Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de octubre de 2017

CÁDIZ: Vigilante de seguridad sorprende a individuos sustrayendo material del depósito de vehículos de San Roque


Un detenido y dos investigados tras el robo en un depósito judicial de vehículos de San Roque 

Guardias civiles pertenecientes al Puesto Principal de San Roque de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) y policías locales de esta localidad han detenido a una persona y e investigado a dos más como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas en el interior de un depósito judicial de vehículos.

Los hechos tuvieron lugar en estas instalaciones de San Roque, donde un vigilante de seguridad detectó la presencia de varias personas que estaban sustrayendo material para introducirlo en un turismo y que al verse sorprendidos huyeron y abandonaron el lugar. En la inspección ocular realizada por la Guardia Civil comprobaron que habían accedido al interior tras cortar la alambrada del perímetro del recinto y una vez dentro sustrajeron diez capotas de motores fueraborda de embarcación de 300cv, cuatro asientos de motos de agua y un motor fueraborda de 25 c.v, todo ello valorado en 25.000 euros.

Como resultado de las investigaciones realizadas y del visionado de las cámaras de seguridad pudieron ser identificados los autores, siendo uno de ellos detenido en Algeciras y los otros dos puestos a disposición judicial en calidad de investigados. De los hechos se instruyeron las correspondientes diligencias, que en unión del detenido e investigados así como efectos recuperados fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

ALICANTE: Vigilante de seguridad colabora en la desarticulación de un punto negro de venta de droga


Una identificación en la vía pública que culminó con la incautación de una importante cantidad de droga

La operación se llevó a cabo por el Grupo de Respuesta de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Alicante. Los agentes sorprendieron al arrestado en el parking de un centro comercial consumiendo cocaína tras el aviso a la sala del 091 por parte de un vigilante de seguridad que informaba de los hechos.

La rápida intervención del Grupo de Repuesta permitió el arresto de un traficante especializado en comercializar con hachís al menudeo y la desarticulación de un punto negro de venta de droga en la ciudad de Alicante.

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 26 años en posesión de más de 4 kilos hachís durante una identificación en la vía pública. Tras identificar al sujeto, los policías registraron el vehículo, y fue allí, escondido en un recoveco del mismo en donde estaba escondida la droga, tres fardos de hachís con un peso superior a los cuatro kilos. Además de los paquetes con el hachís, se le intervino marihuana, varias dosis de cocaína y 100 gramos de sustancia de corte. La intervención de los agentes permitió el desmantelamiento de un punto negro de venta droga al menudeo, pues el destino final de droga era abastecer a consumidores habituales de hachís Además, y también dentro del turismo, se encontró más de 100 gramos de sustancia de corte, 136 gramos de marihuana y varias dosis de cocaína perfectamente envueltas y preparadas para la venta.


MADRID: Otoño caliente en Barajas: los vigilantes de Prosegur convocan huelga los 'findes'


"Hay gente que se tira todo el día sin comer o sin ir al baño porque no hay relevos", denuncian los sindicatos

Los sindicatos comunicarán hoy al Ministerio de Empleo las fechas de paros parciales previstos en el aeropuerto. La plantilla denuncia "caos organizativo" y estrés. "No podemos ni ir al baño"


Colas a la vista en Barajas. Los 750 vigilantes de Prosegur están llamados a la huelga todos los sábados y domingos a partir del 11-12 de noviembre como respuesta al "caos organizativo" de la empresa. Los sindicatos han convocado varios paros parciales de una horacada día en los controles de equipajes, anticipando así tiempos de espera como los vividos este verano en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde sigue operando la empresa Eulen.

En este caso, el escenario es idéntico (en Madrid, eso sí) pero los motivos y la compañía implicada son distintos. Tras varios actos de mediación infructuosos entre los representantes sindicales y la empresa, los primeros han optado por formalizar la convocatoria de huelga comunicándola al Ministerio de Empleo hoy mismo. "Lo hemos hecho para respetar los plazos legalmente establecidos (10 días de antelación). La compañía ha tenido tres meses para cumplir el acuerdo que firmó en julio", explica Ángel García a este periódico. El representante de UGT en el comité de empresa de Prosegur denuncia "importantes lagunas" en temas organizativos, lo que lleva a situaciones de estrés entre los trabajadores.

García se refiere al acuerdo por el que la subcontrata de Aena aprobó una subida salarial de 60 euros al mes en verano y se comprometió a repensar el modelo para que los empleados dejen de tener problemas con los turnos. La empresa ha cumplido lo primero pero no lo segundo, pues "sigue habiendo gente que se tira todo el día sin comer o sin ir al baño porque no hay relevos", sostiene UGT. Prosegur prefiere no hacer comentarios. El problema está en los códigos que los vigilantes necesitan para optrar tanto en el escáner de equipajes como en el arco de seguridad de Madrid-Barajas. Quien no lo tiene, no puede sentarse frente a la pantalla y tampoco tiene derecho a cobrar un plus de 200 euros mensuales que sí perciben sus compañeros. Por tanto, las 'idas y venidas' de empleados con código obligados a abandonar su puesto para asistir al de al lado son constantes.

Según los sindicatos, Prosegur se comprometió a extender la formación necesaria para otorgar el código a más trabajadores para evitar tanto los problemas organizativos como las "peleas internas", extremo que no ha cumplido a día de hoy. Tampoco ha publicado -ni respeta- los protocolos específicos de prevención de riesgos laborales, donde se establece que la plantilla tiene derecho a cinco minutos de descanso cada 60 minutos. Es más, "controlan incluso el tiempo para ir al baño" y no censuran actitudes como la de un jefe de equipo que se lo impidió a su subordinada.

Otra de las claves que sirvió para evitar movilizaciones en verano es la realización voluntaria de horas extra y de jornadas superiores a nueve horas, algo que tampoco se está cumpliendo. UGT interpuso, por tanto, una demanda de ejecución ante el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid para que Prosegur cumpla la totalidad del acuerdo bajo amenaza de huelga. Los primeros actos de mediación, en los que no ha participado Aena, han concluido sin éxito. El gestor aeroportuario se mantiene a la espera para ver cómo evolucionan los acontecimientos pero descarta entrar en las reuniones, como confirma a este periódico. Por lo pronto, los primeros paros parciales están convocados para el fin de semana del 11 y 12 de noviembre. Los representantes de los trabajadores amenazan con extenderlos a diciembre -con puentes incluidos- o incluso a navidades si la empresa no da su brazo a torcer.

PAMPLONA: Vigilante de seguridad pilla "in fraganti" a dos hombres robando chatarra en una empresa en Landaben



Precisamente fue el vigilante de seguridad de la empresa el que les dio el alto y les obligó a descargar el material robado.

Dos personas, de 23 y 26 años, han sido detenidas por la Policía Municipal en Pamplona por robar material en el interior de una empresa del polígono de Landaben. La Policía ha decomisado del vehículo de los detenidos un hacha y una navaja que usaban para cometer sus fechorías.

Según relata el propio Cuerpo policial a través de un comunicado, dos hombres se introdujeron en una de las factorías para coger chatarra sobre las 22.40 horas de la noche de este pasado lunes. La Policía Municipal, que se personó en la empresa tras la llamada del empleado, identifico a ambos hombres y les decomisó una navaja y un hacha que llevaban en el vehículo y que, al parecer, usaban para acceder a otros locales en los que robar chatarra.

