La seguridad privada en Europa atraviesa un momento de fuerte tensión y transformación, condicionado por una contratación pública que en muchos países prioriza los criterios económicos sobre la calidad y la dimensión social. Esta tendencia fomenta una competencia a la baja que precariza las condiciones laborales, en un contexto marcado además por la escasez de mano de obra, el envejecimiento de las plantillas, la inflación, los efectos de las crisis geopolíticas y los cambios tecnológicos acelerados.
Así lo señala el "Informe sobre la situación del sector de seguridad privada en Europa", elaborado por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) UGT a partir de un estudio de la organización sindical UNI Europa que examina la situación del sector en diez países europeos: Austria, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Portugal, Grecia, Reino Unido, Finlandia, Suecia y Noruega. A continuación, se detallan las conclusiones país por país y se presenta una comparativa establecida por FeSMC-UGT con la situación existente en España.
Austria: jornadas extensas y riesgo de bajadas salariales En Austria, las encuestas realizadas a través de los comités de empresa sitúan las largas jornadas y el elevado número de horas extra –con umbrales que alcanzan las 48 horas semanales– como la principal preocupación del personal. Aunque recientemente se han efectuado negociaciones salariales y las prestaciones se incrementan automáticamente con la subida de los sueldos, la contratación pública genera riesgo de bajadas salariales, lo que puede traducirse en pérdida de ingresos. También se detectan dos retos: la dificultad para consolidar comités de empresa en grandes compañías y la desconfianza hacia determinados sindicatos.
Países Bajos: salarios ligados a la inflación y riesgo de pobreza futura Los sueldos neerlandeses se negocian conforme a la inflación, pero los empleadores recurren a grupos salariales bajos y aplican bajas cotizaciones a la seguridad, "con el consiguiente riesgo de pobreza en la vejez", advierte el informe. Además, destaca la entrada en vigor de una nueva ley que permite vigilantes autónomos y la inseguridad existente en la contratación pública sobre la inclusión de criterios sociales en licitaciones.
Alemania: fragmentación y economía sumergida El sistema está muy fragmentado, con convenios colectivos por estados (länder) y otros específicos para aeropuertos o centrales nucleares, lo que lleva a que haya un debate sobre la unificación de acuerdos o la pérdida del poder sectorial. Al igual que en Países Bajos, el sueldo está ligado a la inflación, pero se paga el salario mínimo y además existe trabajo no declarado y largas cadenas de subcontratación. Por otra parte, las licitaciones públicas suelen ajustarse estrictamente a la oferta económica y, en algunos casos, la contratación en el sector privado ofrece mejores condiciones. En términos organizativos, los comités de empresa ofrecen programas de formación, pero no a nivel sectorial. A ello se suma un fuerte sentimiento antisindical en las pymes y huelgas en infraestructuras críticas, como el centro de municiones militares.
Bélgica: protección salarial, pero autonomía limitada Bélgica mantiene un sistema de indexación automática de salarios, que protege el salario frente a la inflación. Sin embargo, la ley limita el margen para negociar incrementos adicionales, fijando topes para preservar la competitividad nacional. Los sindicatos compensan esta restricción impulsando cláusulas sociales, como vales de comida diarios. El país cuenta con un acuerdo marco de formación obligatoria de los trabajadores de seguridad, una regulación que reduce la competencia a la baja en las licitaciones y actualmente encara la negociación de su próximo convenio colectivo.
Portugal: trabajo no declarado y reformas liberalizadoras Portugal también afronta negociaciones de su convenio colectivo, con previsiones de incrementos salariales por encima de la inflación en 2025 y 2026. Sin embargo, enfrenta problemas de trabajo no declarado, especialmente en la contratación pública, donde el Estado actúa como comprador, y la liberalización de la legislación laboral ha derivado en una "hiperflexibilización", con contratos temporales y despidos con poca antelación. El sector avanza hacia puestos más especializados y cuenta con un observatorio conjunto de interlocutores sociales para su supervisión.
Grecia: reconstrucción del sistema de negociación colectiva Tras la destrucción del sistema de negociación durante la crisis de 2008‑2009, Grecia tramita una nueva ley que facilitará la prórroga de los convenios y reducirá el umbral para el reconocimiento sindical. El aumento salarial también es prioritario para revertir los sueldos "crónicamente bajos" que han agravado la escasez de personal. Paralelamente, las pequeñas empresas presionan a la baja en licitaciones, aunque los obstáculos burocráticos limitan las subastas más agresivas, y la formación depende en gran medida de cada empresa y del tipo de contrato. El informe advierte que es necesario proteger mejor al sector.
