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30 de junio de 2021

MÁLAGA: Vigilantes de seguridad del aeropuerto convocan protestas indefinidas

Contra "la creciente precariedad laboral que soportan los trabajadores y los continuos incumplimientos laborales" de la empresa concesionaria, Sureste.

Esta concentraciones semanales tendrán lugar de 10 a 12 horas en la zona de salidas de la terminal 3.

"Cada trabajador afectado ha dejado de percibir entre 150 y 300 euros al mes por el conjunto de complementos no reconocidos".

El comité de empresa de Grupo Sureste, empresa que gestiona el servicio de seguridad privada en el Aeropuerto de Málaga, ha convocado protestas cada jueves y viernes, de forma indefinida, a partir del próximo 8 de julio "contra la creciente precariedad laboral que soportan los trabajadores y los continuos incumplimientos laborales".Los sindicatos reclaman a la empresa que respete los derechos laborales adquiridos recogidos en el pliego de la adjudicación, así como los pluses que marca el convenio colectivo y el derecho a la conciliación familiar

Esta concentraciones semanales tendrán lugar de 10 a 12 horas en la zona de salidas de la terminal 3, y con ellas, el comité de empresa –integrado por CSIF, AUJE, AVAM, CCOO, SINAI, UGT y USO- exige a Grupo Sureste que "respete los derechos laborales adquiridos recogidos en el pliego de la adjudicación, así como los pluses que marca el convenio colectivo y el derecho a la conciliación familiar". CSIF recuerda que desde que esta empresa se hiciera cargo del servicio, en diciembre de 2020, "se han sucedido los impagos a la plantilla de diversos pluses y complementos, incluso de algunas nóminas a principios de año".

Pese a que se trata de complementos y pluses acordados en Sercla y/o recogidos en el convenio colectivo de empresas de seguridad privada, al que está adscrita la plantilla, Grupo Sureste "no los reconoce en su totalidad, como en el caso del plus radioscopia, al que la empresa aplica un límite de horas al mes por el encima del cual ha dejado de abonarlo, pese a tratarse de jornada trabajada", señalaron fuentes sindicales. La empresa también "ha dejado de abonar algunos pluses durante período vacacional y de descanso, así como durante el tiempo dedicado a la representación de los trabajadores, penalizando económicamente la actividad sindical en la empresa", indicaron las mismas fuentes. En total, según estima CSIF, "cada trabajador afectado ha dejado de percibir entre 150 y 300 euros al mes por el conjunto de complementos no reconocidos".

Por otra parte, actualmente alrededor de una treintena de trabajadores siguen afectados por el ERTE de Grupo Sureste, lo que supone el 10% de la plantilla, conformada por 307 empleados. Sin embargo, la actividad en el Aeropuerto de Málaga se ha reanudado casi por completo y los servicios a cubrir en el conjunto de puestos de trabajo y para alcanzar la paridad requieren que la plantilla esté incorporada al 100%. A este respecto, CSIF denuncia que "se están produciendo descubiertos que la empresa pretende atajar con la realización de horas extraordinarias y la alteración continua de los cuadrantes de trabajo".

Además, "debido a esta falta de personal", los responsables de Grupo Sureste en el aeropuerto de Málaga, según CSIF, "alteran continuamente los cuadrantes de trabajo, sin previo aviso ni justificación, para disponer de los trabajadores a su antojo". CSIF denuncia que se vulnera de esta forma el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar de la plantilla de seguridad en un sector en el que predomina el trabajo a turnos y con jornadas diversas. Esta central sindical recuerda que para los trabajadores es fundamental disponer de un cuadrante de trabajo para planificar en el ámbito familiar, algo imposible si se modifica a diario y sin el aviso preceptivo que indica la legislación vigente. Esta situación "ha provocado cuadros de ansiedad y estrés a muchos trabajadores, sobrepasados por el exceso de carga y la nula conciliación, registrándose actualmente una treintena de bajas laborales por este motivo entre la plantilla", concluyeron.

CSIF también denuncia que la empresa "sigue poniendo trabas" a la negociación de un plan de igualdad, "pese a las reiteradas peticiones por parte del comité de empresa y de la obligatoriedad legal de contar con uno", según se recoge en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y posteriormente en los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020. El comité de empresa asegura que comunicó hace meses todos estos "incumplimientos, que vulneran el pliego de condiciones" de AENA, a los responsables de Grupo Sureste sin que hasta la fecha "hayan adoptado medidas para solventarlo".

Ante la situación de "indefensión" en la que se encuentra la plantilla y "la falta" de actuaciones por parte de la empresa, el comité ha acordado un calendario de protestas, respaldado por todas las organizaciones sindicales con representación, que se iniciará el próximo 8 de julio, y con el que exigen soluciones a la creciente precariedad. Las concentraciones convocadas, que tendrán lugar cada jueves y viernes de forma indefinida, podrían sucederse también en el conjunto de aeropuertos del país cuyos servicios de seguridad gestiona Grupo Sureste (Valencia, Girona-Costa Brava, Reus, Zaragoza y Granada).

Este verano Prosegur busca contratar a Vigilantes de Seguridad con sueldos de 1.500 euros

Prosegur lanza una treintena de oportunidades de trabajo para Vigilantes de Seguridad a los que sumar este verano a su consolidada plantilla

La empresa líder en Alarmas y Seguridad, Prosegur, cuenta con un total de 29 ofertas de empleo, entre las que destacan las de Vigilantes de Seguridad con sueldos aproximadamente de 1.500 euros netos mensuales, según su último Convenio colectivo de seguridad privada para jornadas de completas, a los que habrá que sumar pluses por nocturnidad u horas extras. Asimismo, se ofrecen turnos de doce horas de mañana, tarde o noche con disponibilidad horaria de lunes a domingo. Por otra parte, entre los requisitos mínimos para acceder a esta decena de oportunidades laborales, habrá que poseer la TIP de Vigilante de Seguridad expedida por el Ministerio del Interior y contar con el grado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). También será valorable poseer un año de experiencia previa en el puesto ofertado.

Por otra parte, estas salidas al mercado de trabajo se reparten por varias ciudades de la geografía española como Cuenca, Castellón, Barcelona, Madrid, Lleida, Murcia, Alicante, Tarragona, Oropesa, A Coruña o Ibiza. Además, la compañía de servicios globales de seguridad ofrece a sus trabajadores formación gratuita continua a cargo de la empresa.Por otra parte, será de vital importancia evitar actos delictivos y colaborar directamente con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

CÁDIZ: Denuncian la insostenible situación de los vigilantes de Prosegur del Grupo Cepsa

CCOO denuncia la insostenible situación de los vigilantes de Prosegur del Grupo Cepsa

Traslados masivos de vigilantes con más de 25 años de antigüedad a otros centros sin causa objetiva, saltándose acuerdos de Sercla, Convenio Colectivo y entrando en una espiral de incumplimientos de la legislación vigente, son considerados inaceptables por CCOO. Denuncian igualmente la presión brutal que sufren los trabajadores por parte del Coordinador de Servicios de Prosegur en el centro de trabajo, rozando posiblemente el acoso y abuso de autoridad hacia el colectivo de Seguridad


SAN ROQUE.- CCOO ha denunciado que la empresa Prosegur, concesionaria del servicio de seguridad del Grupo Cepsa en la comarca, viene trasladando trabajadores desde Cepsa a otros centros, con la excusa de que el cliente nos los quiere en el centro, donde llevan trabajando sin problemas más de 25 años en la mayoría de los casos. Con estas medidas los trabajadores afectados pierden poder adquisitivo y estabilidad laboral.

El sindicato afirma que todo empezó como un caso aislado y que en los últimos meses se está volviendo una constante, una cuestión que consideran no pueden dejar pasar por alto. “Se da la casualidad que todos lo trabajadores afectados son afiliados a CCOO por lo que nos da a entender que se está procediendo a una “limpieza étnica”, sindicalmente hablando, por parte de Prosegur y con el beneplácito de Cepsa; lo que afectaría a la composición del Comité de Empresa en un futuro, “hoy en día CCOO mantiene una mayoría holgada y para Prosegur y la principal puede ser molesto por la lucha sindical que llevan los compañeros”.

A todo ello, desde el sindicato se suma la presión que ejerce el Coordinador de Prosegur en el Grupo Cepsa. “Este mando intermedio utiliza su estatus dentro de Prosegur y Cepsa, amparado por un Coordinador Nacional, para realizar acciones contra el colectivo que con toda posibilidad rozan la ilegalidad, entre las que se pueden encontrar, el abuso de autorizad, la coacción, las amenazas y un sinfín de malas prácticas que no hacen más que crispar los ánimos de la plantilla y crear la inestabilidad laboral que existe en la actualidad y que perdurara en el tiempo si la empresa y la principal no pone fin a este situación” afirma el responsable comarcal de CCOO Hábitat, Miguel Páramo.