30 de octubre de 2017

Inician una campaña de devolución de cuotas como protesta por la situación en la que se encuentra la seguridad privada

#devuelve_tu_cuota #noterepresentan 

Demasiadas trabajadoras y trabajadores viven situaciones dramáticas de precariedad laboral, mientras las grandes centrales sindicales CCOO, UGT y USO se desentienden de este problema.

Necesitamos medidas urgentes en legislación laboral, necesitamos estabilidad y salarios dignos que nos permitan sobrevivir. Si estas organizaciones sindicales no quieren representarnos entonces dejemos de pagarles, iniciemos una campaña de devolución de cuotas y de persistir en su apatía e inacción, comencemos a confirmar nuestra baja como afiliados y afiliadas. 

Acudid a vuestra oficina bancaria y dar orden de que devuelvan el último recibo cobrado de vuestro sindicato. Esta acción no significa la baja de la organización, pero será una pérdida de ingresos para ellos y un primer aviso. No esperéis más, hacedlo hoy mismo y que comprendan para quién trabajan.

OURENSE: vigilante de seguridad localiza a un hombre sin vida desaparecido el pasado Domingo

Localizado sin vida el hombre de 70 años que había desaparecido el pasado domingo

El vigilante de la presa de Velle dio la voz de alarma después de ver el cuerpo flotando -La descripción y ropa coincide con la del momento de su desaparición

El cuerpo sin vida del vecino el barrio ourensano de As Lagoas Serafín Conde Bande, de 70 años, desaparecido desde el pasado domingo, fue encontrado en la presa de Velle, y según las primeras hipótesis que barajan fuentes de la investigación policial es que se trate de un suicidio. Fue el vigilante de seguridad de la presa de Velle el que dio la voz de alarma al 112 después de ver flotando un cadáver en aguas del río Miño, al lado del club de piragüismo. Fue entonces cuando se trasladaron a ese lugar efectivos de la Policía Nacional y Local así como de bomberos.

El cadáver ha sido trasladado desde el lugar en el que ha aparecido para tomarle las huellas dactilares y extraer muestras de ADN con las que poder identificar los restos mortales. Según ha podido saber este periódico y a falta de la confirmación de la autopsia, la vestimenta y la descripción aportada el día de su desaparición coincidirían con las de Serafín Conde. El operativo que lo estaba buscando desde el pasado miércoles, después de que la familia diese la voz de alarma, no había encontrado pista alguna, después de realizar diferentes inspecciones por los lugares que solía frecuentar.

Serafín Conde salió de su casa, donde vivía solo, a dar un paseo por los alrededores del río Miño y la zona de A Lonia. Supuestamente sin cartera ni teléfono, solamente con las llaves de su domicilio. Era algo que hacía habitualmente, pero el pasado domingo no regresó a su domicilio, lo que llevó consigo la preocupación de la familia de que le hubiese pasado algo. Serafín Conde es el viudo de la profesora de Historia Medieval e Investigadora del Campus de Ourense, Mercedes Durany que falleció en 2015.

ALMERÍA: Sancionadas por una infracción grave en la muerte de un vigilante de seguridad en Níjar en 2016

J. J. G. murió en un accidente en la planta de Michelín por un socavón sin una correcta señalización

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sancionado a Michelín y a la subcontrata Mayfra Obras y Servicios por la comisión de una infracción “grave” en la muerte de un trabajador en un accidente registrado en la planta de la empresa francesa en Níjar.

J. J. G. era miembro del equipo de seguridad de las instalaciones y contaba con una amplísima experiencia profesional (estaba a solo unos días de la jubilación). La madrugada del 25 de diciembre de 2016 se estrelló con un vehículo en un socavón de unos 11 metros de longitud y medio metro de profundidad en una pista de este centro de alta tecnología. J. J. G. perdió la vida aquella noche y un compañero identificado como J. A., perteneciente a una conocida empresa de seguridad privada, resultó herido grave tras el impacto del automóvil contra el talud.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social abrió una investigación sobre el suceso y sanciona ahora a las dos empresas por una inadecuada señalización de los riesgos de la abertura en el terreno, convertida en una trampa para los empleados J. J. G y J. A. Michelín es la titular de las instalaciones de Níjar, fuertemente protegidas contra el espionaje industrial, mientras Mayfra Obras y Servicios era la encargada de la excavación en la vía.

Prevención de riesgos La resolución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social afirma que la puerta de entrada a las pistas estaba abierta y, aunque existía un cartel genérico de advertencia de obras, no se tomaron las medidas preventivas suficientes para alertar del peligro. “Si los trabajadores hubieran sido informados de los riesgos derivados (...) no hubieran accedido a la pista”, señala el expediente.

El documento habla de una “falta de señalización” del peligro y de “una deficiente coordinación de las actividades empresariales en materia preventiva”, ya que los afectados entraron en el terreno sin consciencia de la existencia de una abertura de tal dimensión. De hecho, según la investigación, el vehículo ni siquiera frenó y se topó trágicamente contra el talud aquella noche del 25 de diciembre de 2016, sobre las cinco de la madrugada. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social multa a Michelín con 4.000 euros y a Mayfra Obras y Servicios con 6.000 euros, según la resolución de la Dirección Provincial de Almería. Además, dispone un recargo del 30 por ciento en las posibles indemnizaciones a los afectados (para el herido y para los herederos de J. J. G.).

Archivo y recurso Ahora bien, la importancia del documento va más allá y radica fundamentalmente en su influencia en el proceso judicial sobre las presuntas responsabilidades penales en este suceso. El Juzgado de Instrucción número Uno de Almería ordenó el archivo de la causa tras recibir el informe de la Guardia Civil sobre el accidente mortal de 2016. Los agentes aseguraban en sus atestados que los trabajadores no llevaban cinturón de seguridad puesto y circulaban a una velocidad excesiva. Sin embargo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aporta ahora nuevos elementos de juicio tras considerar que las medidas de alerta eran insuficientes y que J. J. G. y J. A. desconocían la presencia de un socavón en la pista, a pesar de contar con permiso para acceder a las instalaciones dentro de sus funciones y, por tanto, estar expuestos a contingencias en el interior. El archivo de la causa está recurrido ante la Audiencia Provincial de Almería, que deberá decidir ahora si confirma el cierre del caso u ordena reabrir la investigación judicial.

La nueva ley de contratos públicos frenará los acuerdos a la baja de empresas 'low cost' con la Administración

A partir de ahora deberán desagregarse por categoría los costes salariales, partiendo de los estipulados en convenio

La transposición de una directiva europea debería acabar con la práctica de licitar contratos por cantidades que ni tan siquiera cubren los costes salariales establecidos en los convenios colectivos


Vigilantes de seguridad de ministerios y organismos del Estado con salarios por debajo de lo que marca el convenio colectivo, huelgas por impago del personal de las cafeterías del Palacio de la Moncloa... los trabajadores que prestan sus servicios en las sedes del poder padecen en ocasiones condiciones de trabajo temerarias que llegan a bordear lo ilegal, o a sobrepasarlo. Toda la contratación pública en España se ha visto afectada por ofertas a la baja exclusivamente basadas en criterios económicos. En un contexto de recortes y de crisis económica, las Administraciones han presupuestado concursos por precios reducidos, y los han concedido a la oferta más económica. A veces, como ocurrió con la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, nada más ganarla algunas de las empresas plantearon un ERE entre sus empleados que provocó que fueran a la huelga. 

