Noticias Destacadas SPV Sevilla


29 de abril de 2016

Acta reunión Abril 2016 Comité de Empresa Prosegur Sevilla

Os dejamos el último acta de la reunión del Comité de Empresa de Prosegur Sevilla celebrado en el mes de Abril.

Como podréis ver, no tenemos ningún problema en la empresa, por lo visto todo el mundo llega al cómputo a final de mes, y a los trabajadores no se les quitan horas a seis meses atrás... vamos lo de siempre. NO, peor todavía, una empresa que está diciendo que como se acaben los servicios los padres de familia que le toquen se van al paro.





21 de abril de 2016

VIGO: La seguridad privada se recicla con la Policía Nacional

Vigo acoge las primeras jornadas formativas destinadas a este sector que se celebran en Galicia. La iniciativa reúne a unos 300 profesionales

Unos trescientos profesionales de la seguridad privada se dieron cita ayer en las primeras jornadas formativas que se realizan en Galicia y que organiza la Policía Nacional. Al acto inaugural asitieron el comisario jefe de Vigo, José Muñoz Lozano y el jefe de Seguridad Ciudadana de Vigo, José Luis Gallego. Las jornadas se celebran en el salón de subastas de pescado del edificio Virgen del Carmen, en el puerto pesquero del Berbés.

Estas jornadas están dirigidas a directores, jefes y vigilantes de seguridad privada que realizan sus funciones en toda la provincia de Pontevedra, con objetivo de expandir el modelo de colaboración y cooperación del sector de la seguridad privada con la Policía Naciona a través del plan Red Azul. Se trata de un plan que promueve un proceso de cambio y pretende alcanzar la complementariedad y corresponsabilidad entre ambos operadores de seguridad, para aprovechar los recursos del sector privado en beneficio de la seguridad pública. El curso también persigue reforzar la integración de los servicios y capacidades de la seguridad privada como recurso externo del sistema nacional de seguridad. Asimismo, se tratarán los aspectos de la nueva Ley de Seguridad Privada de mayor interés para el personal del sector al que va dirigido, actuación del personal de seguridad privada en infraestructuras estratégicas y críticas, grupos conflictivos, entre otras situaciones que se pueden encontrar en el desarrollo de su trabajo diario, principalmente en una situación de nivel de alerta 4 antiterrorista como el que se vive en estos momentos.

20 de abril de 2016

VIGO: Trece detenidos por un presunto fraude fiscal

La sociedad matriz del entramado desenmascarado por la Policía es Galaica de Vigilancia, que ya fue objeto de investigación meses atrás por la emisión de falsos cursos de seguridad privada.

La Policía Nacional ha detenido a trece personas relacionadas con un supuesto fraude a la Agencia Tributaria que podría rondar los 3 millones de euros, informaron a Efe fuentes de la investigación. Las pesquisas se centran en un entramado empresarial compuesto por un centenar de sociedades relacionadas con diversos ámbitos, desde la seguridad privada hasta la hostelería y constructoras. Entre los detenidos figuran dos hermanos y otros familiares que pudieron haber actuado como testaferros.

La mayoría de las empresas investigadas son instrumentales o sociedades pantalla, que podrían haber sido utilizadas por la red para emitir facturas falsas para así eludir el pago de impuestos, precisaron las fuentes. La sociedad matriz del entramado desenmascarado por la Policía es Galaica de Vigilancia, que ya fue objeto de investigación meses atrás por la emisión de falsos cursos de seguridad privada.

La investigación, que comenzó hace casi un año, está dirigida por el Juzgado de instrucción 3 de Vigo, por el que ya han pasado a disposición varios de los detenidos, señalaron las fuentes. Añadieron que la operación aún sigue abierta y no descartaron la posibilidad de que haya más detenciones.

19 de abril de 2016

SALAMANCA: Vigilantes de seguridad colaboran en la detención de dos ladrones en el Polígono de los Villares

La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a dos personas, por un supuesto delito de robo con fuerza, cometido en el Polígono de Los Villares. La colaboración de los vigilantes de seguridad de esta zona facilitó el arresto. En el robo se llevaron chatarra y diversas piezas de una furgoneta.

Comunicado de la Guardia Civil de Salamanca

Sobre las 19’00 horas del ayer, se recibe en el COS de esta Comandancia, aviso de los vigilantes de seguridad del Polígono de los Villares comunicando que había dos personas en el interior del vallado de la empresa Ford.

Trasladada una patrulla del Puesto de los Villares encuentran a dos jóvenes, que tienen en su poder un saco con material de fontanería, así como el inducido de un motor. Seguidamente se efectúa el reconocimiento del vallado el cual ha sido roto y a escasos metros, se hallan varias piezas que pudieran pertenecer a una furgoneta, así como un cuadro de arranque de un grupo de motor. Detenidos son C. C. I., y A. L. I. T., varones de 20 años de edad. Las diligencias instruidas, se han entregado en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.

18 de abril de 2016

BARCELONA: Prosegur pierde la seguridad del aeropuerto del Prat tras varios fallos

Prosegur ha perdido el control de seguridad del aeropuerto del Prat tras varias sanciones

La compañía cede la licitación después de incurrir en deficiencias en el filtraje a pasajeros

Prosegur ha perdido el contrato de filtraje de pasajeros del Aeropuerto del Prat de Barcelona. El grupo de seguridad ha cedido el concurso con una oferta a la baja tras ser sancionada en varias ocasiones por deficiencias en el servicio. Grupo Eulen tomará el relevo de la corporación para los dos próximos años, según ha podido saber Crónica Global. Fuentes sindicales confirman que Prosegur "había acumulado varios expedientes" por fallos en los controles de seguridad. Ello incluiría "demoras excesivas en las colas y falsas alarmas que los empleados no habrían detectado".  Cualquiera que sea la causa, Prosegur ha perdido un contrato con un presupuesto de salida de 23,6 millones de euros a dos años.

