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31 de marzo de 2019

ALGECIRAS: Los vigilantes de La Marchenilla denuncian “una situación laboral insostenible con agresiones a diario”

El colectivo de vigilantes de seguridad del centro de menores La Marchenilla, en Algeciras, denuncian “una situación laboral insostenible con agresiones a diario”. Demandan un protocolo de defensa y actuación adecuado.


“Los compañeros se encuentran en una situación de indefensión total”, comenta a este medio el presidente de la asociación nacional de vigilantes de seguridad privada, Juan Gómez Ortega. Una de las últimas agresiones sufridas por parte de un menor hacia uno de los vigilantes se ha saldado con tres puntos de sutura y dos costillas rotas. Según denuncian los vigilantes, la dirección del centro no les permite emplear elementos de autoprotección adecuados para repeler las agresiones.

“Se piensa en la protección del menor pero no en la de los compañeros vigilantes”, apunta Gómez Ortega, que asegura que los vigilantes tienen que hacer frente a situaciones de violencia dentro de módulos como el de jardinería, donde los menores se encuentran en posesión de elementos punzantes y cortantes. La plantilla de vigilantes de seguridad, formada por una treintena de trabajadores, demanda a la dirección del centro la puesta en marcha de protocolos más adecuados. “Nuestro trabajo es vigilar y proteger. Reclamamos un protocolo de actuación que salvaguarde el menor y que también proteja al vigilante”.

Desde el colectivo de trabajadores también denuncian que los vigilantes que no se muestran conformes con la política de la dirección del centro son despedidos “unilateralmente”. Como así sostiene, Sergio Martín, trabajador recientemente despedido. Desde la asociación ya han mantenido dos reuniones con la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. “Esta última resultó algo más positiva, parece que van a tomar cartas en el asunto. Esperamos algún cambio”, apunta Gómez Ortega, que añade que esta situación se repite en muchos otros centros a nivel nacional. La gestión del centro de menores La Marchenilla es privada, aunque con un concierto de la Junta de Andalucía.

Un refugio frente a la precariedad

A partir de ahora, en la Unión Europea un trabajador sera "una persona física que durante un período de tiempo determinado realiza servicios para otra persona, y bajo su dirección, a cambio de una remuneración". Y como tal verá defendidos sus derechos laborales

Todos los empleados son trabajadores, pero no todos los trabajadores son empleados. Durante décadas, distintos términos se han utilizado para acotar esa diferencia: trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia, autónomo, emprendedor, autoempleo, o, últimamente, falso autónomo.

Términos que ya no sirven para definir las nuevas relaciones laborales que se extienden globalmente y a gran velocidad. La economía colaborativa, el ‘coworking’, la economía circular, etcétera, eran conceptos del nuevo paradigma, la economía digital, que iban a cambiar para mejor ese mundo en el que un trabajador pasaba la gran mayoría de su vida laboral empleado en una o muy pocas empresas, o dedicado a una misma actividad. Pero la realidad es que lo que abunda en esa nueva economía son unas relaciones laborales en las que trabajadores sin apenas derechos malviven en condiciones de extrema precariedad. Según los datos del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, durante la última década más de la mitad de los nuevos puestos laborales creados en la Unión Europea han sido de "formas no convencionales de empleo". Y en 2016 estos "empleos no convencionales" ya suponían una cuarta parte del total. Y eso en un momento en el que la UE ostenta el récord de 236 millones de trabajadores empleados.

Es cierto que la gran flexibilidad de estas nuevas relaciones laborales ha permitido la creación de nuevos modelos empresariales, que han generado a su vez más empleo. Pero la característica que más claramente diferencia lo que las instituciones europeas definen como "empleos no convencionales" de los empleos de toda la vida, es su precariedad. Consejo, Parlamento y Comisión europea alertan de que "entre cuatro y seis millones de trabajadores tienen contratos intermitentes y según demanda, muchos con pocos indicios de cuándo trabajarán, o por cuánto tiempo. Hasta un millón están sujetos a cláusulas de exclusividad que les impiden trabajar para otro empleador. Solo una cuarta parte de los trabajadores temporales cambian a un puesto permanente y, en 2016, la tasa de tiempo parcial involuntario ha llegado a alrededor de un 28 %".

Así pues, encontrar una definición de este nuevo modelo laboral es una cuestión semántica de vital importancia para el futuro de los trabajadores europeos, ya que sobre ella se construirá toda la estructura normativa que deberá defenderlos del abuso de la precariedad. El primer paso se dará el próximo 16 de abril, cuando el Parlamento Europeo apruebe la primera directiva, pactada el pasado mes de febrero con la Comisión y el Consejo, destinada a regular estas nuevas "formas de empleo no convencional", dotando de seguridad jurídica en toda la Unión a la defensa de los derechos de los trabajadores "no convencionales".

El texto de la propuesta de directiva, que forma parte del llamado Pilar Europeo de Derechos Sociales, arranca, por lo tanto, definiendo lo que en este nuevo mundo es un "trabajador: una persona física que durante un período de tiempo determinado realiza servicios para otra persona, y bajo su dirección, a cambio de una remuneración". Y a continuación define que se entiende hoy por "empleador: una o varias personas físicas o jurídicas, que son, directa o indirectamente, parte en una relación laboral con un trabajador". A partir de ahí establece toda una serie de salvaguardas que garanticen la “seguridad, transparencia y previsibilidad” de las condiciones laborales de los trabajadores. Entre otras, el trabajador deberá ser informado por escrito durante el primer día de su contrato del tipo de trabajo a realizar, el lugar en el que se llevará a cabo, los horarios (y si hay cambios deberán comunicársele con antelación suficiente), el calendario y las horas extraordinarias, la fecha de inicio de la relación laboral, y si es temporal de su finalización, la retribución inicial y cualquier otro componente de la remuneración, su periodicidad y método de pago, la limitación de las cláusulas de exclusividad, etcétera. (Ver abajo)

La aprobación de la Directiva Calvet, así conocida por ser su ponente el eurodiputado español Enrique Calvet, en el pleno del Parlamento Europeo que se celebrará en Estrasburgo los próximos 16 y 17 de abril, será uno de los últimos actos de la actual legislatura europea. A partir de ahí, los estados miembros dispondrán de un máximo de tres años para adaptar sus legislaciones a la nueva normativa europea. Gracias a ella, los repartidores a domicilio, ya sea en camión, furgoneta, o bicicleta, los conductores de VTC, los traductores, los periodistas, los guias turísticos, los profesores y demás innumerables víctimas de la precariedad de la llamada economía colaborativa y las plataformas digitales, contarán con un refugio al que acudir en defensa de sus derechos laborales.

Pero para que de esa defensa de verdad sea eficaz, trabajadores, sindicatos y asociaciones de defensa de los derechos de los trabajadores deben cambiar también sus arraigados usos y costumbres: los centros de trabajo ya no son una oficina, una fábrica, o un comercio, pero los “trabajadores no convencionales” tampoco son individuos aislados unos de otros. “Pareciera que los sindicatos iban a desaparecer”, explicaba la secretaria general de CCOO Nuria López el pasado jueves 21 de marzo en el programa Acento Andaluz de 7TV (min 51) ,“pero por desgracia, la explotación laboral que existe hace más necesario que nunca que los trabajadores estén organizados”. Es por ello, explica, que “lo primero que estamos haciendo es contactar con las personas que trabajan en esos sectores. Para transformar tu acción sindical tienes que tener trabajadores de esos ámbitos, cuando los trabajadores de esos sectores se organizan, se afilian, puedes presentar demandas en la Inspección de Trabajo, organizar elecciones sindicales y tener representación”.

