Noticias Destacadas SPV Sevilla


30 de noviembre de 2022

Condenado un policía que disparó a un preso fugado en Cáceres

El reo recibió un disparo en el pecho que le produjo la muerte horas más tarde.

El policía argumenta que no se puede demostrar que fue su disparo el que provocó la muerte. Policía Nacional.

El agente tendrá que indemnizar a cada uno de los padres de la víctima con 44.000 euros y al hermano con otros 20.000 euros por disparar a un preso que se fugó durante un traslado al juzgado.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un agente de la Policía Nacional por un delito de homicidio por imprudencia menos grave a la pena de multa de seis meses, con cuota diaria de 15 euros, así como a no poder tener armas durante 6 meses. El condenado, acusado de disparar a un preso que se fugó en un traslado desde la cárcel a los juzgados de la capital cacereña, tendrá que indemnizar a cada uno de los padres de la víctima con 44.000 euros y al hermano con otros 20.000 euros. En la sentencia, se establece al Estado como responsable subsidiario.

La sentencia, emitida por la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, ha contado con el voto particular del presidente del tribunal, Joaquín González Casso, que discrepa con algunos de los fundamentos de derecho, por lo que considera que la decisión debería ser el de la absolución del acusado. Cabe recordar que los hechos se produjeron en marzo de 2018 cuando el preso Hernando Jean Paul Sierra Quintero fue trasladado desde la prisión cacereña donde cumplía condena hasta el Palacio de Justicia para comparecer en un juicio.

En el traslado del reo no se le pusieron esposas porque en ese momento estaba usando muletas por una dolencia de las que se ayudaba para caminar pero, justo antes de entrar en las dependencias policiales, soltó las muletas y echó a correr por el barrio de Vistahermosa, próximo a los juzgados. Entonces se desplegó un operativo policial para localizar al fugado y horas después, en circunstancias por determinar, el preso recibió un disparo en el pecho que le produjo la muerte horas más tarde.

El policía acusado de matarle, y único imputado en este caso, siempre ha defendido su inocencia porque, según su tesis, no se puede demostrar de forma concluyente que la bala que mató a Hernando Jean Paul Sierra saliera de su pistola. La Fiscalía coincidió con la defensa del agente y no formuló ninguna acusación contra el agente, para el que pedía la absolución.

Así ha sido el simulacro de ataque terrorista de la Policía Nacional en el Hipermercado Carrefour de Palencia

Participaron distintas Unidades de Policía Nacional y colaboraron Policía Local, Cruz Roja y vigilantes de seguridad del hipermercado.

La Policía Nacional ha llevado a cabo en la noche de ayer, 29 de noviembre, un operativo policial que simulaba un incidente AMOK en el centro comercial Las Huertas, en el hipermercado Carrefour. El incidente AMOK consiste en una situación violenta en la que el agresor trata de atacar y matar de forma indiscriminada, con ira ciega/ataque de locura homicida a una población o a un colectivo, con independencia de la motivación, pudiendo realizarse con cualquier tipo de arma (de fuego, blanca, explosivos...)

Participación de distintas unidades de Policía Nacional en el simulacro En función de la magnitud de la amenaza, se produce la intervención de distintas Unidades especializadas, de forma escalonada, para conseguir la neutralización del incidente. En la noche de ayer intervinieron los integrantes de las distintas Brigadas de la Comisaría Provincial de Palencia, así como de las Unidades de Guías Caninos y TEDAX-NRBQ de la Jefatura Superior de Castilla y León.

La dinámica del incidente se origina tras recibir múltiples llamadas alertando que en el centro comercial un individuo está atacando con cuchillos de grandes dimensiones a los ciudadanos que encuentra a su paso mientras porta una mochila que podría contener explosivos. En un primer momento acuden los indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano (G.AC.), que solicitan el apoyo del Grupo Operativo de Respuesta (G.O.R.), procediendo a inspeccionar el hipermercado para asistir a los heridos y neutralizar al terrorista.

Una vez localizado el agresor y ante la previsión de que porte un “chaleco explosivo” acuden las Unidades de Guías Caninos. Tras comprobar que no porta explosivos el GOR procede a la neutralización y detención del terrorista. Posteriormente se descubre una mochila que pudiera contener un artefacto explosivo, por lo que tras establecer los necesarios cordones de seguridad, y tras la actuación del can de Guías Caninos que detecta el positivo en la mochila, el equipo de TEDAX-NRBQ desactiva el explosivo, utilizando para ello el robot, mediante una explosión controlada.

El desarrollo del simulacro fue dirigido por el Comisario Jefe de la Comisaría Provincial de Palencia D. Honorio Pérez Pablos, en coordinación con el Comisario Jefe Provincial de Operaciones D. Luis Jiménez de Mingo, el Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana D. Andrés Alonso González, el Director de Seguridad de Carrefour Delegado en Castilla y León, D Leoncio Núñez Encinas, el Director del Hipermercado Carrefour Palencia, D. Luis Cuesta Infante, la Gerente del Centro Comercial Las Huertas Dª. Cristina Tejerina Becerril y el Delegado de Prosegur D. Víctor Manuel Méndez Sánchez.

29 de noviembre de 2022

Declaradas nulas las elecciones promovidas por STS-A en la empresa PYCSECA para el Ayuntamiento de Dos Hermanas


Tal y como nuestro sindicato ya solicitó en su momento, la Consejería de Empleo, E
mpresa y Trabajo Autónomo, ha dictado un Laudo Arbitral por el cual se ha resuelto estimar nulo el preaviso 375/2022 promovido por el sindicato STS-A para la empresa PYCSECA en el centro de trabajo del Ayuntamiento de Dos Hermanas y cuantos actos electorales tengan causa en el mismo. 

El preaviso presentado por STS-A no se ajustaba a lo que marca la legislación, queda acreditado que en este caso no se ha cumplido el plazo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, plazo que hay que respetarse para asegurar la igualdad de todos los intervinientes en el proceso electoral. No tiene ninguna validez las elecciones celebradas en plena canícula el 16 de agosto. Entendemos el mosqueo en el sindicato promotor y los mandos intermedios de Pycseca en Dos Hermanas, que estaban encantados con el resultado de las votaciones, pero si no se hacen las cosas bien, las cosas salen mal.

28 de noviembre de 2022

PALMA DE MALORCA: Reconocimiento a la seguridad privada

Los profesionales de la seguridad privada celebraron el pasado jueves su fiesta anual en un solemne acto en el patio de La Misericòrdia, en Palma, organizado por la Asociación del Sector de Seguridad Privada (ASSP).

El evento sirvió para mostrar las excelentes relaciones entre las distintas empresas de vigilancia y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Junto a Inés Ybarra, presidenta de la ASPP, estuvieron la delegada del Gobierno, Aina Calvo; el jefe superior de Policía, José Luis Santafé; y el coronel de la Guardia Civil, Alejandro Hernández Mosquera. Una treintena de profesionales del sector vieron reconocido su trabajo y su colaboración con la Policía y Guardia Civil. Entre ellos estaba Juan José Larido, por su intervención en la detención de dos peligrosos delincuentes miembros de una organización criminal; Juan Antonio Toro, por su colaboración en una investigación por estafas en eventos deportivos; y el detective de la Agencia Cabanach Alejandro Rubio, por la investigación de un fraude en inversiones en criptomoneda.

El vigilante de la consellería que capturó a un maltratador y pirómano Otro de los profesionales distinguidos en el acto fue Francisco Javier Valderas Ocaña, guardia de seguridad de la conselleria de Salud desde hace más de treinta años. Recibió el reconocimiento por parte de la Policía Nacional por haber contribuido a la detención de uno de los pirómanos que estaba quemando numerosos contenedores de Ciutat. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo de 2019 cuando Valderas, desde su puesto de trabajo en la sede de la conselleria de Salud de la plaza de España, fue testigo de una brutal agresión de un hombre a una mujer que salía de un comercio aledaño. El guardia de seguridad intervino y retuvo al agresor que, una vez bajo la custodia de la Policía Nacional, se comprobó que era el autor de la quema de los contenedores de basura. Valderas, que lleva más de tres décadas vigilando las diferentes sedes por las que ha deambulado la conselleria de Salud.


