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17 de marzo de 2023

Detienen a dos personas por robar en varios vehículos en distintas zonas de la ciudad de Ourense

Un vigilante de seguridad advirtió a la Policía del robo en un vehículo en el 21 y, tras detenerlos, comprobaron que eran autores de robos en vehículos de un garaje en el centro

Agentes de la Policía Nacional detienen a dos personas por robar un vehículo en la zona del 21 y varios vehículos en un garaje comunitario del centro de la ciudad de Ourense.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 14 de marzo cuando un vigilante de seguridad comunicó que vio a dos individuos a las 03:20 horas rompiendo la ventanilla de una furgoneta y se dieron a la fuga cuando se dirigía hacia ellos. Agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana se dirigieron al lugar de los hechos y les dieron alcance procediendo a su detención. Uno de ellos tenía una mochila con los objetos robados y, entre ellos, un terminal de teléfono móvil. Los agentes comprueban que esa misma noche en un garaje comunitario del centro se registraron robos y daños en vehículos comprobando que los detenidos son los autores de los robos.

Caos en la Seguridad Social y agresiones e insultos a los vigilantes de seguridad

PEDRO FABIÁN RAMÍREZ GARBIA 
Hace unos días ha vuelto a producirse otra agresión a una vigilante de seguridad en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social. Siendo las 12:45 horas se persona una señora en el control del acceso principal del edificio, que alberga una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social y otra del Instituto Nacional de la Seguridad Social, exigiendo pasar sin tener cita. Se le informa cortésmente que el aforo estaba completo, respondiendo con insultos, amenazas y, a base de empujones, consigue abrirse camino.

En la oficina, se le vuelve a explicar la situación mientras intenta acceder a otra planta desde el patio interno, momento en que otra vez, a base de empujones, consigue derribar a la vigilante de espaldas sobre unas vallas. La vigilante recibe contusiones en la región lumbo-sacra de la columna y en la zona de tibia-peroné de su pierna izquierda. La agresora es identificada por agentes de la Policía Nacional y trasladada a Comisaría.´

Muchos son los motivos que generan estas situaciones conflictivas, aunque no por ello la violencia se puede entender como vehículo de solución de ninguno de ellos. La gran dificultad para acceder a las citas previas, es una realidad palpable, sobre todo para las personas mayores que no están habituadas a las nuevas tecnologías. Sorprende que se exija a bancos y otras entidades facilidades en la atención de nuestros mayores, pero esas medidas no tengan reflejo en la Administración Pública. Debería haberse comprendido que la propuesta de utilización de plataformas digitales como única vía de gestión era un gran error. La idea es buena sólo como medio complementario de los clásicos, atención telefónica, y la atención personalizada en los propios centros. Cuando hablamos de atención telefónica debemos entender un medio eficiente no automatizado, que no confunda en tantos casos al usuario, que desconoce qué departamento será el adecuado para realizar su gestión, o realizar su consulta sobre el estado de expedientes ya tramitados.

La falta de personal es, sin duda, el mayor de los problemas, algo que cualquiera puede apreciar a primera vista al ver tantas mesas vacías y funcionarios multiplicándose para intentar dar una atención profesional al ciudadano. Incluso el último concurso de traslados fue algo inoportuno, ya que un porcentaje alto de trabajadores no tienen la experiencia necesaria para que puedan dar todo su potencial, como ellos mismos desearían y los ciudadanos demandan. La escasez de citas disponibles dispara las esperas de quien necesita realizar una gestión donde la urgencia o necesidad, pasan a un plano absolutamente secundario, con los efectos que esto puede producir en las economías familiares más precarias, y que por ello necesitan más protección.

Ante esta situación de frustración que se crea en el usuario, de desesperación en otros, el vigilante de seguridad, al ser la primera persona que se encuentra uno en la oficina, termina siendo el depositario de todo ese estrés que también acusa en su salud mental, y con más frecuencia insultos, amenazas o agresiones. Llegados a este punto, podemos afirmar con rotundidad que también el personal de seguridad debe ser incrementado. Comenzando por los centros de mayor conflictividad para garantizar la integridad de quienes ejecutan esta labor, preservar el orden de forma eficaz, la integridad del personal funcionario que quedaría indefenso en estos casos, evitar delitos, y afianzar de esta forma el normal funcionamiento de estos centros.