En definitiva, según Nuria López esas relaciones laborales “no convencionales”, desde el punto de vista sindical, no son tan diferentes de las convencionales. Efectivamente, con la aprobación de la nueva directiva, desde el punto de vista de la protección de sus derechos, la distancia entre nuevas y viejas relaciones laborales debería ser mínima. A los trabajadores y sus representantes les corresponde ahora velar por la transposición y cumplimiento de la nueva normativa. A políticos y autoridades adaptar nuestra legislación mucho antes del máximo de tres años previsto y velar, sobre todo ellos, por que se cumpla.

La Fiscalía pide que CCOO y UGT devuelvan las subvenciones que se quedaron de los fondos de formación

La Fiscalía no sólo ha solicitado de forma urgente la paralización de las entregas pendientes de las subvenciones ligadas a proyectos de formación presentados por UGT y CCOO en Extremadura.

La gravedad del fraude descubierto en las investigaciones -que puede elevar la cuantía del desvío de fondos por encima de los 100 millones de euros– y la complejidad del caso ha hecho que la Fiscalía pida ya el “embargo cautelar de bienes suficientes” de las “entidades beneficiarias [CCOO y UGT, fundaciones y empresas investigadas]” para “garantizar posibles responsabilidades civiles”. Es más, la Fiscalía recuerda que estas son sólo algunas de las medidas.Porque todo ello es “sin perjuicio de las actuaciones administrativas de repercusión y recuperación de importes de las subvenciones públicas concedidas en esta convocatoria analizada”. La Fiscalía subraya, de esta manera, la enorme gravedad del latrocinio de fondos llevado a cabo por UGT y CCOO en Extremadura, tal y como está avanzando día a día OKDIARIO.

La acusación popular del PP considera que el volumen defraudado puede haberse amasado a lo largo de décadas y que su cuantía difícilmente quedará por debajo de los 100 millones de euros. Y la Fiscalía no quiere que se ponga en peligro ni un euro más. Por ello, además, el Ministerio Público “atendidas la concurrencia de numerosos hechos presuntamente delictivos y de numerosas personas objeto de difícil investigación, volumen de las pruebas documentales ya recabadas y periciales jurídicas y que será probablemente preciso ampliar”, ha decidido solicitar “la declaración judicial de complejidad de la instrucción de este procedimiento penal”.

Y es que, como ya adelantó este diario, la UCO se encuentra en estos momentos desbordada y ha reclamado más medios para poder ampliar la investigación a otras partidas de subvenciones y años. Porque los primeros testimonios apuntan a una práctica defraudadora extendida a lo largo de años y eso puede disparar el volumen de dinero desviado y, por supuesto, la cantidad que los sindicatos deberían devolver en concepto de subvenciones utilizadas con un fin ajeno por completo al diseñado: los fondos de formación.

El escrito del Ministerio Público no deja lugar a dudas sobre las evidencias de delito en el comportamiento de los sindicatos hermanos del PSOE (UGT) y de IU -ahora apadrinado por Podemos- (CCOO). “Respecto a las entidades beneficiarias UGT Extremadura y Comisiones Obreras Extremadura se observa que la mayor parte de los hechos investigados habrían sido cometidos presuntamente” con la participación de entramados comandados por “las entidades IFES Extremadura (UGT) y Forem Extremadura (CCOO)”, señala la Fiscalía. Los hechos relatados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Fiscalía reflejan que CCOO y UGT participaron en un latrocinio de los fondos de formación regionales. Ambos sindicatos, igualmente, utilizaron redes de sociedades interpuestas para camuflar las prácticas y disparar el lucro provocado por el inflado sistemático de facturas.

Con ese fin, ambas formaciones sindicales enchufaron a falsos profesores con sueldos elevados artificialmente para llevarse el dinero de los fondos de formación que repartía sin control la Junta de Extremadura comandada por el socialista Guillermo Fernández Vara. La UCO y la Fiscalía siguen con su investigación y no dejan de destapar prácticas que apuntan, como señala el Ministerio Público -Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada-, “a nivel indiciario a diversas conductas de apariencia delictiva que justifican la formulación de esta oportuna denuncia”. Entre los mecanismos de fraude figura el “incremento artificioso del coste de las nóminas del personal docente, el desvío de subvenciones públicas “a financiar gastos de personal de la estructura” de Comisiones Obreras y de UGT; y la “aplicación [de las subvenciones] en gastos justificados mediante nóminas del personal de Extremadura que no se ajustan a valor de mercado”.

30 de marzo de 2019

Revista Cuadernos de Seguridad N. 341 (Marzo 2019)


La empresa pagará los gastos bancarios que genere el retraso de la nómina


El empresario debe asumir los daños y perjuicios causados. Los trabajadores recuperan los recargos con intereses

El empresario tiene obligación de asumir los perjuicios que se generen por el retraso en el pago de la nómina a sus empleados. Así lo determina en una reciente sentencia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias (accede aquí al texto), en la que condena a una empresa de seguridad a pagar a sus trabajadores los gastos o recargos bancarios (de hipoteca, intereses por descubierto, etc.) ocasionados por el cobro impuntual del salario, más los intereses legales.

El tribunal llega a esta conclusión tras declarar el derecho de los empleados afectados a percibir puntualmente su sueldo, y, en consecuencia, a exigir al empleador que se haga cargo de todos los daños económicos que se ocasionen directamente por el incumplimiento de esta obligación. Sin embargo, la sentencia no establece cuáles son los concretos costes que deben asumir la compañía, ni su cuantía, por lo que los trabajadores tendrán que acudir al juzgado, individual o colectivamente, para reclamar que se ejecute la resolución y se haga efectivo el reembolso. El tribunal argumenta que no dispone de datos que permitan “fijar los criterios para determinar que gastos son los que deben ser considerados consecuencia del impago”.

Según recoge la sentencia, la Inspección de Trabajo ya había sancionado con 25.000 euros a la empresa por retrasos en el abono de los sueldos, que, conforme dispone el convenio laboral aplicable, debían pagarse dentro de los tres primeros días hábiles del mes. Esta situación era habitual, por lo que los sindicatos decidieron demandar a la empresa, reclamando no solo el reconocimiento del derecho al cobro puntual de los salarios, sino también que se resarciera a los empleados afectados de todos y cada uno de los gastos generados en el pago de sus recibos bancarios, más el 10% de interés.

Aunque la compañía fue absuelta en primera instancia, al apreciar el juzgador una excepción procesal que le impedía valorar el fondo de la cuestión, el TSJ admitió el recurso y estimó las pretensiones de los sindicatos. En su fallo, el tribunal declara, en primer lugar, el derecho de los asalariados a cobrar puntualmente, y, para el caso en que el empresario abone la nómina fuera de plazo, se condena a la compañía a hacerse cargo de los daños y perjuicios, con intereses, provocados por la demora en el pago. No obstante, y según aclara el juzgador, el rédito aplicable a estas cantidades no es el del 10% solicitado, previsto para el caso de deudas salariales, sino el interés legal del dinero contemplado para las indemnizaciones en la legislación civil.

Conflicto colectivo El tribunal canario aborda además la cuestión de si es posible utilizar una demanda de conflicto colectivo para debatir la controversia sobre la existencia o no de un retraso culpable en el pago, pese a ser solo tres los empleados que reclaman. Tras evaluar la normativa aplicable y la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, el TSJ de Canarias considera que el caso, al ser un supuesto que afecta a todos los trabajadores, encaja en esta modalidad procesal. Lo que se pretende, señala la Sala de lo Social del TSJ, es una declaración que afecta a la totalidad de los asalariados, y, por tanto, es un auténtico conflicto colectivo y no una pretensión de condena individual.

