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31 de marzo de 2022

Una empresa es obligada a cambiar el turno de un trabajador por estar cursando un grado

El empleado tenía clases presenciales en horario de tarde y trabajaba en la empresa en turnos rotatorios de mañana y tarde

El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Pamplona ha declarado el derecho de un trabajador a prestar servicios en turno fijo de mañana mientras se prolonguen las clases presenciales en turno de tarde en el grado que está cursando a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El hecho de que el actor esté matriculado en la UNED no es óbice para el reconocimiento de su derecho. La sentencia, de 29 de diciembre de 2021, evidencia que la empresa no ha acreditado ninguna circunstancia organizativa o de producción que impida adaptar la jornada del trabajador.

Ponemos en contexto El trabajador venía prestando sus servicios por cuenta de la empresa demandada desde marzo de 2009 y en turnos rotatorios de mañana y tarde. Como el empleado estaba matriculado en el grado de química de la UNED y tenía sus clases presenciales y/o tutorías en horario de tarde, en febrero de 2021, solicitó formalmente a su empresa que adaptara su jornada, asignándole el turno de mañana si esto fuera posible y no existiera oposición del compañero afectado y, subsidiariamente, se modificara el régimen de turnos y se estableciera turnos de mañana/noche en lugar de mañana/tarde. No obstante, en marzo de 2021, la empresa denegó la solicitud de su empleado. Así pues, conforme a lo desarrollado en el art. 23.1 del Estatuto de los Trabajadores, el demandante se plantó en sede judicial y peticionó, entre otros extremos, que se le concediese la adaptación de la jornada solicitada y se la asignase el turno de mañana o subsidiariamente la rotación de mañana y noche.

El trabajador tiene derecho a prestar servicios en turno fijo de mañana Según el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de Pamplona, en el caso de autos, el trabajador cumple con todos los requisitos que establece el aludido art. 23.1 a) del ET para que le sea reconocido el derecho que reclama de adaptación de su turno de trabajo para cursar estudios dirigidos a obtener un título oficial. En particular, en virtud del aludido precepto, el trabajador tiene derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo y a acceder al trabajo a distancia, si tal es el régimen instaurado en la empresa, y el puesto o funciones son compatibles con esta forma de realización del trabajo, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional.

El Juzgador recuerda que debe ser la empresa quien acredite la concurrencia de circunstancias organizativas o de producción que impidan o dificulten de manera apreciable su otorgamiento. En cambio, en este caso “no se ha acreditado que concurran circunstancias relevantes que excluyan la preferencia del actor para disfrutar del derecho ni tampoco la existencia de razones organizativas o productivas que hagan de imposible o de onerosa dificultad el reconocimiento del derecho”, alerta el fallo. El derecho a la formación puede quedar limitado por la concurrencia del derecho de otros trabajadores en plano preferente De hecho, únicamente se ha practicado prueba sobre el puesto que ocupa el trabajador-estudiante, pero no se ha probado si existen otros puestos de su categoría profesional que el demandante pueda desarrollar en turno fijo de mañana o en turno rotatorio de mañana y noche, habiéndose reconocido, llamativamente, que existen secciones en la mercantil en las que se trabaja a tres turnos.

“El hecho de que el actor esté matriculado en la UNED no es óbice para el reconocimiento de su derecho”, advierte el Magistrado-Juez. Eso sí, el derecho a la formación, como cualquier otro derecho, no es absoluto y puede quedar limitado o excluido por la concurrencia de un interés o derecho a proteger de mayor rango, o por la concurrencia del derecho de otros trabajadores en plano preferente. En definitiva, en atención a la dimensión constitucional del derecho a la formación, que obliga al reconocimiento del derecho salvo que se acredite por la compañía la concurrencia de circunstancias que hagan manifiesta la dificultad su otorgamiento, debe prevalecer el derecho del empleado frente a la oposición de la empresa a su concesión. Así pues, el Juzgado estima la pretensión ejercitada con carácter principal y declara el derecho del trabajador a prestar sus servicios en turno fijo de mañana durante el período lectivo de la UNED.

Los vigilantes adscritos al Ayuntamiento de Dos Hermanas ya han cobrado y comienzan a trabajar con Pycsesa


LA DEUDA DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD QUE TRABAJAN PARA EL AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS YA ESTÁ SALDADA

La nueva concesionaria del servicio de seguridad del Ayuntamiento de Dos Hermanas Pycsesa, tras la renuncia de la anterior adjudicataria Gomsegur, por entrar en concurso de acreedores, y de quedar descartada la empresa Davos, ya está empezando a operar con un contrato de urgencia de unos meses, hasta que salga la nueva licitación.

En una reunión celebrada en el día de hoy con responsables de la empresa, se nos ha informado que de acuerdo con la corporación municipal, se ha procedido a abonar los salarios pendientes desde principios de año, y a día de hoy se han saldado todos los importes que estaban impagados. Igualmente se nos ha informado de las intenciones de Pycsesa de mejorar algunos aspectos de la operativa, siempre teniendo en cuenta la interinidad del contrato de urgencia que se ha concertado el ayuntamiento.

A la espera del contrato definitivo, y de si es finalmente Pycsesa quien se hace con la concesión definitiva, estimamos que esta empresa puede reunir las condiciones para que los compañeros que trabajan en el Ayuntamiento de Dos Hermanas mejoren su situación respecto a otras épocas, con otras empresas de seguridad que han dejado mucho de desear.

Luz verde al pago directo de las nóminas de los vigilantes de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cadiz.


Los trabajadores de Mersant de la TGSS de Cádiz cobrarán directamente de dicha administración

Los funcionarios del edificio de la Dirección General realizan una colecta solidaria para ayudar económicamente al personal de seguridad privada

Nuestros compañeros nos informan que en el día de hoy se ha dado luz verde al pago directo de las nóminas pendientes a los vigilantes de seguridad de Mersant Vigilancia S.L. por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz. Asimismo se nos informa que se les ha entregado a los vigilantes de seguridad del edificio de la Dirección Provincial de una ayuda económica como fruto de una colecta que se ha llevado a cabo entre los funcionarios de dicho edificio.

Prosegur Cash, la lenta agonía de la extinción del negocio

Seguir la evolución bursátil de Prosegur Cash desde su salida a Bolsa transmite dos sensaciones distintas. Para los analistas, no es más que una agonía alargada fruto de unos fundamentos oxidados.

Para los accionistas, alcanza el nivel de tortura. Y es que desde que el valor salió a cotizar a Bolsa, allá por 2017, pierde cerca de un 70% de su valor, lo que debe suponer algún tipo de récord en pérdida precoz de valor. Pero las desgracias nunca vienen solas. Así, la compañía dirigida por Jose Antonio Lasanta Luri no solo ha perdido el respaldo del mercado por su difícil encaje en un futuro sin efectivo, sino también por sus desmanes ejecutivos.

LA FAMILIA REVOREDO El mejor ejemplo de lo anterior, en lo que se profundizará próximamente, es que solo queda como soporte de Prosegur Cash la familia de Helena Revoredo. El resto de grandes inversores han ido desapareciendo a medida que veían como su inversión se volatilizaba. Los fondos como Fidelity o FMR que en su día llegaron a ostentar una participación relativamente alta, incluso cercana al 6%, la redujeron por debajo del 3% en 2019. Y no se ha vuelto a saber de ellos. Invesco, por su parte, tiró la toalla en diciembre del año pasado vendiendo toda su participación. Oppenheimerfunds deshizo la suya en 2019.