A nivel Institucional, también se debe acelerar la publicación del Real Decreto que aprueba el nuevo Reglamento de Seguridad Privada que ya contempla cambios en la protección jurídica para estos profesionales y del que ya vio la luz un borrador el año pasado. La implementación de un Observatorio del fenómeno de la Violencia específico, que se solicitó el 5 de septiembre de 2022 a la Directora del Instituto Nacional de Estadística, para realizar desde criterios científicos un seguimiento y análisis de los mismos, determinando nuevos protocolos de actuación, perfil de los agresores, medios de protección, etc. Es posible evitar desde una actuación comprometida de la Administración el aumento progresivo de estos episodios y evitar males mayores.

La Policía Nacional investiga una denuncia contra el Govern Balear por intrusismo en seguridad

La Asociación de Seguridad Privada de Balears informó de la infracción a la Delegación del Gobierno

La Policía Nacional, a través de la Brigada de Seguridad Privada, asume la investigación de la denuncia interpuesta contra el Govern balear por un caso grave de intrusismo en la contratación y convocatoria del personal de seguridad. La Asociación de Seguridad Privada de Balears, organismo integrado por todas las empresas del sector de la comunidad balear, interpuso ante la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de Policía una denuncia. En la misma, según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora, se recoge que la Administración está incumpliendo de forma «clara y manifiesta» la legislación vigente.

En el escrito de denuncia se apunta que «en el caso de la Consellería de Presidencia, Función Pública e Igualdad, solo se solicita al personal que se quiera presentar al concurso estar en posesión de la ESO, tener conocimientos acreditables de catalán y carnet de conducir», pero en ningún momento se les exige disponer de la acreditación obligatoria por ley de la titulación de vigilante de seguridad expedida por la Dirección General de la Policía. Según la Ley de Seguridad Privada, tipifica como infracción muy grave «la contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente». En el artículo 61 de la citada Ley también se recoge que «se establecen sanciones para las empresas como para el personal que no esté acreditado».

Los denunciantes explican que el Govern está usurpando funciones que no les corresponden. «Una Administración no puede contratar a su libre albedrío y publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad una oferta de concurso público donde en la resolución provisional se les ofrece la plaza de vigilante sin ser vigilante. Además, también están usurpando funciones de control de central de alarmas y otros servicios de forma totalmente irregulares», señalan desde la asociación. Ante estos hechos, los representes de las empresas de seguridad solicitan «que las plazas concedidas provisionalmente sean declinadas dado que no solo se comete una infracción muy grave como Administración Pública al no ser una empresa de seguridad habilitada por el Ministerio del Interior para contratar servicios de vigilancia si no, que pone al personal a expensas de la unidad competente de Seguridad Privada lo pueda inhabilitar para trabajar en un futuro de vigilante, además de afrontar una multa económica por intrusismo. Para que la gente nos entienda. Es como hacer una convocatoria de médicos y no pedir que los interesados tengan el título de medicina», concluyen.

El Govern balear explicó que ayer mismo tuvo conocimiento informalmente de esta denuncia y que están esperando que la Policía Nacional les solicite alegaciones para poder realizarlas. Las mismas fuentes oficiales explicaron que, bajo su punto de vista, no están usurpando funciones de vigilantes. «Se trata de plazas provisionales de RPL (Relación de Puesto Laboral) de la comunidad que harán trabajos de control de acceso, coordinación con las empresas de seguridad y autoprotección de infraestructuras críticas. Nunca de vigilantes de seguridad», concluyen.

MADRID: Polémica por la seguridad privada de la Ciudad de la Juatícia

Ayuso dará las llaves de la Ciudad de la Justicia a Florentino Pérez y Acciona por 500 millones

La custodia del lugar quedará en manos de ACS y Acciona. Sindicatos y empresas de seguridad privada amenazan con impugnar un proyecto de 2.800 millones

