Noticias Destacadas SPV Sevilla


30 de noviembre de 2017

MADRID: Vigilantes denuncian que el reciente convenio solo incluye "medidas paliativas" para un sector en grave situación.


Escenifican muerte de la seguridad privada tras firma de convenio colectivo


Un grupo de vigilantes de seguridad ha escenificado hoy en la plaza de Callao de Madrid la muerte de este sector por diferentes circunstancias, como la reciente firma del convenio colectivo por los sindicatos mayoritarios, que en su opinión incluye solo "medidas paliativas" para su grave situación.

Así lo ha explicado Bernardo Rabassa en nombre del Movimiento 27, integrado por vigilantes de seguridad y que desde hace meses reivindica mejoras en el sector "sin siglas ni banderas". Tras la convocatoria de dos manifestaciones en los últimos meses a las que asistieron cientos de vigilantes, el Movimiento 27 ha decidido hacer protestas en zonas concurridas de la capital para que los ciudadanos entiendan la situación de un sector que, en el acto de hoy, escenifican muerto con una lápida en la que han escrito los motivos del fallecimiento: reforma laboral, empresas pirata y el reciente convenio firmado por UGT, CCOO y USO.

"Los sindicatos hacen lo que les da la gana, no nos han hecho caso cuando reivindicábamos una huelga general", explica Rabassa, para quien el convenio firmado a principios de mes por la patronal Aproser y los sindicatos UGT, CCOO y USO no se puede afirmar que incluya mejoras, "ya que subir el 2 % es solo una medida paliativa para que no les arranquemos la piel a tiras". El Movimiento 27 sostiene que esa subida no es de rigor "cuando hay vigilantes que han perdido en los últimos años entre 600 y 700 euros al mes", lo que ha hecho que algunos vivan en la calle e incluso se suiciden.

Rabassa ha criticado la situación sobre todo en las empresas denominadas "lowcost", que no deberían ser contratadas por empresas privadas y menos por instituciones públicas, y ha puesto como ejemplo que hay varios vigilantes de Seguridad Integral Canaria que prestan servicio en Metro y que llevan un mes sin cobrar, motivo por el que uno de ellos protesta a diario en el suburbano. También ha hecho hincapié en el incremento que se está registrando en el número de agresiones a vigilantes, como la ocurrida el pasado 18 de noviembre en el estadio Wanda Metropolitano, donde un profesional perdió el ojo, y ha defendido que sean nombrados agentes de la autoridad y puedan usar pistolas eléctricas.

MADRID: La huelga en los controles de Barajas sigue en pie para navidades tras el rechazo de la propuesta de Prosegur

"Es la misma propuesta que hizo la empresa cuando se paralizó la huelga del pasado 14 de julio, y que ya no cumplieron". Así de clara tiene su posición el comité de los trabajadores de los controles de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y así han votado en consecuencia.

La oferta presentada por Prosegur, concesionaria del servicio en el aeropuerto madrileño, no les convence. De los 331 vigilantes que participaron, 309 votaron si a la huelga, 16 no, 4 lo hicieron en blanco y 2 nulos. Por su parte, intervinieron 103 auxiliares, de los cuales 98 votaron si, 2 no y 3 en blanco. Es una "trampa", afirman desde el sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (Ates), porque la subida de los pluses propuesta quedaría absorbida por los pluses que ya se están cobrando. En relación a la peligrosidad de los escáneres, la oferta actual, afirman, supone dividir lo que algunos perciben actualmente entre las tres personas que rotan en los puestos vecinos a la maquinaria potencialmente radiactiva. "Queremos un plus de escáner íntegro para todos", dice Ates, que además, considera que "Prosegur ya no tiene credibilidad para los trabajadores".

Así las cosas, el puente de diciembre será tranquilo en el aeropuerto madrileño, después de que los vigilantes de los controles suspendieran sus paros parciales para estudiar la oferta de la empresa. Pero descartada, si nada lo remedia antes, a partir del 22 de diciembre, las navidades podrían llenar de colas sus controles de pasajeros y equipajes de mano. La propuesta de la empresa sólo beneficiaría realmente al 50% de los trabajadores de los controles de Barajas. Concretamente a los que son de reciente incorporación, "los que han entrado en el último año", explica un miembro del sindicato. "Según nuestros cálculos, no supone ningún tipo de mejora para el 20% y a penas 70 euros más al mes para el 30%". La razón es que la oferta se hace en virtud del cumplimiento del acuerdo firmado la pasada semana entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, "pero este es un acuerdo global y no es proporcional para el tráfico de pasajeros que tiene Barajas", señala.

El salario base del personal de los controles en los aeropuertos es el mismo que el de otro vigilante de seguridad, "que el de un almacén, por ejemplo", explica un miembro de Ates. "Queremos una diferenciación como vigilantes aeroportuarios". Su sueldo parte 980 euros y se completa con pluses de transporte vestuario y uno de peligrosidad que califican de "irrisorios 18 euros, máxime estando España en alerta 4 de seguridad".

La Justicia europea defiende aplazar sin límite las vacaciones

El abogado de la UE se pronuncia a favor del aplazamiento ilimitado de las vacaciones no disfrutadas, doctrina que previsiblemente seguirá el Tribunal de la UE y que afectará a las empresas españolas.


El abogado General de la UE se ha pronunciado a favor del aplazamiento ilimitado de las vacaciones no disfrutadas.El Tribunal de Justicia de la UE previsiblemente ratificará la opinión del abogado, lo que tendrá repercusión en el derecho laboral español y en las empresas. Se trata del Asunto C214/16 C. King contra The Sash Window Workshop Ltd y Richard Dollar, en el que si se sigue la directriz del abogado general, una empresa británica tendrá que compensar a un falso autónomo por las vacaciones que éste no disfrutó durante trece años. Con esta doctrina, las empresas tendrán que compensar todas las vacaciones que no han podido disfrutar sus asalariados y los falsos autónomos. En el marco legal español, la prescripción de las vacaciones no disfrutadas es de un año.

En unas conclusiones que siguen la línea de los últimos fallos del Tribunal de Justicia de la UE que han mejorado los derechos de trabajadores temporales e interinos, el abogado señala: "El problema que se plantea en el presente litigio reviste una gran importancia social debido a que cada vez son más las personas que trabajan en la UE con contratos flexibles, ocasionales e intermitentes. Estas formas de empleo son cada vez más habituales a causa de la prestación de servicios a través de medios digitales en la era de Internet. ¿Quién debería asumir el riesgo de incumplimiento del derecho a vacaciones anuales retribuidas cuando no se haya previsto ningún mecanismo en la relación laboral para el ejercicio de las mismas: el empresario o los trabajadores afectados? ¿Es compatible con el derecho a vacaciones anuales retribuidas de la Unión obligar al trabajador a que tome las vacaciones antes de saber si serán retribuidas?".

La conclusión del abogado general "es que, teniendo en cuenta el importante peso normativo del derecho a vacaciones anuales retribuidas en el Derecho de la Unión, internacional y de los Estados miembros, exigir al trabajador, y no al empresario, adoptar medidas para crear un mecanismo adecuado para el ejercicio del derecho a vacaciones anuales retribuidas supeditaría la existencia de ese derecho a un requisito previo de manera ilegítima". Por tanto, falla, "con arreglo al artículo 7.2, de la Directiva 2003/88, precepto que no se puede interpretar de modo restrictivo, el derecho a una compensación financiera por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas nace con motivo de la conclusión de la relación laboral y se extiende a la totalidad del período en que el empresario no facilitó al trabajador ningún mecanismo adecuado para el ejercicio del derecho a vacaciones anuales retribuidas, extinguiéndose únicamente a partir del momento en el que se hubiera puesto a disposición del trabajador dicho mecanismo".

Talmac Bel, socio de laboral de Jausas, considera que esta doctrina "puede derogar la prescripción de un año para disfrutar vacaciones y supone un riesgo más para las empresas con falsos autónomos". El momento de la compensación es la extinción del contrato, ya que es cuando la ley marca que deben compensarse las vacaciones. Es decir, cuando se produce un despido, hasta ahora en España la empresa paga sólo las vacaciones no disfrutadas del último año. Fuentes jurídicas explican que las vacaciones deben disfrutarse mientras esté en vigor el contrato, y que la práctica de pagarlas durante la relación laboral si no se han disfrutado antes de que expire su plazo cabría definirse como alegal.