Beneficios Un portavoz de la firma ha subrayado que la concesión "no generaba pérdidas en ningún caso". Según la misma fuente, Prosegur se presenta a concursos públicos "con criterios de rentabilidad", siempre con las ofertas técnica y económica correspondientes. En el caso del Prat, ha agregado el vocero, la empresa de seguridad se ha presentado a dos lotes de los tres en liza (filtraje de pasajeros y control de equipajes de cabina). "Aena no ha comunicado oficialmente el resultado", ha abundado.

Empleados La versión oficial la matizan empleados. Sostienen que la compañía "consideraba bajo" el precio de licitación de Aena para cubrir un servicio que emplea a unas 300 personas en el hub aéreo barcelonés. De hecho, la firma no habría renovado algunos contratos por este motivo. Precisamente, el futuro de los trabajadores preocupa ahora en el aeropuerto. "Estaremos muy atentos a la subrogación de los puestos de trabajo por parte de Grupo Eulen", han confirmado fuentes del sindicato UGT.

Criterios estrictos Un portavoz de Aena ha manifestado a este diario que el concurso en cuestión no está adjudicado. En cualquier caso, las licitaciones del gestor aeroportuario "no contemplan en ningún caso las sanciones durante el desempeño de una función". Los criterios para otorgar contratos, agrega la empresa semipública, son siempre las ofertas económicas y técnicas que presentan las sociedades candidatas a ganar el concurso público, con arreglo a la normativa vigente.

14 de abril de 2016

GIJÓN: Un vigilante de seguridad colabora en la última operación contra las carreras ilegales de coches

La intervención de los agentes del orden tuvo lugar después de que un vigilante de seguridad del polígono de Roces Porceyo avisara a la Policía durante la noche del viernes al sábado de que desde su garita se escuchaban "ruidos de coches que pasaban a gran velocidad"

Las fuerzas de seguridad controlaron a veinte conductores que iban a competir en un "rally" presenciado por 50 espectadores en un tramo urbano de la AS-II La última operación policial contra las carreras ilegales de coches en Gijón se saldó con setenta identificados, entre conductores y espectadores. La intervención -llevada a cabo por agentes de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil-, tuvo lugar en la madrugada del pasado 1 de abril en el tramo de la autovía AS-II comprendido entre las rotondas del Alcampo y el Marieva Palace. La actuación se dio a conocer ayer como respuesta a las protestas vecinales por el aumento de este tipo de competiciones sin autorización en carreteras gijonesas.

La intervención de los agentes del orden tuvo lugar después de que un vigilante de seguridad del polígono de Roces Porceyo avisara a la Policía durante la noche del viernes al sábado de que desde su garita se escuchaban "ruidos de coches que pasaban a gran velocidad". Hasta el lugar de los hechos se trasladaron en un primer momento funcionarios de la Policía Local y de la Nacional. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, en la carrera iban a participar hasta una veintena de conductores que tenían sus coches listos para competir en las inmediaciones de la autovía. Pero el número de infractores podría haber sido mayor. La Policía localizó más vehículos -algunos de ellos con el motor trucado-, en una finca situada a una distancia cercana de la carretera. Además, en la pasarela que se eleva sobra la autovía había unas cincuenta personas que iban a presenciar las carreras y que también fueron identificadas por los agentes.

Las patrullas dieron aviso a la Guardia Civil de Tráfico, el cuerpo que tiene competencias en esta zona del concejo. Fuentes cercanas a la investigación del caso aseguran que los agentes tan sólo pudieron imponer sanciones administrativas a los supuestos participantes en la carrera ilegal ya que en el momento de la intervención policial los conductores de este particular "rally" no estaban compitiendo. La operación policial ha permitido descubrir, además, un nuevo tramo de carretera en el que se disputan competiciones y que se une a los circuitos ya localizados hace años y en los que se llevan a cabo carreras ilegales: la carretera AS-248 -que une Gijón y Pola de Siero-, y la que va del Piles al Infanzón. Dos zonas en las que los vecinos han expresado reiteradamente sus quejas por el peligro que supone la presencia de conductores que participan en estos "rallies urbanos".

Como adelantó ayer este periódico, el pasado fin de semana, en la carretera que va de Gijón a Villaviciosa llegaron a pintar el suelo con una línea de meta, al tiempo que "decoraron" los arcenes y los contenedores como si de un circuito se tratara. "Antes venían sólo los fines de semana, ahora casi todos los días y a plena luz", lamentan los vecinos afectados por estas carreras ilegales. La Policía Local ha puesto en marcha estos días un dispositivo especial de seguridad con el que se pretende frenar esta suerte de "vandalismo viario" en la carretera del Piles al Infanzón. La Guardia Civil, por su parte, tiene previsto incrementar los controles en la AS-248, en donde se incrementará la presencia de agentes sobre todo los días previos a las competiciones veraniegas de automovilismo que se organizan en la zona rural del concejo.

Los funcionarios municipales ordenaron ayer el borrado de las pintadas que se encontraban en la carretera del Piles al Infanzón, en donde, además, ayer se observaba un importante aumento de las patrullas de vigilancia con el objetivo de disuadir a los conductores aficionados a la velocidad. El Ayuntamiento ha instalado en la zona una señal que recuerda la obligación de circular a menos de 50 kilómetros por hora.

13 de abril de 2016

Vigilantes increpados por detener un delincuente


Señores Ciudadanos. Cuando observen una intervención por parte de vigilantes de seguridad NO SE PREOCUPEN, ESTAMOS TRABAJANDO POR SU SEGURIDAD.


Ni estamos abusando, ni estamos agrediendo a nadie. No se involucre, no grabe a los agentes, y sobre todo, NO DEFIENDA AL DELINCUENTE. No se crea lo que la gente del alrededor este diciendo, si hay una persona detenida, es por algo. Quizás esa persona que hace el teatro de su vida para que parezca que es agredida, mas adelante sea su agresor, entonces usted vendrá a pedirnos ayuda, y nosotros se la daremos, porque se la damos a todos ustedes, aunque sepamos que a veces no nos comprenden, y que aveces nos increpan, pero les ayudaremos, como ayudamos cada día a personas que sufren algún robo o agresión o incluso alguna vez, violación. Y no les pediremos las gracias. Es nuestro trabajo. Lo único que les pedimos es, que nos dejen trabajar.

