Noticias Destacadas SPV Sevilla


30 de noviembre de 2023

Información de SPV sobre el Pleno del Comité de Empresa de Securitas Sevilla (nov. 23)


A TODOS LOS TRABAJADORES/AS DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. DELG. DE SEVILLA

Conforme al compromiso adquirido con la plantilla, desde la Sección Sindical de SPV en Securitas Sevilla, os damos traslado de lo tratado en la reunión del Comité de Empresa celebrada el pasado 08/11/2023, para que así sea conocido por todos.

De los 17 miembros que configuran el comité asistieron 15, con las ausencias de el compañero electo por la oficina UGT y el segundo delegado de STS-A. Por parte de las secciones sindicales asistieron las 5 formaciones con representación en el comité. (CSIF, SPV, STS-A, UGT y CC.OO. Comenzó la reunión con la sustitución de un miembro del COMITÉ DE SALUD LABORAL, solicitada a petición voluntaria del cesante por motivo personales. Tras la presentación de candidatos y la consiguiente votación quedo elegido el compañero José Luis Moreno Celestino.

-Sobre el pago de las HORAS DE ASISTENCIA A JUICIOS en el pleno se comenta la disparidad de criterio utilizado por la empresa a la hora de abonar esas horas a los compañeros que tiene que asistir a los juzgados. Se dan las circunstancias que, dependiendo del servicio o el cliente para que se preste servicio, Securitas abona entre 2 a 4 horas. Se acuerda que la representación legal del comité realizará un escrito de aclaración a la dirección de la empresa y para solicitarle que unifique la forma de proceder en estos casos y que se abone a todos lo mismo, un mínimo de 4 horas por asistencia a juicio.

-Seguidamente se comenta que estamos a la espera de noticias de los CURSOS DE RECICLAJE PARA EL 2024 así como la entrega de información previa de los mismos. Estamos a la espera de esta documentación para convocar un pleno extraordinario del Comité de Empresa. También se le ha solicitado que se nos aporte el ESCALAFON de la empresa a fecha 01/01/24.

-En referencia al tema de disparidad de criterio entre la empresa y la representación de los trabajadores sobre el cálculo de pago por día de INCAPACIDAD TEMPORAL y cálculo de pago de los PERMISOS RETRIBUIDOS, los compañeros de CSIF nos indican que ya han presentado dos escritos sobre este tema a registro en la empresa, estando a la espera de la respuesta de la empresa. Se acuerda por unanimidad preparar denuncia sobre la errónea aplicación que hace Securitas sobre los permisos retribuidos (se encarga STS-A)

-Se debate en el pleno la presentación de una propuesta a la empresa para que abone un plus para aquellos casos de PENOSIDAD DE EVENTOS y el PLUS DE TRANSPORTE en servicios eventuales, refuerzos, etc. Se acuerda por unanimidad trasladar a la empresa la solicitud para que este tipo de casos especiales sean remunerados con su plus correspondiente, para la cual habría que entablar una negociación. Los compañeros de STS-A prepararán el escrito a registrar.

-Sobre la entrega de CUADRANTES ANUALES, se le va a solicitar a la empresa la entrega de esta documentación de los servicios considerados fijos y estables, conforme marca el convenio colectivo. (SPV se encargará de elaborar esta petición.)

-En el apartado de Ruegos y Preguntas, se comenta el caso de un miembro del comité de empresa que en el trascurso de una reunión fue insultado gravemente por un directivo de Securitas. Se acuerda por unanimidad elevar un escrito de protesta por la actitud inaceptable que tuvo el citado directivo. (SPV se encargará del documento).

VALORACIÓN DE SPV Se valora positivamente el ambiente de trabajo existente entre las distintas representaciones sindicales y los acuerdos que se han logrado alcanzar en esta primera reunión del comité de empresa. Al margen del resultado de las elecciones, que ha otorgado una amplia mayoría de gobierno, desde nuestra Sección Sindical continuaremos trabajando para los compañeros/as de la delegación de Sevilla, con las herramientas que nos ofrece la libertad sindical. Estamos en disposición de arrimar el hombro en el comité y aportar nuestro esfuerzo en todo aquello que consideremos que va en beneficio de la plantilla, de la misma manera que alzaremos la voz cuando creamos que las cosas no se estén haciendo bien.

Nuestro reconocimiento a los profesionales de la seguridad privada de servicio en el estadio Sánchez Pizjuán


SPV tiene como uno de sus fines reconocer, difundir y poner en valor la labor, el sacrificio y el buen hacer de los miles y miles de profesionales de la seguridad privada que operan a través del territorio español.

Los vigilantes de seguridad realizan en su día a día una función digna de destacar, una labor esencial para la seguridad de nuestro país, muchas veces invisible, otras veces duramente criticada por las tareas encomendadas siguiendo las instrucciones de empresas, clientes y FCSE. Es por ello que intentamos hacer un esfuerzo por recoger en nuestro medio de difusión todas aquellas acciones dignas de tener en cuenta por nuestros compañeros/as. Y casi a diario, damos prueba de ello.

Hoy queremos resaltar la buena labor realizada por la seguridad privada del Sánchez Pizjuán durante el encuentro de la Champions League que ayer enfrentó a los equipos del Sevilla F.C. y del PSV. A pesar de la crispación y el malestar de los aficionados al final del partido, nuestros compañeros de Prosegur supieron aguantar el tipo en unas circunstancias extremas, muy complicadas, lidiado con incidentes y aglomeraciones de personas exaltadas. Desde aquí nuestro reconocimiento a los compañeros/as que sacaron tan eficientemente su trabajo. Enhorabuena.

Visto para sentencia el juicio contra la empresa de seguridad Alcor tras ocho días de vista y diez años de instrucción

La Fiscalía suma a su petición penas de cárcel por delito de coacciones para los cinco acusados de vulnerar los derechos de los trabajadores

El Ministerio Fiscal ha solicitado este miércoles en la Audiencia Provincial de Lugo, en la última sesión del juicio contra la empresa de Alcor Seguridad por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, penas subsidiarias de entre dos años y dos años y medio de prisión para los cinco responsables de la compañía --con sede fiscal en Monforte de Lemos (Lugo)-- imputados en la causa.

La petición se ha producido en la fase de conclusiones de un juicio que arrancó el pasado martes en Lugo tras casi diez años de instrucción y el aplazamiento sufrido en el mes de junio y en el que han prestado declaración el director y los cuatro administradores de la empresa acusados, así como más de un centenar de testigos. De acuerdo a lo recogido en el escrito fiscal, los acusados habrían obligado entre los años 2011 y 2015 a más de una treintena de empleados a encadenar "jornadas maratonianas"; firmar documentos en blanco al rubricar sus contratos de trabajo; o rellenar partes de servicio con códigos diferentes en jornadas de 24 horas. Una serie de medidas de presión que vulneraban, a ojos de la Fiscalía, sus condiciones laborales.

En la última jornada del juicio, celebrada este miércoles, la Fiscalía ha añadido a su petición inicial --que establecía penas de prisión de entre dos años y medio y tres años y tres meses a los acusados por un delito contra los derechos de los trabajadores--, una segunda pena por un presunto delito de coacciones, recogido en el artículo 172 del código penal. El director de la empresa estaría expuesto de este modo a una condena subsidiaria de dos años y seis meses de prisión en "concepto de autor" de un delito de coacciones por cada trabajador agraviado; y los cuatro administradores --dos de ellos responsables de las delegaciones de la empresa en Canarias y Girona-- se expondrían a una pena de dos años de cárcel por cada trabajador en calidad de "cooperadores necesarios".