En cualquier caso, el abogado comunitario también se pronuncia sobre esta casuística y señala: "Si el trabajador no disfruta de la totalidad o de parte de las vacaciones anuales a las que tiene derecho en el año de devengo durante el cual debe ejercerse el derecho, en circunstancias en las que lo habría hecho, pero en las que no lo hizo porque el empresario se negaba a retribuirlas, el trabajador puede alegar que se le ha impedido ejercer su derecho a disfrutar de las vacaciones retribuidas y aplazar dicho derecho hasta el momento en que tenga la oportunidad de ejercerlo". Sobre otros plazos que mantienen los Estados miembros, el abogado considera que tampoco deben respetarse si el trabajador no ha disfrutado de las vacaciones, el caso de los 18 meses que hay en España para posponer el disfrute de las vacaciones si éstas coincidieron con una incapacidad temporal.

MALLORCA: Atraco de película en Portals: roban un botín de más de un millón en dos minutos

Los tres asaltantes sustrajeron más de un millón de euros en relojes de lujo en la Relojería Alemana - La Guardia Civil sospecha que podría tratarse de los Pink Panther, considerados los mejores atracadores del mundo


Con total determinación y todos los movimientos milimétricamente calculados, tres asaltantes encapuchados, con gorras y a punta de pistola, irrumpieron la tarde del martes en laRelojería Alemana de Puerto Portals poco antes del cierre. Al vigilante de seguridad le arrebataron el arma de fuego y le encerraron junto con la dependienta en un cuarto. Con el camino expedito, los delincuentes saquearon todos los relojes de lujo de las vitrinas. Así, sustrajeron un botín de más de un millón de euros. Tiempo transcurrido: entre uno y dos minutos. El golpe tiene el sello inequívoco dePink Panther, la mayor banda de atracadores del mundo.

"Oí gritar a una chica. Escuché golpes, me asomé y vi a un hombre meterse corriendo dentro de la relojería", recordaba ayer una empleada de un establecimiento de ropa situado en las proximidades de la joyería desvalijada. La dependienta se retrotrajo entonces a otro golpe similar perpetrado hace dos años. "Pensé que les estaban atracando y llamé a seguridad del puerto", indicó. El vigilante de seguridad instó a todos los empleados de los comercios a que se encerraran en sus respectivos locales y no salieran bajo ningún concepto. Para aquel entonces, los tres asaltantes ya habían emprendido la huida a la carrera con el millonario botín en relojes de altísima gama.

Con las alarmas sonando Las alarmas de la joyería se dispararon y no pararon de sonar durante el atraco. Patrullas de laGuardia Civil respondieron con celeridad y se movilizaron en pocos minutos hasta la relojería de lujo de Puerto Portals. A pesar del escaso tiempo de respuesta de los efectivos del Instituto Armado, los asaltantes se habían volatilizado. Efectivos de la Policía Judicial y del Laboratorio Criminalístico de la Guardia Civilescudriñaron ayer cada rincón de Puerto Portals en busca de algún indicio que arrojara algo de luz sobre este espectacular atraco. Los asaltantes eran perfectos conocedores de la existencia de cámaras de videovigilancia de Puerto Portals. Por este motivo, llevaban el rostro tapado y la cabeza cubierta con una gorra. Tampoco dejaron huellas dactilares en la joyería.

Los investigadores del Instituto Armado trataron de completar ayer las primeras pesquisas iniciadas poco después del espectacular golpe perpetrado la tarde del martes. Buena parte de la mañana fue empleada por los agentes encargados del caso para recabar testimonios de posibles testigosdel fulgurante saqueo de la joyería de Puerto Portals. Se enfrentan a la titánica misión, según todos los indicios, de dar con el paradero de los mejores atracadores del mundo: los Pink Panther.

Los asaltantes no se entretuvieron forzando la caja fuerte. Desde un primer momento, tenían delimitado de antemano su objetivo: las vitrinas abiertas que contenían relojes de alta gama. En su mayoría Rolex, Breitling, Hublot, Patek Philippe y otros de similar categoría. Lo prioritario para estos asaltantes era actuar en tiempo récord y lo cumplieron a rajatabla. Se calcula que en menos de dos minutos habían desvalijado la Relojería Alemana, antes de emprender la huida a la carrera.

29 de noviembre de 2017

SEVILLA: SPV mantiene su representación en el nuevo Comité de Empresa de Servicios Integrales de Seguridad S.A


El compañero Sebastián Ortega de la Peña resultó elegido en el día de ayer por nuestro sindicato en las elecciones sindicales de la empresa Servicios Integrales de Seguridad S.A SEGURISA en la delegación de Sevilla, manteniendo así el puesto que teníamos en en anterior Comité de Empresa. Nuestra enhorabuena al Sebas, veterano vigilante curtido en mil batallas, y nuestro reconocimiento a Manuel Rodríguez Jaén "Manu" compañero que ha estado desarrollando estas funciones hasta la fecha.

VIGO: Multan con 30.000 euros a una empresa por instalar alarmas en colegios de Vigo sin estar registrada

El Gran Hermano de la seguridad privada

La Policía Nacional inspecciona a diario locales donde hay vigilancia privada

Colocar una cámara de videovigilancia en un recinto o contratar un servicio de seguridad personal no es tan sencillo como firmar la propuesta en un contrato. Tanto la empresa receptora como demandante deben cumplir una serie de requisitos, la primera ceñirse a las obligaciones tipificadas en la Ley de Seguridad Privada y la segunda adecuar el modelo de seguridad a sus necesidades y mantener una control y revisión en el mismo. En caso de no cumplir la normativa el castigo puede ser severo. La Audiencia Nacional ha condenado a una empresa de seguridad por prestar servicios de instalación, conexión y mantenimiento de sistemas de alarmas de seguridad conectadas a una Central Receptora en dos colegios de Vigo sin estar inscritas en el registro de empresas de seguridad de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil. El Alto Tribunal, tras recurrir en primera instancia la sentencia condenatoria, le impone una multa de 30.001 euros por la comisión " de una infracción muy grave" al prestar "servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria".

La representación de la empresa condenada alegaba que el contrato de prestación de servicios lo suscribieron el Ayuntamiento olívico y la Central Receptora en relación a los dos colegios en cuestión, que por su parte "no prestaba servicio alguno de tal naturaleza" y que entre la entidad y la Central Receptora solo existía un "contrato de colaboración mercantil" que en "ningún caso" implicaba subcontratación de servicios de seguridad y que por lo tanto sus trabajadores no realizaban trabajo alguno de colocación de alarmas. Sin embargo, los magistrados tumban esta argumentación explicando que "los hechos constatados en el expediente acreditan que trabajadores (de la empresa condenada) suscribieron partes de trabajo en los que se recoge la sustitución del teclado [...] o revisión del sistema de alarma"; cometidos que "no pueden incluirse" en las funciones de mera comercialización derivadas del citado contrato mercantil.

Esta irregularidad pudo ser detectado gracias a una comprobación de los funcionarios del grupo de Seguridad Privada de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo. Su trabajo es diario y vigilan tanto a las empresas cuyo objeto social es la instalación y conexión de alarmas como de comerciantes o entidades privadas que requieran de sus servicios. Esta unidad, compuesta por cuatro funcionarios, operan en el sur de Pontevedra.

Qué establecimientos pueden tenerlas o cuáles deben apostar de forma obligada por ellas, a qué apuntar y a qué no o cómo debe ser su mantenimiento son algunas de las máximas que inspeccionan estos agente. "Es obligatorio no solo que las empresas que prestan un servicio de seguridad y los instaladores y centrales receptoras de alarma tengan una homologación por parte del Ministerio de Interior sino también cumplimentar toda esta normativa, qué debe tener una gasolinera o qué debe tener una joyería", explican desde la comisaría viguesa. Así, el Reglamento de Seguridad Privada se adapta a la naturaleza de cada establecimiento. Las entidades bancarias deben tener equipos o sistemas de captación y registro, con capacidad para obtener las imágenes de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad además de planos de planta actualizados de todas sus oficinas e informes técnicos sobre la naturaleza de los materiales utilizados en su construcción.

Joyerías, farmacias o loterías En el caso de joyerías o galerías de arte deben poseer una caja fuerte o cámara acorazada, pulsadores antiatraco u otros medios de accionamiento del sistema de alarma que estarán instalados en lugares estratégicos y protección electrónica de escaparates, ventanas, puertas y cierres metálicos, entre otros. Todas las oficinas de farmacia deberán contar con un dispositivo de tipo túnel, bandeja de vaivén o bandeja giratoria con seguro y las administraciones de Lotería dispondrán de un recinto cerrado en el que existirá una caja fuerte y las transacciones con el público se harán siempre a través de ventanillas. Y en cuando a las gasolineras tiene que tener por ley una caja de fuerte con dos cerraduras empotrada al suelo además sus empleados sólo podrán tener en su poder un cambio máximo de 100 euros. "Controlan no solo estas normas, sino que los vigilantes estén titulados, por ejemplo en discotecas, que las cámaras funcionen o que no salten las alarmas de forma errónea, porque si saltan con frecuencia pueden acarrear sanción", explican.