Un panorama que podría cambiar con la nueva Ley de Contratos Públicos, aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados, y que transpone –con retraso– una directiva europea. Con la nueva norma no deberían darse casos como los de Marsegur, una empresa de seguridad privada "low cost" empleada, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, y que afronta cientos de demandas. También podría evitarse el problema salarial de Eulen, cuyos trabajadores fueron a la huelga en el aeropuerto de El Prat este verano.

¿Qué cambia la norma? Para empezar, será obligatorio que el órgano de contratación excluya del proceso las ofertas anormalmente bajas que se presuman inviables. Además, el principal motivo por el que se evitarían los casos citados es que la nueva ley obliga a que en la oferta se incluyan, desagregados por categoría, los costes salariales, partiendo de los indicados por el convenio colectivo sectorial. Esto significa que se tendrán que tener en cuenta los costes de personal, con sueldos de convenio colectivo sectorial, a la hora de hacer la licitación y a la hora de ganarla. Con lo que los vigilantes de Marsegur tendrían que haber ganado como mínimo lo que indica el convenio sectorial para que su empresa consiguiera el contrato. Precisamente estos días se están movilizando los vigilantes de seguridad para demandar a la patronal un convenio colectivo justo.

Los votos de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT fueron suficientes para rechazar en el Congreso las tres enmiendas que había introducido el PP en el Senado para privilegiar los convenios de empresa, menos protectores, frente a los sectoriales. Además, se establece que la Administración deberá vigilar el cumplimiento de las condiciones que se han estipulado. Este verano, en plena huelga de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat, uno de los directores generales de AENA, Javier Marín, reconocía que la sociedad estatal desconocía los sueldos y las condiciones laborales concretas de los trabajadores porque no eran de su competencia, y que la empresa había ganado el concurso por ser la más económica. Hasta ahora se permitía la licitación de los contratos a empresas con precios que no cubrían los costes salariales establecidos en los convenios colectivos de aplicación, y esta situación suponía una pérdida de derechos laborales para los trabajadores de estas empresas, al mismo tiempo que una reducción de la calidad de los servicios que los ciudadanos reciben por esta vía, según CCOO.

¿Qué ocurre si una empresa incumple ya ganado el concurso? En 2013, la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, presentó un contrato integral para la "limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes" durante ocho años, con un coste de adjudicación de 2.316 millones de euros y un ahorro anual de 32 millones de euros. Una vez escogidas las contratistas, tres de las empresas (Valoriza, FCC y OHL) decidieron que la plantilla era excesiva para obtener los beneficios previstos y presentaron un ERE para más de 1.100 trabajadores. Tras multitud de quejas y problemas con la limpieza de la capital, el actual equipo de gobierno del ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena, ha intentado, sin éxito, rescindir estos contratos y remunicipalizar el servicio.

Con la nueva ley, se establece el incumplimiento de las condiciones laborales, entre otras, como causa de resolución de los contratos. Y aunque ya no afecte a los que están en vigor, sí que podrá aplicarse cuando se vayan a renovar. Además, la norma establece penalizaciones en caso de que los contratistas incumplan las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, como el retraso del pago de salarios o los incumplimientos del convenio colectivo.

"¿Se inicia de esta forma la contrarreforma laboral de 2012?" El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Universidad Autónoma de Barcelona Eduardo Rojo se pregunta en su blog sobre realidades laborales: "¿Se inicia de esta forma la contrarreforma laboral de 2012 (...) aunque sea por una vía indirecta no estrictamente laboral, como es una norma administrativa?". y afirma que la dinámica parlamentaria actual, consecuencia de la convulsa situación política, unida a los resultados electorales de junio de 2016, "pueden hacer posible unos cambios sustanciales en aquella reforma, siendo no menos relevantes los acuerdos que se alcancen entre el gobierno y los agentes sociales en las distintas mesas abiertas de diálogo social".

"Ahora existen los instrumentos para evitar estas situaciones de abuso, otra cosa será que se cumplan", afirma por su parte el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos. Señala que la intención del sindicato es seguir de cerca la evolución de las contrataciones públicas a partir de que la ley entre en vigor, dentro de cuatro meses. En todo caso, considera que "la ley aprobada hoy, sin cubrir plenamente los objetivos de CCOO, implica un sustancial avance sobre la legislación existente".

CÁCERES: La Junta refuerza la seguridad del edificio Múltiples con la contratación de un vigilante de seguridad

Un vigilante velará por la seguridad a diario en la cuarta planta del Múltiples

La Junta de Extremadura reconoce que «urge garantizar las condiciones» y adjudicará el servicio por 35.000 euros

La Junta de Extremadura refuerza la seguridad en la cuarta planta del edificio Múltiples. La decisión se tomó a finales del pasado mes de mayo, después del incidente protagonizado por una pareja y que se saldó con amenazas de muerte para un trabajador y agresiones físicas a dos más.

Tuvieron que intervenir agentes del Cuerpo Nacional de Policía y desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se anunciaron medidas. Una de ellas será la presencia de forma regular, durante siete horas y media cada día, de un vigilante de seguridad sin armas. La cuarta planta del bloque administrativo es su principal foco de conflictos. Allí se encuentra el servicio de adjudicación de viviendas sociales. Los trabajadores se ven obligados a lidiar cada día con situaciones problemáticas que en algunos casos se han saldado con agresiones. Los sindicatos ya habían advertido del problema, que se agravó meses atrás por la avería del arco de seguridad.

Lo que va a hacer la Consejería de Sanidad es dar continuidad a la presencia de un profesional de seguridad en esa cuarta planta. Para ello contratará los servicios de una empresa especializada. Ese contrato acaba de salir a a licitación por un importe de 35.607 euros.

La intervención consiste en que haya un vigilante no armado en la cuarta planta desde las siete y media de la mañana hasta las tres de la tarde de lunes a viernes, excepto los días festivos. La Junta de Extremadura reconoce que se trata de una necesidad. Admite que se ha podido comprobar «la carencia de un mecanismo de respuesta inmediata en el actual contrato de vigilancia del edificio compartido Múltiples de Cáceres». Las dependencias cuentan con unos 15.000 metros cuadrados que se dividen en nueve plantas. Una parte es de la administración regional y la otra de Correos. «Las amenazas verbales, por desgracia, se repiten d e forma asidua», denunció el pasado mes de junio Miguel Lázaro, delegado sindical de CSIF.

«Urge garantizar las condiciones de seguridad tanto para los empleados públicos que desarrollan labores de atención presencial a demandantes de determinadas prestaciones de vivienda social en materia de vivienda como a los ciudadanos», apunta la propia Junta en la justificación del concurso abierto. Asume, a la vez, que el vigilante deberá «afrontar situaciones de conflictos y evitar agresiones».

29 de octubre de 2017

Elecciones Sindicales en Seguridad Integral SECOEX Sevilla

El próximo martes 31 de Octubre se celebrarán Elecciones sindicales en la empresa Seguridad Integral SECOEX en su delegación de Sevilla. Los trabajadores y trabajadoras de la plantilla elegirán a tres Delegados de Personal de entre todos los candidatos que se presenten a las elecciones.

