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31 de enero de 2020

PALMA DE MALLORCA: "A quienes trabajamos en la Intermodal, cada vez nos preocupa más la violencia"


Rafa es un vigilante privado destinado a la Estación Intermodal de Palma.

El pasado martes sufrió una agresión en plena cara que, posiblemente, le ocasione la pérdida de una pieza dental. No ha sido ésta la primera vez que ha sido víctima de la violencia. En cierta ocasión, recibió incluso una puñalada. Sin embargo, tanto él como el colectivo de vigilantes que prestan servicio en la Intermodal están preocupados por el creciente clima de violencia y delincuencia que se está apoderando de este recinto público, frecuentado por unos diez mil usuarios cada día.


Rafa trabaja como vigilante de seguridad, destinado a la Estación Intermodal de Palma. Cada día, a las 5 de la madrugada, se encarga de abrir las instalaciones, que permanecen cerradas durante la noche, y desarrolla su labor hasta las 14 horas. Durante todo este tiempo, ha de afrontar, junto a sus compañeros, una tarea particularmente complicada: mantener el orden público en un recinto que desde hace algún tiempo se ha convertido en uno de los puntos negros de la ciudad en cuanto a peleas, conflictos, altercados, delitos, agresiones y violencia. El propio Rafa fue víctima de una grave agresión este pasado martes que le ocasionará, casi con toda probabilidad, la pérdida de una pieza dental. Todo ocurrió cuando, a requerimiento de unos usuarios de la estación, acudió en compañía de otros vigilantes a contener a un joven de 24 años que estaba mostrando una actitud violenta.

"En cuanto nos vio llegar, la tomó con nosotros - ha contado Rafa a mallorcadiario.com - Intentamos que se marchase de la estación, pero se resistió, y empezó a sacarnos fotos con su teléfono móvil para, según decía, tomar luego represalias. Finalmente, trató de agredir a un compañero y, al forcejear para reducirle, me propinó un golpe con el aparato celular fracturándome un diente, el cual posiblemente perderé". Antes de que todo esto sucediera, los vigilantes de la Intermodal habían requerido la presencia del Cuerpo Nacional de Policía. Cuando los agentes se personaron en el lugar, se convirtieron, según narra Rafa, "en el nuevo objetivo del agresor. También con ellos se comportó con una violencia inusitada, y tuvieron muchos problemas para detenerle e introducirle en el vehículo policial".

"YA LE TENÍA VISTO DE OTRAS OCASIONES" El martes, el día del incidente, no era la primera vez que Rafa veía a su atacante merodear en la Intermodal. Según sus palabras, "ya le tenía visto de otras ocasiones. Es un joven que suele acudir a la estación en estado ebrio y, a menudo, causa problemas". No es el único caso, ni mucho menos. De hecho, el recinto está llegando a un nivel de degradación de la convivencia verdaderamente alarmante. Rafa, que es testigo directo de estas situaciones, indica que el principal foco de conflictividad proviene de la proliferación de indigentes y bandas callejeras, integradas, generalmente, por jóvenes de entre 15 y 18 años.

En el primer caso, tal como expone, "son personas que buscan refugio en la estación, pero no se limitan a pernoctar ahí sino que a menudo cometen actos delictivos, como robos y hurtos, e intimidan a los usuarios y pasajeros. Les piden dinero, y si no acceden, les amenazan, especialmente si se trata de gente mayor. A menudo, suben con ellos en el ascensor y ahí aprovechan para coaccionarles y que les entreguen algunas monedas. Al mismo tiempo, estas personas generan un problema importante de suciedad, porque acostumbran a hacer sus necesidades en el recinto. Incluso si acuden a los baños, es frecuente que lo hagan fuera de los inodoros".

SEXO EN LA INTERMODAL El sexo en la estación intermodal también es una incidencia habitual. Aunque este tipo de relaciones casuales y anónimas, popularmente conocidas con el nombre de 'cruising', están prohibidas en la normativa cuando tienen lugar en espacios públicos, Rafa indica que "solo tenemos la oportunidad de actuar si alguien nos informa. Lógicamente, no podemos seguir a los usuarios de la estación hasta los baños". Aún así, el vigilante asegura que, según la información de que dispone, el 'cruising' en la estación intermodal "se mantiene entre adultos, y de forma consentida. No me consta que haya menores involucrados, ni tampoco prostitución".

El golpe que recibió el pasado martes no es la primera agresión que Rafa ha sufrido en el transcurso de su actividad como vigilante. "Una vez recibí una puñalada. Por no hablar de manotazos, patadas, y todo tipo de ataques. Si contabilizáramos también los ataques verbales, y no solo los físicos, podría afirmar sin temor a equivocarme que soy víctima de una agresión cada día".

EL AGRESOR YA ESTÁ EN LA CALLE ¿Qué ocurrirá ahora con el joven que fue detenido por la Policía Nacional en la Intermodal tras propinar a Rafa un golpe con el teléfono móvil? Según las noticias que le han llegado al vigilante, el arrestado "ya está en la calle. Este miércoles pasó a disposición judicial y luego le soltaron".

Ciertamente, el detenido deberá responder en el futuro no solo por las lesiones causadas al vigilante, sino también por su condición de inmigrante irregular, que, al menos teóricamente, exigirá la tratamitación de un expediente que, supuestamente, debería culminar con una orden de expulsión. Sin embargo, Rafa se muestra escéptico al respecto: "La cuestion es que ahora mismo anda libre. Esa es la realidad. Habrá que esperar a que se celebre el juicio, al que posiblemente no se presentará. Y en cuanto a la expulsión, primero habrá que localizarle, y eso no siempre resuta factible". Ahora bien, si el joven se presentase a la vista judicial por la agresión del pasado martes en la Intermodal, ¿qué consecuencias debería afrontar en caso de ser declarado culpable?. "Pagaría una multa y debería realizar algunas horas de trabajo social - afirma Rafa- Y si tiene la posibilidad de alegar insolvencia, ni siquiera tendría que pagar la sanción".

REUNIÓN CON EL DELEGADO DEL GOBIERNO Esta es, precisamente, una de las principales reivindicaciones que el sector de vigilancia privada expondrá este viernes al delegado del Gobierno, Ramon Morey, en el transcurso de la concentración que tendrá lugar de las 11 a las 13 horas frente a la sede institucional, promovida por los sindicatos Comisiones Obreras, CSIF y Alternativa Sindical, organización a la que pertenece Rafa.

Concretamente, la demanda consiste en otorgar a los vigilantes privados la consideración de agentes de autoridad cuando su labor se desarrolle en escenarios conflictivos. Así ocurre, como explica Rafa, "en el caso de los maestros y los médicos, por ejemplo. Si mi agresor hubiera atacado a uno de ellos, podrían caerle hasta cinco años de prisión. Muchos de los individuos que ocasionan problemas de orden público de manera habitual conocen estos pormenores, y saben que agredir a un vigilante sale muy barato a nivel judicial. Aumentando la pena, se incrementaría también nuestra protección y no nos sentiríamos en una situación tan indefensa como la actual".

CHALECOS PROTECTORES DE BAJA CALIDAD Las reivindicaciones que las entidades sindicales pondrán sobre la mesa durante su encuentro con el delegado del Gobierno abarcan muchos otros aspectos. Uno de ellos hace referencia a las condiciones en que los trabajadores del sector deben desempeñar su tarea diaria. En el caso de los vigilantes destinados a la Estación Intermodal de Palma, toda la protección defensiva de que disponen se resume en una porra y un chaleco anticontusiones del que les ha provisto la empresa Trablisa como concesionaria del servicio en el área gestionada por la entidad pública SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca), que abarca las instalaciones de la estación de tren.

Sin embargo, la calidad de estos elementos, y particularmente de los chalecos, "deja mucho que desear -asegura Rafa- Por mi experiencia sé que no pueden protegernos si un agresor nos propina un navajazo o una cuchillada. El arma blanca traspasaría la prenda con facilidad". Por esta razón, los convocantes de la concentración de este viernes reclamarán a la Administración del Estado, y a su representante en Baleares, Ramon Morey, que "ejerza presión sobre las empresas de seguridad privada para que doten a su personal de material de protección de calidad, en lugar de estar buscando siempre las ofertas más económicas para ahorrar dinero".

