Noticias Destacadas SPV Sevilla


5 de septiembre de 2023

El juez decano pide garantizar la vigilancia en la Cidade da Xustiza en Vigo

El magistrado remite un escrito al director xeral, tras el informe al presidente del TSXG. El personal de juzgados también solicita al alto tribunal abordar la merma de efectivos.

La reorganización de los servicios de seguridad en la Cidade da Xustiza está generando gran preocupación en el personal de juzgados. El juez decano de Vigo, Germán Serrano, ha remitido un escrito al director xeral de Xustiza pidiendo que se garantice la vigilancia en el nuevo edificio, de 47.000 metros cuadrados, y que consta de tres accesos, uno cerrado por falta de vigilantes y otro restringido (el del juzgado de guardia) con el escáner y el arco de seguridad desconectados.

La respuesta obtenida desde la Xunta es que el pliego se ha elaborado conforme al informe de la UVEX (la unidad policial encargada de la seguridad), algo con lo que no están de acuerdo ni los sindicatos que representan a los vigilantes privados ni a los del personal de juzgados. Esta situación ha hecho que se pida la intervención del presidente del Tribunal Superior de Xustiza, al que el propio juez decano ya envió hace tiempo un informe. Es ahora, Alternativas na Xustiza el que pide esta situación se aborde en la próxima reunión de la sala de gobierno del alto tribunal gallego.

Para Serrano, es un asunto que se tendrá que tratar en comisión mista (TSXG/Xunta) y con la UVEX. La situación actual es que el nuevo complejo judicial está vigilando con un servicio de 24 horas los siete días por semana por cuatro vigilantes de seguridad en el turno de la mañana, dos en el de tarde y uno de noche, un personal con el que se cubre todo el edificio además del aparcamiento con entrada en el inmueble anexo. A esos vigilantes se suman seis miembros de la UVEX (Policía Nacional) que cubren las necesidades horarias de la Administración de Justicia, tal y como recalca el sindicato judicial que incide también en el juzgado de guardia que abre mañana y tarde, con un horario variable igual que el del juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Sin embargo, el acceso instalado por la calle Vázquez Varela, para dar servicio directo al Imelga, y la otra puerta del aparcamiento están cerradas. “Esto significa que con el actual personal de seguridad que hay actualmente ni siquiera se pueden controlar todos los accesos”. La Xunta aseguró que se trata de una reorganización y que el número de efectivos para la seguridad de juzgados se refuerza con 13 policías nacionales y 3 guardias civiles. Xustiza incide en que hubo que realizar una remodelación al unificarse todas las unidades judiciales disgregadas en Vigo en un solo edificio, además del Registro Civil que se trasladará en el Casco Vello, donde las obras de readaptación podrían comenzar en breve. No obstante, las bajas de la UVEX con cinco plazas sin cubrir no lo estarán antes de 2025, tal y como asegura Alternativas trasladando la respuesta de Comisaría.

4 de septiembre de 2023

Intrusismo profesional: Usurpación de funciones en Seguridad Privada

Jorge Cuesta, Presidente de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias.

El volumen de negocio, el bajo coste y la escasa actuación inspectora al que se encuentran sujetas las empresas y el personal de seguridad privada, debe ser lo suficientemente rentable como para asumir el riesgo de una eventual sanción. Si a todo ello sumamos una política muy agresiva de las empresas de seguridad, con ofertas temeraria en este tipo de servicios, la cual ofrece el atractivo de disponer de personal cuyas funciones no están limitadas por el régimen de incompatibilidades que afectan a los vigilantes de seguridad, podemos entender el recorrido que alentó la demanda y, como consecuencia, propició el crecimiento de las empresas de servicios para la realización de las actividades excluidas por la normativa de seguridad privada.

No en vano, sus principales promotores eran, y lo siguen siendo, las mismas empresas de seguridad, que en vez de denunciar y ejercer una presión constante denunciando el intrusismo existente en el sector, constituyen empresas de servicios cuyos empleados asumen puestos de trabajo antes desempeñados por vigilantes de seguridad. En muchos casos, con los mismos vigilantes de la empresa de seguridad que prestaba el servicio, los cuales ante el dilema de trabajar de auxiliar, controlador, etc., o ir al paro, aceptan el cambio de empresa y de funciones.

Consiguiendo prestar servicios de seguridad de cualquier manera, con el solo hecho de atribuirles a estos funciones de las actividades excluidas expresamente por el RSP. Es más, incluso con el mismo uniforme que la empresa de seguridad y denominación en la que antes trabajaba. Lo que es posible debido al hecho de que la empresa de seguridad es conocida, no con la denominación con la que está inscrita en el Registro Nacional de la Dirección General de la Policía, sino con el nombre del grupo empresarial al que pertenecen. Pero que al colocarle junto a aquél otro, eso sí, más pequeño de "Controlador, Servicios Integral de Seguridad., Servicios Generales, Auxiliar de Seguridad, etc.", cubre la apariencia con la pretensión de "simular con otras no sometidas a los rigores de la legislación de seguridad privada, entrando en el mercado en una clara competencia desleal con empresas legalmente habilitadas para prestar ese tipo de servicios".