Las votaciones tendrán lugar el citado 31/10/17 en la sede de la empresa sita en el Parque Empresarial Torneo, calle Arquitectura 6, piso 5 º módulo 3, con un horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, según el calendario aprobado tras la constitución de la mesa electoral. Nuestra organización presenta varios candidatos de contrastada experiencia, con la intención de que la representación social que salga de las urnas sepa dar adecuada respuesta a los retos que han de plantearse durante el periodo de vigencia de los nuevos cargos que sean electos.

Primeras declaraciones de la patronal tras el preacuerdo para el convenio colectivo sectorial de seguridad privada


CONVENIO COLECTIVO: La venta de derechos está servida. 2% de de subida para los años 2018,2019 y 2020

UGT, CCOO y USO llegan a un acuerdo con la patronal para la firma del convenio.

Un convenio de claro retroceso y como siempre, pactado de antemano.

No hay mucho que decir después de leer el acta, como ya se veía venir en reuniones anteriores, la suerte estaba echada. La patronal se vanagloria de su desistimiento de la congelación de antigüedad,sobre el asunto IT, el transporte de fondos, etc... como si le hubiera ido la vida en ello, y los sindicatos se apuntan el tanto como un logro de dimensiones infinitas.

Por otro lado, la subida salarial del 2%,ofrecida por la patronal y aceptada de buen grado por los sindicatos, queda muy lejos del 3% recomendado por la CEOE. Resumiendo, todo sigue igual, con algunos ajustes en el texto del convenio referentes a permisos retribuidos, paga de Marzo y otras cuestiones; pero la cuestion economica se limita a una subida del 2% anual a lo largo de los años 2018,2019 y 2020...........2017 les sale gratis: Subida cero. 

Lo increíble es que, recién salida del horno el Acta 16, los sindicatos firmantes se han dado mucha prisa en poner en circulación una serie de circulares informativas, queriendo justificar lo injustificable. Y algo mas lamentable aun es la utilización de trabajadores del sector, que de buena fe por un futuro mejor,acudieron a diferentes manifestaciones sin saber que ya todo estaba vendido. 

En definitiva, a la vuelta de la esquina tenemos un convenio mas que nos aboca a seguir perdiendo irremediablemente poder adquisitivo,enhorabuena a todos los que les que con su voto permiten que esto siga pasando.

Tanta palabrería puesta en papel, tanto ir y venir, para al final terminar igual que siempre...



Así malviven los más de 1,2 millones de personas con empleos precarios

Vigilantes de seguridad, repartidores a domicilio e incluso informáticos se incluyen entre las diez profesiones con peores condiciones laborables


Enfermo, apaleado y divorciado. Así es probable que termines solo por desempeñar un oficio: el de vigilante de seguridad, que se ha convertido en uno de los más precarios del país, un colectivo con una plantilla de más de 123.000 personas que este verano copó la actualidad por la huelga que protagonizaron en el aeropuerto de Barcelona. Pero, como ellos, son muchos -más de 1,2 millones de personas solo en diez profesiones- los que trabajan en condiciones ínfimas y con salarios muy bajos, más si se tienen en cuenta los peligros que pueden acecharle a uno en el desempeño de su jornada laboral, como las palizas que de cuando en cuando sufren los vigilantes de metro por parte de algún grupo violento o el riesgo que asumen los que velan por instituciones amenazadas por el terrorismo.

Esto es lo que denuncia uno del gremio, Óscar Verdura, que esta misma semana se manifestó junto a decenas de compañeros en la céntrica plaza de Atocha para reivindicar unas condiciones más dignas: «La gente trabaja 12 horas seguidas para poder ahorrarse el transporte y hace todas las extras que puede porque los salarios son tremendamente bajos. Tenemos un índice de conciliación cero y un nivel de divorcios que supera con creces al de otros colectivos. Te destrozan la vida...». Verdura explica además que por convenio tienen cercenado el derecho a huelga y también por ley se establece que no pueden abandonar su puesto de trabajo hasta que no llegue el reemplazo; de lo contrario, sería delito. «Y todo esto, ¿para qué? Si voy a ganar menos de 1.000 euros al mes [concretamente 1.122 euros brutos al mes de inicio, según recoge el convenio] y voy a echar más horas que un reloj. No compensa», asegura este vigilante de seguridad privada.

Menos todavía gana Maite Méndez, auxiliar de ayuda a domicilio, otra de las profesiones más precarias del actual mercado laboral y que cuenta con más de 220.000 trabajadoras, según un informe de CC OO. «Concretamente mi sueldo bruto mensual son 850 euros, pero a mi casa entran 700 euros», explica. Bien es verdad que, al igual que el 90% de los trabajadores de este sector -que se ocupan de atender a los dependientes en su casa-, tiene una jornada parcial. Pero ella casi es una afortunada porque en su contrato figuran 30 horas, frente a las 36 que se establece para la jornada completa. «Si mi sueldo es precario, el de la mayor parte de mis compañeras no tiene nombre», se lamenta, al tiempo que denuncia que se hacen muchas horas extras que no se las pagan.

El trabajo de Dani es entregar la comida en el domicilio del cliente en un tiempo récord. De día o de noche, haga un sol asfixiante o diluvie... debe estar siempre disponible para salir corriendo con su moto. Y todo por un sueldo mísero de 5,35 euros brutos por hora. Al final, la remuneración media como mucho suele estar en los 300 euros al mes por trabajar 15 horas a la semana. Pero, eso sí, cuando te digan, porque debes estar siempre a punto para la empresa, con lo que se hace difícil compatibilizar esta actividad con otra o con cursar unos estudios. «La mayoría de los jóvenes que vemos en bici por las ciudades repartiendo comida están en el limbo laboral», denuncia Vicente Sánchez, secretario de la Federación de Construcción y Servicios de CC OO, que explica que los profesionales de la comida rápida y a domicilio son los que menos cobran del sector de la hostelería -que de por sí ya tiene sueldos bajos- y tienen un nivel de parcialidad del 90%. Asimismo, se dan muchos contratos fraudulentos, ya que trabajan más horas de las que firman y no se cotizan a la Seguridad Social.

Afecta al 7% de ocupados Además de los vigilantes de seguridad, las auxiliares de ayuda a domicilio, los profesionales de comida rápida o los repartidores a domicilio, hay otras seis actividades que CC OO denuncia como las más vulnerables del mercado laboral en la segunda fase de la campaña Precarity War que ha lanzado recientemente. Se trata también de los dependientes, promotores de productos y reponedores, trabajadoras del hogar, auxiliares de servicios... u otras todavía más contradictorias si cabe como los trabajadores del Estado, los informáticos y los consultores, que pese a estar más que cualificados con licenciaturas de las más demandadas, ingresan entre 10.500 y 13.500 euros brutos al año. Todos ellos suman más de 1,2 millones de empleados, el 7% del total de ocupados, donde «la precariedad laboral está más presente que nunca», a juicio del sindicato, que ha puesto a su disposición una página web (www.precaritywar.com) para que puedan dejar sus testimonios, recibir consejos y unirse a esta lucha.