27 de noviembre de 2022

La seguridad privada de Mallorca se viste de gala y condecora a los vigilantes más destacados

Inés Ybarra, presidenta de la asociación, destacó en su discurso el trabajo de los más de 10.000 profesionales del sector.

La seguridad privada de Balears celebró este jueves su festividad y concedió una veintena de menciones honoríficas. Tras un parón de varios años obligado por la COVID, el patio de la Misericòrdia de Palma acogió a más de 200 invitados en un acto marcado por la modernidad y adaptado a los nuevos tiempos. Inés Ybarra, se estrenó como presidenta de una renovada junta directiva en la que se rindió homenaje a los más de 10.000 profesionales del sector que trabajan en las islas.

La solemne gala estuvo presidido por la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo; el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, José Luis Santafé; el coronel jefe de la Guardia Civil de Baleares, Alejandro Hernández Mosquera y otras autoridades políticas, militares y policiales. Tras escuchar los acordes del himno nacional, todos los vigilantes de seguridad, detectives, directores y jefes de seguridad, técnicos, operadores y guardas y formadores distinguidos subieron al escenario para recoger su mención. Este año, la gala contó con realización de televisión en directo y pantalla gigante.

Numerosos vigilantes fueron premiados por sus méritos en acto de servicio a propuesta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Por primera vez en muchos años, se concedieron dos distinciones de ‘tipo A’, máximo galardón. En esta ocasión fueron para Juan Antonio Toro, de Grupo Kaizen, por su colaboración en la desarticulación de una banda de apuestas ilegales en eventos deportivos y de Juan José Lourido Gerpe, vigilante de seguridad por un hecho meritorio.

Gonzalo Espino, exjefe superior de Policía recibió una placa conmemorativa en agradecimiento a su apoyo al sector durante su mandato. También se entregaron a título póstumo unas menciones especiales al jefe de servicios de Prosegur fallecido José Manuel Garcias Duarte y el instructor de tiro José Diego Cánaves. Entre el público se encontraba José Antonio Nieto ‘primo’, uno de los vigilantes más respetados y mediáticos de España que destacó el orgullo de vestir el uniforme a diario. El acto finalizó con un vino español para todos los asistentes.

ALICANTE: La Policía y la seguridad privada del Hércules evitan un asalto al palco por parte de un grupo de aficionados

Los aficionados de la peña Curva Sur han saltado la valla de una de las gradas en dirección al palco para increpar a Carlos Parodi y Valentín Botella, los directivos que estaban presentes en el estadio

Momentos de tensión los que se han vivido este mediodía en el Rico Pérez tras una nueva derrota del Hércules, 0-4 ante el Lleida, que deja al equipo en puestos de descenso a Tercera Federación.

Un grupo de aficionados, los de Curva Sur, han saltado la valla de una de las gradas para acudir hasta el palco a por los directivos del club. La Policía Nacional, la Policía Local de Alicante y la seguridad privada del club han evitado el asalto al palco. Allí se encontraban tanto Carlos Parodi, presidente del club, y Valentín Botella pero no estaba presente el máximo accionista, Enrique Ortiz, el foco de todas las críticas. Botella, de hecho, se ha encarado con algunos aficionados blanquiazules de la grada de Tribuna.

El ambiente ya estaba enrarecido antes del encuentro, ya que alrededor de 200 aficionados se concentraron ante la puerta principal del estadio Rico Pérez para criticar la gestión del máximo accionista, Enrique Ortiz, y de los jugadores. "Directiva, dimisión", "Enrique vete ya" o "esta camiseta, no la merecéis" han sido algunas de las consignas coreadas por los seguidores concentrados ante la fachada del estadio. Los aficionados han entrado 15 minutos tarde al estadio como señal de protesta y se han encontrado que el equipo ya perdía 0-1 y estaba con un jugador menos tras la expulsión de su defensa Truyols. Los pitos, cánticos y protestas contra el máximo accionista y los jugadores no han cesado durante toda la primera parte. El tercer gol del Lleida, ya en la segunda parte, ha elevado aún más la excitación de los aficionados.

Un grupo de seguidores se ha dirigido desde su localidad en uno de los fondos hasta el palco para increpar al actual presidente, Carlos Parodi, y el ex presidente Valentín Botella, quien llegó a encararse con varios aficionados. El palco ha quedado acordonado por los efectivos de seguridad y las protestas y los cánticos no han parado ya hasta el final del partido. El equipo, pese a que ha acudido al centro del campo a pedir disculpas, ha sido despedido del césped con una sonora bronca por parte de los aficionados. La protesta ha continuado en la puerta 0 a la finalización del partido. Los aficionados han esperado la salida de los directivos aunque ésta se ha producido sin mayores incidentes.

25 de noviembre de 2022

La Junta de Andalucia excluye a Grupo Control, Eulen , GSI y Secoex de sus licitaciones.

La Comisión Central de Homologación constituida en Mesa de Contratación de la Junta de Andalucía, para el análisis del informe técnico de asesoramiento a la citada Mesa, en relación a las justificaciones presentadas por las personas licitadoras cuyas ofertas fueron identificadas como anormalmente bajas, en el «Acuerdo Marco de Homologación de Servicios Integrados para la Seguridad Interior con destino a Inmuebles de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales» ha acordado excluir de sus ofertas a las empresas licitadoras Grupo Control, Eulen Seguridad, GSI y Secoex.

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OVIEDO: Huelga indefinida a partir del 1 de diciembre en la empresa de seguridad PROSETECNISA

Sus cincuenta trabajadores no cobran sus salarios desde septiembre

Los 50 vigilantes que trabajan para la empresa de seguridad PROSETECNISA irán a la huelga indefinida a partir del próximo primero de diciembre tras el impago de los salarios de setiembre, octubre y muy probablemente, de este mes de noviembre.

Prestan servicios en instalaciones de titularidad pública como el viejo HUCA, el centro de salud mental de Mieres o el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales y también del ámbito privado, caso de las estaciones de Alsa, los servicios búho, o diversos centros comerciales. Cada jueves, desde hace mes y medio, se vienen concentrando ante algunas de las instituciones y empresas concernidas y en la mañana de este jueves la concentración se llevaba a cabo frente a la sede de la Presidencia del Principado, donde los representantes sindicales anunciaron la convocatoria de huelga indefinida.

Denuncias por intrusismo contra Alsa y TUA Las organizaciones sindicales presentaron este miércoles en la Delegación del Gobierno de Asturias una denuncia por intrusismo contra las empresas de transporte de viajeros Alsa y TUA que han contratado una empresa de servicios para prestar la cobertura que venían realizando los trabajadores de PROSETECNISA.

Los sindicatos exigen la rescisión de los contratos con esta empresa, con sede en el País Vasco que da empleo en toda España a unos dos mil trabajadores afectados todos ellos por la situación de semi quiebra de PROSETECNISA. Denuncian también los sindicatos los constantes problemas con las contrataciones de los servicios de seguridad por parte del Principado que se adjudican a la oferta más baja sin tener en cuenta la solvencia de las adjudicatarias.

24 de noviembre de 2022

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía le enmienda la plana al Ayto. de Dos Hermanas

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía le enmienda la plana al Ayto. de Dos Hermanas en el procedimiento de licitación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada y de Auxiliares.

El Partido Popular (PP) de Dos Hermanas volvió a denunciar ayer "irregularidades" en el procedimiento de licitación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada y de Auxiliares del Ayuntamiento de Dos Hermanas. En una reunión de trabajo mantenida con Sonia Domínguez, secretaria general del Sindicato Profesional de Vigilantes de Sevilla (SPV-Sevilla), la portavoz y presidenta popular, Carmen Espada, alertó de "nuevas irregularidades" cometidas presuntamente por el Consistorio nazareno.