Y cómo estará de mal la cosa de cara al futuro, que se suele decir, que hasta el propio consejero delegado de la firma, José Antonio Lasanta Luri, no tiene ni acciones de la compañía. Se conforma con un porcentaje del 0,022% del capital social, en instrumentos financieros, que no se ha movido desde el 2018, según los registros de la CNMV. Y es que el principal problema de Prosegur Cash, que se dice el principal porque es el que más le afecta, aunque la compañía parece tener predilección por coleccionarlos, es que no tiene (ni parece encontrarlo) cabida en el nuevo futuro que se dibuja en el mundo financiero.

TODOS CONTRA EL EFECTIVO, TODOS CONTRA PROSEGUR CASH Al fin y al cabo, resulta realmente difícil pensar a futuro en una empresa cuyo principal fuente negocio está en vías de extinción. Obviamente, se habla del efectivo. Así, Prosegur Cash se define a sí misma como una empresa especializada en “el negocio del transporte y custodia del efectivo”. Pero de nuevo, como pasa siempre, las desgracias no viene solas, y es que ya no se trata de que el dinero efectivo vaya a desaparecer, sino que todo el mundo parece obcecado en acelerar su desaparición. Y en este punto hay que matizar que todos los actores son prácticamente todos. Las autoridades políticas, las autoridades económicas, los organismos supranacionales bancarios, los bancos y, probablemente, las propias empresas.

Para más inri hasta el propio destino ha querido sumarse a ese frente contra Prosegur Cash mandando una pandemia que ha acelerado ese cambio. Sus efectos devastadores se pueden observar tanto por el creciente uso de los métodos de pago no convencionales, como por la caída del negocio de la compañía. De hecho, durante el 2020 los españoles, por ejemplo, utilizaron en pago en metálico solo el 36% de las veces, frente al 80% en 2014, según la Encuesta Nacional sobre el uso del efectivo del Banco de España. Quizás, el efecto haya sido más pronunciado por las restricciones, pero el cambio de hábitos parece evidente.

En especial, porque esos hábitos son retroalimentados por todo esos actores. Las nuevas normativas de pago, que reducen cada vez más la cantidad de dinero que se puede entregar en efectivo, limita su atractivo. Eso, por ejemplo, también se extiende a las empresas que favorecen el pago electrónico porque no solo es más cómodo y rápido, sino que es más seguro al limitar los posibles hurtos en caja. Finalmente, la apuesta decidida de la banca por la digitalización y la enorme cantidad de oficinas que ha cerrado en los últimos dos años han hecho mella en el negocio de la compañía.

EL HUNDIMIENTO DE LOS INGRESOS SE CONSOLIDA EN PROSEGUR CASH Todo esos factores se pueden apreciar a simple vista. También el efecto sobre las cuentas de Prosegur Cash. Empecemos por el volumen de ingresos que ha caído más de un 21% desde el 2017, cuando salió a Bolsa. Un desplome que, además, incluye el volumen de facturación de lo que llaman nuevos negocios, por lo que la caída de negocio core (que incluye el transporte y custodia del efectivo) es mucho mayor. Pero si en lugar de ir a los datos generales se desglosa por mercados, se puede apreciar mejor ese efecto. Así, donde más ha caído es en Latinoamérica, precisamente dónde menos se espera.

En concreto, los ingresos en Iberoamérica se han desplomado hasta un 25,7%, al pasar de los 1.360 millones a apenas los 1.010 millones, entre 2017 y 2021. Mientras, en Europa ese descenso ha sido menos espectacular y se ha quedado en torno al 13,5%. Una explicación plausible es la continua devaluación de las monedas locales de la región. Pero obviamente hay más. Para entender las verdaderas razones, simplemente, hay que acudir a la evolución del efectivo en ambas regiones. Así, si bien es cierto que esas medidas son más drásticas en Europa, también llevan implantándose mucho más tiempo. En otras palabras, que en 2017 cuando Prosegur Cash presenta sus primeras cuentas, los ingresos en suelo europeo ya llevaban años a la baja.

SUS INGRESOS EN IBEROAMÉRICA SE HAN DESPLOMADO HASTA UN 25,7%, Sin embargo, eso no ocurría en Iberoamérica, de hecho, México es un buen ejemplo de ello. Es uno de los países menos bancarizados del mundo, ya que solo el 37% de la población mayor de 15 años tiene una cuenta bancaria, según las cifras del Banco Mundial, lo que supone estar por debajo de países como Kenia. En Brasil, la cifra es mucho más elevada, pero el uso de las tarjetas (que apenas llegaba el 37% en 2019) ha estado sistemáticamente por debajo de las ratios en Europa. Otros muchos países como Colombia, Perú o Ecuador (incluso Chile) están más cerca de los datos mexicanos que los de Brasil.

LA REVOLUCIÓN DIGITAL LLEGA A IBEROAMÉRICA Pero la pandemia también está cambiando eso de forma rápida. Y es que la zona de Iberoamérica se ha convertido en un prolífico hervidero de fintechs que pelean por atraer a la población hacía sus servicios digitales. Así, se calcula que en 2021 se cerraron 952 acuerdos en la región por valor de 20.000 millones de dólares, lo que supone cuatro veces más que en 2019, según los datos de CB Insights. Y de ese total hasta un 40% tuvo como protagonista al sector de la tecnología financiera. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que el valor del sector tecnológico en la región ha crecido de 7.000 millones en 2010 a 221.000 millones en 2020.

Lo anterior, se resume en que el gran banco de la región es Nubabank, que es digital y cuenta con 50 millones de clientes. Por último, las autoridades en Iberoamérica también están aprovechando todos estos cambios para forzar a sus ciudadanos para digitalizarse financieramente. En Brasil, la entrada en vigor de CoDi, una plataforma de transacciones P2P sin comisiones, aumentará la competencia en el mercado de servicios financieros, según Nubank. En México, pese a que la apertura se está dilatando algo más, el banco central del país, Banxico, habla de un crecimiento récord en el número de tarjetas que los bancos (sean digitales o tradicionales) están extendiendo a sus clientes.

Todo ello, hace de Prosegur Cash un caso perfecto de cómo el progreso puede acabar con una empresa, como en su día lo fue Kodak. Aun así, desde la empresa siempre se han mostrado reacios a ese futuro (qué van a decir, sino) y han utilizado dos argumentos para demostrar sus credenciales. La primera es que se benefician de la inflación de las monedas, en especial en Iberoamérica, de tal manera que les sirve como una salvaguarda natural para su negocio. La explicación es sencilla y es que un crecimiento de precios implica usar mayor volumen de efectivo y eso supone más trabajo y más ingresos para la compañía.

LAS TESIS DE PROSEGUR CASH SON ERRÓNEAS COMO SUS ESPERANZAS Obviamente, una respuesta tan sencilla no tiene mucho valor real. De hecho, se puede comprobar fácilmente en sus cuentas. Así, los ingresos no solo no han crecido en Iberoamérica a pesar de la alta inflación, sino que como se ha visto han caído más que en Europa. Eso deja en el aire la tesis de Prosegur Cash. Aunque es todavía peor cuando se atienden a las cifras operativas. De hecho, el Ebitda de la firma es prácticamente la mitad que en 2017, pese a que los ingresos solo han caído un 21%, y el Ebit es hasta un 55% menor. Si se mira lo ocurrido en la propia región, entre 2020 y 2021, se ve como el incremento de los precios de los costes se come el incremento de los ingresos.