La Comunidad de Madrid da por buena la oferta conjunta de Iridium (ACS) y Acciona para construir, mantener y explotar durante 40 años la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid. A falta de que los técnicos de la Mesa de Contratación terminen de revisar toda la documentación presentada, el contrato previsiblemente recibirá luz verde a finales de marzo, según informan fuentes del Ejecutivo regional a THE OBJECTIVE. E incluirá una de las cuestiones que hizo que la licitación del proyecto quedase desierta el pasado año: la gestión de la seguridad privada del complejo. Un asunto por el que los sindicatos amenazan con impugnar la concesión de uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La constructora de Florentino Pérez y Acciona podrán decidir finalmente si asumen o subcontratan la vigilancia y protección del complejo. Un lugar donde a partir del segundo semestre de 2027 se celebrarán y se guardarán los documentos (algunos de ellos secretos) de todos los procedimientos, investigaciones y juicios penales, mercantiles o civiles de Madrid. Algo que, según señalan desde los sindicatos y empresas del sector de la seguridad privada, podría infringir la ley de seguridad privada y poner en riesgo una inversión prevista de 2.800 millones de euros.

ACS y Acciona finalmente han accedido a subrogar al personal encargado actualmente de la vigilancia, protección, apertura y cierre de la parcela donde se edificará el nuevo complejo. Pero también decidirán, durante los 36 años en los que disfrutarán de la gestión y explotación del proyecto, qué empresas de seguridad privada serán las encargadas de custodiar las llaves y/o dispositivos de acceso a las puertas de los juzgados de la Nueva Ciudad de la Justicia. Sobre una superficie de 375.000 metros cuadrados, la Ciudad de la Justicia aglutinará desde finales de 2027 en una sola sede todos los juzgados y tribunales de Madrid, actualmente dispersos en 28 edificios distintos.

Con una aportación pública de aproximadamente 2.100 millones de euros, según los pliegos de la licitación, las concesionarias pondrán inicialmente unos 507 millones de euros para acometer la construcción del complejo. A cambio, la Comunidad de Madrid les pagará durante 36 años un canon anual de aproximadamente 58 millones de euros anuales. Salvo el primer ejercicio posterior a la finalización de la obra, en el que percibirán 40 millones de euros. Además, para rentabilizar su inversión, entre otros servicios, ACS y Acciona podrán explotar conjuntamente el gimnasio, el parking y la guardería de la Nueva Ciudad de la Justicia, ubicada en Valdebebas, durante casi cuatro décadas. También podrán subcontratar la seguridad privada al precio y en las condiciones que consideren oportuno.

Polémica por la seguridad Los sindicatos creen que la subcontratación de los servicios de seguridad y vigilancia por parte de ACS y Acciona supondría una violación de la Ley de Seguridad Privada. «Una empresa que no tenga como objeto social y único la seguridad, como son en este caso dos constructoras, no puede subcontratar los servicios de vigilancia y seguridad. Debe ser el organismo público, en este caso la Comunidad de Madrid, quien saque a licitación y decida qué empresa debe encargarse de ese servicio. Pensamos impugnar», indica Ángel García, delegado del sector de la seguridad privada del sindicato UGT.

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid adjudicaba a empresas del sector de la seguridad privada la vigilancia y protección de la treintena de edificios distintos en los que actualmente se ubican los tribunales y juzgados de Madrid. El último contrato bianual fue adjudicado por 14,2 millones de euros a una UTE conformada por las empresas Omega y Premium Central en 2021. El grueso de ese contrato, que incluye los tres lotes en los que se divide la partida judicial de la Comunidad de Madrid, corresponde a los juzgados que pasarán a tener su sede en la Nueva Ciudad de la Justicia.

Ese trozo del pastel será repartido por ACS y Acciona desde finales de 2027. Las empresas del sector de la seguridad privada tienen dudas sobre la legalidad de esa concesión. Existe incertidumbre sobre su futuro en un sector, el de la Justicia en Madrid, que les reporta casi 15 millones de euros anuales de una vez. Una vez que se concluya la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia, serán ACS y Acciona quienes podrían subcontratar el servicio e imponer en qué condiciones del lugar donde se centralizarán todos los juzgados de la zona central de Madrid.

Sin embargo, fuentes de la Comunidad de Madrid afirman que la fórmula escogida es plenamente legal. La concesión admitirá «cualquier forma de consorcio, de subcontratación o forma empresarial», siempre que cumpla con los requisitos de la ley de seguridad privada. Según afirman las mismas fuentes, el ejecutivo regional cuenta con un dictamen favorable de la Abogacía de la Comunidad. ACS y Acciona podrían subcontratar a empresas cuyo objeto social sea única y exclusivamente el de la seguridad privada. A cambio, eso sí, tendrán que subrogar a todo el personal que presta actualmente el servicio de vigilancia en el solar de la Ciudad de la Justicia.