LAS PRUEBAS TESTIFICALES La acusación popular, ejercida por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) se ha adherido a las demandas recogidas en el escrito de conclusiones de la Fiscalía, pero ha solicitado una inhabilitación especial para cada uno de los acusados "para la administración o dirección de sociedades" durante el tiempo que dure la condena principal. Las defensas de los imputados, por su parte, que han tildado de "sorprendente" la nueva calificación solicitada por la Fiscalía "en el último momento y después de diez años de instrucción", han deslizado ante la jueza la posibilidad de demandar la celebración de "un nuevo juicio".

"No es un agravamiento de pena lo que pide el Ministerio Fiscal, es una calificación alternativa", ha precisado entonces la magistrada, antes de ofrecer un plazo de diez días a los letrados de las defensas para examinar la nueva imputación. Una concesión que finalmente han declinado. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han centrado sus exposiciones finales en las pruebas testificales presentadas a lo largo de todo el juicio. La Fiscalía ha resaltado que los testimonios de los agentes que prestaron declaración son "coincidentes" con lo recogido en el escrito fiscal y que sus declaraciones no pueden ser calificadas de "sesgadas, interesadas o disparatadas como denuncian las defensas".

También ha destacado la Fiscalía el hecho de que tan solo "en el 6% de las nóminas" revisadas existiese mención alguna al pago de horas extraordinarias y ha calificado como "inverosímiles" las explicaciones brindadas por los imputados acerca de la existencia de documentos en blanco en las dependencias de la empresa firmados por los trabajadores. Diez años después del inicio de la instrucción de la causa y tras casi cuatro horas de sesión en la última jornada de audiencia, el juicio contra los cinco responsables de Alcor Seguridad acusados de vulnerar los derechos laborales de más de una treintena de trabajadores ha quedado este miércoles visto para sentencia.

29 de noviembre de 2023

Multa de 73.000 euros (y subiendo) a una empresa por negarse a tener un plan de igualdad

La Audiencia Nacional ha impuesto a la empresa Aspy Prevención S.L.U. una sanción de al menos 73.000 euros por negarse a tener un plan de igualdad, tal como es obligatorio por ley. La sanción estipulada por el tribunal es progresiva, es decir, parte de esa base de 73.000 euros que deberá abonar la sociedad, pero se incrementa en 144,68 euros diarios por cada día que transcurra entre el dictado de la sentencia y hasta el momento que el plan de igualdad esté plenamente elaborado y registrado ante la autoridad laboral.

El fallo es pionero por parte de la Audiencia Nacional en tanto que establece esa pena económica cuyo importe va creciendo a medida que la compañía dilate el cumplimiento de sus obligaciones. Los magistrados castigan así a Aspy Prevención, en tanto que se ha estado resistiendo desde hace tiempo a cumplir con sus obligaciones legales. Desde marzo del 2020 todas las compañías de 250 o más trabajadores tienen la obligación de tener registrado sus protocolos para evitar que entre sus plantillas existan desigualdades por razón de género. Y desde marzo del 2023 todas aquellas de 50 o más empleados.

La Audiencia Nacional considera probado que Aspy Prevención vulneró el derecho fundamental de la libertad sindical de sus trabajadores, en tanto que se negó reiteradamente a sentarse a negociar con el Sindicato Colectivo Independiente de Trabajadores de Prevención y Salud (CITPS) para consensuar un plan normativo. Ante dicha negativa, la central recurrió al bufete de abogados Col·lectiu Ronda y acabó llevando el caso a los tribunales. A dicha demanda se adhirieron posteriormente CCOO y UGT. Carecer de un plan de igualdad es algo sancionable a ojos de la Inspección de Trabajo. Habitualmente el importe de las sanciones oscila entre 751 hasta los 7.500 euros, si bien podrían elevarse hasta los 225.000 euros si la ausencia del mismo obedeciera a la voluntad explícita de ocultar discriminaciones por razón de sexo. El grado de incumplimiento entre las compañías de este requisito legal es alto, hasta el punto de que, a fecha de marzo del 2023, dos de cada tres empresas en España carecían de un plan registrado.

SPV le pide al comité de Securitas que se movilice por las quejas sobre la mutua encargada de los accidentes laborales


Denunciamos el trato que reciben muchos compañeros/as de la delegación de Sevilla cuando tienen que acudir a la mutua concertada para para los accidentes laborales.

Desde la Sección Sindical de SPV en Securitas Seguridad España S.A. Delegación de Sevilla, entendemos que, tanto el trato denigrante que reciben muchos profesionales de Securitas por ciertos médicos de Mutua Universal Mugenat, como la pasividad y el conformismo de la empresa, deben tener una respuesta firme por parte de la representación de los trabajadores y así se lo hemos trasladado al presidente del Comité de Empresa para que tome cartas en el asunto a la mayor brevedad posible con el fin de que canalice y coordine las posibles acciones que se puedan tomar.

A la larga lista de quejas de la plantilla por el trato recibido por parte de Mutua Universal Mugenat, se une el último caso del compañero agredido cuando trabajaba como vigilante de seguridad. Desde SPV entendemos que la forma de proceder de esta mutua, actuación con un patrón repetido de la que muchos trabajadores de Securitas pueden dar fe, denota una falta total de profesionalidad, cuyo criterio profesional debiera ser ante todo velar por la salud de los trabajadores, y no mandar al accidentado a trabajar, casi sin explorarlo.

Todavía recordamos un caso que tuvimos que pelear para que el INSS le reconociera accidente laboral a un trabajador de Securitas que resultó lesionado tras tener que realizar una intervención parecida en un centro comercial, incidente que la mutua no lo consideró como accidente laboral, tras evaluar que las lesiones que presentaba no eran lo suficientemente graves como para causar baja, a pesar de tener que irse de la mutua con una lesión en la rodilla, que le impedía andar.

Desde SPV nos solidarizamos con el compañero y nos hemos puesto a su disposición para apoyarlo en cuantas medidas tenga que tomar para defender sus derechos. Nuestra representación elevará una nueva queja en el Comité de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. Entendemos que, tanto el trato denigrante que reciben muchos profesionales de Securitas por ciertos médicos de Mutua Universal Mugenat, como la pasividad y el conformismo de la empresa, deben tener una respuesta firme por parte de la representación de los trabajadores y así se lo hemos trasladado al presidente del Comité de Empresa para que tome cartas en el asunto y a la mayor brevedad posible canalice y coordine las posibles acciones que se puedan tomar.

Reforma de los subsidios por desempleo: una única prestación, nuevos beneficiarios y cambio en la cuantía

La reforma de los subsidios se cerrará las próximas semanas

La reforma de los subsidios que está preparando el Gobierno podría contemplar la unificación de estas ayudas en un único subsidio. También se cambiaría la forma de cobro y se aumentaría el número de beneficiarios.

El Gobierno de España va a modificar los subsidios por desempleo, de los que actualmente existen 1.766.424 beneficiarios en toda España. Esta modificación, que se conoce como la ‘reforma de los subsidios’, no solo se está preparando desde el Ministerio de Trabajo, sino también desde el de Economía, que tiene un fin claro: incentivar la incorporación de las personas desempleadas al mercado laboral. Las tensiones entre ambas carteras ministeriales serían más que palpables, buscando el primero ampliar el número de beneficiarios. Sin embargo, según ha adelantado ‘El País’, Trabajo sí que estaría dispuesto a graduar su cuantía y unificar todas las ayudas en un único subsidio por desempleo. A cambio, se debería extender también a los mayores de 45 años, una extensión que Yolanda Díaz anunció esta semana que tenía la intención de hacer, a expensas todavía de confirmaciones.

El siguiente cambio importante, además de esta simplificación, afectaría al modo de cobro de los subsidios. Tal como se pudo saber hace unas semanas, la cuantía de estas ayudas iría disminuyendo con el tiempo: al principio sería más alta, y se cobraría más, y después iría bajando proporcionalmente con el paso de los meses. No obstante, el Gobierno habría confirmado que la cantidad total percibida sería la misma, solo que se percibiría de forma diferente con el objetivo de fomentar la búsqueda de empleo.

