteger determinadas zonas a petición de los propietarios o los ayuntamientos también pueden requerir sus servicios?  El guarda rural puede ser autónomo y ser un agricultor el que solicite su servicio para un día determinado día porque va a dejar su tractor o cajas de aceitunas y quiere que haya una vigilancia. O puede contratarlo un empresario que tiene una finca grande y quiere tener a un guarda rural en plantilla. O pueden trabajar para empresas de seguridad cuando el volumen de trabajo es muy grande. Los contratos en este caso se hacen a través de dichas empresas que para la seguridad en los medios rurales proponen a estos guardas formados específicamente para ello. Y los ayuntamientos, por supuesto, también pueden contratarlos por temporadas a través de subvenciones. Unas de las reclamaciones que realizamos a la Junta es que ofrezcan más ayudas, como ocurre en otras provincias como, Navarra, que las contemplan con el objetivo de incentivar este tipo de servicios.

- ¿Siempre actuáis en colaboración con la Guardia Civil y Policía? Nos coordinamos con las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, cuando detectamos un robo, llamamos a la Guardia Civil o la Policía Nacional y detenemos a los sospechosos hasta la llegada de los agentes. También podemos poner denuncias administrativas que enviamos a Medio Ambiente, aportando las pruebas pertinentes, y es este organismo el que impone o no una sanción, sobre todo en los temas relacionados con el furtivismo, las épocas de fuera de veda o en los cupos de caza que marca el Gobierno Andaluz.

- Dentro de la Guardia Civil existen los llamados equipos Roca cuyo objetivo es aumentar la seguridad de las explotaciones agrícolas y ganaderas para frenar los hurtos y robos y las bandas organizadas. ¿No existe una duplicidad de funciones en relación a los guardas rurales? Hay que tener en cuenta que los grupos Roca, que actúan en la Axarquía, Valle del Guadalhorce y Antequera, cuentan con pocos efectivos para cubrir una extensión tan amplia. Así que asociaciones como Asaja, comunidades de regantes, urbanizaciones rurales, cotos de caza, agricultores, cooperativas agrícolas y ganaderas, cada vez piden más a los ayuntamientos que instalen un servicio de guardas rurales que ayuden a disminuir los robos en el campo, siguiendo el ejemplo de municipios que ya lo hacen, y proponen que los costes se sufragen con el dinero que los consistorios recaudan con los impuestos de bienes inmuebles urbanos y rústicos. En algunos casos, son los propios efectivos del equipo Roca los que se coordinan con los guardas rurales para vigilar extensiones con muchas hectáreas, como campos de olivo. De hecho, todos los años tenemos reuniones y asambleas con la Guardia Civil para fomentar el apoyo y ver cómo nos organizamos conjuntamente. Te podría mostrar algún vídeo en el que los propios guardias civiles reconocen nuestra labor, incluso sabemos que recomiendan a los ayuntamientos que contraten guardas rurales.

- ¿Os organizáis siempre en patrullas? Depende del tipo de contrato y el trabajo. Por ejemplo, en las campañas de recogida de aceitunas, donde la vigilancia se realiza casi siempre por la noche, sí vamos en patrullas. En otros casos, podemos prestar el servicio en solitario.

- Antes comentabas que entre las funciones del guarda rural se encuentra la prevención y ayuda a la extinción de incendios forestales. Si se trata de conatos, los apagamos porque llevamos extintores. Pero, si son de mayor envergadura, ayudamos a los bomberos proporcionándoles la información que necesiten. Los guardas rurales somos los que mejor conocemos los caminos rurales, aquellos que están cortados, cuáles pueden llevar a una ubicación exacta, los problemas de desbroce... En el tema de vertidos y escombros, damos parte a los ayuntamientos para atajar cuanto antes el problema.

- ¿Cuál es la formación que se precisa para ser guarda rural? Hay dos especialidades: guarda de caza y guardapesca marítimo, y los requisitos son los establecidos por la dirección general de la Guardia Civil. Hay que realizar unos cursos específicos homologados por el Ministerio de Interior con un número de horas concretas y superar unas pruebas de conocimientos teóricos-prácticos y de aptitud física. Además de cumplir requisitos tales como ser mayor de edad, tener el título de Educación Secundaria o no contar con antecedentes penales, entre otros, y obtener un certificado médico oficial y un psicotécnico que certifiquen que la persona se encuentra apta para la profesión.