SUELDO BASE DE 963 EUROS Los emolumentos económicos es otra de las cuestiones que preocupa a los profesionales del sector. Las empresas abonan a sus trabajadores sueldos que, en muchos casos, ni siquiera llegan a los 1.200 euros mensuales netos. Concretamente, en las nóminas de estos empleados, la cantidad líquida a percibir, una vez efectuados las retenciones pertinentes, asciende a 1.174 euros, y solo mediante la cobertura de horas extras puede el trabajador elevar el montante de sus ingresos. De hecho, el sueldo base en el caso de un vigilante de seguridad privada es de 963 euros, exactamente 13 euros más del que tienen fijado los auxiliares de servicio.

La diferencia, como expone Rafa, es que "no puedes convertirte en vigilante de un día para otro. Hay que acreditar una formación, aprobar unos exámenes y cumplir unos requisitos. En el otro caso, en cambio, se puede estar trabajando en una zapatería, y, al día siguiente, firmar un contrato como auxiliar de servicio aunque no se disponga ni de formación ni de experiencia. Sin embargo, la asignación económica base es prácticamente la misma". En resumen, las necesidades que el colectivo de vigilantes privados pretende que la Administración escuche y atienda tienen que ver con su sensación de indefensión, sus precarias condiciones laborales y económicas, y la falta de apoyo, no solo, como afirma Rafa, "de quienes gobiernan y legislan, sino también por parte de las empresas del sector. Hay que reclamarles que apuesten claramente por la protección de su personal, y que contribuyan a dignificar nuestra profesión".

La Fiscalía de Baleares propone que Policía y Guardia Civil vigilen los centros de internamiento

La Consejería de Asuntos Sociales del Govern ha pedido al Ejecutivo central que las fugas de menores sean consideradas «de alto riesgo», si bien el Ministerio del Interior ha recordado que esa calificación fue derogada el pasado año

La Fiscalía de Baleares, que dirige Bartomeu Barceló, ha emitido este jueves un comunicado en el que ha recordado una serie de medidas propuestas o apoyadas por el Ministerio Público para mejorar la atención en los centros de protección de menores de las Islas. Una de dichas medidas sería que la Policía Nacional y la Guardia Civil pasasen a ocuparse de la seguridad en los centros de internamiento, en sustitución de los vigilantes de seguridad privados, que son quienes actualmente cumplen esa función.

Otras propuestas enumeradas por la Fiscalía son la creación de centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, la puesta en marcha de un centro de reforma en Ibiza, la instauración de un servicio de guardia de 24 horas, el reforzamiento de la seguridad nocturna de los centros de protección y el incremento de las plantillas de profesionales durante dichos turnos. En la nota, la Fiscalía también ha señalado que la Sección de Menores del Ministerio Público «desarrolla una magnífica tarea en los asuntos de protección de menores». Asimismo, ha reconocido «la gran profesionalidad» de la Policía y la Guardia Civil en las actuaciones relacionadas con esa materia.

En el comunicado, la Fiscalía ha amonestado, de forma implícita, a las distintas administraciones encargadas de los centros de protección de menores, recordándoles que no basta con denunciar posibles casos de abusos o de explotación infantil. Así, el Ministerio Público ha indicado que «la obligatoria comunicación» que deben hacer el Consell de Mallorca y el Govern a la Fiscalía de los casos relacionados con menores, «no supone sin más y desde ese momento la eliminación, paralización o suspensión de sus únicas y exclusivas competencias en la materia». La Fiscalía ha añadido que «esta responsabilidad administrativa debe seguir llevándose a cabo de forma simultánea el tiempo que los menores formen parte del sistema de protección».

Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno balear, Fina Santiago, de MÉS, ha remitido este jueves una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad en la que pide que sean consideradas «de alto riesgo» y «prioritarias» las fugas de menores de los centros de internamiento y de los centros de acogida. Por lo que respecta a la propuesta de la Fiscalía de que la Policía y la Guardia Civil vigilen los centros de internamiento, fuentes oficiales de Asuntos Sociales han indicado a EP que Santiago está «completamente de acuerdo». Dichas fuentes han recordado que la consejera ya presentó en 2017 una propuesta semejante a la entonces delegada del Gobierno, María Salom, dado que la seguridad privada «no cubría las necesidades reales de los centros». Sin embargo, esa propuesta finalmente no prosperó.

Este mismo jueves, a última hora de la tarde, el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado implícitamente dirigido a Asuntos Sociales en el que ha recordado que en marzo de 2019 se derogó «la instrucción que calificaba las desapariciones de personas, incluidas las de menores, como de alto riesgo o riesgo limitado». Desde entonces, «las desapariciones se califican por su naturaleza: voluntarias, involuntarias o forzosas». El comunicado de Interior añade que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «investigan todas y cada una de las denuncias que se interponen por desapariciones de personas» y concluye que «la implicación por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil en estos casos, como sucede habitualmente, es absoluta».

Distintas administraciones Cabe recordar que un centro de internamiento es distinto a un centro de acogida o tutelado, tanto por lo que respecta a sus funciones como por lo que afecta a su gestión. Los centros de internamiento son de régimen cerrado para menores con antecedentes. Los tres que existen en Mallorca son gestionados por el Gobierno balear. En cuanto a los centros de acogida o tutelados, su régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes. En Mallorca hay 30 centros tutelados, que son gestionados por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Dicho organismo ha reconocido la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca. De los 16 casos, en 15 de ellos las víctimas eran niñas.

En ese contexto, el Consell de Mallorca celebrará este viernes dos plenos, uno convocado por el equipo de gobierno y otro por la oposición, para tratar sobre la posible desatención que estarían sufriendo en estos últimos años determinados menores de los centros de acogida gestionados por la institución insular. En el primer pleno comparecerá el presidente del IMAS, Javier de Juan. En el Consell de Mallorca gobierna en la presente legislatura un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera. Con independencia de la celebración de los dos plenos citados, el PP, Vox, Cs y Proposta per les Illes (PI) han exigido la creación de una comisión de investigación en la institución insular, que en principio ha sido aceptada por el PSOE. Los socialistas quieren, sin embargo, que se investigue también la época en que el Consell de Mallorca estuvo gobernado por el PP y antes por Unió Mallorquina, formación hoy ya extinta.

Comparecencia parlamentaria Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales del Govern compareció el pasado martes ante la Diputación Permanente del Parlamento balear. Santiago confirmó que desde 2016 su departamento ha despedido a cinco trabajadores —cuatro mujeres y un hombre— de los centros que gestiona por «conductas sexuales inadecuadas» con menores. Asimismo, afirmó que el Govern que preside la socialista Francina Armengol habría actuado siempre con la «máxima diligencia» ante situaciones de ese tipo. La consejera compareció tras la controversia generada estos días por la presunta inacción institucional que habría existido en el Consell de Mallorca y en el Govern en relación a los casos de explotación sexual infantil y de abusos detectados en el último lustro en Mallorca. Dichos casos sólo se han hecho públicos ahora, a lo largo de este mes de enero.

La oposición criticó el martes con suma dureza a Santiago, al considerar que el Gobierno balear no ha hecho autocrítica y que no se habría actuado con prontitud cuando era preciso. Por todo ello, el PP, Cs y Vox exigieron la dimisión inmediata de la consejera, mientras que el PI pidió también dimisiones, pero sin centrarlas por ahora en Santiago. La responsable de Asuntos Sociales replicó que no veía necesaria ninguna renuncia. Paralelamente, los sindicatos policiales SUP, CEP, SPP y UFP expresaron su malestar por algunas afirmaciones hechas por Santiago durante su comparecencia. En un momento de su intervención, Santiago pareció cuestionar la implicación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía en la lucha contra la explotación sexual infantil, si bien al día siguiente la consejera matizó sus palabras y reconoció su labor.

La actual polémica en torno a los centros de protección de menores de Mallorca se inició tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. El informe de la doctora que atendió a la niña horas después de la violación señaló que sus lesiones eran compatibles con una agresión sexual múltiple. Se activó entonces el protocolo previsto, por lo que el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. La investigación continúa aún abierta.