12 de abril de 2016

Prosegur repartirá entre sus accionistas un beneficio de casi 66 millones de euros


El próximo 15 de Abril Prosegur repartirá beneficios entre sus accionistas, el dividendo a repartir entre sus accionistas llegara hasta los casi 66 MILLONES DE EUROS. Según Europa press, esta repartición de dividendos es del ejercicio 2014, en plena crisis y nueva bajada de pantalones de los sindicatos de clases al firmar la basura de convenio que tenemos, aquí los únicos que nos apretamos somos los Vigilantes de calle. Os dejamos el enlace con la noticia completa. AQUÍ

Se vislumbran buenos tiempos para las empresas del sector de seguridad

Esta semana nos hemos fijado en una empresa de la que poco se habla y que pertenece a un sector que puede verse beneficiado en los próximos tiempos. Hablamos del sector de la Seguridad y de la empresa Prosegur.

Prosegur es la multinacional líder del sector de la seguridad privada en España y la tercera a nivel mundial. Pionera en su sector al cotizar en la Bolsa de Madrid desde el año 1987, hoy en día, Prosegur es una compañía global, formada por más de 150.000 empleados en el mundo y con presencia en 15 países de cuatro continentes -Europa, Asia, Latinoamérica y Oceanía-. Desde su constitución en 1976, la empresa se ha mantenido firme en sus líneas estratégicas: combinación de crecimiento orgánico e inorgánico, liderazgo diversificado -por geografías y productos-, apuesta clara por la innovación, talento y una organización orientada al cliente.

Prosegur opera de forma integrada todas las diferentes líneas de negocio del mercado de la seguridad; vigilancia, logística de valores y gestión de efectivo, y tecnología de seguridad y monitorización. También ofrece soluciones de seguridad globales y especializadas combinadas con la tecnología más avanzada, adaptadas a todos los sectores de actividades y tipologías de empresa. Además, existe una amplia oferta para el ámbito residencial así como para las pequeñas y medianas empresas. Tiene una capitalización de mercado de 2.900 millones de euros repartidos en 617.125 acciones ,que cotizan en este momento a 4,65 euros. Tiene una capitalización de mercado de 2.900 millones de euros repartidos en 617.125 acciones

Es importante destacar que la semana pasada anunció que abonará a sus accionistas el próximo 15 de abril un dividendo de 0,0216 euros brutos por acción, siendo el cuarto dividendo que paga desde la pasada Junta General de Accionistas celebrada en abril de 2015, lo que significa que la compañía habrá repartido entre sus accionistas 65,9 millones de euros en forma de dividendos por las ganancias obtenidas en el pasado ejercicio. También es reseñable que actualmente tiene un PER de 15,10 y un BPA (beneficio por acción) de 0,31 euros.

Desde el punto de vista del análisis técnico podemos observar en el gráfico semanal como el valor lleva una tendencia alcista bien definida desde octubre de 2008, momento en el que cotizaba a 1,44 euros y ha seguido un canal alcista perfecto que le ha llevado a marcar un máximo de 5,49 euros el 23 de febrero de 2015. A partir de ese momento, ha tenido un retroceso de poco más de un 38,2% de Fibonacci de la subida previa hasta el nivel de 3,73 y desde entonces ha retomado la senda alcista, hasta llegar al precio actual de 4,65 euros.

11 de abril de 2016

OVIEDO: Vigilantes del Centro Menores Sograndio desisten de la huelga al considerar abusivos los servicios mínimos

Han decidido no acogerse a este derecho al considerar que los servicios mínimos marcados para la jornada de paro eran abusivos y que con ellos se les coartaba ese derecho

Los vigilantes del Centro de Menores de Sograncio han decidido hoy no acogerse al derecho de huelga al considerar que los servicios mínimos marcados para la jornada de paro eran abusivos y que con ellos se les coartaba ese derecho. Fuentes sindicales han informado de que la Delegación del Gobierno ha emitido una resolución en la que sitúa los servicios mínimos en más del 90 por ciento de los trabajadores de Alcor que prestan sus servicios de vigilancia en este centro.

Ante esta situación, los trabajadores han decidido entrar a trabajar con normalidad en este centro. La plantilla había convocado una huelga para esta semana como medida de protesta ante el comportamiento de la empresa adjudicataria del servicio que, según los sindicatos, adeuda a sus trabajadores 140.000 euros. Según los sindicatos, desde que Alcor se hizo cargo del servicio han sido continuos los problemas laborales de toda índole, sobre todo el económico, "engañando a sus trabajadores y al Principado y causando una reducción del 20 por ciento en los salarios".

La situación laboral y conflictividad entre trabajadores y dirección han llevado al Gobierno regional a tomar la decisión de no prorrogar a partir del próximo mes de noviembre el contrato que mantiene con la empresa Alcor, adjudicataria del servicio de seguridad en el Centro de Menores de Sograndio. El Principado ya resolvió un contrato similar para el centro de menores de Miraflores, del que también era adjudicatario Alcor Seguridad.


10 de abril de 2016

VALENCIA: Un hombre encañona con dos pistolas a los vigilantes de una discoteca de Dénia

El individuo, que había sido expulsado de la sala al provocar un altercado, fue detenido tras abandonar las armas en un parque infantil

Alta tras aparecer dos pistolas abandonadas en un parque infantil muy céntrico de Dénia. Localizadas por un empleado del servicio municipal de limpieza, las armas estaban relacionadas con un altercado provocado por un individuo en una conocida sala de fiestas del municipio.