Es decir, tendrán que absorber a todos los empleados de las empresas que actualmente prestan servicios de seguridad privada en la parcela de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas. Pero se desconoce qué pasará con el resto de los casi 350 vigilantes que trabajan actualmente en las 28 sedes judiciales que actualmente conforman el lote de Madrid central. De los dos conglomerados que asumirán la explotación de la Nueva Ciudad de la Justicia, solo ACS cuenta con una empresa de vigilancia que cumpliría con la ley de seguridad privada.

Clece, la empresa de seguridad de ACS Se trata de Clece, empresa de seguridad y limpieza a la que ACS y Acciona podrían adjudicar la vigilancia de la Nueva Ciudad de la Justicia de Madrid y en la que tendrían cabida los empleados que deberán subrogar cuando se cierre el contrato. Este diario se ha puesto en contacto con las dos empresas que asumirán la construcción y explotación del proyecto durante las próximas cuatro décadas. Ninguna de ellas ha querido hacer comentarios.

Omega y Premium Central son quienes protegen y vigilan actualmente todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Esas compañías fueron adjudicatarias en 2021 de un contrato por 14,2 millones de euros para vigilar los actuales juzgados dispersos por todo Madrid, incluyendo también la inacabada Ciudad de la Justicia de Valdebebas donde ACS y Acciona ejecutarán el proyecto diseñado por el Gobierno de Ayuso. Se desconoce aún si Clece, empresa controlada por el grupo de Florentino Pérez, será quien custodie las llaves de la Justicia madrileña durante los próximos cuarenta años.

MALAGA: Vigilantes de seguridad del Festival de Cine sufren un percance con un sujeto que conducía un vehículo de forma temeraria

Detenido por conducir por la peatonal calle Larios de Málaga donde casi atropella a seis personas.

El hombre, de 38 años, que no mostró actitud alguna de que su recorrido había sido por error, fue detenido por un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. El conductor recorrió unos 500 metros desde la calle Marqués de Larios hasta la plaza del Carbón a "gran velocidad". Los testigos relataron que tuvieron que apartarse cuando caminaban por la calle peatonal para no ser atropellados

Una llamada a las diez y media de la noche alertó este pasado lunes a los servicios de Emergencias 112 Andalucía de que un coche estaba cruzando por la calle Marqués de Larios, en Málaga, obligando a apartarse a los peatones que caminaban por allí para no ser atropellados. Según las fuentes, un hombre de nacionalidad bielorrusa, que fue detenido, conducía un Porsche de color blanco por la conocida calle peatonal. De hecho, en estos días que se celebra el Festival de Cine, la misma calle tiene instalada una gran alfombra roja. Justo por encima fue circulando a “gran velocidad”, según las fuentes.

Con la música a todo volumen, el hombre que iba al volante, estuvo a punto de atropellar a seis personas, según fuentes de la investigación. Un testigo señaló que iba a unos 70 kilómetros por hora. Mientras circulaba calle arriba, los peatones se iban apartando. En la plaza de la Constitución estuvo a punto de arrollar a cuatro vigilantes de una empresa, encargados de la seguridad privada del Festival de Cine.

En el recorrido de 500 metros también estuvo a punto de llevarse por delante a dos relaciones públicas de discotecas y a dos chicas jóvenes. A una de ellas, incluso, la agarró del brazo y la arrastró unos 10 metros, lo que la obligó a correr para no caer al suelo, según las fuentes. Algunos llegaron a pensar que se trataba de un vehículo autorizado del festival. Una patrulla de la policía local comenzó a seguirlo y ni caso hizo a las señales para que se detuviera. La detención se produjo cuando el conductor no consiguió avanzar más por las mesas de los establecimientos en la conocida Plaza del Carbón. El hombre, de 38 años, que no mostró actitud alguna de que su recorrido había sido por error, fue detenido por un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.