29 de marzo de 2019

SEVILLA: Una banda de cinco rumanos carteristas hacen el agosto en el interior de la Catedral de Sevilla

Algunos de los carteristas identificados por la Policía en el Centro de la ciudadLa Policía muestra a los guías turísticos las fotos de estos especialistas del descuido para que alerten a sus clientes

La primavera llena, aún más si cabe, las calles del Centro Histórico de Sevilla de turistas. Esta mayor afluencia de personas a puntos claves como la Catedral y su entorno o la Plaza de España es un foco de atracción para los amigos de lo ajeno. Agentes de la Policía Local están alertando estos últimos días a los guías turísticos sobre una banda de cinco rumanos carteristas que están cometiendo numerosos hurtos, aprovechando los grupos que se forman en las entradas y en el interior de los principales monumentos.

Algunos de esos guías han explicado a ABC cómo los policías les han mostrado las fotos de cinco personas, hombres y mujeres, de nacionalidad rumana a las que tienen perfectamente fichada para que estén alerta y si se encuentran con ellas, los avisen. La lucha que mantiene la Policía, tanto la Nacional como la Local, contra estos carteristas no tiene fin porque los agentes se enfrentan a unos delincuentes reincidentes que no temen a las repercusiones legales de sus actos. Cuando son detenidos, quedan en libertad con cargos a las pocas horas.

Fuentes policiales han confirmado a ABC que este grupo en concreto reside en una casa okupa de Camas y que no es el único que opera en la ciudad. Se ha detectado la llegada de carteristas venidos de fuera que aprovechan la llegada de la primavera y el incremento de las visitas a la ciudad, con motivo de la Semana Santa y la Feria, para hacer su agosto. Algo que también han comprobado los guías turísticos. Uno de los ladrones que están buscando los agentes llegó hace unos años a España, procedente de Italia, donde había acumulado también antecedentes por delitos menores.

El Grupo Giralda de la Policía Local identificó en el verano pasado a más de 100 carteristas operando en el Centro de la ciudad. Suelen ir vestidos como si fueran unos turistas más para pasar desapercibidos entre los grupos de visitantes. Estos ladrones especialistas del descuido ya no se ponen límites sobre las zonas donde atacan a sus víctimas. Las últimas denuncias que han llegado a la Policía Local son de turistas a los que les sustrajeron sus pertenencias cuando se encontraban dentro de la Catedral. «Aprovechan que en ese momento están pendientes de la charla del guía y disfrutando de la visita para quitarles la cartera», señala una guía a ABC. La Policía también está aconsejando a los guías que alerten a sus clientes sobre la presencia de estos delincuentes para que adopten medidas de protección como mantener siempre vigiladas sus pertenencias o que se coloquen la mochila en el pecho, en lugar de la espalda.

El Supremo se opuso a castigar con cárcel a los carteristas reincidentes Castigar con más dureza la reincidencia de los especialistas del hurto se contempló en la reforma del Código Penal de 2015. Así, se incluyó la pena de cárcel de tres años para los ladrones multirreincidentes que hasta la fecha sólo se enfrentaban a una pena de multa cuando cometían un hurto sin violencia ni intimidación, siempre y cuando el valor de lo sustraído no superara los 400 euros.

Sin embargo el Tribunal Supremo desactivó esa reforma en 2017 cuando dictó en contra de un recurso de la Fiscalía, eliminando ese endurecimiento de la pena cuando los antecedentes de los delincuentes son sólo por delitos leves. Esa interpretación jurídica supone de facto que este tipo de delincuentes no pisen la cárcel a pesar de la alarma social que pueden llegar a crear. En cambio sí dictó a favor de que se impongan medidas como la prohibición a que accedan a los lugares donde cometen sus hurtos como las estaciones de metro; algo que ya han acordado algunos jueces en ciudades como Madrid o Barcelona.

JEREZ: Vigilantes de seguridad de Correos, fundamentales para el descubrimiento de envios de paquetes con drogas


Dos detenidos por enviar droga desde Jerez a través de Correos

Los detenidos ocultaban la droga en paquetes de productos de alimentación previamente vaciados y vueltos a termosellar y los enviaban al extranjero

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos ciudadanos británicos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los detenidos utilizaban dos viviendas ubicadas en localidades de Cádiz y Málaga desde donde preparaban los paquetes de productos de alimentarios en los que ocultaban la droga para ser enviados posteriormente por vía postal a Reino Unido.

La investigación se inició en enero tras detectar en los servicios de seguridad de la central de distribución de Correos en Jerez un sobre postal sospechoso, el cual podría contener sustancias estupefacientes en su interior. Los investigadores, con la preceptiva autorización de la Autoridad Judicial, supervisaron y monitorizaron cuatro envíos procedentes de los detenidos, siendo todos ellos interceptados antes de que salieran de territorio nacional para realizar su apertura en presencia del Juez de Guardia. Todos los envíos, contenían distintas cantidades de sustancias estupefacientes.

Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores recabaron pruebas e indicios incriminatorias que determinaban la identidad de dos ciudadanos británicos asentados en San Roque, los cuales se dedicaban al tráfico de drogas realizando envíos postales desde territorio español a Costa Rica y Reino Unido, en su mayoría a Londres y su área metropolitana. Una vez identificados los investigados, fueron localizadas las viviendas que utilizaban en la pedanía de Guadiaro y en Manilva (Málaga), donde se llevó a cabo la detención de los dos británicos, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

En los registros realizados se hallaron 13,480 kilos de hachís, que sumados a los 2,036 kilos de la misma sustancia encontrado en los envíos postales interceptados hacen un total de 15,516 kilos de hachís dispuestos en porciones de distintos pesos y tamaños listos para su envío efectivo y de 10.300 pastillas de droga de diseño sintética MDMA, 16 gramos de marihuana, dinero en efectivo, una de fogueo, una máquina de envasado al vacío y útiles para el procesado y pasaje de las sustancias. En la localidad de Manilva (Málaga) habían terminado de instalar una compleja instalación “indoor” destinada al cultivo de plantas de marihuana.

Una vez finalizado el atestado policial, los detenido fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial l que dictaminó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. La investigación ha sido realizada por el grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Jerez con apoyo de la Comisaría de la Policía Nacional en La Línea de la Concepción y la colaboración del servicio de seguridad de Correos.

ALICANTE: Juzgan al responsable de una empresa de seguridad por estafar más de 1,5 millones

El acusado defiende su gestión en la empresa y niega que tratara de descapitalizarla

La Audiencia de Alicante sienta esta semana en el banquillo a un economista, L. S. A. C., acusado de una estafa de más de 1,5 millones de euros en una empresa de seguridad de la que era administrador. El procesado, a quien el fiscal le reclama penas que suman siete años de cárcel, defendió ayer su gestión al frente de la mercantil y sostuvo a que toda su actuación estuvo dirigida a conseguir que ésta no echara el cierre y pudiera seguir adelante pese a las deudas que arrastraba. El fiscal le acusa de desplegar una serie de acciones con el ánimo «no de ayudar, sino de vaciar patrimonialmente a la sociedad adjudicándose sus activos en beneficio personal», proceso que culminó con el acusado al frente de la mercantil, que fue vendida a otra empresa de Madrid por 1,5 millones y con el despido de los otros socios. Se le imputan los delitos de estafa y delito societario.

Los hechos se remontan al año 2009 cuando la citada empresa, dedicada a la instalación de sistemas de seguridad y explotación de centrales de alarma se encontraba en una delicada situación economista y acudió al acusado para tratar de reflotarla. A la mala situación en plena crisis, se juntaba un clima de tensiones internas en una empresa que era de carácter familiar, hasta el punto de que hay hasta tres acusaciones particulares en el proceso, algunas enfrentadas entre sí.

El acusado señaló que lo que en un principio fue una contratación mercantil para ayudarles con el bache pasó a ser una relación laboral, en la que se puso al frente del consejo de administración. Entre los problemas que surgieron estaba que la Agencia Tributaria les había retirado los certificados positivos, sin los que no podían contratar con la Administración, y que la CAM les había retirado el apoyo financiero.