Las actividades excluidas La LSP para poner fin al intrusismo que suponía la presencia de estos actores en la actividad de vigilancia y seguridad, además de establecer un plazo de adecuación de éstos a la normativa de seguridad privada, estableció en su Disposición Adicional Tercera cuáles actividades quedaban excluidas del ámbito de aplicación de la LSP: "las actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes o de control de accesos", siempre y cuando se realizaran bajo tres condiciones: 1ª) debían ser realizadas en el interior de inmuebles; 2ª ) el personal debería ser distinto del de seguridad privada, y 3ª) que éstos deberían ser directamente contratado por los titulares de los mismos.

Traspuesta la D.A. 3ª de la LSP al RSP, a través de la Disposición Adicional Primera, esta, además de ampliar las actividades que quedaban fuera del ámbito de aplicación de la normativa de seguridad privada y de no recoger el mandato que dichas actividades se debía realizar en el interior de los inmuebles, sufrió una leve modificación del literal cuyo significado modificó el sentido y el espíritu de la D.A. 3ª de la LSP. Así, el modo imperativo que utiliza la D.A. 3ª de la LSP, para referirse a la contratación directa "(…) y directamente contratado por los titulares de los mismos", es modificado por el condicional "(…) y puede ser directamente contratado por los titulares de los inmuebles". Esta última y sutil variación, añadida a las anteriores ha propiciado la prestación de estas actividades excluidas por empresas de servicios, eludiendo el requisito de la contratación directa del empleador como establecía la D.A. 3ª de la LSP.

La indudable trascendencia para el funcionamiento del sector y los efectos indeseables y distorsiones que producía aquella propició una nueva redacción del contenido del párrafo inicial de la D.A. 1ª del RSP (RD 1123/2001). Sin embargo, esta modificación no consiguió ajustarse a la redacción dada por la D.A. 3ª de la LSP y, por consiguiente, sigue provocando conflictos en la contratación de personal para la realización de actividades excluidas, como hemos podido comprobar a través de los distintos informes de la Secretaría General Técnica y la Unidad Central de Seguridad Privada, cuando hemos analizado la utilización de este personal en los centros de control, visualización de imágenes en las CCTV, controles de acceso, etc.

En la nueva redacción de la D.A. 1ª del RSP, el tenor del párrafo "(…) y puede ser directamente contratado por los titulares de los inmuebles", es sustituido por el de "siempre que la contratación sea realizada por los titulares de los inmuebles". Desaparece la obligación de contratación directa, es decir empleado y empleador. Y deja el camino expedito para que los titulares de inmuebles puedan contratar al personal que va a desempeñar las actividades excluidas, bien directamente o a través de una empresa de servicios.

Por otro lado, igual que hizo la inicial D.A. 1ª del RSP, la modificación efectuada por el RD 1121/01, tampoco recoge la prohibición contemplada en el segundo párrafo de la D. A. 3ª de la LSP, que de forma rotunda expresa que: "Este personal en ningún caso podrá portar ni usar armas, ni utilizar distintivos o uniformes que puedan confundirse con los previstos en esta Ley para el personal de seguridad privada". Este hecho, como hemos expuesto, supone una vulneración constante que ocasiona desconcierto en los usuarios que no saben distinguir la sutil diferencia entre el auxiliar y el vigilante de seguridad que en muchos casos sólo se diferencia en la placa que portan estos últimos. Ello nos hace reflexionar y si insistimos en ello es porque estamos en la convicción de que era eso lo que se ha venido pretendiendo durante todo este tiempo: flexibilizar el sector introduciendo nuevamente la figura del antiguo guarda de seguridad, a través de la figura del auxiliar de servicios, controlador, etc., y por consiguiente un servicio de más bajo coste y disponible en gran número en el mercado laboral.

El Intrusismo en la seguridad privada constituye un servicio de seguridad a bajo coste. Este representa uno de los grandes problemas que tiene en la actualidad la seguridad prestada por particulares, tanto en el ámbito empresarial como en el de su personal, ambos íntimamente ligados, que rebajan los niveles de calidad de los servicios de seguridad y representan una clara competencia desleal que distorsiona el mercado, amén de los riesgos y responsabilidades administrativas, civiles y penales que pueden acarrear la prestación irregular e ilegal de estos servicios, tanto para el contratado como para el contratante, promotor u organizador (empresa, administración, particular, etc.).