“No es casualidad ni es nuevo que este Coordinado de Prosegur en el Grupo Cepsa tenga antecedentes anteriores donde fue denunciado por trabajadores incluso por un comité de una de las plantas del grupo ante la empresa y cliente por si aptitud desafiante, mal trato de palabra y trato discriminatorio” añade Páramo. El Comité de Empresa ha registrado en el último año más de 10 denuncias contra Prosegur por incumplimientos varios, siendo los más graves los referente a la salud de los trabajadores, donde el Coordinador obliga a los trabajadores a mover solos una estructura anti intrusión que tiene un peso superior a 250 kilos y que por el fabricante indica que debe de moverse por dos o más personas, esta orden dada ha provocado el daño a la salud de varios trabajadores. El comité de Seguridad y Salud ha trasladado al responsable de Prosegur el cese inmediato de esta orden, Prosegur mira a otro lado aún sabiendo que se está causando un daño innecesario a la salud de los trabajadores. CCOO ha trasladado de denuncia a la Fiscalía por si pudiera darse delito en la aptitud de la empresa y el Coordinado de Servicios de Porsegur.

“No vamos a consentir que se ponga en duda la profesionalidad de los compañeros de seguridad privada que llevan más de 25 años en las instalaciones de Cepsa y que por antojo de unos cuantos, se les tire a la calle como perros después de haber dado años de trabajo”, manifiesta Páramo. De igual manera, sostiene que “no es normal que tanto Prosegur como Cepsa mantengan a un Coordinador que ya viene dando problemas desde hace años y que han estado encubriendo sin tan siquiera consultar con la plantilla de seguridad del centro. No es normal que más del 80% de la plantilla esté alzando la voz de las injusticias que están viviendo y Prosegur y Cepsa les dé igual”. CCOO afirma que dará una cobertura total tanto al Comité de Empresa como a todos los compañeros de Seguridad y estará a su lado hasta el final; para lo cual empezará con la presentación de conflicto colectivo, continuará con concentraciones en el centro y, de ser necesario, legaran a la huelga. “Esta situación que se está viviendo en la Seguridad de Cepsa tiene que volver a la normalidad de años atrás”.

El envío de emails fuera de la jornada puede conllevar multas de hasta 6.250 euros


Desde la Inspección de Trabajo ven los correos sancionables si la empresa no aclara que deben responderse en horario laboral.

Importante aviso de la Inspección de Trabajo a las empresas por las comunicaciones que realizan a través de medios electrónicos con sus plantillas. El envío de emails fuera del horario de trabajo puede suponer una vulneración del derecho a la desconexión digital de los empleados, lo que tendría la consideración de una infracción grave de la normativa laboral, sancionada con multas de entre 626 y 6.250 euros. Lo único que eximiría a la empresa, según subraya Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, es que "la compañía deje claro, por cualquier mecanismo, que esas comunicaciones tienen que responderse en horario de trabajo".

Esta interpretación del derecho a la desconexión digital, consagrado en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos aprobada a finales de 2018, supone una importante advertencia a las empresas. La opinión mayoritaria de los laboralistas era que el respeto a ese descanso conllevaba que las compañías no pudieran exigir a los trabajadores que leyeran y contestaran a los correos electrónicos. La Inspección, no obstante, tal y como explica Ercoreca, va más allá y ve sancionable el mero envío si no existe una instrucción expresa de que no hay obligación de responder fuera de la jornada.

El artículo 7.5 de la ley de infracciones del orden social establece como infracción grave "la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo". Por su parte, el 40.1.b) de la misma norma fija una horquilla para la sanción de entre 626 y 6.250 euros.

Esta lectura del derecho a la desconexión digital figura en la denuncia presentada por la Inspección Provincial de Trabajo en Tarragona contra Prosegur, en la que se señala que los trabajadores "reciben correos electrónicos y llamadas fuera del horario de trabajo por su responsable directo". En este caso, no obstante, la actitud de la compañía se veía agravada, según detalla el escrito, por el hecho de que la plantilla respondía a los mismos "por temor a las represalias" y para no tener un impacto negativo en sus sistemas de incentivos. Por este conjunto de circunstancias, el acta de infracción eleva la calificación de los hechos a muy grave, lo que conllevaría una sanción mayor de entre 6.251 a 187.000 euros.

Tras su inclusión en la ley de protección de datos de 2018, el derecho a la desconexión digital estaba pendiente de interpretación. La opción por la que parece que se decanta la Inspección es la más estricta con las compañías. En todo caso, si algún caso termina en los juzgados, habrá que ver si los jueces se decantan por esta línea o por una más flexible.

29 de junio de 2021

Lo que se pide a los detectives privados en España: “Cosas que solo se ven en el cine, imposibles o directamente ilegales”

Hablamos con los investigadores Francisco Marco y Alicia Lerma para saber cómo es la realidad de una profesión marcada por las películas de Hollywood, la literatura negra y el acceso a la información a través de internetAlicia Lerma posa en la sede de la agencia de detectives privados que dirige, Indicios.

Durante décadas, Hollywood y los escritores de novela negra dibujaron un prototipo de detective privado que, con mayor o menor exactitud, respondía a un mismo patrón: un hombre, blanco para más señas —con permiso de Chester Himes—, de carácter arisco, fumador y bebedor, rozando la dipsomanía. Además, ese prototipo de investigador acostumbraba a sufrir situaciones de violencia en las que se desenvolvía con irregular resultado, sabía moverse por los bajos fondos, solía tener relaciones sentimentales tormentosas y, en lo que a su trayectoria profesional se refiere, no era infrecuente que tuviera un pasado deshonroso en la policía que, normalmente, era la causa por la que se había visto obligado a abandonar el cuerpo y dedicarse a esa nueva actividad.

No obstante, si esa ficción encajó en algún momento con la realidad, parece que hoy en día no es aplicable a esa profesión. Para empezar, ya no se puede hablar de estos profesionales solo en masculino, ya que son muchas las mujeres que se han incorporado al sector en las últimas décadas. En la actualidad, los detectives son hombres y mujeres que no han llegado a esa profesión de rebote, sino por vocación y después de superar una carrera universitaria, estudios de postgrado y conseguir una habilitación profesional por parte de la Administración. Además, a diferencia de lo que les sucede a Phillip Marlowe, Mike Hammer, Pepe Carvalho o Sam Spade, no es habitual que estos profesionales actúen en los márgenes de la legalidad. Por último, lejos de frecuentar solo los bajos fondos, su entorno habitual suelen ser las oficinas y despachos de grandes empresas que necesitan conocer mejor a sus empleados o descubrir si están siendo víctimas de un fraude por parte de sus clientes.

Todas estas diferencias entre el tópico detectivesco y la realidad las explican mejor que nadie Francisco Marco y Alicia Lerma, dos destacados profesionales de la investigación privada en España. En el caso de Marco, su primer contacto con la profesión le llegó en la adolescencia a través de su madre, Marita Fernández Lado, fundadora de Método 3, empresa de investigación que él acabó dirigiendo y que le trajo tantas satisfacciones como quebraderos de cabeza. Entre los éxitos están dar con el paradero de Francisco Paesa, localizar el dinero de Juan Antonio Roca, implicado en la Operación Malaya, y colaborar en causas judiciales como la del Fórum Filatélico o la de expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Entre los casos que resultaron un tanto problemáticos, está su detención y posterior juicio por haber grabado en un restaurante a Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP en Cataluña, y a Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola. Aunque fue absuelto, a raíz de esa investigación Marco decidió dejar de utilizar la marca Método 3 y comenzar a usar la de su sociedad matriz, Marco & Co., compañía especializada en investigaciones relacionadas con el ámbito empresarial.

Por su parte, Alicia Lerma estudió delineación industrial, profesión que nunca le gustó realmente y que no llegó a ejercer. Después de trabajar en diferentes empleos que tampoco la llenaban, conoció la existencia de la carrera de Criminología y Detective Privado y, con 30 años ya cumplidos, dejó su trabajo para ponerse a estudiar. En la actualidad, además de dirigir Indicios Detectives, su propia agencia de investigación, Lerma es presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Detectives Privados. Esta organización, fundada en 2018, tiene entre sus objetivos “promover, incorporar y visibilizar a la mujer en todos los ámbitos de la sociedad”, “visibilizar la presencia de las detectives en los foros de referencia nacional e internacional, donde se traten temas y estrategias desde la perspectiva de género” y “reivindicar la creación de un área de investigación privada para dar soluciones inmediatas a los problemas de la violencia de género, aportando propuestas para la protección de las víctimas”.

Lerma explica: “Las mujeres ya somos casi el 30% de los detectives ejercientes y espero que en breve seamos el 50%”. Cree que “la visión femenina puede aportar y sumar mucho” a la profesión. Una opinión que comparte Francisco Marco hasta el punto de afirmar que “en general, las mujeres son mejores detectives privados que los hombres”. Marco asegura: “Con su inteligencia emocional se accede a muchas fuentes de información que los hombres tenemos vedadas. Normalmente las mujeres transmiten más confianza que nosotros”.

Independientemente de las cuestiones de género, los detectives privados deben ser, en opinión de Lerma, “rápidos y resolutivos, tenaces, constantes, intuitivos y tener mucha paciencia porque, si bien es una profesión apasionante, en ocasiones resulta frustrante por no poder tener algunos datos que te ayuden a seguir con el caso”. Estas cualidades son completadas por Marco, que compara al detective con “un híbrido entre periodista y abogado porque se necesita tener cultura, capacidad mimética e inteligencia en el ámbito lingüístico”. De hecho, cuando la formación o las capacidades de uno no son suficientes, no dudan en recurrir a profesionales externos. “En mi vida profesional he usado a periodistas, a lingüistas, a expertos en arte, a informáticos, a agrónomos y muchas otras profesiones. La grandeza del detective es que tiene que aprender todos los días porque cualquier investigación te obliga a saber sobre cualquier disciplina y, por eso, debes buscar a un especialista que te ayude”.