El hecho de vender inmuebles a la mercantil de seguridad de una sociedad a nombre de la madre del acusado fue justificado como un intento de presentarla como garantía ante la Agencia Tributaria y facilitar aplazamientos y fraccionamiento. Otra de las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía fue el abocar a los socios a una ampliación de capital que éstos no podían suscribir y que le puso al frente de la mercantil. «Las opciones eran liquidar la empresa o ampliar capital y los socios votaron mayoritariamente por la segunda», declaró. El acusado admitió que no informó de la venta a los otros socios y señaló que ante la situación la única opción era llegar a un acuerdo con otra empresa más grande, «reinvertarse» y asegurar la continuidad del personal. El procesado aseguró que parte del dinero se usó para pagar deudas hasta que los compradores bloquearon el pago cuando la Agencia Tributaria acabó bloqueando por las deudas.

Cambio de hora para adaptarse al horario de verano

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En la madrugada del sábado 30 de marzo al domingo 31, los relojes se adelantarán una hora.

En marzo de 2019 comienza el 'horario de verano' en España, que supone adelantar una hora los relojes para aprovechar mejor la luz solar por las tardes, una práctica que se lleva a cabo todos los últimos domingos del mes de marzo y cuyos antecedentes más lejanos se remontan al imperio romano.

En la madrugada del sábado 30 de marzo al domingo 31, los relojes se adelantarán una hora. Así, a las 02:00 serán las 03:00 (una hora menos en Canarias). Eso quiere decir que el tiempo dedicado al descanso nocturno ese día ha perdido una hora, que se gana por la tarde en forma de más tiempo de luz natural y posibilidad de actividades al aire libre.

Revista SEGURITECNIA Nº 462 (Marzo 2019)

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28 de marzo de 2019

Consideran accidente laboral el estrés por un "incómodo ambiente" de trabajo

Resultado de imagen de ACCIDENTE LABORALUn Juzgado de lo Social de Bilbao ha considerado accidente de trabajo el "estrés laboral" causado a un empleado por un "incómodo ambiente" en el trabajo, que le llevó a pedir una baja por incapacidad temporal debido a su "estado de ansiedad".

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, explica que este mal ambiente en el trabajo fue consecuencia "de la conflictividad laboral originada por las reclamaciones salariales y de categoría" del empleado no "aceptadas de entrada por la empresa", que además realizó "unos cambios" en su "estructura organizativa" que provocaron en el afectado "un estado de ansiedad".

La resolución judicial aclara que el afectado, representado en este caso por la letrada Edith Crespo, del despacho de abogados Lawyou, comenzó a prestar sus servicios de forma temporal a tiempo parcial en la compañía, dedicada a la construcción, el 18 de junio de 2014, aunque un año después firmó un contrato fijo de siete horas al día. El trabajador desempeñaba sus tareas en el departamento financiero de la empresa como auxiliar administrativo de segunda, hasta que la relación laboral se extinguió el 24 de abril de 2017 de manera improcedente por la compañía que indemnizó convenientemente al afectado. Previamente, el 2 de febrero de 2017, el operario había solicitado una baja por "ansiedad" de la que fue dado de alta el 20 de marzo de ese mismo año.

La sentencia del Juzgado de lo Social considera ahora que este período de incapacidad temporal fue consecuencia de un accidente laboral fruto de "un conflicto" con la empresa que tuvo lugar en los últimos meses de su contrato, a raíz de una "reclamación de incremento salarial y de categoría" por parte del empleado, según reconocieron en su momento tanto la compañía como varios compañeros. Esta situación generó una "pérdida de confianza" en el demandante por parte del administrador, quien le revocó las claves que había utilizado para acceder a las cuentas bancarias de la firma con el fin de "desarrollar sus tareas de control y gestión de los pagos y cobros". Paralelamente, se incorporó a la compañía un nuevo jefe del departamento financiero -tras el fallecimiento del anterior-, lo que conllevó "cambios organizativos" en este área que, "en última instancia", también tuvieron "repercusión" en la labor del denunciante.

En este contexto de "conflictividad", el administrador de la empresa tuvo una discusión con el perjudicado que fue grabada por éste con su teléfono móvil y que sirvió de prueba para una denuncia por amenazas en un juzgado de Bilbao, saldada con la condena del citado responsable de la empresa. La sentencia del caso considera ahora que esta situación no responde a una situación de "acoso en el trabajo", sino "más bien a otra figura que viene emergiendo en la actualidad" como son "los riesgos psicosociales".

"Esto es: el denominado estrés laboral, causado por un incómodo ambiente laboral, como consecuencia de la conflictividad laboral originada por las reclamaciones salariales y de categoría" del trabajador "no aceptada de entrada por la empresa y acompañadas de cambios en la estructura organizativa de la empleadora que provocaron en el demandante un estado de ansiedad que dio lugar al proceso de incapacidad temporal", describe la sentencia. "Ninguna duda cabe", añade el texto, que esta baja obedece a una situación de "conflictividad laboral" lo que "evidencia que fue ese ambiente en la empresa, en los duros términos en que se produjo, el único detonante de la enfermedad que provocó en el empleado el cuadro de ansiedad", por lo que su demanda "debe ser estimada".

De esta manera, el juzgado declara que la incapacidad temporal a la que se acogió el trabajador fue debida a un "accidente de trabajo", y condena a la mutua de la empresa a "hacerse responsable" de tal situación y del resto de sus "consecuencias", así como a la compañía afectada y al INSS a acatar "esta declaración". EFE

CÁDIZ: SPV se consolida como el sindicato mayoritario en el sector de la seguridad privada en la provincia

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¡Enhorabuena!

43 Delegados de Personal o miembros de Comité de Empresa electos por SPV CÁDIZ marcan la diferencia

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz obtiene una representación en el sector de 43 Delegados de Personal o miembros de Comité de Empresa, frente a los 19 obtenidos por UGT, 19 de CC.OO., 16 de USO, 2 de CTA, 6 NO SINDICADOS , 5 de CSI-F y 4 de UNT, lo que da un total de 113 REPRESENTANTES ELECTOS, en un total de 31 actas, con un numero de trabajadores electores de 2243 y de votantes de 1392. Ver Certificado,ver desglose.  Seguiremos promoviendo la celebración de elecciones, sobre todo en las empresas y centros de trabajo, donde el cumplimiento del Convenio sigue siendo una asignatura pendiente en casi todos los derechos mínimos.

Estas certificaciones GARANTIZAN LA CONFIANZA DEPOSITADA por la mayoría de los VIGILANTES de la provincia en S.P.V. y eso solo ha sido posible gracias al buen trabajo realizado por muchos/as compañeros/as comprometidos/as en la defensa de nuestros derechos laborales y sociales, con seriedad y respeto. A todos vosotros, GRACIAS.

Una familia de detectives

Los cuatro hermanos Rosa dirigen una de las agencias de investigación más grandes de España, siguiendo el testigo de su padre


Un dibujo de Sherlock Holmes con gesto gamberro recibe al visitante. En la recepción, una mujer de pelo corto identifica a todo el que accede a la oficina de Detectys y le recuerda que está prohibido tomar fotografías del interior. Varias decenas de detectives privados, la mayoría de ellos jóvenes, trabajan enfrascados en sus pantallas, hacen llamadas y redactan informes.

Se trata de una de las agencias de investigación más grandes del país (tan solo hay tres de estas dimensiones en todo el territorio) y está dirigida por los cuatro hermanos Rosa, hijos del también detective Manuel Rosa, uno de los pioneros que revolucionó el sector a finales del siglo pasado. «Esto nos viene de familia, lo veíamos desde pequeños», explica Óscar Rosa, mayor de los cuatro. No obstante, la profesión ha cambiado y se aleja de la percepción que el gran público tiene de sus procedimientos: «No llevamos armas, es un trabajo como otro cualquiera».