BALEARES: El Govern alertó que la seguridad privada en Es Pinaret y Es Fusteret "no cubría las necesidades reales"

La Conselleria de Asuntos Sociales y Cooperación de la anterior legislatura, dirigida también por Fina Santiago, envió una carta en 2017 a la que era delegada del Gobierno en Baleares, María Salom, en la que pedía contar con agentes de la Policía Nacional en Es Pinaret y Es Fusteret, dado que la seguridad privada "no cubría las necesidades reales de los centros".


En la misiva se argumentaba que, "con la experiencia acumulada en los últimos años", el personal privado de seguridad de dichos centros "no tiene la formación ni la preparación para llevar a cabo el trabajo en este tipo de centros". Por ello, desde la Dirección General de Menores del anterior Ejecutivo plantearon la posibilidad de que fueran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente de la Policía Nacional, las que asumieran las funciones de seguridad y vigilancia de los centros específicos de menores con medidas judiciales.

La propuesta concreta era firmar un convenio de un millón de euros que era lo que costaba, en esos momentos, la seguridad privada en Es Pinaret y que tenía que renovarse. Sin embargo, el acuerdo no prosperó. Precisamente, la Fiscalía ha pedido este jueves mediante un comunicado el traslado de la seguridad de los centros de cumplimiento de medidas judiciales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, desde la Conselleria han explicado que "están plenamente de acuerdo" y que en esta legislatura siguen abogando por introducir la seguridad pública en los centros socioeducativos de menores con medidas judiciales, que son los de titularidad del Govern. También desde la Fiscalía han insistido en la "urgente necesidad" de la creación de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta y un centro de reforma en Ibiza.

Sin embargo, sobre ello, desde la cartera de Asuntos Sociales han considerado que "no es necesario en estos momentos" debido a la baja demanda. Hay una media de seis menores cumpliendo de forma simultánea una medida privativa. La Fiscalía de Baleares se ha pronunciado este jueves para defender su actuación después de las declaraciones que hizo Santiago del Ministerio Fiscal y la Policía Nacional este martes en la Diputación Permanente del Parlament. Tras sus matizaciones, Santiago ha pedido más implicación de la Fiscalía en las reuniones de seguimiento de los casos de explotación sexual a menores.

El Ministerio Fiscal ha defendido que "todos y cada uno de los casos" relativos a presuntos delitos menores "han sido y están siendo objeto de la oportuna investigación, seguimiento y tramitación con absoluto interés, seguimiento y dedicación". Los casos de explotación sexual se hicieron públicos a raíz de una violación grupal a una menor tutelada por el Consell de Mallorca. La agresión sexual se cometió en un piso del Camp Redó, en Palma, la pasada Nochebuena. Fueron detenidos siete varones (seis menores y un adulto) y una chica, también menor, que supuestamente habría actuado como enlace y forzado a la víctima a permanecer en la casa.

SPV lamenta la pérdida de la compañera Isabel Sevillano


Hoy se nos fue una gran luchadora

Hoy el Sindicato Profesional de Vigilantes de Sevilla y La Plataforma Mujer Vigilante está de luto. Se nos ha ido la compañera Isabel. Siempre estarás en nuestros recuerdos.

Luchadora en todos los aspectos de la vida, ejemplo de persona, compañera y amiga. Tuvimos la suerte de tenerte en nuestro equipo "Plataforma Mujer Vigilante" y en el SPV. Nos enseñaste mucho porque tú fuiste abriéndonos camino en esta profesión cuando apenas había mujeres. Luchaste por nuestros derechos y por los de todas aún a sabiendas que saldrías perjudicada. Cuando creíamos que todo había quedado atrás el grupo de mujeres quiso celebrarlo corriendo la carrera de la mujer y nos uniste a todas en otra lucha, contra el cáncer de la mujer. Esa en la que ninguna querríamos vernos. Fuiste la mejor amiga y compañera además de la mejor hermana.

30 de enero de 2020

CÁDIZ: Condenan a la empresa RMD por vulnerar la libertad sindical de SPV

CONDENADA R.M.D. SEGURIDAD POR VULNERAR LA LIBERTAD SINDICAL DE S.P.V.

Esta Sentencia obtenida por la asesoría jurídica de S.P.V. la jueza deja claro que es de tal gravedad la vulneración que ha de procederse a la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal, a efectos de depurar eventuales conductas delictivas, al haberse comprobado la violación del derecho a la Libertad Sindical establecida en el art. 15 de la LOLS (art. 315 Código Penal) y existiendo indicios de criminalidad por la apropiación indebida. (art. 253 y ss Código Penal) Se condena a la cantidad reclamada por cuotas sindicales retenidas en nominas a los trabajadores y no ingresadas al Sindicato por importe de 2.180 euros y una sanción por indemnización de 6000 euros.

La Audiencia Nacional obliga a aplicar el SMI de 2019 al convenio de seguridad privada

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado la demanda de conflicto colectivo interpuesta contra el convenio estatal del sector de la seguridad privada para exigir la aplicación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada en 2019 a ocho niveles laborales de la profesión.

La demanda fue interpuesta por el Sindicato Aragonés de Servicios (SAS) contra todas las organizaciones firmantes del convenio colectivo del sector para el periodo 2017-2020 al entender que los niveles profesionales afectados tenían derecho a percibir una retribución salarial igual o superior al SMI de 2019 (12.600 euros). La sentencia de la Audiencia Nacional estima parcialmente la demanda en relación a este punto y argumenta que el convenio suscrito por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad con (Aproser) con los sindicatos UGT, CCOO y USO contempla salarios base por debajo del SMI.

La resolución descarta, además, la posibilidad de “compensar o absorber” en el sueldo base las cuantías correspondientes a las distintas indemnizaciones o conceptos extrasalariales previstos en la profesión de la seguridad privada. En un comunicado, el sindicato demandante confía en que las partes negociadoras del convenio, patronal y las organizaciones sindicales firmantes, que no comparecieron estas últimas en el juicio por la demanda, actualicen las tablas salariales para 2019 y 2020, con su SMI de 950 euros por catorce pagas, hasta un total anual de 13.300 euros.

MALLORCA: "A los vigilantes de los centros de menores les obligan a hacer tareas ilegales"

Desde Alternativa Sindical aseguran que les hacen cachear a los internos, entre otras cosas: tareas que deberían realizar los educadores o funcionarios.


Los vigilantes de centros de menores se ven obligados a hacer tareas ilegales durante sus turnos de trabajo. El delegado de Alternativa Sindical, Gabriel Gómez, recuerda que no son funcionarios de prisiones, son vigilantes de seguridad privada y tienen muy marcado en la ley lo que pueden hacer y lo que no. Gómez cuenta que su trabajo consiste en vigilar que los menores no se fugen e intervenir en caso de que haya algún problema entre los internos y los educadores. Pero estas no son para nada sus tareas diarias, sino que les obligan a cachear a los menores, acompañarlos al patio y llevarlos a las celdas, entre otras cosas.

"Algunos vigilantes se han negado, ya que es ilegal", cuenta Gómez, pero se arriesgan a ser despedidos. Lamenta que la conselleria mira a otro lado y no actúa acorde con la legalidad. Además, la situación en los centros es insostenible, dicen los vigilantes. Las fugas son constantes y las agresiones también. En centros como es Pinaret, explica Gómez, los motines son frecuentes y los vigilantes son los que tienen que lidiar con ellos. "Los internos arrancan los marcos de las puertas, cogen un tenedor y ya tienen una lanza. Hemos pedido protecciones a la empresa para poder defendernos. A un vigilante le dieron con un grifo en la cabeza y le tuvieron que poner 20 puntos. La empresa se mofa de nosotros y nos dice que no necesitamos utensilios antidisturbios", cuenta gabriel Gómez. 