Por último, se hace alusión a que el volumen de efectivo es el más alto registrado nunca o al menos en los últimos años ha crecido notablemente. Una realidad que, sin embargo, trae una paradoja desagradable para Prosegur. Y es que si bien es verdad que el número de billetes en el mundo no ha parado de crecer, también lo es que su uso cae drásticamente. ¿Cómo se explica? Fácil, se llama economía sumergida o dinero negro. Así, por ejemplo, el billete de 500 euros representa alrededor del 30% de los euros en circulación, sin embargo, el 56% de los europeos reconocen no haber visto uno. En Gran Bretaña, la Oficina Nacional de Auditoría, que examina las cuentas del sector público, estima que solo uno de cada tres billetes se usan en transacciones diarias.

El caso de Gran Bretaña es, además, un ejemplo es paradigmático. Así, la Agencia Nacional contra el Crimen analizó cuántos billetes se imprimen, cuántos se utilizan en transacciones registradas y el tamaño de la economía criminal local con una conclusión sorprendente: cada año sale tanto efectivo del país que debe ser transportado en camiones. Y a no ser que esos camiones estén fletados por Prosegur Cash, difícilmente la compañía puede verse excesivamente beneficiada del desmesurado volumen de efectivo que todavía hay en el mundo. En definitiva, la agonía de la compañía y sus accionistas parece que se extenderá inevitablemente en los próximos años.

Sigue la lucha: el 7 de abril nueva concentración contra Mersant en la Dirección General del SAE en Sevilla


¡¡¡VETE MERSANT!!!

Desde SPV nos hacemos eco del llamamiento del sindicato «ÚNICO»V.S, que tras la pertinente aprobación por parte de la autoridad competente, se concentrará nuevamente contra Mersant y las administraciones que incompresiblemente siguen sosteniendo a esta empresa pirata.

Tendrá lugar el próximo día 7 de abril de 2022 en horario de 08:00 a 11:00 horas a las puertas de la Dirección Provincial del SAE en Sevilla, Avenida de Grecia, edificio administrativo, al objeto de reclamar a la Junta de Andalucía la rescisión de los contratos que mantienen con Mersant Vigilancia S.L, y solidariamente los que la Gerencia de la Consejería de Empleo, tiene tanto en Sevilla como en Cadiz.

Hacemos un llamamiento a todos los compañeros/as del sector para apoyar esta iniciativa. hay que cortar de raíz estas malas hierbas del sector de la seguridad privada y hay que seguir presionando a las distintas administraciones públicas para que no blanqueen ni den coberturas a empresas de seguridad que pisotean los derechos más elementales de los trabajadores.

Reconocimiento a los "héroes" que impidieron el atraco en Zamora

Un vigilante de seguridad mantuvo inmovilizado al asaltante hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, felicitados por el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, felicita a los agentes de la Policía Nacional de Zamora tras el intento de atraco.


Tras el intento de atraco ocurrido ayer en Zamora, el subdelegado del Gobierno Ángel Blanco ha acudido este miércoles a la Comisaría Provincial de Zamora para felicitar en persona a los agentes de Policía Nacional que han resuelto los incidentes producidos en las últimas fechas en entidades bancarias de la ciudad.

"Gracias por vuestro trabajo" Ángel Blanco, acompañado por el comisario provincial Guillermo Vara, ha agradecido la gran labor policial en nombre de la Subdelegación del Gobierno y, también, en el de toda la ciudadanía: "Estas actuaciones generan confianza en la población, nos sentimos más y mejor protegidos, así que gracias por vuestro trabajo eficiente y eficaz".

La actuación de un vigilante de seguridad, clave En uno de los sucesos intervino también un vigilante de seguridad "con decisión, acertada y valiente", que mantuvo al autor del hecho inmovilizado hasta la llegada de los policías. El subdelegado del Gobierno ha agradecido también su trabajo y dedicación a los policías de la Comisaría Provincial de Policía encargados de legalizar a los refugiados ucranianos. En palabras de Blanco, "es una sobrecarga de trabajo" al servicio ordinario que está siendo solventada gracias al esfuerzo de los funcionarios responsables de este cometido.

PONTEVEDRA: Agreden a un vigilante del Provincial y le causan un traumatismo craneal

Los golpes fueron propinados por un paciente psiquiátrico, que también le rompió varios dientes

La Federación de Servizos de la CIG denunció este miércoles una nueva agresión a un vigilante de seguridad del Hospital Provincial, ocurrida la madrugada del pasado lunes y siendo en esta ocasión el autor un paciente del área de Psiquiatría.

La central sindical cree que los hechos evidencian una vez más la falta de personal en el servicio, por lo que vuelve a reclamar al Sergas que incremente los medios materiales y humanos. "Especialmente nas quendas de noite, fin de semana e festivos, nas que unha única persoa ten que encargarse da vixilancia de todo o centro hospitalario".

Según explicó este miércoles el responsable de Seguridade de la CIG-Servizos, Pedro Pérez, el trabajador sufrió importantes lesiones a las 00:06 horas del lunes, cuando el vigilante recibió una llamada del área de Psiquiatría, en la que le informaron de que se estaba produciendo un incidente con un paciente. "Nada máis abrir a porta" el empleado empezó a recibir golpes que, según el parte médico, le provocaron "un traumatismo craneoencefálico e facial, unha tendinite no ombro dereito e a rotura de varias pezas dentais".

El sindicato recuerda que no es la primera vez que se registran agresiones de este tipo contra el el personal de seguridad, por lo que tanto la CIG-Servizos como los integrantes de la CIG en el comité de Eulen Seguridad, concesionaria del servicio de vigilancia en el CHUP, llevan tiempo demandando que el Sergas incremente los medios de vigilancia, tanto a nivel de medios como de plantilla. El objetivo es evitar poner en riesgo la integridad de trabajadores y pacientes. De hecho, según el sindicato, en esta última ocasión el personal sanitario tuvo que ayudar a reducir al paciente causante de la agresión.

Incentivan a la Inspección de Trabajo para sancionar desde hoy a las empresas que incumplan la reforma laboral

Díaz incentiva a la Inspección de Trabajo con 6 millones extra para sancionar desde hoy a las empresas que incumplan la reforma laboral

Trabajo primará a los inspectores por vigilar el cumplimiento empresarial de la reforma laboral y las obligaciones derivadas de los ERTE, objetivos que considera de "máximo interés", según ha trasladado a los sindicatos

La entrada hoy en vigor de la reforma laboral aprobada el pasado mes de diciembre llega con una prima de seis millones de euros para los inspectores de Trabajo que vigilen el cumplimiento de la nueva norma por parte de las empresas y sancionen los incumplimientos.

La prima de productividad forma parte del acuerdo al que llegó el Ministerio de Trabajo con el cuerpo de inspectores el pasado martes. En los últimos meses los inspectores de Trabajo se han enfrentado al Gobierno exigiendo más medios humanos y materiales para desarrollar su función. Pero la falta de respuesta les llevó a la convocatoria de una huelga que finalmente ha sido aplazada por el compromiso del Gobierno de destinar más medios en el mes de junio.

El respaldo al acuerdo propuesto desde el ministerio dirigido por Yolanda Díaz no fue unánime pero sí mayoritario, de manera que, aunque no ha resuelto las demandas de los inspectores, ya desde hoy es vigente. El pacto indica que se trata de medidas de productividad extraordinaria que se suman a las ordinarias ya establecidas en instrucciones previas con "carácter inmediato". Los objetivos de "máximo interés" para el organismo que se señalan son la implementación de la reforma laboral que hoy entra en vigor; la comprobación de las obligaciones derivadas de los ERTE de la normativa Covid 19; el plan contra la siniestralidad mortal; la implementación de notificaciones electrónicas y la reducción de los tiempos de tramitación de expedientes, según consta en el acuerdo planteado a los sindicatos.