A la hora de desarrollar su labor, el detective trabaja indistintamente en el despacho y en la calle, lo que supone que su aspecto debe adaptarse al medio en el que se encuentra. Marco explica que “si está en la calle, su vestimenta debe ser adecuada al barrio donde tiene que hacer una espera y, a lo mejor, pasar muchas horas frente a una puerta sin que le perciban como a un extraño. Si tiene que entrar a un restaurante tras un investigado, tiene que ir acorde al local. Por eso los detectives llevan mudas en los coches”. Aunque, como recuerda Alicia Lerma, en algunas ocasiones ni siquiera esas previsiones funcionan. “En un caso, una compañera y yo tuvimos que entrar en una tienda y comprarnos unos bañadores para poder acceder a la piscina donde había entrado el investigado y ver con quién se reunía”.En 'El sueño eterno', Humphrey Bogart dio vida a Philip Marlowe (en la imagen, con Lauren Bacall), y dejó para la posteridad la imagen de detective privado que ha calado en la imaginación de los espectadores.

Micrófonos en la ropa y GPS en el reloj Igual que la figura del detective privado se ha romantizado gracias a los productos culturales, la de los clientes no ha sido menos. Mientras que las novelas y películas de cine negro presentan a aquellos que contratan los servicios de un investigador como personas aparentemente respetables que en realidad tienen intereses ocultos o encargos que no siempre se ajustan a la ética y la legalidad, la realidad es mucho más prosaica. “El primer cliente de Método 3 fue el pintor que estaba pintando nuestro primer despacho y, al final, casi todo el mundo de mi entorno me ha contratado —explica Francisco Marco—. Eso no quita que, en general, la nuestra sea una profesión muy utilizada en sectores legales y empresariales, pero desconocida por el resto de la sociedad, lo que hace que al final solo una minoría nos utilice. En todo caso, esto no sucede por cuestiones económicas o de otro tipo, sino porque la gente no sabe todo lo que podemos llegar a hacer”.

Tal vez por ese desconocimiento, a Marco le han llegado “personas confundidas” que quieren que investigue cuestiones que únicamente corresponden a la policía. “A diferencia de otros países, como Estados Unidos, en los que algunos detectives centran su actividad en la investigación de delitos, los detectives en España no podemos investigar, por ejemplo, un homicidio. También hay personas que buscan en nosotros un último recurso a su problema y quieren transferir su falta de limites personales a nosotros como detectives”. Algo que también le ha sucedido a Alicia Lerma: “¡Uf! Sí que nos han pedido cosas que solo salen en las películas. Cosas que o bien son imposibles de realizar o directamente ilegales. Por ejemplo, y eso nos lo solicitan mucho, acceder a móviles de las parejas. Nos han llegado a pedir que pongamos micrófonos ocultos en la ropa de la persona a indagar o que pongamos un GPS en su reloj”.

Si bien cualquier persona con un interés legítimo en la investigación puede contratar a un detective privado, estos no están obligados a aceptar cualquier encargo si este contraviene no ya el código deontológico de la profesión, sino sus propios valores éticos. En el caso de Lerma, por ejemplo, nunca aceptaría aquellos trabajos que “no fueran legales o morales, como el seguimiento a una mujer que tiene una orden de alejamiento por parte del cliente”. Marco asegura: “Nunca aceptaría trabajar para un terrorista, un maltratador o un violador. Ahí están mis límites”.

Integridad física y moral Otra de las leyendas que rodean a los detectives privados es que la suya es una profesión de riesgo sujeta a amenazas, represalias e incluso sobornos por parte de los afectados por las investigaciones, que preferirían pagar lo que fuera necesario antes que ver revelados sus secretos. Marco explica: “En 30 años de profesión me habrá pasado unas cinco veces. La última hace poco. Un abogado quería que cambiase una investigación que había hecho hacía algunos años. Me ofrecía mucho dinero, pero mi respuesta es siempre la misma: nuestros clientes son lo primero. El valor de un detective se demuestra el día que debe acogerse a su secreto profesional frente a un fiscal, un policía o un juez. Si un detective traiciona a un cliente, dejará de trabajar”.

Si bien Lerma reconoce no haber sufrido este tipo de situaciones ―”se supone que cuando realizamos una investigación, la parte investigada no sabe que lo estamos haciendo”―, sí tiene conocimiento de que algunos de sus colegas han sufrido amenazas. Sin ir más lejos, el propio Marco: “Me han amenazado, han intentado cumplir las amenazas e incluso destruirme, pero si algo ha demostrado el tiempo es que yo sigo desayunando cada día en el mismo bar desde hace muchos años y los que lo intentaron no”. A pesar de lo impactante que puedan resultar estas acciones, la verdadera amenaza a la que se enfrentan los detectives privados en pleno siglo XXI no es tanto la violencia como la tecnología. En un mundo hiperconectado, en el que mucha de la información que antes solo estaba al alcance de unos pocos está ahora disponible para todos con tan solo hacer clic, muchos potenciales clientes pueden desconfiar de la utilidad de su trabajo.

“Hace ya 20 años, en una conferencia internacional de detectives en Chicago, hablamos del fenómeno Google, entonces incipiente. Los buscadores son nuestra competencia, pero también una herramienta más de trabajo”, explica Marco. “Antiguamente, si se quería saber a quién contrataba una empresa, nos tenían que pedir un informe prelaboral. Ahora muchas googlean el nombre y creen que ya conocen al candidato, pero se equivocan. En internet únicamente está la información pública, pero las personas tenemos tres facetas: la pública, la privada y la secreta. Un buen detective puede prevenir a un cliente sobre los riesgos que, en esas tres facetas, pueda tener un posible socio, un empleado o un proveedor”.

Verano caliente en el SEPE: los despidos obligarán a cerrar oficinas y se retrasará el pago del paro y otras prestaciones

En julio, la plantilla de atención presencial perderá al 20% de su personal por la no renovación de contratos confirmada por el Gobierno.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no levanta cabeza. Después de todos los problemas a los que se ha enfrentado por el 'tsunami' de trabajo al que obligaron la pandemia y los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) y tras el ciberataque que paralizó sus dependencias varios días, ahora llegan los despidos.

En menos de una semana, las oficinas de empleo de España dejarán de contar con unos 1.100 trabajadores. El Gobierno ha decidido prescindir de manera inmediata de 500 empleados interinos que se ficharon, precisamente para la gestión de los ERTE. A ellos se suman otros 635 que se van a recuperar -se trata de plazas que se van a estabilizar-, pero se tardará alrededor de un mes en hacerlo por cuestiones burocráticas. Los trabajadores del SEPE tienen claro cuál va a ser el impacto de estas pérdidas de personal: cierre de oficinas de empleo y retrasos en la gestión y en el pago del paro y otras prestaciones. Así lo indica Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de Comisiones Obreras, quien considera la decisión del Gobierno como "un sinsentido del copón".

Como ya ha contado Invertia, en los próximos meses el Gobierno 'despedirá' a los 1.500 trabajadores fichados de forma interina para reforzar al SEPE. Los contratos de 500 decaerán el 30 de junio y la continuidad de los 1.000 restantes solo está asegurada hasta el 30 de septiembre, que es cuando caduca la última prórroga de los ERTE. A esto se suman los problemas para renovar a otros 635 interinos citados, para lo cual se ha diseñado un "programa temporal puente", tal y como explica Gándara. Pero, precisamente, no se podrán volver a reincorporar, al menos, hasta finales de julio y principios de agosto. De ahí que el SEPE vaya a tener que afrontar el mes de julio con una pérdida de unos 1.100 trabajadores, a los que hay que sumar aquellos que vayan a estar en pleno descanso vacacional, alerta el representante de CCOO.

El impacto de este recorte de plantilla será inmediato "y sobre la totalidad de la gestión". De hecho, alerta de que se tendrán que cerrar más de 40 oficinas de empleo, alrededor del 5% de las que hay distribuidas en la geografía española. ¿La causa? La práctica totalidad de los interinos despedidos estaban dedicados a la atención presencial. "Suponen el 20% de la plantilla de la red de oficinas". Es más: explica que en "zonas estrictamente agrarias" había oficinas que se mantenían abiertas porque contaban con un interino. "Ahora no va a haber nadie para abrirlas siquiera".

Efectos terribles La situación va a tener "unos efectos terribles" en las gestiones del paro y de las prestaciones. ¿Cuáles? Retrasos en las tramitaciones y, por tanto, en los abonos. "Sobre todo en áreas que no estaban todavía normalizadas" tras el paso de los ERTE y el 'parón' por el cibertaque. En este sentido, Gándara insiste en la presión a la que está sometida el SEPE en este 2021: si en un mes normal de 2019 las oficinas de empleo españolas atendían 500.000 solicitudes, hoy se tienen que encargar de 1,6 millones, más del triple. "Supone un 350% más de carga de trabajo".