- Así, de primeras, ¿qué actuación de envergadura se le viene a la cabeza en la haya intervenido personalmente? Hace poco en Yunquera, tuve que actuar en un coto en el que había perros asilvestrados que mataron 40 ovejas a un ganadero. He ayudado a coger a bandas organizadas que robaban aceitunas en Alameda y en Mollina. Y también trabajo en el control de los lobos. Los animalistas defienden que cada vez haya más, y a mí me encantan, pero hay que tenerlos controlados para que no acaben con las ovejas o vacas de los ganaderos. Para ellos, montamos patrullas que dan vueltas por las fincas y los lobos, al percibir la presencia de personas, normalmente no se acercan.

- ¿Son muchos los pueblos de Málaga que requieren vuestros servicios? Algunos. El Ayuntamiento de Mollina es pionero en la contratación de guardas rurales sobre todo en la época de la recogida de la aceituna. También en Alameda, Antequera, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos. Sin embargo, en Álora, del que soy natural, le he propuesto al ayuntamiento que contrate a guardas rurales dado el gran mercado de cítricos que tiene y para el control de carreteras, aparcamientos y seguridad en el Caminito del Rey, pero por el momento nada.

- Y en su caso, ¿lo de hacerse guarda rural fue por vocación? Sí. Siempre me ha gustado el mundo rural, sobre todos los cotos de caza, porque soy cazador, y lejos de lo que pueda parecer y a pesar de la mala fama que tenemos últimamente, los cazadores, en su mayoría, son los que más cuidan el campo. Llevo 10 años en el gremio y, en la actualidad, estoy en el coto de Cañete la Real.

- Por lo que me cuenta, el guarda rural es una figura cercana a los vecinos. Hace años, el guarda rural era conocido por los vecinos de su pueblo. Con su sombrero y banda, velaba por la seguridad de su gente. Y, hoy en día, te siguen viendo como alguien cercano. A veces voy por caminos rurales en mal estado y los vecinos me piden que hable con el ayuntamiento. Tomo fotos y se las paso a la Policia Local. Del mismo modo, hay personas que me paran para decirme que hay animales que están pasando hambre. Recientemente, una mujer inglesa me llevó hasta donde había unos perros abandonados y desnutridos, llamé a la Policía Local y se los llevaron. Te ven cercano y todos los problemas rurales te lo comentan a ti y ese apego es bonito. Por ello, luchamos para que el Ministerio de Interior presione para que cada vez más se contraten a guardas rurales, con el conocimiento y formación necesarios. De este modo, este gremio no acabará desapareciendo. Hay muchas hectáreas que cubrir y muchos desconocen que pueden contar con nosotros.

Messi contrata a Vectalia la seguridad privada de su domicilio tras los últimos robos a compañeros

El astro del Barça rompe con Securitas

La división de seguridad del grupo alicantino Vectalia acaba de sumar un cliente de 'relumbrón': la estrella del FC Barcelona Lionel Messi. El futbolista argentino ha contratado a la firma alicantina el servicio de vigilancia de su domicilio, después de que varios de sus compañeros de equipo hayan sufrido diversos robos en sus viviendas a lo largo del año. 

Al parecer, varios compañeros de Messi en el  han visto cómo los ladrones aprovechaban sus ausencias para jugar partidos fuera de casa (este mismo miércoles robaban en casa de Semedo, horas antes del partido frente al Real Madrid), lo que hace suponer que tenían controlados sus movimientos. Según ha podido saber Alicante Plaza, la empresa que venía prestando el servicio de seguridad en el domicilio del futbolista era hasta hace unos meses Securitas, una de las dos 'grandes' del sector. No obstante, el pasado verano el astro argentino decidió cambiar de empresa y se decantó por la división especializada en seguridad del holding alicantino. 

La principal línea de negocio de Vectalia es el transporte público, que presta tanto en España como en Francia y Marruecos, pero cuenta con divisiones especializadas en publicidad y organización de eventos, contratas de servicios, bodegas y restaurantes, y seguridad privada. El servicio que ha contratado Messi, según las fuentes consultadas, se refiere exclusivamente a la vigilancia del domicilio. La contratación a Vectalia incluye la vigilancia permanente de la vivienda y sus accesos por parte de personal especializado. De esta forma, no se trataría de una escolta personal, sino de un servicio de vigilancia que se sumaría al que ya le ofrece el cuerpo de seguridad del FC Barcelona, liderado por Xavier de las Moras, durante los partidos y en los desplazamientos, como al resto de jugadores. 