VITORIA: Seguridad privada para descargar el trabajo de la Policía Local


El ayuntamiento propone que los agentes privados vigilen algunos edificios municipales como una de las medidas para acabar con la huelga de celo

El Ayuntamiento de Vitoria ha propuesto a los sindicatos contratar seguridad privada para la vigilancia de algunos edificios municipales, con lo que se liberarían efectivos de la Polícía Local que se dedican a estas labores para destinarlos a servicios ligados a la seguridad ciudadana o al control de tráfico.

Ésta es una de las medidas que trasladó este miércoles el concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Carlos Zapatero, a los sindicatos municipales en una reunión convocada para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga de celo que llevan a cabo desde hace casi dos semanas agentes de la Policía Local con una campaña intensiva de multas para exigir diversas mejoras laborales y más efectivos. En un comunicado, el equipo de gobierno municipal ha reconocido que hay un déficit de 31 agentes en la plantilla derivado de la pasada legislatura, cuando el Gobierno de Javier Maroto (PP) “no convocó ninguna OPE de la Policía Local”. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha realizado este año una OPE de 32 agentes y el próximos meses convocará otra “con el máximo número de plazas legalmente posible”, recordó Zapatero.

Mientras tanto, y como medida de “aplicación inmediata”, el equipo de Gobierno municipal, tras llegar a un acuerdo con el Departamento vasco de Seguridad, ha ofertado a los sindicatos la incorporación en un plazo de diez días de 15 agentes interinos. Además, ha planteado contratar seguridad privada para vigilar edificios municipales y custodiar en Navidad el Belén de la Florida con el fin de que los agentes que se dedican actualmente a estos trabajos puedan ser derivados a seguridad ciudadana y control del tráfico, lo que afectaría a unos 12 policías. El equipo de gobierno municipal también ha propuesto la convocatoria, el 30 de noviembre, de la Mesa de Ausencias, foro al que pertenecen sindicatos, responsables policiales y Departamento de Función Pública, con el fin de proponer medidas concretas que ayuden a reducir el porcentaje de bajas por incapacidad temporal. El objetivo es incorporar más agentes al servicio efectivo, hasta diez policías.

El número de trabajadores con programas de prevención de riesgos laborales en los convenios cae un 50%

El número de trabajadores con planes y programas de prevención de riesgos laborales en sus convenios ha pasado de situarse en los 935.567 trabajadores en 2013 a los 466.547 de 2016, un 50% menos, según ha afirmado UGT en un comunicado.

El número de trabajadores con planes y programas de prevención de riesgos laborales en sus convenios ha pasado de situarse en los 935.567 trabajadores en 2013 a los 466.547 de 2016, un 50% menos, según ha afirmado UGT en un comunicado. En concreto, la negociación de las cláusulas que establecen planes y programas de prevención de riesgos laborales ha ido decayendo "progresivamente". De hecho, ha pasado de figurar en el 49,5% de los convenios de 2010 hasta llegar al 21,4% de 2016.

El sindicato ha denunciado "la falta de compromiso" de las empresas para adoptar medidas que protejan la seguridad y salud en los trabajadores y ha hecho hincapié en que en los últimos cinco años se ha producido un incremento de la siniestralidad "que es necesario atajar". La organización sindical que representa Pepe Álvarez ha asegurado que está promoviendo la creación de la figura del delegado territorial o sindical, que facilitará la labor de vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa en la prevención de riesgos laborales y garantizará unos mayores niveles de protección y contribuirá a reducir las altas cifras de siniestralidad laboral.

UGT cree que es imprescindible establecer protocolos de adaptación o cambio de puestos de trabajo por motivos de salud o discapacidad e incluir en los convenios cláusulas que expongan la obligación de realizar evaluaciones de riesgos. También consideran necesario el derecho a la desconexión y la creación de comisiones para la prevención y tratamiento de las adicciones en el ámbito laboral para abordar esta problemática desde un enfoque "preventivo y no sancionador".

Europa pone en evidencia a España al calificar de "crítico" el nivel que ha alcanzado la desigualdad

Desigualdad
España es uno de los países más desiguales en Europa

La Comisión Europea realiza por primera vez un análisis socioeconómico de los 28 países para vigilar algunos indicadores que se está yendo de las manos al bienestar social, y sitúa a España en la séptima posición por la cola. Solo Rumanía y Bulgaria tienen una mayor desigualdad que España que empata con Grecia en este indicador

Además de la desigualdad, España también es uno de los países en alerta por el abandono temprano de los estudios, el segundo peor de toda la UE después de Malta, y está en vigilancia por la caída de su renta disponible o por su tasa de pobreza.

Después de años de medir la salud de la Unión Europea por sus cifras económicas y de recetar austeridad, Bruselas ha decidido dar una pátina social a la forma de gobernar Europa con la inclusión de un pilar social como elemento clave para medir la buena marcha de sus miembros. La Comisión aprobó el pasado 17 de noviembre una fórmula para analizar el desempeño de los países europeos en tres áreas: acceso al mercado laboral e igualdad de oportunidades; condiciones justas de trabajo; y protección social. Y los resultados para España son malos, muy lejos del brillo de los indicadores económicos que hablan de un crecimiento por encima de la media.

Según estos datos, España está en situación "crítica" en dos aspectos claves para el bienestar social de sus ciudadanos: en el nivel de desigualdad económica y en el abandono temprano de los estudios. Además, si se toman los 14 indicadores de forma global, España está la séptima por la cola en calidad de su bienestar social. La mayoría de los indicadores eran conocidos (España es uno de los países donde más ha crecido la desigualdad en toda la OCDE) pero ahora Bruselas los ordena y pone negro sobre blanco los fallos en el sistema social que hay en cada país. La Comisión ya no solo vigilará los déficit y el nivel de deuda pública; también pondrá la vista en los parámetros sociales aunque su nivel de maniobra en muchos de estos aspectos es nulo, ya que las mejoras responden a políticas sociales que son competencia de cada país.

Grecia, Rumanía, Italia y Bulgaria, son los países con peores registros al tener al menos diez indicadores en situación "crítica" o bajo vigilancia. Con ocho indicadores sociales críticos o a vigilar les sigue España, que está en un segundo nivel (por la cola), en el que comparte grupo con Chipre, Croacia, Lituania, Letonia y Portugal. Dinamarca es el país con mejores notas, seguido por un grupo que conforman Suecia, Austria y Holanda. En el caso concreto de la desigualdad económica, España comparte grupo con países en situación crítica por su elevada desigualdad con Rumanía, Bulgaria, Lituania y Grecia. En el caso de España, el 20% más rico gana 6,6 veces más que el 20% más pobre. La media europea para medir esta brecha es de 5,1 veces. El país campeón en términos de desigualdad es Bulgaria (7,9) y el mejor República Checa con 3,5 veces. Esto quiere decir que la desigualdad en España es casi el doble que en Chequia o en otros países igualitarios como Eslovaquia, Finlandia o Eslovenia. 

Los registros de los tres últimos años indican que la situación ha mejorado algo pero de forma insuficiente. El indicador de desigualdad en España tocó en 2015 el 6,9, pero el leve avance no ha sacado a España del grupo en peor situación. Eso sí, al menos no ha empeorado como ha ocurrido en Bulgaria o en Luxemburgo. En conjunto, la desigualdad en Europa sigue estando muy por encima de la registrada en 2009, cuando la crisis aún no había golpeado de lleno a los trabajadores.  La otra señal de alarma, la de abandono temprano de los estudios, coloca a España en una pandilla con Malta, Portugal y Rumanía. En el caso de España, el 19% de la población de entre 18 y 24 años ha abandonado los estudios. Esta proporción solo está superada por Malta (19,7%) seguida de cerca por Rumanía (18,5%) y a distancia por Portugal (14%). La media europea para este indicador está en el 10% y desde la Comisión reflejan que el abandono temprano de los estudios está ligado a la difícil empleabilidad y acceso al mercado de trabajo.

La renta disponible, esto es, el indicador que mide la capacidad económica de las familias para consumir, también pone a España en el grupo de países "a vigilar",un segundo escalón dentro de la gravedad con la que se califican estos parámetros. La forma de medir este indicador es compararlo con cómo estaba el poder adquisitivo de las familias en 2008. Así, Grecia y Chipre (países rescatados) están en situación "crítica" porque sus hogares tienen un 32 y 23% menos de renta disponible respectivamente que en 2008. En el caso de España, la caída es mucho menor comparada con estas dos economías, que son, sin duda, las grandes perdedoras tras los rescates financieros. Las familias españolas tienen un 8% menos de renta disponible, una pérdida de poder adquisitivo similar a la de Italia (que ha perdido un 11%), Portugal (un 6%) o Eslovenia. Irlanda, el país rescatado que falta en esta relación, tampoco ha recuperado el nivel de 2008, pero solo le queda un 3% para alcanzarlo. Al contraponer estas cifras con los resultados de estos países que ya han abandonado los programas de rescate e incluso los procesos de déficit excesivo, da buena cuenta de que las víctimas colaterales que conllevó sanear el sistema financiero.