Cobrar los subsidios a la vez que se trabaja: nuevas compatibilidades Del mismo modo, la reforma de los subsidios permitiría cobrar estas ayudas a la vez que se trabaja. No solo a tiempo parcial como hasta ahora, sino también con un empleo a tiempo completo. Se podría hacer durante un tiempo y, como ya explicaron algunos abogados laboralistas, guarda también una letra pequeña: aquellos que se encuentren en esta situación, tendrían que ajustar correctamente el IRPF al tener dos pagadores (el SEPE y el empleador), ya que de lo contrario podría salir a pagar en la declaración de la Renta.

Otro cambio que se ha adelantado es el refuerzo del compromiso de actividad. Para ello, se reforzarían los servicios públicos de empleo, para que exista más vigilancia y conseguir un apoyo mayor al parado, tanto para formarlo como para orientarlo. Hay que tener en cuenta que, actualmente, sí que están obligados a firmar este acuerdo de actividad. Bajo el mismo, tienen la obligación de “participar en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que establezcan los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación, aceptar la colocación adecuada que los servicios públicos de empleo o dichas agencias le hayan ofrecido” y “buscar activamente empleo y participar en acciones para aumentar las posibilidades de ocupación que, en su caso, indiquen los servicios públicos de empleo competentes, dentro de un itinerario de inserción”. El problema es que, en la práctica, estos compromisos no se materializan. No existen itinerarios de inserción personalizados ni ofertas de formación, por lo que realmente se queda en una mera firma. Conseguir un compromiso real, enfocado a la búsqueda activa de empleo, es lo que se buscaría con esta modificación.

Un objetivo que, no obstante, podría parecer que perjudicaría a los trabajadores con más problemas de reinserción laboral (como son los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años). No obstante, desde el Gobierno entienden que aquellas personas con una vulnerabilidad mayor, y más problemas para encontrar trabajo, están amparadas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es una ayuda de la Seguridad Social diseñada para garantizar unos ingresos mínimos.

La reforma se cerrará en “las próximas semanas” La reforma de los subsidios se debería haber aprobado a finales de 2022, siendo uno de los pactos establecidos con Bruselas para recibir el pago de los fondos europeos. Las tensiones entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo habrían sido el principal motivo de su retraso. Sin embargo, tal como anunció el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, este lunes, se cerrará en “las próximas semanas”. Será entonces cuando se redactará el Real Decreto Ley con todos los detalles.

García también destacó el importante papel que tendría el refuerzo del compromiso de actividad, buscando aumentar el control sobre los desempleados que rechazan una oferta de empleo. En este sentido, según los informes de la OCDE, España es uno de los países donde menos se exige a los parados buscar empleo, siendo uno de los motivos por los que se estaría trabajando en este punto en la reforma.

BURGOS: Ayuntamiento tiene que contratar seguridad para que la secretaria pueda trabajar

El Ayuntamiento de Padrones de Bureba invertirá unos 10.000 euros anuales en un servicio de vigilancia privada que, según el alcalde, Miguel Ángel García, ampara a la funcionaria del «acoso, insultos y amenazas de un vecino»

El Ayuntamiento de Padrones de Bureba se ha visto obligado a contratar un servicio de seguridad como «consecuencia del acoso que sufre la secretaria por parte de un vecino y los insultos y amenazas que este vierte sobre ella», justifica el alcalde, Miguel Ángel García. Desde el 21 de agosto un vigilante acude todos los lunes al edificio consistorial y permanece fuera del despacho de la funcionaria desde las 9 horas hasta las 11.30 mientras esta realiza sus labores y atiende a la ciudadanía.

Este servicio, aprobado en el Pleno con dos votos a favor y uno en contra, supondrá un gasto de 163 euros más IVA por jornada, en torno a 10.000 euros anuales. «Es dinero pero el bienestar de la secretaria está por encima. Ella trabaja en otros ayuntamientos de la zona y me han avisado de que el nerviosismo y la tensión generada en las oficinas de Padrones repercute también en el resto. Esta situación no podía continuar y decidimos tomar esta decisión», añade García.

Prosegur gestiona una cifra de negocio de 3 millones de euros desde su centro especial de empleo en Madrid

Ha incorporado prácticas sostenibles como el reciclaje de 15.000 unidades de uniformes

El Centro Especial de Empleo Aprocor-Prosegur, en Madrid, destaca por la integración laboral de personas con discapacidad intelectual, a la vez que mejora la cadena logística de Prosegur. Fruto de la colaboración entre la compañía y la Fundación Inclusión y Apoyo Aprocor, es un referente en inclusión laboral y logística.

Fue creado en 2007 y desde 2014 ha experimentado un fuerte crecimiento. Opera en tres países y gestiona más de 150 delegaciones de la compañía. Con una gestión de compras de 2,6 millones de euros y una cifra de negocio de 3 millones de euros, evidencia la eficacia de una estrategia empresarial inclusiva.

Papel crucial en la gestión de la uniformidad El centro cumple un papel crucial en la gestión de la uniformidad de Prosegur en Europa, abarcando desde la recepción y almacenamiento hasta la distribución, reciclaje y destrucción de los materiales. Esta gestión eficiente no solo ha optimizado el control de pedidos y stock, sino que también ha incorporado prácticas sostenibles, como se demuestra en el reciclaje de 15.000 unidades de uniformes, reflejando un ahorro económico significativo y un compromiso con la sostenibilidad

Leticia Avendaño Martínez-Clavel, directora de la Fundación Inclusión y Apoyo Aprocor, resalta las ventajas de la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el trabajo y señala: “La integración de este colectivo no es solo una cuestión de equidad, sino también una fuente de beneficios concretos para las estructuras empresariales”. Además, subraya la importancia de proporcionar acceso a formación en herramientas tecnológicas y procesos logísticos, fomentando así una auténtica inclusión laboral.

A pesar de que la contratación de personas con discapacidad en España aumentó un 8% en 2022, solo el 24% cuenta con un empleo activo, lo que aumenta la relevancia de iniciativas como la de Prosegur-Aprocor. Esta colaboración ha sido transformadora en el empleo y la calidad de vida de sus trabajadores, ofreciendo formación laboral adaptada a las nuevas tecnologías y acceso a empleos ordinarios.

Francisco Berral, director global de Compras y Gestión de Medios de Prosegur, destaca la eficacia y el valor de la colaboración: “En Prosegur valoramos nuestra colaboración con el Centro Especial de Empleo Aprocor-Prosegur como un componente integral de nuestra red logística. Esta alianza nos ha permitido manejar eficientemente el envío de 15.000 paquetes al año, abarcando un total de 40.000 unidades y la gestión de 1.500 referencias. La eficiencia y precisión que hemos logrado a través de esta cooperación demuestra cómo las asociaciones estratégicas pueden potenciar nuestras operaciones, manteniendo al mismo tiempo un compromiso con la inclusión” Este centro especial de empleo es una muestra de cómo la diversidad y la inclusión pueden ser motores de éxito empresarial. La alianza no solo ha generado un cambio significativo en el ámbito laboral, sino que también ha redefinido el papel de las empresas en la creación de una sociedad más inclusiva y sostenible.

28 de noviembre de 2023

RED AZUL INFORMA: La AEPD publica una guía sobre la utilización de datos biométricos para el control de presencia y acceso

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado la Guía Tratamientos de control de presencia mediante sistemas biométricos, un documento que fija los criterios para la utilización de la biometría para el control de acceso, tanto con fines laborales como no laborales, estableciendo las medidas que tenerse en cuenta para que un tratamiento de datos personales que utilice esa tecnología cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entre otras normativas.