La oferta, que incluye la incorporación de 200 interinos, fue aceptada entre otras organizaciones por UGT y CSIF mientras que otras como CCOO y el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social la rechazaron. Los seis millones de euros en primas se repartirán de manera homogénea por grupos de funcionarios, con cuotas de entre 2.100 euros y 1.100 euros a pagar en junio y finales de año.

La norma aprobada el pasado mes de diciembre tiene como objetivo nuclear reducir la temporalidad en el mercado laboral español, donde el abuso de este tipo de contratación ha sido norma en el sector privado y, más aún, en el público. Con el periodo de transición que terminó ayer, establece que todos los contratos serán, ordinariamente, indefinidos, reconfigurando las modalidades. También fija un catálogo de infracciones y multas que alcanzan hasta los 10.000 euros para las más graves, fundamentalmente centradas en la contratación en fraude de ley en situaciones de vigencia de un ERTE. El cuadro de sanciones tiene novedades para las empresas de trabajo temporal (ETT) para que las infracciones en la contratación por no seguir el procedimiento se consideren por cada persona trabajadora afectada.

Sobre el papel, la reducción de la temporalidad en la contratación que se producirá en los próximos meses apunta a ser drástica. sólo podrán hacerse contratos temporales con causas muy tasadas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo. El primero sólo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a 12 si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno. No obstante, podrá utilizarse en campañas agrícolas o comerciales siempre que el tiempo de contratación no supere 90 días.

También desaparece el contrato por obra y servicio, con lo que los negocios que bien por actividad ligada a un contrato o por estacionalidad basaban su contratación en la temporalidad recurrirán previsiblemente a la nueva modalidad de fijo discontinuo, con los mismos derechos que los indefinidos. Es por esta razón que entre los expertos del mundo laboral se apunta a que en los próximos meses se producirá una reducción nominal de la temporalidad en favor de la contratación indefinida. "Las estadísticas recogerán este carácter indefinido pero los contratos podrán ser tan temporales como los que había hasta ahora, de alguna manera se tapa el problema", explican estas fuentes.

"La mayor parte de las consultas están orientadas a la adaptación de las políticas de contratación de las empresas a la nueva regulación", explica David Díaz, socio laboral de Baker Mckenzie. "No resulta sencillo por la propia actividad de las empresas y por la complejidad de la norma y su régimen transitorio. Por otro lado, el estudio de las posibilidades que otorga la figura del fijo discontinuo".

La entrada en vigor definitiva de la reforma laboral, un texto acordado con los agentes sociales, coincide con el recrudecimiento de las adversidades económicas, esta vez de la mano de la inflación y los precios energéticos. Las circunstancias han llevado al Gobierno a establecer un Plan de Choque en el que ha prorrogado las limitaciones impuestas a las empresas en lo relativo a los despidos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció ayer que la prohibición de los despidos objetivos en las empresas que reciban ayudas públicas implica "meter la tijera" y "cambiar las reglas del juego" de la reforma laboral acordada con los agentes sociales.

30 de marzo de 2022

Adiós a los trabajos por obra o servicio: entran en vigor los nuevos contratos temporales de la reforma laboral

Este jueves se inicia la vigencia de las nuevas modalidades de temporales, también con cambios para los fijos-discontinuos y los contratos formativos

El contrato laboral más utilizado en España, el de obra o servicio, ya no podrá suscribirse más. Los trabajadores dicen adiós a la modalidad contractual más señalada por el abuso de la temporalidad, un mal arraigado en el mercado de trabajo durante décadas. Desde este 31 de marzo entran en vigor los nuevos contratos temporales de la reforma laboral, que trata de restringir su uso y reforzar el trabajo indefinido. Además, se despliegan los nuevos contratos formativos y los cambios en los contratos fijos-discontinuos.

La reforma laboral entró en vigor el pasado 31 de diciembre, pero algunas importantes medidas estaban aún pendientes, como la implantación de los nuevos contratos laborales, porque el Gobierno dio un plazo de tres meses de adaptación a la norma. Estos tres meses finalizan este jueves, 31 de marzo, y se inaugura una nueva etapa en la contratación laboral en España, que espera poner freno a la temporalidad desmedida.

Aunque existe un periodo de transición para los contratos temporales ya firmados antes del 31 de marzo, que se puede consultar aquí, estos no se podrán suscribir más e irán desapareciendo en los próximos años.

Dos (o tres) contratos temporales Desde este jueves, los contratos de trabajo se presumen indefinidos. Se regulan básicamente dos nuevas modalidades de contratos temporales. Estos son: para sustituciones y por circunstancias de la producción. Este último se desglosa en dos tipos, por lo que algunas voces señalan tres modalidades de contratos temporales. El contrato de sustitución podrá suscribirse para ocupar el puesto “de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución”. También podrá firmarse “para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora” y para “la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo”. En este último caso, la duración del contrato no puede ser superior “a tres meses, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo”, ni puede “celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima”.

El contrato por circunstancias de la producción, que se suele diferenciar en dos tipos según la causa que los motiva:

— Las causas “imprevisibles”, por las que las empresas necesiten de más personal de manera temporal ante picos inesperados de producción u otros motivos. En el decreto se incluyen en esta modalidad “las oscilaciones, que aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere”. Se considera así, de manera expresa, las necesidades derivadas de las vacaciones de la plantilla.

La duración de estos contratos puede extenderse seis meses, aunque por convenio colectivo se puede acordar que llegue al año. Si se acuerda por un tiempo inferior, por ejemplo, por dos meses, solo podrá prorrogarse mediante acuerdo entre las partes una única vez, sin que la duración total de los dos contratos exceda el máximo fijado.

— Las causas “previsibles” pero de muy corta duración (los llamados contratos “ocasionales”), que sirven para contrataciones excepcionales que se pueden prever y que son de muy escasa duración, como pueden ser las de apoyo en el comercio en el Black Friday.

Las empresas solo podrán utilizar estos contratos “ocasionales” un máximo de noventa días en el año natural, recoge el Estatuto de los Trabajadores, que no pueden ser consecutivos. “Las empresas, en el último trimestre de cada año, deberán trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos”, recoge la ley.

Mayor límite al encadenamiento de contratos Cabe destacar que este jueves también se comienza a aplicar el nuevo límite al encadenamiento de contratos temporales, más estricto que el anterior. A partir de ahora se considerará fijas a las personas “que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a 18 meses” con dos o más contratos por circunstancias de la producción en una empresa o grupo de empresas, incluido si está contratada a través de ETT. Antes era un periodo de 24 en 30 meses.

Además, también adquirirá la condición de fija la persona que esté en “un puesto de trabajo” que haya estado ocupado durante más de 18 meses en un periodo de 24 meses con contratos por circunstancias de la producción, aunque los hayan firmado diferentes personas.

Cabe recordar que ya se habían desplegado otras medidas contra la temporalidad abusiva, como el endurecimiento de las sanciones, más caras y que se aplican por cada trabajador, y la cotización adicional de 26 euros por cada contrato inferior de un mes, para desincentivar su uso. Desde enero, el número de contratos indefinidos ha aumentado con fuerza, un incremento que el Gobierno achaca ya a la nueva legislación.

Fijos-discontinuos y contrato de la construcción Se pretende impulsar los contratos fijos-discontinuos, un tipo de contrato indefinido pero intermitente para trabajos estacionales o vinculados a actividades de temporada. Ya se firmaban en algunos casos, sobre todo en destinos turísticos muy estacionales como Baleares, pero ahora se apuesta por extenderlos aún más. También que sirva para contratar otros trabajos que hasta ahora se estaban ocupando con temporales. En concreto, la norma dice: “El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados”.

