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31 de octubre de 2019

La Guardia Civil presenta un código de armas y explosivos que recopila toda la legislación vigente en esta materia

El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y el director del Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero, han presentado esta mañana el primer código de armas y explosivos publicado en nuestro país.

El texto, que desde hoy se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado, pretende ser una guía jurídica de referencia tanto para los interventores como para los profesionales del sector.

Este código –presentado en formato electrónico- recopila toda la legislación que se aplica en la actualidad en materia de armas y explosivos. Su redacción responde a la necesidad de acabar con la confusión e inseguridad jurídica que en ocasiones genera la dispersión legislativa de esta materia. El director general ha comenzado sus palabras agradeciendo la presencia del Director de la Agencia Estatal del BOE; General de Brigada de la Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad, Santiago Caballero y General Auditor, Fernando Garcia-Mercadal.

En sus palabras, ha dicho que está convencido de que este nuevo instrumento normativo permitirá una mejor comprensión y aplicación por parte de los Interventores de Armas, pero también por el sector industrial y comercial, incluso de los particulares, de una materia tan compleja como es la regulación de “Armas y Explosivos”, toda vez que compila en un solo texto la voluminosa y dispersa legislación vigente. Asimismo, Félix Azón ha manifestado que este código en materia de Armas y Explosivos es esencial para la formación y conocimiento a la hora de tener que aplicar la normativa vigente.

Asimismo, ha manifestado que la gran labor de síntesis y recopilación desarrollada en este Código, conlleva un importante esfuerzo, que no hubiera sido posible materializar sin la ayuda de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, que garantiza su adecuada difusión y actualización. El director general ha comentado que con la presentación de este código quedan dos hechos demostrados que son la divulgación del conocimiento en esta materia y el uso de la herramienta para su aplicación. Igualmente, se ha dicho que la Administración General del Estado y la Guardia Civil están perfectamente en línea con lo que demanda la sociedad.

Félix Azón ha comentado que la Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad, ha desarrollado nuevas líneas de actuación que permitirá cumplir con éxito su misión. Entre ellas, destaca especialmente. La mejora de atención al ciudadano, promoviendo la realización de acciones formativas tendentes al desarrollo de competencias específicas en la esfera de las habilidades sociales de los guardias civiles. La simplificación de procedimientos, con el objetivo de agilizar la tramitación administrativa, reduciendo el tiempo de gestión y resolución de expedientes. La potenciación de la presencia internacional, liderando proyectos como el EMPACT-Firearms, que es la herramienta principal de la UE en la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego. Por último, ha querido reiterar su gran satisfacción por poder estar hoy aquí con todos los presentes, y ha destacado que la publicación de este Código, representa un hito institucional más, que se une a todos los desarrollados con motivo de la celebración del 175 aniversario de la fundación. 

Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad Los encargados de redactar este código han sido el general auditor Fernando García Mercadal, y el general jefe de la Jefatura de Armas y Explosivos, Santiago Caballero. Con su publicación en el BOE, este código electrónico de armas y explosivos se actualizará y consolidará de manera continua.

LAS PALMAS: Los jueces obligan a dos empresas a readmitir a vigilantes despedidos

Uno de los fallos absuelve a una de las compañías de subrogar a un empleado por falta de antigüedad

Dos sentencias de los Juzgados de lo Social número 7 y 10 obligan a dos empresas de seguridad a readmitir a dos de sus empleados que fueron despedidos tras comunicarles que serían subrogados. Una vez que estos vigilantes acudieron a sus puestos de trabajo, la nueva adjudicataria les informó que no aceptaba su subrogación porque "no cumplían con los requisitos establecidos para tal fin en el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad".

Uno de los fallos condena a la empresa Seguridad Integral Canaria S.A., a readmitir a un trabajador que, debió ser subrogado por la compañía Protección Seguridad y Vigilancia para uso Industrial, S.L. (PSV) sin embargo, esta última no admitió su subrogación y fue absuelta por el juzgado ya que el segurita no cumplía con la antigüedad mínima de siete meses que establece el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. Por tanto, es Seguridad Integral Canaria quien deberá asumir la recolocación del demandante con las condiciones laborales que tenía antes de su despido o en su defecto indemnizarle con la cantidad de 41.054,40 euros, una decisión que además deberá ser tomada en un principio por el afectado. Asimismo, el juez Javier Ercilla García del Juzgado de lo Social número 10 condena a Seguridad Integral Canaria a que abone al demandante el importe de los salarios de tramitación a razón de 57,02 euros diarios devengados desde el 26 de junio hasta el 7 de octubre de este año.

El magistrado absuelve en este caso a la empresa Protección Seguridad y Vigilancia para uso Industrial, S.L., únicamente porque el trabajador reconoció que tenía seis meses cumpliendo el servicio de segurita en el Hospital Juan Carlos I de Las Palmas de Gran Canaria antes de se llevase a cabo la subrogación, por lo que no cumplía con la antigüedad requerida para ello. En la otra sentencia emitida pro el Juzgado de lo Social número 7 el juez Ramón Jesús Toubes Torres, el magistrado considera probado que otro vigilante privado de Seguridad Integral Canaria ha prestado sus servicios desde el 18 de septiembre de 1996 en la estación de guaguas de Teror hasta noviembre de 2017 que fue trasladado al centro de salud de Arucas. Asimismo, el segurita fue readmitido tras una demanda de despido en el centro de salud de Escaleritas.

El 22 de marzo de 2019 Seguridad Integral Canaria comunica al trabajador que será subrogado desde el 27 de marzo de ese mismo año a la nueva adjudicataria del servicio Protección Seguridad y Vigilancia para uso Industrial, S.L. Pero cuando el afectado acudió al centro de trabajo de dicha empresa, esta le informó que no aceptaba "en principio y salvo posterior valoración en contrario, la subrogación por no cumplir con los requisitos establecidos a tal fin en el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad". Tras la negativa de PSV, el vigilante de seguridad privada acudió a las oficinas de Seguridad Integral Canaria en la que le informaron que no había trabajo para él. El fallo señala que la dos empresas adeudan al trabajador 949,99 euros por los salarios de marzo y junio del presente año una cantidad que, el magistrado reseña, fue reconocida por Seguridad Integral Canaria.

La sentencia pone de manifiesto que "la nueva adjudicataria (PSV) está obligada a integrar en su plantilla subrogándose en sus contratos laborales, a los trabajadores de la empresa cesante en el servicio, cualquiera que sea la modalidad de contratación o nivel funcional, siempre que se acredite la antigüedad establecida en el convenio colectivo". De esta manera, la no subrogación debe ser considerada como despido improcedente. Además según la doctrina del Tribunal Supremo procede la extensión solidaria a la empresa entrante, en este caso PSV, de las deudas contraídas con el trabajador. Por tanto, el juez estima la demanda del afectado contra Seguridad Integral Canaria y Protección Seguridad y Vigilancia para uso Industrial y declara improcedente el despido realizado por esta última. De igual forma, condena a PSV a que readmita al vigilante de seguridad en el mismo puesto y con la mismas condiciones de trabajo que tenía antes del despido o que le indemnice en la cantidad de 40.053,60 euros. Igualmente, el juez otorga un plazo de cinco días para que el demandante elija alguna de las dos opciones antes mencionadas y "de no hacerlo, se entenderá la readmisión".

En el caso de que el trabajador requiera la readmisión, el magistrado Ramón Jesús Toubes Torres condena a PSV a que abone al demandante el importe de los salarios de tramitación. Asimismo, el fallo sostiene que "Seguridad Integral Canaria y Protección, Seguridad y Vigilancia deberán abonar solidariamente al trabajador la cantidad de 949,99 euros más intereses" y requiere al Fondo de Garantía Salarial a "estar y pasar por ambas declaraciones". Ante estas dos sentencias cabe recurso de suplicación en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Constitucional avala el despido por faltar reiteradamente al trabajo aunque sea por enfermedad

Lo considera justificado siempre y cuando las ausencias superan el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos y con excepciones tales como maternidad, embarazo o bajas de más de 20 días consecutivos

Despedir a un empleado por faltar de forma reiterada a su trabajo, incluso cuando sus ausencias estén justificadas por motivos como puede ser una enfermedad no laboral y no recurrente, es un derecho del empresario para defender la productividad de su negocio siempre y cuando estas ausencias superen el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos. Así lo considera el Tribunal Constitucional, que avala de esta manera la constitucionalidad del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que fue introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral que aprobó en el año 2012 y que tanta polémica sigue generando.