La reunión tuvo lugar tras conocerse la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, emitida con fecha 14 de noviembre de 2022, ante recurso interpuesto por una de las empresas que accedieron al proceso de licitación del servicio de vigilancia y seguridad de instalaciones municipales. El pasado 16 de septiembre, la portavoz municipal, Carmen Espada, requirió por escrito al Ayuntamiento tener acceso a la documentación presentada por las empresas licitadoras al procedimiento de licitación con número de Expediente 54/2022/CON. Ante el silencio por parte de la Administración, volvió a reiterar la petición con fecha 29 de septiembre.

«A día de hoy y tras revisar la documentación, confirmamos que la presentada, en algunos casos, no cumplía exhaustivamente los requisitos establecidos en el pliego», denunció ayer Espada, quien recordó que "no solo ha sido una, sino que han sido dos las veces en las que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha corregido el procedimiento de licitación". "La primera, el pasado 5 de mayo, en la que obligó a suspender el procedimiento y dividirlo en lotes", apuntó la dirigente popular, quien añadió que, en esta ocasión, el Tribunal, con carácter previo a la exclusión de la adjudicación del procedimiento de licitación, concede a la adjudicataria trámite de subsanación para que aporte la documentación relativa a las condiciones especiales de ejecución, estableciendo que los certificados de gestión de calidad, gestión medioambiental, de seguridad de la información y de prevención de riesgos laborales deberán estar emitidos a la fecha de finalización de la presentación de ofertas.

Carmen Espada, portavoz municipal del Partido Popular, exige al Ayuntamiento de Dos Hermanas que "actúe con mayor diligencia y transparencia", teniendo en cuenta que "en ningún momento se ha informado a los grupos de la oposición de todas estas incidencias". Según denunció ayer, «hemos tenido conocimiento de la resolución del tribunal a través de terceros». La presidenta y portavoz popular manifestó que «la falta de fiscalización que viene denunciando el Partido Popular desde hace años y que el propio Sindicato SPV-Sevilla exigió en el último Pleno ha llevado a que, de nuevo, tengamos un procedimiento que se vuelve a ralentizar en el tiempo con las consecuencias derivadas de ello y máxime teniendo en cuenta que el próximo 10 de diciembre concluye la emergencia que permite continuar a la actual empresa que presta los servicios».

La comisión de delitos fuera del trabajo puede ser objeto de despido objetivo, según reciente sentencia

Los vigilantes de seguridad pueden perder el trabajo si son condenados por delito doloso

La pérdida de la habilitación como personal de seguridad privada porque un vigilante de seguridad ha cometido un delito doloso cuando no estaba desempeñando sus funciones, constituye una causa de despido disciplinario, según establece una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Los hechos analizados por el Alto Tribunal se remiten a mayo de 2018, cuando una empresa de seguridad despidió a un vigilante después de que éste fuera condenado como autor de un delito de conducción con permiso no vigente por pérdida total de puntos, a la pena de ocho meses de multa.

Como consecuencia de la condena, por resolución del director general de la Policía de marzo de 2018 se acordó extinguir la habilitación de vigilante de seguridad al empleado, con lo que quedaba incapacitado para realizar servicios de seguridad privada. Esto llevó a la empresa a proceder a su despido en mayo de 2018. El trabajador recurrió, y el juzgado de lo Social número 8 de Murcia declaró la procedencia del despido enjuiciado y convalidaba la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación. Contra este fallo formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pero fue desestimado.

El demandante interpuso recurso de casación ante el Supremo para la unificación de doctrina con un único motivo en el que denuncia la infracción de los artículos 58, 20 y 52.a) del Estatuto de los Trabajadores y de los artículos 74.11, 75.3 y 64 del Convenio Colectivo estatal para empresas de seguridad, alegando que las infracciones convencionales deben circunscribirse al ámbito laboral. Por ello, solicita que se declare la improcedencia del despido disciplinario.

Se invoca como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria en fecha 10 de marzo de 2017, recurso 1333/2016. En ella, el trabajador recibió carta de despido disciplinario por haber sido condenado por un delito de amenazas, lo que fue causa de cancelación de la habilitación para la realización de sus funciones de seguridad. La sentencia referencial estima el recurso del trabajador y declara la improcedencia del despido argumentando que no concurren las exigencias del tipo configurado en el art. 55.11 del convenio colectivo pues no consta la vinculación del delito al trabajo ni la condena a inhabilitación especial para la profesión.

En su análisis del caso, el Supremo recuerda que artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores recoge que “los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable”. Por otra parte, el artículo 10.1.b), de la Ley de Seguridad Privada instituye que “con carácter general y además de otras prohibiciones contenidas en esta ley, se establecen las siguientes: el ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de personas físicas carentes de la correspondiente habilitación o acreditación profesional”. El artículo 28.1.1 de la misma norma señala que “para la obtención de las habilitaciones profesionales indicadas en el artículo anterior, los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos generales: carecer de antecedentes penales por delitos dolosos”. Finalmente, según el artículo 28.3 “la pérdida de alguno de los requisitos establecidos en este artículo producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional”.

En su fallo, el Supremo recuerda que ha declarado la procedencia de despidos disciplinarios que traían causa de conductas de los trabajadores realizadas fuera del lugar y tiempo de trabajo en casos de apropiación de productos en otro supermercado de la misma empresa en que prestaba servicios la trabajadora (sentencia del 21 de septiembre de 2017, recurso 2397/2015), ofensas verbales y físicas a otros trabajadores en la comida de Navidad de la empresa (sentencia del 31 de mayo de 2022, recurso 1819/2020) o utilización del vehículo de la empresa fuera de la jornada laboral, desobedeciendo instrucciones expresas (sentencia del 15 de septiembre de 2020, recurso 528/2018).

En este caso, el Supremo destaca que “debido a las funciones de vigilancia y seguridad que desarrollan los vigilantes de seguridad, la Ley de Seguridad Privada establece que la existencia de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos es causa de extinción de la habilitación profesional de los vigilantes de seguridad”. “Debemos hacer hincapié”, recoge el fallo, “en que el Convenio Colectivo estatal de las empresas de seguridad considera falta muy grave la comisión de un delito que conlleve la retirada de la habilitación para los vigilantes de seguridad porque sin ella no pueden ejercitar su profesión”.

Teniendo esto en cuenta, el Alto Tribunal pone de manifiesto que en este caso hay una norma legal que impide que un condenado por un delito doloso pueda prestar servicios como vigilante de seguridad, “en atención a las especiales funciones atribuidas a dichos trabajadores, que exigen una confianza en el vigilante incompatible con dichos antecedentes penales; y una norma colectiva prevé expresamente que dicha conducta delictiva constituye una infracción muy grave que justifica el despido”. Por ello, debemos concluir que el actor incurrió en un incumplimiento contractual grave y culpable que justifica su despido disciplinario.

23 de noviembre de 2022

Comunicado de SPV a toda la plantilla de Grupo Control Sevilla

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Protestas por la agresión a un vigilante de seguridad en un hospital de GrNADA

Hiere a un vigilante con mordisco en la pierna tras pedir que se pusiera mascarilla en un hospital de Granada

El trabajador fue increpado después de pedir a un paciente que se pusiese la mascarilla. El sindicato demanda nuevas medidas coordinadas para atajar este problema

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su rechazo ante el episodio violento sufrido por un vigilante en el hospital Clínico San Cecilio de la capital. La agresión sucedió a las ocho de la mañana del pasado viernes, cuando un celador solicitó a un usuario del área de Urgencias que se pusiera la mascarilla para estar en las instalaciones sanitarias. En ese momento, el individuo comenzó a insultarle en un “claro estado de alteración”, lo que hizo que el vigilante de seguridad que se encontraba en la zona mediara, resultando herido con un mordisco en la pierna.