A finales de septiembre llegará el segundo mazazo para el SEPE, que perdería los 1.000 interinos de refuerzo restantes, aunque se ha dejado abierta la puerta a que otros 500 se mantengan hasta final de año. Que el SEPE pierda a estos 1.500 empleados significa, a su vez, un recorte del 17% de su plantilla. Esta cuestión ha generado división dentro del seno del Gobierno. Según ha podido saber Invertia, la no renovación de los contratos de estos trabajadores ha generado sorpresa y decepción dentro del Ministerio de Trabajo, que presionó para que se mantuviera a la totalidad de los interinos. Algo parecido ocurre en el caso del Ministerio de Función Pública. En este caso, también se habría batallado para renovar a los 1.500 trabajadores. Varias voces ponen la pelota en el tejado del departamento de María Jesús Montero. El Ministerio de Hacienda sería el que habría decidido no dar continuidad a los contratos.

CÁDIZ: Policía Nacional desarticula una empresa fantasma de seguridad privada en Sanlúcar

Hay un detenido que publicitaba en redes sociales los servicios supuestamente especializados de esta empresa en Sanlúcar y Chipiona.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sanlúcar a un hombre de 45 años de edad como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y de otros dos más de estafa y falsedad documental en el marco de una operación policial de erradicación del intrusismo profesional en el sector de la seguridad privada. El detenido publicitaba en diversas redes sociales y mediante folletos los servicios de una supuesta empresa de seguridad privada especializada en la prestación de servicios de vigilancia y protección en la celebración de eventos y bares de copas de la costa noroeste de la provincia de Cádiz, principalmente en las localidades de Sanlúcar y Chipiona, así como servicios de acompañamiento y escoltas privados.

Al objeto de ganarse la confianza de los potenciales clientes el presunto empresario de seguridad se presentaba ante aquéllos como miembro de la Policía Nacional, cosa que no era cierta, y se comprometía con los propietarios de los establecimientos a evitar que los locales de copas fueran objeto de inspecciones de control de Policía Local o de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si contrataban la seguridad de los locales con su empresa. Para dar mayor apariencia de realidad el detenido había provisto a su personal, todos ellos falsos vigilantes carentes de la pertinente habilitación profesional de Vigilantes de Seguridad Privada, de uniformidad, parches con el logotipo de la empresa ilegal, placas falsas de Vigilantes de Seguridad y otros elementos como porras, grilletes y equipos de transmisiones. En uno de los casos investigados el falso empresario presuntamente habría obtenido en los últimos meses más de 7.600 euros de beneficio por los servicios de seguridad prestados en un conocido local de copas de Sanlúcar de Barrameda.

Denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social La empresa en cuestión no figuraba inscrita en el Registro Mercantil ni en el Registro Nacional de Seguridad Privada. Todos sus empleados carecían de contrato de trabajo y tampoco estaban dados de alta en la Seguridad Social, motivo por el que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz. Entre los trabajadores de la empresa fantasma se encontraba una ciudadana colombiana de 52 años que se encontraba en situación de estancia irregular en España. Al margen de la detención se han cursado a la Subdelegación del Gobierno en la provincia un total de siete propuestas de sanción administrativas por intrusismo profesional contra los siete falsos vigilantes que habrían trabajado para la mercantil.

Los infractores denunciados se enfrentan a cuantiosas multas Todas las empresas del sector de la Seguridad Privada deben estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil, así como tener asignado un número de inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía. Con el fin de comprobar si una empresa de Seguridad Privada es legal o no antes de contratar sus servicios, la ciudadanía puede acudir a informarse a cualquier Comisaría de Policía Nacional donde se dispone del censo de empresas autorizadas del sector.

La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 euros. Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado. La operación ha sido desarrollada conjuntamente por la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial de Cádiz y el Grupo de Seguridad Privada de la Comisaría Local de Sanlúcar de Barrameda.


Estos son los trabajadores que se quedan fuera de la reforma Escrivá de las prejubilaciones

Algunos aspectos de la reforma no se aplicarán de forma inmediata. Se prevén mecanismos para que no les afecte "de forma sobrevenida"

La primera parte de la reforma de las pensiones ideada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Eescrivá, está muy cerca de ser una realidad después del visto bueno de los sindicatos y previsible 'sí' de la CEOE en las próximas horas. Así, se cierra un primer paquete de medidas que, entre otros muchos objetivos, persigue retrasar la edad de jubilación efectiva de los trabajadores españoles mediante unos nuevos coeficientes reductores de la jubilación anticipada.

El Gobierno ha sacado adelante una tabla nueva de coeficientes reductores que pasan a ser mensuales (en lugar de trimestrales) y que afectarán a la cuantía de la futura pensión y no a la base reguladora según la cual se obtiene su importe. Estos nuevos coeficientes se aplican según los años trabajados y afectan principalmente a las prejubilaciones que tengan lugar entre 24 y 23 meses antes, es decir, las de mayor anticipación.

-Las personas con cotizaciones de menos de 38 años y 6 meses pasan de 2% a un 3,26% si se prejubilan un mes antes, de un 8% a un 5,5% el primer año y de un 16% a un 21% si son dos años antes.


-Las personas con cotizaciones de entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses pasan del 1,875% a un 3,11% para las prejubilaciones con un mes de anticipación, de un 7,5% a un 5,25 para un año de un 15% a un 19% con dos años.

-Las personas con cotizaciones de entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, verán cambiado su coeficiente de un 1,75% a un 2,96% para un mes de anticipación, de un 7% al 5% para un año de anticipación y de un 14% a un 17% para dos años de anticipación.


-Las personas con cotizaciones de más de 44 años y 6 meses, pasan de un coeficiente del 1,625% a uno del 2,81% para prejubilaciones con un mes de adelanto, del 6,5% al 4,75% para un año y mantienen el 13% para prejubilaciones con dos años de anticipación.

Sin embargo, no todos los futuros pensionistas tendrán que estar pendientes de estos cambios, cuya entrada en vigor será a partir de finales de 2021 y con vistas a que ya estén listos en 2022. El propio Escrivá lo ha asegurado en varias ocasiones, haciendo referencia a los trabajadores que tengan previsto prejubilarse en los próximos meses. "Nadie debe de estar inquieto porque le vaya a afectar algo de forma sobrevenida cuando uno está a punto de tomar una decisión, o la vaya a tomar en un periodo de tiempo suficientemente próximo", aseguraba el ministro en una entrevista reciente a elEconomista, en la que apuntaba que el objetivo de la reforma va más al medio o largo plazo, con cambios que pretenden reflejarse en varias décadas.

Esta es la razón por la que otros grupos pueden no verse afectados en los primeros años de la reforma. Es el caso de los trabajadores que se quieran prejubilar y coticen por bases superiores a la pensión máxima (de 2.707,49 euros mensuales). Estos ciudadanos, que ostentan los salarios más altos, actualmente se rigen por un sistema de prejubilaciones que les resta un 0,5% de la base reguladora por trimestre adelantado si, una vez aplicados los coeficientes habituales, siguen estando por encima de la pensión máxima.

La idea de la reforma es que estos ciudadanos tengan unas prejubilaciones que se basen en los mismos coeficientes reductores que aplican al resto, aunque se hará en un periodo transitorio que comenzará en 2024. Así, los trabajadores que se encuentren en esta situación no se verán afectados por la reforma si se prejubilan antes de esa cita límite. Además, en los casos de prejubilaciones forzosas o involuntarias (las que tienen lugar por extinciones de contrato por razones objetivas), se prevén nuevos coeficientes que permiten a estos trabajadores jubilarse a partir de los 61 años, aunque con reducciones que pueden llegar hasta el 30% de la cuantía de la futura pensión. Para estos casos, los trabajadores víctimas de un Erte en 2021 o de las consecuencias de un expediente aprobado en ese año (aunque el despido sea después), no se verán afectados por esta medida.

28 de junio de 2021

Ombuds y Halcón entre las empresas de seguridad que más deben a hacienda

Las sociedades que han protagonizado grandes procesos concursales en los sectores del ladrillo y la seguridad privada, grandes protagonistas de la relación de morosos.

La lista de morosos de Hacienda incluye pocas novedades en relación con las empresas y sociedades que tienen mayores cuentas pendientes con el fisco. Isolux Corsan, Reyal Urbis y Nozar vuelven una vez más a ocupar el podio de los morosos con la Agencia Tributaria, con una deuda conjunta que se aproxima a los 940 millones de euros. Todas ellas han atravesado o están aún inmersas en procesos de concursos de acreedores que tienen su origen en la anterior crisis financiera, con el llamado estallido de la burbuja inmobiliaria.

Clásicos Mientras, el grupo de sociedades vinculadas al empresario andaluz Rafael Gómez, conocido como 'Sandokán' deben casi 150 millones de euros a Hacienda. Estas sociedades son Arenal 2000 de Inversiones (12,06 millones), Arenal 2000 (64,9 millones) y Arenal 2001 (71,93 millones). Por su parte, la inmobiliaria cordobesa Pra SA, otro ‘clásico’ en esta relación, se mantiene en los primeros puestos con algo más de 97 millones de euros.