Por ocho votos a favor y cuatro en contra, rechaza un recurso planteado por un juzgado de lo social de Barcelona que planteaba la inconstitucionalidad del mencionado artículo del Estatuto de los Trabajadores por entender que podría chocar con el derecho de los trabajadores a garantizar su salud frente al trabajo y, por tanto, ir en contra de la Constitución española, ya que podría vulnerar los artículos 15 (derecho a la vida y a la integridad física y moral), 35.1 (derecho al trabajo) y 43.1 (deber de los poderes públicos de tutelar la salud pública), tal y como el Alto Tribunal ha hecho público este martes en una sentencia fechada el pasado 16 de octubre.

Según el artículo 52 del Estatuto de Trabajadores, un contrato de trabajo puede extinguirse por causas objetivas por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

No obstante, la norma precisa que «no se computarán como faltas de asistencia» las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud. De igual manera «tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave», explica también el mencionado artículo.

Este texto ahora recibe el aval del Constitucional, que considera que «responde al objetivo legítimo de paliar el gravamen económico que las ausencias al trabajo suponen para las empresas» y «por consiguiente atañe a la defensa de la productividad de la empresa», que es una exigencia constitucionalmente reconocida en el artículo 38 de la Constitución. Es más, precisa que así lo ha entendido también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia con fecha del 18 de enero de 2018.

La Inspección de Trabajo mete en cintura a las empresas con el registro de jornada

Persisten las dudas sobre la aplicación de la norma, pero las visitas de inspectores a los centros de trabajo han acelerado su cumplimiento.

Las empresas se han puesto las pilas con el registro de la jornada de sus trabajadores. ¿El motivo? Desde el pasado mes de mayo es obligatorio y la Inspección de Trabajo se ha encargado de recordarlo 'in situ' en los centros que ha visitado durante este tiempo. Hay que tener en cuenta que, ante el rechazo de una parte importante del sector empresarial, en un principio se concedió una especie de moratoria para negociar e implementar los sistemas de contabilización de las horas trabajadas que en cada caso particular se considerasen más oportunos. Pero, una vez agotado el periodo de gracia, los empresarios se exponen a multas de hasta 6.250 euros y están haciendo lo posible por evitarlas.

Aunque persisten muchas dudas sobre su aplicación –el concepto de tiempo efectivo de trabajo no termina de definirse– la sensación entre los inspectores es que las compañías y los trabajadores están cumpliendo, en líneas generales, la normativa que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en la batería de medidas incluidas en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, y que entró en vigor el pasado 12 de mayo.

La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca, confirma a La Información que las inspecciones en activo que se están llevando a cabo en estos meses están aflorando buenos resultados. "Tanto en los controles de empleo que hacemos por iniciativa propia como en las campañas de contratos temporales y a tiempo parcial vemos que las empresas están cumpliendo con el registro de jornada", comenta. Explica también que "la mayoría cuentan con un registro en papel, mientras otras lo tienen en formato digital, a través de sistemas de fichaje como la huella dactilar o la tarjeta", pero en definitiva "estamos comprobando el cumplimiento de la norma".

La opacidad de la Dirección General del Organismo Estatal a la hora de aportar resultados sobre las inspecciones que se van realizando en el día a día complica una valoración más precisa. Hay que tener en cuenta que los datos de toda la actividad desarrollada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se plasmarán en la memoria anual, y es entonces cuando el Ministerio que dirige Magdalena Valerio hará balance. En estos momentos, el último informe anual disponible es del año 2017.

Por el momento, los inspectores no tienen constancia de que se hayan iniciado expedientes sancionadores en este sentido. Sí recurrieron a la vía del requerimiento en un primer momento, debido sobre todo a la gran incertidumbre que generó la norma. "Las empresas llamaban a la Inspección para preguntar cómo se tenía que hacer", recuerda Ercoreca. Prueba de ello es que con posterioridad a su aprobación y entrada en vigor el Ministerio de Trabajo tuvo que editar y publicar una guía práctica de aplicación, y después llegó también el criterio técnico de la Inspección.

Uno de los grandes problemas pasa por determinar qué se entiende por tiempo de trabajo efectivo. En términos generales, la guía y la instrucción consideran que se debe registrar toda la jornada del trabajador, pero se pueden descontar los tiempos de descanso (para tomar un café o para fumar un cigarro) a no ser que se consideren tiempo de trabajo efectivo por el convenio. "Ahí está la conflictividad laboral y la pugna entre empresario y trabajador por la duración máxima de la jornada", considera Ercoreca, para quien lo ideal sería que estas dudas las despejara un reglamento, y no un pronunciamiento judicial.

Por todo esto, y aunque la medida fue bien acogida en la Inspección, que venía reclamando desde hace tiempo un registro para acabar con los 6,7 millones de horas extra que no se pagan ni cotizan a la Seguridad Social, Ercoreca considera necesario que exista "más precisión" en la norma y se acompañe de un desarrollo reglamentario que termine de definir el concepto de "tiempo de trabajo efectivo". Con todo, cree que las empresas ya han tenido tiempo de sobra para adaptarse a la nueva norma y "ya no hay excusa" para que no cuenten con el registro. De lo contrario, se exponen a multas de entre 626 y 6.250 euros.
Reunión con Valerio

Estos y otros asuntos serán tratados en el encuentro que tienen este martes, 15 de octubre, los representantes de los inspectores con la ministra Valerio. Pero el objeto de la reunión es otro. Además del registro de jornada, el Gobierno socialista ha puesto en marcha una serie de planes de choque para vigilar el cumplimiento de las empresas en materias como el salario mínimo, la contratación temporal o los 'riders'. Una sobrecarga de trabajo que ha desatado la rebelión en un colectivo que viene sufriendo la escasez de medios materiales y personales desde hace años. Los sindicatos y las organizaciones profesionales han dicho "basta" y se han plantado ante la ministra, que les recibirá la próxima semana para intentar apaciguar los ánimos y dar respuesta a sus exigencias.

30 de octubre de 2019

La justicia obliga a Santander a dar liquidez a Ombuds y culpa a la banca de su «colapso financiero»

La jueza del juzgado mercantil exige a los bancos que sigan dando liquidez a Ombuds, al considerar que con sus actitudes empujaron a la empresa al concurso de acreedores.

La justicia señala con el dedo al ‘pool bancario’ que firmó el contrato de financiación con la empresa de seguridad privada Ombuds en 2017 y los hace responsables del concurso de acreedores declarado por la compañía a finales de julio. Según una providencia y un auto del juzgado de lo mercantil número 13 de Madrid a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la jueza ha requerido a Banco Santander "a cumplir de forma inmediata sus obligaciones contractuales derivadas de la línea de factoring suscrita con Ombuds el 23 de junio de 2017".

El concurso de acreedores de Ombuds es uno de los mayores que hay actualmente en España ya que afecta a una empresa con unos 6.000 empleados y que antes del concurso facturaba cerca de 200 millones de euros. De esta forma, la justicia establece que Santander rescindió unilateralmente un contrato que estaba en vigor ya que había sido renovado de forma automática, y amenaza al banco con sanciones si no cumple. Los bancos cometieron un defecto de forma y su comunicación de que rescindían el factoring no fue válida

En realidad no fue Santander quien lo hizo sino Bankia, otro de los bancos del pool, que por no ser el banco agente (único legitimado para actuar en nombre de todo el pool) no tenía la potestad para hacerlo. De esta forma, los bancos cometieron un defecto de forma y su comunicación de que rescindían el factoring no fue válida. Según el juez, Bankia, Santander y el resto de bancos "abocaron a Ombuds al colapso financiero al no poder disponer de efectivo y no poder atender a sus obligaciones exigibles frente a los trabajadores, Hacienda y la Seguridad Social, lo que motivó la solicitud de concurso". En cualquier caso, las sanciones a Santander no se producirán ya que, a continuación de recibir la providencia, el banco de Ana Botín volvió a dar liquidez a Ombuds a través de su acuerdo de factoring, si bien el concurso de acreedores de la empresa ya se había producido.