Para evitar que la peor cara del mercado laboral se extienda aún más, CC OO se ha marcado el objetivo de que la negociación colectiva fije sueldos mínimos de 8 euros la hora, frente a los 5,35 euros que cobran algunos de estos profesionales. «El salario mínimo en los convenios tiene que estar en torno a los 14.000 euros anuales. Es lo justo», defiende José María Martínez, secretario de la Federación de Servicios del sindicato, que culpa a la reforma laboral de esta devaluación de derechos y de salarios y a la proliferación de las empresas multiservicios. Y quienes más sufren sus efectos son los jóvenes y las mujeres, que firman el 72% de los contratos parciales, de los cuales más de la mitad no son deseados, según datos de CC OO. También sobre ellas recae un porcentaje mayor de temporalidad: un 80%.

CÓRDOBA: Denuncian la "precariedad laboral" en la seguridad privada de Adif

El PSOE denuncia la "precariedad laboral" en la seguridad privada de Adif

Los 52 vigilantes de las estaciones de Córdoba y provincia llevan desde agosto sin percibir sus nóminas


El PSOE ha denunciado que los contratos del Gobierno en el sector de la seguridad privada "acaban en precariedad laboral", por lo que la diputada socialista por Córdoba, María Jesús Serrano, ha pedido al Ejecutivo que ponga en marcha las medidas oportunas para acabar con esta situación. María Jesús Serrano, junto al también diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, ha mantenido una reunión con trabajadores del sector de la seguridad privada que prestan servicio en las estaciones que ADIF tiene en la provincia de Córdoba y se han interesado por la situación laboral en la que se encuentran, según una nota de prensa remitida por el partido socialista.

“Los trabajadores nos han explicado que llevan desde agosto hasta octubre sin percibir sus nóminas, por parte de la anterior empresa adjudicataria del servicio de seguridad”, ha señalado Serrano, que ha afirmado que “esta es una de las consecuencias que se produce cuando se externalizan los servicios y no se vigila el cumplimiento de las condiciones laborales”.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS Los diputados socialistas se han comprometido a registrar iniciativas parlamentarias al Gobierno central sobre la situación en la que se encuentran los 52 trabajadores afectados y las condiciones en que se llevó a cabo el contrato entre la empresa de seguridad privada y ADIF. Serrano ha señalado que “es necesario acabar con esta política de externalización, privatización y recortes de servicios públicos” y ha añadido que “seguiremos trabajando para derogar la Reforma Laboral del PP que ha provocado que los trabajadores vean recortados sus sueldos y sus derechos”.

Igualmente, Serrano ha asegurado que, aunque aún no ha entrado en vigor,“sería recomendable que el Gobierno asuma ya la Ley de contratos del sector público en las futuras licitaciones” y ha añadido que “gracias a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, dicha ley incorpora medidas de carácter social que impediría que se pudiera licitar por debajo del convenio colectivo estatal.

'Precarity war', una campaña para combatir la precariedad laboral

Resultado de imagen de VIÑETAS SOBRE PRECARIEDAD LABORALCCOO inicia 'Precarity war', una campaña para combatir la precariedad laboral

Alrededor de 1.200.000 de trabajadores y trabajadoras en España, sufren condiciones precarias en su entorno laboral, según datos de Comisiones Obreras (CCOO). Acaban de poner en marcha la segunda parte de una campaña llamada Precarity war (Guerra contra la Precariedad) que tiene como objetivo visibilizar y denunciar situaciones concretas de trabajdores de ámbitos muy distintos. Van de los vigilantes de seguridad, a trabajadores de servicio de ayuda a domicilio, comida rápida o dependientas, entre otros.

Santiago Cubero, portavoz de CCOO, se ha asomado a La Ventana para hablar sobre esta campaña, y sobre la precariedad laboral. Lo primero que tratan es de hacer "llegar a los representantes sindicales las quejas y todas las demandas que hacen", aunque dice que es muy e es vencer al miedo aunque destaca que las denuncias que se hacen en la página web son anónimas. De todos modos, Cubero alega a la unidad "ante el miedo la gente tiene que unirse. No son ellos solos los que tienen el problema" y destaca que es la parte más importante para poder superar la precariedad ya que "no son ellos solos los que tienen el problema. Unidos pueden hacer cosas para cambiar" pero si no denuncian es muy difícil que se pueda cambiar esta situación "tienen que denunciar, tienen que dar ese primer paso y dirigirse al sindicato" y que entonces seran ellos quienes alzarán "la voz en su defensa".

Las profesiones más afectadas por la precariedad laboral son los becarios y las camareras de piso, según afirma Cubero en La Ventana, pero recuerda que "la precariedad se ha instalado dentro de nuestro mercado" y que hay muchos afectados, entre ellos "informáticos, dependientes, vigilantes de seguridad", entre otros, tienen "unas condiciones laborales que están a años luz del resto de sectores". Los informáticos, por ejemplo, se encuentran presionados y cobrando entre "10.500 y 13.500". Aunque Cubero aboga por la unidad resalta que no es lo único en lo que pueden apoyarse, que necesitan "políticos que tengan una mirada más allá de lo económico, que vean y que potencien leyes que apoyen el diálogo social, el mercado de trabajo" y que "fomenten la subida de los salarios y acaben con estas condiciones" que, a veces, son tan drásticas que "les obligan a cambiar sus condiciones de vida."

La justicia europea determina que Securitas debe hacerse cargo de los trabajadores de la empresa anterior

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado respecto a una cuestión planteada por el Supremo Tribunal de Justiça de Portugal en referencia a un asunto que enfrenta a Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA (Securitas) con ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA (ICTS) y un grupo de diecisiete trabajadores porque Securitas se negó a reconocer que las relaciones laborales entre esos trabajadores e ICTS le fueron transferidas en virtud de una transmisión de centro de actividad.

Según aclara el tribunal europeo esta situación en la que una empresa comitente resuelve el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad de sus instalaciones con una empresa, y posteriormente, para esa misma prestación celebra un nuevo contrato con otra empresa que se niega a hacerse cargo de los trabajadores de la primera, a pesar de haber recibido el equipo indispensable para realizar dicha prestación, está comprendida en el concepto de «transmisión de empresa o de centro de actividad» en el sentido de la Directiva 2001/23. 

El Tribunal de Justicia señala además que el hecho de que no haya un vínculo contractual entre las dos empresas a las que se ha confiado sucesivamente la gestión de la vigilancia y seguridad de las instalaciones portuarias no permite descartar la aplicación de la Directiva 2001/23. Asimismo, cuando la actividad se apoya fundamentalmente en el equipamiento, el hecho de que el nuevo empresario no se haga cargo de los antiguos trabajadores de una empresa para el desarrollo de dicha actividad, como ocurre en este caso, no basta para excluir la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su identidad, en el sentido de la Directiva 2001/23. La interpretación contraria minaría el objetivo principal de la Directiva, que es mantener los contratos de trabajo de los trabajadores del cedente, aun en contra de la voluntad del cesionario. El Supremo Tribunal de Justiça portugués deberá determinar si la operación examinada debe considerarse o no transmisión de empresa en el sentido de la Directiva a la luz de estos elementos. Para ello deberá comprobar, en particular, si ICTS transfirió a Securitas, directa o indirectamente, el equipo o bienes materiales o inmateriales para el ejercicio de la actividad de vigilancia y seguridad en las instalaciones de que se trata, y si Portos dos Açores puso esos elementos a disposición de ICTS y de Securitas. A este respecto, con el fin de demostrar la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su identidad, en el sentido de la Directiva 2001/23, sólo debe tenerse en cuenta el equipamiento que se utilice efectivamente para prestar los servicios de vigilancia, excluidas las instalaciones objeto de tales servicios. 