Pero no a todos los países europeos les ha ido mal. Pese a los pésimos resultados en el resto de indicadores sociales, Rumanía es la que más renta ha ganado desde 2008. Esta mejora en la renta es extensible al resto de economías de Europa del Este, como Polonia, Bulgaria y Lituania, marcando el camino de la convergencia. El extenso informe también dedica un amplio análisis al riesgo de pobreza y exclusión social, al cuidado de niños menores de 3 años (España está en este indicador "mejor que la media") o efectividad de las prestaciones sociales. Además de en estos tres indicadores, España está en vigilancia por sus malos registros en población en riesgo de pobreza, desempleo, tasa de empleo, número de ninis, o capacidad de las prestaciones sociales para reducir la pobreza.

En aspectos en los que se encuentra en la media en línea con sus países vecinos está la brecha de género, la participación en políticas activas de empleo, las competencias digitales y la compensación por hora trabajada. Recordemos que estos indicadores se comparan con la media de los países, lo cual no quiere decir que estén en registros saludables: solo que el resto están peor. Por eso no tiene que extrañar que sus buenas notas se reflejan en el cuidado de menores de tres años (aunque lejos de los resultados de Bélgica, Dinamarca, Suecia, Lituania o Portugal). La mejor nota la saca en el indicador que recoge el grado de cobertura sanitaria que reportan los propios pacientes (si dicen que no se les ha atendido por razones económicas o de lista de espera este indicador baja).

CÓRDOBA: El sector de la seguridad privada cuenta con 876 agentes en 40 empresas


El sector vigila 2.200 puntos en toda la provincia y la Guardia Civil y la Policía Nacional alaban su función


El papel que desempeñan es esencial en el cierre del círculo de la seguridad ciudadana por más que su protagonismo no sea siempre el que merecen: los agentes de la seguridad privada y las empresas del sector celebraron ayer su día en el Rectorado de Córdoba junto al subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, y mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El encargado de conducir el acto fue el vocal en la Comisión Nacional de Coordinación de la Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Muñoz Usano, que desempeña ese puesto como experto nombrado por el Ministerio y que además es el presidente de la Sociedad Española de Estudios Jurídicos de Seguridad. «Los miembros de la seguridad privada son colaboradores según la ley de los cuerpos policiales: son pares de ojos y de oídos que están preparados en delitos específicos y que tienen unos canales especiales para comunicarse con la Policía o la Guardia Civil, además de contar con un reciclaje obligatorio anual, algo que es muy útil para estar al día», dijo antes de que 93 agentes recibieran distinciones del Gobierno.Algunos de los agentes reconocidos en el acto de este martes

A derecha e izquierda de Muñoz Usano en el salón de actos de la sede universitaria de la avenida de Medina Azahara se sentaban el teniente Damián Orca, jefe del servicio de Información de la Guardia Civil; y el inspector jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Manuel Renco, ambos con un trato muy estrecho con los agentes de la seguridad privada que operan en Córdoba y que ascienden a 876 repartidos en cuarenta empresas y que vigilan unos 2.200 puntos en toda la provincia entre empresas e instituciones.

Antes de que los dos ponentes dieran su punto de vista acerca de la coordinación entre los cuerpos de Seguridad del Estado y la vigilancia privada tomó la palabra Juan José Primo Jurado, que destacó que la labor de los protagonistas de la jornada es fundamental para «sectores tan estratégicos para nuestra provincia como la joyería y las infraestructuras críticas tienen una dependencia muy elevada de la seguridad privada».

Intrusismo profesional El máximo representante del Ejecutivo central en la provincia destacó que los vigilantes jurado son determinantes enla seguridad de «las explotaciones agrícolas, entidades bancarias, farmacias, administraciones de lotería y establecimientos dedicados al juego, la hostelería, los locales de ocio nocturno y los monumentos visitados por el turismo». La Subdelegación reúne periódicamente a una comisión de seguridad privada que coordina acciones y busca soluciones a los problemas del sector, entre los que sobresale el instrusismo profesional, según Primo Jurado.

28 de noviembre de 2017

¡AGENTES DE LA AUTORIDAD A TODOS LOS EFECTOS! Articulo de un Vigilante de Seguridad


Soy vigilante:

SOY UNA PERSONA. Una persona que tenía sueños y esperanzas que la vida y las circunstancias truncaron. Soy la persona que pagó un curso en una academia privada para preparase para un examen físico y teórico y obtener un título que me habilita como Vigilante de Seguridad. No soy vigilante por vocación, si no por circunstancias pero, aún así, hice un gran esfuerzo para ser un trabajador cualificado. Soy la persona que, con 19 años y toda la ilusión del mundo, se lanzó a la seguridad privada poniendo cuerpo y alma, a pesar de no ser mi vocación, aprendiendo sobre la marcha a base de observar y probar.


Soy la persona que lleva más de diez años aguantando turnos de 10 y 12 horas, algunos de hasta 20 horas, de pie, con un uniforme incómodo y un gran peso en la cintura, sonriendo a miles de personas y explicando una y otra vez las mismas dudas, aguantando a cambio insultos de todo tipo, amenazas y agresiones de personas que no están conformes con normas que no he establecido, con las que no necesariamente estoy de acuerdo pero que debo hacer cumplir. Soy esa persona a la que tantos desprecian con razones tales como: “es una fuerza represora”, “le pagan por no hacer nada” o “es un segurata de mierda”. Soy el vigilante al que le dan órdenes contradictorias que debe cumplir a la vez, el vigilante que se juega su puesto de trabajo cuando alguien, no conforme con que le haya sorprendido robando en una tienda o colándose en el tren o metro decide poner una reclamación en la que inventa sin vergüenza ninguna que le he insultado o agredido.

Soy el vigilante que le da los buenos días a sus hijos por teléfono, el que nunca está en los cumpleaños y falta a cenar en nochebuena, el que no está para ver las caritas de sus niños abriendo loa regalos de reyes, el que apenas ve a su pareja por culpa de los horarios imposibles. Soy el vigilante cuyo sueldo pagan cuando quieren, independientemente de la fecha límite estipulada en convenio, el que tiene que llamar al casero y pedirle disculpas porque aún no puede pagar el alquiler, a pesar de estar trabajando de lunes a domingo y que, lo único que puede hacer es pagar a un abogado, demandar a la empresa,acudir a un juicio de conciliación al que ninguna empresa de seguridad se presenta y esperar meses y meses para, con suerte, cobrar lo que se le adeudaba,sin más consecuencias para la empresa, que sigue ganando dinero a espuertas con su trabajo.

Soy la persona a la que casi nadie da las gracias. A la que reprenden en cuestión de segundos si se equivoca pero nadie felicita por lo bien que hace su trabajo. Soy la persona con dolores crónicos de espalda, rodillas y pies por estar tantas horas de pie. La persona a la que no se le permite apoyarse en la pared en sus 10 o 12 horas de servicio porque “da mala imagen”. Soy la persona que come en media hora, en cuartos pequeños, sucios, a veces com cucarachas y ratas.

Soy la persona que no tiene derecho a tener nevera ni microondas, ni a salir a comer fuera del lugar donde presta servicio, por lo que acaba comiendo ensaladas, sánwiches y bocadillos a diario. Soy la persona que trabaja a más de 40 grados en verano con un pantalón de lana y una camisa o polo, con botas o zapatos cerrados; la persona que trabaja bajo cero en invierno, con grietas en las manos del frío. Soy la persona que debe atender a cualquiera que tenga un problema de salud, la persona que debe practicar los primeros auxilios hasta que llega una ambulancia, la que debe tratar de sofocar las llamas hasta que llegan los bomberos, la que debe quedarse hasta haber desalojado las instalaciones donde presta servicio en caso de emergencia,aún con riesgo de la propia vida.

Soy la persona que, por 900€ sigue levantándose a las 4 de la madrugada para ir a trabajar, sigue sonriendo a las personas a pesar de todas las veces que recibe insultos y desprecios a cambio. La próxima vez que me veas, te agradeceré infinitamente que me des los buenos días o las buenas tardes, que me digas “por favor” y “gracias”, que no juegues con el pan de mis hijos inventándote que te he tratado mal si no es verdad. Agradeceré que recuerdes que, debajo de la placa que llevo junto al corazón, hay una persona que trabaja en condiciones muy duras, que muchos meses no cobra, que tiene sentimientos y una familia y que, casi con total seguridad, no eligió su profesión para reprimir ni dominar a nadie.