VIGILANTES DE LA ESTACIÓN INTERMODAL Y el problema de los vigilantes no termina aquí, sino que llega a casi todos sus ámbitos. Lluvias de piedras, amenazas y agresiones: son algunas de las cosas que tienen que soportar los vigilantes de seguridad de la estación Intermodal de Palma. Día 31 los trabajadores se van a manifestar para exigir una mejora de las condiciones de trabajo, ya que se sienten muy desprotegidos ante las agresiones cuotidianas.

Piden que los vigilantes adquieran la condición de autoridad en caso de agresiones, igual que personal sanitario y profesores, ya que ahora, pegarles a ellos, es como pegarle a cualquier ciudadano. Precisamente este martes Rafael Leitan fue agredido por un joven en la estación. Él es vigilante y asegura que cada día sufre agresiones en su puesto de trabajo. Ayer se quedó sin un diente tras la agresión. Y es que en la estación, cuenta, coinciden pandillas de grafiteros, delincuentes, alcohólicos e, incluso, los baños se han convertido en una zona de citas.

29 de enero de 2020

CASTILLA-LA MANCHA: AUGC se queja de la sobrecarga de trabajo en la prisión

Agustín Clemente asegura que la falta de agentes afecta a otros servicios y que trabajan a bajas temperaturas.

Clemente comentaba también que ahora han conocido las condiciones en las que trabajaban los vigilantes de seguridad privada. «Era un trato totalmente inhumano, con servicios de 12 horas, sin ningún tipo de descanso» y con «unas condiciones pésimas». 

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) asegura que la «sobrecarga» de trabajo que tienen los agentes en la prisión desde el pasado 1 de enero, debido a la no licitación de los servicios de seguridad privada en los Centros Penitenciarios de Castilla-La Mancha está «afectando a otros servicios». Así lo aseguraba el secretario provincial de la asociación, Agustín Clemente, que además afirmaba que «ahora mismo estamos cubriendo la entrada de los funcionarios a las siete de la mañana, cuando es una cosa que deberían hacer ellos».

Clemente comentaba también que ahora han conocido las condiciones en las que trabajaban los vigilantes de seguridad privada. «Era un trato totalmente inhumano, con servicios de 12 horas, sin ningún tipo de descanso» y con «unas condiciones pésimas». En este sentido, manifestaba que cuando han comenzado a prestar los servicios de la seguridad privada se han enfrentado a temperaturas muy bajas. «Nos hemos incorporado al servicio con unas condiciones climáticas extremas, con temperaturas por debajo de cinco o seis grados bajo cero y hemos tenido que prestar servicio en condiciones bastante lamentables, porque estamos hablando de temperaturas en una garita por debajo de los 10 grados centígrados».

PALMA DE MALLORCA: Detenido por agredir a un vigilante de seguridad en la Estación Intermodal

Un joven ha sido detenido este martes por agredir a un vigilante de seguridad de Serveis Ferroviaris de Mallorca en la Estación Intermodal de Palma.

Según han informado fuentes policiales, el detenido es un varón de 24 años. Los hechos han tenido lugar sobre las 09.30 horas, como ha indicado la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO (FTSP-USO) en Baleares, que ha condenado la agresión en un comunicado. Desde USO han explicado que el joven estaba en el interior de la estación con actitud violenta, gritando, gesticulando y amenazando a los transeúntes, quienes han avisado al vigilante de seguridad.

El vigilante ha ido a comprobar qué ocurría y al pedirle que abandonara las instalaciones, el joven le ha golpeado. Según el sindicato, la víctima ha sufrido daños en la cara y es probable que pierda una pieza dental. Los compañeros del vigilante se han apresurado a auxiliarle y han podido reducir al agresor, al que han retenido hasta la llegada de la Policía Nacional. El vigilante de seguridad agredido ha sido atendido por un médico y ha presentado una denuncia ante la Policía con el correspondiente parte de lesiones.

El sindicato FTSP-USO ha condenado los hechos y ha reiterado su petición para que los trabajadores de seguridad privada sean considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Este estatus jurídico implicaría que la agresión a estos trabajadores conlleve una pena mayor, equiparable a la de agredir a cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. USO ha pedido al Gobierno de España que reforme la Ley para incluir esta modificación, argumentando que no supondría ninguna variación económica para las empresas.

“Creemos que no hay que esperar a una desgracia irreparable para ponerle coto a las agresiones a vigilantes de seguridad, haciendo que no salga tan barato agredirnos y poniendo los medios necesarios de defensa en aquellos centros que tengan una conflictividad demostrable o exista riesgo de agresión”, ha pedido USO. El sindicato ha resaltado que en Baleares “ya hay en la actualidad mas vigilantes de seguridad que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado juntas”.

PALMA DE MALLORCA: Concentraciones contra las agresiones a vigilantes de seguridad

CCOO, CSIF y Alternativa Sindical se concentrarán el viernes contra las agresiones a vigilantes de seguridad. Exigirán "medidas de protección reales" y mejoras laborales para los profesionales de la seguridad privada.


Los sindicatos CCOO, CSIF y Alternativa Sindical han convocado una protesta este viernes ante la Delegación del Gobierno para reclamar soluciones ante las "continuas agresiones" a los profesionales de la seguridad privada. La concentración tendrá lugar de 11.00 a 13.00 horas, según ha informado CCOO en una nota de prensa, en la que ha explicado que habrá otras movilizaciones en otros puntos de la geografía española. CCOO ha señalado que estos trabajadores están "hartos de la permanente situación de desprotección y vulnerabilidad a la que, diariamente, se ven expuestos" en sus funciones. "Exigimos que, de una vez por todas, se adopten medidas de protección reales", han reivindicado desde el sindicato.

En este sentido, los sindicatos han apelado a las propias empresas y a la Delegación de Gobierno para que tomen medidas. "No puede suceder, como pasó hace unos años, que una empresa de seguridad, por motivos meramente económicos, se niegue a proporcionar chalecos de protección a sus trabajadores en servicios potencialmente peligrosos", han protestado. CCOO ha argumentado que en lugares como estaciones de transporte, aeropuertos, centros de internamiento de menores u hospitales, las situaciones de riesgo "están a la orden del día" ya que estos trabajadores "han de tratar a diario con borrachos, drogadictos, maleantes y personas agresivas".

La organización ha añadido que los vigilantes, a pesar de realizar funciones propias de cuerpos de seguridad, son "considerados mano de obra barata". "Perciben un salario miserable y un irrisorio plus de peligrosidad que no llega a los 20 euros", ha denunciado. Igualmente, CCOO ha considerado "indignante" que "continúe sin atribuírseles el estatus de agentes de la autoridad", y "que no tengan, a la hora de intervenir, mayores prerrogativas que cualquier particular". Los tres sindicatos entregarán el viernes un documento con éstas y otras consideraciones al delegado del Gobierno en Baleares en funciones, Ramón Morey.

BARCELONA: Un pandillero imputado por apuñalar a un vigilante y a Bronco, su perro

R., el vigilante agredido en noviembre con Bronco, el perro también apuñalado que le salvó la vida / CGEl miembro de la banda latina se enfrenta a cargos de intento de homicidio, daños y lesiones: acuchilló a R. y al pastor alemán que le acompañaba

El juez investiga a un miembro de las maras salvadoreñas por el apuñalamiento a un vigilante de seguridad y a Bronco, el perro que le acompañaba. Este integrante de una banda latina se enfrenta a cargos de intento de homicidio, daños y lesiones tras, creen los Mossos d'Esquadra, haber acuchillado a R. y al pastor alemán de patrullaje que iba con él. Según han informado fuentes cercanas al caso, que avanzó este medio en noviembre, la agresión se produjo en la estación del TRAMBesòs de Can Jaumandreu (Barcelona). El presunto agresor la emprendió contra R. y el can que le acompañaba cuando le recriminaron las actitudes incívicas que estaba protagonizando dentro del tranvía. El hombre, que iba con su mujer e hija, no solo no desistió al ser regañado, sino que sacó una arma blanca y apuñaló al vigilante y a Bronco.