El factoring es un producto financiero mediante el cual el banco anticipa el pago de las facturas que no cobra la empresa (en este caso Ombuds, que cobra hasta en 180 días) y así permite a la empresa disponer de liquidez para sus necesidades a corto plazo, como puedan ser nóminas o pagar a proveedores. De este modo, en caso de producirse un impago el que tiene el problema al no cobrar es el propio banco y no la compañía.

Santander recurre Esta providencia de la jueza fue recurrida por los abogados de Banco Santander, provocando un auto de 18 de octubre que es más duro, si cabe, con la entidad bancaria y apoya al administrador concursal y la posición mantenida por el anterior presidente de Ombuds, Rodrigo Cortina. De este modo, la justicia tiene claro que han sido los bancos los que empujaron al concurso de acreedores a Ombuds aunque este hecho tiene poca solución actualmente. Tal y como informó este periódico hace dos semanas, antes de principios de diciembre se vislumbrará el futuro de la compañía con su venta completa a un inversor o su liquidación. Fuentes oficiales de Banco Santander se limitan a acatar la decisión judicial.

LA CORUÑA: Riazor reduce el número de vigilantes pero cumple plan de seguridad

Resultado de imagen de RIAZOREl Deportivo ha reducido el número de vigilantes que trabajan en el estadio de Riazor los días de partido, principalmente por la caída del número de espectadores, pero cada encuentro de los que se han disputado cumple el plan de seguridad que aprueba la Policía Nacional.

Así lo confirmaron a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, mientras que la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha criticado las circunstancias en que trabajan sus miembros. También explica que la seguridad en Riazor “ha sido reducida a la mínima expresión desde el inicio de la actual Liga, ya que, de los alrededor de 40 efectivos de seguridad privada que prestaban servicio la temporada pasada”, se ha pasado a “apenas unos veinte” en los partidos del primer equipo blanquiazul.

Así, añade que “un solo vigilante de seguridad puede llegar a atender a la vez cuatro o cinco accesos al estadio, con el alto riesgo que ello acarrea para su propia seguridad y la del propio evento”. Igualmente, advierte del “alto grado de peligrosidad” al que el club somete a los vigilantes de seguridad “con esta falta de medios humanos” ya que, apunta, les expone “en muchos casos a trabajar en solitario ante verdaderos tumultos”. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han confirmado a Efe que se ha reducido el número de vigilantes, pero han advertido de que se cumplen los requisitos para garantizar la seguridad en Riazor.

Según estas fuentes, antes de cada partido se celebra una reunión de seguridad en la que el Deportivo elabora un plan que tiene que recibir la aprobación de la Policía Naciona En todos los casos el planteamiento ha sido correcto, explican las mismas fuentes, por lo que la Policía entiende que está ajustado a cada partido, con la posibilidad de que en encuentros puntuales se pueda reforzar. El club gallego, por su parte, también ha indicado a Efe que cumple todos los requerimientos legales en los partidos que acoge el Estadio de Riazor. Dos son los principales motivos en la reducción de efectivos de seguridad privada: por una parte, la caída en la afluencia de espectadores y, por la otra, el ajuste económico que afecta a la entidad blanquiazul en Segunda División. EFE


Y los vigilantes de seguridad de Riazor preparan protestas

Resultado de imagen de SPV PROTESTASEl Deportivo de A Coruña ha admitido la reducción de vigilantes de seguridad. Con todo, tanto el club como la Subdelegación del Gobierno aseguran que los partidos de Riazor cumpen los requisitos. 

Argumento que no convence al principal sindicato de la seguridad privada en España. Tras una primera advertencia, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) anuncia que ha incluido al estadio de Riazor en las acciones de su campaña nacional para exigir más medios para los Vigilantes de Seguridad. La central considera "inconcebible que no se tengan en cuenta los riesgos a los que se enfrentan estos profesionales ". Entre otras razones, esgrime que un solo vigilante tiene que controlar 4 o 5 puertas en cada partido. El colectivo adelanta "acciones sindicales" para concienciar al público de la peligrosidad de la situación, aunque el club alega que hay menos espectadores e ingresos en Segunda, pero no especifica qué protestas planea en concreto.

FUENTE:www.galiciapress.es AQUÍ

29 de octubre de 2019

INTERNACIONAL: Asaltan un transporte de caudales en Argentina con un botín de más de un millón de pesos

Delincuentes asaltaron un transporte de caudales frente a un banco y huyeron con más de un millón de pesos

Sucedió en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. Actuaron cuatro ladrones que encañonaron a los vigiladores con armas largas y se alzaron con tres sacas con billetes. Escaparon corriendo. Analizan las cámaras para identificarlos

Cuatro delincuentes armados asaltaron esta mañana un camión blindado y se llevaron una importante suma de dinero en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, informaron fuentes policiales. El atraco se produjo en la intersección de la avenida Mosconi y Formosa, cerca de una sucursal del Banco Supervielle, en el partido de La Matanza. Los ladrones asaltaron un camión blindado perteneciente a la empresa Prosegur y escaparon con tres sacas con más de un millón de pesos, mientras que el incidente terminó sin personas heridas.

Mejora tu formación a través de los cursos específicos de seguridad privada de la academia SEGURALSA


Cursos de formación específica para el personal de seguridad privada


En el mes de noviembre, dentro del marco de colaboración suscrito entre SEGURALDA y SPV Sevilla, tendrán lugar tres cursos de formación específica, a razón de 10 horas presenciales en horario de tarde (de 16,30 a 21.30 horas). Aquellos que acrediten la afiliación a SPV Sevilla tendrán un 10 % de descuento sobre el precio general del curso (50 euros). Los cursos programados son los siguientes: 

- 11 y 13 de noviembre: Vigilancia en transporte de seguridad. VER AQUÍ
- 18 y 20 de noviembre: Vigilancia eventos deportivos y espectáculos públicos. VER AQUÍ
- 25 y 27 de noviembre: Vigilancia en puertos. VER AQUÍ

Los cursos se impartirán en las instalaciones que el centro formación SEGURALSA tiene en el Parque Empresarial Nuevo Torneo, Calle Astronomía 28, 1ª planta módulo 85. Los interesados pueden formalizar su inscripción en el citado centro, a través del teléfono 854740091 o en el correo administracion@seguralsa.com. 

El gigante Securitas ‘ficha’ al internet de las cosas de la española Geeksme

La multinacional sueca se alía con la startup para desarrollar soluciones de seguridad basadas en sensores e IoT

Saber cómo dormimos para mejorar la calidad de nuestro sueño, estar al tanto de lo que hacen nuestros mayores para cerciorarnos de que se encuentran bien, o conocer cuáles son los hábitos de los empleados de una oficina para gestionar mejor los recursos son solo parte de las aplicaciones del internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés). En Geeskme trabajan para otorgar a cualquier objeto esa capacidad de interconexión. El empeño de los fundadores de esta startup era crear una solución completa. Hace dos años empezaron a trabajar en un proyecto que se ha materializado bajo el nombre de Universall, una plataforma de hardware y software IoT pensada para supervisar y monitorizar cualquier objeto. Una denominación que da una idea de cuáles son sus pretensiones.