Vigilantes del Metro de Madrid: 28 días sin cobrar de una empresa a la que se le ha prorrogado el contrato


La Comunidad de Madrid dice que no puede hacer nada al tratarse de "un conflicto laboral de orden interno"


A noviembre ya se la han caído 27 páginas del calendario y Pedro Rodríguez todavía no ha cobrado su nómina de octubre. Trabaja como vigilante del Metro de Madrid y desde hace más de una semana se planta a diario en la estación de Sol para, pancarta en mano, denunciar su situación y la de "otros muchos compañeros" que tampoco han recibido su sueldo a tiempo.

El pasado 10 de noviembre un tercio de la plantilla de este servicio subcontratado por el Gobierno regional inició una huelga indefinida por los "constantes retrasos" en el cobro de su salario. Se trata de los 550 empleados de Seguridad Integral Canarias (SIC), una de las tres adjudicatarias que se encargan de la protección de los viajeros en el suburbano. Pedro Rodríguez es uno de ellos y, tras 27 años de experiencia como vigilante "sin ningún problema hasta que llegó esta compañía hace cuatro años", le cuenta a quien se pare a escucharle que a estas alturas del mes puede comer porque le pide dinero a su hermano. "He visto a compañeras con niños llorando de impotencia... Esto es muy duro", explica agarrándose con rabia a su pancarta.

Los paros apenas tienen incidencia porque, como denuncian en Ates, uno de los sindicatos convocantes, "los servicios mínimos cercanos al 100% fijados por la Delegación del Gobierno con la excusa del nivel de alerta 4 son completamente abusivos". José Ángel Sánchez, portavoz de la organización y miembro del comité de empresa, acusa también al equipo de Cristina Cifuentes de no hacer nada por solucionar el conflicto cuando, "si subcontratas, como mínimo tienes que tener una responsabilidad civil subsidiaria con tu subcontratado". El contrato con SIC y con las otras dos adjudicatarias de la seguridad -Segurisa y Ombuds- terminó el pasado 31 de julio, pero Metro acordó una prórroga con ellas mientras tramitaba el nuevo pliego de condiciones del servicio. La licitación, publicada este mes, tendrá un presupuesto de 185,7 millones de euros con una duración de cuatro años y estará dividida en cinco lotes: 1 (líneas 10 y 12), 2 (líneas 2, 5 y 8), 3 (líneas 7 y 9), 4 (líneas 1, 6 y 11) y 5 (líneas 3, 4 y Metro Ligero 1).

"Lo que ha acordado el Consejo de Gobierno es garantizar que se cumpla el convenio colectivo nacional, que es una de las grandes reivindicaciones que tenían los sindicatos del sector para evitar que hubiera sueldos que no estaban ni de lejos cerca de lo que razonablemente se cree que tiene que cobrar un trabajador", ha explicado este martes el portavoz del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, respecto al nuevo contrato de vigilantes de seguridad en el suburbano que se esta tramitando. Respecto al contrato que está en vigor, el también consejero de Presidencia ha dicho que el hecho de que una compañía subcontratada no pague a sus empleados, es "un conflicto laboral de orden interno" y que es "difícil" que la Administración pueda actuar. A su juicio, "sólo si contempla que una empresa está incumpliendo" con alguna condiciones fijadas para la prestación del servicio podría "ser sancionada".

En la Consejería de Transportes han explicado posteriormente que se está"tratando de acelerar" la adjudicación del nuevo contrato para que "entre en vigor cuanto antes", sin precisar la fecha. Mientras tanto, un tercio de la plantilla de los vigilantes de seguridad del Metro seguirá trabajando para SIC, con quien aseguran que han tenido problemas "desde el principio". Este periódico se ha puesto en contacto con la compañía canaria, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para preguntarle por el retraso en el pago, pero nadie ha respondido la llamada.

CÓRDOBA: Reconocimiento de la labor de los vigilantes en el Día de la Seguridad Privada

El subdelegado del Gobierno central en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha presidido este martes el Día de Seguridad Privada en un acto celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), en el que ha reconocido la labor de los vigilantes de seguridad con la entrega de diplomas a 93 de ellos, por su labor a lo largo del último ejercicio.

Según ha informado la Subdelegación, durante su intervención en dicho acto, al que también han acudido representantes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, Primo Jurado ha señalado que "sectores tan estratégicos para nuestra provincia como la joyería y las infraestructuras críticas tienen una dependencia muy elevada de la seguridad privada". "Del mismo modo -ha proseguido-, explotaciones agrícolas, entidades bancarias, farmacias, administraciones de lotería y establecimientos dedicados al juego, la hostelería, los locales de ocio nocturno y los monumentos visitados por el turismo se han convertido, en el actual nivel 4 de alerta antiterrorista reforzado, en puntos sensibles de ser protegidos, en primer lugar, por la seguridad privada".

Primo Jurado ha indicado que "todo esto hace que el sector que hoy representan los galardonados sea de gran importancia para la convivencia, la seguridad, la libertad y el desarrollo de nuestra provincia". Por ello, según ha añadido, la Subdelegación "mantendrá el apoyo" al sector, continuando con el trabajo que desarrolla la comisión de seguridad privada, en la están representados todos aquellos que participan del mismo, "avanzando en los asuntos preocupantes, como el intrusismo o el fraude, abordando los problemas y las posibles soluciones". En la provincia de Córdoba este sector emplea a 876 vigilantes de seguridad privada y a 14 detectives privados; también existen 40 empresas vinculadas con esta actividad y alrededor de 2.187 establecimientos están obligados a contar con este servicio. En todo el territorio nacional, la seguridad privada factura alrededor de 3.600 millones de euros y emplea a cerca de 100.000 personas.

MADRID: La comunidad dice que en los contratos de seguridad se exigirán sueldos dignos

Resultado de imagen de COMUNIDAD DE MADRID LOGOEl portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha asegurado que en los pliegos de condiciones de los nuevos contratos de seguridad para empresas de la Comunidad se exigirá que las adjudicatarias cumplan el convenio nacional y se garanticen sueldos "dignos" a los trabajadores.

Así lo ha dicho durante una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, preguntado por la situación de los trabajadores vigilantes de seguridad privada del Metro de Madrid de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), que desde hace semanas han convocado movilizaciones para protestar por sus retrasos al abonar las nóminas. Garrido ha admitido que el Gobierno no puede inmiscuirse en conflictos laborales internos, pero sí puede actuar si hay alguna vulneración concreta del contrato que mantiene con la empresa, tomando medidas para sancionarla.

No obstante, ha insistido en que en los nuevos contratos se han realizado modificaciones en los pliegos de condiciones para garantizar que las empresas se someten al convenio nacional sobre trabajadores de seguridad, que es una de las reivindicaciones de los sindicatos del sector para evitar sueldos que "no estaban ni de lejos cerca de lo que racionalmente se cree que tiene que cobrar un trabajador". "Hemos cambiado el criterio de adjudicación de todos los pliegos de contratación relativos a la seguridad para garantizar que se tenga un salario digno", ha repetido.

Desde los sindicatos de Seguridad Integral Canaria se han convocado movilizaciones y se ha llamado a la huelga de los trabajadores de seguridad de Metro después de que los empleados no cobren sus sueldos "en tiempo y forma", con retrasos en el pago de sus nóminas.

MADRID: La Comunidad destina 21,6 millones a la seguridad de sus 71 sedes judiciales

La Comunidad de Madrid va a destinar 21,6 millones de euros para los próximos dos años para el contrato del servicio de vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales adscritas a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

Según ha explicado en rueda de prensa el titular de la Consejería, Ángel Garrido, el contrato tiene posibilidad de prórroga hasta por dos años más y busca garantizar que la actividad judicial se desarrolle sin incidencias, con un control en el acceso de las personas a las sedes y con la vigilancia de los edificios. El presupuesto de licitación incluye el coste del personal que presta los servicios de vigilancia y seguridad, la posible subrogación de plantilla, el mantenimiento de los sistemas de seguridad (arcos, escáneres, sistemas de videovigilancia, sistemas anti-intrusión y sus alarmas, etc.) o una bolsa de horas para atender posibles imprevistos que puedan surgir en los juzgados. También se ha incluido la adaptación de los armeros de las 21 sedes en las que se van a prestar servicios armados.