Hasta el lugar de la agresión llegaron efectivos de la Policía Nacional, aunque el vigilante no requirió finalmente asistencia sanitaria. Los hechos ya se han puesto en conocimiento de la Policía mediante la pertinente denuncia. CSIF Granada ha mostrado su máxima condena a este tipo de actos violentos, “cada vez más frecuentes y con mayor incidencia en la Atención Primaria y en las urgencias hospitalarias”, recordando que es hora de poner todos los medios necesarios para la concienciación ciudadana. “No es de recibo el mal trato verbal y físico que deben soportar de forma casi diaria los trabajadores de los centros, en este caso de los que trabajan en primera línea de atención y pertenecen a empresas concesionarias de vigilancia privada”, ha subrayado Carlos Morales, responsable de Empresa Privada en CSIF Granada.

El sindicato demanda nuevas medidas coordinadas con el ámbito sanitario, que tenga en cuenta no solo al personal propio del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sino a todos los profesionales que desempeñan su labor dentro de edificios sanitarios, como es el caso de los vigilantes de seguridad privada.

GRANADA: Muerde a un vigilante de seguridad del Clínico San Cecilio tras negarse a ponerse la mascarilla

Hasta el lugar de la agresión llegaron efectivos de la Policía Nacional, aunque el vigilante no requirió finalmente asistencia sanitaria

Un vigilante de seguridad privado recibió un mordisco en la pierna el pasado viernes por la mañana en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada capital supuestamente de un usuario, que había sido instado previamente en Urgencias por un celador para que se pusiera la mascarilla.

En ese momento, el individuo habría comenzado a insultarle en un "claro estado de alteración", lo que hizo que el vigilante de seguridad que se encontraba en la zona, mediara, resultando herido con un mordisco en la pierna, según ha informado este martes en una nota la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, que ha mostrado su rechazo ante el episodio violento.

Hasta el lugar de la agresión llegaron efectivos de la Policía Nacional, aunque el vigilante no requirió finalmente asistencia sanitaria. Los hechos ya se han denunciado en sede policial. CSIF Granada ha mostrado su condena a este tipo de actos violentos, "cada vez más frecuentes y con mayor incidencia en la Atención Primaria y en las urgencias hospitalarias", resaltando que "es hora de poner todos los medios necesarios para la concienciación ciudadana".

"No es de recibo el mal trato verbal y físico que deben soportar de forma casi diaria los trabajadores de los centros, en este caso de los que trabajan en primera línea de atención y pertenecen a empresas concesionarias de vigilancia privada", ha subrayado el responsable de Empresa Privada en CSIF Granada, Carlos Morales. El sindicato demanda nuevas medidas coordinadas con el ámbito sanitario, que tenga en cuenta no solo al personal propio del Servicio Andaluz de Salud, sino a todos los profesionales que desempeñan su labor dentro de edificios sanitarios, como es el caso de los vigilantes de seguridad privada.

22 de noviembre de 2022

CIUDAD REAL: Reconocimiento al personal de seguridad privada del hospital de Alcázar de San Juan

Los vigilantes de seguridad del Hospital reciben el Gotito

La Asociación de Donantes de Sangre del Sescam de Alcázar de San Juan ha entregado a los vigilantes de seguridad del Hospital General La Mancha Centro su preciado Gotito, una muestra de reconocimiento por su labor de donación de sangre para la el Hospital.

Han sido un total de 17 los vigilantes que han aportado su sangre para el Hospital, por lo que desde la Asociación agradecen su colaboración ya que donar “siempre es necesario”.

21 de noviembre de 2022

El "otro riesgo" del escolta privado: 1.800 euros al mes por trabajar hasta 16 horas seguidas


SINDICATOS DEL SECTOR CALIFICAN DE «ESCASO» O «JUSTITO» EL SALARIO QUE PERCIBEN ESTOS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD PRIVADA PESE AL SACRIFICIO PERSONAL Y EL RIESGO QUE SUPONE PROTEGER A SUS CLIENTES

Todo sucedió en apenas un minuto, durante la madrugada del pasado lunes. María José Álvarez, presidenta del Grupo Eulen, compañía dedicada a servicios de limpieza, mantenimiento y seguridad, volvía a su casa de la Urbanización La Florida (Madrid) en un Mercedes de alta gama. Al volante, su escolta privado. Poco antes de las dos de la mañana, dos vehículos bloquearon el paso al coche de la empresaria. De uno de los vehículos se bajaron dos encapuchados, supuestamente armados. Pero Jesús, el escolta, con años de experiencia en su trabajo, reaccionó rápido: realizó una maniobra brusca con el coche, lo impactó contra una farola, le pidió a Álvarez que se tumbara en el suelo de la calle y disparó dos veces al grito de «policía». Su respuesta evitó males mayores.

Para un escolta privado, los momentos de mayor estrés en su día a día son las salidas y los regresos de su ‘protegido’ a casa. No es un trabajo fácil. Requiere habilidad con las armas y en la conducción, tener la «cabeza muy amueblada», ser discreto y tener la «absoluta confianza» del cliente. El salario medio que perciben, sin embargo, es «justito» para el riesgo y el sacrificio personal que supone empotrarse en la vida de otra persona, explican a este diario sindicatos del sector.

El panorama nacional del escolta ha cambiado en los últimos tiempos, reconocen las mismas fuentes. Lejos quedan los años de ETA en los que cargos públicos y empresarios, sobre todo del País Vasco, contrataban a escoltas privados ante la amenaza terrorista. Tras el cese de la actividad armada de la banda en 2011, los servicios de este tipo cayeron en picado. Hoy en día, los clientes más habituales son empresarios y altos ejecutivos, sobre todo en Madrid. En esta comunidad, según las cifras de Alternativa Sindical, trabajan unos 800 escoltas privados.

Hoy también hay que distinguir entre los escoltas de cargos públicos, que son funcionarios que pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional, y los escoltas que trabajan en compañías de seguridad privada -Prosegur, Securitas Direct, Ilunion o la propia Eulen son algunas de las más grandes-. El escolta privado es una especialidad dentro de los servicios de vigilancia privada. Para acceder a este trabajo, hay que superar primero la formación de vigilante de seguridad privado. Y, después, cursar la especialidad de escolta. Se necesita carné de conducir y licencia de armas tipo C.

EL SUELDO «JUSTITO» Y «ESCASO» DE LOS ESCOLTAS El salario de los escoltas está recogido en el convenio del colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2022. Como sueldo base, reciben 992,94 euros. Pero a esta cantidad hay que sumarle los pluses de peligrosidad, de transporte y de vestuario, que elevan la retribución total a los 1.361,14 euros. A todo ello hay que añadirle otro concepto, el conocido como plus del escolta, de 267,61 euros mensuales. Así, el salario bruto mensual de un escolta según el convenio ronda los 1.628,75 euros brutos. Para 2023, el nuevo convenio firmado contempla una subida del 6 por ciento en cada concepto.

Jordi Montejo, del Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES), advierte de que en algunas ocasiones no se incluye el plus de escolta en las retribuciones. Sin embargo, asegura que siempre que se reclama por la vía judicial lo acaban recibiendo. Además, el sindicato explica que muchas compañías cierran con los escoltas la retribución por las horas extra, muy habituales en el día a día de muchos de estos profesionales.

Por otro lado, desde Alternativa Sindical explican que, pese a las retribuciones fijadas en las tablas del convenio, un escolta que realice un servicio de protección a un ‘VIP’ y que cumpla sus 162 horas de trabajo al mes, cobra, de media, entre 1.700 y 1.800 euros netos. «Luego, depende mucho de los acuerdos que pueda llegar por un servicio de nivel muy alto. Muchas veces, los [escoltas] que llevan mucho tiempo en la familia, tienen ‘pluses’ aparte», a lo que habría que sumar las horas extra, señala este otro sindicato.