En segundo lugar, el Supremo Tribunal de Justiça desea saber si la cláusula n.º 13 del convenio colectivo celebrado en 2011 entre la Associação de Empresas de Segurança Privada («AES»), la Associação Nacional das Empresas de Segurança («AESIRF») y, en particular, el Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas («STAD») es compatible con la Directiva 2001/23. La mencionada cláusula excluye del concepto de «transmisión de empresa o de centro de actividad» la pérdida de un cliente por parte de un operador por la adjudicación del servicio a otro operador. 

El Tribunal de Justicia considera que la Directiva se opone a esa disposición nacional. Al respecto, indica que, si bien la mera pérdida de una contrata de servicios en beneficio de un competidor no revela, por sí sola, la existencia de una transmisión de empresa o de centro de actividad, en el sentido de la Directiva 2001/23, una disposición nacional que excluye con carácter general de ese concepto la pérdida de un cliente por parte de un operador debida a la adjudicación del servicio a otro operador no permite que se tomen en consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan la situación de que se trata. A esta consideración ha de sumarse la finalidad tuitiva de la Directiva, destinada, como se ha dicho, a proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario, en especial para garantizar el mantenimiento de sus derechos.

28 de octubre de 2017

LA AGRESIVIDAD VIAJA SOBRE RAÍLES

El ataque a un vigilante de Renfe pone en alerta a interventores y vigilantes. Algunos profesionales del sector alertan de un aumento de la violencia mientras que otros aseguran que los casos son muy esporádicos

Que puede pasar ha quedado claro. Que se lo pregunten si no al vigilante de seguridad que el miércoles fue agredido en la estación de Renfe de Villabona con piedras en la cabeza. Que el riesgo de que ocurra ha crecido en los últimos tiempos, sin ser tan evidente, es algo que comparten ya muchos profesionales que trabajan de cara el público en medios de transporte. Sin llegar a sembrar la alarma, advierten de que las agresiones en medios de transporte despiertan cuanto menos el interés del sector, cuando no la preocupación, en el caso de quienes las han vivido de cerca.

Hace un mes, un joven que perdió el autobús en el Boulevard de Donostia, se subió en otro y esperó a que volviera aquel que no había podido tomar para agredir al chófer en la cara. La gota colmó el vaso. «Los conductores estamos hartos y nos sentimos en total indefensión», denunciaron miembros del comité de empresa de Dbus, que cuentan cuatro episodios de agresión este año. Esta semana ha sido un vigilante de seguridad de Renfe quien ha sufrido el ataque indiscriminado, un año después de ser víctima de un intento de homicidio con una piedra en la cabeza por la espalda. «Impunidad» e «indefensión» fueron conceptos que recalcó el herido en su testimonio de ayer a este periódico. El colectivo que más directamente ha padecido casos de agresiones, el de los vigilantes de seguridad, es también el que con mayor vehemencia ha advertido sobre la amenaza de episodios violentos en el servicio del tren. Los profesionales de la seguridad vinculan el aumento de episodios que pueden poner la integridad de las personas en juego con la pérdida de autoridad del gremio.

Un vigilante que prefiere guardar el anonimato apunta que «hace años los vigilantes éramos guardas jurado, lo que equivalía a ser agente de la autoridad. Ahora somos auxiliares y solo nos convertimos en autoridad si la Ertzaintza nos pide colaboración en algún altercado». Su tesis es clara. «Han aumentado los casos de agresiones porque el vigilante ya no es nadie». Esta circunstancia tiene su traducción en los recursos que puede utilizar en su trabajo. «En la época que he citado, que será hace unos diecisiete años, podíamos ir armados, ahora no. Si no tienes nada, no puedes hacer frente a determinadas situaciones y, lo más importante, las armas tenían una labor principal de disuasión. El mero hecho de llevarla ya imponía». La consecuencia directa, señala, es que «te pierden el respeto y se atreven hasta a sacarte la navaja. Entonces, ¿qué haces?».

Los vigilantes han solicitado en el caso concreto de Renfe poder hacer uso de alguna herramienta más de las que pueden llevar hoy de manera legal, es decir, una porra de goma de 50 centímetros y unos grilletes o esposas. «Lo que hemos solido pedir es concretamente permiso para poder usar la porra extensible, que tiene un apéndice de hierro, o algún tipo de spray. Cuando la gente ve eso, se lo piensa». También confiesa que, ante el temor a posibles ataques, «hay algún compañero que sí ha solido llevar a escondidas este tipo de objetos aunque estén prohibidos para proteger su integridad física». Este profesional de la seguridad lamenta, por otra parte, la «impunidad» de quienes provocan actos violentos. Cita el ejemplo de «el agresor que hace un año protagonizó un intento de homicidio a un compañero y aún está pendiente de juicio, campando por los trenes».

«Armas dialécticas» Otro colectivo que aprecia una amenaza latente es el de los interventores que, entre otras cosas, afrontan la ingrata labor de exigir a los que viajan sin billete su bajada del tren. Carmelo Pérez lleva 28 años desempeñando esta función y hace dos semanas sufrió su primera agresión física directa -un puñetazo en la cara- de su carrera en Ategorrieta. No obstante, cuenta que «no es el episodio donde más miedo he pasado. Hace una docena de años, en Pasaia, me pusieron un cuchillo en el cuello y, gracias a un compañero, el tema no pasó a mayores».

Señala que «lo de los episodios violentos dura ya unos doce años, desde que un colectivo de usuarios aparece cada cierto tiempo, en remesas que, a veces, dejan algún grupo violento». Cita como eclosión del fenómeno «la llegada hace una década de menores tutelados a Tolosa que estaban poco familiarizados con las normas y los límites. Ahora llevábamos una temporada de bastante calma, pero parece que ha vuelto la amenaza». Añade que el riesgo se concentra en la franja de la tarde-noche de los fines de semana. La experiencia le ha proporcionado herramientas para lidiar con el riesgo. «Intentamos utilizar armas dialécticas y tener mano izquierda al pedirles que abandonen el tren. El siguiente paso es llamar a seguridad, lo que tienes que hacer alejándote un poco y sin darles la espalda».

Pese a todo, asegura que «la mayoría de la gente se porta bien», sensación que comparte desde el comité de empresa de Renfe Rafa Puerta. Reconoce que «va consolidándose un sentimiento de que hay impunidad pero no podemos exagerar porque lo que ocurre en Gipuzkoa no tiene nada que ver con lo que puede haber en capitales como Madrid o Barcelona durante las noches». Considera que «aquí no hay un índice de delincuencia alto» y apostilla que «la mayoría de profesionales tiene olfato ante un potencial caso de agresión y sabe cómo hacerlo para no meterse en líos». Le secunda la responsable del personal de intervención de Renfe, Ester Soto, al afirmar que «es difícil que se lleguen a dar situaciones extremas como la de esta semana y la mayoría de los que son llamados al orden se baja del tren sin altercados». Hace un llamamiento a «la tranquilidad».

Sin embargo, hay una parte del sector que «tiene una inquietud creciente por lo que puede pasarle en determinados servicios, sobre todo de noche o en fiestas», confirma el delegado de prevención de ELA en Euskotren, Joseba Eskobal. «Hay más crispación y agresividad en la sociedad y parece que la culpa la tienen los profesionales que trabajan de cara al público. Si algo no sale como uno quiere, cada vez se carga más contra quien está de servicio y es verdad que el riesgo de agresiones se ha acentuado últimamente».