El nuevo contrato supone una ampliación del servicio respecto al vigente, ya que se incorporan nuevas sedes como la de la Audiencia Provincial, que agrupa las secciones Civil y la de lo Mercantil; la de Fernando El Católico, 47; la de la calle Albasanz; o el nuevo juzgado de refuerzo de Hermanos García Noblejas, 37, que cuenta con entrada independiente en el edificio. Asimismo, se refuerza la seguridad en otras instalaciones, como los juzgados de Plaza de Castilla y Capitán Haya, las grandes sedes judiciales de Madrid capital; y el Instituto Anatómico Forense.

Según ha detallado Garrido, la licitación de este contrato sigue los criterios que se han establecido para la adjudicación de servicios de vigilancia y seguridad por parte de la Comunidad de Madrid, de forma que el peso del factor precio se limita a la mitad de la puntuación final y se priman otros criterios. Entre estos criterios ha citado la calidad de la prestación del servicio, la existencia y aplicación de Planes de Igualdad, Código deontológico o protocolos de tratamiento y prevención de situaciones de acoso laboral o sexual; y otros de naturaleza organizativa, como la existencia de un Plan de seguridad, la introducción de procedimientos de control e inspección del servicio o la formación para todos los vigilantes.

MADRID: La huelga en los controles de pasajeros de Barajas se aplaza ante una 'nueva oferta' de Prosegur

Los paros intermitentes tenían que haber comenzado hoy, a las cinco de la madrugada. Pero los controles de seguridad de pasajeros del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas funcionan esta mañana con normalidad. La Federación de Sindicatos Autónomos de los trabajadores de Prosegur en el gestor aeroportuario Aena ha decidido a última hora desconvocar la huelga al menos durante el puente de diciembre.

Una "nueva oferta que ha hecho la Dirección de las empresas", dicen, ha motivado la suspensión de este primer tramo de jornadas para las que habían anunciado los paros. El segundo, que comprende todas las navidades -va del 22 de diciembre al 8 de enero- aún está pendiente de decisión. De la asamblea que mañana celebrará el personal de los controles de seguridad y vigilantes de Barajas dependerá si la huelga sigue adelante o se suspende. En ella deberán votar si aceptan la propuesta que Prosegur les ha entregado por escrito. Sin embargo, no se conocerán los detalles de la misma hasta mañana, momento en que se desvelarán de cara a la votación. A ese compromiso llegaron ambas partes delante la juez que ha estudiado la denuncia interpuesta el pasado jueves por la empresa por huelga ilegal, explica a este periódico un miembro del comité de huelga.

Entre las reivindicaciones de los trabajadores se incluyen un plus de actividad de 200 euros mensuales, además de otro de radioscopia para todos los que ocupan los puestos en los filtros de seguridad; la no obligación de realizar horas extraordinarias y la racionalización de horarios y descansos. Reclaman también, entre otras cosas, medidas de conciliación familiar y que se proporcione la plantilla necesaria para cubrir descansos y relevos.

27 de noviembre de 2017

SEVILLA: Detenida una joven tras ser interceptada por el vigilante de un supermercado en el que había robado

Agentes de la Policía Local de Sevilla, según informa el Ayuntamiento hispalense, han detenido y puesto a disposición judicial a una joven de 20 años interceptada por el vigilante de seguridad de un supermercado de la Macarena, después de que robase en el interior del establecimiento.


Agentes de la Policía Local de Sevilla, según informa el Ayuntamiento hispalense, han detenido y puesto a disposición judicial a una joven de 20 años interceptada por el vigilante de seguridad de un supermercado de la Macarena, después de que robase en el interior del establecimiento. Los hechos se produjeron pasado el pasado viernes, cuando una patrulla de la Policía Local fue requerida en la calle Antonio Bueno Vallejo, en la Macarena, por un ciudadano que denunció haber visto una pelea en las inmediaciones.

Al llegar al lugar, la Policía Local observó a varias personas, entre ellas un vigilante de seguridad, que tenían retenida a una joven. El vigilante denunció haber sido testigo de cómo la joven detenida, en compañía de otra más, habían sustraído productos del supermercado en el que trabaja, ubicado en la calle Perafán de Rivera, del que se marchó sin abonarlos. Esta joven, según el vigilante, lo golpeó para conseguir escapar, produciéndole lesiones que eran apreciables e incluso arrancarle la placa con el número de identificación, aunque finalmente consiguió reducirla y calmarla, llevando entre sus pertenencias diversos productos sustraídos en el supermercado.

La Policía Local procedió entonces a su detención y puesta a disposición judicial, entregando los productos a un responsable del establecimiento, al que se le informó además de los pasos a seguir para formalizar la denuncia, así como a varios testigos de los hechos que se ofrecieron en el lugar.

UGT firma una subida para el sector de la seguridad privada más baja de lo que reclama en la negociación colectiva general


¿Considera UGT a la seguridad privada un sector de segunda?

UGT demanda en la negociación colectiva una subida salarial de al menos el 3% para 2018. El sindicato pide de inicio el máximo incremento que reclamaba para 2017 y, junto con ello, una cláusula de garantía vinculada a la inflación

Es un clamor generalizado. Hay que subir los salarios. Lo dice el propio Gobierno y lo apuntan también organismos internacionales tan influyentes como el BCE, la OCDE, el FMI o este mismo miércoles la Comisión Europea. «Se ha convertido en una exigencia económica y social innegable para todo el mundo... menos para la patronal». Así lo denunció ayer UGT, que adelantó que planteará en la mesa de la negociación colectiva una subida salarial de partida para 2018 en torno al 3%. Exigirá, además, la inclusión de cláusulas de garantía salarial en todos los convenios, esto es, vincularlos a la inflación para impedir que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Pero ésta última fue precisamente la verdadera línea roja por la que este año no se llegó a un pacto, ya que los empresarios la rechazan de forma tajante.

Así, el acuerdo se antoja de inicio más que difícil para una negociación que ni siquiera ha comenzado. Y es que aparte del escollo de la cláusula, el sindicato liderado por Pepe Álvarez quiere que el máximo de subida que plantearon para 2017 se convierta en el mínimo para 2018. Cabe recordar que tanto UGT como CC OO reclamaron incrementos de entre el 1,8% y el 3%, mientras que la CEOE llegó a ofrecer subidas de entre el 1,2% y el 2%, más medio punto adicional según la productividad del sector y de la empresa. UGT argumenta que este planteamiento que parte de un alza del 3% ha tenido en cuenta la previsión de inflación del 1,5%, un aumento previsto de la productividad real del 0,3% y un 1,2% de aumento adicional que permita recuperar en cinco o seis años el poder de compra perdido durante la crisis, que cifran en unos 7,4 puntos porcentuales de media de 2009 a 2017.

Estiman incluso que el 10% de los trabajadores con menores retribuciones vio recortado su salario real entre 2009 y 2015 un 20,5%. Es por eso que UGT también reivindica que se introduzca un salario mínimo garantizado de, al menos, 1.000 euros en todos los convenios. El sindicato socialista apunta al respecto que los aumentos de convenio han sido «mínimos» en los últimos cinco años: un 0,53% en 2013, un 0,5% en 2014, un 0,71% en 2015 y un 1,01% en 2016. Asimismo, hasta octubre, la subida salarial media pactada por convenios colectivos se situó en el 1,4%, lo que supone dos décimas menos que la inflación.

Más salario, menos cotizar CC OO, como en la negociación fustrada de este año, presentará su propuesta aparte, aunque se espera que no diste mucho de la UGT. De hecho, apuntan que ambos han hablado de elaborar una propuesta común, que partiría del alza citada del 3%. «Hay un crecimiento de la economía que supera el 3% y en esa línea tiene que aumentar la recuperación salarial», señala su secretaria de Acción Sindical, Mercedes González, que también pone de relieve que ha habido una pérdida de poder adquisitivo «muy importante», con unas rebajas de sueldos «demasiado violentas». Por eso, avisa, ahora tocan «incrementos sustanciales». «Si la patronal pretende aprovecharse de esta coyuntura (la incertidumbre catalana), vamos a tener un problema», advierte González, que ve las últimas declaraciones de la patronal «muy preocupantes».

Habla de la propuesta esta semana del presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, que subiría los sueldos solo si bajan las cotizaciones sociales que pagan los empresarios, argumentando que son un 30% superiores a las europeas y añadiendo que así crearían más empleo. UGT también critica esa demanda, que tacha de «trampa» porque las cotizaciones son parte del salario del trabajador (en este caso' diferido'). «La patronal juega a la confusión de manera interesada. Pretende hacer pasar por una subida de sueldos lo que, en realidad, sería una congelación a corto plazo y reducción en el futuro, aprovechándose del actual desequilibrio en la negociación colectiva a favor de los empresarios», denuncia Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical. Mientras, sigue sin haber fecha para constituir formalmente la mesa de negociación de la AENC para 2018. Los sindicatos lo llevan reclamando desde principios de septiembre, pero la patronal no se mueve.