Para la realización de dichas tareas, Vectalia ofertaba recientemente un puesto de trabajo a través de sus distintos canales corporativos, en los que manifestaba precisar la "incorporación de un/a vigilante de seguridad en distintos turnos y jornadas en la zona de Castelldefels, con licencia C para importante servicio". Un tipo de licencia que ampara el uso de armas de fuego. El conglomerado de empresas de origen alicantino ya había intentado introducirse en el mercado catalán, a través de su división de transporte, en el concurso del Aerobús, el autobús lanzadera que une el centro de la Ciudad Condal con el aeropuerto Barcelona-El Prat. Sin embargo, ha sido ahora cuando ha logrado con éxito adjudicarse una importante contratación que podría suponer para Vectalia una facturación de varios cientos de miles de euros.

Novedades en el permiso de paternidad 2020

La baja por paternidad sube a 12 semanas a partir del 1 de enero. De las doce semanas, las cuatro primeras serán obligatorias, mientras que las restantes serán un derecho y no una obligación

Los cambios que no ha experimentado el permiso de maternidad en los últimos años, están viniendo del de paternidad. Pese a que ahora parece llamarse de la misma manera (“nacimiento y cuidado del menor”), a partir del 1 de enero de 2020 este permiso dotará a los padres de 12 semanas exentas de trabajo. Frente a las ocho actuales, se pasará de los dos días que se establecieron en 1980, a los tres meses de baja por ser padre en 2020. Este incremento, que según señaló el Ejecutivo se hará de manera progresiva, tiene la finalidad de llegar a enero de 2021 equiparando las prestaciones del padre y de la madre, de manera que ambos puedan disfrutar de 16 semanas ininterrumpidas de permiso. Sobre el salario del empleado, la Ley garantiza al trabajador el 100% de la base reguladora de su sueldo. Y cuidado, porque es la Seguridad Social la encargada de este factor y no la empresa quien realiza el pago de la prestación.

De las doce semanas concedidas, las cuatro primeras serán obligatorias, mientras que las restantes son un derecho y no una obligación, por lo que quién quiera podrá renunciar a ellas. Junto con esto, el trabajador deberá avisar a la empresa con 15 días de antelación por si esta necesita buscar un sustituto. Y por si fuera poco, el progenitor o la madre biológica podrá ceder hasta 4 semanas de su permiso al segundo progenitor. En este sentido, estas cuatro semanas más las seis de su permiso restantes se distribuirán conforme lo expuesto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. Lo que no permite la “nueva” baja por paternidad es que sea el padre quien pueda ceder tiempo de descanso a la madre.

Además, en el caso de que ambos trabajasen en la misma empresa, la dirección de la compañía podría limitar su ejercicio simultáneo por razones fundamentadas. Un acontecimiento que puede suceder en un “país de pymes como es España”, apunta la profesora del EAE Business School, Esther González. “A pesar de que la baja por paternidad implica un coste muy elevado para las arcas del Estado (porque se trata de un gasto que pagamos todos los españoles), al final resulta en un beneficio para la sociedad a medio y largo plazo”. No solo eso, más allá de los beneficios que puedan obtener los padres, con sus 12 semanas de descanso, “la tasa de natalidad de España se incrementará positivamente”, subraya la profesora. Al hilo de ello, lanza la pregunta: “¿Cómo se va a mantener un sistema de pensiones si no tenemos niños que puedan pagar estas retribuciones?”.

Lo que está claro es que el objetivo de España, con las nuevas medidas de la baja por paternidad, no solo es equiparar las condiciones del padre y de la madre, sino “igualarnos a los grandes de la Unión Europea”, explica Esther González. En el caso de los países nórdicos, estas latitudes permiten hasta dos años de baja por paternidad. Concretamente, en Islandia, ambos progenitores tienen derecho a tres meses intransferibles entre sí, mientras que en Suecia, los padres tienen derecho a 480 días de permiso conjunto de los que 12 semanas corresponden al permiso de paternidad y de maternidad de cada uno.