Según fuentes municipales, sobre las 05.00 horas de la madrugada de ayer, se produjo una pelea en la discoteca situada en la calle Marqués del Campo de Dénia. Los vigilantes de seguridad expulsaron a la persona implicada y ésta, posteriormente, regresó al local armado con dos pistolas con las que encañonó a los guardias y a los asistentes con los que se encontró en su camino hacia el interior del local. Tras abandonar la sala, los vigilantes dieron aviso de lo sucedido a la Policía Nacional. Varios testigos apuntaron que el hombre había regresado a la discoteca conduciendo un coche de alta gama de la marca BMW de color negro en dirección contraria por la calle Marqués de Campo. Esa descripción, junto a la del sujeto, facilitó que los agentes de las fuerzas de seguridad iniciaran la búsqueda del autor de estos hechos.

Horas más tarde, en torno a las 09.30 horas, un barrendero encontró las dos pistolas en el parque infantil de la calle Elx. Tras el susto inicial, acudió a la farmacia Romany, situada frente de este jardín, y solicitó que avisaran a la Policía, que acudió de inmediato a la zona e intensificó la búsqueda tanto del coche como del implicado en el altercado nocturno. Fuentes próximas a la investigación explicaron que finalmente los agentes localizaron el coche en la calle Carlos Sentí y se procedió a la detención del hombre, de origen lituano. El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Policía Nacional de Dénia para su inspección.

9 de abril de 2016

La empresa de seguridad del AVE Madrid-Galicia obligaba a quien contrataba a firmar 20 folios en blanco

Alcor está siendo investigada por el Juzgado número 2 de Monforte de Lemos por ocho delitos diferentes, entre ellos fraude fiscal, falsedad documental o contra los trabajadores

Los directivos de la empresa de seguridad Alcor, que vigila los explosivos y las herramientas que se utilizan para construir el AVE Madrid-Galicia o la Y vasca, obligaban a los trabajadores a firmar entre una decena y una treintena de folios en blanco en el momento de la rúbrica del contrato. Así lo ha declarado un grupo de empleados el pasado 4 de marzo ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que investiga a la mercantil por ocho delitos en el marco de la causa que dirige el Juzgado número 2 de Monforte de Lemos (Lugo), localidad en la que está incardinada la sede central de la compañía.

Los declarantes aseguraron que cuando les llamaban para ocupar un puesto de vigilante de seguridad en la empresa, todos ellos se desplazaban a las oficinas de la sociedad, donde mantenían una entrevista con un directivo. Posteriormente, este último les obligaba a firmar, junto al contrato, un montón de folios en blanco. Según J. L. C. L., que ejerció como vigilante de explosivos en la construcción de la Y vasca, estas hojas eran utilizadas luego por la empresa para "coaccionar a los trabajadores" en caso de que estos expusieran alguna queja.

A. S. Z., por su parte, explicó a los investigadores que, cuando le pusieron delante los 20 folios en blanco, él se quejó y fue entonces cuando el directivo que le había entrevistado le respondió que "esta es la diferencia entre trabajar o estar en el paro". En la misma línea se manifestaron los empleados M. N. P. y J. C. E. H., que coincidieron en remarcar que era obligatorio rubricar las hojas para ser contratado. J. C. E H., además, declaró que los directivos de la compañía no le explicaron para qué eran esos folios y que él también firmó un documento que indicaba que "he recibido de la empresa Alcor Seguridad la cantidad de", pero que no ponía cifra ni fecha alguna al final. 

Uno de los declarantes señaló que cuando trabajó en las obras de la Y vasca, su jornada laboral "constaba de 24 horas diarias durante 15 días seguidos" Los declarantes también coincidieron en señalar las duras condiciones de trabajo a las que eran sometidos diariamente. En este sentido, J. L. C. L. afirmó que, durante el tiempo que trabajó en las obras de la Y vasca, su jornada laboral "constaba de 24 horas diarias durante 15 días seguidos" y que vivía "en una caseta de obra en condiciones infrahumanas e insalubres". Un testimonio similar ofreció A. S. Z., quien además detalló que la caseta no tenía más de ocho metros cuadrados y que en su última etapa en la mercantil llegó a trabajar durante 52 días seguidos 24 horas al día. "Estuve trabajando hasta 10 semanas seguidas sin librar", explicó J. C. E. H.

Varios vigilantes, como el propio A. S. Z. o M. N. P., aseguraron que los cuadrantes de trabajo se falseaban y que la dirección les obligaba a cambiar el tipo de letra y la firma para "simular ser otro" empleado y no parecer que trabajaban a destajo. A veces realizaban "12 horas en un puesto y las 12 horas siguientes en otro distinto" para maquillar los turnos. La empresa les asignaba dos números de código a cada vigilante, vinculados a dos firmas diferentes, que estos utilizaban alternativamente para pasar de un horario a otro. Según A. S. Z., la caseta tenía una ducha -construida por ellos mismos, añadió J. C. E. H.- y únicamente una silla para dormir. M. N. P. explicó que a veces ni siquiera disponían de caseta y que tenían que resguardarse en sus vehículos particulares, que luego hacían turnos para desplazarse hasta una caseta que no era suya, sino de los obreros, para asearse. "Durante los días de trabajo, vivía en la caseta de obra, donde disponía de algunos utensilios que los vigilantes traían para calentar sus comidas", relató J. C. E. H. Para dormir, continuó, "disponíamos de unas hamacas que nosotros mismos llevábamos o nos echábamos en nuestro vehículo particular".

Los declarantes también coincidieron en relatar que la empresa les obligaba a cobrar las horas extras previa entrega de facturas personales con el fin de que estas no fueran contabilizadas como horas extras, sino como dietas o gastos, con lo que la forma de tributar era diferente y, por lo tanto, beneficiosa en teoría para la mercantil, cuyos responsables están acusados nada menos que de delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, alzamiento de bienes, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, estafa y tráfico de influencias. "Para cobrar las horas extraordinarias, teníamos que presentar facturas de gastos personales", indicó J. L. C. L. Por su parte, J. M. J. C. añadió que tenían que poner siempre el CIF de la empresa. En la misma línea se manifestó A. S. Z., quien dijo literalmente que "el exceso de horas lo pagaban mediante talón bancario y excepcionalmente en metálico; para cobrarlo había que entregar facturas de gastos personales".