CÓRDOBA: La Subdelegación del Gobierno celebra este martes el Día de la Seguridad Privada 2017

La Subdelegación del Gobierno central en Córdoba celebra este martes el VIII Día de la Seguridad Privada con un encuentro en el que se reconocen los méritos de los agentes pertenecientes a este ramo, a propuesta del Cuerpo de Policía Nacional y de la Guardia Civil, y que ahora mismo prestan servicio en activo en la provincia de Córdoba.

Así lo indicó en su momento la Subdelegación del Gobierno en una nota en la que detalló que el subdelegado, Juan José Primo Jurado, presidió la Comisión Provincial de la Seguridad Privada, que persigue fomentar la coordinación de los agentes que constituyen el sector en la provincia. Esta comisión está integrada por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sectores económicos obligados a mantener medidas de seguridad privada, empresas de seguridad y sindicatos. De ella también forman parte los expertos del sector, nombrados por el subdelegado del Gobierno, Francisco Muñoz Usano, Rodolfo Serván e Hilario Guzmán.

El subdelegado del Gobierno central en Córdoba celebró "el buen funcionamiento" de los "dispositivos encaminados a coordinar el trabajo de los diferentes agentes implicados en la seguridad, tanto pública como privada".

La Justicia condena a MC Mutual a pagar la prestación a un vigilante de seguridad en un caso de ansiedad laboral

CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi alerta de más casos similares entre los trabajadores de Prosetecnisa en el Hospital de Cruces

El Juzgado de lo Social Nº6 de Bilbao ha emitido una sentencia por la que se reconoce como accidente de trabajo el período de baja de un año, concretamente entre febrero de 2016 y marzo de 2017, que ha atravesado un vigilante de seguridad, motivo por el cual hace a la mutua MC Mutual responsable del pago de la prestación. A.M.R. pertenece a la empresa Prosetecnisa y desempeña su trabajo como vigilante de seguridad en el Hospital de Cruces. La asistencia médica que recibió el mismo día de su baja fue de crisis de ansiedad motivada por trato injusto y conflicto laboral con su jefe de equipo.

La sentencia ha considerado relevante la ubicación de los factores propiciatorios de la enfermedad, y por tanto los del período de baja, en el ámbito laboral. También se ha considerado relevante la “relación directa entre la situación estresante vivida y la clínica de ansiedad” que ha constatado la inspección médica de Osakidetza. También ha sido tenido en cuenta el informe de la Inspección de Trabajo que exige a Prosetecnisa que lleve a cabo una nueva evaluación de riesgos psicosociales y que respete de forma escrupulosa los calendarios laborales de cada trabajador, aspectos a los que Prosetecnisa no ha prestado la debida atención, lo que ha influido en la crisis de ansiedad de A.M.R.

El responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha denunciado que el cambio constante de los calendarios y cuadrantes laborales por parte de Prosetecnisa está ocasionando graves problemas también a otros trabajadores de esta empresa en el Hospital de Cruces, por lo que exige a la empresa que respete los mismos. CCOO también recuerda a Osakidetza que tiene una obligación a la hora de que las condiciones de trabajo no deterioren la salud de los trabajadores de las empresas subcontratadas, entendiendo el sindicato que se ha hecho omisión de esta obligación en el caso de A.M.R.

CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi ya hizo público en marzo de 2016 que había denunciado estas problemáticas con los cuadrantes ante la Inspección de Trabajo, debido a que los trabajadores no recibían la programación de sus turnos tal y como viene regulado en el convenio colectivo. Esto dificulta muy gravemente la conciliación de la vida laboral y familiar, sobre todo teniendo en cuenta que los cuadrantes eran modificados con plazos muy breves de antelación. CCOO de Construcción y Servicios de Euskadi también quiere recordar que en este momento hay otras cuatro personas que tienen judicializadas sus demandas a través del sindicato, casos todos ellos referidos a acoso moral y reconocimiento de la contingencia profesional por estos hechos.

GUADALAJARA: Ni botones del pánico ni seguridad: abandono de sanitarios en El Casar

Ha pasado más de un mes desde la agresión a médicos y enfermeras en el centro de salud y siguen sin llegar suficientes medios de seguridad que les permitan ir a trabajar sin miedo

Los médicos y las enfermeras del centro de salud de El Casar, en la provincia de Guadalajara, van con miedo a trabajar. Las secuelas que dejó la agresión sufrida por cuatro de los sanitarios el pasado 15 de octubre siguen estando muy presentes. Tampoco ayuda la falta de medios para impedir que vuelva a suceder algo parecido; o, al menos, así lo sienten ellos. El único logro, después de un mes y mientras el caso continúa en fase de instrucción, ha sido la sustitución de la puerta de entrada, de dos hojas de vidrio, por una cancela metálica de seguridad reforzada. "Llevábamos mucho tiempo reclamando que la puerta fuera más segura", explican trabajadores del centro a este diario. Al final, llegó hace escasos días. El personal sanitario del centro reconoce a este diario sentirse "desprotegido" y echa en falta un verdadero apoyo por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).


La madrugada del 15 de octubre dos jóvenes borrachos aparecieron en el centro en torno a las dos de la madrugada. Venían de una boda y uno de ellos requería de una cura por un corte en el dedo. En el turno de noche estaban, como es habitual en fin de semana, un par de equipos completos de urgencias: dos médicos y dos enfermeras. El joven se quejó de cómo estaba siendo atendido por la enfermera y terminó increpándola. El médico que estaba con ella le recriminó su actitud y el herido reaccionó violentamente. Comenzó un forcejeo entre el herido, su acompañante y el personal sanitario que acabó en una verdadera trifulca y con las instalaciones de la consulta destrozadas. Al médico que defendió a la enfermera le rompieron los huesos propios de la nariz, el otro presentó heridas en un ojo por una patada y ella tiene importantes secuelas psicológicas a raíz de aquella escena. La policía acudió al centro tras recibir una llamada al 112 desde el interior del centro. Pero aquella noche, insisten empleados del mismo, muchas cosas no funcionaron adecuadamente.

Así lo relatan protagonistas y compañeros de los sanitarios cuando afirman que los botones del pánico no respondían al pulsarlos. Esta herramienta, instalada en la parte inferior de los escritorios de las consultas, es un sistema de seguridad que en una situación de riesgo los empleados pueden pulsar para notificar que hay un problema a la central receptora, que enseguida se comunica con el lugar emisor y lo pone en conocimiento de las autoridades pertinentes. Trabajadores del centro aseguran que los botones han sido restablecidos hace escasos días porque aquel día, desde luego, no respondieron.

No es la única incógnita por resolver que rodea la noche de la agresión. Tampoco las cámaras de seguridad instaladas en el pasillo central del edificio dieron los resultados esperados. De hecho, según explican a este diario, no ha sido posible —al menos por ahora—recuperar las imágenes de aquella noche pese a que informáticos expertos de los servicios centrales de Toledo han procedido a su análisis. La dirección del centro lo achaca a un fallo del 'software', según relatan los empleados.

Una sucesión de malas casualidades que no han hecho más que acrecentar el miedo y la incertidumbre entre el personal sanitario de El Casar. Y sus propuestas tampoco han tenido demasiado éxito en el Sescam. Una de ellas fue la de contratar un vigilante de seguridad al menos durante un periodo de tiempo, hasta que la situación y los ánimos vuelvan a la normalidad. La sugerencia fue rechazada de inmediato por "inviabilidad económica", al tratarse de un centro de salud pequeño en el que están censadas unas 15.000 personas. Un dato que, sin embargo, no refleja la realidad de su rutina. Los trabajadores calculan que en realidad acuden unas 7.000 personas más por la cantidad de gente que viene desde municipios cercanos de Madrid como San Sebastián de los Reyes. Además, al tratarse de una zona de casas de fin de semana y veraneo, aseguran que muchos de los vecinos de pueblos cercanos como Yunquera de Henares o Algete hacen uso de ese centro de salud. Las cifras de los fines de semana lo confirman: pueden atender a una media de 60 o 70 personas sábados y domingos. "Un día malo pueden llegar a venir incluso 90".