“La diferencia de Geeksme con otras startups tecnológicas del ámbito IoT es que diseñamos y fabricamos los dispositivos, además de desarrollar todo el ecosistema software que está a su alrededor”, explica a INNOVADORES Ángel Sánchez, cofundador y director general de la compañía. El potencial de su propuesta ha convencido a Securitas Seguridad España, con la que acaba de anunciar un acuerdo de colaboración para integrar su tecnología IoT en sus soluciones de seguridad. Su aplicación permitirá la gestión de espacios en empresas e instituciones mediante la sensorización de objetos y la obtención de datos. Con la información recopilada, y tras su análisis, la plataforma de Geeksme es capaz de generar estadísticas e informes para que esta compañía de seguridad privada utilice de forma más adecuada los recursos y mejore su servicio.
Objetos sensorizados

El acuerdo recién anunciado con Securitas Seguridad España no será el último del que oigamos en los próximos meses. Tampoco ha sido el primero. En 2017 empezaron a comercializar junto a Pikolín un colchón que recopila datos sobre el tiempo de sueño y su calidad. Los usuarios reciben recomendaciones para mejorar ese descanso, mientras que el fabricante obtiene información relevante para su negocio, como en qué tipo de colchón se duerme mejor según variables como edad, género o región. Como resultado, se han vendido más de 100.000 colchones sensorizados en España, Francia y Portugal. Geeksme también ha llegado a acuerdos Vodafone, para integrar la tecnología NB-IoT (Narrowband-IoT) en sus dispositivos y facilitar una comunicación más fluida entre ellos; y con el fabricante de chipsets Nordic Semiconductor. Entre las empresas que ya están empezando a usar su plataforma IoT también está Ilunion.

Un equipo de 20 personas, entre los que se cuentan ingenieros, diseñadores, mecánicos, desarrolladores y expertos en marketing, entre otros, se encargan de idear los prototipos en las oficinas que la compañía tiene en Madrid. Con una impresora 3D les dan forma para poder testearlos antes de pasar a la producción en masa, algo que a día de hoy hacen en China. La particularidad de Universall es que se trata de una solución IoT modular, por lo que se puede aplicar a cualquier sector. La plataforma se compone de dos tipos de dispositivos: los Quarks, que son pequeños elementos con sensores de movimiento, temperatura y una batería de alta capacidad que se colocan con un adhesivo en los objetos que se quieren monitorizar; y Omega, el hub de comunicación que recibe vía bluetooth los datos que recopilan los Quarks y los envía, utilizando el protocolo NB-IoT, a los servidores de Geeksme para interpretarlos.

La aplicación de estos dispositivos depende del módulo de software que se utilice para su gestión. Los que ahora mismo están a punto de comercializar y los acuerdos a los que Geeksme ha llegado con algunas compañías están bajo el paraguas de dos soluciones: Univesall Care y Univesall Space. La primera está pensada para monitorizar a las personas mayores que viven solas, pero que no son dependientes, y sus familiares quieren saber si lo que ocurre en su hogar entra dentro de la normalidad. Mientras que Universal Space está enfocada a las empresas, para “entender lo que ocurre en sus espacios”. Llegados a este punto, es inevitable pensar en la gestión que se hace de esos datos. Ángel Sánchez deja claro desde el principio que es una de sus prioridades. “Mi socio y yo venimos de una empresa de seguridad y privacidad llamada Blackphone, que fabricaba teléfonos seguros y privados, por lo que tenemos siempre muy presente ambos conceptos. Nosotros custodiamos toda esa información protegida, y es el usuario o la empresa el que tiene el derecho a usarla, consumirla y que sean solo ellos los que lo vean”. Si las previsiones se cumplen, Geeksme, cuya facturación en 2019 rondará los 2,5 millones de euros, será una de las empresas que formará parte de un mundo al que ya han llegado los objetos conectados.

TENERIFE: Una nueva empresa de seguridad dará seguridad de forma temporal en Valle Tabares

El Gobierno canario contrata, por procedimiento de urgencia, una sociedad que empieza a cubrir el servicio el 1 de noviembre y, además, subrogará al personal de la actual concesionaria

Una nueva empresa de seguridad privada operará desde el próximo viernes, 1 de noviembre, en las instalaciones del centro de menores infractores de Valle Tabares. 

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno canario decidió resolver el contrato con la empresa Alcor para prestar seguridad privada en el centro de internamiento educativo de menores infractores de Valle Tabares (Tenerife), en base a los reiterados incumplimientos que, según dicha administración, ha protagonizado la citada sociedad mercantil. Fuentes de dicho departamento del Ejecutivo autónomo confirmaron ayer que desde este viernes, 1 de julio, una nueva compañía gestionará, de forma temporal, el servicio de vigilancia de dichas instalaciones. En el caso de La Montañeta (Gran Canaria), la misma compañía asumirá esa labor, pero cuando acabe el contrato, es decir, desde el 1 de diciembre.

La mencionada empresa ha sido contratada por procedimiento de urgencia y subrogará a todo el personal que actualmente trabaja con Alcor. Dicha sociedad mercantil llevará a cabo dicha prestación hasta que el Gobierno canario resuelva el expediente de contratación de la futura concesionaria. Cabe recordar que Alcor asumió la gestión de la seguridad privada en Valle Tabares el 1 de noviembre de 2017 por un plazo de 24 meses y, durante estos casi dos años, ha recibido diferentes críticas por parte de sindicalistas, entre otros de la CSIF, por supuestos incumplimientos de las condiciones de la adjudicación.

Han sido precisamente tales situaciones las que han llevado a la Consejería a no continuar con la relación contractual. Un informe emitido por parte del Consejo Consultivo de Canarias concluye que la citada medida adoptada por parte del Ejecutivo autónomo "se ajusta a derecho". En un escrito de 12 de abril del presente año de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, así como en un informe del supervisor del contrato de 9 de abril constan "numerosos y reiterados incumplimientos en la ejecución del contrato, al no ajustarse a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas", según figura en el informe del mencionado órgano consultivo. La calificación del servicio se considera "deficiente", por lo que, el 25 de mayo pasado, la Dirección General firma la propuesta de inicio del procedimiento de resolución contractual. Casi un mes más tarde, la hasta ahora concesionaria presenta un escrito de alegaciones.

El 15 de julio, la Dirección General emite una primera propuesta para la resolución del contrato y quedarse con la fianza depositada en su momento por Alcor. Sobre esa medida, la Viceconsejería de Servicios Jurídicos aseguró que era "ajustada a derecho". El pasado 5 de agosto se solicitó el referido informe al Consejo Consultivo de Canarias. En los primeros días de septiembre, dicha institución recibe el documento y empieza a solicitar documentación. Desde dicho órgano se asume la procedencia de la finalización del contrato, siempre y cuando la suspensión no se aplique de forma automática y se acuerde de manera expresa; que se motive debidamente y que la instrucción haya sido diligente, y que se notifique correctamente a los interesados. En el Consejo Consultivo se enumeran hasta nueve incumplimientos, entre ellos que no se han respetado turnos de ocho horas, que no se identificara al jefe de seguridad como reclamó la Dirección General, que no se haya convocado al personal para recibir formación en varias materias, algún fallo de comunicación con el 1-1-2 o la incorporación de medios de protección y contención para los vigilantes (chalecos, escudos o guantes, por ejemplo).

Según la información recopilada por parte del Consejo Consultivo de Canarias, el Ejecutivo autónomo intentó hacer cumplir el objeto del contrato "mes a mes", pero apreció que la empresa no tiene voluntad de cumplir el contrato en los términos pactados. Dicho órgano estima que el Gobierno trató de reconducir la situación de una manera proporcionada y coherente, sin embargo, "una vez que constata que la situación no se corrige y las incidencias negativas que el proceder de la empresa está causando en el servicio, con riesgo para los menores y enorme responsabilidad para la Administración, que debe velar por el correcto funcionamiento" de una prestación "tan relevante y sensible como es la vigilancia y protección del centro de internamiento educativo de menores infractores, opta por la resolución". La sociedad de seguridad privada alegó que la administración no le especificó correctamente los incumplimientos, pero el Consejo Consultivo de Canarias dice que esa respuesta "no se ajusta a la realidad" y que "las penalidades económicas no surtieron efectos".

MADRID: Vigilantes de seguridad del hospital de Alcorcón retienen a un individuo que intentó asfixiar a una paciente


Un trabajador trata de asfixiar a una paciente ingresada del hospital de Alcorcón

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron a la puerta del hospital el agresor ya se encontraba retenido por los vigilantes de seguridad.

Un trabajador del hospital de Alcorcón ha sido detenido cuando trataba de asfixiar con una almohada a una paciente de 82 años. Hace 22 años ya mató a dos personas con el mismo procedimiento. La detención se produjo el pasado sábado, según publica el diario el Mundo. La mujer estaba ingresada en la Unidad de Traumatología del centro sanitario. J.J.F.G., de 49 años, trató de asfixiar a la paciente con una almohada.