La historia de esta empresa es la de Manuel, que conoció el oficio «como cosa del destino», comenta Óscar. «Hoy en día uno elige ser detective privado porque hay que hacer una carrera, pero en sus tiempos tan solo hacía falta un sello administrativo». Su padre (el abuelo de Óscar) era cabo de la Guardia Civil, por lo que la seguridad le corría por las venas. Comenzó como becario en el despacho del detective José Carlos García. Más adelante se independizó y junto a dos empleados se dedicó a redactar informes comerciales para determinar la validez de los clientes y otras cuestiones. «Es un detective muy visionario y dio el gran salto cuando se dio cuenta de que cada banco tenía una base de datos propia que se llama RAI, relación de afectados impagados». Cada entidad trabajaba con sus propias tablas, por lo que Rosas padre tuvo la idea de fusionarlas todas y crear una herramienta única para todo el país. «Empezó a viajar a Madrid a buscar al tiburón grande, en 1986 llegó a tener a 200 personas mecanizando la información de la base de datos de morosidad».

El sistema de Manuel Rosa estuvo vigente hasta el año 2000. Mientras tanto, el oficio iba calando en sus cuatro hijos: Pedro, Maribel, Alberto y Óscar. «Desde chico lo vas asimilando, es como si tu padre es actor y te habla de los ensayos o de una nueva película… nos metió el gusanito. Si bien yo soy el mayor y a mí siempre me decía que tenía que ser chico de empresa». De hecho, Óscar estudió dirección y administración de empresas antes de sacarse la licencia de detective privado.

Pero, ¿qué es ser detective privado en España? ¿Cuánto hay de verdad en lo que se conoce extrae de los libros y las películas? «El imaginario de la literatura y el cine no nos ha perjudicado, pero somos de las pocas profesiones a las que se identifica con un vestuario concreto; si ves una gabardina, un gorro y una pipa en seguida dices… es un detective privado». Óscar explica que las películas que siempre versan sobre este oficio son americana. «Allí el detective privado es un departamento especial de la policía, el que se hace investigador privado más adelante es alguien que tiene o muchos contactos en el cuerpo o lo ha sido posteriormente y monta su despacho, sin ningún tipo de regulación ni gubernamental ni formativa». En España hay que estudiar una carrera de tres años, lo que «marca la diferencia» con el resto de países. «Es una profesión regulada por el Ministerio del Interior, hay unas normas, por ejemplo, yo no puedo llevar un arma, lo primero que piensa todo el mundo es que puedo ir armado pero tengo el mismo derecho de cualquiera para hacerlo». Igualmente, los detectives españoles no pueden «saltarse la ley» ni «invadir la intimidad de una persona». Además, todas las investigaciones tienen que tener «un interés legítimo» y no pueden investigar delitos. «Las bases de las películas son secuestros o asesinatos, pero si nosotros en nuestro trabajo nos encontramos con un crimen tenemos que ir inmediatamente a la Policía».

No son solo secuestros (que nunca les ha pasado). «Nos encontramos muchos fraudes y muchos delitos económicos, que inmediatamente comunicamos, aunque lo habitual es que la propia Policía nos pida que sigamos investigando hasta el final». Además, en España hay tan solo unos 2.500 detectives privados en activo. Una vez acabas la carrera hay que colegiarse y tramitar la licencia en Seguridad Privada del Ministerio del Interior: los profesionales que quieran trabajar no han podido ser anteriormente policías o militares, y no pueden tener antecedentes penales.

Entonces, ¿cuál es el gran grueso de trabajo de una agencia de investigación privada? Aunque siguen existiendo despachos pequeños y hay muchos detectives privados (de hecho Detectys trabaja con ellos a nivel nacional para la mayoría de gestiones sobre el terreno), una compañía como la malagueña se centra en entidades financieras, empresas, aseguradoras y abogados. En los últimos años, los informes que más han crecido son los de Compliance (o cumplimiento), que buscan determinar la idoneidad de sobre nuevos trabajadores o directivos, además de Informes de reputación sobre nuevos proveedores y monitorización de directivos y allegados. También desarrollan muchas investigaciones en el ámbito industrial sobre falsificaciones de productos, fraudes en los datos escolares para la adjudicación de plazas recientemente también se están desarrollando informes sobre inquilinos para inmobiliarias.

Preguntas incómodas En una de las salas de juntas se reúnen los cuatro hermanos. Óscar es la cara visible de la empresa, pero Alberto, Pedro y Maribel hacen trabajo de calle por todo el país y prefieren evitar mostrar su rostro. El celo profesional es clave a la hora de que su trabajo sea eficiente, pese a que llevan una vida «normal». Por eso, cuando alguien al que acaban de conocer les pregunta a qué se dedican suelen desviar la atención. «Normalmente trato de evitar decir que soy detective privado y digo algo en lo que me siento cómodo, generalmente digo que soy perito o abogado», comenta Alberto. Pedro dice que trabaja en una agencia de seguros «y así se evitan muchas preguntas». Maribel prefiere decir que es administrativa, y si quiere «marcarse el rollo» dice que se dedica a los productos químicos, porque «ahí nadie entiende y se acaba el interrogatorio».

Pedro comenta que el detective privado lleva una vida «completamente normal, no hay que esquivar ninjas ni agentes del FBI para llegar a casa». «Es un trabajo como otro cualquiera, desconectas en casa cuando puedes». Alberto explica que finalmente son «como un perito» que aporta pruebas en un proceso, aunque esa información a veces puede dañar a una persona, de ahí que eviten desvelar su identidad. «Nos gustaría que en los juicios no se dijera en voz alta y nos idenficasen como a los policías, con un número de TIP… hay personas que cuando descubrimos que están engañando a veces reciben penas». Maribel coincide, además, al ser mujer siente que tiene un trabajo «distinto» al de sus amigas y su círculo. «A veces por ser mujer hay que andarse con un poco más de ojo a la hora de llevar una investigación, pero me gusta tanto el trabajo que nunca he sentido miedo». Detectys cuenta con treinta licencias –el 80% de ellas de mujeres, un dato muy por encima de la cuota femenina a nivel nacional, que no llega al 29%–.

Pedro comenta que de las pocas cosas de este oficio que se asemejan a la literatura y el cine está en las vigilancias. «Estás sentado esperando a que salga una persona del portal, pero no hay nada emocionante de ir con la pistola en la mano en un callejón oscuro». La única forma que tienen los detectives de defenderse es «con el ingenio y la palabra». Alberto reconoce que en las esperas se viven un momento de adrenalina. «De estar alerta a pasar a la acción hay un subidón importante en el que el corazón se acelera, es cuando se siente que es un trabajo divertido». Si una persona se da la vuelta en la calle y les pregunta si les está siguiendo, la respuesta es sencilla: «Yo no le estoy siguiendo caballero, usted sabrá lo que está haciendo», comenta Alberto, aunque a ellos nunca les ha ocurrido.

MADRID: Declaraciones del vigilante de seguridad agredido brutalmente en el centro de menores de Hortaleza

«Me patearon en el suelo todo el cuerpo»

El vigilante agredido por 20 'menas' en Hortaleza dice que su trabajo es frustrante

Los efectos de la paliza aún son visibles en su cara. Tiene los párpados hinchados, la nariz ensangrentada y el cuerpo molido a golpes. Jaime, nombre figurado del vigilante agredido el pasado domingo por más de 20 menas, se recupera poco a poco del ataque de la turba de adolescentes del centro de menores de Hortaleza. «Y podría haber sido peor», dice el empleado de seguridad, que tras varios años de trabajo en el centro es la primera vez que es agredido de forma tan brutal. «Habían golpeado a educadores, pero a los vigilantes de esta forma, nunca».