"Le atravesó la mano" Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado la detención de un individuo de 29 años y nacionalidad salvadoreña por este caso. El arresto se produjo dos días después de la agresión, tras una campaña animalista para localizar al supuesto autor de la doble agresión a hombre y animal. No hizo falta la colaboración ciudadana. Los hechos se habían producido a plena luz del día y bajo el foco de diversas cámaras de seguridad. Los aparatos de videovigilancia captaron la embestida del pandillero al vigilante y a su acompañante de cuatro patas. El arma punzante del agresor atravesó la mano del profesional, que necesitó traslado a un centro hospitalario y grapas en los dos lados de la extremidad. Por su parte, Bronco encajó un corte a la altura de los ojos que le obligó a llevar una venda durante días. Ambos se encuentran "bien y operativos" en estos momentos, han informado las mismas fuentes.

La mujer también le denuncia Tras ello, los Mossos iniciaron una operación de busca y captura del atacante. Lo hallaron pocos días después en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), han explicado voces conocedoras del caso. En el momento del arresto, el hombre se reivindicó como miembro de la "mara salvadoreña". Pasó a disposición judicial y quedó en libertad con cargos a la espera de juicio. Por su parte, la mujer que le acompañaba en el momento del ataque con arma blanca también le ha denunciado por violencia de género.

Cabe recordar que los vigilantes de seguridad llevan tiempo denunciando la inseguridad que existe en el transporte público de Barcelona, tanto en superficie como bajo tierra. En diciembre, los profesionales del sector se concentraron ante la Delegación del Gobierno en Cataluña después de una terrible agresión caníbal a un compañero en la estación de metro de plaza Urquinaona. El sector pide más medios para blindar su seguridad y la de los pasajeros y el reconocimiento legal de la figura de vigilante.

CRA, el muro de carga de la Seguridad Privada

José Ignacio Jiménez del Castillo. Director de Relaciones Institucionales de Securitas Direct

Las alarmas de uso doméstico protegen los hogares de las intrusiones gracias a su conexión a una Central Receptora de Alarmas (CRA) que, junto a sus profesionales, valoran las alertas y actúan en consecuencia velando por la seguridad de los ciudadanos.José Ignacio Jiménez, Director de Relaciones Institucionales de Securitas Direct

Cuando se emite dicha señal de alarma a nuestra CRA, nuestros especialistas valoran qué gestiones son necesarias según los protocolos establecidos. En este punto comienza la complejidad de su funcionamiento y entra en juego la alta cualificación de estos profesionales para que toda la información que se reciba sea correctamente gestionada y se ahorre en tiempo y recursos, a la vez que se garantiza la seguridad a los clientes y ciudadanos.

La gestión que desde Securitas Direct se realiza implica el tratamiento de más de 8 millones de dispositivos conectados “machine to machine” y más de 600 millones de señales telemáticas diarias. Un volumen de avisos tan elevado requiere, sin duda, que el engranaje funcione a la perfección por medio de la tecnología y las personas. Para el envío de las señales a la CRA, las alarmas de Securitas Direct cuentan con la red GSM (de telefonía móvil) y la Red ATN (Alarm Transmission Network), un sistema exclusivo que solo tiene la compañía (dentro del sector de la seguridad), muy difícil de inhibir y que cuenta con más de 1.500 antenas desplegadas por toda España.

Monitorización de manera ininterrumpida La responsabilidad de nuestro equipo profesional que trabaja en las CRA, y gestiona toda la información que les llega, es monitorizar de manera ininterrumpida, 24/7, las instalaciones de los clientes en sus hogares y negocios. Lo que hace este equipo es interpretar cada señal y, en función de su tipología, se actúa de una manera u otra. Si se trata de una señal de alto riesgo (atraco, coacción, etc.), como alarma confirmada que es, se comunica inmediatamente a la policía: son las denominadas señales de alta prioridad. Al igual, otras como los SOS, intrusión o sabotaje, se verifican por si pueden ser fruto de un falsa alarma, y en cuanto resultan confirmadas, se actúa poniéndonos en contacto con los servicios policiales o de emergencia, según sea el caso y como tenemos estipulado en nuestros protocolos. De media al año, gestionamos más 320.000 señales de este tipo.


Si no es una señal de alta prioridad, también se verifica y gestiona para conocer qué puede estar ocurriendo, es decir, si se trata realmente de una incidencia real, o una señal que puede llegar por un error de uso o incidencia técnica (baja batería, por ejemplo). Si se verifica que es una intrusión (alarma confirmada), se ponen en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y si es un problema de uso o incidencia, se establece contacto con el cliente para subsanarlo. Toda señal es atendida en un tiempo medio inferior a 29 segundos.

Ante una señal, lo primero actuar En definitiva, lo primero que se hace ante una señal es actuar. Cada segundo en una situación de crisis tiene un valor incalculable. Por ello, trabajamos constantemente evaluando todos nuestros protocolos con el fin de ser extremadamente efectivos. Por este motivo, invertimos más de 8.000 horas en la formación de nuestros especialistas, y se realizan más de 30.000 horas de auditoría para realizar esa mejora constante, lo que supone una inversión anual de 4 millones de euros. En total, la CRA gestiona cerca de 15 millones de saltos de alarma verificables al año y 100.000 envíos anuales de Acuda para la verificación personal de alarmas, dando así servicio a más de 1.2 millones de clientes.

Por ello, es necesaria la tecnología más avanzada y unos profesionales altamente cualificados que permita monitorizar eficazmente tanto casos de emergencia, como causas técnicas o de control de la alarma, y que puedan valorar y tomar las mejores decisiones para lidiar con cada salto que se produzca. En Securitas Direct contamos con las dos CRA’s más grandes y modernas de Europa. La interconexión entre ambas conforma, seguramente, la CRA más grande del mundo. Este hecho convierte a España en un mercado puntero e innovador que está a la vanguardia de los avances y últimas tendencias del segmento y de la compañía, situando al mercado español en una posición líder en Europa en seguridad electrónica.

La mala gestión y una sentencia del Supremo pueden dejar a los 3.000 trabajadores de Ombuds en la calle


La caída de la empresa de seguridad privada comenzó en el pasado mes de junio con una venta fallida a un supuesto magnate mexicano


El viacrucis de Ombuds Compañía de Seguridad SA y los cerca de 3.000 últimos trabajadores de su plantilla está tocando a su fin. El administrador concursal de la sociedad comunicó este lunes, 27 de enero, a los representantes de los trabajadores el inicio de un ERE extintivo que finalizará a más tardar el 30 de marzo, y que afectará a todos los empleados que no puedan ser subrogados antes de esa fecha. 

La caída de Ombuds, que por entonces contaba con cerca de 9.000 empleados, al vacío comenzó en el mes de junio pasado. Una venta fallida a un supuesto magnate mexicano con el que la familia Cortina, dueños en origen de la sociedad, quería acabar con la hegemonía de Prosegur en el sector de la seguridad privada de España y Latinoamérica, un inesperado e injustificado corte de la financiación bancaria de la mano del Santander –accionista de Prosegur-, y la negativa del grupo JZY –propietaria del 75% de Ombuds- a seguir poniendo dinero en manos de unos gestores tan desacreditados como los Cortina, llevó a la quiebra a tercera compañía del país en número de vigilantes. 

En realidad, el camino hacia ninguna parte de Ombuds cabría datarlo en el año 2015 con la compra de Castellana de Seguridad, una compañía que había crecido como la espuma en los años de la Gürtel madrileña, haciéndose con contratos públicos a mansalva. Su por aquel entonces director general, Francisco Javier García Saldaña, "a quien algunas fuentes del sector atribuyen muy buenas relaciones con el Partido Popular", tal y como publicó Vozpopuli en abril de 2018, consiguió vender su mastodóntica y escasamente rentable compañía a los Cortina, colocando a Ombuds en graves problemas de liquidez y solvencia. García Saldaña es uno de esos llamados “conseguidores” del sector que presumen de cartera de clientes en la administración pública y que, tras su reciente salida de Ombuds, ha terminado recalando en las filas de Prosegur hace escasas fechas. 