Al parecer, el sábado J.J. caminaba por los pasillos con su uniforme del hospital y blandiendo un cúter entre sus manos. Hacia las 07.00 horas, las enfermeras de la planta 2 se sobresaltaron al escuchar los gritos procedentes de la habitación 19 de la Unidad de Traumatología. Cuando las auxiliares acudieron a la habitación vieron al hombre de pie junto a la cama de la paciente. En ese momento, el hombre estaba echado sobre la cabeza de la anciana. Las enfermeras le inquirieron, a gritos, que estaba haciendo, y el hombre salió huyendo. Las enfermeras avisaron de inmediato al servicio de Seguridad y a la Policía. Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron a la puerta del hospital el agresor ya se encontraba retenido por los vigilantes de seguridad. El hombre se había lesionado con un cutter en el brazo y tras reconocer los hechos, pasó a ser valorado por la Unidad de Psiquiatría ya que tenía diagnosticada una esquizofrenia. El hombre es un empleado de la empresa Ilunion que se encarga del servicio de lavandería del hospital de Alcorcón, donde llevaba trabajando cinco años.

Padece esquizofrenia El trabajador padece esquizofrenia y, al parecer , ya mató a dos personas hace 22 años de la misma forma. En diciembre de 1997, acabó con la vida de Valeriana de la Fuente, de 82 años, cuando dormía en la habitación 4.601 del Hospital Clínico. El asesino fue detenido en ese momento. Dos días después mató a un recluso que dormía en la enfermería de la prisión de Carabanchel, donde ambos estaban presos. Tres años después fue absuelto por eximente total por trastorno mental y el tribunal ordenó su ingreso en el centro psiquiátrico penitenciario de Alicante por un tiempo no superior a los 20 años. En 2007 quedó en libertad aunque sometido a un control periódico desde un centro de referencia y medicado.

FUENTE: www.telemadrid.es AQUÍ

LA CORUÑA: Vigilantes alertan de la inseguridad en los partidos del Deportivo del estadio de Riazor

El principal sindicato entre los vigilantes de seguridad ha denunciado hoy que "la seguridad en Riazor ha sido reducida a la mínima expresión desde el inicio de la actual Liga". FTSP-USO asegura que con la actual plantilla es imposible garantizar el control de entrada con de objetos peligrosos al estadio.


La central explica que si en la pasada temporada prestaban servicio en Riazor unos 40 vigilantes, en la actualidad apenas unos 20 se pueden ver en un partido del primer equipo. Según sus datos, cada trabajador debe filtrar los espectadores de 4 o 5 accesos en solitario. FTSP-USO pone el foco en Vicente Aparicio, actual Director de Seguridad del Real Club Deportivo de A Coruña y de la Univesidad de A Coruña. Lo acusan, entre otras cosas, de permitir que vigilantes desarmados presten servicio en la UDC en puestos que el concurso público designaba para profesionales armados. También aseguran que en el CD Lugo facilitó casos de "intrusimo profesional". Ni Aparicio ni el RC Deportivo de A Coruña han respondido por ahora a estas acusaciones.

Problemas de seguridad en Renfe: sólo cubren un 20% de los vigilantes que necesitan

Fuentes conocedoras de la situación hablan de que la empresa pública sólo está cubriendo un 20% de las plazas necesarias en las instalaciones de Renfe Operadora en Madrid. La empresa pública reconoce "descubiertos" pero no de esa cuantía.

Problemas con la seguridad privada en Renfe Operadora, la empresa pública de transporte ferroviario que opera el material y los servicios de transporte por tren. La compañía pública ha reconocido tener problemas con el número de efectivos de seguridad privada en la Comunidad de Madrid y ha reconocido que está operando con menos efectivos de los necesarios en varias de sus estaciones, con el consiguiente problema de seguridad que puede generarse para los usuarios. Fuentes conocedoras de la situación aseguran a este periódico que en sus reuniones con las empresas de seguridad privada que operan en Madrid se manejan unos datos que hablan de que apenas se ha cubierto el 20% de las plazas necesarias para ofrecer el servicio y garantizar la seguridad para los usuarios.

No obstante, consultado por este periódico, Renfe ha indicado que "no hemos registrado descubiertos del 20% en nuestros servicios de seguridad en Madrid en ningún momento", algo que niegan en todo momento las fuentes consultadas, que aseguran que son cifras que se manejan en sus reuniones privadas. No obstante, lo que sí reconocen fuentes oficiales de Renfe es que "eventualmente se han podido registrar (en un 5,5%) durante los meses de este verano debido al aumento del servicios con motivo del dispositivo por las obras del túnel de Recoletos y Méndez Álvaro (Pasillo Verde) en Cercanías Madrid".

Escrito de denuncia La situación de carestía de personal en seguridad privada es tan grande que incluso el sindicato CC.OO. ha registrado una queja ante la dirección de seguridad de Renfe Operadora, con fecha del pasado 11 de octubre, que obra en manos de este periódico y en la que muestra su preocupación por la falta de profesionales de seguridad privada. "Se está produciendo un descenso alarmante de vigilantes de seguridad que quieren prestar estos servicios, lo que se traduce en la imposibilidad por parte de las empresas de seguridad adjudicatarias de dar cobertura a la totalidad de los puestos de seguridad en la red de cercanías de Renfe operadora en la Comunidad de Madrid".

Según indican fuentes de este sindicato, y es una denuncia que viene produciéndose desde hace tiempo, con la mejora del empleo se produce una dificultad para cubrir las plazas en seguridad privada, no sólo en Renfe sino en todas las contratas. El motivo en este caso es "la penosidad que supone la prestación de ciertos servicios de vigilancia en exteriores, en los que un único vigilante de seguridad se encuentra custodiando unidades en inclemencias meteorológicas adversas o intervenciones con grupos organizados de grafiteros".

BILBAO: Condenan a Garda por correr el bulo de que un escolta tenía relaciones con una protegida

Un juzgado de Bilbao ha condenado a la empresa de seguridad Garda, la mercantil contratada por el Gobierno Vasco para prestar el servicio de protección a mujeres maltratadas en Bizkaia, por el acoso laboral al que sometió a uno de sus escoltas durante casi tres años.

El magistrado, que ha fijado una indemnización de 25.000 euros por daños morales, considera probado que los responsables de la compañía en Bilbao llevaron a cabo una labor de «hostigamiento constante» contra su persona para «aislarle» y «desacreditarle frente a terceros». El fallo, notificado el pasado 23 de septiembre, destaca incluso que una mujer protegida tuvo que «desmentir el rumor que corría por los mandos de que el actor mantenía relaciones sentimentales con ella». Un bulo que, unido a la situación que venía soportando, le generó «un grave» daño psicológico, así como una clínica «ansioso-depresiva» durante un largo periodo de tiempo. «Aún estoy sufriendo un calvario», asegura el guardaespaldas a este medio.

CÁDIZ: Denuncian que los vigilantes del Gran Teatro Falla llevan tres meses sin cobrar

VOX Cádiz ha denunciado, a través de un comunicado la deuda que la empresa adjudicataria de la seguridadad del Gran Teatro Falla tiene con los trabajadores.

Según el partido político, Grupo EME lleva al frente de la seguridad del Gran Teatro Falla "desde el 14 de Enero de 2017, sustituyendo a la anterior empresa, Vigilantia, en medio de unas supuestas irregularidades a la hora de obtener la concesión, pues no se logró ésta siguiendo el procedimiento concursal, sino que supuestamente el gestor de Vigilantia fue el que le ofreció los servicios que tenía en adjudicados como que también supuestamente movió hilos dentro del Ayuntamiento para que se firmara con Grupo EME como si fuera una subrogación del contrato por absorción, ya que la anterior empresa, Vigilantia se declaró en quiebra y eligió supuestamente a Grupo EME de forma arbitraria".