Tampoco ha surtido efecto, al menos por ahora, la otra demanda de los médicos: incluir una persona más de enfermería en los turnos de noche entre semana. Actualmente, de lunes a viernes a partir de las 12 de la noche, en el servicio de urgencias hay dos médicos y una enfermera, mientras que en los fines de semana hay una enfermera más de guardia. El principal objetivo del reclamo es que cuando se producen salidas de urgencia ante un aviso telefónico —algo bastante habitual y a las que acuden un médico y una enfermera a municipios que están a 30 o 40 minutos de El Casar—, no se quede en el centro el otro médico completamente solo. Los trabajadores reclaman, ante lo sucedido el pasado octubre, que se garantice siempre la presencia de dos personas en el centro todas las noches. Se preguntan qué habría ocurrido si una agresión de ese tipo se hubiera producido justamente en esa situación.

Por eso, la perplejidad de los empleados se agudizó cuando pasaban las semanas y no veían una actuación contundente desde el Sescam. Precisamente este lunes les notificaron que la Junta de Castilla-La Mancha finalmente se ha personado como acusación particular en el caso —actualmente en fase de instrucción, pero que será derivado a un juzgado de lo penal—, tal y como prometió el portavoz del Gobierno autonómico, Nacho Hernando. Días después de que ocurriera la agresión, Hernando aseguró que el informe del gabinete jurídico avalaba esa decisión. Pero, hasta el momento los empleados no tenían constancia de que hubiera ocurrido.

Precisamente, la semana pasada el juez de instrucción tomó las primeras declaraciones a los agredidos y denegó la orden de alejamiento solicitada por los mismos, ya que entre ellos no existía una relación personal ni afectiva de ningún tipo. El agresor, un joven de 28 años con iniciales L. F. A. M. y antecedentes policiales por malos tratos, según publicó la Cadena SER, fue detenido por la Guardia Civil acusado de los delitos de atentado contra la autoridad —médicos y enfermeros son considerados como tal—, lesiones y desórdenes públicos. El desenlace del caso puede tardar de seis meses a dos años, según fuentes jurídicas. Pero, al día siguiente de la agresión, la vida en el centro de salud de El Casar continuó. Eso sí, con incertidumbre y malestar entre sus empleados. Y así siguen cinco semanas después.

26 de noviembre de 2017

Entrevista a Vigilante de Seguridad: “En el tren de Villabona me han llegado a agredir con intención de matarme”

El fin de semana pasado un compañero suyo perdió un ojo tras una agresión sufrida en el estadio del Atlético de Madrid. Él sigue de baja tras recibir una lluvia de piedras en la estación de tren de Villabona. “Carecemos de autoridad y sale muy barato llevarnos por delante”, asegura el vigilante.

DONOSTIA - Los vigilantes de seguridad no atraviesan su mejor momento. José Luis González está más que harto. Seguirá escayolado unos 40 días, por no hablar de las secuelas psicológicas que le deja cada agresión. “Tengo una fractura en un hueso del dedo, junto al tendón.

Es una lesión aparatosa. Todo me ocurrió por intentar evitar el impacto de una de las piedras que me lanzaron”, cuenta este cántabro que trabaja desde hace ocho años como vigilante de Seguridad en la línea de cercanías de Gipuzkoa. “La violencia se ha desatado en los últimos tres años. Carecemos de autoridad y no somos respetados. Agredirnos sale muy barato”, denuncia.

¿Cuándo empezaron las agresiones? -Siempre han existido, pero se han recrudecido durante los últimos tres años. La más violenta tuvo lugar en julio del año pasado, cuando un chico al que habíamos expulsado del tren por viajar sin billete se tomó la justicia por su mano. Cogió el siguiente tren con la idea de agredirnos, y vaya si lo hizo. Guardó una piedra de dos kilos en el gorro de una sudadera y nos la lanzó mediante una especie de lazo. Nada más abrirse la puerta del tren, sin previo aviso y por sorpresa, me golpeó con ella en la cabeza. Es el mayor susto que me he llevado. En aquella agresión en el tren hubo una clara intención de matarme, de llevarme por delante.

¿Qué secuelas le dejó? -Una cicatriz enorme en la cabeza. Sufrí un traumatismo craneoencefálico y me quedaron secuelas psicológicas de las que tardé días en recuperarme. Estuve con una ansiedad terrible. Todavía no se ha celebrado el juicio por estos hechos y, entretanto, he coincidido con el agresor en dos ocasiones en la estación de Renteria. Incluso ha tenido las agallas de dirigirse a mí, diciéndome a ver si me acordaba de él. Es una de las principales razones por las cuales nos quejamos, por la lentitud de la Justicia y el hecho de que no haya ningún tipo de medida preventiva para protegernos.

¿Ha habido más agresiones? -Ha habido otras muchas. En otra ocasión me pincharon con un objeto punzante tipo destornillador. La última fue la del 25 octubre, cuando al compañero y a mí nos arrojaron piedras desde las vías. Aquello fue el remate. Me rompieron un dedo y me abrieron otra brecha en la cabeza, que sangró abundantemente. No había manera de controlar la hemorragia y la espera hasta que llegó la ambulancia fue muy angustiosa, la verdad. Ocurrió en la estación de tren de Villabona.

¿Ha sido la última agresión? En mi caso sí, pero desde entonces hasta ahora ha habido otra agresión a un compañero en Errenteria. Le dieron un puñetazo sin previo aviso, pero consiguió recuperarse y reducir al agresor. Al parecer, el atacante fue un recluso de Martutene con antecedentes por asesinato que está en tercer grado. También ha habido otros encontronazos en la estación de Hernani-centro, cuando un viajero cogió varias piedras y amenazó con lanzárselas a los compañeros.

¿Cómo es posible trabajar en esas condiciones? -En realidad, el vigilante de seguridad carece de autoridad y no somos respetados como puede serlo la Ertzain-tza o cualquier otro cuerpo policial. Es muy barato agredirnos por ese motivo. No existe en estos casos el temor que puede suscitar atacar a un agente de la autoridad, que es mayor delito. Así, hay personas que te pueden sacar una navaja, sin miedo a las consecuencias. En muchos casos vemos que son menores, que incluso se retan entre sí a ver quién le echa más huevos para enfrentarse al vigilante, con lo que se ganan el respeto del resto.

¿Esa es una opinión suya o es algo que han podido constatar? -Es una opinión mía. Intento buscar un motivo. Vemos que provienen de familias desestructuradas y no tienen la educación de quien ha ido a la escuela.

¿Ahora está trabajando? -Sigo de baja. Estaré escayolado unos 40 días. Tengo una fractura en un hueso del dedo, junto al tendón. Es una lesión aparatosa y hay que evitar que el tendón mueva el pedazo de hueso astillado y sea necesario operar. Todo me ocurrió por intentar parar uno de los impactos de las piedras que me lanzaron.

¿Le compensa seguir trabajando en esas condiciones? -Si no fuera por necesidad, yo creo que en este trabajo no estaríamos ninguno. He visto pasar a muchísima gente en los ocho años que llevo aquí. De algunos ya no me acuerdo. Hay dos gallegos, había uno de Madrid que lo ha dejado ya. Somos tres de Cantabria, uno de Cádiz, otro de Granada... La mitad de la plantilla somos de fuera. La crisis nos ha traído aquí, hemos buscado trabajo y hemos llegado a donde nadie quiere, en concreto, al servicio de vigilancia de Renfe en Gipuzkoa.

¿Y que tiene Gipuzkoa para ser un destino tan poco apetecible? -Por lo que vemos, en las grandes urbes hay usuarios habituales mientras que aquí son muchos viajeros de paso, en una zona transfronteriza, lo que traza un perfil de viajero muy concreto.

De modo que actualmente son agentes de seguridad que se sienten inseguros... -Así es. Los recortes también han tenido mucho que ver. La dotación que tiene un agente de seguridad es una porra de goma que se dobla y que cuando la utilizas para defenderte solo pica, ni siquiera duele. Los grilletes que utilizamos son de una calidad que parecen de juguete. Esas son nuestras armas para enfrentarnos a gente que está dispuesta a todo. En algunos servicios estamos solos. ¿Qué podemos hacer cuando tres chicos se te enfrentan? Generalmente, recibir una paliza. Pedimos unos medios para podernos defender y afrontar estas situaciones, como por ejemplo chalecos antipinchazos o spray. Además, hace falta una protección jurídica porque nos vemos desamparados. Las denuncias las tenemos que poner a nivel personal. Cuando me han agredido, mi compañero y yo hemos tenido que ir a poner la denuncia ante la Ertzaintza en nuestro tiempo libre, sin cobrar.

¿Es un trabajo al menos bien remunerado? -Sin meter horas extra cobras poco más de 900 euros. De hecho, en el convenio que acabamos de firmar apenas se ha mejorado en ese aspecto. Han firmado una subida vergonzosa del 2%, y vamos a seguir sin poder llegar a un sueldo base de 1.000 euros. Dependemos de las horas extra para llegar a fin de mes. De baja lo pasamos económicamente muy mal.