Como novedad, se permite que este tipo de contrato se firme entre un trabajador y una ETT (empresas de trabajo temporal) para ser cedida a otras compañías, y podrá concertarse también “para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa”. En este capítulo, la ley dejó bastante espacio a la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores para definir cuestiones clave, como “los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento de las personas fijas-discontinuas”, “plazo máximo de inactividad entre subcontratas” y “una bolsa sectorial de empleo en la que se podrán integrar las personas fijas-discontinuas durante los periodos de inactividad, con el objetivo de favorecer su contratación y su formación continua durante estos”, entre otras. También se rediseña el contrato fijo de obra de la construcción, declarado abusivo por la justicia europea, para que sea considerado indefinido, con la obligación de intentar formar y recolocar al empleado entre distintas obras y la posibilidad de extinguir el contrato si esto no es posible.

Nuevos contratos formativos Otra de las asignaturas pendientes del mercado laboral era reformular los contratos formativos, que apenas se utilizan. Uno de los motivos que suelen esgrimir los sindicatos pasa por la enorme utilización de contratos temporales hasta el momento, mientras que los empresarios se quejan de la elevada burocracia. La reforma laboral reconfigura los dos contratos formativos existentes, con nuevos nombres y algunos cambios. El contrato de formación y aprendizaje pasará a ser desde este jueves el contrato formativo en alternancia, que se podrá firmar hasta los 30 años (antes hasta los 25), con una duración mínima de tres meses (antes un año) y máxima de dos años (en lugar de tres).

El contrato de trabajo en prácticas pasará a denominarse contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, que se limita a un máximo de un año (antes dos) y se fija la retribución según marque el convenio colectivo, cuando antes podía ser de entre el 60% y el 75% de lo que este marcara. Además, estos se podrán firmar a tiempo parcial, algo que ahora no era posible.

CÁDIZ: El Ayuntamiento paga tres nóminas pendientes a vigilantes de seguridad

El equipo de gobierno recuerda que, mientras que se tramita la resolución del contrato de estos impagos, se ha iniciado el procedimiento para la contratación de una nueva empresa de vigilancia y seguridad.

El Ayuntamiento de Cádiz ha hecho efectivo el ingreso de las tres primeras nóminas adeudadas por la empresa de vigilancia y seguridad Mersant a su plantilla, concretamente las correspondientes a diciembre, la extra y enero, que están recibiendo en el día de hoy. Para afrontar las de febrero y marzo, el Ayuntamiento está a la espera de que la empresa presente la facturación.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, ha señalado que “después de un largo y complejo proceso, al que se ha sumado también los cambios internos en la empresa, se está culminando el pago directo a los trabajadores de la empresa de seguridad Mersant”. Así, hoy están recibiendo ya los pagos correspondientes a las nóminas de diciembre, la extra y enero, que se han asumido desde el Ayuntamiento con cargo a los créditos sobre las facturas presentadas.

Como ha manifestado, ha sido “un trabajo muy complicado” porque la normativa es “muy específica y compleja”, pero el Ayuntamiento ha actuado “de la manera más rápida posible una vez que se constataron los incumplimientos de la empresa por los continuos impagos de las nóminas a sus trabajadores”.

El Equipo de Gobierno celebra que la plantilla pueda recibir, “por fin”, al menos tres de las nóminas que se les adeudan para que puedan “ir teniendo un respiro”. Asimismo, espera que la empresa facture lo más rápido posible las otras dos que quedan pendientes para que también las puedan cobrar.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local del pasado 18 de marzo aprobó la resolución del contrato de vigilancia y seguridad en varios centros municipales, así como eventos y actividades organizados por el Ayuntamiento con la empresa Mersant ante los continuos impagos de las nóminas a los trabajadores. La empresa dispone de diez días para presentar las alegaciones, si bien para “no prolongar más la situación”, al tiempo que se inicia la resolución del contrato, se pone en marcha en paralelo el procedimiento de contratación de una nueva empresa, con idea de que la fecha de resolución de la primera coincida con la de inicio de la nueva.

Detienen a un hombre por okupar un piso y amenazar a un vigilante de seguridad en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de origen español de 25 años por okupar un piso y amenazar a un vigilante de seguridad y a un cerrajero en el barrio de Son Gotleu, Palma.

Según han indicado en una nota de prensa, el pasado jueves, sobre 15.00 horas, varias patrullas de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudieron a una llamada de auxilio recibida en el 091 donde un vigilante de seguridad y un cerrajero habían sido intimidados por varias personas. Al parecer, a ambos les habían echado de un domicilio donde se encontraban arreglando unos desperfectos y que habían okupado el día anterior.

2.000 EUROS POR AYUDAR A OCUPAR LA VIVIENDA Cuando los agentes llegaron al lugar observaron a varias personas huir a la carrera, consiguiendo los agentes interceptar a uno de ellos que portaba dos mil euros encima, el cual indicó que había quedado con unos amigos para okupar un piso y que el dinero era para pagarles a éstos y a un cerrajero, matizando que ya habían entrado el día anterior y cambiaron la cerradura.

DAÑOS EN LA PUERTA Los agentes se entrevistaron con el vigilante de seguridad, que indicó que el día anterior se produjo una intrusión en el domicilio perteneciente a un particular, que tenía contratado el servicio de seguridad, llegando a fracturar la puerta de acceso e inutilizar el sistema de seguridad. Por tal motivo se personó en el domicilio junto con un cerrajero para arreglar los desperfectos. Posteriormente apareció un grupo de personas en actitud agresiva, intimidándoles para que se fueran a la calle, motivo por el cual optaron por salir de la vivienda para evitar un altercado violento, solicitando presencia policial.

En vista de los hechos, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de usurpación de bien inmueble mediante intimidación y daños por los desperfectos de la puerta y el sistema de seguridad. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Entrevista con el Comisario Principal Manuel Yanguas, Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada

«El departamento de Seguridad y, por consiguiente, el director de Seguridad en el ámbito sanitario, se ha convertido para el Interlocutor Policial Sanitario en la figura de referencia en ese cauce de información bilateral entre la policía nacional y el sistema sanitario», asegura Manuel Yanguas, Comisario Principal, Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional e Interlocutor Policial Nacional Sanitario, quien en esta entrevista adelanta a cuadernos de seguridad la puesta en marcha de un Protocolo de Denuncias «in situ» en el ámbito sanitario.

—El Interlocutor Policial Sanitario es ya una figura clave de enlace con el sector de la Seguridad Privada, y de una manera concreta con los directores de Seguridad de los centros sanitarios, ¿qué papel juegan estos profesionales en aspectos de colaboración, dedicación,… en esta situación de pandemia por la que estamos pasando?

—Desde el principio de la pandemia, y en relación con el refuerzo de las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de los centros sanitarios, ya sean permanentes o habilitados temporalmente para la lucha contra la enfermedad por Covid-19, así como, en su caso, de establecimientos de elaboración, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos o sanitarios, se ha intensificado el uso de la figura del Interlocutor Policial Sanitario como cauce de comunicación permanente entre la Policía Nacional y el sistema sanitario.

El departamento de Seguridad y, por consiguiente, el director de Seguridad en el ámbito sanitario, se ha convertido para el Interlocutor Policial Sanitario en la figura de referencia en ese cauce de información bilateral, y está jugando un papel clave y relevante en la colaboración con los cuerpos policiales, dando muestra de su implicación, compromiso y dedicación con la seguridad.