Seguridad privada Otro de los sectores que llama la atención por su notable presencia en la lista es el de la seguridad privada, en el que también se han registrado numerosos concursos de acreedores de notable volumen en los últimos años. Así, la deuda registrada por Ombuds supera los 49 millones de euros. Por su parte, Halcón supera los 10 millones de euros.

Ligera reducción Ésta es la séptima relación de deudores con Hacienda por importe superior al millón de euros que publica la Agencia Tributaria desde que puso en marcha la iniciativa, a finales de 2015. Respecto a la última edición, el número de morosos se ha reducido un 1,6%, hasta 3.869. Igualmente, el volumen de deuda ha bajado algo más de un 1% para situarse en 14.100 millones de euros.

Procesos concursales La mayoría de las referencias que aparecen en la relación se corresponden con personas jurídicas, que adeudan un total de 13.426 millones; mientras, los 312 particulares que figuran en la lista tienen cuentas pendientes con el Fisco por valor de 673 millones. Del importe total, más de 7.270 millones de euros, el 51% del total, se corresponde con deudores en proceso concursal (más de 1.696 deudores, el 44% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal.

Deudas satisfechas por 1.100 millones Asimismo, del total de deudores de la lista, en relación con 1.209 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de más de 2.560 millones, equivalente al 18% del importe total de deuda incluida en el listado, lo que supone un 39% más de deudores respecto a la primera lista. Según los datos globales facilitados por la Agencia Tributaria, un total de 424 deudores no figuran ya en este listado tras haber aparecido en el del año anterior, por haber cancelado o aplazado deudas por importe de 1.095 millones de euros.

Salir de la lista La salida de la lista se puede deber tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación (situándolas por debajo del millón de euros), como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31 de diciembre de 2020). Por el contrario, un total de 363 deudores, que no aparecían en el sexto listado del año pasado, entran en la nueva lista publicada este lunes, con una deuda pendiente de 975 millones de euros.

Comisario Manuel Yanguas: Vamos a abrir una vía de formación a los vigilantes de seguridad del ámbito sanitario

“Queremos implantar un protocolo que acabe con los agresores reincidentes”

El comisario Manuel Yanguas, nuevo interlocutor policial sanitario de la Policía Nocional desde el mes de junio, ha mantenido un encuentro con el responsable del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), el Dr. José María Vicente, para mantener e impulsar todas aquellas acciones dirigidas a erradicar la violencia a los profesionales sanitarios en nuestro país. Durante la reunión, Yanguas ha manifestado: “Queremos implantar un protocolo que acabe con los agresores reincidentes”

Así, Yanguas sustituye a Javier Galván, ahora responsable de la Unidad de Servicios Internos de la Policía. Con motivo de este cambio, el comisario junto al resto del Equipo Nacional del interlocutor policial sanitario, acudieron a la sede de la OMC donde pudieron repasar el plan de trabajo. Además, establecieron nuevas líneas de actuación entre las que destacó la implantación de un protocolo dirigido a promover denuncias rápidas en los lugares de trabajo para erradicar la violencia de los agresores reincidentes que suponen cerca de un 17% del total.

Entre las nuevas líneas de actuación destaca la implantación de un protocolo dirigido a promover denuncias rápidas para erradicar la violencia de los agresores reincidentes Yanguas considera un “honor” esta nueva responsabilidad que “ya conocía porque la oficina del interlocutor siempre ha dependido de la Unidad Central de Seguridad Privada. Es decir, antes de crear la oficina ya estaba de jefe de la unidad”. Asimismo, añadió: “He hecho siempre un seguimiento de la actividad, la he potenciado, apoyado y promocionado. Me parece que es muy necesaria. Por eso, vamos a seguir en la línea e incluso incrementar la actividad”.

Respecto a ese incremento, las nuevas líneas de actuación pretenden reformar la instrucción de la Secretearía de Estado que crea el Protocolo de Actuación. Según Yanguas, el objetivo es que además de a los médicos y a los técnicos, incluya también al resto de personal no sanitario. “Estamos viendo que el personal que trabaja en el ámbito sanitario también está siendo objeto de agresiones. Es decir, celadores e incluso personal de la limpieza, personal administrativo. Con la aplicación de este protocolo buscamos ampliar esta cobertura y seguridad a todos lo que estén siendo objeto de agresiones por trabajar en estos centros o entornos”, manifestó.

Las nuevas líneas de actuación pretenden reformar la instrucción de la Secretearía de Estado para que incluya también al resto de personal no sanitario Asimismo, también avanzó que hay un protocolo aprobado en la Secretaría de Estado de denuncias “in situ”. Este protocolo ya se aplica, por ejemplo, en el ámbito de los centros comerciales y esperan poder implantarlo en breve en todo lo que respecta a los entornos sanitarios. “Esta medida posibilita que un vehículo de Policía o de la Guardia Civil acuda al centro donde ese profesional del ámbito sanitario que haya sufrido algún tipo de agresión pueda, en ese momento y lugar, presentar la denuncia. De esta manera, a la persona que se le ha presentado la denuncia, se le cita ya directamente para juicio rápido y sea condenado en fechas próximas”, Explicó Yanguas.

Para Yanguas, el objetivo de esta medida es “cortar por lo sano y acabar con ese porcentaje cercano al 17% de agresores reincidentes, para que no vuelvan otra vez al mismo centro o, a otro y haga lo mismo”. No obstante, expresó su preocupación por los médicos o el personal que trabaja en estos centros no quieran denunciar por no tener que identificarse en ese momento. Por ello, incidió en la necesidad de denunciar y visibilizar estas agresiones. Según manifiesta, son la punta de un iceberg del que no conocemos sus dimensiones totales.

Manuel Yanguas incide en la necesidad de denunciar y visibilizar estas agresiones Junto a estas nuevas medidas y actuaciones previstas en el ámbito de las agresiones a sanitarios, adelantó también otros de los ejes centrales de actuación para esta nueva etapa y que pasará por incrementar la formación. “Vamos a abrir otra vía también de formación a los vigilantes de seguridad que prestan ese servicio en el ámbito sanitario. Además, estamos también iniciando una campaña, de concienciación dentro de la propia Policía Nacional y de otras como las municipales, para crear más conciencia del problema que hay en los centros sanitarios de nuestro país”, subrayó.

Finalmente destacó la excelente labor llevada a cabo por el Observatorio Contra las Agresiones de la OMC desde hace más de una década. “La verdad es que lo están haciendo muy bien los Colegios de Médicos y están poniendo todos los recursos de los que disponen. Les pedimos que continúen en la misma línea de actuación, para disminuir la lacra de las agresiones a los profesionales sanitarios”, concluyó.

La guerra familiar de Eulen: la presidenta pide a sus hermanos un CEO independiente en la sociedad

María José Álvarez reabre la batalla para que El Enebro, propietaria de las bodegas, reparta dividendos y reclama entrar en el consejo; pide información sobre el reciente traslado a España de la firma británica con la que sus hermanos controlaban la patrimonial.

Nuevo capítulo en la guerra familiar de los hermanos Álvarez Mezquíriz, dueños de Eulen y de las bodegas Vega Sicilia, principal marca de lujo en España y productora de uno de los vinos más reconocidos en el mundo. La presidenta y máxima accionista de Eulen, María José Álvarez, ha solicitado que la próxima junta de accionistas de El Enebro, la sociedad patrimonial de la familia con la que sus hermanos controlan las bodegas y la cárnica Valles del Esla, debata entre otras propuestas nombrar un consejero delegado "independiente".

La primera ejecutiva del gigante español de los servicios solicita también el cese de su hermano Juan Carlos como administrador de El Enebro y entrar en un consejo de administración de nueva creación. Además, exige que se analice el efecto en El Enebro del reciente traslado a España de Mezqual Limited, instrumental británica que sus hermanos utilizaron durante años para controlar la patrimonial. Pablo Manuel, Emilio, Juan Carlos, María Elvira y Marta Álvarez Mezquiriz, los cinco herederos "díscolos", como los denominaba su padre, el fallecido fundador de Eulen, David Álvarez, han liquidado recientemente esa firma ante la "pérdida de interés" que, según ellos, implicaba mantenerla allí tras el Brexit.

María José Álvarez, que también vuelve a reclamar que El Enebro reparta dividendos, ha incluido esas propuestas en un complemento a la convocatoria de la junta de accionistas que esa patrimonial prevé celebrar el 30 de junio, en primera convocatoria, o el 1 de julio en segunda. La presidenta de Eulen controla en torno al 60% del gigante de los servicios (sus hermanos se reparten el resto, aunque sin poder decisión). La ejecutiva tiene un 16% de El Enebro, en la que no manda. Ha pedido incluir esas propuestas al superar el 5% que estipula la Ley de Sociedades de Capital.

Respecto a la británica Mezqual, María José Álvarez exige un informe del órgano de administración de El Enebro "sobre el estado y grado de avance del proceso de fusión por absorción entre las sociedades Mezqual Limited y Mezqual Ibérica, SL, sobre la ecuación de canje de los títulos de las sociedades afectadas por la fusión, sobre las condiciones, incluidas las económicas, de la transmisión de las acciones de El Enebro, SA, entre las sociedades afectadas por la fusión y sobre la incidencia de esa fusión en la organización y actividad de la sociedad". También pide que ese informe explique las "relaciones contractuales entre Mezqual Ibérica, SL, y El Enebro, SA", según el nuevo orden del día de la junta.