Además de estas ventajas, el éxito de su prestación masiva en estos últimos años, se manifiestan por la huida que representa, y que ha sido la constante de sus prestadores, del control al que está sometida la actividad privada de seguridad. Que se verifica a través de un abaratamiento de los costes, cuyo elemento conforma el mercado: la oferta y la demanda y el coste y el beneficio. Es decir, los requisitos que la Administración exige para la entrada y el ejercicio de la actividad empresarial en el sector de la seguridad privada, comportan costes que encarecen el bien ofertado: LA SEGURIDAD, en mayúsculas.

La seguridad demandada por las empresas, sobre todo la de los comercios minoristas, basada en el componente personal como único elemento visible de aquélla y como factor de disuasión protección, suponen un coste que en muchos casos éstas no están dispuesta sufragar. La mentalidad del empresario que considera la inversión en seguridad como gasto y no como inversión, tiene mucho que ver en la toma de la decisión. La administración, tanto autonómica como local, que “mira” para otro lado, constituyéndose como entidades que promueven y subvencionan estas actividades ilegales y contrarias a la normativa reguladora en vigor.

La oferta de personal, bajo la denominación de auxiliares de seguridad, amparados por la mentada Disposición Adicional primera del Reglamento de Seguridad Privada, para la realización de actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes o de control de acceso realizada en el interior del inmueble, se erige como el mejor subterfugio para introducir mano de obra a bajo coste y sin necesidad de la necesaria habilitación.

La creciente demanda de este personal llamado “auxiliar de seguridad”, ha originado un crecimiento inusitado de empresas de servicios. La eficacia demostrada por los sofisticados sistemas de protección electrónica, la instalación masiva, en la casi totalidad de las grandes superficies, espacios de ocios, parques temáticos, empresas, etc., de circuito cerrado de televisión (CCTV), han desplazado este personal desde el tradicional puesto estático de seguridad, a los espacios donde se recepcionan las alarmas de los sistemas de protección, así como las imágenes captadas por dichas cámaras denominados “centros de control”.

Contratar personal sin cualificación para labores de seguridad por su bajo coste, además de ser ilegal, constituye una visión miope y errónea de la política de seguridad de empresa, pues unos costes por pérdida de tal envergadura deben orientar, como en cualquier actividad productiva, hacía la introducción de mecanismos de eficiencia de los recursos empleados, pues tal sangría económica afecta al crecimiento de las empresas, reducen la capacidad de creación de nuevos puestos de trabajo e inciden sobre la competitividad.

En resumen, el intrusismo en el sector de la seguridad privada viene siendo propiciado no solo por la empresa privada, sino por las propias Administraciones públicas, de las que los casos citados no son más que una muestra, lo que le da gravedad y profundidad a este problema, desnaturalizando paulatinamente el modelo de seguridad pública y “privada” establecido, socavando y minando de manera ¿inconsciente? un sector, que ve siempre con recelo el quehacer de las instituciones y llegan a tachar a las distintas Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, incluso a los órganos territoriales encargados de su control, de mirar para el otro lado, cuando son aquellas las que contravienen la legalidad. Razones no le faltan.

El intrusismo perjudica a las personas física o jurídicas, pública o privada, demandantes de servicios de seguridad y no solo en términos económicos como hemos expuesto anteriormente, sino restándole seriedad y credibilidad. Perjudica al sector que queda desacreditado y se tiene que enfrentar a una competencia desleal y a los propios trabajadores de la seguridad que en muchos casos deben de reconvertirse de vigilantes de seguridad en auxiliares de servicios para no perder el puesto de trabajo, eso sí a salario más bajo. Y también a la Administración responsable de su seguimiento y control, en cumplimiento de las normas que el Estado les da para dicho ejercicio. Por lo que, si bien la responsabilidad para su erradicación es compartida, como hemos podido comprobar, entre los demandantes y ofertantes de los servicios de seguridad y la propia administración, es mayor para esta última, en tanto que no suministra normas precisas y clarificadoras que eviten ambigüedades y resquicios propiciadores del intrusismo, así como con la potenciación de los instrumentos de control y supervisión. La respuesta de un responsable policial de seguridad privada a la pregunta de una periodista sobre el intrusismo resulta bastante elocuente: «Estamos desbordados. Nos faltan manos. No podemos estar en todos los sitios, y esta situación provoca que algunos empresarios avispados se relajen y, como no se sienten vigilados, traspasan la barrera de la legalidad».

Es por ello que, desde la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias, desde hace ya varios años, nos hemos planteado, como objetivo principal y primordial, la lucha contra esta “lacra” enmascarada bajo la denominación de “servicios auxiliares / controladores / porteros / staff / etc.”, que provoca un daño irreparable, gravoso y de grandes costes para los profesionales del sector de la seguridad privada en nuestra comunidad autónoma.

Más de 10 millones de euros para la seguridad y vigilancia del CETI en Ceuta

El adjudicatario garantizará que en cada turno, al menos la mitad de los vigilantes, conozca el idioma árabe, francés o inglés a nivel oral. Asimismo, al menos deberá haber una mujer vigilante por turno para registros a las mujeres residentes.

La Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones saca a licitación el Servicio de Seguridad y Vigilancia privada de las dependencias del CETI de Ceuta durante 12 meses prorrogables por un valor estimado del contrato de 10.448.808,43 euros. El personal necesario para la seguridad y vigilancia del centro será mínimo de 40 vigilantes a jornada completa con turnicidad y un Jefe de Vigilancia a jornada completa con dedicación exclusiva y presencia en el centro.

Además, todo el personal deberá cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente aplicable al personal de vigilancia. Los Vigilantes pertenecerán a la categoría profesional 4, mientras que el Jefe de Vigilancia de seguridad pertenecerá al Grupo profesional 3.

Los turnos se extenderán en el siguiente horario:

• Primer turno: de 07:00h. a 15:00h.

• Segundo turno: de 15:00h. a 23:00h.

• Tercer turno: de 23:00h. a 07:00h.

• Cuarto turno: descanso.

La distribución de los efectivos será de 10 vigilantes por turno. Asimismo, el adjudicatario garantizará que en cada turno al menos la mitad de los vigilantes conozca el idioma árabe, francés o inglés a nivel oral. Asimismo, al menos deberá haber una mujer vigilante por turno para registros a las mujeres residentes. Y, el Jefe de Vigilancia mantendrá permanente contacto con el Responsable del contrato de seguridad del CETI, con el fin de agilizar la comunicación entre la empresa adjudicataria y la Administración. La empresa adjudicataria será la responsable del cumplimiento, por parte de su personal, de todas y cada una de las normas que derivadas de la actual normativa de Seguridad.

Ante situaciones de determinada importancia y magnitud y si la Dirección del CETI lo considera necesario, la concesionaria deberá estar en condiciones de proporcionar de forma inmediata los refuerzos de personal que sean adecuados para garantizar la seguridad de las instalaciones contempladas en el contrato.

El plazo de presentación de ofertas se cerrará el 18 de septiembre. El importe es de 2.372.750,25 euros, 2.176.835,09 euros sin impuestos. Además, el plazo de ejecución es de 12 meses prorrogables. El inicio del contrato será el 1 de diciembre de 2023 o desde la fecha de formalización del contrato si esta fuera posterior.

2 de septiembre de 2023

CEUTA: La incertidumbre sobre qué pasará con la seguridad privada en la frontera tiene en vilo a los trabajadores

Tras dos licitaciones sin buen resultado, la Ciudad sigue buscando alguna empresa interesada, aunque un contrato ‘poco atractivo’ lo lleva impidiendo meses. La carencia de empleados para momentos puntuales de afluencia es solo una de las muchas quejas.

Nada más llegar a la frontera del Tarajal el problema se evidencia. Decenas de coches parados, registros hasta en la propia carretera y requisamientos, sobre todo de comidas, de los viajeros que llegan de Marruecos. “Este ha sido el peor año de la OPE para nosotros con diferencia. Sobre todo por falta de personal”, le comenta un Guardia Civil a su compañero. En medio de todo esto, el conflicto con la seguridad privada en la zona preocupa a los actuales trabajadores de Eulen, empresa encargada de dicha acción. Tras dos licitaciones propuestas a concurso por Ceuta, nadie ha querido hacerse cargo de tal responsabilidad en una frontera importante y de continuo movimiento. El problema continúa presionando a la actual administración debido a las numerosas quejas por falta de personal, presupuestos e inestabilidad de muchos de los trabajadores.

Ya la semana pasada la situación fue insostenible, según cuentan tanto trabajadores de Eulen como los miembros del sindicato de la empresa. Marruecos dejó pasar a todos los vehículos de golpe hacia la frontera del Tarajal y la clara falta de personal se vió reflejada en todo momento. “Tuvo que ponerse a abrir maletas hasta el coronel”, recalca sobre el terreno Javier Ríos, presidente del comité de la empresa. El día que este medio estuvo presente en el lugar, la situación volvió a colapsar. El problema continúa y la solución la tienen desde la Ciudad. Las circunstancias en Ceuta cambiaron con la aparición de la pandemia en 2019 y el cierre total de la frontera con Marruecos. En su momento había un presupuesto destinado a que la seguridad privada llevara a cabo una serie de trabajos en las naves del Tarajal, hoy desiertas, y la Guardia Civil se encargaba del paso fronterizo.