Para Juan Martín, portavoz de esta organización, es un sueldo «escaso» dado el trabajo que realizan, con jornadas que pueden alargarse entre 12 y 16 horas, y los riesgos a los que pueden enfrentarse. «Si cobras horas extra, no está mal pagado», reconoce. Para Montejo, que sostiene que lo habitual es que las retribuciones se ajusten a lo marcado en las tablas del convenio, se trata de un «sueldo justito» para el riesgo «que se corre» y que «muchas veces no se ve». «Un policía municipal está mucho más tranquilo», añade.

«EMPOTRADO» A LA VIDA DEL CLIENTE La misión del escolta privado consiste es acompañar y proteger a sus clientes, impidiendo que sean agredidos o víctimas de algún delito. Su respuesta se debe ajustar a la legislación vigente. «El oficio de escolta es muy complicado porque tiene unas connotaciones personales tremendas: dejas de vivir durante X días tu día a día para vivir incrustado y empotrado en la vida de otra persona«, explica Juan Martín, que ejerció durante doce años como escolta privado. Por este motivo, cree que este tipo de profesional de la seguridad debe tener una «cabeza muy bien amueblada, ser muy discreto y tener la formación adecuada». El trabajo del escolta, añade, supone una «absoluta invasión» en la vida privada de su cliente. «Tiene que ser un buen profesional y minimizar eso; haciéndole ver [a su ‘protegido’] que es compatible».

Existen diferentes tipos de servicio de vigilancia privada. Los hay estáticos, como los puestos de seguridad que pueda haber en una finca o urbanización; y dinámicos, formados con vigilantes o escoltas. Los equipos de escolta suelen estar formados por uno, dos, tres o cuatro profesionales. En cualquier caso, su jornada laboral comienza antes de que el cliente salga de casa para iniciar su día y termina cuando regresa para descansar.

20 de noviembre de 2022

¿Hay que declarar la indemnización por despido en la Renta y a partir de cuánto se tributa?

En caso de despido, hay que conocer muy bien las condiciones del mismo para saber si es necesario o no tributarlo y no caer en confusiones.

Según la normativa actualizada a septiembre de este año, puede haber una serie de condicionantes que influyan a la hora de tener que incluir la indemnización por despido en la declaración de la renta del próximo año.

En el caso de tratarse de una indemnización por fin de contrato sí hay que tributarla mientras que en caso de despido, la ley cambia, ya que, en caso de se cumplan estos dos requisitos no sería necesario tributarla. En primer lugar, no habría que tributarla en caso de que la indemnización correspondiente no sea superior a los 180.00 euros. La segunda condición que debe darse para ello es que esta indemnización no sea superior a lo que corresponde legalmente. Pese a esto, como ocurre en numerosos casos, siempre hay excepciones, una de ellas es que, si el procedimiento no se ha realizado de la manera correcto, ya sea por culpa del trabajador o de la empresa, se deberá tributar. En estas situaciones es de capital importancia analizar de forma individual cada caso, ya que, dependiendo del tipo de despido (colectivo, objetivo o disciplinario) puede haber matices que se encuentran recogidos en el apartado e) del artículo 7 de la ley 35/2006.

Despido objetivo En este caso, el trabajador debe percibir el dinero correspondiente a 20 días por año trabajado con un limite de doce mensualidades. En este supuesto, la indemnización estaría exenta de tributar salvo que supere los 180.000 euros. Para que no se deba tributar, el trabajador solo debe mantener en su poder la carta del despido, y solo los trabajadores que cobren más de 180.000 euros tendrán que tributar la cantidad en la que se exceda. Puede darse otra situación y es que se trate de un despido objetivo mejorado, esto se produce cuando la empresa ofrece una indemnización superior a la legal, pero tampoco tributaria siempre y cuando esta cantidad no exceda la indemnización que tendría lugar por despido improcedente o la cantidad ya mencionada de 180.000 euros.

Tributación en caso de despido disciplinario En esta situación, el trabajador no tiene derecho a percibir ninguna cantidad. Es por esto que, si la empresa quiere abonar una indemnización, deberá reconocer la improcedencia del despido. El trabajador tendría que presentar una papeleta de conciliación laboral impugnando el despido y la empresa tendrá que reconocer la improcedencia y ofrecer la indemnización. De esta forma no se deberá tributar.

Despido improcedente En este supuesto, al no reconocerse en el Estatuto de Trabajadores, la empresa no debería indicar que es un despido improcedente. En caso contrario, Hacienda considera que la indemnización tiene que tributarse En el caso general, las empresas suelen recurrir al despido disciplinario, ya que no requiere preaviso de 15 días. En este caso, también sería obligatorio tributar la indemnización.

Fin de contrato temporal y despido colectivo Este el único caso en el que hay que declarar la indemnización en cualquier caso y por lo general, la retención es la misma que la del salario del trabajador hasta ese momento. En caso de despido colectivo, la indemnización no tributará siempre que no supere la indemnización que le corresponde al trabajador por despido improcedente y que, además, no supere los 180.000 euros. En conclusión, cualquier cifra con la que se indemnice y no supere los 180.000 euros o la cantidad en caso de despido improcedente, no tiene que tributarse en la declaración de la renta.

19 de noviembre de 2022

El Govern intenta ocultar las continuas agresiones a vigilantes en la Estación Intermodal de Palma

El Govern balear que preside la socialista Francina Armengol intenta ocultar las continuas agresiones a vigilantes en la Estación Intermodal de Palma y cifra en 23 las denuncias por este motivo desde 2020, algo que desmiente un afectado: «Yo llevo 28», afirma Rafa Leyton, coordinador de organización y portavoz de Alternativa Sindical en la conflictiva estación de tren, metro y autobuses de la capital balear, que desde hace tres años presta sus servicios en el epicentro del transporte público de Palma por donde pasan a diario más de 36.000 usuarios.

Leyton estuvo presente en la comparecencia realizada por el conseller socialista de Vivienda y Transportes, Josep Marí Ribas, en la Comisión de Ordenación Territorial del Parlament, en la que el máximo responsable político de los Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) quiso quitar hierro a la inseguridad creciente que se vive en este espacio urbano. Marí aseguró que se habían puesto cuatro denuncias en 2020, 11 en 2021 y ocho hasta mediados de 2022, los mismos tres años años que Leyton lleva trabajando como vigilante en la estación.

«Yo en tres años que llevo allí tengo 28 juicios pendientes, eso sin contar las denuncias de los compañeros. Los datos del conseller no son reales y no sé de dónde los sacan sus asesores». Es más, según afirma este sindicalista, el número de denuncias «sólo lo conoce la Policía Nacional, porque las ponemos los vigilantes de la Intermodal. Son particulares, no las tiene ni la empresa de seguridad, las ponemos nosotros». Este representante sindical también asegura que «es falso» que tras las denuncias que presentan los vigilantes, en el caso de llegarse a juicio, éstos sean acompañados por un abogado de la comunidad autónoma, como dijo el conseller.

«Esto es tan falso como que nunca se han presentado en ningún juicio», sostiene. «Es más», abunda, «tengo uno porque un argelino me puso un machete en el cuello y no se van a presentar, porque ni siquiera me han llamado para interesarse por lo que pasó. De eso, SFM no se preocupa. Sólo lo hace por actos vandálicos y grafitis». Ya en la citada comisión, el diputado del PP Lluís Camps advirtió a Marí Ribas de que las cifras de denuncias por agresiones «no cuadran» con las informaciones constantes de incidencias que se publican cada semana en los medios de comunicación. Criticó la «falta de previsión, anticipación y planificación» para atender esta problemática e insistió en que está en riesgo la seguridad de los propios vigilantes y de los usuarios que padecen los actos vandálicos.

A este respecto, el conseller recordó que el Ejecutivo balear es responsable del transporte público, no de la seguridad pública, remarcando que por eso se promueve la presencia de seguridad privada. Tras descartar que haya denuncias que se tramitan y otras no, instó al diputado del PP «a no dejarse llevar por determinadas intenciones» de presentar la instalación como un foco de permanente conflicto. Para Marí Ribas, la Estación Intermodal cuenta con la atención permanente de las policías Local y Nacional, y si «hay incidentes, se tratan, hay gente para tratarlos y se tratan como toca». Por lo que teniendo en cuenta el nivel de usuarios y las denuncias que, según él, se habrían presentado, las actuaciones son las «adecuadas».