Fuentes cercanas a los cinco hermanos díscolos muestran su sorpresa sobre una petición de información que "se refiere a cuestiones que en sí no son competencia de El Enebro, ya que se refieren a unas Cuentas consolidadas que no aplica en este momento y al proceso de fusión por absorción de una empresa extranjera por otra española que tiene acciones de El Enebro". Mezqual Limited era el holding que controlaba la mayoría de El Enebro y, de forma indirecta, declaraba también en torno al 40% de los cinco hermanos díscolos en Eulen. Cuando en 2016 trascendió el traslado de Vega Sicilia a Reino Unido, estos argumentaron que serviría para reforzar sus inversiones en el sector agroalimentario nacional e internacional y suprimieron el consejo de El Enebro. Lo sustituyeron por un administrador único, Mezqual (cuyo cese exige ahora su hermana), e incluyeron restricciones a la venta de las acciones para evitar la entrada de nuevos socios.

Las fuentes cercanas a los cinco díscolos muestran su sorpresa por que María José Álvarez reclame información sobre las inversiones de El Enebro, algo "innecesario ya que lo pueden preguntar en la Junta". También por que pida un cambio en el órgano de administración cuando "Eulen viene rechazando la existencia de Consejo de Administración".
Un dividendo "justo" Desde el entorno de la presidenta de Eulen se replica que, si bien sus hermanos no están en el consejo del gigante de los servicios y las externalizaciones, sí cobran dividendos, mientras en El Enebro "no se reparten hace años". María José Álvarez plantea repartir un dividendo "justo" con cargo a las reservas de la compañía.

En el ejercicio 2019 (último disponible), El Enebro tuvo un beneficio neto de 23,18 millones con una cifra de ventas de poco más de 59 millones, y acumulaba unas reservas de unos 190 millones. Es una empresa mucho más rentable que Eulen, un negocio que antes del coronavirus facturaba 1.500 millones y "da un retorno del 1,5%", como explicaba María José Álvarez en una reciente entrevista en Actualidad Económica en la que confirmaba que la guerra con sus hermanos "está igual" . Álvarez contaba que algunos empresarios le habían ofrecido mediar en un conflicto de difícil solución: "Tengo algunos que me dicen: "Yo os voy a juntar a comer." Y respondo que vale, pero que no ponga ni tenedores ni cuchillos. Aprecio el esfuerzo, pero mejor que no".

Sus cinco hermanos estuvieron enfrentados al padre, al que su amigo Juan Carlos I nombró marqués un año antes de su muerte, y la pugna se prolongó luego con la favorita del patriarca. El fallecimiento de David Álvarez en noviembre de 2015 también abrió un pulso entre Administraciones tributarias por ver dónde debía tributar su herencia. En 2019, el Tribunal Supremo dictaminó que debía hacerlo en Madrid. Vega Sicilia, adquirida por David Álvarez en 1982, es el principal negocio de El Enebro. Con más de 150 años de historia, Vega Sicilia incluye también Bodegas Alión, Pintia en Toro, Bodegas Tokaj Oremus en Hungría, la finca agrícola El Quexigal y las empresas asociadas Benjamín de Rothschild (con la que elaboran en La Rioja su vino Macán) y Europvin (20%).

En 2019, Bodegas Vega Sicilia tuvo unos ingresos de 36,6 millones y un beneficio de 26 millones y vendió por primera vez más en el extranjero que en España. En el año previo a la pandemia, exportó 157.233 botellas, el 50,1% del total, a un precio medio de 110,8 euros (10 euros más que un año antes), y por encima del obtenido por las botellas vendidas en España. En octubre, en una entrevista a El País, el consejero delegado de Tempos Vega Sicilia, Pablo Álvarez, anticipaba unos resultados aceptables para el ejercicio 2020 pese a la COVID-19, gracias a la fortaleza del mercado del lujo, y restaba importancia a la aportación de Eulen al holding que comparte con sus hermanos: "Nunca nos ha ayudado financieramente… jamás. Creo que algunos años ganamos más que Eulen". También abría la puerta a vender la bodega si no veía un relevo claro al frente de la empresa que dirige desde 1986.

27 de junio de 2021

Así se protegerán en el futuro las comunidades de propietarios

Las zonas comunes de un edificio del distrito de Chamberí, en Madrid, se protegen con un servicio de vigilancia remota.

Saluda a los vecinos, pregunta a dónde van las visitas, visualiza los puntos de acceso de un edificio, una urbanización o una empresa y avisa a la Policía o a un vigilante ante una situación sospechosa. La seguridad en las comunidades se digitaliza con la llegada de la vigilancia remota, que protege en tiempo real y permite la interacción con el vigilante a través de la pantalla de un tótem

Desde hace tres años, en una comunidad de vecinos de la calle de Atocha de Madrid tienen un portero nada convencional: un tótem de dos metros de alto por 70 centímetros de ancho que opera las 24 horas y en el que el vigilante no está físicamente en la finca, sino detrás de una pantalla. Los servicios de vigilancia remota son una nueva realidad desde hace unos años en España; los vecinos de esta comunidad lo instalaron por los problemas de menudeo de drogas que había en uno de los más de 50 pisos de la finca y, desde entonces, la seguridad en las zonas comunes ha mejorado por completo. “Ha habido un cambio fundamental; dejó de haber vandalismo en el portal y cesó el paso continuo de personas que no pertenecían al inmueble y, además, con ayuda de la Policía, se consiguió detener a esa persona y demostrar que había tráfico de drogas en el edificio”, cuenta uno de los vecinos.

La llegada de este servicio de videovigilancia remota a la comunidad, con dos cámaras estratégicamente ubicadas, fue esencial para facilitar la convivencia entre los vecinos: “Ni siquiera ya nadie se atreve a dejar la basura dentro del portal; la sacan fuera a diario”, asegura uno de los residentes. Presente y activo las 24 horas del día, este nuevo inquilino viene a complementar al tradicional portero físico de una finca ya que incorpora a varios vigilantes que, desde una central, verifican y monitorizan los diferentes puntos de acceso del portal de manera simultánea. “La vigilancia es más efectiva, pero también disuasoria”, añade uno de los propietarios. En Madrid, además de la comunidad de vecinos de la calle Atocha, también se ha instalado en otras de barrios como Chamberí.

Evitar el delito, no investigarlo a posteriori Habitual en inmuebles de ciudades latinoamericanas, fue la compañía Prosegur quien, hace una década en Argentina, arrancó con este nuevo modelo de seguridad, denominado Ojo de Halcón, que ahora comienza su expansión en España. “Es un servicio de vigilancia remota e inteligente que permite prevenir, detectar y actuar en tiempo real sobre cualquier evento o situación anormal, vandalismo o accidentes”, explica Sebastián Slelatt, director de Productos Estratégicos de Prosegur Alarms.

Muchos de los sistemas de seguridad instalados en un edificio ofrecen un vigilancia más pasiva, en la que las cámaras registran quién entra o sale, y posteriormente permiten una visualización, una vez ya consumado el incidente o delito. Con este tipo de vigilancia, esto no ocurre. “Decimos que es un servicio de videovigilancia activa en remoto porque detrás de cada cámara hay profesionales viendo todo lo que pasa y con capacidad para resolver el incidente en directo”, explica Slelatt. Estos tótems son capaces de activar una sirena y alertar al resto de vecinos o iniciar un operativo de aviso a un vigilante motorizado, a la policía, los bomberos o ambulancias si ocurre algún problema o accidente dentro de los espacios comunes.

Ojo de Halcón no es un elemento frío o lejano al día a día de los residentes de un inmueble. De precio variable según el número de cámaras instaladas, todas las personas pueden comunicarse de manera sencilla y en tiempo real con los vigilantes a través de la pantalla y mediante el micrófono que incorpora. “Al principio, algunos vecinos se quejaron por el tema de la privacidad, pero se han acostumbrado y ahora tienen un trato cercano con los vigilantes, que suelen ser los mismos. Son majísimos, y los residentes más mayores se paran a hablar con ellos, aunque sea a través de una pantalla, pues te dan los buenos días y preguntan a los visitantes adónde van, como un portero”, cuentan desde la finca de la calle de Atocha.