Los internos, algunos de ellos magrebíes que habían sido castigados por su mal comportamiento, le propinaron golpes en la cara y le patearon en el suelo cuando él y otro vigilante intentaron impedir que saliesen de su habitación. La agresión ocurrió a última hora de la jornada en el centro de primera acogida de menores de Hortaleza donde ingresan los chicos en desamparo que llegan a la capital. A las 23.30 horas del pasado domingo el vigilante fue avisado al detectarse un grupo de internos muy agresivo que trataba de entrar en una zona que tenían restringida. «Los chicos estaban castigados y no podían moverse, pero salieron y subieron a otras estancias donde tenían prohibido entrar. Pensamos que querían ir a por alguna sustancia, estaban muy alterados, como si hubiesen inhalado pegamento», recuerda el vigilante.

«Al tratar de impedirles el paso uno me golpeó por la izquierda y otro me dio un puñetazo por la derecha. Empecé a sangrar y vino otro y me dio otro golpe que me tumbó. En el suelo me patearon todo el cuerpo. No me dio tiempo ni a pedir auxilio por la malla (la emisora) y perdí el conocimiento», señala el vigilante. Cuando se despertó estaba siendo atendido por los médicos y ya habían llegado los agentes de la Policía Nacional.

FISCALÍA DE MENORES Solo los tres primeros agresores fueron identificados y denunciados por el ataque ante la Fiscalía de Menores. «Nos habían amenazado e insultado pero esta agresión tan salvaje nunca había ocurrido», relata el empleado, que asegura que, pese a todo, volverá el próximo sábado al recinto a su puesto de trabajo si le dan el alta médica. «No tengo miedo de volver pero sí es un poco frustrante tener que enfrentarme de nuevo a ellos», señaló.

Mientras que los vigilantes reclaman más medios y seguridad los educadores del centro de menores también piden que se mejoren los recursos y que se trate de forma terapéutica y especializada al grupo de menores que protagonizan los incidentes y que «inhalan pegamento y disolvente». «Estamos desbordados, lo ocurrido al vigilante es el colofón al hacinamiento del recinto y aquí no tenemos recursos para atender a algunos menores con este tipo de adicciones», explicó con desánimo uno de los educadores. «En el último año el 65% de los trabajadores del centro ha estado de baja y esto es intolerable, aunque es cierto que se han tomado medidas, son insuficientes», agregó otro compañero.

La Comunidad de Madrid niega que el centro esté saturado. Asegura que en el recinto hay dos centros, «uno el de Hortaleza con capacidad para 52 personas (17 de ellas plazas de reciente creación) y otro el Isabel Clara Eugenia con capacidad para 93 (38 de estas plazas nuevas)». Añade el Gobierno regional que se está «haciendo un enorme esfuerzo, con presupuesto propio, para atender la llegada de estos menores extranjeros no acompañados y que se ha ampliado la red estable y el contrato de más plazas de emergencia con entidades especializadas». Agregan que se «han creado, en total, más de 200 plazas y en breve se aprobará una nueva declaración de emergencia con más de 40 nuevas plazas».

Además, la Comunidad de Madrid señala que se han tomado "todas estas medidas a pesar de que el Gobierno de Sánchez ha mirado para otro lado en la crisis de los menas, consecuencia directa de su incapacidad para abordar el problema de las crisis migratorias y que ha hecho que desde que empezó 2019, hayan llegado a nuestra región 652 menores extranjeros no acompañados (casi 1.600 en 2018)". Por último, señala la Consejería que "la seguridad en este centro se ha reforzado coincidiendo con los momentos de más ocupación y, actualmente, aunque la sobreocupación ha disminuido notablemente, el número de efectivos de seguridad privada se ha mantenido idéntico, siempre atendiendo a lo demandado por la dirección del centro".

"Tras lo sucedido el pasado fin de semana, hemos contactado con la Dirección del Centro y no nos ha solicitado más vigilantes de seguridad. Solo nos ha pedido un educador más para el turno de noche, que vamos a atender", insisten desde la Comunidad. No obstante, como dijo ayer el vicepresidente regional, el Ejecutivo autonómico "está en continua conversación con los responsables de los centros de menores por si fuese necesario reforzar las medidas de seguridad o incrementar el número de efectivos dedicados a las tareas de vigilancia".

El Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid dice la agresión en el centro de menas "no ha pasado a mayores"

El presidente regional, Ángel Garrido, ha dicho que la supuesta agresión a un vigilante de seguridad del centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Hortaleza por parte de "alguno de los chavales" no ha pasado "a mayores" y ha asegurado que el trabajo del Gobierno allí "está dando resultados".

Un vigilante de seguridad del centro de primera acogida de menores de Hortaleza ha presentado una denuncia ante la Policía por haber sido presuntamente agredido por un menor, según confirmó el pasado martes el vicepresidente regional, Pedro Rollán. "No ha pasado a mayores, tampoco se han tomado más medidas", ha comentado Garrido preguntado por este asunto tras recibir al CD Ilunion, campeón de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas.

El presidente ha señalado que en los últimos meses están tratando de ubicar a algunos menores del centro "en espacios con menor número de personas para poder trabajar mejor con ellos". "Se está haciendo así, estamos haciendo un trabajo callado y discreto que está dando resultados", ha asegurado. Preguntado sobre si sigue habiendo sobreocupación en este centro, ha respondido que "seguramente haya alguna persona de más", pero ha insistido en que están trabajando "en coordinación con asociaciones del sector" para desplazar a algunos menores a otros lugares.

FUENTE: ecodiario.eleconomista.es AQUÍ

27 de marzo de 2019

PONTEVEDRA: Vigilantes de seguridad de hospitales públicos piden guantes anticorte y aerosoles de gel

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Los sindicatos también solicitan un sistema de cámaras que den soporte jurídico

Las agresiones verbales a personal sanitario y a vigilantes de seguridad son casi el pan de cada día en los hospitales públicos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Menos frecuentes son las agresiones físicas, aunque tanto sindicatos como trabajadores denuncian que cierto incremento en el número de casos registrados. La situación llevó esta semana al sindicato UGT a mover a ficha y hacer públicas supuestas «amenazas de muerte» a vigilantes del Hospital Provincial de Pontevedra por parte de «personas habituales». Este martes tuvo lugar una reunión de la sección sindical de Eulen con vigilantes en el Hospital Montecelo.

Según explicó a La Voz José Manuel Taboada, secretario general de la sección sindical de Eulen en Pontevedra, en ese encuentro se abordó la problemática existente con las agresiones tanto al personal sanitario como a los propios vigilantes de seguridad. «Entendemos que la solución pasa por ampliar el servicio, sobre todo en urgencias, que es donde se producen la mayoría de los incidentes», remachó. Fundamental es contar con más personal de seguridad en urgencias durante las noches en Montecelo, que es el centro más grande.

Lo que reclaman las centrales es que se dote de un sistema de cámaras de vigilancia a los hospitales para que den «soporte jurídico a las actuaciones». Taboada también aludió a peticiones más concretas de material para los vigilantes que trabajan en los tres hospitales públicos del área sanitaria -Montecelo, Provincial y Hospital do Salnés-. Sostienen que hay que equipar a la plantilla con equipos de autoprotección tales como guantes anticorte y espray de gel de autodefensa, «autorizado ya en otros centro hospitalarios de la comunidad como el Álvaro Cunqueiro, de Vigo, o el Clínico, de Santiago». Hay vigilantes que sí tienen estos guantes porque se los compraron ellos mismos.

«Es primordial también -remachó José Manuel Taboada- que las llamadas de urgencia al personal de seguridad se produzcan a través de personal facultativo para poder tener las mismas garantías jurídicas». Desde la dirección del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chop) no entraron a valorar las peticiones de los sindicatos ante el clima de inseguridad que denuncian al entender que es una cuestión laboral.