Diferencias entre finiquito e indemnización por despido

Toda empresa debe finiquitar a sus trabajadores una vez se pone fin al contrato laboral, pero no siempre hay que indemnizar al trabajador.

Cuando acaba la relación laboral, ya sea por despido o fin de contrato temporal, siempre se habla de finiquito e indemnización. Erróneamente, se ha establecido que el finiquito y la indemnización son lo mismo, por eso a través de este artículo vamos a explicarte las diferencias y cuando se tiene derecho a la indemnización por despedido. Para empezar, todos los trabajadores tienen derecho a finiquito por fin de la relación laboral, mientras que la indemnización solo en algunos casos que más adelante detallaremos.

¿Qué es el finiquito? El finiquito es el documento que recoge la liquidación que la empresa por obligación tiene que entregar al trabajador cuando finaliza su contrato laboral. Este documento recoge la cantidad de dinero que la empresa tiene que abonar al trabajador al finalizar la relación laboral. Este finiquito debe incluir lo siguiente:

-Los días de salario del último mes. Por ejemplo, supongamos que el día 15 del mes finaliza la relación laboral con la empresa. Pues la empresa debe abonarte estos 15 días de salario.

-Los días de vacaciones no disfrutados: cada mes has ido generando vacaciones y si llegado este momento no has hecho uso de ellos, la empresa deberá abonarte esos días.

-La parte proporcional de las pagas extra no cobradas. Esto solo sería en el caso de que no estén prorrateadas en la nómina.

Además, se deben computar otras partidas laborales como las horas extra que no se hayan cobrado, pluses o gratificaciones no abonados y los anticipos por lo que deba dinero la empresa. Es posible que tu finiquito sea cero, es decir, si las vacaciones a las que tenías derecho las has consumido, las horas extras (si las hiciste) están pagadas, etc. En el finiquito solo te vendrá el salario que aún no has cobrado. Por ejemplo, si te comunican dejas de trabajar el día 15 del mes, pues tendrán que abonarte el salario correspondiente a esos 15 días.

¿Quién tiene derecho a finiquito? Todos los trabajadores tienen derecho a finiquito, tanto los que son despedidos por la empresa, fin de contrato o por baja voluntaria.

¿Cómo se recibe el finiquito? El finiquito debe ser abonado por la empresa el último día que se trabaje, teniendo que entregar al trabajador ese mismo día el documento donde se refleje todos los conceptos que debe recibir el trabajador. Es posible que la empresa no entregue este documento el último día, deberá hacerlo lo más pronto posible. Cuando se recibe el documento de finiquito o liquidación, saldo y finiquito, hay que revisar que se incluyen todas las cantidades y en caso de no estar conforme hay que firmar indicando «no conforme».

Eso sí, la empresa está obligada a darte una copia sellada, por lo que debes comprobar que ambas copias digan lo mismo antes de firmar nada. Un consejo, siempre que firmes un documento con la empresa, sería aconsejable que pongas la fecha y encima firmes, sobre todo si no se ha entregado en el último día de trabajo.

¿Qué es la indemnización por despido? Además del finiquito, en algunos casos el trabajador tiene derecho a una indemnización. ¿Qué se entiende por indemnización?, se trata de una compensación económica por la perdida involuntaria del trabajo. Si hay que indicar que solo se tiene derecho a la indemnización cuando se pierde el trabajo de forma involuntaria, ya sea por despido o fin de contrato temporal. Si la baja es voluntaria, entonces no hay indemnización. Pero ojo, cuando se produce un despido, si este es disciplinario, tampoco hay derecho a indemnización.

¿Cuánto se paga de indemnización? La indemnización dependerá del tipo de contrato y también si el despido es procedente (está justificado) o improcedente (cuando no lo está).

-Si el trabajador es despedido por causas objetivas, se tiene derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

-Finalización de un contrato temporal, a indemnización, es de 12 días por año, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores.

-Cuando una empresa realiza una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y el trabajador decide poner fin a la relación laboral (no se considera baja voluntaria). Se tiene derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 9 mensualidades.

-Cuando la empresa realiza una movilidad geográfica, al igual que en el anterior caso, el trabajador puede rescindir el contrato y tendrá derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

-Cuando se finaliza la relación laboral por muerte natural del trabajador, se tiene derecho a una indemnización de 15 días de salario.

-Si el trabajador ha iniciado un proceso judicial por incumplimientos de la empresa, como por ejemplo no pagar los salarios, modificaciones del contrato sin seguir lo establecido en la ley u otros incumplimientos graves y se declara la finalización de la relación labora, la indemnización pasa a ser la de un despido improcedente, es decir 45 días por año por los periodos trabajadores antes del 12/02/2012 y d 33 días por año a partir del 12/02/12 hasta un máximo de 24 mensualidades.

-También se tiene derecho a una indemnización de 1 mes de salario, cuando se está contratado directamente por un empresario y no a través de una empresa y se produce la muerte del trabajador, declaración de incapacidad o jubilación del empresario.

¿Cuándo no se tiene derecho a indemnización? No se tendrá derecho a indemnización cuando la relación laboral finalice por las siguientes causas.

-Sea el trabajador quien pida la baja voluntaria.

-Por despido disciplinario por haber realizado una conducta sancionable, como recoge el 

-Estatuto de los Trabajadores en su artículo 54 o el convenio colectivo.

-Cuando no se supera el periodo de prueba.

-Cuando se deja de trabajar por mutuo acuerdo entre empresa y trabajador.

-Si el trabajador se jubila o deja de trabajar por serle reconocida una incapacidad permanente

-Al finalizar un contrato de formación y aprendizaje o un contrato de prácticas
¿Qué pasa si la indemnización no es correcta o no está justificado el despido?

Es posible que en ocasiones la empresa no haya calculado bien la indemnización o la empresa simplemente quiera desprenderse de ti y te haga un despido disciplinario sin haber cometido ninguna falta grave. En estos casos, habrá que indicar que no se está conforme y presentar la llamada papeleta de conciliación en un plazo de 20 días desde que se es notificado.

Normalmente, cuando se acude al acto de conciliación por reclamación de cantidades erróneas, se suele llegar a un acuerdo. Sin embargo, si la causa de esta reclamación es por reclamar un despido improcedente o bien su nulidad, la cosa suele terminar en los tribunales. Si estás más interesado en este tema, te aconsejamos leer este artículo «Así de fácil es despedir a un trabajador hoy en día«.

18 de noviembre de 2022

El sector de la Seguridad Privada cerró 2021 con un incremento de la facturación del 5,1%


El ejercicio 2021 del sector de la Seguridad Privada alcanzó una facturación de 4.431 millones, según el informe de APROSER

El ejercicio 2021 del sector de la Seguridad Privada, marcado por los primeros síntomas de recuperación de una pandemia sin precedentes que impactó en toda la actividad económica, ha cerrado con una facturación de 4.431 millones de euros. Así se desprende del Estudio Económico sobre el Sector de la Seguridad Privada en España, presentado por APROSER, donde aborda las cifras y datos más relevantes durante 2021.El segmento de Vigilancia del sector de la Seguridad Privada alcanzó los 2.651 millones

Por actividades, el segmento de Vigilancia alcanzó los 2.651 millones tras registrar un crecimiento del 3,6% respecto al año anterior. El área de Sistemas y Alarmas también experimentó un incremento de la facturación, del 8,2%, incremento que llevo la facturación en esta actividad a los 1.507 millones. Asimismo, tras una caída del 19,9% en el año 2020, el sector del Transporte de Fondos tan solo ha experimentado una leve recuperación del 4,5% durante este periodo.