Reino Unido: ausencia de convenio sectorial y desigualdades En Reino Unido no existe convenio colectivo sectorial y la negociación se reduce al ámbito empresarial, que "prefieren pagar multas que invertir en formación y mejores salarios". Además, las diferencias salariales entre trabajadores dificultan la cohesión y la acción colectiva.
Finlandia: más demanda, pero resistencia a mejorar la formación La adhesión a la OTAN ha incrementado la demanda de servicios de seguridad. El salario depende del puesto concreto, que puede abarcar tareas muy diversas, con diferencias respecto a su dificultad. No obstante, tanto el Estado como los empleadores se resisten a mejorar la formación reglada de los vigilantes.
Suecia: prioridad salarial y formación financiada por las empresas Suecia centra sus negociaciones del convenio colectivo en los aumentos salariales. También destaca por un modelo de formación que se imparte en una escuela externa financiada por los empleadores, con módulos básicos obligatorios y programas especializados en seguridad.
Noruega: huelgas, altos estándares y enfoque en igualdad En Noruega, las negociaciones del convenio colectivo buscan que los vigilantes cobren entre el 85% y el 90% del salario de un trabajador industrial, objetivo que ha impulsado varias huelgas, incluida una de ocho semanas en 2020. El país cuenta con formación obligatoria de unas 156 horas, regulada por la Ley de Seguridad Privada, así como con un plan de estudios pactado con los empresarios. También se distingue por su enfoque en igualdad, con iniciativas como la Red de Mujeres en la Seguridad Privada, que denuncia problemas como la falta de vestuarios adecuados o la atención no deseada por parte de clientes.
España: presión por la contratación pública, alta rotación y necesidad de adaptación tecnológica La comparativa realizada por FeSMC‑UGT sitúa a España ante problemas similares a los de los países europeos, pero también con algunas fortalezas:Contratación pública y precariedad: Al igual que en Austria y Grecia, en España la contratación pública suele priorizar la oferta económica más baja. UGT sostiene que esta práctica provoca bajadas salariales, pérdida de derechos laborales y mayor inestabilidad laboral. Además, según el sindicato, en España ha conllevado el cierre de grandes empresas, expedientes de regulación de empleo e incluso situaciones de impago salarial a profesionales del sector.
- Escasez de mano de obra: Mientras que en Europa el sector sufre en general de alta rotación, pérdida de atractivo para captar a la población joven, así como un envejecimiento de la plantilla, el problema en España son las condiciones laborales del personal, con "jornadas maratonianas", cambios repetidos de cuadrantes o turnicidad, lo que empuja a los trabajadores hacia otros sectores como la hostelería.
- Convenio colectivo: Frente al caso del Reino Unido, UGT subraya que España cuenta con un convenio colectivo estatal y sectorial, fruto de la lucha sindical, que deja en un segundo plano los convenios de empresa, los cuales "reducían sustancialmente las condiciones laborales del colectivo".
- Plantillas contratadas: A diferencia de la economía sumergida que rodea al sector en Alemania y Portugal, la mayoría de las empresas españolas tienen a sus plantillas contratadas legalmente y cotizando por todos sus ingresos, afirma UGT, que atribuye esta situación al seguimiento de los sindicatos.
- Formación: UGT considera que este es otro de los puntos fuertes de España. Según indica, desde FUNDAE se realizan formaciones dentro de las empresas y de oferta específica para los trabajadores a título individual. Además, la ley obliga a una actualización anual de 20 horas anuales a todos los trabajadores del sector y se va a implementar un Grado Medio que contribuirá a una mayor capacitación del colectivo.
- Sentimiento antisindical: Según UGT, España no es ajena a esta corriente de opinión contraria que se genera tras los bulos y la desinformación, pero se mantiene una relación institucional sólida a través del Observatorio de Seguridad, donde patronal y sindicatos trabajan en objetivos comunes.
- Desafíos tecnológicos: Ante la irrupción de la IA, UGT incide en que cualquier modelo algorítmico debe tener supervisión humana por parte de la representación legal de los trabajadores para evitar sesgos de género o laborales.
Un sector ante desafíos estructurales comunes
El informe concluye que la seguridad privada en Europa afronta desafíos comunes: precarización derivada de la contratación pública, falta de formación avanzada, desigualdad salarial, envejecimiento de plantillas y resistencia a la negociación colectiva. Superar estos retos exige, según el documento, "compromiso e implicación de todos los agentes: empresas, sindicatos, trabajadores y administraciones públicas en el contexto europeo" para mejorar las condiciones laborales.
En este sentido, el documento no se limita al diagnóstico, sino que plantea una batería de recomendaciones concretas orientadas a reforzar la formación continua y especializada, promover convenios colectivos donde no existan, impulsar planes de igualdad y medidas contra la brecha salarial, incorporar cláusulas sociales en la contratación pública y preparar al sector para la digitalización, la automatización y la robotización.