Centro de Menores: un ring donde los agentes de seguridad son un saco de boxeo

Resultado de imagen de EN EL PUNTO DE MIRA SPVOtro nuevo caso de agresión hacia el personal de seguridad en un centro de menores en Hortaleza (Madrid), donde estos profesionales padecen las consecuencias de una Ley de Seguridad Privada que los tiene desprotegidos, ante todas las veja- ciones y agresiones que sufren a diario en este tipo de instalaciones.

Este fenómeno (y me refiero a las numerosas agresiones hacia el personal de seguridad) es algo muy peligroso ya que estas instalaciones, normalmente debido a una serie de circunstancias tales como, el hacinamiento, el deterioro y la escasez de plantilla del servicio de seguridad, convierten el día a día en un caos.

El Ejecutivo madrileño como responsable de estos centros, tira balones fuera además de utilizar el tono jocoso al referirse a este incidente del modo en el que lo han hecho. Parece ser que lo ocurrido no les ha parecido lo "suficientemente" grave como para ampliar el número de profesionales, porque afirman que "si fuese necesario reforzarán las medidas de seguridad". ¿Cómo si fuese necesario? ¿Acaso no lo es ya? Según su criterio, ¿cuántas palizas más se tienen que dar para reforzar el número de agentes?

La situación que padecen los centros que acogen a los MENA (menores no acompañados) a nivel nacional, es insostenible. Un claro ejemplo es el Centro de Menores La Esperanza, en la ciudad autónoma de Ceuta, donde los vigilantes de seguridad sufren agresiones con tal frecuencia que, se ha convertido en rutina.

Creo que ha llegado el momento de tomar decisiones y éstas pasan por realizar una criba entre todos los menore s de los diferentes centros, para poder realizar un análisis sobre cuáles son aquellos que verdaderamente se acoplan y cumplen las normas de los respectivos centros, para poder separar al resto y así llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre el futuro de los que no se adaptan en estas instalaciones y tomar las decisiones oportunas.Las empresas que se hacen cargo de este tipo de centros, deben contar con los medios técnicos suficientes, además de las herramientas necesarias para desempeñar su labor lo más eficaz.

FUENTE: www.laverdaddeceuta.com AQUÍ

La bestial paliza de 20 menores inmigrantes a dos vigilantes de un centro de Madrid

Así quedó la cara de uno de los vigilantes.Uno de ellos quedó tendido en el suelo ensangrentado. Trataron de impedir que unos chicos problemáticos entraran en la primera planta del centro. 

Dos vigilantes de seguridad del centro de primera acogida de menores de Hortaleza han presentado una denuncia en la comisaría por haber sido agredidos por 20 menores inmigrantes.

El suceso ocurrió a las 23:30 horas el pasado domingo. La educadora, entonces, le pidió a un vigilante de seguridad que evitara que dos chicos problemáticos entraran el en grupo de menores de la primera planta, pues estaban castigados. Los dos vigilantes denunciantes les impidieron el paso y uno de los chicos comenzó la ofensiva. Lo empujó y, después de apartarlo, dos chicos empezaron a darles puñetazos.  Uno de ellos se quedó 'tocado', pero después se recuperó. Los vigilantes bajaron las escaleras y dos chicos empezaron a pegarles patadas y puñetazos. En la pelea entraron unos 20 menores del centro. 

Uno de los vigilantes, tras la agresión, tuvo que ser atendido por quedarse en el suelo cubierto de sangre.  Todo esto lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente regional, Pedro Rollán, quien le ha deseado "una rápida recuperación". El Ejecutivo madrileño está en "continua conversación" con los responsables de los centros de menores por si fuese necesario "reforzar las medidas de seguridad" o "incrementar el número de efectivos" dedicados a las tareas de vigilancia, ha explicado el también consejero de Presidencia.

Rollán también ha precisado que el vigilante de seguridad del centro de menores de Hortaleza ha presentado una denuncia en Comisaría por haber sido presuntamente agredido por un menor y que, ahora, le corresponde a la Policía Nacional "efectuar las indagaciones que considere oportunas".

Detienen a un falso detective privado en Sevilla bajo las siglas F.C.B.

Según informa APDPE (Asociación Profesional de Detectives Privados de España), el pasado día 19 de marzo se produjo la detención de un falso detective privado en Sevilla, gracias a la colaboración entre varios detectives privados afectados de Sevilla y la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la ciudad.

El detenido, que atiende a las iniciales F.C.B, utilizaba el nombre comercial de una agencia real con muchos años de experiencia y subcontrataba a otros detectives privados cuyas licencias utilizaba como reclamo en la publicidad. La actividad delictiva consistía en regentar el supuesto despacho profesional sin estar debidamente habilitado para ejercer la actividad de detective privado. El detenido se hacía pasar por profesional de la investigación ante sus clientes, a quienes convencía mediante engaños y argucias de ser merecedor de su confianza. Así, conseguía contratar trabajos de investigación que solo pueden ser realizados por detectives privados legalmente habilitados.

Mediante esta actividad, el falso detective obtenía todo tipo de datos privados, tanto de los clientes como de las personas que serían objeto de investigación. En el despacho del detenido, los agentes pudieron obtener pruebas de la absoluta falta de diligencia y transparencia con la que este individuo actuaba durante la tramitación y el registro de las investigaciones. Se han observado negligencias como la ausencia del Libro de Registro obligatorio, la existencia de contratos falsificados y facturas por diversos importes. Al parecer, algunos de sus clientes se vieron obligados a abonar facturas superiores a las inicialmente estipuladas en el momento de la contratación, con el argumento de ser necesaria una prórroga y la dilatación en el tiempo de las investigaciones. También se ha detectado que el detenido falsificaba la firma de los detectives que supuestamente había contratado para la realización de las investigaciones. El caso está ya en manos del juzgado.

XIV Congreso Nacional de la APDPE Esta noticia la conocemos justo un día antes de la celebración del XIV Congreso Nacional de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), en la que se tratará la figura del detective privado como pieza clave en las nuevas tendencias de investigación. Entre las ponencias, talleres, cursos y exposiciones que acogerá el congreso, que se celebrará en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, del 27 al 29 de marzo, destaca la apertura del mismo, con la presencia y el saludo de Laura Giuliani, Presidenta World Association Detectives (WAD); la intervención del presidente de la APDPE; Enrique Hormigo, el teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Málaga; Mario Corte y el Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana Aquilino Díaz del Río.

En las jornadas se conocerán y debatirán los nuevos caminos, técnicas de investigación y cuestiones prácticas relacionadas con la profesión, así como el reciente acuerdo de colaboración entre Sos desaparecidos y la APDPE, la formación de la comisión GRETA para el estudio de la perspectiva de género en la profesión investigadora y la actualización profesional en materia de nuevas tecnologías, ciberseguridad y redes sociales.

Suecia estrena la jornada laboral de 6 horas sin bajar los sueldos


Los altos cargos suecos creen que una reducción en las jornadas laborales mejoraría notablemente la salud física y mental de todos los trabajadores.

Mejorando en esos aspectos, se estima que también mejore el rendimiento de las empresas. Suecia está llevando a cabo esta medida, en donde se reduce la jornada laboral a 6 horas de trabajo y se mantienen los mismos salarios.

Los primeros resultados de este experimento están siendo muy positivos, y se ha mejorado notablemente la productividad de la mayoría de las empresas. Esta interesante propuesta se llevará a cabo empezando con los trabajadores municipales de Gotemburgo y también hacen difusión de ella los partidos de izquierda del país. Esta iniciativa estará vigente por algunos meses de “prueba” y en caso de seguir funcionando tan bien como lo está haciendo, se tomará una decisión legislativa. Hay muchas posibilidades de que esta decisión sea positiva, lo cual sería un hecho histórico y un ejemplo a seguir por muchos países.