Tras un acuerdo entre la Ciudad y el Gobierno de la nación, que es realmente el que tiene las competencias en la frontera, se estableció que serían tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la empresa Eulen los encargados de velar por el buen funcionamiento de una zona de gran afluencia de personas. El problema surgió con las últimas licitaciones presentadas a concurso. Dichos contratos no tenían en cuenta una serie de factores imprescindibles, por lo que nadie se ha querido postular para tener la responsabilidad en dicho proyecto. A la primera licitación ofrecida por la Ciudad sí que se presentó la empresa Eulen. Hubo dos problemas. Por un lado no les fue adjudicada porque en mayo sancionaron a la compañía por diferentes aspectos a nivel nacional. En ese momento Eulen se presentó debido a que daban por hecho que no les iban a afectar los recientes cambios que entraron en vigor este viernes uno de septiembre sobre las bonificaciones a la seguridad social, que perjudican a muchas empresas.

El Gobierno de España se comprometió a parar tal medida, pero no lo cumplió. Este fue el factor que propició que en la segunda licitación ofrecida por Ceuta, a la que Eulen ya podía optar debido a que habían presentado una cautelar sobre la sanción, la empresa no quisiera optar. Ni dicha compañía ni ninguna otra, ya que en el contrato, que propone un presupuesto de 951.000 euros, como cada año, no se tienen en cuenta nuevos factores que hacen que sea inviable para cualquier entidad.

“Ninguna empresa se va a presentar a nada si no va a tener beneficios”, aclara Ríos. Además de no tener en cuenta el gasto que recae sobre los nuevos trabajadores y por las bonificaciones de la seguridad social, tampoco han pensado en las subidas salariales, firmadas por convenio hasta 2026, según cuentan los empleados. Actualmente en la frontera del Tarajal Eulen tiene 50 trabajadores, de los que solo 13 son fijos y 37 son fijos-discontinuos, por lo que deben estar sin trabajar, al menos, tres meses. En caso de que pierdan sus puestos son medio centenar de familias las que sufrirán las consecuencias, recalcan los enlaces sindicales.

Otra de las cosas que exigen los trabajadores es que se cuente con una bolsa de empleados, sobre todo para momentos puntuales en los que el flujo de trabajo es mucho mayor. “La OPE o determinadas fechas señaladas y puentes. No puede ser que se esté pidiendo personal porque la situación es insostenible y aquí no puedan mandar a nadie”, lamenta Ríos. Miguel Ángel Sánchez, enlace sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Eulen también recalca que otra de las reclamaciones es que se estabilice a los trabajadores. “Debería hacerlos fijos. Ahora mismo muchos están asustados porque pueden perder su empleo”.

Incertidumbre Los trabajadores de la empresa transmiten a diario su incertidumbre sobre la situación actual. “Estamos asistiendo desde el cierre de la frontera a una situación calamitosa en Ceuta y esto no es cualquier cosa, es una frontera”, destaca Ángel Lara, secretario de CCOO. Tanto trabajadores como sindicatos cuentan que la situación es complicada. “Los chavales nos llaman preocupadisimos porque se ven en la calle”, afirma Ríos.

Por su parte, otro miembro del comité de empresa de Eulen, Manuel Mora, recuerda otro punto a tener en cuenta. Los empleados de dicha entidad se manifestaron el pasado mes de diciembre en Ceuta para que se mejoraran las condiciones. Ríos se reunió con la delegación del Gobierno y confirma que le prometieron aumentar el presupuesto para el próximo concurso. No lo hicieron, según cuentan. “Pero era un contexto previo a las elecciones. Ahora lo entendemos todo”, afirman.

Por el momento la situación sigue igual. Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno en Ceuta, afirmó a este periódico que están trabajando en la siguiente licitación para ofertar un contrato “más atractivo” para atraer a empresas que pujen por gestionar la seguridad en la frontera. “Que la gestionen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la privada, nos da igual, pero que lo hagan bien”, expone Lara. Una de las fronteras que tiene España con África sigue sin tener adjudicada la seguridad diaria. Sus empleados, sometidos ahora a una gran carga de trabajo, siguen expectantes y con la posibilidad en mente de perder sus empleos.

31 de agosto de 2023

MÁLAGA: El Hospital Clínico aumenta la seguridad en Urgencias

El Hospital Clínico de Málaga refuerza el control de los accesos y la seguridad en el servicio de Urgencias

Se va a poner en marcha un control más exhaustivo de los acompañantes y familiares que accedan al servicio de Urgencias

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha reforzado el control de accesos, tránsito y estancia de usuarios en el servicio de Urgencias, aumentando para ello la presencia de vigilantes de Seguridad en el área de clasificación de pacientes, fundamentalmente. De este modo, se reducirá el volumen de personas que se encuentren en esta área del centro. Además, y por otro lado, también se va a poner en marcha un control más exhaustivo de los acompañantes y familiares que accedan al servicio de Urgencias de este centro sanitario, que en periodo de alta frecuentación aumenta considerablemente el número de atenciones, ha indicado la Junta en un comunicado.

