Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de marzo de 2015

PONFERRADA: Dos detenidos acusados de falsificar diplomas de vigilantes de seguridad

La directora y el jefe de Estudios de la Academia Logos alteraban presuntamente la fecha tras perder la autorización

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Ponferrada detuvieron el pasado lunes a la directora y al jefe de Estudios de la Academia Logos, acusados de falsificar los diplomas de los aspirantes al título oficial de agentes de Seguridad Privada después de que el centro de formación perdiera el año pasado la acreditación para expedirlos. Los dos detenidos alteraban presuntamente la fecha de los diplomas que certificaban la realización del curso completo, de más de 180 horas y con prácticas de tiro incluidas, de forma que los alumnos que se presentaban a las pruebas oficiales de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Madrid no quedaran excluidos de la convocatoria.

La Policía comenzó a sospechar que la academia ponferradina continuaba ofreciendo la formación, a pesar de que la Secretaría de Estado de Seguridad le había revocado la autorización en 2014, al comprobar el elevado número de alumnos que se presentaban a las pruebas con diplomas de la academia fechados en 2011 o incluso en años anteriores.

La Secretaría de Estado revocó la autorización a la academia después de comprobar que el centro había certificado el curso a una serie de alumnos que no habían tenido tiempo material de completar todas las horas de formación en Logos. Los alumnos procedían de otra academia que había perdido temporalmente la autorización para impartir el curso por alquilar una galería de tiro en Madrid que no cumplía con todos los requisitos necesarios. Logos había denunciado a la academia de la competencia por ello, según confirmaron a este periódico fuentes del sector, y el centro, que devolvió el dinero a sus alumnos, demandó después a su rival por expedirles certificados a sus antiguos alumnos como si hubieran realizado el curso completo en sus instalaciones y sin esperar a la siguiente convocatoria del Ministerio.

La Policía ya ha tomado declaración a los jóvenes aspirantes al título oficial, que han confirmado que llegaron a abonar «cerca de 1.000 euros por un diploma que resultó sin valor», según informó el Ministerio del Interior en una nota. La directora de la Academia Logos, que no tiene ningún vínculo con el centro del mismo nombre en la capital leonesa, no entró a rebatir ayer las acusaciones contra su centro de formación y aseguró que sus asesores jurídicos ya están trabajando en las líneas de defensa.

30 de marzo de 2015

MELILLA: La contratación de Eulen por la Ciudad Autónoma es "ilegal" y "arbitraria"

El sumario de la Operación Tosca revela que la contratación de la empresa Eulen con la Ciudad Autónoma de Melilla es “ilegal” y “arbitraria” mediante el uso de contratos menores fraudulentos. Además, los informes de la Guardia Civil dejan ver cómo Eulen accedió a pliegos de varios concursos públicos antes de su publicación oficial y cobró por prestar servicios que realmente nunca se hicieron.

El análisis de los emails intervenidos en la mercantil pone de manifiesto el grado de control e influencia del gobierno de Imbroda en la contratación de personal en la mercantil “Ilegal” y “arbitraria” define la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la contratación entre la empresa Eulen y la Ciudad Autónoma entre los años 2004 y 2008.

 En ese periodo, la mercantil facturó 9,6 millones de euros. Según la investigación, más de 9,5 millones de dinero público se pagó mediante contratos menores fraudulentos y adjudicados a dedo sin que existiera un concurso público. El objetivo de esta práctica, según la Guardia Civil, fue “eludir los requisitos de publicidad, concurrencia y libertad de acceso a la contratación pública”. De hecho, los investigadores aseguran que ni siquiera en los contratos menores de servicios se cumplía la normativa, puesto que en algunos casos superaban el límite de los 18.000 euros. Sin embargo, Eulen también ha ganado concursos públicos, pero en procesos con “graves irregularidades”, según los investigadores. Y es que, como ya pasó en Medio Ambiente con Hispanagua, Eulen accedió a los pliegos de licitaciones antes de que se publicaran oficialmente. Además, ganó concursos con pliegos hechos a la medida de la mercantil, según la Guardia Civil.