Los sistemas biométricos y el tratamiento de los datos que se pueden obtener a partir de ellos están evolucionando muy rápidamente. Los nuevos sistemas aumentan el detalle de la información recogida e incluso permiten la posibilidad de recoger información sin la cooperación de la persona, que en ocasiones ni siquiera es consciente de ello. A ello se suma el desarrollo de la inteligencia artificial, que puede utilizarse para inferir información adicional sobre las personas.

La Agencia considera el tratamiento de datos biométricos, tanto para identificación como para autenticación, como un tratamiento de alto riesgo que incluye categorías especiales de datos. Tal y como establece el RGPD, para poder tratar esas categorías es necesario que exista una circunstancia que levante la prohibición de su tratamiento y, además, una condición que lo legitime.

En el caso de registro de jornada y control de acceso con fines laborales, si el levantamiento de la prohibición se basa en el artículo 9.2.b) del RGPD, el responsable debe contar con una norma con rango de ley que autorice específicamente utilizar datos biométricos para dicha finalidad. La Agencia especifica que, en el marco de estos tratamientos, el consentimiento no puede levantar la prohibición o ser una base para determinar la licitud de este, al existir un desequilibrio entre la persona a la que se somete al tratamiento y quien lo está llevando a cabo.

En el caso del control de accesos fuera del ámbito laboral, el consentimiento tampoco podrá ser una circunstancia que levante la prohibición, al ser un tratamiento de alto riesgo, y no superar el requisito de necesidad (artículo 35.7.b). La Guía también establece restricciones en los tratamientos biométricos realizados para el control de presencia cuando se toman decisiones automatizadas sin intervención humana que tengan efectos jurídicos sobre la persona o le afecten significativamente de modo similar. En todo caso, la Guía precisa que, en caso de pretender captar datos biométricos, de forma previa al inicio del tratamiento, será obligatoria la realización de una Evaluación de Impacto para la Protección de Datos en la que, entre otros aspectos, se acredite la superación del triple análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad del tratamiento.

Los vigilantes de seguridad de los centros comerciales no pueden actuar en el interior de las tiendas si se producen hurtos


Hurtos, agresiones, vómitos, defecaciones, orines y relaciones sexuales. A estos retos son a los que se tienen que enfrentar los dependientes de las tiendas de ropa que acuden cada día a su jornada laboral con el objetivo de atender al cliente, mantener el local limpio y ordenado, cobrar en caja, reponer o planchar.

Es más, hace unos días se hizo viral un vídeo en redes sociales en el que una mujer perdía los nervios en una tienda de Bershka en Burgos. Comenzó a destrozar todos los expositores con ropa, tiró todo lo que se encontraba a su paso al suelo y fue reducida por los propios clientes. Las dependientas pedían que llamasen a la Policía. Y aunque en estos asuntos suele intervenir el vigilante de seguridad, lo cierto es que a partir de ahora, aquellos que trabajen en centros comerciales no podrán actuar en el interior de la tienda si se está produciendo un hurto.

Esta decisión es consecuencia de una reunión que mantuvieron profesionales del sector con la Unidad Central de Seguridad Privada de Policía Nacional -que es quien regula lo relativo a las funciones de vigilantes de seguridad- tras las inspecciones realizadas en centros comerciales donde se han levantado diversas actas, explica un comunicado al que ha tenido acceso Confilegal. Incluso la posible intervención que se pueda dar en zonas comunes deberá ir acompañado de una buena justificación y de pruebas fehacientes de la comisión de un delito, como, por ejemplo, el contenido de las cámaras de seguridad o la intención del local de interponer una denuncia.

HAY EXCEPCIONES Pero hay excepciones. Podrán actuar si son testigos directos de un delito “in fraganti”, si hay un riesgo real para la integridad de una persona física, una amenaza, una incidencia sanitaria o un aviso de bomba. Por lo que tendrá que modificarse la normativa y la Ley 5/2014, de Seguridad Privada. Esta nueva forma de actuar se implantará, en principio, en todas las Comunidades Autónomas menos en Cataluña y País Vasco porque tienen delegadas las funciones de seguridad privada en las policías autonómicas.

En caso de que una tienda avise sobre un hurto, tendrán que llamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y si la persona se da a la fuga por todo el centro comercial, podrán detenerle en las zonas comunes hasta la puesta a disposición de la policía si el comercio tiene pruebas de ese hurto o robo y presenta una denuncia. Si es necesario, le trasladarán al cuarto de intervenciones para asegurar la integridad física y moral del detenido.

TESTIMONIOS DE DEPENDIENTES Irene trabajó en una tienda de ropa situada en la Gran Vía madrileña durante más de 7 años, tiempo en el que vivió un sinfín de anécdotas que se veían incrementadas por estar en una zona muy céntrica con un alto trajín de gente. Cuenta que durante una jornada de Black Friday, mientras estaba cobrando en caja, una clienta que aparentemente iba “con unas copas encima” no se aguantó las ganas de vomitar. Lo hizo sobre la encimera. Tuvieron que limpiarlo las propias dependientas y aguantar el fuerte olor durante días. Incluso ese mismo día, pero de un año distinto, recibieron la visita de Greenpeace. Los activistas irrumpieron varios comercios de la citada calle empapelando escaparates y pegándose a ellos con ventosas para denunciar los efectos sobre el medio ambiente del consumismo en campañas como el Black Friday las rebajas.

Otra de las experiencias que vivió fue la de «pillar» a gente hurtando o robando cuyos perfiles eran muy variopintos. Por ejemplo, personas que aprovechaban la ausencia del vigilante de seguridad para coger montones de ropa que estaban doblados en mesas cercanas a la entrada para salir corriendo con ellas; mujeres mayores que se metían los collares dentro de la faja u hombres bien trajeados y perfumados que eran unos expertos en “este mundillo”.

«A veces también te insultan porque no les gusta cómo lo haces o porque tardas un poco más de la cuenta en traerles la camiseta por el alto volumen de clientes. Te dicen que si no te gusta tu trabajo, tendrías que haber estudiado. Pero lo que no sabían es que la mayoría teníamos idiomas, carrera y máster. Pero aún sin tenerlos, es un trabajo muy digno y debe ser respetado, no siempre el cliente tiene la razón». Pero las anécdotas no acaban aquí. Javier estuvo alrededor de dos años trabajando en unos grandes almacenes y se encontró cosas tan desagradables como pis en el ascensor, heces y compresas en los probadores y, en este mismo sitio, parejas manteniendo relaciones. «A veces es muy vergonzoso tener que vivir estas situaciones».

Grupo Control ofrece ventajas para adecuarse a la actual Normativa de Seguridad Privada

Es crucial estar al tanto de las modificaciones en las regulaciones que rigen este sector

El mundo de la seguridad privada está en constante evolución para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. En este sentido, es crucial estar al tanto de las modificaciones en las regulaciones que rigen el sector de la Seguridad Privada.

En 2011 entró en vigor la Orden INT/316/2011, que regula el funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada en España, y se estableció un plazo que se demoró en varias ocasiones y que finalmente vencerá el próximo 31/12/2023. Esta normativa, tiene como objetivo fortalecer la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas de alarma utilizados por empresas y profesionales en el sector de seguridad privada, pero es responsabilidad de los propietarios de estos sistemas, debiendo adecuarlos de forma inminente para poder mantener sus servicios de seguridad en activo, y para ello, Grupo Control ofrece a sus clientes numerosas ventajas para renovar y adecuar a la normativa mencionada de forma ágil y económica.

Entre las disposiciones clave de la Orden INT/316/2011 se encuentran: Requisitos técnicos rigurosos: La normativa establece criterios técnicos detallados que los sistemas de alarma deben cumplir para garantizar su correcto funcionamiento y su capacidad de respuesta en situaciones de emergencia.

-Regulación de Centrales Receptoras: La orden regula el funcionamiento de las centrales receptoras de alarmas, que son responsables de recibir y gestionar las señales de alarma. Esto incluye plazos para la verificación y respuesta a las alarmas, lo que es crucial para la efectividad de los sistemas. Grupo Control ha invertido en tecnología para ofrecer una respuesta más rápida y efectiva a las señales de alarma, protegiendo lo que más importa.