En este sentido, han precisado que se van a implantar una serie de pulseras identificativas que portarán en todo momento los usuarios, algunas de las cuales ya se encuentran en activo, para poder identificar en cualquier momento a las personas que acompañan a pacientes, especialmente si son vulnerables, casos en los que siempre se permitirá la presencia de un acompañante. De igual modo, y dentro del servicio de Urgencias, también se extremarán los controles de acceso a las áreas de policlínica y de observación, con el objetivo de aumentar la seguridad en estas dependencias del servicio de Urgencias.

En este punto, han destacado que la dirección del hospital está coordinando un comité de seguridad específico para evaluar los últimos casos de agresiones a profesionales, valorar las diversas situaciones, y redactar propuestas consensuadas con todos los profesionales implicados a través de la dirección gerencia, en coordinación con la dirección médica y de enfermería, servicios generales, dirección de gestión económica, equipo de seguridad, celadores y responsables del servicio de Urgencias, entre otros.

Asimismo, en los próximos meses, y a medida que se vayan consensuando el resto de medidas con todas las partes implicadas, han señalado que se irán implantando otras actuaciones de control de acceso y tránsito en el servicio de Urgencias, así como en otras áreas del centro para aumentar los niveles de seguridad tanto para profesionales como para usuarios, tal y como se encuentra contemplado dentro de las prioridades de gestión de la dirección del centro desde hace meses.

Acta de infracción para Fort Security Spain S.A. por impago reiterado de haberes salariales

 

"Tolerancia Cero" contra las empresas que no cumplen con sus plantillas

Desde SPV seguimos con nuestra campaña de "tolerancia Cero" contra aquellas empresas de seguridad privada que no cumplen con las obligaciones salariales que tienen contraídas con sus asalariados, así como otros incumplimientos que afectan gravemente a la situación económica y social de la plantilla.

En este sentido, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, a instancias de SPV, ha procedido a levantar acta de infracción contra la mercantil Fort Security Spain S.A. por retraso reiterado en el abono de los salarios a la plantilla de la delegación de Sevilla.

ACCEDE al documento de referencia AQUÍ

¿La empresa no te entrega la nómina? Conoce tus derechos y las sanciones por incumplimiento

La empresa debe entregar la nómina a sus trabajadores en caso de no hacerlo

La nómina es el documento en el que refleja el salario del trabajador, tanto el bruto como el neto, que finalmente es el que se ingresa a cuenta del empleado. Se trata de un justificante de pago que refleja la aportación por parte del trabajador y la empresa en concepto de cotización a la Seguridad Social, por prestación por desempleo, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), etc. De modo que el trabajador puede comprobar cuanto ‘le quitan’ de su salario bruto por estas aportaciones.

Al igual que la empresa está obligada a pagar a sus trabajadores en tiempo y forma, el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la liquidación y el pago de salarios, también indica que la documentación del salario, es decir, la entrega de la nómina, se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibido individual y justificativo del pago del mismo. La nómina ha de entregarse puntualmente al trabajador y utilizando el modelo de recibo de salarios aplicable según la orden ESS/2098/2014. De modo que si la empresa te abona tu salario, por ejemplo, el día 3 de cada mes, ese mismo día ya deberías tener tu nómina para comprobar que el salario recibido es el mismo que el que refleja en la nómina. Sin embargo, hay trabajadores que no reciben el documento de la nómina, ya sea porque no la entregan o no le facilitan el acceso a ella. En estas situaciones muchos trabajadores se plantean ¿cómo conseguir una copia de la nómina?

Qué pasa si la empresa no me entrega las nóminas Tener las nóminas es muy importante, puesto que en ellas se desglosa todo el salario, y puede ser que por ejemplo la empresa no esté reteniendo el IRPF que corresponda y esto luego se vea reflejado en la campaña de la Renta. Otros errores comunes es que la empresa se equivoque en el porcentaje de cotización por desempleo y no aplique el que corresponde por tipo de contrato. En el caso de que la empresa no entrega las nóminas, el trabajador puede solicitar la entrega basándose en el artículo 29 del Estatuto de los trabajadores, denunciando ante la inspección de trabajo o incluso por vía judicial si es necesario. La empresa tiene la obligación de guardar durante 5 años las nóminas de sus trabajadores a fin de permitir las comprobaciones oportunidad (artículo 3 de la Ordena Ministerial de diciembre de 1994). Igualmente, no entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o bien no utilizar el modelo de recibo de salarios aplicable, ya sea el oficial o pactado, puede constituir una infracción leve según los artículos 6 y 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones en la Orden Social (LISOS). Estas infracciones son sancionables con una multa de entre 70 y 750 euros.

¿Es necesario firmar la nómina? La firma de la nómina es una forma que tiene el empresario de acreditar que abona el salario al trabajador, por lo que solo ha de firmarse si se ha recibido la cantidad indicada en la misma o poner no conforme. No obstante, si la nómina se recibe por transferencia bancaria, esta servirá como prueba de que se ha abonado el salario al trabajador, pues, como indica el Tribunal Supremo en una sentencia de 2023, es la empresa la que debe demostrar que ha abonado el sueldo de sus trabajadores, incluso cuando este salario se ha pagado en negro.