El impago de salarios y seguridad social que Ombuds mantiene con sus trabajadores desde el pasado mes de junio hace inviable que, tras la doctrina establecida por una sentencia del Tribunal Supremo en 2018, otras empresas del sector quieran hacerse cargo de los servicios que hasta ahora mantiene como contratista –Metro de Madrid, EMT, Ayuntamiento de Fuenlabrada, Centros Penitenciarios-, lo que deja a sus trabajadores sin más salida que la del mencionado ERE. Es el caso de los vigilantes de seguridad de la compañía que hasta el 31 de diciembre pasado prestaban sus servicios en Prisiones y que llevan sin trabajar desde entonces, al quedar desierto el concurso que el Ministerio de Interior realizó para sustituir precisamente a Ombuds.

Los clientes que aún le quedan -la mayoría administración pública- temen un final parecido al de Prisiones: sacar un concurso público para sustituir Ombuds por otra compañía de seguridad capaz de hacerse cargo del servicio y de sus trabajadores y comprobar que no se presenta ninguna. Empresas como Prosegur, Segurisa o Ilunion, que se hicieron cargo de clientes de aquélla como Carrefour o IFEMA hace unos meses, se enfrentan ahora a las demandas y reclamaciones de los 6.000 trabajadores subrogados. Una deuda de tal tamaño que hace imposible rentabilizar esos servicios y que se convierte en barrera capaz de disuadir a cualquier compañía del sector de hacerse cargo de los 3.000 trabajadores que aún quedan en el resto de clientes –sobre todo por tratarse de servicios contratados a un precio muy ajustado, como es norma con la administración pública-.

Una mala sentencia del Supremo Hasta 2018, los trabajadores que prestaban sus servicios -normalmente vigilantes de seguridad o personal de limpieza- para una empresa contratada por algún organismo público o privado, quedaban subrogados como trabajadores en el caso de que se produjera un cambio en la titularidad de la contratista, lo que les permitía conservar sus puestos de trabajo. Sin embargo, la sentencia del Supremo 3545/2018, Sala de lo Social, modificó la doctrina seguida hasta entones al declarar que “la nueva contratista debe responder solidariamente del pago de las deudas salariales contraídas por su antecesora”. Este giro doctrinal ha llevado a que los 3.000 trabajadores que aún quedan en Ombuds se vean abocados a perder su empleo después de llevar más de 20 años, en algunos casos, trabajando en el mismo servicio. 

El Fallo del TS –con un voto particular formulado por el magistrado Luis Fernando digno de leer-, interpretado a la sombra de una sentencia del STJUE del 11 de julio de 2018, conduce a una situación más que complicada a todos los trabajadores que, como en el caso que nos ocupa, se vean inmersos en la quiebra de la empresa para la que prestan sus servicios. A partir de ahora, los trabajadores pueden terminan pagando el pato de la mala gestión del empresario de turno. 

Fuentes sindicales aseguran estar manteniendo reuniones con responsables de la Administración –contratos de seguridad con Gobierno central, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos varios- para encontrar una solución que proteja a los trabajadores antes de la llegada de un eventual ERE. Por lo aquí expuesto, la solución se antoja muy difícil, aunque en juego están puestos de trabajo de los que dependen 3.000 familias. Para los trabajadores de Ombuds quedan pocos días.

28 de enero de 2020

MÁLAGA: Detenidos dos hermanos por robar relojes a turistas con un "regate de fútbol"

La investigación se inició a raíz del aviso de unos vigilantes de seguridad sobre la presencia de unos jóvenes que supuestamente sustraían efectos a turistas, por lo que se desplazó a la zona la Policía Local, que identificó a uno de los supuestos autores, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Dos hermanos de 24 y 30 años y origen marroquí han sido detenidos por la Policía Nacional en Marbella (Málaga) por sustraer, mediante un método conocido como el "regate de fútbol", varios relojes de alta gama a turistas en la zona de Puerto Banús. Según las pesquisas policiales, uno de los detenidos efectuaba una zancadilla a la víctima simulando un regate de fútbol, mientras que en otras ocasiones se acercaban a la víctima para saludarla y aprovechaban el contacto físico para quitarle el reloj de la muñeca. La investigación se inició a raíz del aviso de unos vigilantes de seguridad sobre la presencia de unos jóvenes que supuestamente sustraían efectos a turistas, por lo que se desplazó a la zona la Policía Local, que identificó a uno de los supuestos autores, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El segundo investigado, un hombre de 30 años, fue localizado por la Policía Nacional, que averiguó que los dos actuaban de manera coordinada y, mientras uno ejecutaba el hurto, el otro realizaba las labores de vigilancia. Las víctimas no se percataban de la sustracción en ese momento, lo que permitía al autor abandonar el lugar y huir junto a su compinche. Los detenidos, que lograron sustraer relojes valorados en 18.000 euros, eran "conocidos" en otras localidades españolas por su incidencia en delitos contra el patrimonio, según la Policía.EFE

PONTEVEDRA: Un paciente agrede en el Hospital Provincial a un médico, a un policía y a un vigilante

Resultado de imagen de HOSPITAL PROVINCIAL DE PONTEVEDRAUn paciente agredió en la noche del pasado viernes en el Hospital Provincial de Pontevedra a un médico, a un agente de la Policía Nacional y a un vigilante de seguridad, que tuvo que pedir la baja por las lesiones.


Así lo ha denunciado UGT en un comunicado, en el que explica que los hechos ocurrieron el pasado día 24 a las 21,00 horas, cuando el facultativo avisó a los servicios de seguridad por la presencia de un hombre violento.

Según explica el sindicato, el agresor, que presentaba un estado violento y que supuestamente se encontraba bajo los efectos de "algún tipo de sustancia", "consiguió ser reducido" entre el personal de seguridad y el apoyo de la Policía Nacional. Como resultado de la intervención, conforme indica UGT, el vigilante de seguridad sufrió lesiones que le provocaron la baja médica. Además, también resultó herido alguno de los agentes que se habían acercado al centro tras la llamada al 091. "Mientras la policía se llevaba al detenido, éste profirió amenazas de muerte contra el vigilante de seguridad, ya que eso no conlleva la misma gravedad que si las profiriera contra el agente de la policía", señala el sindicato.

Por todo ello, UGT ha pedido al Sergas que estudie la posibilidad de aumentar el personal de seguridad, así como su dotación de medios. "En estas circunstancias es prácticamente imposible mantener un clima de seguridad en el centro hospitalario, tanto para los pacientes como para el personal sanitario y los usuarios", asegura el sindicato.

GIJÓN: Detenido un joven por agredir a un vigilante de seguridad para sustraer un tetrabrick de vino de un euro

Resultado de imagen de SUCESOS SPVAgentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 26 años acusado de agredir a un vigilante de seguridad para sustraer una tetrabrik de vino, cuyo precio no llegaba a un euro.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 26 años acusado de agredir a un vigilante de seguridad para sustraer una tetrabrik de vino, cuyo precio no llegaba a un euro. Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, los agentes acudieron a un supermercado de Laviada en el que un vigilante teníaproblemas con un cliente que intentaba llevarse oculto entre sus ropas un tetrabrik de vino. Al interceptarle y evitar que abandonara el establecimiento, el joven se puso "muy agresivo" y le había golpeado para intentar zafarse y marcharse del lugar. Los policías llegaron para auxiliar al vigilante que estaba forcejeando con el joven y entre los tres lograron que depusiera su actitud. El vigilante resultó con lesiones leves en las manos y en el cuello del acometimiento propinado por el cliente. El joven, que carecía de antecedentes fue detenido.

OMBUDS inicia el proceso que pondra fin a su actividad en el sector de la seguridad privada en España

Resultado de imagen de OMBUDSEn reunión mantenida hoy en Madrid con representantes sindicales, el administrador concursal inicia el procedimiento de liquidación definitiva de la empresa abriendo el plazo para la constitución de una mesa que abordara según lo estipulado legalmente el proceso de extinción.