-Documentación y registro obligatorio: La nueva normativa exige mantener registros detallados y documentación (libro de revisiones y mantenimientos) sobre el funcionamiento de los sistemas de alarma que los propietarios de los inmuebles asegurados deben mantener en custodia. Esto no solo garantiza el cumplimiento, sino también la transparencia en nuestra labor de proteger a nuestros clientes.

-Responsabilidades profesionales claras: La normativa define las responsabilidades de los profesionales del sector de seguridad privada en relación con los sistemas de alarma, asegurando que cuenten con la formación y la capacitación necesarias para manejarlos de manera adecuada. En Grupo Control, nos aseguramos de que nuestro equipo esté plenamente capacitado para cumplir con las responsabilidades establecidas en la normativa. La formación y la excelencia profesional son nuestros pilares.

La implementación de esta orden es un paso significativo para fortalecer la seguridad en el ámbito de la seguridad privada en España. Garantizar el funcionamiento eficiente y confiable de los sistemas de alarma es esencial para la protección de personas y propiedades en un mundo en constante cambio.

Eviden, Vodafone y Securitas se unen para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género con una plataforma IoT

Eviden, empresa del grupo Atos, como partner estratégico de Vodafone Business, será el responsable del desarrollo de las nuevas funcionalidades de la plataforma tecnológica que será la base del sistema de seguimiento telemático para el cumplimiento de penas de violencia de género que el Ministerio de Igualdad ha adjudicado a la UTE Vodafone-Securitas

El servicio telemático ofrecerá un seguimiento integral del cumplimiento de las medidas cautelares y de alejamiento en casos de violencia de género y de violencia sexual, protegiendo a estas personas en grave situación de vulnerabilidad. Vodafone, con la participación de Eviden, ha diseñado la solución tecnológica de la propuesta, que incluye el procesamiento de datos de conectividad y de comunicaciones para los dispositivos, el desarrollo de la aplicación instalada en los smartphones y la plataforma digital que gestiona todo el servicio y recoge la información de todos los dispositivos, desde donde se gestiona la localización, las distancias entre agresores y víctimas, las alertas que pueda haber, etc…

Eviden es el partner de referencia responsable de los desarrollos y evolución de la plataforma IoT de Vodafone, denominada Vodafone Invent, habiendo diseñado conjuntamente con el operador a lo largo de estos años diferentes verticales encaminadas a cubrir las necesidades de negocio en este campo de sus clientes empresariales (telemetría, eficiencia energética…). Una de las verticales más avanzadas de la plataforma es la dedicada a Teleasistencia, que será la base sobre la cual construir la solución específica para el servicio adjudicado por el Ministerio, reaprovechando toda la funcionalidad previamente disponible en la misma y enriqueciéndola con las funcionalidades específicas que requiere el nuevo sistema, desde la gestión de órdenes de trabajo, la monitorización de las penas, el análisis de datos, la jerarquía de usuarios o el vínculo entre agresores y víctimas.

Las funcionalidades que se implementarán por Eviden no sólo están dirigidas al mantenimiento de las prestaciones actuales, sino, adicionalmente, a una mejora tecnológica de un servicio que es clave para ayudar a erradicar este gran problema social. En este sentido, cabe resaltar que el software ofrecerá la posibilidad de asignar a una persona más de un dispositivo, para casos en los que hay más de una víctima de un único agresor o más de un agresor para una única víctima, sin que sea necesario que el agresor y la víctima lleven más de uno; así como otras novedades tales como la posibilidad de asignar un botón del pánico para las víctimas, que les permitirá emitir una alerta con un breve toque y sin necesidad de sacar el smartphone en ningún momento.

Por su parte, Securitas se encargará de instalar, mantener y monitorizar el conjunto del servicio desde un Centro de Control dedicado y securizado, ubicado en el Securitas Operation Center (SOC). Más de 100 operadores especialmente formados gestionarán las señales emitidas por los dispositivos, haciendo uso de la plataforma desarrollada, bajo los más estrictos controles y protocolos de comunicación y en permanente colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con los juzgados que gestionan la aplicación de esta medida de protección a las víctimas.

La adjudicación, realizada por el Ministerio de Igualdad, incluye el plan de transición de salida del servicio (cambio de proveedor), la provisión del servicio telemático en los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como la gestión de 11.431 dispositivos. La propuesta hecha por Vodafone y Securitas contribuye a una menor estigmatización de las víctimas y mejora parámetros como la duración de la batería, la capacidad de almacenamiento de datos y resistencia de los dispositivos, que serán 'rugerizados' para soportar condiciones extremas. Asimismo, dispondrán de otros sistemas de localización diferentes al GPS, como la red Narrowband IoT de Vodafone.

Muerde y agrede a unos vigilantes que le pillaron robando una garrafa de aceite de una tienda de Granada

El detenido es un varón de 27 años y nacionalidad española con numerosos antecedentes policiales

Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido a un varón de 27 años y nacionalidad española, el cual posee numerosos antecedentes policiales, como presunto autor del robo de una garrafa de aceite después de haber sido sorprendido y perseguido por los vigilantes de un centro comercial. Dichos vigilantes fueron insultados, amenazados de gravedad y agredidos por el presunto autor hasta la llegada de los agentes de policía. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y media de la tarde en un conocido centro comercial del distrito Norte de la capital. Fue en ese momento y lugar donde los vigilantes de seguridad de dicho establecimiento detectaron a un individuo que sobrepasaba la línea de cajas portando una garrafa de aceite de cinco litros, valorada en cerca de 45 euros, sin efectuar el pago de la misma y huyendo del lugar a la carrera.

Dos vigilantes del mencionado centro comercial comenzaron la persecución del presunto autor logrando darle alcance instantes después en un parque cercano, intentando a continuación refugiarse en un bar del que fue expulsado y estableciéndose en ese momento un forcejeo entre los tres. Durante el forcejeo los dos vigilantes fueron amenazados de muerte, recibiendo numerosos golpes en distintas partes del cuerpo y un mordisco, además de patadas, consiguiendo el presunto autor incluso arrancar pelos del cuero cabelludo de una de los actuantes. Debido a la agresividad de este individuo los vigilantes de seguridad tuvieron que solicitar el auxilio de un tercer vigilante, hasta la llegada de los agentes policiales, para conseguir aplacarle y retenerle.

27 de noviembre de 2023

Los vigilantes de seguridad del CRMF de Lardero y del CCR de Logroño llevan sin cobrar desde abril

UGT ha denunciado el impago de nóminas de Pretoria Seguridad, adjudicataria de la vigilancia de estos dos centros de trabajo dependientes del IMSERSO y del Ayuntamiento de Logroño.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de La Rioja denuncia públicamente “la deplorable situación por la que están atravesando los vigilantes de seguridad de la empresa Pretoria Seguridad en La Rioja, desde abril de 2023 sin cobrar sus nóminas”. Así, tal y como relata UGT, la empresa cuenta en nuestra comunidad con 6 trabajadores en dos centros de trabajo: el CRMF de Lardero, dependiente del IMSERSO, y el Centro de Cultura del Rioja, dependiente del Ayuntamiento de Logroño. Ambos servicios adjudicados mediante concursos públicos en los que ha primado la oferta económica más baja.

La empresa Pretoria Seguridad, con sede en Sevilla, acumula desde hace meses deudas con Hacienda, con Seguridad Social y con sus trabajadores, a los que no paga desde abril. Se trata de una situación insostenible para los trabajadores, que siguen acudiendo a sus puestos de trabajo sin que la empresa ni las administraciones involucradas les aporten ninguna solución.