Por otro lado, firmarla no significa que no se puede reclamar más adelante en el caso de que se le adeuden cantidades al trabajador, ya sea porque le corresponde un salario mayor por convenio o por la realización de horas extraordinarias no reflejadas en la nómina. Es decir, la firma no significa la aceptación o renuncia de una posible reclamación, así lo indica el artículo 2 de la Ordena Ministerial de diciembre de 1994: ‘La firma del recibo dará fe de la percepción por el trabajador de dichas cantidades, sin que suponga su conformidad con las mismas‘.

30 de agosto de 2023

MÁLAGA: El Clínico refuerza la seguridad y los controles en accesos tras las últimas agresiones a facultativos

Anuncian, también, la coordinación de un comité de seguridad específico que evaluará las posibles soluciones ante estos casos.

Contarán con más vigilantes de seguridad en el área de clasificación para pacientes y que reforzarán el control de acceso al centro para reducir el número de personas en urgencia

El Hospital Clínico de Málaga anuncia que reforzará la seguridad y el control en los acceso al centro tras las últimas agresiones registradas en este verano. Aseguran que contarán con más vigilantes de seguridad en el área de clasificación para pacientes y que reforzarán el control de acceso al centro para reducir el número de personas en urgencias, sobre todo, en el caso de los acompañantes que, advierten, sólo podrán ir en caso de que el paciente sea vulnerable.

Desde el Clínico anuncian también la coordinación de un comité de seguridad específico que evaluará las posibles soluciones ante estos casos y redactar propuestas consensuadas con todos los profesionales implicados a través de la dirección gerencia, en coordinación con la dirección médica y de enfermería, servicios generales, dirección de gestión económica, equipo de seguridad, celadores y responsables del servicio de Urgencias, entre otros.

Por otro lado, también se va a poner en marcha un control más exhaustivo de los acompañantes y familiares que accedan al servicio de Urgencias de este centro sanitario, que en periodo de alta frecuentación aumenta considerablemente el número de atenciones y advierten que sólo podrán ser acompañados los pacientes vulnerables. En este sentido, se van a implantar una serie de pulseras identificativas que portarán en todo momento los usuarios, algunas de las cuales ya se encuentran en activo, para poder identificar en cualquier momento a las personas que acompañan a pacientes, especialmente si son vulnerables, casos en los que siempre se permitirá la presencia de un acompañante.

En los próximos meses, el Clínico ha asegurado que "se irán implantando otras actuaciones de control de acceso y tránsito en el servicio de Urgencias", así como en otras áreas del centro para aumentar los niveles de seguridad tanto para profesionales como para usuarios, tal y como se encuentra contemplado dentro de las prioridades de gestión de la dirección del centro desde hace meses.

VOTA A SPV EN LAS ELECCIONES DE SECURITAS SEVILLA

 

El negocio de la seguridad en prisiones españolas: Mapa de las empresas privadas a las que Interior ha destinado 77 millones

DESDE AUGC ASEGURAN QUE ES UN “SERVICIO DUPLICADO INNECESARIAMENTE”, YA QUE "PODRÍA HACERSE CON AGENTES DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL POR MENOS DINERO"

Este año el Consejo de Ministros ha autorizado que se destinen 77 millones de euros para empresas de seguridad privada que vigilan el exterior de las prisiones. Desde el año 2013, algunas empresas de seguridad privada se encargan de este servicio que, según asociaciones como AUGC, podría realizarse con agentes de Policía y Guardia Civil por menos dinero. Actualmente, son cinco las empresas que gestionan la seguridad de las prisiones españolas.

Desde el año 2013, los centros penitenciarios que dependen del Ministerio del Interior disponen de empresas de seguridad privada para vigilar los exteriores de las prisiones. Según el gobierno de por aquel entonces ­—del Partido Popular, con Jorge Fernández Díaz a cargo de Interior—, la seguridad privada irrumpía en las prisiones para que los escoltas de País Vasco y Navarra destinados a combatir la violencia de ETA no se quedaran en paro. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), “ni se recolocaron los escoltas privados del País Vasco, ni se recuperaron efectivos para los servicios de seguridad ciudadana”. Así lo refleja en un comunicado que dieron a conocer recientemente ante la ampliación del gobierno de Pedro Sánchez de esta medida que se implantó hace diez años.

El Consejo de Ministros autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad que la medida continúe dos años más. La cantidad destinada: 77 millones de euros que, según clama el sindicato, supondrán “más de 400 millones de euros de dinero público que van destinados a seguridad privada en las prisiones españolas”. Rafael Sánchez, coordinador de la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad en AUGC, cuenta en una conversación con elcierredigital.com que este dinero se utiliza para “un servicio que está duplicado innecesariamente y que supone un negocio para las empresas de seguridad privada. En muchas prisiones, hay un vigilante de seguridad privada y un agente, y no hay necesidad”.