El sector de la Seguridad Privada continuará en una senda ligeramente favorable De cara al ejercicio 2022, las previsiones apuntan a que el sector continuará en una senda ligeramente favorable y se estima que cerrará con un crecimiento de la facturación del 4% para el conjunto de la industria y del 2,5% en el segmento de Vigilancia. Conviene señalar que estas estimaciones están sujetas a las actuales y diversas incertidumbres en el escenario político y económico del país, en especial a la evolución de los tipos de interés, el tipo de cambio euro/dólar, el precio del petróleo y del gas y la ejecución de los fondos Next Generation, sin perder de vista nuevos efectos colaterales en el conflicto entre Rusia y Ucrania en los meses restantes del presente ejercicio.

La procedencia del negocio en el ejercicio 2021 crece de manera moderada en el ámbito público, cuatro puntos porcentuales más que en el último ejercicio analizado, pero todavía proviniendo del sector privado un 75%. A su vez, la facturación de las Administraciones Públicas muestra que el 52% procede de empresas públicas, la Administración Estatal aporta el 17%, la Administración Autonómica el 20% y el restante 11% proviene de la Administración Local. En cuanto a los segmentos de demanda en Vigilancia, destaca Industria y Energía junto con Comercio y Servicios, donde ambos segmentos se sitúan en el 16,5% de la facturación. A continuación, Infraestructuras de Transporte representan el 15,6% y Edificios / Instalaciones de Organismos Públicos con un 11,8%. El número de empresas distribuidas por todo el territorio nacional asciende a 1.571, de las cuales 1.355 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 195 por la Generalitat de Catalunya y 21 por el Gobierno Vasco.

APROSER: El sector de la seguridad privada en España, cifras y datos más relevantes 2021

 

ACCEDE al documento de APROSER AQUÍ

Se busca personal de seguridad para trabajar en CLECE

Se busca personal de seguridad para trabajar en CLECE: Salarios a partir de los 1.227€

La empresa de multiservicios Clece busca personal para trabajar en su área de seguridad: Salarios desde los 1.200€. ¿Estás buscando empleo? El grupo multiservicios Clece, especializado en diferentes áreas, tiene disponibles 14 ofertas de empleo para trabajar como vigilantes de seguridad.

Entre todas estas oportunidades laborales, se observan 10 puestos con contratos indefinidos y 4 temporales. La ubicación de estas vacantes, están repartidas por diferentes municipios del país donde destaca la zona del levante español. En cuanto a los salarios a percibir, estos se regirán por el convenio colectivo de seguridad privada, partiendo desde los 1.200€ mensuales. En esta noticia te damos la información necesaria, para conocer al detalle qué perfil se pide y las condiciones que se ofrecen. Además, te guiaremos para que puedas entregar el currículum a Clece de una manera sencilla y rápida.

Oferta de empleo para trabajar como vigilantes de seguridad en la empresa Clece Clece seguridad, ofrece soluciones integrales de protección y seguridad a empresas, personas y otras instituciones, con un total de 1.052 instalaciones protegidas. Actualmente, se han anunciado 14 ofertas de empleo para la selección y contratación de vigilantes de seguridad y así reforzar su plantilla de más de 2.400 empleados. Los requisitos a cumplir para poder optar a estos cargos profesionales, son:

-Estar en posesión del TIP (expedido por el Ministerio del Interior).
-Disponibilidad horaria.
-Licencia de armas (puestos específicos).

Si cumples con este perfil, debes tener en cuenta que las condiciones pueden variar de una oferta de empleo a otra. El 71% de ellas cuentan con contratos indefinidos, mientras que el resto son de tipo temporal y donde el horario suele ser de lunes a domingos con los descansos establecidos. Respecto al salario, como mencionamos al inicio, se basará en su convenio colectivo, donde se puede percibir desde los 1.227€ de un vigilante hasta los 1.439,64€ de un inspector. Es importante, que revises aquella oportunidad laboral en la que quieras inscribirte, para comprobar las condiciones que se ofrecen y así asegurarse del tipo de contrato, turnos y horarios (fijo o de duración determinada, jornada parcial o completa, etc.)

Cuáles son las ofertas de empleo disponibles para trabajar en Clece Seguridad Estas son las 14 vacantes existentes para trabajar en el área de seguridad en Clece, donde encontramos los siguientes puestos de trabajo.

-Inspector de seguridad en Alicante.
-Vigilantes de seguridad con armas en: Cádiz y Sevilla.
-Vigilantes de seguridad en: Supermercados de Barcelona y Valencia.
-Barcelona provincia (certificado de discapacidad).
-Burgos.
-Área metropolitana de Barcelona.
-Adeje, Santa Cruz de Tenerife.
-Barcelona.
-Barbastro, Huesca.
-Lleida.
-Breña Baja, Santa Cruz de Tenerife.
-Industria en Burgos.
-Cómo enviar el currículum e inscribirse a estas ofertas de empleo

Si cuentas con el TIP, disponibilidad horaria y estás buscando un puesto de trabajo como vigilante de seguridad en Clece, estas ofertas de empleo son para ti. Dado la gran demanda de candidaturas que existen, te aconsejamos que dediques 5 minutos a la edición de tu CV. Para ello, intenta que sea un documento legible, con buena presentación y sobre todo que esté actualizado. Después de tener todos estos detalles en cuenta, puedes seguir estos sencillos pasos: Accede al portal de empleo de Clece.

Si aún no tienes la tarjeta de identificación de personal y no puedes trabajar como vigilante de seguridad en Clece, no te preocupes y visita otras ofertas de empleo. Además, si quieres buscar más oportunidades laborales en tu provincia, solo debes entrar a dicha sección y apuntarte a la vacante que mejor encaje con tu perfil laboral.

VALLADOLID: Detenido un individuo por un presunto delito de hurto de material ferroviario

•Fue sorprendido “in fraganti” por un vigilante de seguridad

•El varón se encontraba introduciendo cuatro ruedas de tren en una furgoneta

•El material sustraído, que asciende a 3.200€, fue recuperado y entregado a los responsables de las instalaciones

Agentes de la Policía Nacional han detenido, al mediodía del pasado día 09 de noviembre, a un varón de 46 años de edad y sin antecedentes policiales, por un presunto delito de Hurto de ruedas de ferrocarril. La patrulla policial, tras ser comisionada por la Sala CIMACC 091, acudió a las instalaciones de un taller en las afueras de esta capital, debido a que un vigilante de seguridad tenía retenido a un varón que trataba de apoderarse de material del recinto.

Los agentes actuantes, tras entrevistarse con el individuo, procedieron a su detención y a la intervención de los efectos sustraídos, siendo debidamente entregados a los responsables. Los objetos recuperados fueron valorados en 3.200€. El detenido fue puesto en libertad con cargos tras prestar declaración en las dependencias policiales de Parquesol. La detención fue realizada por agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Valladolid.

Badalona sustituye agentes de la Guàrdia Urbana por vigilantes de seguridad privada

Un decreto de emergencia permite recuperar ocho agentes, cuatro patrullas de seguridad ciudadana, que hasta ahora realizaban labores de vigilancia en edificios municipales.

Una de las consecuencias de la huelga encubierta que mantienen desde hace cuatro días unos 70 agentes de la Guàrdia Urbana de Badalona que protestan por el impago de horas extraordinarias y la situación material del servicio policial, es la falta de patrullas de seguridad ciudadana por las calles de la ciudad. Para paliar este déficit, a parte de un refuerzo de nueve patrullas de Mossos d’Esquadra, el gobierno municipal ha aplicado un decreto de emergencia para sacar a la calle ocho agentes, que son cuatro patrullas, que habitualmente realizan servicio de vigilancia en edificios municipales.