FeSMC UGT ya procedido a poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo de La Rioja el impago de las nóminas a los vigilantes y, al mismo tiempo, se ha procedido a tramitar las correspondientes reclamaciones de cantidades ante la jurisdicción social. Los trabajadores no descartan cualquier otra iniciativa legal o movilización en defensa de sus derechos contra Pretoria Seguridad, en caso de que la situación persista.

¿Es legal que la empresa o mutua contraten a un detective privado para una baja laboral?

La respuesta es sí, es legal que tanto la empresa como la mutua contraten a un detective privado para investigar una baja laboral, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se respeten los derechos del trabajador

En el mundo laboral, una baja por enfermedad o incapacidad temporal puede generar dudas y sospechas tanto para la empresa como para la mutua de accidentes de trabajo. Por ello, surge la interrogante: ¿Es legal que la empresa o mutua contraten a un detective privado para investigar una baja laboral? Captum Detectives crea un artículo en el que explican la legalidad, las implicaciones y las situaciones en las que podría ser necesario recurrir a un detective privado en estos casos.

¿Es legal contratar a un detective privado en casos de baja laboral? La respuesta es sí, es legal que tanto la empresa como la mutua contraten a un detective privado para investigar una baja laboral, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se respeten los derechos del trabajador. La Ley de Seguridad Privada regula la actividad de los detectives privados en España, y permite su contratación en casos de presunta irregularidad en las bajas laborales.

Requisitos para la contratación de un detective privado en el caso de una baja

Para que la contratación de un detective privado en casos de baja laboral sea legal, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

-Existencia de sospechas fundadas: La empresa o mutua deben tener indicios o sospechas razonables de que el trabajador podría estar incurriendo en un fraude al solicitar la baja.

-Contratación de un detective habilitado: El detective privado debe contar con la licencia y habilitación correspondiente, otorgada por el Ministerio del Interior.

-Respeto a los derechos fundamentales: El detective no debe vulnerar los derechos fundamentales del trabajador, como la intimidad, el honor y la propia imagen, durante la investigación.

¿Cuándo es conveniente contratar a un detective privado en casos de baja laboral? En general, la contratación de un detective privado en casos de baja laboral se justifica cuando existen indicios o sospechas de que el trabajador podría estar fingiendo una enfermedad o incapacidad, o cuando se sospecha que realiza actividades incompatibles con su estado de salud durante la baja. Algunos ejemplos de situaciones en las que podría ser conveniente recurrir a un detective privado son:

-La empresa o mutua tienen información de que el trabajador realiza actividades laborales en otra empresa durante su baja.

-El trabajador presenta bajas frecuentes o prolongadas sin justificación médica aparente.

-Existen discrepancias entre el diagnóstico médico y el comportamiento del trabajador en su vida privada.

Consecuencias para el trabajador en caso de fraude Si la investigación llevada a cabo por el detective privado demuestra que el trabajador ha cometido fraude al solicitar la baja laboral, la empresa o mutua podrían tomar medidas legales, que incluyen:

-Despido disciplinario por parte de la empresa.

-Reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios.

-Sanciones administrativas o penales en casos de fraude a la Seguridad Social.

En resumen, la contratación de un detective privado en casos de baja laboral es legal siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se respeten los derechos fundamentales del trabajador. Es fundamental que tanto la empresa como la mutua actúen con responsabilidad y prudencia al tomar esta decisión, y que se basen en sospechas fundadas antes de proceder con la investigación.

Por último, es importante recordar que, en caso de comprobarse un fraude por parte del trabajador, este podría enfrentar consecuencias legales, como el despido disciplinario o sanciones administrativas y penales. Por lo tanto, el recurso a detectives privados en casos de baja laboral debe ser considerado como una herramienta de última instancia para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema laboral y de la Seguridad Social.

GRANADA: Detenido tras robar una garrafa de aceite de oliva de un centro comercial y agredir a los vigilantes de seguridad

Los vigilantes fueron insultados, amenazados de gravedad y agredidos por el presunto autor hasta la llegada de los policías. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 27 años, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor del robo de una garrafa de aceite después de haber sido sorprendido y perseguido por los vigilantes de un centro comercial del distrito Norte (que la Policía no especifica). Los vigilantes fueron insultados, amenazados de gravedad y agredidos por el presunto autor hasta la llegada de los policías. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y media de la tarde en un conocido centro comercial del distrito Norte de la capital. Los vigilantes de seguridad detectaron a un individuo que sobrepasaba la línea de cajas portando una garrafa de aceite de oliva de cinco litros, valorada en cerca de 45 euros, sin efectuar el pago y huyendo del lugar a la carrera.

Dos vigilantes comenzaron a peserguirlo y le dieron alcance instantes después en un parque cercano. El individuo intentó a continuación refugiarse en un bar del que fue expulsado y comenzó un forcejeo con los vigilantes, durante el cual fueron amenazados de muerte, recibieron numerosos golpes en distintas partes del cuerpo y un mordisco, además de patadas, e incluso el presunto ladrón arrancó pelos del cuero cabelludo de una de los vigilantes. Debido a la agresividad de este individuo los vigilantes de seguridad tuvieron que solicitar el auxilio de un tercer vigilante, hasta la llegada de los agentes policiales, para conseguir aplacarle y retenerle. Una vez en el lugar, los policías recuperaron la garrafa y llevaron a cabo la detención del presunto autor, el cual ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

FUENTE: elindependientedegranada.es AQUÍ

Denunciados una constructora y un falso vigilante de seguridad de una obra en Badajoz

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial de Badajoz, han propuesto para sanción a un falso vigilante de seguridad que actuaba en una obra en Badajoz, así como a la constructora responsable de la misma.

La investigación empezó el pasado mes de marzo tras una denuncia interpuesta en la Unidad de Seguridad Privada en Badajoz, que inició la citada investigación mediante la realización de vigilancias, inspecciones y actas de declaración. El supuesto vigilante, que no cuenta con habilitación ni permiso oficial, prestaba los servicios de vigilancia en una obra situada en la barriada de San Fernando en horario nocturno y los fines de semana, cuando no había actividad, evitando así intrusiones y robos que pudieran causar daños a la empresa constructora, que utilizaba los servicios de esta persona sin haber formalizado el correspondiente contrato de trabajo, informa la Policía Nacional en una nota de prensa.

Por tales hechos y según la vigente la Ley de Seguridad Privada se propone para sanción al presunto responsable con una multa de entre 6.000 y 30.000 euros, proponiendo a la empresa constructora para una sanción de entre 20.000 y 100.000 euros por utilizar personal de seguridad sin habilitación por parte del Ministerio del Interior. La Unidad Territorial de Seguridad privada continuará realizando cuantas actuaciones sean necesarias para sancionar todas aquellas actuaciones que infrinjan la Ley de Seguridad Privada.

26 de noviembre de 2023

PALMA: La seguridad privada del hospital de Son Espases colabora en el esclarecimiento del robo de unos patinetes eléctricos


Detenido por robar patinetes en el hospital Son Espases

El acusado sustraía los vehículos para luego venderlos por unos 100 euros

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 48 años que se dedicaba a robar patinetes eléctricos en el hospital Son Espases, en Palma. El sospechoso vendía luego los vehículos por 100 euros. Los hechos ocurrieron el pasado viernes de madrugada, cuando una trabajadora del hospital fue a recoger su patinete en un lugar que tienen habilitado los trabajadores para estacionarlos durante su jornada laboral. La mujer no encontró el vehículo y avisó al servicio de seguridad del centro.

Una patrulla de la Policía acudió a Son Espases y, tras entrevistarse con los vigilantes de seguridad, realizaron una batida por la zona. Los policías comprobaron que había tres patinetes en la planta inferior agrupados y con un candado. Hallaron otro patinete en la zona de urgencias y localizaron al presunto autor de los robos. Tras cachear al sospechoso, encontraron una llave que abría el candado de los patinetes que estaban agrupados, por lo que fue detenido en ese mismo momento. El acusdado confesó a los agentes que en verano hurtaba bicicletas y ahora se dedicaba a sustraer patinetes para luego venderlos por la zona por 100 euros, ya que necesitaba el dinero.