Denuncia VOX Cádiz que "dicho servicio de la adjudicación de la seguridad del Gran teatro Falla, que desde el 1 de Enero de 2017 hasta el día de hoy es gestionado por Grupo EME sin haber ganado ningún tipo de concurso, como si hubiese sido una subrogación de empresa, añadiendo que el contrato que había con la primera empresa, Vigilantia, ha prescrito a finales de 2018. Pues la continuación de toda esa historia es que, a día de hoy, los trabajadores de la empresa de seguridad Grupo EME que desempeñan su trabajo en el Gran Teatro Falla llevan desde agosto sin cobrar, porque GRUPO EME se ha declarado en quiebra".  Añaden que "el Ayuntamiento lo sabe y a día de hoy no ha tomado cartas en el asunto".

28 de octubre de 2019

SEGOVIA: Sorprenden a dos turistas grabando nombres en la Catedral

Dos turistas cuya nacionalidad no ha sido confirmada fueron sorprendidos el pasado 25 de octubre mientras grababan sus nombres en uno de los pilares del transcoro de la Catedral, según han confirmado fuentes del Cabildo catedralicio, que han colgado imágenes del resultado de la fechoría en sus cuentas de redes sociales «para dar un toque de concienciación» sobre el respeto al Patrimonio.


Los dos visitantes fueron pillados por personal de la propia Catedral —unas 14 personas en total esa tarde— el viernes, 25 de octubre, en un momento de gran afluencia de visitantes, uno de los motivos por los que a los autores de la agresión se les acabó permitiendo marcharse sin que fueran finalmente denunciados, alterando las recomendaciones del protocolo a seguir en estos casos. «No se trata de linchar a nadie sino de llamar la atención de la necesidad de aumentar la concienciación y el respeto al Patrimonio», insisten las mismas fuentes que reconocen que hay multitud de grabados en las piedras de la Catedral.

No es la primera vez que se realizan pintadas y «grabados» en la piedra en el interior de la Seo, donde existen multitud de recodos que dificultan la tarea de los dos vigilantes que trabajan en el templo e incluso de las cámaras de seguridad existentes.

De hecho, desde el Cabildo advierten de la tendencia que muestran muchos visitantes a tocar los cuadros que se exponen en la Sala Bajo Claustro, precisamente por esa falta de educación en el respeto al arte. El uso de rotuladores y pinturas también es habitual en este tipo de actos.

Saquean el tren que descarriló en Lleida por culpa del temporal

El tren de mercancías que la madrugada del jueves descarriló entre Puigverd de Lleida y Juneda por culpa del temporal ha sido víctima del pillaje: decenas de personas han aprovechado que el convoy se había quedado abandonado para arrasar con todo lo que llevaba: desde cajas de vino y perfume hasta las mismas ruedas y los cables del tren.

Este fin de semana, numerosos coches, furgonetas e incluso tractores se han acercado a la zona del tren accidentado y se han llevado decenas de cajas con los productos que transportaba el convoy: cajas de vino, pienso para perros y gatos, fertilizantes, perfumes de diferentes marcas y bebidas isotónicas, entre otros, según recopilación el diario Segre. Más allá de eso, los ladrones también se han llevado los cables de la catenaria del tren que quedaron colgados del accidente e, incluso, las mismas ruedas del tren de la empresa Continental Raíl. Los Mossos d'Esquadra acabaron haciendo acto de presencia, pero, según el mismo diario, no requisaron ningún tipo de material.

Vigilantes de seguridad El responsable de las vías, Adif, asegura que la responsabilidad de la carga es de la empresa explotadora del tren y, por lo tanto, no se pueden hacer responsables de las posibles pérdidas. Este domingo aparecieron al tren varios vigilantes de seguridad para evitar que se repitieran las escenas de saqueo. El tren descarriló a sólo cinco kilómetros de la estación que hay cerca de Juneda, en las Garrigues. El maquinista volvía hacia Lleida después de haber recibido un aviso para que retrocediera a causa del mal estado de las vías. Al volver atrás, se encontró las vías colgando y acabó descarrilando. Concretamente, 17 de los 28 vagones volcaron. Los que llevaban mercancías peligrosas, al final del convoy, no se vieron afectados.

El descarrilamiento se produjo a la línea de tren convencional, y ha provocado el corte de las líneas R13 y R14, que van de Lleida en Tarragona y Reus. Se ha establecido un servicio especial de autocar para substituir el servicio, que estará cortado hasta que se puedan arreglar los desperfectos.

MADRID: Vigilantes de la estación de Chamartín colaboran en el salvamento de una mujer atragantada por un caramelo


Dos policías salvan a una mujer de morir atragantada con un caramelo en Chamartín

Dos agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a una mujer de 46 años que se había atragantado con un caramelo y se asfixiaba, hasta llegar a quedar inconsciente en la estación de tren de Chamartín, en Madrid. El suceso, según consta en el atestado al que ha tenido acceso Efe, ocurrió el pasado viernes alrededor de las 22.30 horas en el vestíbulo de la estación de tren cuando una mujer se acercó corriendo a dos agentes uniformados haciendo gestos con las manos de que no podía respirar.

Al comprobar que padecía los síntomas de ahogamiento al tener la piel ya azulada, los agentes practicaron a la mujer la conocida como 'maniobra de Heimlich', una técnica de primeros auxilios que consiste en compresiones abdominales para tratar de desbloquear el conducto respiratorio. Tras varios intentos, la víctima expulsó por la boca un caramelo y perdió el conocimiento durante unos segundos, momento en que los policías, junto con dos vigilantes de seguridad privada de la estación, la tendieron en el suelo y comprobaron que respiraba.

Los sanitarios del Samur trasladados al lugar también atendieron a la mujer, quien les insistió en que se encontraba perfectamente. Los policías la acompañaron hasta la vía para coger el tren de vuelta a casa.Antes de marcharse, la mujer abrazó a los policías y les dijo en varias ocasiones: "Gracias por salvarme la vida".

GIRONA: Vigilante de seguridad del aeropuerto detecta en el control de equipajes un equipaje con droga

Decomisan seis kilos de marihuana en el aeropuerto de Girona. También intervinieron 155 kilos de hachís en una furgoneta durante un control fronterizo en La Jonquera.

La Guardia Civil se ha incautado de seis kilos de marihuana entre el 16 y el 26 de octubre en el aeropuerto de Girona, donde ha detenido a un hombre de nacionalidad senegalesa y a una mujer polaca que los llevaban en sus equipajes.

Según informa este cuerpo de seguridad, la primera de esas actuaciones se produjo el pasado 16 de octubre después de que una pasajera originaria de Polonia y que embarcaba en un vuelo con destino a Bruselas (Bélgica) levantara sospechas. Al revisar su equipaje de mano, los agentes comprobaron que llevaba una bolsa sellada al vacío, en cuyo interior se hallaba una sustancia que dio positivo de marihuana, con un peso total de 2,5 kilos. Ante este hallazgo ,se detuvo a K.M.R, de cuarenta años, como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Diez días después, la Guardia Civil fue requerida a las 6:15 horas por el vigilante de seguridad que realizaba control de equipajes al sospechar del contenido de una maleta. Los agentes, tras localizar al propietario, abrieron la maleta en su presencia y descubrieron tres bultos envasados al vacío y en cuyo interior había una sustancia vegetal que dio positivo por marihuana con un peso total de 3,5 kilos. Por todo ello, se procedió a la detención de D.K., de nacionalidad senegalesa, también por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La marihuana aprehendida en ambas actuaciones habría alcanzado un valor aproximado de 9.500 euros en el mercado negro.

Un valor de 270.000 euros. Intervenidos 155 kilos de hachís en La Jonquera La aprehensión de droga en la provincia de Girona contó también el 25 de octubre con una de 155 kilos de hachís en la localidad fronteriza con Francia de La Jonquera, después de que la Guardia Civil le diese el alto a una furgoneta ocupada por dos personas que circulaba por la carretera N-II.

Al llegar a la altura de los agentes, el conductor aceleró bruscamente y huyó en dirección al barrio de Els Límits, donde el vehículo apareció abandonado poco después con toda esa droga en su interior. El valor que hubiera alcanzado lo aprehendido en el mercado sería de unos 270.000 euros aproximadamente. La Guardia Civil realizando pesquisas para averiguar la identidad de los ocupantes de la furgoneta, así como el origen un juego de placas de matrícula halladas.