El decreto permite contratar a una agencia de seguridad privada para realizar servicios de vigilancia las 24 horas del día en edificios municipales. Tres turnos de ocho horas para controlar el acceso al edificio del Banc Central, vigilancia sin arma, los días laborables de lunes a viernes. También tendrán a su cargo la vigilancia el control de accesos al edificio de la Casa de la Vila y el de las oficinas centrales en el edificio El Viver. La medida que aplica de urgencia el gobierno municipal responde a la negativa a lo que se considera un chantaje por parte de los agentes que desde hace tres días no van a trabajar por bajas laborales por indisposiciones varias. Por parte de los sindicatos, se mantienen las medidas de presión y aseguran que no se trata de una huelga encubierta, sino que cada agente ha demostrado su incapacidad temporal para mantener su puesto de trabajo.

En paralelo, el sindicato PSU convoca de nuevo una concentración en la plaza de la Vila a las cuatro de la tarde para reiterar sus protestas por la situación en la que se encuentra el cuerpo policial local en Badalona. Los agentes consideran que las deficiencias materiales y de personal se eternizan sin que se aviste una solución a corto plazo, por lo que exigen medidas urgentes.

El TSJ de Canarias avala el despido de un vigilante que hizo una 'peineta' a una cámara de seguridad

Considera probado que dedicó parte de su jornada laboral a inspeccionar las pertenencias de sus compañeros, y que el gesto hecho hacia la videograbación demostró una “absoluta falta de respeto” por ellos y la empresa.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado el despido de un vigilante de seguridad de Tenerife porque, entre otros motivos, hizo un gesto con la mano conocido como peineta cuando sabía que estaba siendo observado por una cámara de vigilancia. En primera instancia, el Juzgado de lo Social determinó que debía ser readmitido en idénticas condiciones, pero ahora el TSJC anula esa resolución y considera faltas muy graves las cometidas el 24 y 25 febrero de 2015, en cuanto que estima que el trabajador lesionó la confianza mutua que debe presidir una relación laboral y aprovechó que se encontraba solo en su lugar de trabajo para inspeccionar las pertenencias de sus compañeros.

Un hecho que la Sala opina que va en contra de la intimidad de esos trabajadores a lo que se suma que al parecer dedicó parte de su jornada laboral a descubrir lo que guardaban en sus mesas, intentando incluso acceder a una tablet para ver su contenido. El gesto de la peineta es interpretado por la Sala como “una absoluta falta de respeto hacia sus compañeros y a la empresa ”al conocer la existencia de una cámara y su ubicación“ y el TSJC considera que se está ante ”un quebranto manifiesto de la confianza“.

Según la sentencia, ese día cogió unos papeles de la mesa de directivos y los leyó detenidamente pese a saber que su contenido era reservado y confidencial, luego procedió a hacer la “peineta” frente a la cámara mientras daba vueltas por la oficina en una actitud que fue declarada como “burlona”. También se le reprocha el uso de un sello para lo que no estaba autorizado, que realizara diversas acciones con el fin de no ser captado por la cámara, que manoseara los equipos informáticos pese a que se le advirtió que no lo hiciera y que se llevara un objeto de la oficina.

El despido tuvo lugar un mes más tarde. El vigilante basó su defensa en que no se les había informado de la colocación de estas cámaras y que además estas permanecen escondidas. El TSJC da por probado que utilizó los objetos de forma descuidada y en el caso de los aparatos electrónicos se le acusa de intentar abrirlos para conocer su contenido. El fallo judicial refleja que el día 25 tras apagar la luz y la pantalla del ordenador se puso a dormir, lo que es interpretado como una falta de cumplimiento de sus obligaciones.

El centro de trabajo dispone de cámaras de vigilancia por motivos de seguridad, tal y como sabía el trabajador, no sólo de su existencia sino también de su ubicación y de hecho, el vigilante pertenece al comité de empresa y hacía años que venían denunciado la utilización de cámaras e incluso llegó a presentar varios recursos ante Inspección de Trabajo que no tuvieron resultado alguno. En primera instancia el Juzgado de lo Social declaró nulo el despido y obligó a la empresa a readmitirlo con idénticas condiciones, resolución que ahora anula el TSJC.

La Policía cree que el asalto a la presidenta del Grupo Eulen solo tenía como objetivo el robo de su coche

La presidenta declara ante la Policía que no había recibido ningún tipo de amenaza

La Policía Nacional sospecha que al asalto a la presidenta del Grupo Eulen, María José Álvarez, cerca de su chalé en Aravaca (Madrid) fue para robarle el vehículo Mercedes Benz AMG en el que viajaba y que conducía su escolta. El coche de la empresaria, que acababa de adquirir el pasado verano, fue bloqueado por dos turismos y de ellos se bajaron dos hombres armados y encapuchados que encañonaron a su automóvil. Todo ocurrió en la madrugada del pasado lunes con dos armas supuestamente simuladas. No contaban conque el conductor era un vigilante de seguridad, llamado Jesús, que salió del vehículo y efectuó varios disparos al aire para espantar a los supuestos ladrones.

Desde un principio, los agentes pensaron que se trataba de una tentativa de robo con violencia de vehículo por la reacción de los asaltantes, que en cuanto vieron que el escolta tenía una pistola y disparaba optaron por huir. Cree la Policía que, por la reacción de estos delincuentes al escapar a toda velocidad, no pudo ser obra de un grupo organizado que tratase de secuestrar o atacar a la empresaria, de 65 años, en las cercanías de su residencia en Aravaca.

Los asaltantes, siguiendo la suposición policial, empezaron a ir detrás del vehículo. Cuando el coche ya iba a poca velocidad por las calles del barrio de Valdemarín uno de los vehículos perseguidores aceleró y se puso delante, cortándole el paso, y el otro se colocó detrás. Jesús dio marcha atrás y fue en ese momento cuando golpeó la farola y el muro de una urbanización. Este método es habitual en los grupos que actúan de esta forma para robar coches de alta gama. En este caso, el Mercedes Benz de la empresaria es un automóvil premium que puede estar valorado en unos 200.000 euros.

Justo en el lugar donde sucedió el asalto hay una urbanización privada que dispone de cámaras de seguridad que enfocan a esa calle y que quizás sirvan para la investigación. Además, los agentes están revisando las cámaras de tráfico y de seguridad de la zona. Sanitarios del Samur-Protección Civil acudieron al sitio para atender a la presidenta de Eulen debido a que había sufrido un ataque de ansiedad, señalaron fuentes de Emergencias Madrid.

La empresaria víctima del robo declaró ayer en comisaría durante varias horas. Aseguró que no ha sufrido ningún tipo de amenazas y que no pudo ver los rasgos físicos de los ladrones debido a que iban encapuchados. La Policía cree que fue clave la reacción del vigilante de la presidenta que tras efectuar los tres disparos al aire provocó la estampida de los ladrones. Este vigilante es una persona de máxima confianza de María José y ya fue escolta de su padre, ya fallecido. Tiene 53 años y acompaña a todos los lugares a la empresaria. Trabaja en la sección de Seguridad de Eulen y es uno de los vigilantes más veteranos.

«Jesús es el verdadero héroe. Su reacción fue proporcional y de defensa al ver que corría peligro la vida de María José», señalaron fuentes del entorno de la propietaria del Grupo Eulen. Además, indicaron que es la primera vez que María José sufre un incidente o intento de robo en su vida.
La empresaria víctima de este asalto es hija del fundador de la bodega Vega Sicilia, David Álvarez, así como accionista minoritaria de El Enebro, sociedad que actualmente es titular de la mayoría de las acciones de la empresa vinícola. A finales de octubre, el Tribunal Supremo (TS) dictaminó a favor de un recurso de casación presentado precisamente por María José, un hermano suyo y su padre (fallecido durante la tramitación del pleito) por un litigio familiar respecto a Bodegas Vega Sicilia.

En concreto, el Supremo falló contra la junta de accionistas de Vega Sicilia en 2013 por considerar que sus decisiones constituían un abuso de derecho contra el fundador porque los socios conseguían que El Enebro dejara de controlar la bodega. La presidenta de Eulen se situó del lado del fundador, mientras que en la junta de accionistas y del lado contrario estaban otros cinco hijos de David Álvarez.