PALMA DE MALLORCA: Condenados a 5 años de cárcel por dar una paliza a tres vigilantes de seguridad en La Rambla

Dos jóvenes confesaron ayer los hechos y aceptaron ser expulsados del país durante nueve años

Un juzgado penal de Palma condenó ayer a dos jóvenes a cinco años de cárcel y cinco años y medio, respectivamente, por propinar unabrutal paliza a tres vigilantes de seguridad del mercadillo navideño de La Rambla, en Palma, en diciembre de 2016.

Los acusados, acompañados por dos menores que están imputados en otro procedimiento,atacaron con patadas y puñetazos y armados con un cuchillo, una cadena, una botella y un retrovisor a los perjudicados, a quienes causaron graves heridas y secuelas. También se enfrentaron a los policías locales de Palma que los arrestaron. Los dos sospechosos, dos ciudadanos de origen colombiano de 19 y 21 años que se encuentran presos, confesaron ayer los hechos en la sede de Vía Alemania. Ambos aceptaron serexpulsados de España durante nueve años, una vez hayan cumplido las dos terceras partes de la condena.

Ante el reconocimiento de los cargos efectuado al haber alcanzado un acuerdo las defensas con la fiscal y el letrado de la acusación particular, Ramón Caubet, la magistrada dictó sentencia 'in voce' contra los dos muchachos. A uno de ellos le impuso cinco años y medio de prisión y una multa por un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso, otro de atentado y un delito leve de lesiones. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a un vigilante de seguridad herido con 800 euros. Mientras, su compinche fue sentenciado a cinco años de cárcel, una multa y 1.090 euros de indemnización por las lesiones con instrumento peligroso y también por un delito de daños. El fallo ya es firme, ya que las partes anunciaron que no iban a recurrir.

Madrugada de diciembre Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 12 de diciembre de 2016. Sobre las tres menos cuarto de la mañana, los dos jóvenes llegaron a La Rambla procedentes de la plaza de España, donde habían estado causando destrozos en las casetas. Cuando un vigilante de seguridad les llamó la atención, uno de los sospechosos le lanzó una botella de cristal y le propinó una patada en la mano derecha. El guardia trató de repeler la agresión con su defensa y los acusados huyeron al llegar otro vigilante. Minutos después, los agresores decidieron regresar. Entonces llevaban un cuchillo de sierra de 21 centímetros, una cadena y un retrovisor que habían arrancado de un ciclomotor y se abalanzaron sobre los dos vigilantes tratando de golpearles con esas armas.

Los perjudicados, atemorizados, intentaron escapar pero fueron alcanzados. Los muchachos intentaron apuñalar a uno de ellos con el arma blanca, le propinaron golpes en la cabeza con el retrovisor y le dieron numerosas patadas y puñetazos. Al poco tiempo, se unieron los dos menores, quienes atacaron a un vigilante del edificio de la Seguridad Social que trató de auxiliar a sus colegas. A este profesional le golpearon en la cabeza con una cadena. Los dos agresores adultos fueron finalmente arrestados por la Policía Local. Durante su traslado a las dependencias policiales, uno de los procesados amenazó de muerte e insultó a los tres agentes que lo custodiaban. Además, se golpeó la cabeza contra la pared, con intención de autolesionarse y denunciar después ante el juez que había sido torturado.

Los tres vigilantes sufrieron lesiones de diversa consideración. Uno de ellos resultó herido con fracturas en la cara, la cabeza y las manos, así como con contusiones y hematomas por todo el cuerpo. Estuvo dos días hospitalizado y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Tardó cinco meses en recuperarse y padece secuelas como visión doble, alteración del sueño, la memoria y la libido, cicatrices y una desviación nasal. Las otras víctimas padecieron heridas de menor entidad.

La única empresa de 'mercenarios' de España tiene sede en Jerez




UC Global, fundada en 2008 por exmilitares, es una compañía de "contratistas de seguridad" que protege a gobiernos y clientes privados en situaciones de conflicto y también ofrece formación.

No son exactamente mercenarios, dicen que no es el término más adecuado, sino "contratistas de seguridad", aunque confiesan que usar esta palabra “es la única forma de que la gente entienda lo que hacemos”. Quien pronuncia esta frase es David Morales, gerente de UC Global, una empresa con sede en Jerez que se dedica a “aportar soluciones a las necesidades de los gobiernos y sector empresarial privado en las áreas de seguridad marítimo-terrestre y a la evaluación de seguridad en infraestructuras críticas”, como define su labor la propia compañía. Fue en 2008 cuando Morales, jerezano, fundó la empresa tras estar 18 años en la Unidad de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina, una época en la que pasaba grandes periodos de tiempo fuera de casa, asistiendo a misiones de todo tipo. “Cuando secuestraron barcos en Somalia, fuimos a socorrerlos”, relata, sentado en su despacho.

Despiden a un empleado por trabajar más de la cuenta

Lidl despide a un empleado por trabajar más de la cuenta. El gerente, que ha pedido ser readmitido, acudía antes de hora para “preparar la tienda” sin fichar


A Jean P. le han echado por trabajar más de la cuenta. Hasta el pasado junio, Jean era el gerente de una tienda de los supermercados Lidl en Barcelona. Pero la empresa descubrió su terrible pecado: resulta que el hombre empezaba a trabajar antes de tiempo –a veces llegaba incluso con una hora de antelación– para “preparar la tienda antes de su apertura al público”. Sin haber fichado siquiera, Jean “realizaba pedidos, cambiaba precios o reponía palés enteros de artículos”, según consta en su carta de despido.

Lidl despidió a Jean por “incumplimientos laborales muy graves” tras una investigación que llevó a la multinacional alemana a revisar las imágenes de seguridad del supermercado. Durante unos días de abril de 2017, la empresa observó cómo el gerente accedía al local a las cinco de la mañana y pasaba un buen rato -"entre 49 y 87 minutos”, dice el informe- trabajando sin fichar. Al hacerlo así, Jean vulneró la norma por la cual “cada minuto que se trabaja, se paga, y cada minuto que se trabaja debe quedar registrado”, recoge la carta de despido. Lidl agrega que recibió “quejas” de empleados a los que también invitaba a llegar antes. Además, en muchas ocasiones el gerente estaba solo, algo que también está prohibido por motivos de “seguridad”.

Jean, que trabajaba en Lidl desde 2005, cree que su despido es improcedente y ha llevado a la cadena de supermercados ante los tribunales para que le readmita. Este miércoles se ha celebrado el juicio. El hombre alega que nunca obligó a ningún empleado a acompañarle para abrir el supermercado. Y que la empresa en ningún momento le indicó que no podía acudir “un poco antes para preparar la tienda y poder afrontar eficazmente la apertura”, recoge la demanda. Su abogado, Juan Guerra, recuerda que si Jean se apartó de los procedimientos no fue “precisamente” en su provecho, sino “en beneficio de la empresa”. “Curiosamente se le sanciona, lo que desde luego no es usual, por trabajar demasiado y esforzarse en que su tienda funcionara correctamente”, lamenta el abogado, quien añade que su cliente jamás fue amonestado ni sancionado por ello. Jean va más allá y denuncia la “hipocresía” de la empresa porque, según denuncia, sí le sometía a “presiones para conseguir las ventas que esperaba la dirección”.