Concretamente, durante el estado de alarma, los diversos Interlocutores Policiales Sanitarios de la Policía Nacional estuvieron en constante comunicación con los directores de Seguridad para asuntos tan fundamentales en esos momentos como el transporte y distribución de material de protección sanitario, la coordinación de dispositivos de protección específicos, el traslado y desplazamiento de pacientes Covid-19, la saturación de los servicios funerarios, la acumulación de residuos biosanitarios peligrosos, etc.

—No podemos olvidarnos de otra figura fundamental del sector como es la del vigilante de Seguridad, cuyo trabajo y profesionalidad ha sido valorado por la sociedad en esta crisis sanitaria. ¿Cree que se ha visto reforzada la labor y el papel de los vigilantes en el ámbito de la sociedad en general? ¿Y en el sector sanitario?

—La Seguridad Privada se estructura legalmente en España como un recurso externo de primer orden. Y es una evidencia que la Seguridad Privada tiene una creciente participación en el modelo de seguridad español, y los servicios que presta se encuentran presentes en todos los ámbitos, públicos y privados, de la vida cotidiana.

Y nada de esto sería posible sin la contribución del principal activo del sector: las personas, los vigilantes de Seguridad, esos profesionales de la Seguridad Privada que, en el día a día de la pandemia, se han esforzado por proporcionar al resto de los ciudadanos espacios de convivencia pacíficos y seguros en los centros sanitarios y en los puntos de vacunación, y han contribuido a garantizar que los alimentos y productos de primera necesidad hayan llegado a los hogares en medio de la crisis sanitaria.

Juicio en Pamplona por robar en un supermercado e intentar atropellar al vigilante

La Fiscalía de Navarra pide 5 años de prisión para una pareja acusados de salir del supermercado sin pagar.

Una pareja de nacionalidad rusa va a ser juzgada esta semana en Pamplona por haber robado en un supermercado y haber causado daños en su huida al vigilante de seguridad que trató de darles el alto. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre en el supermercado de la avenida de Guipúzcoa. Sobre las 15 horas los dos acusados accedieron al interior del local, donde cogieron numerosos productos con "ánimo de hacerlos suyos sin pagarlos", según se recoge en el escrito de la Fiscalía de Navarra.

El encargado de seguridad del establecimiento les observó como deambulaban por el establecimiento y, en un momento dado, salieron corrieron sin pasar por la caja. El vigilante les dio el alto, pero los dos acusados corrieron hasta el aparcamiento y se montaron en un coche. En ese momento, con el coche parado, el vigilante se colocó detrás del vehículo y golpeó con la mano en el capó para que se bajaran. Sin embargo. la conductora arrancó marcha atrás golpeando en la rodilla izquierda al responsable de seguridad, al que le causaron lesiones que tardaron una semana en curar.

Finalmente, los ahora acusados se bajaron del coche y fueron detenidos. En el interior se encontraron los productos que había sustraído por valor de 248,34 euros, que aunque fueron recuperados no pudieron volver a ponerse a la venta. La Fiscalía de Navarra considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia en local abierto al público con objeto peligroso y un delito leve de lesiones, por lo que solicita imponer la pena de 5 años de prisión a cada uno de los acusados por el primer delito y otros 2 meses más por el segundo delito.

Además, añade una multa de 600 euros, el pago al centro comercial del valor total de los productos robados y una indemnización de 364 euros para el vigilante por las lesiones sufridas. La pena de cárcel puede ser sustituida por la expulsión de España por un periodo de 10 años. El juicio se celebrará el 31 de marzo en el Juzgado de lo Penal nº3 de Pamplona.

Es nulo el despido del trabajador que testificó a favor de un compañero en un juicio

La empresa se ayudó de una “escasa” e “insuficiente” disminución de rendimiento del trabajador para despedirle

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la nulidad del despido de un trabajador que se originó después de que este último testificase en sede judicial a favor de un compañero y en contra de su propia empresa en un procedimiento laboral. Pese a que la empresa trató de justificar el despido en la disminución del rendimiento del trabajador, la sentencia, de 10 de febrero de 2022, evidencia que tal extremo no ha quedado debidamente acreditado y recalca que la extinción se debió realmente a su conducta reivindicativa al haber testificado a favor de otros trabajadores ante los órganos judiciales.

Ponemos en contexto El actor venía trabajando para la empresa que prestaba servicios funerarios desde noviembre de 2015. En febrero de 2019, siete meses después de declarar como testigo en un juicio de un compañero de trabajo contra la empresa, el trabajador fue despedido disciplinariamente por la deslealtad, el abuso de confianza y la disminución voluntaria y continuada del rendimiento normal o pactado. Según la carta de despido, los rendimientos obtenidos durante el 2018 no fueron los esperados, observándose una “clara disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo pactado”. Asimismo, según el literal de tal documento, la empresa venía observando “una falta de motivación y compromiso en su trabajo diario que no ha conseguido cambiar”, pese a las advertencias de su Delegado Operativo.

Despido nulo En primer término, el Juzgado de lo Social n.º 2 de Cádiz estimó la demanda formulada por el trabajador y declaró la nulidad del despido disciplinario acontecido, al estar realmente motivado el mismo por la conducta reivindicativa del trabajador al haber testificado a favor de otros compañeros ante los órganos judiciales y no por la supuesta disminución continuada del rendimiento y deslealtad. Ahora, la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirma la sentencia impugnada.

Sobre la disminución del rendimiento La empresa trata de justificar la disminución del rendimiento del trabajador en el hecho de que en el 2016 fue evaluado en un 66,25 % y en 2.017 en un 65,42%. Dicho esto, en opinión de la Sala de lo Social, la diminución de rendimiento en un 0,83% “resulta insuficiente para justificar el despido disciplinario” del trabajador, cuando además “se desconoce los baremos que han sido tenidos en cuenta por la empresa para fijar este porcentaje de evaluación, al no existir datos objetivos, superando en ambos años el 65% necesario para cobrar los incentivos, por lo que su rendimiento no fue escaso”.

Sin que conste ningún dato comparativo con el rendimiento de sus compañeros, el Tribunal subraya que el contrato de trabajo no contenía ningún nivel mínimo de productividad, cuantía o instrucciones sobre el rendimiento. En definitiva, como la empresa no aporta dato alguno relativo al rendimiento exigible, “no bastando las manifestaciones y calificaciones genéricas contenidas en la carta de despido”, la Sala de lo Social concluye que la concreta causa contenida en la carta de despido “no estaba justificada”.

Sobre la testifical del trabajador La empresa denunció la infracción del art. 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, pretendiendo que el despido se declarase improcedente por no estar acreditada la actitud reivindicativa del empleado. En cambio, la Sala de lo Social señala que dicho motivo jurídico no puede prosperar ya que ha quedado acreditado que el actor testificó a favor de otro trabajador y en contra de la empresa, “lo que justificó en parte que se revocara una sanción de amonestación” impuesta por esta última. El Tribunal recalca que, en la sentencia referente al asunto del compañero, se mencionó hasta en cuatro ocasiones la testifical del actor. Así las cosas, después de confirmar que no han quedado acreditadas las causas de despido utilizadas por la empresa y tras tildar la carta de despido como “irregular” al contener “imputaciones genéricas”, el TSJ termina ratificando la calificación como nulo del despido aquí acontecido “por estar motivado por la conducta reivindicativa del trabajador”.

29 de marzo de 2022

Un grupo de menores agrede a un vigilante de seguridad en la Estación de Mataró

Los hechos tuvieron lugar el viernes 25 por la noche, los Mossos detuvieron tres de los 13 agresores y el vigilante fue atendido por el SEM, a pesar de que pudo continuar el servicio.