PAMPLONA: La rapida intervención de la seguridda privada de la Ciudad del Transporte evita la propagación de un fuego

 
Extinguido el incendio en dos furgonetas estacionadas en Imárcoain

El aviso se ha recibido a las 8:06 horas y no ha habido ningún herido

Bomberos de Cordovilla han extinguido esta mañana un incendio en dos furgonetas estacionadas en la calle Reino Unido en la Ciudad del transporte de Imárcoain. El aviso se ha recibido a las 8:06 horas y la rápida intervención de los vigilantes de seguridad de la Ciudad del Transporte Pamplona y de los bomberos ha impedido que el fuego se extienda a más vehículos y se produzcan heridos. Al lugar ha acudido también Policía Foral y no ha habido daños personales.

Encarna Ortiz: «Las empresas de seguridad privada de la Región de Murcia vendemos confianza»

«Somos un ejemplo de superación por lo que nos exige la ley, la tecnología y la cualificación»

¿Cuáles son los principales impulsores de crecimiento de las empresas de seguridad privada de la Región de Murcia? Nuestros vectores de desarrollo son la formación, la tecnología y una mayor colaboración con las instituciones públicas. De optimizar esas tres magnitudes depende la competitividad de nuestras empresas. Desde ARESMUR, junto con la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), incidimos en esas tres variables con cursos adaptados a las necesidades reales de nuestras empresas; impulsando la innovación y la digitalización a través de su Oficina Acelera Pyme; y propiciando el contacto permanente con nuestras autoridades para impulsar la colaboración público-privada con actos como el Día de la Seguridad Privada. Todo ello nos permite mejorar en lo que son nuestras dos grandes líneas de negocio: vigilancia e instalación de sistemas de alarma.

¿Cómo trabaja ARESMUR en colaboración con las autoridades locales y regionales para fortalecer la seguridad? Todas nuestras empresas trabajan codo con codo con las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto estatales como locales. La colaboración es obligatoria por ley y necesaria por convicción. Nosotros aportamos información y participamos directa y activamente en que nuestra región sea cada día más segura. La sintonía es total.

¿Cómo aborda la Asociación la formación y el desarrollo profesional de los 3.780 trabajadores en el sector de seguridad en la región? Priorizando la formación continua y adaptando los programas educativos a las últimas tecnologías y prácticas de seguridad. Disponer de personal altamente capacitado en un sector en constante evolución es, sin duda, uno de nuestros principales retos. Hay que tener en cuenta que ‘vendemos’ confianza y, por ello, nuestros profesionales deben transmitir conocimientos y realizar su trabajo buscando la excelencia global.

¿Cómo contribuye ARESMUR a la creación de empleo y al impulso económico? Las empresas de seguridad privada han ido ganando peso tanto en el ámbito doméstico como empresarial y entre las instituciones. Como todas las empresas de servicios contribuimos al buen funcionamiento del conjunto de la economía, preservando la seguridad de sus sistemas, instalaciones y personas. Unos cánones de seguridad que han aumentado, al igual que lo han hecho en los hogares.

De forma directa, somos pequeñas y medianas empresas que, perdóneme la inmodestia, representamos, al menos, un ejemplo de superación permanente por las exigencias legales que debemos cumplir para realizar nuestra labor. Más allá de los números, que para nosotros son importantes, demostramos que, desde el trabajo, es posible ofrecer un producto y un servicio que está a la vanguardia, como es el que prestan las empresas de seguridad privada de la Región de Murcia.

¿Y cuáles son los problemas que amenazan ese desarrollo? Para seguir creciendo y apostando por el desarrollo económico, necesitamos que se impida la competencia desleal y la concesión de contratos públicos que están por debajo de los costes laborales. Asimismo, la morosidad y los altos costes financieros son temas que debemos abordar para mejorar el sector.

¿Cuáles son las áreas específicas en las que su Asociación prevé un mayor impacto y contribución en el futuro próximo? Sin duda la Inteligencia Artificial es ya el futuro. Cada día el avance en seguridad viene de la mano de la tecnología, sistemas de intrusión, contraincendios, cámaras, controles de accesos y un largo etcétera. Todo ello sin perder la perspectiva de que detrás tiene que haber personas formadas para dar la mejor respuesta. En ello trabajamos todos los días, junto a nuestros clientes, que son los que, cada vez más, valoran positivamente la eficacia de nuestros servicios y productos.

¿Qué función juega FREMM? FREMM goza del mejor Centro de Formación donde no sólo se reciclan nuestros trabajadores sino que son la cantera de nuevos profesionales. Además, es punta de lanza en la Industria 4.0, aquella en la que la tecnología digital marca el camino, como lo hace en nuestras empresas. Y, en todas sus actuaciones, demuestra la eficacia de la unidad empresarial, que es la clave, asimismo, de ARESMUR.

25 de noviembre de 2023

SALAMANCA: protesta contra Prosegur por el despido "inconcebible" de un vigilante de seguridad

CCOO protesta contra Prosegur por el despido "inconcebible" de un vigilante

Acusa a la empresa de "incumplir el derecho a la libertad sindical" del trabajador, que ejerce de representante de su sindicato y al que "se niega a subrogar".

A Prosegur se le ha abierto un frente sindical. La Federación de Comisiones Obreras (CCOO) del Hábitat de Castilla y León se ha levantado contra la compañía de seguridad por "incumplir el derecho a la libertad sindical" de un vigilante de Salamanca al que "se niega a subrogar", arguyendo que "no pertenece a la empresa".

El sindicato se ha concentrado este pasado martes a las puertas de las instalaciones de Prosegur en Santa María de Tormes (Salamanca) para protestar contra este caso por el que lucharán "hasta los últimos términos". Así lo ha adelantado la secretaria general de la Federación de CCOO del Hábitat de Castilla y León, Lourdes Herreros, durante la movilización, que ha estado secundada por alrededor de medio centenar de personas, incluido el secretario general de CCOO de Salamanca, José Antonio Gallego. En declaraciones recogidas por Ical, agencia de noticias de Castilla y León, Herrero ha explicado los detalles de este caso, que tilda como "inconcebible" y advierte que "no es casual".

Prosegur se "lava las manos", vulnerando el derecho a la libertad sindical Según su relato, el trabajador despedido cuenta con una larga experiencia en el sector y actualmente ejerce como representante de la dirección de su sindicato. Asumió este puesto el 1 de octubre de 2022, tras ser requerido por CCOO y solicitar una excedencia forzosa a la que entonces era su empresa, Prosetecnisa, que la aceptó. La excedencia forzosa tenía una duración de un año, prorrogable, es decir, hasta como mínimo el pasado 1 de octubre. En este tiempo el servicio ha sido traspasado de Prosetecnisa a GFE y, posteriormente, a Prosegur, que se convirtió en la adjudicataria el 1 de agosto de 2023.

Herreros ha reivindicado que Prosegur
"debe respetar todas las normas laborales"
y, especialmente, "un derecho básico,
como es el derecho a la libertad sindical".

"Teniendo conocimiento de su situación, entre otras cosas, porque ha sido representante legal de los trabajadores en la misma empresa tiempo atrás, cuando tuvo anteriormente el contrato, la empresa contactó con él para solicitarle una documentación sobre la excedencia forzosa, que se entregó. Y, sorprendentemente y no casualmente, la compañía dejó pasar un mes y, el 31 de agosto, le dijo que no pertenece a Prosegur", ha relatado la representante sindical.