La desesperación de los trabajadores de Metro

Su función es esencial para velar por la seguridad de los miles de usuarios que, día tras día, hacen uso del transporte público más usado de Madrid, el metro. Un trabajo polivalente que obliga a los trabajadores y seguridad del metro de Madrid a estar atento a todo lo que ocurra a su alrededor.


Hasta aquí todo resulta correcto. Sin embargo, los trabajadores del ente de transporte público viven, desde hace meses, una situación insostenible y de extrema preocupación por el auge de las agresiones constantes hacia el personal de seguridad del metro. Golpes, amenazas, forcejeos y un sinfín más de variantes violentas protagonizan los días y las noches de las estaciones de metro de la capital, con los agresores como protagonistas y con el personal de seguridad como víctimas de esta oleada violenta que mantiene a los seguritas de metro en una situación de estrés y tensión permanente. Por este motivo, que parece no tener un final en un corto plazo de tiempo, los trabajadores y el personal de seguridad de metro han manifestado su hartazgo ante esta preocupante situación y se quejan de la falta de protección y de medios para poder afrontar una circunstancia cuanto menos, desesperante.

AGRESIONES CONTINUADAS El vandalismo se ha convertido en la tónica habitual de la rutina del personal de seguridad del metro madrileño. Grafitis pintados en los vagones de los trenes, usuarios que hace botellón en el interior de las estaciones, que se graban poniendo en riesgo sus vidas para subirlo a las redes sociales, robos a otros pasajeros, y un largo etcétera de actividades delictivas, son las situaciones con las que los trabajadores de metro lidian a diario. Sin embargo, a la lista de actos vandálicos mencionada, ahora se le suma la violencia al personal de seguridad del organismo de transporte público.

La cifra es escalofriante. A menos de dos semanas para finalizar el año, se ha registrado un total de 150 agresiones al personal de seguridad de metro, muchas de ellas con armas en mano. La última agresión en el transporte suburbano, ubicada en el pasado mes de noviembre, se saldó con cuatro personas heridas, de las cuáles una recibió siete puntos de sutura, otra acabó con las costillas rotas, y las dos restantes fueron trasladadas y atendidas en el hospital por fuertes contusiones. ¿El motivo de esta disputa? Que los agresores no querían pagar por entrar al metro. Agresiones como ésta, e incluso peores, se repiten todos los días y el personal de metro de Madrid ha lanzado un grito de ayuda desesperado a las instituciones porque dicen que ya no pueden más con esta situación a la que califican de “urgente, insostenible e insoportable”

DESAMPARADOS Ante esta situación de extrema gravedad, el personal de seguridad de metro a través de la Asociación Marea Negra de la Seguridad ha emitido un comunicado en el que confiesan sentirse “desamparados” y reconocen que se encuentran en “una situación de estrés descomunal que no nos permite desempeñar bien nuestras funciones”. En la misiva, además, la plataforma hace un llamamiento de comprensión a la ciudadanía y a las instituciones para que se pongan en el lugar de los trabajadores del sector. “Estamos cansados de sufrir agresiones cada día y que jamás tengamos el respaldo adecuado simplemente por ejercer nuestro trabajo”, aseguran.

Asimismo, en una reunión que mantuvo el personal de Metro con los responsables de la compañía para atajar este problema que ya se ha convertido en la gran lacra del transporte público, el personal de seguridad solicitó una mayor cantidad de dispositivos para poder defenderse de los ataques que sufren. Además, los vigilantes reclaman que se les devuelva el carácter de agentes de autoridad que perdieron en el año 1992 y piden también una mayor protección jurídica ante este tipo de conductas por las que se sienten vulnerables.

LOS GRAFITEROS, EL ENEMIGO A BATIR Entre la gran cantidad de actos vandálicos que se producen en las instalaciones del transporte suburbano, las bandas de grafiteros ocupan la primera posición de los grupos que van a actuar y a sembrar la violencia en este espacio. Estas bandas organizadas preocupan por el crecimiento exponencial de su agresividad en los últimos tiempos. Son ellos los que provocan los mayores daños, físicos y materiales, dentro de las estaciones de metro repartidas por toda la capital. Sin embargo, a los grafiteros le siguen otros grupos que también preocupan – y mucho – al personal de la entidad de transporte. Los usuarios en estado de embriaguez, los carteristas y las bandas latinas que pelean entre ellas dentro de las estaciones son, en ese orden, los que ocupan las puestos siguientes a los vándalos de spray.