Un grupo de 13 menores de edad agredió un vigilante de seguridad en la estación de cercanías de Mataró . Los hechos tuvieron lugar el viernes 25 por la noche, según han confirmado fuentes de Renfe. Tres de ellos acabaron siendo detenidos por los Mossos, según las mismas fuentes. Los hechos tuvieron lugar hacia las 23.15h. Según han señalado desde la compañía ferroviaria, los 13 jóvenes, todos ellos menores de edad, estaban provocando desórdenes públicos en un tren procedente de l'Hospitalet de Llobregat y que se dirigía a Blanes. Al llegar a Mataró, un vigilante de seguridad que había a la estación accedió en el tren. Fue entonces cuando los menores se encararon con él y lo agredieron.

Según Cercanías, el vigilante de seguridad consiguió retener tres de los adolescentes, mientras que el resto pudieron huir. Posteriormente fueron detenidos por los Mossos, según Cercanías (la Policía de la Generalitat todavía no ha confirmado esta información. El responsable de seguridad fue atendido por el SEM la misma noche pero pudo continuar trabajando. La compañía constata que cada año invierte 15 millones de euros en seguridad privada a las estaciones y convoyes, que complementan la tarea de seguridad ciudadana de las autoridades competentes. En el caso de la estación de Mataró, Renfe incrementó el año pasado el número de vigilantes, a raíz del aumento de delitos como por ejemplo robos a la zona.

SPV denuncia que el servicio de la Tesorería de la Seguridad Social está cubriéndose con personal de mantenimiento

SPV DENUNCIA

SPV ha contactado con la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Sevilla para ponerle en conocimiento de ciertos incumplimientos en el servicio de seguridad de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya adjudicataria es la empresa Mersant Vigilancia S.L. teniendo a su cargo la seguridad del edificio las 24 horas del día.

En la denuncia se deja constancia de que este organismo se ha quedado recientemente al descubierto sin seguridad privada en distintos horarios y que en otras franjas ha pasado a quedarse bajo la responsabilidad del personal de mantenimiento de dicho edificio. Estos hechos constituyen un incumplimiento grave recogido en la Ley de Seguridad Privada por parte de la empresa concesionaria del contrato de seguridad.

De igual forma, se ha puesto en conocimiento de la UTSP que estos hechos vienen sucedido reiteradamente con la mercantil Mersant, en otras ocasiones y en otras administraciones de la seguridad social ubicadas en los diferentes distritos, pasando a estar controladas por personal funcionario no autorizados para estas funciones (ordenanzas). El motivo de estos descubiertos es que la empresa responsable de velar por la seguridad de estas instalaciones no ha cubierto las bajas laborales de su plantilla, a la que se le deben entre tres y cuatro meases de salario.

Desde la Unidad Territorial de Seguridad Privada se nos informa a través del Inspector Jefe de la Unidad que sobre la citada empresa Mersant se ha remitido ya varios informes por numerosos hechos similares a la Subdelegación del Gobierno, a efectos sancionados. Nos informan igualmente que, será en última instancia, la citada Subdelegación la que, en su caso, deberá adoptar medidas sobre la empresa denunciada.

Desde SPV se considera estos hechos de una gravedad absoluta, que ha sido resuelta en situaciones similares con  el cierre preventivo de las instalaciones afectadas, al no contar con personal de seguridad privada suficiente para garantizar la seguridad de las dependencias, siendo el último ejemplo de este proceder las oficinas de la Seguridad Social de la localidad de Chiclana (Cádiz) que suspendió la atención presencial al no poder garantizarse la seguridad de sus instalaciones. (VER AQUÍ)

La Junta rescinde el contrato de Mersant en la Agencia Tributaria de Jerez, con incautación de los avales de garantía


Mersant fuera de la Agencia Tributaria de Jerez, pero los paros seguirán hasta que los trabajadores cobren.

Tras más de siete días de protestas con paros parciales a las puertas del edificio de la Agencia Tributaria de Jerez y rondado ya los 90 días de impagos a los vigilantes de seguridad de Mersant adscritos a este servicio (desde el 1 de enero hasta la fecha actual, con una suma pendiente de casi 8.000 euros por trabajador) la Junta de Andalucía ha procedido a rescindir el contrato de seguridad por incumplimiento culpable del contratista, atendiendo finalmente la petición de SPV que solicitaba dicha rescisión y abrir la vía para la adjudicación del servicio a una nueva empresa de seguridad (VER AQUÍtal y como se había actuado en otros edificios e instalaciones de titularidad pública adjudicados en su momento la mercantil Mersant.


En cualquier caso, los organizadores quieren dejar claro que hasta que no se abone hasta el último euro que se le debe a los trabajadores afectados, seguirán en la calle y se van a mantener las protestas y los paros parciales a las puertas de la Agencia Tributaria en el mes de Abril, que serán de 40 minutos por hora de 09:00 a 13:00 horas.

SPV sigue insistiendo en su campaña de concienciación a las distintas administraciones públicas, en la que se denuncia que contratar a empresas de seguridad que no cumplen con sus trabajadores a la larga sale caro. Es llamativo que un alto porcentaje de los servicios de seguridad de titularidad pública siguen siendo adjudicados a empresas "low cost" con una reputación de sobra conocida por todos, y que sobresalen por no respetar los mínimos derechos de sus trabajadores.

LO BARATO SALE CARO.
SPV POR UNA CONTRATACIÓN RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE TITULARIDAD PUBLICA

Comienza la tramitación de un decreto para regular la protección de datos en la Junta

La utilización de estos datos personales resulta imprescindible en ámbitos de la Administración pública como el sanitario, el educativo o el de servicios sociales, donde se exige salvaguardar la privacidad de las personas.

Transcurridos ya unos años desde la entrada en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOGPD) y del Reglamento general de protección de datos es necesario regular unas medidas organizativas básicas para coordinar y homogeneizar el cumplimiento de dichas normas.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio de la tramitación del proyecto de decreto por el que se regulan aspectos organizativos en materia de protección de datos en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales. El objetivo de esta norma, impulsada por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, es establecer una estructura adecuada para que las distintas consejerías y órganos actúen de forma coordinada y homogénea a la hora de garantizar el cumplimiento de la normativa europea, estatal y autonómica que reconoce el derecho de la ciudadanía a la protección de sus datos personales en su relación con las administraciones públicas.

La utilización de estos datos personales resulta imprescindible en ámbitos de la Administración pública como el sanitario, el educativo o el de servicios sociales, donde se exige salvaguardar la privacidad de las personas. Transcurridos ya unos años desde la entrada en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOGPD) y del Reglamento general de protección de datos es necesario regular unas medidas organizativas básicas para coordinar y homogeneizar el cumplimiento de dichas normas.

El futuro decreto pretende garantizar dicho cumplimiento, que será coordinado por la Consejería que ostente las competencias en la materia -actualmente la de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local-. Cada departamento y ente tendrá tantos responsables de tratamiento de datos como centros directivos manejen ficheros y bases de datos sujetos a protección y designará, al menos, un delegado de protección de datos (DPD) entre su personal con formación, experiencia y conocimientos especializados.

Los DPD serán puestos estructurales y ejercerán su labor preferentemente a tiempo completo y de forma exclusiva. Dependerán de las viceconsejerías o gerencias de los entes, a quienes reportarán de su labor. Solo en casos excepcionales se externalizará esta función. La norma apuesta por una formación continua en esta materia para todo el personal público, con el fin de contar con efectivos suficientes y adecuados para cubrir estos puestos.

