En la carta que dirigen a Cifuentes, y que acompaña, al informe, las asociaciones de jueces le recuerdan a la presidenta, en un tono duro, pero educado, que el pasado 23 de diciembre le pidieron una reunión urgente y que no les ha respondido, ni para comunicar acuse de recibo alguno. En consecuencia, le comunican que harán público un primer informe, aunque tienen un segundo mucho más detallado, que harán llegar a los medios y a los partidos políticos con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Y le reiteran la necesidad de reunirse urgentemente con ella.
-Las deficiencias de la Justicia en Madrid La Comisión Interasociativa de Jueces de la capital de España identifica las deficiencias de forma muy clara y concisa:
-Ausencia de Salas de Espera, lo que se agrava en la jurisdicción penal al convivir en el mismo espacio víctimas y victimarios.
-Escasez de Salas de Vistas en algunos partidos, lo que condiciona la capacidad de resolución de los órganos judiciales afectados.
-Hacinamiento de funcionarios y expedientes, en condiciones de actividad impropias de un país desarrollado, dado el escaso espacio del que se dispone, que lleva a los trabajadores a agudizar el ingenio de forma sorprendente para poder ordenar el papel.
-Falta de medios materiales de uso corriente en otros territorios, como son los necesarios para la realización de actuaciones judiciales a través del sistema de video conferencia.
-Falta de estanterías, sillas ergonómicas, material de papelería, tóner de impresora, escáner…etc.
-Ausencia de limpieza e higiene de las sedes, paredes sin pintar desde la construcción del edificio, parásitos y roedores, humedad, suciedad acumulada, fruto de contratas de limpieza a precios bajos.
-Servicio de mantenimiento deficiente, que recurre a reparar al coste más bajo, sin importar la adecuación de la solución escogida.
-Falta de revisión de los sistemas de electricidad y suministro de agua, lo que trae como consecuencia cortocircuitos, sobrecargas eléctricas, goteras, rotura de tuberías e inundaciones, además de olores nauseabundos e insalubres en algunas sedes.
-Falta de la debida climatización de las sedes judiciales, con situaciones de frío por debajo de lo mínimo razonable o de calor en verano a temperaturas insoportables.
-Falta de alarmas anti-incendios y falta de previsión de planes de evacuación en caso de incendio. Además, no todas las sedes poseen escalera de incendios o puertas de emergencia, constituyendo un potencial peligro para la vida y salud de los usuarios y trabajadores, como ha podido evidenciarse en la sede de la calle Granados, nº 18 de Torrejón de Ardoz,
en el incendio acaecido el 11 de enero de 2017.
-Falta de suficientes equipos psicosociales para atender la demanda de juzgados de familia, violencia sobre la mujer e instrucción en un tiempo razonable
-Flagrante incumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad a las personas con discapacidad a los espacios públicos, por ausencia de rampas, ascensores amplios e, incluso, acceso por otra vía que no sea la escalera.
-Falta de provisión de una oficina que atienda algunos de los Centros Penitenciarios de nuestra región, como la cárcel de Esterera, en el partido judicial de Arganda del Rey, que debe ser atendida por el personal de los juzgados del partido.
Mención aparte y destacada es la inexistencia de Instituto de Medicina Legal –única Comunidad Autónoma que carece de él– tan importante en la actualidad, tras la despenalización de las faltas de tráfico y la promulgación del Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.
Personal Sobre el personal, la Comisión interasociativa destaca la alta interinidad, la falta de sustitución de bajas y ausencia de un plan de formación de funcionarios, lo que conduce a una situación de baja eficiencia en algunos órganos judiciales. Las asociaciones de jueces llaman la atención de que de los 550 puestos eliminados de funcionarios -según CC.OO.- sólo se han cubierto 260. El propio consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía, Ángel Garrido, reconoció en noviembre de 2016 que todavía quedaban 294 puestos por cubrir.
“La dejación en la aplicación de sistemas de reestructuración y organización de personal previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial genera que haya juzgados o tribunales con exceso de personal, al lado de otros con insuficiencia de funcionarios. La falta de cobertura de plazas ha reducido de hecho, fuera de los cauces legales, la plantilla de determinados órganos judiciales, en perjuicio además de los más sobrecargados de trabajo. Y la selección y gestión de los funcionarios interinos ha rebajado el nivel de preparación específico de los que ocupan provisionalmente plazas de funcionarios titulares”, dice el informe.
Sedes judiciales que podrían verse asaltadas con facilidad Otro punto que llama mucho la atención, según la Comisión Interasociativa, es la ausencia de medidas de seguridad para impedir que se cometan actos delictivos en su interior. “Por motivos de autoprotección, no se van a dar datos concretos, atendiendo a la publicidad que este informe puede a tener para la opinión pública, pero nos permitimos denunciar la ausencia o inoperatividad de arcos de seguridad en algunas sedes judiciales; la falta de escáneres en muchas de ellas; los recortes evidentes en vigilantes de seguridad, dejando, en muchos casos, a un único trabajador que no siempre reúne las características de edad y estado físico exigible para quien debe vigilar por el orden público de una sede judicial en la que puede haber situaciones probables de conflicto; ventanas sin protección y a nivel de calle; sedes judiciales sin vigilancia 24 horas; ausencia de elementos de custodia de los procedimientos, que pueden ser sustraídos con relativa facilidad, además de ser utilizados con fines contrarios a la legislación vigente dada la falta de tratamiento de los datos en ellos contenidos; despachos de jueces y letrados de la administración de Justicia en pasillos de paso, sin llave, en los que a diario hay riesgo claro de ser intimados, amenazados o agredidos…y un largo etcétera de situaciones que, por lo inauditas, resultarían increíbles para la ciudadanía”, se puede leer en el informe.
La Comisión Interasociativa tiene previsto reunirse con el PSOE, Ciudadanos y Podemos en los próximos días, y también con el PP. Ayer tuvieron un encuentro, en el Consejo General del Poder Judicial, con los vocalesMar Cabrejas y Gerardo Martínez Tristán, vocales territoriales para Madrid, en la que les explicaron las deficiencias y los pasos que iban a dar.