"El exceso de horas lo pagaban mediante talón bancario y excepcionalmente en metálico; para cobrarlo había que dar facturas de gastos personales" M. N. P. también confirmó la práctica generalizada: "Las horas extras no venían reflejadas en la nómina, solían pagarse mediante talón, firmando en el momento un recibí que contenía los campos en blanco y en el que no constaba cantidad alguna; para cobrar, nos exigían presentar facturas de gastos personales con el CIF de la empresa". Este último vigilante admitió que "en muchas ocasiones no pudo justificar todas las horas extraordinarias" debido a esta compleja metodología, lo que provocó que se quedara sin cobrar un montón de dinero que reclamó vía judicial.

Según J. C. E. H., las facturas que presentaban los empleados para poder cobrar las horas extras que habían echado eran de muy "diversa índole". En concreto, había facturas de gasolina, compras de útiles personales en supermercados, comidas en restaurantes, mobiliario que la familia de los vigilantes adquiría para sus propias casas y un sinfín de artículos que nada tenían que ver con la actividad de la empresa. Durante su declaración, además, M. N. P. entregó a la Policía copia de un certificado de asistencia a un curso de guías caninos que estaba expedido a su nombre y que había sido impartido por el Centro de Estudios Serramar. Según el vigilante, sin embargo, el documento estaba falsificado, pues la firma no era suya.

El pasado jueves, decenas de extrabajadores de Alcor, convocados por la Unión Sindical Obrera (USO), cuya denuncia dio origen a la actual investigación judicial, se concentraron ante al Juzgado número 2 de Monforte de Lemos para protestar contra las condiciones laborales que imponía la mercantil. La manifestación tuvo lugar frente al juzgado debido a que en ese momento estaba el presidente de la empresa, Carlos Somoza, asistiendo a la apertura de una caja fuerte que la Policía intervino en el registro de la sede de Alcor. La caja, sin embargo, resultó no contener ningún elemento relevante.

8 de abril de 2016

Las agresiones a funcionarios de las oficinas de empleo suben un 56% en 2015, según CSIF

En un 24,6% de los casos ha intervenido la empresa de seguridad, en un 10,5% las fuerzas de orden público y en un 18,8%, tanto la empresa de seguridad como los cuerpos de seguridad. Por otro lado, el CSIF ha comprobado que tres de cada diez oficinas carecen de personal de vigilancia. Destaca el caso concreto de Segovia que, pese a considerarse una oficina crítica (por falta de espacio, privacidad, etc) no cuenta con vigilante.

Los funcionarios que atienden a los parados en las oficinas de empleo sufren prácticamente un caso diario de amenazas y agresiones físicas, según datos recogidos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Sufrieron casos de violencia (física o verbal) 326 funcionarios (208 en 2014). Dos de cada tres agresiones van dirigidas a mujeres empleadas en el SEPE. Los funcionarios de prisiones sufrieron 140 agresiones el año pasado

El alto nivel de paro en España convierte a las oficinas de empleo en "uno de los puntos calientes" y son el único departamento que cuenta con un protocolo que contabiliza de manera sistemática estos casos, detalla el CSIF. A lo largo de 2015 se registraron 326 casos, un 56% más que en 2014, cuando se contabilizaron 208. Los datos oficiales muestran también que la mayoría de las agresiones van dirigidas a las mujeres (un 66%). Asimismo, en un 24,6% de los casos ha intervenido la empresa de seguridad, en un 10,5% las fuerzas de orden público y en un 18,8%, tanto la empresa de seguridad como los cuerpos de seguridad.

De las comunicaciones recibidas, el informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) muestra que un 76,6% de los trabajadores han sufrido agresiones verbales (insultos, amenazas, gritos), un 2,8% físicas (golpes en la mesa, arrojo de objetos), un 0,3% golpes al trabajador, un 3,7% agresión verbal y física (hacia el trabajador) y un 16,6% verbal y física (mobiliario). Como consecuencia de estas situaciones, algunos empleados sufren "situación de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas", denuncia el CSIF.

Más incidentes en Barcelona, Zaragoza, Madrid, Málaga y Tarragona En el ámbito específico del SEPE, se observa como los incidentes han ido en aumento desde 2012. Por provincias, las Direcciones Provinciales que han realizado más comunicaciones a lo largo del 2015 han sido Barcelona, Zaragoza, Madrid, Málaga y Tarragona. Por otro lado, el CSIF ha comprobado que tres de cada diez oficinas carecen de personal de vigilancia. Destaca el caso concreto de Segovia que, pese a considerarse una oficina crítica (por falta de espacio, privacidad, etc) no cuenta con vigilante. En lo que se refiere a Instituciones Penitenciarias, a lo largo de 2015, se han producido al menos 140 agresiones y en los últimos diez años, la cifra se eleva a más de 2.000 incidentes.

A esta cifra habría que añadir los casos que se producen en ámbitos como la Seguridad Social, Médicos evaluadores, la Inspección de Trabajo, las encuestas presencial del Instituto Nacional de Estadística o los examinadores de tráfico. En total, los funcionarios de la Administración General del Estado de atención presencial al público habrían sufrido medio millar de agresiones el año pasado. Una cifra que se incrementará en 2016 después de la entrada en vigor de un protocolo que obliga a contabilizar todos los casos.

7 de abril de 2016

El I Congreso de Seguridad Privada de Galicia reúne a más de 200 profesionales en A Estrada

Menor considera este encuentro como un avance en la implementación de un ámbito de colaboración entre este sector y la Administración

La celebración del I Congreso de Seguridad Privada de Galicia reunió ayer en A Estrada, en las instalaciones de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), a más de 200 profesionales de este sector. El director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, fue el encargado de inaugurar la jornada. Durante su intervención, consideró que este congreso autonómico constituye un avance muy importante en la implementación de un ámbito de colaboración entre los profesionales de la seguridad y la Administración. El encuentro contó con la colaboración de asociaciones de seguridad privada como Aproser, Asemsega y Aesga.