A CORUÑA: Un vigilante de seguridad ayuda al 091 a detener a un ladrón que le amenazó con un pincho


La Policía Nacional detuvo en el centro de la ciudad a un hombre de 46 años y "numerosas" detenciones previas por robo con violencia e intimidación.


Fue un guardia de seguridad el que vio cómo el arrestado entraba y salía de un comercio y lo reconoció de otros casos de hurtos previos.

Cuando fue advertido por el profesional, el hombre le amenazó con un "pincho" y tuvo un comportamiento "bastante agresivo". Los agentes del 091 descubrieron unas bolsas preparadas para "burlar" alarmas de locales y tenía varios efectos que podrían ser robados.


26 de marzo de 2019

MADRID: Agrede a seis trabajadores del servicio de Urgencias del Infanta Sofía antes de ser reducido

La dirección del centro hospitalario argumenta que en todas las instalaciones hay pulsadores antipánico
El paciente golpeó a dos enfermeras, dos auxiliares y un vigilante 

La dirección del centro hospitalario argumenta que en todas las instalaciones hay pulsadores antipánico /Hospital Infanta Sofía


La propia dirección del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes ha confirmado a SER Madrid Norte que este lunes en el Servicio de Urgencias un paciente varón en estudio por deterioro psiquiátrico agredió a varios de los profesionales del centro. En concreto a dos enfermeras, dos auxiliares y un vigilante de Seguridad. La dirección ha indicado que ha acompañado a estos trabajadores en todo momento, se ha activado el Protocolo de Procedimientos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se les ha ofrecido la Asesoría Jurídica del Hospital. Los trabajadores tras ser atendidos fueron dados de alta con pronóstico leve.

Actualmente en el servicio de Urgencias hay un vigilante de seguridad durante las 24 horas del día. Este vigilante está conectado con el centro de control y puede pedir un refuerzo inmediato ante cualquier incidencia. Medidas “insuficientes” para la delegada de Comisiones Obreras en el Hospital, Elena Cabrerizo. El sindicato entiende que este tipo de incidentes demuestra la “desprotección” de los trabajadores. La dirección del centro hospitalario argumenta que en todas las instalaciones hay pulsadores antipánico para que los profesionales ante cualquier situación de amenaza o intimidación puedan dar el aviso solicitando ayuda de manera inmediata.

A CORUÑA: Detenido por robar en un establecimiento tras amenazar al vigilante de seguridad que lo descubrió.

El detenido ha sido identificado como un varón de 46 años que ya contaba con numerosos antecedentes anteriores por diversos delitos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un hombre por robar con violencia e intimidación diversos efectos en un establecimiento. El arrestado, al verse sorprendido por el vigilante de seguridad, se puso violento y le amenazó con sacarle un "pincho" que llevaba y matarle. Según ha informado la Policía Nacional, un vigilante de seguridad que prestaba servicio en la zona centro de la ciudad observó a un varón que entraba y salía de un establecimiento. A dicha persona, añade, ya le conocía de cometer hurtos en ocasiones anteriores, por lo que llamó a la Policía e intentó pararle para comprobar si llevaba efectos sustraídos.

El arrestado, al verse sorprendido por el vigilante de seguridad, comenzó a "ponerse agresivo", destaca la Policía, y le amenazó diciendo que iba a sacar el "pincho" que llevaba y le iba a matar. Poco después emprendió la huida. El vigilante consiguió alcanzarlo y comenzaron a forcejear. En ese momento, según el relato policial, llegaron agentes policiales y ayudaron a inmovilizar al hombre, "que mostraba un comportamiento bastante agresivo y no paraba de gritar", concretan las mismas fuentes.

Los agentes le identificaron y comprobaron las pertenencias que tenía en la mochila, en la que llevaba dos bolsas "faraday ya preparadas para burlar las alarmas de los arcos de seguridad de las tiendas", asegura la Policía. En su interior tenía unos alicates, varios productos de cosmética y unas prendas de ropa de diferentes marcas, entre otros efectos. A raíz de estos hechos, y tras las comprobaciones, los agentes procedieron a la detención de este varón como presunto autor de un delito de robo con violencia/intimidación. Los viandantes que pasaban por el lugar y vieron lo ocurrido "comenzaron a aplaudir de manera espontánea la actuación de los agentes", abunda la Policía.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales donde se tramitaron las diligencias por los hechos. El detenido ha sido identificado como un varón de 46 años que ya contaba con numerosos antecedentes anteriores por diversos delitos. Una vez finalizado el atestado policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

FUENTE: www.laopinioncoruna.es AQUÍ

MADRID: Un vigilante del centro de Hortaleza denuncia que fue agredido por menores

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Agresión en el centro de menores de Hortaleza.

Los trabajadores piden medidas urgentes para terminar con el hacinamiento del centro. La Comunidad de Madrid asegura que han reforzado la seguridad.


 Un vigilante de seguridad ha sido golpeado por un grupo de siete jóvenes. Los trabajadores piden medidas urgentes para terminar con el hacinamiento del centro, mientras la Comunidad de Madrid asegura que han reforzado la seguridad y que muy pronto se habilitarán nuevas plazas para estos menores. El vigilante de seguridad ha presentado una denuncia en comisaría por la agresión. Lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente regional, Pedro Rollán, quien le ha deseado "una rápida recuperación" al herido.

El Ejecutivo madrileño asegura que está en "continua conversación" con los responsables de los centros de menores por si fuese necesario "reforzar las medidas de seguridad" o "incrementar el número de efectivos" dedicados a las tareas de vigilancia. Los empleados del centro señalan como responsables directos a un grupo minoritario de jóvenes con problemas de conducta Los trabajadores del centro de Hortaleza han pedido a la Fiscalía que intervenga. Señalan como responsables directos a un grupo minoritario de jóvenes con problemas de conducta. Sostienen que son jóvenes con trastornos que requieren ser tratados.

José Manuel Íñiguez, delegado sindical de Comisiones Obreras, señala que en el último año un 60% de los trabajadores del centro de Hortaleza han estado de baja debido al estrés al que están sometidos y responsabiliza al hacinamiento en el que viven los jóvenes de este centro y a la falta de personal como causas de la tensión que padecen. Exigen que se creen más plazas para estos menores, algo en lo que ya trabaja la Comunidad de Madrid.

GIJÓN: Los vigilantes de seguridad defienden su actuación durante el derbi

Niegan que actuasen de manera desproporcionada y acusan a algunos aficionados de querer "provocar más que facilitar su labor"

Las denuncias de algunos aficionados del Real Oviedo sobre los registros de los vigilantes de seguridad en El Molinón antes del derbi siguen generando reacciones. Esta mañana, la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (A.VI.S.P.A.) ha defendido la actuación de los trabajadores en un comunicado remitido a los medios. En él, los vigilantes defienden sus actuación, "siendo, en todo momento, correctas y ajustadas a lo que determina la normativa reguladora".

Desde la asociación defienden que "en ningún momento se aprecia desproporcionalidad en las acciones desarrolladas de control de los aficionados del Real Oviedo, ni a la entrada, permanencia o salida del estadio por parte de los Vigilantes de Seguridad; así como tampoco son ciertas las manifestaciones expresadas por algunas aficionadas en cuanto a que habían sido sometidas a trato vejatoria cuando tuvieron que mostrar las pertenencias personales o camisetas prohibidas que portaban".

Los vigilantes aseguran que es falso que nadie se quedase en sujedor en público. "Únicamente se ejercieron las medidas preventivas en cuanto al acceso con prendas no autorizadas, de lo cual ya tenían conocimiento y aún así hicieron caso omiso", señalan. Unas actitudes que ven "más para provocar que facilitar la labor de los operativos de seguridad". Para terminar, el colectivo condena que "el Real Oviedo, su Junta Directiva y las peñas (APARO), continúen apoyando, dando cobijo y respaldo a estos aficionados ultras cuya labor principal es provocar alterados".