Según ha apuntado, Prosegur entiende que "el trabajador pertenece a la empresa anterior de la anterior, es decir, a Prosetecnisa". Sin embargo, para ella esto es "lavarse las manos" y "dejarle en la calle", ya que tanto Prosetecnisa como GFE son "empresas pequeñas que hoy prácticamente están desaparecidas". Ante la negativa de Prosegur de subrogar a este trabajador, el sindicato acusa a la empresa de estar vulnerando tanto la Ley Orgánica de Libertad Sindical como el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo Estatal.

"No es casual, sucede a las puertas de un proceso de elecciones sindicales" "Es inconcebible que una empresa como Prosegur, con implantación estatal, cuestione cualquier derecho, pero insisto, más aún, un derecho básico, un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad sindical", ha subrayado Herreros. La secretaria general de la Federación de CCOO del Hábitat de Castilla y León también ha sembrado la duda sobre la empresa compartiendo sus sospechas sobre la decisión de no subrogar al vigilante.

"Cuando decía que no es casual es que no lo es. Prosegur es conocedora de la actividad actual del compañero en la organización mayoritaria en Castilla y León, Comisiones Obreras. Y no es casual porque esto sucede a las puertas de un proceso de elecciones sindicales, en donde no nos quieren y en el que toman parte activa, pero deben mantenerse al margen".

El acto de conciliación entre Prosegur y el trabajador se cerró sin avenencia y ambas partes han vuelto a verse las caras en los tribunales este mismo jueves ante el inicio de su juicio, según informó Herreros. "Confiamos y esperamos que el actual Comité de Empresa, de totalidad de representación de otro sindicato de clase como es UGT, defienda como debe un derecho fundamental, porque otra cuestión no sería de recibo", apostilló la representante de CCOO.

Detenido un hombre en Vitoria-Gasteiz por un robo con violencia en un establecimiento comercial

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este jueves por la tarde a un hombre, de 40 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia en un establecimiento comercial de la calle Paz, en el que sustrajo varias prendas de ropa deportiva, tras forcejear con los vigilantes de seguridad.

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este jueves por la tarde a un hombre, de 40 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia en un establecimiento comercial de la calle Paz, en el que sustrajo varias prendas de ropa deportiva, tras forcejear con los vigilantes de seguridad.

Según ha informado el Ayuntamiento, una patrulla policial fue requerida para personarse en el citado comercio, donde los agentes de seguridad tenían retenida a una persona que había robados varias prendas deportivas. A su llegada al lugar, los agentes se entrevistaron con tres vigilantes de seguridad, que retenían al varón en el suelo, quienes declararon que el hombre se introdujo en un probador con varias prendas y salió poco después con solo una para abandonar el local. Al darle el alto, se inició un forcejeo, "debido a la resistencia que presentó el presunto ladrón, provocándoles lesiones". Los agentes comprobaron que llevaba puestas tres prendas, a las que les había arrancado las alarmas y, en vista de los hechos, procedieron a su detención.

SEVILLA: Concentración de repulsa en el hospital El Tomillar por la agresión a una vigilante

CCOO pide a la dirección del centro que ponga todos los medios posibles para minimizar los incidentes con pacientes de salud mental

El Hospital de El Tomillar, localizado en Alcalá de Guadaíra, ha sido este viernes el escenario de una concentración, en repulsa a la agresión sufrida por una vigilante de seguridad de dicho centro y para exigir a la dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla las medidas de seguridad necesarias para evitar o minimizar en lo posible estas agresiones. Según ha explicado CCOO, el suceso tuvo lugar hace dos días, a primera hora de la mañana, cuando la trabajadora tuvo que acudir a la comunidad terapéutica de salud mental requerida por el personal sanitario para retener a un paciente en estado de agresividad y alteración, con el objetivo de poder suministrarle un tranquilizante.

Al pedirle al paciente que entrara en la sala, este se volvió y la agredió repetidamente. La intervención de más profesionales del citado centro pudo impedir que la agresión fuera más grave aún. "Desde CCOO entendemos que, en situaciones con pacientes de salud mental, este tipo de episodios son, en muchas ocasiones, inevitables, pero lo que es intolerable es que la dirección del centro no ponga todos los medios para minimizarlos todo lo posible. Y esto es lo que no ha hecho", señala el sindicato, exponiendo que hace años, este hospital contaba con dos vigilantes de seguridad las 24 horas del día durante todo el año, pero la dirección del centro decidió, "atendiendo a criterios puramente económicos, reducir la vigilancia a una sola persona". "En su día, denunciamos este recorte al entender que ponía en riesgo al personal de vigilancia y al resto de profesionales", dice el sindicato.

"La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los riesgos hay que abordarlos en su origen y, cuando no pueden evitarse, la empresa tiene obligación de poner los medios para minimizarlos todo lo posible. En este caso, aunque el hecho no puede evitarse, poder reducir a un paciente de salud mental en estado de agresividad es imposible con un solo efectivo.

Como mínimo, debería haber dos como había antes del recorte mencionado", ha señalado CCOO. A juicio del Sindicato, la dirección del centro es responsable de ese recorte y, por tanto, de poner en riesgo a la plantilla del hospital. Al mismo tiempo, CCOO ha informado de que lleva tiempo denunciando en el comité de seguridad y salud -y así consta en las actas-, las agresiones que se producen a diario en todos los centros del área: "La mayoría no son denunciadas por los y las profesionales por miedo a encontrarse a posteriori y diariamente con quienes les agreden en el mismo centro.

Además, las cifras de agresiones que presenta la dirección no son reales ni por asomo", ha criticado el sindicato. CCOO ha exigido a la dirección del Hospital El Tomillar, al SAS y a la Consejería que dote urgentemente al centro del segundo profesional de vigilancia con que contaba antes del recorte y que disponga de personal suficiente en el resto de centros del área, "antes de que haya que lamentar alguna desgracia aún mayor".

SEVILLA: Un paciente agrede a una vigilante de seguridad en el hospital El Tomillar de Dos Hermanas.

La trabajadora de seguridad recibió numerosos golpes por parte de un hombre de 46 años al que los enfermeros querían aplicar un tranquilizante

Una vigilante del hospital El Tomillar de Dos Hermanas fue agredida presuntamente por un paciente a primera hora de la mañana de ayer. El presunto agresor propinó a la trabajadora de seguridad privada numerosos puñetazos y golpes, que le causaron lesiones leves. La vigilante ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, que ha abierto una investigación sobre lo ocurrido. El suceso tuvo lugar a las siete y cuarto de la mañana. La vigilante acudió a la zona de comunidad terapéutica, donde le habían avisado de que había un paciente muy agresivo. Se trata de un hombre de 46 años. Al llegar a este lugar, una enfermera le pidió a la vigilante que retuviera a este hombre para que ellos pudieran aplicarle un tranquilizante, ya que estaba muy alterado.

La trabajadora de seguridad pidió al paciente que se dirigiera hacia el interior de la sala, pero éste se volvió y comenzó a propinarle puñetazos en la cara, para después pasar a agarrarle el pelo con una mano y golpearle la cabeza con la otra. Después le dio más puñetazos en la espalda, cuello, brazos y piernas, haciéndole caer al suelo. Un enfermero y un celador tuvieron que intervenir y forcejear con el paciente para poder quitárselo de encima a la vigilante y reducirlo. Fue entonces cuando otra enfermera pudo administrarle el calmante.

El hombre fue trasladado después al Hospital Virgen de Valme. La vigilante tuvo que ser asistida en un centro sanitario. Sufrió varias erosiones y dolor en numerosas zonas donde recibió los golpes. La trabajadora no disponía del chaleco de seguridad que sí tienen otros compañeros de su misma empresa. La noche de Halloween, otra vigilante de seguridad resultó herida de cierta gravedad en el Hospital de Valme, tras ser atacada por un menor de 17 años que se había tomado una sobredosis de psicotrópicos. Este adolescente también agredió a un médico del centro de salud de San Hilario.