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Exdirectivos de Alcor, empresa gallega que dejó sin vigilantes al SEPE en 2021, están acusados de vulnerar derechos mínimos e irrenunciables de sus empleados
Comienza en un juzgado de Monforte de Lemos (Pontevedra) el juicio contra cinco exdirectivos de Alcor Seguridad. Se trata de una de las ovejas negras del sector. Los antiguos responsables de la compañía, que ya fue denunciada por dejar sin servicio de vigilancia a varias oficinas del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) en la Comunidad de Madrid durante el año 2021, se sentarán en el banquillo de los acusados por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores. Infracciones que van más allá de la jurisdicción laboral y que serán juzgados por vía penal.
Uno de los principales acusados es Carlos Somoza, a quien la Fiscalía señala en su escrito de acusación como la persona que «ostentaba de facto la dirección y administración de la empresa» entre los años 2011 y 2015. Se enfrenta a una pena de hasta tres años y tres meses de prisión, además de diferentes sanciones o multas. «Abusando de la situación de necesidad en la que los mismos se encontraban, les imponía y mantenía unas condiciones laborales que incumplían las disposiciones legales aplicables, vulnerando de este modo los derechos mínimos irrenunciables de los trabajadores», indica el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía señala que durante la fase de instrucción han quedado acreditados sólidos indicios de que los acusados impusieron jornadas de 24 horas a los vigilantes de Alcor, sin cumplir los «descansos establecidos» por la ley, entre otras irregularidades. También habrían obligado a sus empleados a firmar papeles en blanco antes de empezar a trabajar para amparar luego los abusos a los que eran sometidos. Asimismo, añade el Ministerio Público, si querían cobrar las horas extra (a un precio «significativamente inferior» al establecido por convenio) tenían que hacer más de 200 horas mensuales de trabajo ordinario y aceptar «como requisito inexcusable para el cobro» de las mismas la «entrega previa de facturas de índole personal en las que debían de figurar el nombre y el CIF» de Alcor Seguridad.
Los testimonios contra Alcor Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce el sindicato Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) a través de la dirección letrada de Ismael Franco -del despacho ADR Abogados-, basan sus escritos de acusación en las diligencias practicadas por el juez instructor y también los testimonio de casi cuarenta extrabajadores de Alcor que fueron a declarar durante la fase de instrucción. Todos ellos, vigilantes y personal de limpieza, coincidirían en relatar pormenorizadamente los presuntos abusos laborales a los que fueron sometidos por la anterior dirección de la compañía gallega, actualmente en concurso de acreedores. «Por parte del empleador se ha abusado de la situación de necesidad de los trabajadores, a través del engaño, haciéndoles firmar en ocasiones papeles totalmente en blanco para poder después a amenazar a los empleados con el despido si no realizaban las jornadas que le imponía o si no accedía a cobrar las horas extras de la forma que la empleadora consideraba pertinente», indica el escrito de acusación de FTSP-USO.
La acusación particular, en línea con el Ministerio Público, atribuye a los responsables de Alcor también la decisión de camuflar «intencionadamente» las horas extra de los empleados, pagándolas como «dietas, kilometraje o compras de carácter privado» para «eludir el pago de las cantidades debidas a la Agencia Tributaria (AEAT) en concepto de retenciones de IRPF a sus trabajadores». La compañía se habría servido del mismo modus operandi para reducir eludir pagos a la Seguridad Social por las horas extra de sus trabajadores.
Dejó colgado al SEPE Uno de los exempleados, que responde a las iniciales de R.V.G., llegó a declarar en sede judicial que entre septiembre de 2009 y diciembre de 2014 fue obligado a realizar «jornadas maratonianas de 24 horas seguidas durante 20 o 15 días consecutivos, llegándose a quejar a su superior, Carlos Somoza, cuya respuesta era amenazante puesto que le contestaba que se buscara la vida y el trabajador, finalmente, seguía realizando dichas jornadas bajo condiciones insalubres por miedo a perder el empleo».
El mismo sindicato denunciaría también en 2021 a Alcor Seguridad, cuando se encontraba al borde de la situación concursal, por haber inclumplido un contrato público con la Comunidad de Madrid para la vigilancia de las Oficinas de Empleo del SEPE. De acuerdo a aquella denuncia, la compañía gallega dejó durante los meses de verano muchos servicios descubiertos. Es decir, sin vigilante alguno que custodiara las mencionadas oficinas de empleo autonómicas, en una época en la que se vivieron episodios de violencia hacia los empleados del SEPE por los impagos en los ERTE y otras prestaciones aprobadas por el estallido de la covid-19.
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