En el mes de agosto de 2019, la Mercantil OMBUDS presento concurso afectando y en consecuencia poniendo en riesgo la continuidad laboral de 8000 trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Desde el inicio tanto UGT como CCOO pusieron en el centro del debate a las personas encaminando su acción sindical hacia la necesidad de que las trabajadoras y trabajadores no dejaran de percibir el abono de sus nominas durante un proceso concursal que como todos los que se producen son complicados y largos en el tiempo. OMBUDS ha venido abonando las nominas garantizando en la reunión de hoy seguir en esa dirección como mínimo hasta el mes de abril de 2020

Otro de los puntos a tratar con celeridad era que los trabajadores y trabajadoras no vieran como se eterniza el cobro sobre lo adeudado por parte de FOGASA situación que en estos momentos se está empezando a regular. El traspaso de servicios de clientes privados se ha venido desarrollando por vía natural y con seguridad en estas fechas se va a seguir realizando, los clientes privados pueden resolver sus contratos con mayor agilidad que la administración publica y ello conlleva a que en la actualidad un numero importante de trabajadores y trabajadoras de OMBUDS han encontrado el mantenimiento del empleo en otras empresas gracias a la cláusula de subrogación dispuesta en el convenio estatal de seguridad privada.

En relación a los contratos públicos como ya anticipo UGT y CCOO al inicio del conflicto, no disponen de una agilidad en cuanto a dejar sin efecto los mismos. Pese a las tentativas realizadas desde otros ámbitos sindicales e incluso ante convocatorias de huelga los contratos de la administración siguen vigentes y esta acción sindical no ha sido capaz de dar una respuesta de empleo a los trabajadores y trabajadoras afectados. Esta situación se agrava al observar que los servicios de seguridad dependientes de la administración fueron adjudicados a bajo precio ello unido a la Sentencia del Supremo donde las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo de las deudas contraídas por OMBUDS en materia tributaria y de seguridad social avalada por la abogacía del estado, impone elementos que como ya avanzábamos y así se ha confirmado introduce factores negativos para el concurso de empresas en este tipo de servicios de seguridad, situación que se ha producido en Prisiones y que pudiera extenderse en Metro Madrid, Correos, EMT y algún otro servicio contratado con la administración pública.

Tanto UGT como CCOO va a seguir poniendo en el centro del debate a las personas tanto en el abono de las nominas como en el mantenimiento de la empleabilidad de todo el personal posible que actualmente presta sus servicios en OMBUDS y OMBUDS SERVICIOS cifrado en aproximadamente 2000 trabajadores y trabajadoras en el territorio nacional. Para ello se han solicitado sendas reuniones con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Empleo, así como con las direcciones de los principales clientes de OMBUDS en las administraciones que como ampliación a las ya mantenidas durante el pasado mes de agosto avancen en cuanto a la búsqueda de soluciones desde el objetivo de la empleabilidad.

Una vez mas destacar que la situación ahora sucedida en OMBUDS y en los últimos años en demasiadas empresas de seguridad privada, deja al descubierto una situación fallida e el sector de la seguridad privada en España, donde han prevalecido las adjudicaciones a bajo precio, con la complicidad de usuarios, administración, empresas y propio Gobierno, golpeando la empleabilidad así como avanzando hacia un modelo de sector caracterizado por el incremento de empresas orientadas en las malas practicas sociales, laborales y de propia calidad de los servicios ofertados, esta situación merece una revisión del propio modelo de seguridad privada en nuestro país, como así se viene solicitando al Ejecutivo.

MADRID: Vigilantes de Barajas denuncian la falta de medios de protección ante el coronavirus

Alternativa Sindical ha denunciado este lunes la falta de entrega a los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Madrid de medios de protección ante el nuevo coronavirus chino, mientras que Aena explica que el Ministerio de Sanidad aún no ha establecido las medidas oportunas.

El sindicato pide que se dote a los vigilantes de guantes de nitrilo de un solo uso en cacheos o inspección de equipajes y documentación, así como de mascarillas de protección respiratoria FPP2 en el control de filtros a todos los pasajeros procedentes de cualquier ciudad de China, independientemente de su nacionalidad. También piden que se establezca un protocolo de seguridad para dicho personal, con la información y modo de actuación en base a información de los servicios de prevención y sanitarios pertinentes.

El sindicato ha informado de que ha impuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Ilunion, la empresas encargada de la seguridad de los filtros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, y contra Aena, debido a la falta de medio de protección individual (EPIS) del que «aún a día de hoy carecen» los vigilantes ante el brote de dicho virus. Fuentes del gestor aeroportuario han explicado que Aena «está en contacto permanente» con el Ministerio de Sanidad para recibir las instrucciones oportunas en función de las medidas que éste establezca. Según la organización sindical, las posibilidades de que personas portadoras o enfermas entren en territorio español, pese a que, según las autoridades sanitarias, son bajas, no son descartables.

27 de enero de 2020

Ombuds garantiza a los sindicatos el pago de nómicas hasta abril de 2020

Ombuds, en concurso de acreedores desde este verano, ha iniciado el proceso de extinción definitiva y ha garantizado a los sindicatos que continuará pagando las nóminas a los trabajadores como mínimo hasta el próximo mes de abril.


Ombuds, en concurso de acreedores desde este verano, ha iniciado el proceso de extinción definitiva y ha garantizado a los sindicatos que continuará pagando las nóminas a los trabajadores como mínimo hasta el próximo mes de abril. El administrador concursal se ha reunido este lunes con representantes sindicales cuando se inicia el procedimiento de liquidación definitiva de la empresa y se abre el plazo para la constitución de una mesa que abordará el proceso de extinción. En el marco de este encuentro, además, se ha abordado el cobro sobre lo adeudado por parte de FOGASA. En este sentido, según ha informado UGT, se ha indicado que en estos momentos se está empezando a regular el cobro.

Sobre el traspaso de servicios de clientes privados, los sindicatos han indicado que se ha venido desarrollando por vía natural y con seguridad en estas fechas y se va a seguir realizando. En este sentido, han aclarado que los clientes privados "pueden resolver sus contratos con mayor agilidad que la administración publica y ello conlleva a que en la actualidad un numero importante de trabajadores de Ombuds han encontrado el mantenimiento del empleo en otras empresas gracias a la cláusula de subrogación dispuesta en el convenio estatal de seguridad". privada.

El Supremo reconoce la baja a una trabajadora operada de los ojos en la sanidad privada

El alto tribunal avala el derecho a la prestación de una trabajadora que se sometió a una cirugía para tratar la presbicia y la hipermetropía en una clínica privada, dos dolencias no cubiertas por la salud pública.


El Tribunal Supremo (TS) reconoce el derecho a la prestación por incapacidad temporal a cargo de la Seguridad Social a una trabajadora que se sometió a una operación en los ojos en una clínica privada, intervención no incluida en la cartera de servicios de salud pública. El Supremo dicta que, en estos casos, existe el derecho a la prestación, siempre que la baja y su seguimiento se realicen dentro de los servicios públicos. El caso que han aclarado los jueces es el de una mujer de 46 años, empleada en la sección de hogar de un establecimiento Hipercor del centro comercial Méndez Álvaro de Madrid, que fue dada de baja por incapacidad temporal el 23 de septiembre del año 2015, con diagnóstico de cataratas. Semanas después, se emitió el parte médico de alta, permitiendo su vuelta al trabajo el 11 de noviembre.

La trabajadora se intervino, de forma privada, de una operación en los dos ojos que consistió en la extracción del cristalino y en un implante de una lente intraocular con el objetivo de eliminar la presbicia y la hipermetropía con astigmatismo que padecía. Por tanto, era una operación necesaria para ella, si se tiene en cuenta que estas enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se caracterizan por problemas de visión. Asepeyo, mutua a la que está asociada la empresa, denegó el derecho al subsidio por incapacidad temporal.

Igualmente, la Seguridad Social negó la reclamación que presentó la trabajadora. Esto le llevó a acudir, primero, al juzgado de lo social y, posteriormente, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y al Supremo, para reclamar un derecho que consideraba suyo. Los tres tribunales han dado la razón a la trabajadora reconociendo su subsidio por incapacidad temporal devengado durante el periodo correspondiente a su baja. El Supremo interpreta que "si estamos en presencia de una enfermedad, aunque su específico tratamiento en la modalidad elegida no esté cubierto, ello no implica que no estemos ante una situación incapacitante". Para los jueces se dan dos requisitos fundamentales para acceder a la prestación: existe una situación incapacitante y el tratamiento médico.