Llaves con QR y drones Estos sistemas de vigilancia se están instalando a su vez en plantas industriales y urbanizaciones, aunque también tienen cabida en edificios de oficinas o comercios. Las zonas comunes de las comunidades de vecinos han sido siempre lugares en los que se ha buscado una mayor eficiencia de la vigilancia. De hecho, ya es una realidad el control de acceso a complejos residenciales a través de código QR o tarjeta, sin necesidad de utilizar la llave, así como otros tipos de cerraduras inteligentes que monitorizan quién fue el último que empujó la puerta. También timbres inteligentes para comunicarse a distancia con el visitante, aunque no estemos en el domicilio e, incluso, drones que sobrevuelan el jardín o los portales para detectar y perseguir intrusos. La seguridad en el futuro más inmediato pasa por cielo y tierra.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 5G Ojo de Halcón es un servicio que nace tecnológico, y Prosegur ya está incorporando a un modelo piloto Inteligencia Artificial y analítica de vídeo para mejorar su efectividad y respuesta. “Ahora está conectado mediante 4G, pero vamos a incorporar conectividad de 5G, que tiene una latencia –el tiempo que pasa entre el problema y la capacidad de reacción– más óptima y permite utilizar una conexión móvil en lugar de una fija”, explica el director de Productos Estratégicos de Prosegur Alarms, Sebastián Slelatt. El 5G permitirá que el tótem sea inalámbrico de datos y solo esté conectado a la electricidad, favoreciendo una mayor flexibilidad a la hora de ubicarlo en los lugares estratégicos. Este piloto, que será presentado en el próximo Mobile Congress de Barcelona, al añadir Inteligencia Artificial en el 'edge' (navegador), permite que “el procesado se realice en el propio tótem, siendo así mucho más eficiente y rápida la detección y, en consecuencia, la capacidad de reacción”, cuenta José Luis Navarro Salinas, Product Manager Home Security de Prosegur. Al final, se trata de aplicar nuevas tecnologías a la tranquilidad de cualquier vecino.

¿En qué consiste la vigilancia CCTV?

¿Sabes qué son las cámaras CC-TV? ¿Te gustaría conocer en qué consiste este tipo de vigilancia, sus objetivos y funciones? Aprende cómo están integradas las cámaras CCTV en tu sistema de protección del hogar y sus beneficios.

¿Qué significa CCTV? Con estas siglas se identifica un circuito cerrado de televisión, basado en la instalación de equipos que tienen la capacidad de captar imágenes y enviarlas a una central, donde solo son vistas por el personal de seguridad del inmueble en el que cual es instalado este sistema. Su objetivo puede ser controlar la seguridad de una empresa, comercio, oficina u hogar, así como mantener una constante vigilancia o mejorar la efectividad de su protección. Por otro lado, se comunican con la central receptora mediante un sistema de cableado instalado de forma inaccesible para evitar que los intrusos puedan inhibir su funcionamiento. No obstante, algunas de ellas pueden funcionar sin cables, gracias a los avances tecnológicos actuales.

Objetivos de este tipo de vigilancia Los sistemas CCTV en la actualidad forman parte fundamental de la prevención y control de riesgos en materia de seguridad, permitiendo la supervisión en tiempo real para incrementar la productividad de las empresas y evitar las intrusiones en los hogares. Con ellas se amplía el área de cobertura y se evitan las pérdidas por robos, ya que los delincuentes desisten de sus intenciones al descubrir que están siendo grabados y que podrán ser identificados al revisar los videos, que por otro lado servirán como evidencias de delito en juicios o acciones legales.

A nivel productivo, la vigilancia CCTV ayuda en la determinación de fallos que originan retrasos en la producción, controla la seguridad dentro de los depósitos de almacenamiento y mejora la calidad del servicio que es prestado a clientes y proveedores de una empresa. Asimismo, este sistema de vigilancia permite justificar el despido de empleados que cometen irregularidades durante su desempeño laboral.

¿Cómo opera el sistema CCTV? La operación de los equipos CCTV varía en función de sus características, no obstante que su objetivo es siempre el mismo: permitir la videovigilancia a través de cámaras diseñadas para supervisar diferentes tipos de actividades y ambientes, cuyos componentes se encuentran enlazados a una central receptora, provista de monitores de vídeo o televisores. Expertos en el sector como Movistar Prosegur Alarmas aseguran que con estas cámaras se reciben imágenes que son transmitidas a los monitores, bien sea mediante cable o de forma inalámbrica, permitiendo la observación en tiempo real de cada uno de los acontecimientos que se susciten en su rango de cobertura.

Usualmente, se cuenta con un personal cualificado al frente del circuito cerrado de televisión, el cual mantiene vigilancia y control a distancia mientras que cada suceso es grabado en equipos y dispositivos especiales para esta finalidad. Los equipos de última tecnología tienen la capacidad de iniciar la grabación tan pronto se detecta un movimiento, con lo que se ahorra considerablemente el espacio de almacenamiento durante los períodos de inactividad dentro de una zona protegida.

Adicionalmente, envían notificaciones al propietario del inmueble o encargado de su seguridad mediante correo electrónico o mensaje de texto, indicándose que ha sido detectada una actividad inusual. Esta maravillosa novedad es posible gracias a los sistemas con conexión a internet, pues el usuario cuenta con una aplicación que le permite acceder a las imágenes de forma online desde el móvil o cualquier otro dispositivo inteligente.

¿Cómo se utiliza la vigilancia CCTV? Como se comentó anteriormente, se trata de un sistema de vigilancia por medio de un circuito cerrado de televisión, en el cual un monitor puede ser compartido por varias cámaras. De esta forma se reduce la cantidad de equipos necesarios para mantener cualquier ambiente seguro. Para lograr esto, existen equipos que tienen la capacidad de dividir la pantalla en varias partes y cada una recibe la señal de una cámara diferente, por lo que es posible emplear esta forma de vigilancia dentro del hogar y visualizar las imágenes que son transmitidas en tiempo real a través de la tv. También es posible revisar las grabaciones en caso de que sea necesario verificar algún tipo de acontecimiento suscitado en determinado período de tiempo, lo que es de gran utilidad para establecer responsabilidades ante intrusiones o delitos.

Causas por las que la Inspección de Trabajo convierte contratos temporales en indefinidos

Multas de hasta 6.000 euros

El Gobierno ha puesto el foco en los contratos temporales. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social pretenden reducir la contratación fraudulenta y regularizar a todos aquellos trabajadores que son víctima de estas prácticas ilegítimas. Este es uno de los principales objetivos del Plan Estratégico 2021-2023.

Esta lucha contra el fraude deriva en que muchos de estos contratos temporales se conviertan, de oficio por la Inspección de Trabajo, en indefinidos. Según el Gobierno, ya se habrían regularizado hasta 90.000 contratos. Estas empresas infractoras, además, se enfrentarían a multas de hasta 6.000 euros.

¿Por qué se convierte un contrato temporal en indefinido? Los contratos temporales, a diferencia de los indefinidos, necesitan que concurra una causa concreta, justificada y determinada para su celebración. El problema es que existen empresas que utilizan esta herramienta de contratación de manera sistémica en su negocio y no como forma de satisfacer una necesidad eventual de personal, como un aumento de la producción, por ejemplo. La Inspección entrará a valorar cada uno de los contratos pero los principales motivos por los que estos se podrían convertir de temporales a indefinidos son:

- Emplear a un interino para llevar a cabo una tarea estructural Algunos empleadores abusan de esta figura legal para mantener las ventajas de contratación de un interino. Estos contratos se reservan para suplir bajas de otros trabajadores de la empresa, en el momento de la reincorporación del titular, este contrato se debe extinguir. De lo contrario, se estaría incurriendo en fraude.

- Agotar las prórrogas del contrato temporal El trabajador se convierte en indefinido cuando, en un plazo de 30 meses, una misma persona ha estado contratada durante más de 24 meses en la misma empresa y con dos o más contratos temporales.

- Contratar temporalmente para una necesidad permanente o habitual Una empresa no puede contratar temporalmente a un trabajador para una necesidad permanente o habitual. En tal caso, el contrato podría convertirse, de oficio, en indefinido. Además, la empresa debe justificar el contrato temporal y aclarar al trabajador el puesto que va a cubrir.

- Superar el plazo máximo de duración de los contratos para obra o servicio Este tipo de contratos no pueden durar más de 3 años, aunque por convenio colectivo se pueden ampliar hasta 12 meses más. En cualquier caso, si la contratación ha superado este tiempo, el trabajador debe pasar a ser indefinido.

- Contratar a nuevos trabajadores mientras otros están en ERTE Una empresa que recurre a estos expedientes no puede contratar. Si el negocio cuenta con parte de su plantilla en ERTE, no puede formalizar nuevos contratos temporales. En su lugar, debería rescatar a aquellos empleados que ya forman parte de la empresa. De lo contrario, estos nuevos trabajadores pasarán a ser indefinidos.

Telefónica se une a MediaMarkt para impulsar Movistar Prosegur Alarmas

Se comercializará en las 106 tiendas de la cadena con descuentos para los clientes durante 10 meses

Ofensiva de Telefónica para impulsar la comercialización de su servicio de seguridad y alarmas, uno de los ámbitos claves de su área de nuevos negocios.

MediaMarkt Iberia y Movistar Prosegur Alarmas han establecido un acuerdo de colaboración para ofrecer seguridad y protección tanto para hogares como negocios a través del servicio de alarmas con asistencia inmediata. De esta manera, el servicio se podrá contratar en las 106 tiendas. A su vez, durante las próximas semanas todos los clientes que quieran contratar su servicio de seguridad podrían hacerlo con un descuento durante los diez primeros meses del servicio con una permanencia de un año. Y contarán con las garantías de instalación, mantenimiento y puesta en marcha de ambas compañías. Además, con este acuerdo, todos los clientes que acudan a cualquiera de estas tiendas podrán probar in situ el nuevo servicio de seguridad en el hogar de Movistar Prosegur Alarmas, a través de los kit demo que están instalados en las tiendas, y contratarlo.