Tras destacar que la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de cualquier sociedad y que la administración pública ha de satisfacer la demanda que en esta materia planteen los ciudadanos, Luis Menor recordó que desde 2012 la Agasp es centro autorizado por el Ministerio del Interior para la actualización y entrenamiento profesional del personal de seguridad privada. El director xeral estuvo acompañado durante el acto de inauguración por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, el comisario jefe de la Policía Autonómica, Silverio Blanco, y diversos representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El subdelegado del Gobierno destacó durante su turno de palabra que esta es la primera vez que se diseña un congreso de este tipo en la comunidad gallega. Puso el acento en su importancia. "En la seguridad privada os enfrentáis a nuevos retos que deben ser conocidos y examinados exhaustivamente, como la función de los guardias particulares de campo ante la nueva ley de seguridad privada o la videovigilancia", señaló. Antonio Coello se dirigió a los profesionales de este sector e incidió en que su trabajo "es fundamental como aliados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". "Sin vosotros, no podríamos conseguir que Pontevedra fuese una provincia segura y, por extensión, la comunidad autónoma de Galicia", añadió.

Bajo el título de Os novos retos da seguridade privada, el congreso celebrado ayer en A Estrada se desarrolló en horario de mañana y tarde. En la sesión matutina se abordaron cuestiones como la Ley de Seguridad Privada, las nuevas herramientas para la elaboración de los planes de emergencia y evacuación y la afectación de derechos fundamentales por parte de actividades de seguridad privada, con especial atención a la videovigilancia y al uso de cámaras fijas y móviles. Ya por la tarde, los participantes en este congreso tuvieron ocasión de asistir a dos mesas redondas. La primera de ellas giró en torno al papel de los guardias particulares de campo ante la nueva Ley de Seguridad Privada y su papel preventivo medioambiental. La segunda se centró en la colaboración y coordinación entre seguridad pública y seguridad privada. Antes de la clausura del congreso hubo tiempo para la exposición de conclusiones de la jornada.

El Tribunal Supremo rechaza que los vigilantes de seguridad privada en Cataluña se identifiquen en catalán

El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del artículo 1 de la Orden de la Generalitat de Cataluña, de 17 de enero de 2012, que estableció que el distintivo de los vigilantes de seguridad privada que ejercen sus funciones en dicha comunidad autónoma debía estar escrito en catalán, es decir, como 'vigilant de seguretat' o 'vigilant d’explosiuis'.

El Supremo ha examinado si la previsión contenida en el artículo primero de la orden, según la cual en el distintivo de los vigilantes de seguridad que ejercen sus funciones en Cataluña “en la parte superior del anverso del distintivo tiene que figurar la expresión en catalán 'vigilant de seguretat' o la de 'vigilant d´explosiuis', según corresponda”, está o no amparada por las competencias lingüísticas que ostenta la Generalitat en virtud de la previsión contenida en el artículo 6 del Estatuto de Cataluña. El Alto Tribunal rechaza el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJ de Cataluña, de 27 de diciembre de 2013, que estimó un recurso de la Delegación del Gobierno en Cataluña y anuló dicho artículo 1 de la orden.  El Supremo recuerda que el Estado tiene competencia exclusiva para regular la prestación de servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal, al formar parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29 de la Constitución.

El 1 de febrero de 2011, el Ministerio del Interior dictó una orden sobre personal de seguridad privada, en cuyo Anexo IX se dispone en cuanto a la forma de sus distintivos que “1. El distintivo será de forma ovalada y apaisada, de 8 centímetros de ancho por 6 centímetros de alto, en fondo blanco, conforme al modelo contenido en este anexo. En la parte superior del anverso figurará la expresión de 'vigilante de seguridad' o 'vigilante de explosivos', debiendo llevar grabado en la parte inferior el número de la habilitación. Las letras y números serán de color rojo”.  La sentencia añade, en relación a la actividad de los vigilantes de seguridad privada, que “ni se trata de una actividad administrativa ni una empresa pública o concesionaria de un servicio público, sino una actividad complementaria y subordinada respecto a las de seguridad pública prestada por empresas privadas”.

Según los magistrados “la Generalitat carecía de competencia sectorial para regular la actividad de seguridad privada y tampoco por razón de su competencia en materia lingüística podía incidir en esta materia, ajena por completo al uso y normalización del catalán en los términos fijados por la ley catalana de normalización lingüística y mucho menos para sustituir los distintivos fijados por la normativa estatal por una regulación que pretende desplazar el uso del castellano, tal y como dispone la norma estatal al regular los distintivos de los vigilantes de seguridad privada, por su versión en catalán”. En ese sentido, recuerda que la orden de la Generalitat “prescinde de la utilización del distintivo en castellano para implantar tan solo la identificación de los vigilantes privados en catalán”. 

“En este caso”, subraya el Supremo, “no se trata de regular la cooficialidad del uso del catalán sino simplemente de sustituir la placa identificativa de tales vigilantes, redactada en castellano, por su versión en catalán, sin que tal previsión tenga acomodo en las disposiciones legales sobre normalización lingüística antes reseñadas”.

6 de abril de 2016

SEVILLA: La Guardia Civil propone vigilancia privada en los juzgados los fines de semana

La Guardia Civil ha propuesto a la Consejería de Justicia e Interior que sea una empresa de vigilancia privada la que se encargue de custodiar los juzgados sevillanos que se encuentran abiertos durante los fines de semana, una propuesta que de salir adelante implicaría que los agentes de la Benemérita no vigilarían estas sedes judiciales durante sábados y domingos. 


Fuentes del departamento que dirige Emilio de Llera informaron de que la Guardia Civil ha remitido un documento en el que le propone que sea una empresa de vigilancia privada la que se encargue de la custodia de estos juzgados desde las 23:00 del viernes hasta las 23:00 del domingo. La Consejería de Justicia e Interior tiene firmado un convenio con el Ministerio del Interior para la vigilancia de los edificios judiciales por parte de la Guardia Civil, que ha realizado esta propuesta a fin de racionalizar los efectivos. Por el momento, la Consejería se encuentra "estudiando" la propuesta.