Más medios y guardias civiles de reserva Según Rafael Sánchez, justifican el mantenimiento de este servicio con “que la plantilla de guardias civiles en prisiones está corta de personal, pero lo tienen muy sencillo. Gastarían mucho menos dinero si metieran a personal de reserva, lo que es segunda actividad en Guardia Civil. Con mucho menos dinero cubren ese mismo puesto de trabajo con personal muy profesional que ha estado trabajando en eso”.

El ahorro de dinero que supondría podría servir, además, para suplir otro de los problemas a los que se enfrentan los agentes de seguridad de prisiones: los medios. “Llevamos tiempo pidiendo medios. Los vehículos más viejos van a parar a los centros penitenciarios y en muchas ocasiones no queda claro quién tiene que solucionar problemas como, por ejemplo, la climatización de las instalaciones o problemas relacionados con los riesgos laborales. Se tiran la pelota de uno a otro y no solucionan nada”, denuncia el coordinador.

Funcionario de prisiones. Además, esto evitaría caer en situaciones como la ocurrida en el año 2019, cuando, tal y como informamos desde elcierredigital.com, la empresa Ombuds —encargada por aquel entonces de la seguridad de prisiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Cáceres— entró en situación concursal, por lo que las funciones que deberían llevar a cabo sus empleados las empezaron a asumir agentes de la Guardia Civil. “Se generó un problema bastante grave, porque cuando la empresa se fue a pique, los propios guardias civiles tuvieron que aprender deprisa y corriendo cómo funcionaban los nuevos sistemas de videocámaras y demás porque no habían desempeñado ese cometido”, cuenta Rafael Sánchez a elcierredigital.com.

Empresas que controlan
la seguridad privada en
las prisiones españolas

Tras la caída de Ombuds, son cinco empresas las que, en la actualidad, se reparten la seguridad privada de las prisiones españolas. En el caso de Cataluña y País Vasco, las competencias se han transferido, por lo que los encargados de realizar las tareas de seguridad son los agentes de policía autonómicos. Mossos d’Esquadra en el caso de Cataluña y Ertzainza en País Vasco. Para el resto de España, son cinco las empresas de seguridad privada que se encargan de parte de la vigilancia en las prisiones, según ha podido conocer elcierredigital.com: Garda Servicios de Seguridad S.A., Trablisa, SICOR, Coviar y EULEN.

La empresa Garda Seguridad se encarga, desde la anterior licitación en 2021, de la seguridad de las prisiones de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Castilla La Mancha y dos centros penitenciarios de Madrid. Garda Servicios de Seguridad S.A. fue constituida en el año 1994 con un capital social de 60.101,21 euros, que en el año 2021 era de 601.012 euros. El pasado 2022 tenía una plantilla de 1.922 empleados y recibió en el año 2021 tres subvenciones por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por valor de 150.000, 1.400.000 y 234.000 euros.

Por su parte Transportes Blindados S.A. (Trablisa) se encarga de las prisiones de Extremadura y cinco centros de Madrid. Constituida en el año 1975, tiene un capital social de 711.000,01 euros y en 2022 poseía 10.000 empleados. Al igual que la anterior, recibió subvenciones por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Las últimas fueron dos por el valor de 210.000 y 330.000 euros.

Sicor Seguridad El Corte Inglés SLU (conocida como Sicor) es otra de las empresas de seguridad privada que se encarga de vigilar las prisiones, concretamente las de Andalucía. Constituida en el año 2004 con un capital social de 336.000 euros, ahora posee uno de 510.697,60 euros y 1.576 empleados, según las cifras del año 2022. En cuanto a las subvenciones o ayudas públicas, en la información consultada por elcierredigital.com constan dos por parte de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid el pasado año 2022. El importe era de 1.025,99 y 1.063,94 euros.

De la seguridad de las prisiones de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, se encarga la empresa privada Compañía de Vigilancia Aragonesa S.L. , conocida como Coviar S.L. Constituida en el año 1986, posee en la actualidad un capital social de 443.297 euros y 700 empleados, según las cifras de este año. En cuanto a las ayudas públicas, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital le concedió dos en el año 2020 con un importe de 350.000 y 525.000 euros.

Por último, Eulen Sociedad Anónima se encarga como empresa privada de la seguridad de las prisiones de Canarias, Ceuta y Melilla. Fue constituida en el año 1978 y, en cifras del año 2022, constaba un capital social de 603.617.000 euros y 28.531 empleados. En cuanto a las últimas ayudas públicas que recibió figuran tres por parte del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) concedidas en el año 2021. El importe de cada una de ellas fue de 24.000, 4.240 y 8.000 euros.