Securitas conecta a sus 370.000 empleados con Microsoft 365

Mediante los servicios cloud de productividad de Microsoft 365, el grupo podrá proporcionar experiencias conectadas y ofrecer servicios de seguridad de última generación, incluidos los de vigilancia electrónica.

Securitas Group, proveedor sueco de servicios de seguridad con sede central en Estocolmo, ha confiado en la nube de productividad de Microsoft 365 para transformar su entorno de trabajo, brindando nuevas posibilidades de colaboración, que impulsan la innovación en sus sistemas de vigilancia y protección sobre el terreno. En la actualidad, la protección de los activos en un mundo digital requiere nuevos enfoques de los servicios de seguridad a escala mundial. Securitas Group ocupa una posición de liderazgo en el mercado para hacer frente a la introducción de la digitalización y a la explosión de datos, gracias a un amplio espectro de servicios de protección impulsados por la tecnología, que combinan su cuadro global de agentes de seguridad con la vigilancia electrónica. Securitas está decidida a aprovechar las posibilidades que abre la evolución de la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas (IoT) para potenciar la seguridad inteligente y predictiva.

"Vemos el futuro de la seguridad centrado en combinación de la inteligencia humana y de máquinas, generando, capturando y analizando datos para poder predecir y prevenir riesgos e incidentes futuros”, indica Martin Althén, CIO y miembro del Grupo de Gestión en Securitas. “Combinar el potencial de los algoritmos con las capacidades humanas significa que podemos crear un entorno más seguro para todos. Y una forma de lograrlo es ofrecer a los empleados un lugar de trabajo digital con herramientas empresariales inteligentes".

Una decidida apuesta por Microsoft 365 Como parte de su viaje para dar forma al futuro de la industria de la seguridad, Securitas Group comenzó a transformar su lugar de trabajo implementando Microsoft 365, una solución integral que engloba Office 365, Windows 10 y Microsoft Enterprise Mobility + Security. En sólo seis meses, los 30.000 trabajadores que trabajan en entorno de oficina habían migrado desde la plataforma de correo electrónico de Lotus Notes a Office 365, adoptado sus aplicaciones y servicios de productividad empresarial en su trabajo diario. Asimismo, Securitas no solo ha confiado en Microsoft para renovar su software, sino que también lo ha hecho en materia de hardware, apostando los dispositivos de la gama Surface para el personal de su sede en Estocolmo.

"Elegimos la solución de productividad Microsoft 365 para proporcionar experiencias conectadas que transforman la forma en que las personas trabajan entre sí y para ofrecer servicios de seguridad de última generación", comenta Althén. Para ayudar con la gestión del cambio, Securitas animó a los “business champions” a orientar a sus compañeros para sacar el máximo partido a las nuevas herramientas. Estos voluntarios pusieron el foco en Microsoft Teams como centro global para la colaboración en toda la empresa. Andreas Lindback, presidente de División de AMEA en Securitas Group, instruyó a los más de 1.500 trabajadores de TI a su cargo, en más de 16 países de África, Oriente Medio y Asia para que utilizaran exclusivamente Microsoft Teams. "AMEA es un mercado joven, tecnológicamente avanzado y con enormes oportunidades de crecimiento", dice Lindback. "Por lo tanto, necesitamos estar a la vanguardia de la tecnología en el puesto de trabajo para impactar positivamente en nuestros empleados y clientes."

Teams impulsa la movilidad y la productividad para acelerar el negocio La herramienta de colaboración de la nube de productividad de Microsoft 365, Microsoft Teams, ha facilitado la comunicación entre todos los miembros del grupo AMEA permitiéndoles aumentar sus niveles de productividad, incluso cuando están en movilidad. Ahora que todos los empleados utilizan Teams para la colaboración virtual, la gestión de cuentas, el seguimiento de KPIs y las conversaciones con los clientes, pueden dar respuesta de forma más ágil a las necesidades de los clientes. Estas capacidades desempeñan un papel particularmente importante para el equipo de gestión de la división, cuyos miembros nunca están en el mismo lugar.

“Todo nuestro negocio funciona con Teams. Tenemos a profesionales en la India, Singapur y Australia trabajando en el mismo proyecto usando para ello procesos coordinados y en tiempo real, que ayudan a hacer nuestro trabajo más rápido", dice Lindback. Aunque algunos aspectos de su trabajo requieren reuniones cara a cara, el almacenamiento de documentos en la nube de Microsoft OneDrive y las conexiones en cualquier momento y lugar que disfruta con Teams han permitido a Lindback aumentar su productividad mientras viaja.

Seguridad integrada para garantizar la protección de los datos Además de confiar en Microsoft para la modernización de su espacio de trabajo, Securitas también emplea los servicios de seguridad integrados e interoperables de Microsoft 365 para garantizar la rapidez y la movilidad sin poner en peligro la seguridad de sus empleados ni de sus datos. Securitas utiliza Microsoft Intune y Azure Active Directory Premium 1, dos servicios dentro de Enterprise Mobility + Security, para simplificar la forma en que TI gestiona los dispositivos móviles y la identidad y el acceso de los empleados.

"Este paso prudente ayuda a maximizar la seguridad. La interoperabilidad de los servicios de seguridad en Exchange y a través de Enterprise Mobility + Security tiene sus ventajas", afirma Althén. “Para nosotros tiene sentido su uso en lugar de software de seguridad de terceros, ya que está integrado en Microsoft 365. Me siento más seguro de esta manera que permitiendo el uso de aplicaciones de correo electrónico y calendarios de terceros e intentando protegerlos con diferentes productos especializados".

Según Frida Rosenholm, vicepresidenta senior y consejera del Grupo Securitas, que maneja asuntos legales, de riesgo y seguros para toda la compañía y supervisa un equipo de más de 100 abogados en 35 países: "Confío en Microsoft 365 y en el almacenamiento de nuestros documentos legales en OneDrive y SharePoint. También utilizo las capacidades de gestión de derechos de la información en Azure Information Protection para encriptar archivos de acuerdo a sus niveles de seguridad. Es una gran ventaja en mi trabajo".

El lugar de trabajo moderno impulsa la ventaja competitiva A medida que Securitas avanza en la transformación de su lugar de trabajo, sus empleados en todo el mundo utilizan las nuevas herramientas para conectarse entre sí e intercambiar información de forma innovadora. Esto ayuda a impulsar un aspecto importante de la cultura corporativa, que otorga una alta prioridad a la formación de los empleados en una estructura organizativa no jerárquica, tanto para su equipo actual como para los futuros trabajadores que se incorporen a la compañía.

"Cuando se trata de atraer el talento, las herramientas digitales nos ayudarán a ser el empleador preferido", afirma Lindback. "Hoy en día, los profesionales esperan poder trabajar con plataformas digitales multifuncionales. En parte debido a nuestras raíces en Suecia, todos creemos firmemente en la eliminación de la jerarquía: ganamos y perdemos como equipo. Esto es lo que hace que las herramientas de Microsoft 365 sean tan potentes. Las usamos para relacionarnos con cualquier persona de la organización, sin importar su nivel. Y si podemos animar a nuestros 340.000 vigilantes de seguridad a que se sientan orgullosos y entusiasmados por su trabajo a medida que los incluimos en nuestro moderno entorno laboral, obtendremos un gran impacto en nuestros resultados. Ése es el potencial de Microsoft 365".

MÁLAGA: La rápida intervención de un vigilante de seguridad del centro Vialia frusta el robo de unos aluniceros

Investigan si los aluniceros detenidos en Fuengirola cometieron otros robos. Los tres arrestados, sorprendidos por unidades de radiopatrullas de la localidad costasoleña, se encuentran en prisión. El asalto a una tienda de móviles quedó solo en un intento, gracias a la rápida intervención de un vigilante de seguridad privada.

La secuencia captada por las cámaras de seguridad dura solo unos segundos. En ella se puede ver como llega un vehículo a una de las puertas del centro comercial Vialia –situado en la capital malagueña–, del que se bajan tres encapuchados y acceden, tras forzar una puerta de cristal, a las instalaciones. El asalto a una tienda de móviles quedó solo en un intento, gracias a la rápida intervención de un vigilante de seguridad privada. Este robo frustrado fue uno de los tres que protagonizaron en Málaga durante el pasado miércoles una banda de aluniceros que acabaron siendo detenidos en Fuengirola. Ahora, los agentes de la Policía Nacional que se han hecho cargo del caso investigan a los arrestados por si pueden relacionarlos con otros atracos.