5 de abril de 2016

GIJÓN: Vigilantes de seguridad de centro comercial descubren a mujer vendiendo hachís y ansiolíticos a jóvenes


La mujer, de 32 años, aseguró desconocer que era ilegal y apuntó que solo comerciaba con las pastillas que le sobraban a su marido.

Una mujer de 32 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional por vender hachís y comprimidos de Metasedin y Trankimazin en los pasillos de un centro comercial de la ciudad. Fueron los vigilantes de seguridad quienes se dieron cuenta del extraño comportamiento de una mujer a la que se acercaban jóvenes con los que intercambiaba algún producto por dinero. Además, los jóvenes abandonaban el centro comercial sin realizar ninguna compra.

Los policías comprobaron que la mujer vendía comprimidos de tranquilizantes y ansiolíticos, así como hachís. En el momento de la detención, le fueron intervenidos 410 euros en efectivo, dos barras de hachís, comprimidos de Metasedin y un bote vacío de Trankimazin. La mujer manifestó que desconocía la ilegalidad de su conducta y que se limitaba a vender los comprimidos que le sobraban a su marido. No obstante, los agentes comprobaron que la mujer tenía antecedentes por amenazas y lesiones.

FUENTE: elcomercio.es AQUÍ

HUELVA: Detenido en Punta Umbría por venta de drogas a jóvenes portugueses que participan estos días en un festival

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La central operativa de la Guardia Civil 062 se recibió una llamada por parte de la seguridad privada contratada por la organización de dicho evento, comunicando que habían observado como tres personas con una actitud sospechosa se dirigían de forma continua a los jóvenes allí presentes y se desplazaban por el recinto habilitado al efecto montados en bicicletas

Según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, el dispositivo se llevó a cabo sobre las 23.00 horas del pasado 29 de marzo durante la celebración del ‘Festival Village’ de Punta Umbría, en el que esta semana unos 8.500 estudiantes preuniversitarios portugueses celebran el final del curso, cuando en la central operativa de la Guardia Civil 062 se recibió una llamada por parte de la seguridad privada contratada por la organización de dicho evento, comunicando que habían observado como tres personas con una actitud sospechosa se dirigían de forma continua a los jóvenes allí presentes y se desplazaban por el recinto habilitado al efecto montados en bicicletas.

Inmediatamente desde la central se envió a varias patrullas de las que participan junto a la Policía Local del municipio y con la seguridad privada del evento en el operativo especial para la prevención de la delincuencia, así como para evitar el consumo y tráfico de estupefacientes, debido a la gran concentración de personas que asisten al citado espectáculo, a la zona donde estas personas fueron vistas para comprobar si pudieran estar realizando alguna actividad ilícita. Una vez allí los agentes localizaron a tres varones cuyas características físicas coincidieron con las aportadas por los vigilantes de seguridad, y al notar éstos la presencia policial emprendieron la huída, dos por una parte y el tercero en solitario.

Alcanzados los dos varones fueron identificados y, una vez inspeccionadas sus pertenencias, los agentes no hallaron ningún tipo de sustancia estupefaciente. Sin embargo al tercer varón, una vez interceptado, tras conocer su filiación y proceder a examinar un bolsito que portaba, le fueron halladas nueve bolsas de plástico con hachís en su interior, dispuestas para su venta y 10.50 euros, procediendo a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

SEVILLA: 06/04/16 Concentración por la colocación de geolocalizadores personales en Renfe Operadora



4 de abril de 2016

La seguridad privada a debate en el Senado

Julio Cruz (PSOE) pregunta en el Senado por el “afán privatizador del PP también en materia de seguridad”

El senador del PSOE acusa al Gobierno de Rajoy de "imitar las políticas de Aznar: recortes en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para destinar más recursos a la seguridad privada". Recuerda que empresarios y colectivos ciudadanos del sur de Tenerife han alertado de la situación de inseguridad que sufre la zona, "pero el Ejecutivo del PP se resiste a mejorar las condiciones de trabajo de Guardia Civil y Policía Nacional.

El senador del PSOE por la Comunidad Autónoma de Canarias, Julio Cruz, ha registrado una serie de iniciativas en la Cámara Alta encaminadas a que el Gobierno de España informe de los motivos por los que ha recortado en recursos humanos y materiales en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “Es necesario que explique su afán privatizador también en materia de seguridad”, sostiene. Cruz afirma que en estos más de cuatro años de Gobierno del PP, “se ha regresado a la tendencia marcada en su día por José María Aznar: defensa de la seguridad privada en detrimento de la pública, es decir, penosa apuesta por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. Como recuerda, organizaciones empresariales y colectivos ciudadanos del sur de Tenerife “han alertado en los últimos meses de la situación de inseguridad que sufre la zona, que se ha ido agravando a medida que han transcurrido estos cuatro años: oleadas de robos, amenazas, ataques con violencia…”.

Lamenta que, frente a ello, el Gobierno del PP “haya optado por recortar en recursos materiales y humanos”. En este punto, subraya que el PSOE “quiere reconocer y poner en valor el trabajo encomiable que desarrollan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y está con ellos en sus demandas, pues resulta vergonzoso que estos profesionales tengan que pagar con dinero de sus bolsillos material totalmente necesario para poder desarrollar su labor con garantías y seguridad”. Julio Cruz hace hincapié en que el PP “no cree en lo público, tampoco en seguridad”. Asegura que estas críticas “no responden a una cuestión política, pues hemos visto alcaldes y alcaldesas de todos los partidos mostrar su preocupación por la situación que se da en el sur de Tenerife”. Señala que los datos de los que se dispone apuntan a que en los últimos cuatro años se ha ido produciendo una reducción paulatina de plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en toda Canarias.