Comienza en Palma el XVI Congreso de Detectives de España

El XVI Congreso de Detectives de España, que reúne en el hotel Nixe Palace de Palma a más de 120 profesionales del sector, ha dado comienzo esta mañana con un acto inaugural en el que han participado Francisca Cáceres, presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE); la delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo; el Comisario Provincial de la Policía Nacional, Juan Márquez, en sustitución del jefe superior de Policía, José Luis Santafé Santafé, que no ha podido asistir; el coronel jefe de la Guardia Civil, Alejandro Hernández; el Inspector Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, David Bravo; y el Coronel de la Guardia Civil del Seprose, Humberto Urruchi.

A lo largo de los próximos días los investigadores privados reunidos podrán asistir a distintas ponencias y mesas redondas sobre temas de interés, como la investigación de casos de personas desaparecidas, la violencia sobre mujeres y menores o el valor jurídico de los informes de los detectives.

Los alrededor de 120 profesionales de la investigación privada que han acudido al congreso procedente de toda España y también hay representantes de otros países europeos, como Italia, Alemania o Gran Bretaña. De hecho, una de las ponencias previstas para hoy versará sobre la investigación privada en Suiza.

Tras el acto inaugural de esta mañana esta prevista una charla sobre la capacidad investigativa de la Guardia Civil, a la que seguirá una mesa redonda sobre personas desaparecidas, y el papel que pueden jugar los detectives privados en sus casos. Por la tarde habrá nuevas ponencias sobre la violencia de género y las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación privada.

El congreso proseguirá mañana con nuevas charlas y debates sobre violencia de género, la intervención de los detectives en procesos de familia, el papel de la genética forense en las investigaciones, o el valor jurídico de los informes de los detectives.

BARCELONA: Así actúa la banda de ladrones de la estación del Nord: años de impunidad y perfecta organización

Esta zona del Fort Pienc es una de las favoritas de los delincuentes y ha salido a la luz su 'modus operandi'

Los vigilantes de seguridad hacen lo que pueden, pero el nivel de delincuencia es tan grande que no se pueden hacer cargo de todo el mundo", lamenta otra de las trabajadoras.

La estación de autobuses del Nord, desde hace tiempo, se enfrenta a un problema de seguridad: los robos tanto a turistas como a trabajadores. Los años de impunidad y la perfecta organización de los ladrones son el cóctel que provoca consecuencias para los pasajeros, que se convierten en su blanco fácil. Esta zona del Fort Pienc es una de las favoritas de los delincuentes y Metrópoli ha podido saber cómo funciona el grupo. "Han hecho del delito su trabajo y modo de vida", explica una de las trabajadoras, que lleva más de 24 años regentando una tienda del interior del recinto.

Según confirman las fuentes consultadas por este medio, el perfil de ladrones siempre suele ser el mismo: jóvenes de origen marroquí que actúan, sobre todo, durante la tarde y la noche. Sus víctimas favoritas son los asiáticos, ya que son el grupo de turistas que suele llevar más objetos de valor encima. Pero no solo roban a los pasajeros, los mismos trabajadores son víctimas de estos multirreincidentes.

LOS VIGILANTES, DESBORDADOS "Hace poco entraron a robar en una tienda, lo hicieron dos veces en menos de dos horas. A mí también me han intentado robar un par de veces. Los ladrones suelen ser jóvenes de entre 16 y 30 años y tienen total impunidad, nunca les pasa nada. Los vigilantes de seguridad hacen lo que pueden, pero el nivel de delincuencia es tan grande que no se pueden hacer cargo de todo el mundo", lamenta otra de las trabajadoras.

Otra comerciante, que ha querido preservar su anonimato, lleva 24 años en una tienda del recinto de la estación. Conoce a la perfección el funcionamiento de estas bandas urbanas, que han hecho de la delincuencia su 'modus vivendi'. Lo que más frustración les produce a los afectados es la gran presencia policial que hay en el recinto, ya que comparten espacio con una comisaría de la Guardia Urbana, pero aseguran que las detenciones de estos delincuentes no son habituales.

DELINCUENCIA COMO TRABAJO Los trabajadores los tienen completamente identificados. Son un grupo de unos diez jóvenes, perfectamente organizados y que se dedican a la delincuencia de manera profesional. Para no levantar sospechas, van vestidos con ropa elegante y elitista, pero hay dos detalles que los delatan: las bambas para poder correr lo más rápido posible después del hurto y su actitud, en guardia constante, buscando a la presa ideal.