Además, la nueva norma estipula que se deben habilitar los medios necesarios para que todo el personal que participe en las operaciones de tratamiento de datos personales solo tenga acceso a datos estrictamente necesarios para realizar su trabajo o prestar un servicio. Los responsables de tratamiento deberán analizar qué datos manejan, con qué fin y cómo, dejando evidencia documental de que se cumple la normativa vigente. En particular, en las actuaciones relativas a la elaboración de disposiciones normativas, pliegos de contratación, convenios o encomiendas, se deberá hacer constar en el expediente las medidas técnicas y organizativas adoptadas, la utilización exclusiva de los datos personales adecuados, pertinentes y necesarios, con limitación del número de personas que pueden acceder a los mismos, y del tiempo durante el cual pueden ser tratados y, en su caso, conservados.

Los responsables del tratamiento de datos promoverán la realización de un análisis de riesgos y los sistemas de información usados como soporte para minimizarlos y, al menos cada dos años (como máximo tres), realizarán auditorías para evaluar la eficacia de las medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar la seguridad. Cada consejería o entidad deberá establecer el procedimiento para notificar posibles incidentes al delegado de protección de datos (DPD), al Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía y, en su caso, a las personas afectadas.

Asimismo, los DPD serán los encargados de supervisar el cumplimiento de la normativa, informar y asesorar a los responsables de tratamiento y a todo el personal que se lo requiera, supervisar las acciones de formación y de las relaciones con el Consejo Andaluz de Transparencia y Protección de datos, como autoridad de control. El actual Gobierno andaluz es el primero que cuenta con un centro directivo específicamente competente en supervisar que se cumple la normativa de protección de datos dentro de la Administración: la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Además, hasta la actual legislatura, no existía en la Junta de Andalucía un organismo de control, sino que cualquier reclamación o denuncia debía ser remitida a la Agencia de Protección de Datos nacional. Este Gobierno adscribió dichas competencias al Consejo Andaluz de Transparencia y Protección de datos.


    Source: https://www.benalgo.es/noticias/comienza-la-tramitacion-de-un-decreto-para-regular-la-proteccion-de-datos-en-la-junta.html

28 de marzo de 2022

CÁDIZ: La oficina de la Seguridad Social de Chiclana cierra sus puertas por el conflicto laboral de Mersant

El conflicto laboral de Mersant obliga a suspender la atención presencial en esta oficina que atiende a vecinos del municipio y de la comarca de La Janda

La oficina de la Seguridad Social en Chiclana ha cerrado al público al no contar con vigilantes suficientes para garantizar la seguridad en sus dependencias. Los trabajadores se dieron de baja la semana pasada y la Tesorería ha suspendido la atención presencial en estas dependencias que atiende a vecinos del municipio y de la comarca de La Janda.

La empresa a la que se adjudicó el servicio, Mersant, debe cinco nóminas –serán seis en los próximos días- a los profesionales que velan por la vigilancia y protección de estas dependencias. “Algunos se están dando de baja por ansiedad o subidas de tensión tras acumular meses de impagos”, explica Antonio Lebrija, del sindicato UGT. Cabe recordar que Mersant empezó a trabajar con la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz el año pasado. Paradójicamente, la empresa ya se encontraba entre las señaladas por este organismo al aparecer en la lista de morosos y deber 1,2 millones de euros al fisco. La administración explicó que cuando se llevó a cabo el procedimiento de licitación, a principios del año pasado, Mersant se encontraba al corriente con la AEAT y Seguridad Social.

De esta forma, las puertas de estas dependencias están cerradas y los usuarios sólo pueden conseguir cita telemáticamente o por la vía telefónica. La compañía no ha relevado a los empleados que se han dado de baja y la única solución al conflicto parece ser la rescisión del contrato. Según explican desde el sindicato, la administración ha optado por la cesión del pago directo de las nóminas, utilizando el dinero que iba a ingresar a la empresa para pagar a los trabajadores. UGT mantiene las negociaciones abiertas con la Dirección provincial y asegura que la gestión está “casi hecha”.

El Ayuntamiento ya ha contratado a otra empresa Por otra parte, el Ayuntamiento de Chiclana, que también tenía adjudicados varios servicios de vigilancia a la empresa Mersant, ya ha puesto solución al conflicto laboral. El Gobierno municipal resolvió el contrato con la compañía y contrató a una nueva. Los trabajadores municipales podrán cobrar lo que se les debía y desde hace varios días la nueva adjudicataria trabaja en varias dependencias municipales.

Participación Ciudadana del Ayto. de Sevilla resuelve el contrato de Mersant y ordena incautar la garantía depositada


El área de Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Servicio de Participación Ciudadana, ha elevado a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla el acuerdo por el cual debido a las reiteradas faltas de cumplimiento por la adjudicataria del servicio de seguridad Mersant Vigilancia S.L., se toman las siguientes determinaciones:

-Resolver el contrato administrativo que el Ayuntamiento de Sevilla tenía con la citada entidad mercantil, todo ello motivado por los incumplimientos de la obligación principal del contrato

-Incautar la garantía depositada por Mersant en su momento en la tesorería municipal.

-Declarar la obligación del contratista de indemnizar al Ayuntamiento de Sevilla por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento principal del contrato imputable al mismo.

Desde SPV consideramos muy positivo que el ayuntamiento vaya concretando en acciones las manifestaciones y acuerdos alcanzados para solucionar el conflicto social generado por la empresa Mersant debido a los impagos a sus trabajadores, especialmente queremos agradecer el trabajo realizado al edil municipal Daniel González Rojas, por su compromiso con este tema.



El Gobierno anula el despido procedente: ¿cómo te afecta?

El Ejecutivo intenta frenar los despidos ante las dificultades económicas que agobian a muchas empresas.

El despido procedente es el que se produce por causas económicas, organizativas o de producción por la situación económica. Está justificado, según la Ley, en esos supuestos y tendría encuadre en este momento en el que muchos sectores están pasando por dificultades debido a la falta de suministros y a los elevados costes, pero a partir de que el Gobierno lo anule, con efecto desde el próximo miércoles que se publicará en el BOE, los tribunales lo dictaminarán como improcedente. Es decir, no es que no vaya a haber despidos, es que será más caro para las empresas. Esta medida ya se aplicó durante la pandemia
Indemnizaciones más altas

Los despidos serán dictaminados como nulos con lo que tendrán que readmitir al trabajador, o como improcedentes y en este caso la indemnización aumenta sensiblemente. Si un despido procedente u objetivo contempla el pago al trabajador de una indemnización de 20 días por año trabajado, el improcedente lo sube a 33 días por año y a 45 para el periodo anterior a 2012, un aumento considerable. Así que, el Gobierno intenta disuadir a las empresas de cualquier reducción de plantilla encareciendo su coste. Pero se crea un complicado dilema como explica a COPE Pilar Llácer, experta en recursos humanos: “¿protegemos a los trabajadores o asfixiamos a las empresas y que no puedan generar ingresos y crear más trabajo?”

De nuevo se disparan los ERTE A pesar de que una parte del Gobierno mantiene que no se notan los efectos de la guerra, la vicepresidenta Calviño decía que “es demasiado pronto para hacer una estimación de los efectos macroeconómicos de la guerra” y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá aseguraba hace unos días que “no se ve nada”; en el Ministerio de Trabajo reconocen un gran aumento en las dos últimas semanas de los ERTE. En la información que tiene el equipo de Yolanda Díaz se recoge con detalle lo que ya es público y notorio, multitud de empresas están parando su producción por la falta o los altos precios de los suministros así como de la energía, en muchas de ellas ya se ha acabado con los días libres o las vacaciones a los que se ha recurrido para evitar otras medidas. Y hay datos como los de FUNCAS que alertan de que se pueden dejar de crear 100.000 empleos.