Explica que cuando Aznar entró en el Gobierno, la seguridad privada contaba con 10.000 agentes en España, “y alcanzó los 130.000 al finalizar su último mandato, la misma cifra en que disminuyó la seguridad pública”. Advierte de que el PP “ha creado una seguridad para quien pueda pagarla, pese a tratarse de un servicio público y una responsabilidad del Gobierno que se debe prestar a toda la ciudadanía”. El senador autonómico remarca que el PSOE “insistirá cuanto sea necesario en las Cortes para que en Canarias se recuperen los recursos humanos y materiales en materia de seguridad de los que se disponía antes de la llegada de Rajoy a la Moncloa”.

3 de abril de 2016

CÁDIZ: Un vigilante de 60 años sufre una brutal paliza en el polígono de Campamento

El hombre, que reside en San Roque, tuvo que ser hospitalizado La Guardia Civil investiga el móvil de la agresión

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras investigan la agresión de un ciudadano de unos 60 años la tarde del viernes en el polígono industrial de Campamento. El hombre trabaja como vigilante de seguridad y reside en San Roque desde hace años, aunque es natural de La Línea. 

Según fuente oficiales a las que tuvo acceso Europa Sur, el hombre recibió una fuerte paliza por parte de varias personas por lo que tuvo que ser hospitalizado en el hospital de La Línea. El suceso se produjo alrededor de las 14:00 horas, cuando los servicios de Emergencias del 112 reciben una llamada alertando de que una persona estaba malherida y sangraba en el polígono de Campamento. Así, se dio aviso a la Policía Local de San Roque y a la Guardia Civil, quien se hizo cargo de la investigación. También se avisó a los servicios sanitarios que le realizaron las primeras curas en el lugar de los hechos y posteriormente, le trasladaron al hospital linense. 

La familia del agredido interpuso una denuncia ante la Guardia Civil y se abrió una investigación, que está en curso para detener a los autores, que según pudo saber este periódico pertenecen a una banda conocida en La Línea. Los agentes a cargo de la investigación tratan de dilucidar los motivos por los que se produjo la brutal agresión, no se descarta el móvil del robo, si bien no se les sustrajeron ni dinero ni objetos de valor. La Comandancia informará de los detalles de la operación una vez se cierre la investigación.

2 de abril de 2016

AVILÉS: RMD Seguridad se hace con la vigilancia del hospital San Agustín

El grupo sevillano RMD Seguridad se hará cargo del servicio de vigilancia del Área Sanitaria III a partir de mediados de abril. Ha sido la empresa propuesta por la mesa de contratación para la adjudicación del contrato tras haber presentado la oferta más baja de las cuatro firmas que participaban en el proceso.

RMD ofreció 16,20 euros por hora, una cifra más baja que la del resto de concursantes. Los precios, en todos los casos, estaban por debajo de los 17 euros, y el más alto de los cuatro presentados fue el de Baster Martín, que ofertó 16,60 euros. La compañía que actualmente presta el servicio, Prosetecnisa, propuso el segundo precio más alto, con 16,45 euros la hora, mientras que la cuarta en liza, Sabico Seguridad, se presentaba con 16,26 euros. La mesa considera que los precios son ajustados y no incurren en valores «anormales ni desprorcionados».

De acuerdo con las previsiones del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, RMD debería entrar en el San Agustín y el resto de centros sanitarios de la comarca antes del 18 de abril, fecha en la que finalizaría el actual contrato puente que fue adjudicado, después de una larga polémica, a Prosetecnisa.

1 de abril de 2016

Denuncian que el sindicalista de Prosegur trabaja aunque tiene incapacidad permanente

La Central Sindical Obrera Independiente (CSOI) ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que Antonio Duarte, secretario general de FTP-USO, está realizando labores de gerencia y coordinación a nivel nacional e internacional para la citada entidad, a pesar de tener reconocida una incapacidad permanente absoluta para trabajar.

CSOI denuncia ha comunicado a la Inspección de Trabajo que Antonio Duarte, sindicalista de FTP-USO y liberado de Prosegur, está trabajando a pesar de tener reconocida una incapacidad permanente absoluta para trabajar. Además, CSOI critica que en 2012 se le concediera la Cruz al mérito policial con distintivo blanco a Duarte, a pesar de "haber sido imputado dentro de la investigación Zeta" y "acreditado el uso fraudulento de un vehículo y partidas económicas por parte del sindicato que le nombró Secretario General en USO".

Incluso denuncia que "estos supuestos hechos, permiten que las empresas líderes del sector (Prosegur y Securitas, fundamentalmente) gocen del beneplácito del sindicato evitando investigaciones y denuncias por parte del mismo, justo lo contrario que le sucede a empresas del sector que, al no ceder a las pretensiones de este sindicato, se ven abocada a soportar inspecciones y seguimientos de todos los organismos del Estado: Seguridad Social, Hacienda, Policía, Guardia Civil…", basadas en denuncias de FTP-USO, muchas de las cuáles al final quedan en nada.

CSOI acusa a empresas como Prosegur y Securidas de "comprar" a los delegados sindicales permitiéndoles más horas libres de las que les corresponden. CSOI acusa a empresas como Prosegur y Securitas de "comprar" al sindicato con horas de representación sindical, permitiendo a los delegados disfrutar de 29.000 horas, cuando en realidad sólo les corresponden 8.000. En consecuencia, la Central Sindical solicita a la Policía Nacional que se realice un seguimiento de estos presuntos hechos fraudulentos, que se refieren a las horas de representación sindical, a fin de evitar el uso partidista e interesado de las instituciones del Estado.

Antonio Duarte se enfrenta a una querella por falsedad documental Además, el juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid ha admitido a trámite una querella interpuesta por la empresa Alcor Seguridad S.L. contra Antonio Duarte, secretario general de FTP-USO, por presunto un presunto delito de falsedad documental. El demandante solicita la detención o prisión provisional del responsable sindical de la empresa Prosegur, además de 10.000 euros por daños y perjuicios, así como una fianza del mismo importe o el embargo de sus bienes. El demandado fue citado a declarar el pasado 15 de marzo pero no se presentó ante el juez argumentando que tenía una asistencia a un congreso, según las fuentes consultadas.