Garantizar la incapacidad Para clarificar este litigio, los jueces se han fijado en la asistencia sanitaria recogida en la legislación, que "no debe ser entendida en sentido estricto como que la misma ha de ser prestada necesariamente por la propia Seguridad Social de manera directa". El Supremo entiende que la asistencia debe garantizar la incapacidad y el tratamiento de recuperación por parte de los servicios públicos de salud.

GRANADA: Guarda rural se lanza por un barranco para salvar la vida a un joven que se había caído con su coche

Esta misma semana, los guardas forestales, a través de Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada/Sindicato USO Andalucía FTSP-USO, denunciaban los casos de intrusismo en esta profesión, tanto por el daño que hace al sector como porque no están tan preparados como ellos. Y algunos ejemplos les dan claramente la razón, ya que la pericia e implicación de unos de estos jóvenes guardas rurales ha permitido ayudar a salvarla vida de un conductor accidentado en un barranco de un camino rural.

La Guardería Rural en el servicio de noche haciendo las rondas habitualmente rutinarias, por la demarcación de Montillana/Granada, el guarda rural (Isco Alarcón), del servicio municipal del ayuntamiento de Montillan, haciendo sus labores y realizando sus servicios habituales y rutinarios iba circulando por una carretera muy poco transitable, que está dentro de la demarcación suya de Vigilancia, observa varias luces a través de sus prismáticos, acercándose al lugar de las mismas, pensando que podrían ser posibles furtivos, pero al estar cerca del lugar y a prodecer alumbrar con su linterna observa en el fondo de un barranco con una pendiente de uno 70% y 80% de desnivel un vehículo que se había salido de la vía.

El guarda rural (no se lo pensó dos veces y se lanzó, al barranco al auxilio del accidentado que se encontraba debajo del coche atrapado, donde por lo que supuestamente llevaría varias horas allí el accidentado sin que nadie se diese cuenta del accidente. El guarda rural viendo el estado del vehículo y del accidentado que estaba debajo del vehículo le prestó los primeros auxilios, por el estado de hipotermia que sufría el accidentado por que llevaba varias horas lloviendo y el tiempo tampoco acompañaba, y manteniendo al accidentado consciente y que no perdiese el calor para que no empeorase.

A continuación comunicó a los servicios de emergencias la gravedad de la situación y el estado de la víctima, manteniendo al accidentado consciente y en buen estado hasta que llegaran, bomberos y servicios sanitarios junto con la Guardia Civil. La primera patrulla que se personó y que llegó al lugar fue la patrulla de la guardia civil del puesto de Campotejar los guardias civiles de la patrulla Rural (Eloy y Manuel), fueron los primeros en personase en el sitio del siniestro y prestarles la ayuda al guarda rural, que estaba totalmente solo.- Los dos agentes, (Isco y Eloy) hicieron lo posible para mantener al accidentado consciente y prestandoles los primeros auxilios correspondientes para mantenerlo bien, una vez personados los servicios de emergencias, Bomberos, Guardia Civil de tráfico y servicios Sanitarios, realizaron sus labores profesionales junto a los del guarda rural y guardias civiles, consiguiendo así sacar al muchacho del vehículo siniestrado del lugar con algunas lesiones y fracturas pero no siendo éstas de gravedad,.

Gracias al servicio municipal del Ayuntamiento de Montillana de guardería rural y al Guarda Rural, como también a la Patrulla de la guardia civil del puesto de Campotejar, el accidentado del vehículo siniestrado puede contarlo, por que en realidad si no se hubiese dado cuenta el guarda rural del siniestro como también encontrar el vehículo accidentado, el muchacho no hubiese salido de este accidente y al día de hoy no lo podría haber contado.

MADRID: Los vigilantes de Ilunion en Barajas convocan huelga indefinida

Los paros comenzarán el 13 de febrero

Alrededor del 20% de trabajadores de Ilunion se podrían sumar a la huelga. La reivindicación también se extenderá a otros aeropuertos como el de Las Palmas o el de Santander.

Los vigilantes de Ilunion, encargados de los filtros de seguridad en el aeropuerto de Barajas, van definitivamente a huelga. Alternativa Sindical, que representa a un 20 % de estos trabajadores, interpuso a mediados de enero una demanda de huelga ante el Instituto Laboral que ha desembocado en un acto de conciliación entre el sindicato y la empresa de vigilancia perteneciente al Grupo ONCE en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Una reunión entre ambas partes que ha finalizado sin acuerdo.

Los trabajadores irán definitivamente a huelga a partir del 13 de febrero y su duración es por el momento indefinida. Según anuncian fuentes sindicales, durante el encuentro, que ha durado poco más de media hora, la empresa demandada ha manifestado “su falta de diálogo” para llegar a un entendimiento. Los vigilantes llevan tiempo denunciando “numerosos incumplimientos y problemas laborales” que, por el momento, siguen sin solución.

Más del 50 % de la plantilla de Ilunion en el Aeropuerto Madrid-Barajas “tiene judicializada reclamaciones salariales y laborales de distinta naturaleza”, alegan desde Alternativa Sindical. Sin embargo, los motivos por los que se ha decidido convocar este nuevo parón son otros. Los trabajadores denuncian que no se está cumpliendo con los tiempos de descanso semanal que les corresponderían.

Una situación que, además de repercutir en cansancio para llevar a cabo sus funciones, complica la conciliación familiar de los vigilantes. Otra reivindicación que ha motivado el inicio de la huelga es “el incumplimiento”, por parte de la empresa, del “incremento salarial sobre la hora extraordinaria”. Este aumento sería de “un 75 % sobre el valor de la hora trabajada cuando no se respeta el descanso semanal”, como fijó “el Tribunal Supremo el año pasado”. No obstante, esta subida no está siendo debidamente reflejada en las nóminas de los profesionales de seguridad. 

El portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García, añade otras causas que justifican la decisión del sindicato. Los vigilantes alegan que hay falta de vestuario así como impago del plus de rotación. También sería necesaria una ampliación del personal cualificado para realizar trabajos con códigos RX (radioscopia). Por último, han adjuntado una reivindicación histórica del colectivo: que todos los contratos pasen a indefinidos. Un extremo que “la empresa sigue sin cumplir”. 

EXTENSIÓN DE LAS MOVILIZACIONES DE ILUNION Desde el sindicato avisan que Madrid es el comienzo, pero esperan que otros aeropuertos españoles que atraviesan la misma o similar situación se sumen a las protestas. García confía en que otros compañeros de profesión, como los trabajadores del aeropuerto Santander-Seve Ballesteros se adhieran “casi con total seguridad” a la huelga. De hecho, ya está convocada para el mismo día que en Madrid. Otro que puede verse afectado es el de Las Palmas, también gestionado por Ilunion.

AENA, SEÑALADA Más allá de la responsabilidad que le confiere a Ilunion, el sindicato también apunta a AENA –la empresa pública que gestiona los aeropuertos– como responsable de este desenlace. Según afirman desde Alternativa Sindical, en abril del año pasado se adjudicaron los servicios de seguridad de todos los aeropuertos de la red por “un importe total de 345,5 millones de euros por un periodo de dos años”. Los grupos que se quedaron con estos lotes fueron Eulen, Segurisa, Trablisa e Ilunion. 

Según García, el gestor aeroportuario AENA tiene responsabilidad directa en la continuidad de huelgas y protestas porque “abarató los pliegos de licitación de los servicios de seguridad” y esto provocó que “empresas low cost, como Ilunion” pudieran presentar una oferta. El portavoz lamenta que no haya servido de nada los avances que se consiguieron tras la huelga de los vigilantes de El Prat en 2017, porque ahora no se están respetando esas mejoras laborales.

ANTERIORES HUELGAS No es la primera vez que los trabajadores de Ilunion se plantan en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La más reciente tuvo lugar en abril de 2019 y en aquella ocasión la empresa calificó de “mínimo” el seguimiento de la misma, que al igual que en esta ocasión, afectaba a los filtros de seguridad del recinto. En 2018 también hubo otro amago de parón indefinido en la capital y en Las Palmas, pero en aquella ocasión no llegó a materializarse porque llegaron a un acuerdo in extremis a pocas horas de que empezara.