De hecho, las fuentes consultadas han precisado que los investigadores consideran que los asaltantes son los mismos que, en el pasado mes de marzo, se intentaron llevar más de un centenar de móviles del centro comercial Miramar, donde precisamente habrían vuelto a ser arrestados hace solo unos días por agentes de los radiopatrullas de la brigada de seguridad ciudadana de la Comisaría de esta localidad costasoleña. En marzo, los delincuentes rompieron varios escaparates del centro comercial hasta que llegaron a una tienda de móviles. Los asaltantes se hicieron con más de 150 aparatos electrónicos, entre móviles y tabletas, mientras otro encapuchado les esperaba en un vehículo de alta gama para huir de la zona. Todos fueron detenidos.

Forma de operar Al parecer, se trata de una banda de Sevilla, siempre según las mismas fuentes, que hace solo unos días habría vuelto a actuar en Málaga. Esta vez, de nuevo, no habrían logrado hacerse con su botín: teléfonos móviles. La forma de actuar es similar, un vehículo de alta gama, siempre robado, que utilizan para los alunizajes o para darse a la fuga tras los asaltos, que protagonizan varios encapuchados, equipados con mazas y otras herramientas, mientras el conductor espera en el coche.

Los robos siempre son de madrugada. El pasado miércoles, los aluniceros llegaron sobre las dos al centro comercial Vialia. Tal y como se aprecia en las imágenes, un vehículo de color gris estacionó junto a una de las entradas. Tres encapuchados, equipados con mazas y otras herramientas, se bajaron del turismo y accedieron al interior el establecimiento. En concreto, tras forzar una de las puertas de acceso, se dirigieron a una tienda de telefonía situada en el centro comercial. Sin embargo, no estuvieron mucho tiempo en las instalaciones. Mientras intentaban romper la persiana del local, la acción del personal de seguridad hizo que se dieran rápidamente a la fuga. Las alarmas saltaron. Los agentes de la Policía Nacional ya les seguían la pista. Sabían que un grupo de aluniceros estaba en Málaga y que su objetivo eran los establecimientos de telefonía.

Localizados en Vélez Volvieron a localizarles en la zona de Vélez-Málaga. Sin embargo, ante la presión de los agentes, que les pisaban los talones, decidieron moverse y acabaron en el centro comercial Rincón de la Victoria, ubicado en la Cala del Moral. Siempre según han explicado las mismas fuentes, allí estrellaron un Seat Ibiza que habían sustraído anteriormente contra el establecimiento, aunque, de nuevo, tuvieron que darse a la fuga en ese mismo turismo gris en el que habían sido vistos en Vialia.

Era un coche de alta gama sustraído, un Audi A6 que volvió a ser visto a más de 40 kilómetros de la Cala del Moral. Fue en Fuengirola, donde tres aluniceros acabaron siendo detenidos por los policías nacionales pasadas las cuatro de la madrugada. Fue después de que estrellaran el citado vehículo contra el centro comercial Miramar, que se encuentra situado a solo unos minutos de la Comisaría del cuerpo en esta localidad. Los delincuentes habrían intentado acceder a un par de tiendas de telefonía sin éxito, ya que, de nuevo, el personal de seguridad consiguió disuadirlos. Los tres aluniceros se dieron a la fuga a pie, siendo perseguidos por las unidades que se desplegaron en la zona.

Mientras uno de ellos fue arrestado rápidamente, los agentes tuvieron que perseguir por las inmediaciones del río que hay en la zona a los sospechosos, siendo detenido uno de ellos por un policía nacional tras esconderse en un baño de un local. El otro fue alcanzado a la altura del paseo marítimo. Los agentes les requisaron varias herramientas, entre ellas mazas, así como grandes bolsas que se usan para transportar los teléfonos móviles. Estaban vacías, la rápida acción de los vigilantes de seguridad privada y de los policías nacionales impidieron que los delincuentes pudieran hacerse con el botín. Tras ser puestos a disposición judicial, se ordenó su ingreso en prisión.

Un juez libera a las empresas de las deudas laborales en las subrogaciones

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El fallo surge de la demanda de una empresa a la que se obligó a abonar los impagos de Seguridad Integral.

El juzgado de lo Social 7 permite dilatar a las empresas adjudicatarias de contratos de prestación de servicios los débitos de los trabajadores que dejan sus antecesoras y que se encuentran en concurso de acreedores. Tumba la llamada ‘Ley Somoza’

El Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas ha publicado una sentencia «histórica» que supone un alivio para las cientos de empresas que se presentan a concursos públicos y se hacen con contratos en los que su antecesor -empresa saliente- ha entrado en concurso de acreedores y deja tras de sí cuantiosas deudas, entre ellas, impagos a los trabajadores que han de ser subrogados por la sociedad entrante.

El fallo judicial del juzgado de Las Palmas, el primero en este sentido en toda España, tumba la llamada Ley Somoza, y tras la que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en julio del pasado año, falló que toda empresa que gana un concurso público de prestación de servicios y sustituye a otra que ha entrado en concurso de acreedores debe hacerse cargó de los débitos de sus trabajadores que, por supuesto, han de ser subrogados.

La sentencia del juzgado canario y emitida por el magistrado Ramón Jesús Toubes surge a raíz de una demanda presentada por el despacho Uriarte&Abogados. El director del despacho, Iban Uriarte, recurrió al juzgado después de que su cliente, la empresa Protección, Seguridad y Vigilancia para Uso Industrial S.L (PSV) se encontrara, tras ganar varios contratos con administraciones públicas, con una deuda de más de 500.000 euros derivada de impagos a los trabajadores de la empresa a la que sustituía en el servicio y que era Seguridad Integral.

«Al subrogar a los trabajadores, y atendiendo al criterio de la Ley Somoza, PSV tenía que abonar los impagos de los trabajadores al encontrarse Seguridad Integral en concurso de acreedores», explica Iban Uriarte, que lo considera totalmente injusto. Por ello, apoyándose en parámetros legales, redactó un recurso en el que exponía que la jurisdicción laboral «no podía desatender» la mercantil en materia de concurso de acreedores.

Según explica, lo que hizo ver al juez es que no se puede obligar a la empresa entrante al pago de las deudas generadas por la saliente, cuando ésta se encuentra en un proceso de concurso de acreedores que puede concluir con su pervivencia. «Sería muy injusto», indica. Además, añade, es necesario que culmine un proceso concursal para determinar si la empresa tiene bienes de cualquier tipo, como inmuebles, para poder asumir sus deudas y por tanto para lo débitos de los trabajadores. El juez atendió estos argumentos y permite con su sentencia a las empresas entrantes dilatar los pagos hasta ver qué pasa con la empresa concursada.

La ‘Ley Somoza’ ha derivado en bajas temerarias y cierres» El director del despacho Uriarte&Abogados, Iban Uriarte, considera que la sentencia del Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas es «una cuestión capital» para las empresas. Asegura que muchas que han ganado concursos públicos de prestación de servicios «han tenido que renunciar a ellos» tras comprobar que debían abonar ingentes cantidades de dinero de deudas que habían generado las anteriores con sus trabajadores. Según advierte, otra de sus consecuencias, han sido abultadas bajas temerarias y el cierre de negocios.B«La sentencia canaria no anula del todo el pago de esos débitos pero los suspende hasta que se aclare la situación concursal de la empresa saliente», explica Uriarte, quien considera que «ese tiempo es dinero».

«Pueden pasar seis, siete u ocho años. En ese tiempo las empresas entrantes pueden llegar a acuerdos con la administración pública, con el órgano licitador y establecer un anexo para que en caso de que la resolución judicial sea unánime ulteriormente vayan contra el órgano licitador», explica Uriarte. Según asegura, los criterios de la Ley Somoza son insostenibles para las empresas. «Es un esperpento a la realidad social vigente», asegura Uriarte, que se muestra muy crítica con lo que estableció hace un año el Tribunal Europeo. «Se da un respiro a muchas empresas», asegura.