Muchos de ellos van en patinete y bicicleta para poder fugarse a toda velocidad después de quedarse con las pertenencias de los pasajeros. No son lobos solitarios. Actúan en grupo y están perfectamente organizados. De hecho, tal como explica una de las afectadas, suelen utilizar cascos inalámbricos por los que se comunican hablando con los miembros de la banda, que están pendientes a todos los movimientos para actuar sin que los pillen.

TURISTAS Y TRABAJADORES A todo esto hay que sumarle que las conversaciones son en árabe, un idioma completamente desconocido para las víctimas. De esta manera, se pueden coordinar y comentar la jugada sin tener que preocuparse de interferencias externas. Se suelen dividir por la estación y esperan a que llegue el momento ideal para delinquir. Este truco funciona, sobre todo con los turistas, pero los trabajadores ya se conocen todas sus jugadas.

Aun así, no pueden evitar ser víctimas de robos. Tal como explica una de las trabajadoras, en los últimos días han robado el bolso a una anciana y a una compañera suya. También ha podido ver cómo entran en las tiendas, cometen los hurtos y se van corriendo. Lo hacen tan rápido que, en ocasiones, no tienen tiempo de avisar a los vigilantes de seguridad y se ven obligados a enfrentarse ellos mismos a los ladrones.

NEGOCIO GENERACIONAL "En ocasiones es un 'negocio generacional' y son los mismos padres los que incitan a robar a sus hijos menores de edad. Durante el día, se van a las zonas turísticas de Barcelona como la Rambla para hurtar a los turistas. Cuando se empieza a hacer de noche, se desplazan hasta aquí para seguir haciendo lo mismo. Conocemos sus caras a la perfección porque siempre suelen ser los mismos", lamentan las fuentes consultadas. Estos robos se han convertido en el pan de cada día en la estación y los trabajadores tienen que ver a diario cómo aprovechan los momentos de distracción de las víctimas para hacerse con sus objetos personales para, posteriormente, revenderlos en la economía sumergida. "Son siempre las mismas personas. Es una situación frustrante, porque nosotros, como trabajadores, no podemos hacer nada", concluyen las fuentes consultadas.

SIN RESPUESTA Metrópoli ha contactado con el Ayuntamiento y con los Mossos d'Esquadra para saber su versión de los hechos, pero a fecha de publicación no ha obtenido respuesta.

CCOO de Balears suma tres condenas por despido improcedente de delegados de personal

Triple condena a Comisiones Obreras de Balears por el despido improcedente en 2019 de tres delegados de personal. 

La medida fue justificada en su momento por la organización por un conflicto en torno a la protección de datos que se centraba en uno de los afectados, un informático. De acuerdo con las sentencias, este empleado utilizó un terminal móvil que se le había averiado a una de sus jefas y que había dejado para que se lo repararan.

 Empleó la aplicación WhatsApp para comunicarse con otra persona en Eivissa que ejercía como informático, si bien no estaba en nómina del sindicato. En esas conversaciones le dio varias claves para acceder a los equipos. Cuando la entonces responsable de finanzas del sindicato, que más tarde protagonizó una salida sonada del mismo, recuperó su teléfono se encontró con ese chat. Alertó a los servicios de protección de datos del sindicato y se entendió que se había producido una fuga de información confidencial.

A partir de ahí se inició un expediente al informático y, en él, se registró su despacho. Apareció un disco duro con «datos reservados» del sindicato y sus afiliados. Eso motivó el despido de otra de las delegadas que reclamaba el disco para sí porque contenía información de los delegados sindicales, sostenía. Toda esa operativa ha sido declarada improcedente por los tribunales.

Sobre el informático, el TSJIB considera que solo hay pruebas de que compartió datos normales para su trabajo. «No podemos aceptar que transmitirse ningún dato reservado, ni que proporcionase usuarios y contraseñas que permitían acceder a bases de datos reservadas», señala el fallo. Sobre las trabajadoras descarta también que exista prueba de que fueran ellas quienes incluyeron los datos en el disco duro. Además, recuerda que existía una situación de conflicto laboral en el sindicato y que los delegados habían iniciado los trámites para convocar elecciones sindicales. «Existe un contexto en que cualquier medida de extinción contractual debería ser precavida y la autoría plenamente demostrada», concluye el TSJIB.