El gerente avisa, además, de que trabajar más de la cuenta tampoco era algo habitual. Se vio obligado por las circunstancias. Los días previos a los investigados por la empresa, se había acometido la reestructuración de la tienda. “Los mandos sabían y eran conscientes” de que esos cambios “requerían tiempo y dedicación”, sostiene la demanda. Para cumplir los objetivos de ventas, agrega, "a veces hay que trabajar por encima del horario".

27 de octubre de 2017

CÁDIZ: El conflicto de los vigilantes se hizo presente en el pleno del Ayuntamiento de San Fernando

EL CONFLICTO DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD SE HIZO PRESENTE EN EL DEBATE DEL PLENO

Los vigilantes consiguieron el apoyo unánime de toda la Corporación en sus reivindicaciones.

Aunque hubo también otros asuntos de calado en un debate en el que afloraron continuamente las tensiones entre Podemos y el PP. El cruce de acusaciones entre los ediles de Sí se puede y la concejala no adscrita, de una parte, y los populares, de otra, saltó de un punto a otro a lo largo de buena parte de la sesión, con independencia de la cuestión de fondo a tratar. El conflicto laboral que afecta a la plantilla de los vigilantes de seguridad de las dependencias municipales fue, por su calado social, uno de los puntos más relevantes que se abordó en el pleno a partir de una moción de Sí se puede en la que Ernesto Díaz denunció la precariedad de estos trabajadores y la irregularidad constante en el cobro de sus salarios.

Los vigilantes consiguieron el apoyo unánime de toda la Corporación en sus reivindicaciones. Desde el gobierno se recordó que en el nuevo contrato, que acaba de quedar desierto y que se quiere volver a licitar, se han mejorado las condiciones económicas. Díaz, no obstante, recriminó al ejecutivo su pasividad ante la empresa adjudicataria y culpó al PP de esta situación por los recortes que acometió en 2013. Los trabajadores se concentraron a las puertas del pleno y también durante parte de la sesión -en el interior de la sala- donde hicieron patentes sus demandas.

Los Vigilantes de RMD en el Ayuntamiento de San Fernando asisten al pleno y exigen sus salarios pendientes.

GIPUZCOA: Dos vigilantes de seguridad de Renfe sufren una agresión en la estación de Villabona

«Nos lanzaron las piedras más grandes»

Dos vigilantes de seguridad de Renfe sufren una agresión en la estación de Villabona tras hacer bajar a tres jóvenes que viajaban sin billete

Dos vigilantes de seguridad del tren de cercanías de Renfe que cubre la línea Irun-Brinkola fueron agredidos el miércoles en la estación de Villabona por tres jóvenes a los que mantenían retenidos a la espera de ser identificados por la Ertzaintza. Los hechos ocurrieron a las 16.15 horas de la tarde cuando los dos vigilantes obligaron a los agresores a apearse del tren, ya que viajaban sin billete y eran «reincidentes en episodios agresivos», explicó una de las víctimas, José Luis González, jefe del equipo de Seguridad de la empresa Eulen que opera para Renfe. Según su denuncia, «la conducta era habitual en estas tres personas, las cuales ya eran conocidas por el denunciante y su compañero por situaciones similares».

Según su testimonio, «mi compañero y yo estábamos en la estación de Tolosa-Centro cuando vimos que, justo antes de cerrarse las puertas del tren, tres jóvenes se colaban por un lugar no habilitado para el público.Entramos al tren por otra puerta para expulsarles y nos dimos cuenta de que los tres chicos eran conocidos ya por diferentes episodios violentos». Se trataba de tres jóvenes de origen magrebí y «uno de ellos ya había agredido a dos compañeros anteriormente. A uno le fracturó una costilla y al otro, un diente», añade González.

Los vigilantes solicitaron la presencia de la Ertzaintza y cuando el tren llegó a Villabona se bajaron en la estación con los jóvenes, a quienes pidieron su documentación. González relata que en aquel instante los chicos rehusaron identificarse y trataron de huir. «Uno de ellos soltó su brazo y le reduje, mientras los otros dos se escapaban. Mi compañero salió tras ellos pero viendo que ya habíamos capturado a uno, volvió conmigo. Al rato, cuando no lo esperábamos, regresaron los dos jóvenes huidos, cogieron las piedras más grandes que pudieron de las vías y nos las lanzaron a bocajarro. Tratamos de cubrirnos la cara pero una de ellas impactó en mi frente causándome una herida importante».

La denuncia recoge que «a consecuencia de la agresión», los vigilantes «se vieron obligados a tratar de cobijarse, momento que estos tres jóvenes aprovecharon para abandonar el lugar corriendo, en dirección a la localidad de Anoeta». Los dos vigilantes fueron trasladados por una ambulancia al servicio de urgencias de la clínica Pakea de la mutua de accidentes laborales Mutualia de Donostia, donde recibieron asistencia médica. González presenta una brecha en la cabeza y un dedo fracturado mientras que su compañero sufre una fisura en la muñeca y una fuerte contusión en la cadera.

«Sienten impunidad» El denunciante hizo constar en su escrito la identidad de uno de los tres agresores, «al cual conoce de múltiples incidentes anteriores y que al otro agresor lo reconocería sin género de duda si lo viese otra vez». El jefe del equipo de Seguridad de la línea de Renfe de Gipuzkoa asegura que«dos de los tres son menores seguro, y tenemos dudas con el tercero». Matiza incluso que «uno de ellos parece no tener más que trece años». González añade que «a los mismos jóvenes les vieron la madrugada anterior merodeando por la estación de Villabona y se pusieron agresivos cuando les dijeron que abandonaran la instalación». Asegura incluso que «se les requisó una mochila donde llevaban armas blancas, guantes y toallas».

No es la primera vez que el vigilante atacado el miércoles sufre acciones violentas en sus carnes. Cuenta que «en julio del año pasado un chico tutelado de Martutene cubrió con una malla de tela una piedra de dos kilos y me golpeó por la espalda nada más abrirse las puertas del tren con clara intención de acabar conmigo. Sufrí conmoción cerebral». Rescata el episodio para expresar la «impotencia» de un colectivo que trabaja «desprotegido» al poder usar solo unas esposas y una porra de goma de 50 centímetros. «Hace siete años cada pareja de vigilantes podíamos llevar un revólver, por seguridad, y los problemas eran diferentes. Ahora los violentos sienten impunidad y se vienen arriba», denuncia.

Lamenta que el agresor del verano de 2016 «aún ande campando a sus anchas por los trenes a la espera de juicio» y que «incluso en los casos donde se les declara culpables, las indemnizaciones son baratas y no las terminan pagando porque se declaran insolventes». Detalla casos sufridos en carne propia en los que un paraguazo en la cara se ha traducido en 150 euros de multa y una contusión costal, en 800 euros, «no habiendo percibido ni un euro en ninguno de los casos». El vigilante habla en nombre de su sector cuando explica que «hay mucha gente que viaja sin billete, pero hay entre diez y veinte chavales que son realmente agresivos. No les pasa nada por mucho que les denuncies, desaparecen durante una época y vuelven a los meses. Son reincidentes de cuatro, seis y ocho veces». Aprecia que «hay usuarios del tren que tienen miedo».