El sistema de protección incluye una cámara móvil sin coste adicional, vigilancia 360º, conexión segura sin cuota de alta, sistema de seguridad y protección siempre activo. Asimismo, ofrece el servicio Contigo de protección, para cuando se está fuera de casa, y el servicio Acuda, que facilita la intervención policial. Según ambos socios, esta alianza es una muestra más del firme compromiso de ambas compañías por adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes y ofrecerles una solución adecuada en materia de seguridad y protección.

En un contexto como el actual, según señalan, en el que cada vez más personas demandan una mayor seguridad en sus domicilios, el servicio de alarmas en el hogar y en los negocios ha pasado a jugar un papel fundamental en la protección de los hogares de los españoles. De hecho, advierten de que la pandemia ha puesto de manifiesto el aumento exponencial de las ventas de alarmas en el hogar tras el repunte de robos y las ocupaciones de segundas residencias.

26 de junio de 2021

La Seguridad Social aborta las reclamaciones: impide el acceso sin cita previa con el sistema colapsado


Los funcionarios denuncian el colapso en la Seguridad Social que niega el Gobierno

El colapso en la Seguridad Social ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez reducir las reclamaciones de jubilados y del resto de perceptores de prestaciones. Acceder a las sedes sin cita previa está prohibido por orden del Ministerio y conseguir una cita telefónica se convierte en una proeza, por lo que los retrasos en los pagos de las prestaciones se generalizan y es prácticamente imposible plantear cualquier reclamación.

El resultado es que las personas que pretenden protestar y no son capaces de hacerlo de forma telemática se encuentran con una barrera insalvable para solucionar su problema. Y ese problema, en muchas ocasiones, consiste en poder cobrar una prestación necesaria para vivir. Así lo ha denunciando el sindicato CSIF, que reclama más medios de inmediato para poder evitar la situación actual: “Todos los días hay cientos de llamadas sin atender por falta de plantillas y desorden en la organización”.

CSIF, UGT Y CCOO preparan ya movilizaciones por esta situación. Según se desprende del último Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad Social, celebrado el pasado 21 de junio, las Organizaciones Sindicales CSIF, CCOO y UGT, se preparan para “un proceso de movilización que concluirá con la convocatoria de una huelga si el Gobierno no cumple los acuerdos alcanzados y da a la ciudadanía el servicio al que tienen derecho en las condiciones que se necesitan para ello”.

CSIF, UGT y CCOO acusan, de este modo, “al actual ministro José Luis Escrivá”, al que llevan “más de un año solicitando una entrevista, solicitud que no ha recibido respuesta en todo este tiempo, de haber transformado la Administración de la Seguridad Social, hasta ahora amable y respetuosa con la ciudadanía y felicitada por los usuarios e incluso por las Cortes, en una Administración hostil, con vigilantes de seguridad en las puertas con instrucciones concretas para la no accesibilidad a los centros de trabajo y que impone medios de comunicación telemáticos sin considerar si la ciudadanía dispone de ellos o los sabe manejar”.

Los sindicatos señalan que esos medios telemáticos pueden ser, “por otra parte indisponibles de modo habitual, según recoge el informe presentado por los sindicatos en el citado Consejo General del INSS sobre un sondeo realizado en todo el Estado el pasado día 21 de junio, en el que se ha demostrado la imposibilidad de obtener una cita previa en la mayoría de las ciudades, tanto para atención telefónica, certificado digital, solicitud de pensiones o Ingreso Mínimo Vital”.

Desde los sindicatos señalan que “según ha reconocido la propia Administración en los informes presentados al citado Consejo General del INSS, uno de sus servicios atendió el pasado trimestre a “143.130 llamadas frente a 1.920.312 que no se pudieran atender por falta de capacidad operativa”. Asimismo, los sindicatos acusan al ministro de “no haber puesto solución a la pérdida de la cuarta parte de las muy envejecidas plantillas, el incremento de la carga de trabajo con el Ingreso Mínimo Vital y el desorden de la organización de los puestos de trabajo que no se corresponde con el servicio que se ha de prestar”.

Telerrondas, cámaras de infrarrojos, drones… cuando la tecnología se pone al servicio de la seguridad

La división de seguridad de Clece ha inaugurado un centro de control que ofrece mayor protección a los vigilantes y mejora los servicios prestados. 

Para las empresas de seguridad privada, la tecnología es una herramienta imprescindible ya que nos permite vigilar y supervisar espacios en remoto con el fin de actuar rápidamente ante una emergencia. Esto se hace habitualmente a través de una central receptora de alarmas (CRA), desde la cual se gestionan las señales de alarma generadas ante una incidencia. Hace unos meses, la división de seguridad de Clece inauguró un centro de control, un nuevo espacio de vigilancia en remoto que ha permitido ampliar y mejorar los servicios de seguridad ofrecidos por la empresa y que complementa las prestaciones de la CRA.

“El objetivo del centro de control es aportar la máxima calidad a los servicios prestados a nuestros clientes, facilitándoles un canal 24h para incidencias garantizando un respaldo personalizado y adaptado a sus necesidades. A la vez estamos reforzando el apoyo constante a nuestro personal de seguridad que en ocasiones ha de prestar servicio en solitario”, explica David Donate, jefe de Vigilancia nacional de Clece Seguridad. Otra de las funciones fundamentales es la supervisión continua de los vigilantes para que, en caso de que haya una emergencia, se les pueda prestar ayuda inmediata.

Clece Seguridad atesora una dilatada experiencia en este área. En sus diez años de vida la empresa se ha posicionado entre las 10 principales empresas del sector a nivel nacional, un estatus que busca mantener a través de la excelencia continua de sus servicios a través de la tecnología. “El centro de control era un requerimiento que teníamos a nivel interno para mejorar por una parte la cartera de prestaciones hacia nuestros clientes, y por otra proporcionar a nuestro personal de seguridad un extra de protección”, cuenta Juan Pinilla, jefe de Seguridad de Clece Seguridad. El centro de control pretende resolver de modo inmediato y efectivo cualquier incidencia que pueda surgir durante los servicios de vigilancia, las 24 horas del día los 365 días del año.

Nuevos servicios tecnológicos La característica más diferencial del nuevo centro de control de Clece Seguridad es la proactividad de este. Al contrario que en las CRA, que solo pueden actuar cuando reciben una alarma específica el centro de control puede actuar ante peticiones realizadas por los clientes o por sus propios vigilantes. Se puede contactar con el centro de control, a cualquier hora, cualquier día del año para, por ejemplo, abrir en remoto la puerta de unas instalaciones, hacer un seguimiento de las personas que hayan entrado a través de las cámaras de seguridad o detectar cualquier incidencia que pueda alterar el perfecto funcionamiento del el servicio: “Aprovechando la tecnología que tenemos, podemos prestar servicios de televigilancia, telerrondas, y la respuesta inmediata ante las incidencias que pueda tener un vigilante”, aclara Juan Pinilla.

El centro de control realiza una labor complementaria a la CRA pero totalmente independiente. “Se puede hacer seguimiento de la actividad de los vigilantes, intermediación con los clientes, y estamos preparados para realizar muchísimas más funciones como rondas perimetrales por circuitos cerrados de televisión, apertura de puertas a distancia, control de acceso por cámaras…”, enumera David Donate. Y añadido a esto, el cliente siempre tiene abierta una vía de comunicación con la empresa.

A nivel tecnológico ha sido un gran reto, afirman desde Clece Seguridad, pero otorga a la empresa un gran valor diferencial en el mercado, contando con herramientas de última tecnología para realizar labores de vigilancia. Juan Pinilla resalta también un proyecto “innovador que están implantando, en el cual ha estado implicado nuestro departamento de I+D+i , el cual consiste en un sistema de geolocalización que en tiempo real nos va a dar, por un lado un seguimiento de las rondas preestablecidas en el servicio y por otro reflejará cualquier incidencia en recorrido o posición, que pueda alertar al centro de control sobre una posible actuación de los equipos de seguridad que requiera el apoyo de ayudas exteriores. Todo esto con el fin de garantizar la seguridad tanto de las instalaciones como de nuestro personal”, explica el jefe de Seguridad.

Mayor tranquilidad para los vigilantes El centro de control “para nosotros es un gran punto de apoyo, pues se han habilitado canales de comunicación exclusivos para que nuestro personal tenga acceso directo”, afirma David Donate. Por ejemplo, si un vigilante ante cualquier incidencia o posible intrusión se dispone a hacer una ronda de verificación, “puede comunicarse con el centro de control y solicitar un seguimiento por cámaras durante toda la ronda. Esto para un vigilante que se encuentra prestando servicio en solitario es un valor añadido para su seguridad”, concluye Juan Pinilla.

Esta solicitud de apoyo, además, libera a los mandos intermedios del trabajo extra que pueden suponer las ‘falsas alarmas’. “Ahora lo soluciona el centro de control visionando de manera inmediata la instalación y tomando las medidas de protección e intervención adecuadas”, declara David Donate. “Aportando seguridad a nuestros vigilantes que se sientan acompañados y en cualquier momento puedan reportar incidencias al centro de control”, comenta el jefe de Vigilancia de Clece Seguridad. La empresa, que siempre se ha centrado en las personas, pone la seguridad de sus trabajadores como su prioridad.