Valida el «hallazgo casual» de unos whatsApp El detonante de los despidos fue el hallazgo por parte de la entonces secretaria de Finanzas del sindicato de unos mensajes en su móvil, que antes había utilizado un tiempo el informático. El TSJIB valida el hallazgo del chat y entiende que «nada hay de censurable en ese modo de actuar, ni se vulneró ningún derecho fundamental». La sentencia implica que los trabajadores podrán optar entre una indemnización o la readmisión en el sindicato, con el pago de los salarios desde el despido.

16 de marzo de 2023

Ponen en valor el sector de la seguridad privada en Albacete

 
La Asociación de Empresas de Seguridad de Albacete, AESAB, integrada en la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, ha celebrado su Asamblea General en la que pone en valor el sector de la seguridad en Albacete y provincia.

En la Asamblea se ha elegido a la nueva junta directiva que continuará presidida por Ramiro Vizcaíno como presidente de AESAB para los próximos cuatro años. Junto a él, Rosario Jiménez, como vicepresidenta; Antonio Padilla, como secretario-tesorero y dos vocales, Jorge Cebrián y Jose Manuel Sánchez. Durante la Asamblea se ha realizado balance de la situación del sector y del movimiento asociativo señalando la importancia de la unión de las empresas que ponga en valor el sector de seguridad privada en la sociedad. Asimismo, también se ha expuesto las acciones realizadas a lo largo del año tras retomar la actividad después de la pandemia.

Entre sus objetivos de defender los intereses de las empresas asociadas y poner en valor la Asociación, se plantearon nuevos retos para este año en referencia a temas de interés de preocupación para este colectivo. Desde este sector empresarial, AESAB marca su nueva hoja de ruta para seguir trabajando bajo su objetivo de poner en valor el sector de la seguridad privada, como entidad de referencia entre sus empresas expertas, con el compromiso de años de experiencia, trasmitir conocimiento, confianza y seguridad a la sociedad. La Asociación en esta nueva andadura tiene como objetivo poner en valor a todas las empresas de AESAB como referente en el sector de la seguridad privada de Albacete, profesionalización de las empresas del sector y con ella la situación general del sector garantizando la efectividad de la seguridad.

TENERIFE: Un vigilante de seguridad de la Facultad de Biología atrapa a un sujeto que huía de la policía

Intentan robar y, al ser descubiertos, huyen hacia la Facultad de Biología en Tenerife.

Policías nacionales atraparon a tres hombres que intentaron acceder a una casa.

Policías nacionales de la Comisaría de La Laguna consiguieron atrapar a tres individuos que presuntamente intentaron entrar a robar a una vivienda y, al verse descubiertos, huyeron. En esa fuga, dos de los implicados accedieron al recinto de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna (ULL), donde fueron atrapados. Los hechos ocurrieron a plena luz del día. Alrededor de las 16:00 horas del pasado jueves, 9 de marzo, gracias a la colaboración ciudadana, dos patrullas recibieron un aviso de que varios jóvenes habían accedido a una finca supuestamente con la intención de robar. Los agentes acudieron a la avenida Astrofísico Francisco Sánchez, pero, desde el exterior, el domicilio parecía que estaba cerrado. Pero un funcionario se asomó por el muro perimetral y comprobó que los individuos trataban de forzar una ventana que daba a un patio.

Fuga Al detectar la presencia del funcionario, los ladrones decidieron huir por la parte trasera de la finca. Uno de ellos fue interceptado poco después por uno de los policías que se hallaba en el citado enclave. Pero los otros dos se dirigieron a la carrera hacia la Facultad de Biología. Allí, un vigilante de seguridad detectó a un joven que corría y era perseguido por los agentes, por lo que pudo atraparlo y retenerlo hasta la llegada de los funcionarios.

En los baños El tercero de los implicados sí consiguió entrar en el referido edificio y se escondió en uno de los baños. Fue allí donde otro de los policías lo localizó y procedió a su arresto. Los integrantes de la Brigada de Seguridad Ciudadana intervinieron a los tres apresados dos alicates, un par de cúter, un punzón, un pasamontañas y un destornillador.

Los ahora acusados fueron trasladados hasta los calabozos de la Comisaría de La Laguna, donde se les instruyeron las diligencias. Los individuos detenidos, junto con los objetos requisados y el citado informe, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción que se encontraba en funciones de Guardia durante la pasada semana en el partido de La Laguna.