Las irregularidades no acaban en los procesos de contratación, también existen durante el desarrollo de los contratos. En uno de ellos, la Guardia Civil ha contabilizado casi 370.000 euros en horas de servicios que nunca se realizaron. Por último, el tráfico de emails entre responsables de Eulen ponen de manifiesto, según la investigación, “conductas que prueban el grado de control e influencia que, determinados cargos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercerían sobre la empresa Eulen a la hora de conseguir contratos laborales para personas determinadas o de decidir sobre incrementos salariales para éstas”.

Interior recluta a la seguridad privada contra el yihadismo

Policía y Guardia Civil se han reunido con los responsables de más de 200 empresas

Primero fue la Policía Nacional. Apenas 24 horas después, la Guardia Civil. Ambos cuerpos mantuvieron una intensa jornada de trabajo con las empresas de seguridad privada. Y cuál era el objetivo: lograr su implicación en la lucha contra el terrorismo islamista. Es la primera vez que se producen estos encuentros. Es la primera vez que la seguridad pública busca la colaboración activa de la seguridad privada en el ámbito del terrorismo internacional. Porque, como explicaron los mandos de estos cuerpos a los responsables de las empresas, aunque la preparación de España para hacer frente a este fenómeno es muy potente, todo es poco.

El nuevo enemigo es, «demasiadas veces invisible», alertan las Fuerzas de Seguridad. No en vano, tras los atentados en París, el nivel de preocupación en Europa en general y en España en particular ha aumentado. De hecho, las autoridades responsables de la seguridad del Estado decidieron entonces elevar el nivel de alarma, un nivel que se encuentra por encima del que sería el umbral de la tranquilidad. Por este motivo, el pasado miércoles, especialistas de la Policía Nacional se reunieron en el complejo de Canillas (Madrid) con más de dos centenares de representantes de empresas de seguridad privada. Al día siguiente, el encuentro se repitió en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno, para un auditorio parecido.

En ambos casos, el objetivo era doble. Muchas de las empresas de seguridad allí reunidas tienen importantes intereses fuera de España. ¿Prioridad de la Policía y la Guardia Civil?: recabar todo tipo de datos que estas empresas puedan obtener en territorios de máxima sensibilidad. Hablamos de empresas con asentamientos en países del Magreb o limítrofes. Los responsables policiales quieren tener cauces de comunicación directa con estas empresas, quieren conocer, casi en tiempo real, cualquier dato que obtengan en esas zonas «calientes» del planeta y que puedan ser interpretadas en clave de seguridad nacional.

Saben que esas zonas son las de influencia máxima del autodenominado Estado Islámico y de las tramas aún vivas de Al Qaeda. Y saben que esas empresas, con potentes inversiones en las zonas, disponen no sólo de sofisticados y completos despliegues de seguridad, sino que también mantienen buenas relaciones con los gobiernos de las zonas afectadas. Así que consideran que sus aportaciones pueden dar luz en determinados momentos sobre la incidencia terrorista en esa zona y su eco en Europa. Este tipo de encuentros no se habían puesto en marcha jamás. La cooperación entre el sector público y el sector privado se limitaba básicamente a la delincuencia común. La relación es claramente de subordinación, que la seguridad privada está obligada a participar a las autoridades de la seguridad del Estado. Pero en el plano del terrorismo, la colaboración no se contemplaba hasta ahora.

Este salto, calificado de «muy importante» por los empresarios del sector, supone un cambio de tendencia importante en cuanto a la colaboración policial en materia de seguridad entre ambas esferas. Lo que reclama Interior es básicamente información. Ampliar la plantilla de fuentes, de cauces por las que lleguen datos de las zonas calientes.

Prevención de atentados Pero estas jornadas tienen una segunda clave mucho más interna: la colaboración de todo el sector privado en actuaciones contra el terrorismo islamista en España. El «ejército» privado es más numerosos incluso que la suma de policías y guardias civiles, más de 300.000 miembros en seguridad privada.

Interior considera que su preparación, su ubicación (en sedes estratégicas en muchos casos) y sus «ojos» pueden y deben ser claves también en la prevención de acciones terroristas. La seguridad de edificios emblemáticos, de instalaciones públicas, de grandes centros comerciales o, incluso, de instalaciones estratégicos de telecomunicaciones o de transporte, están en manos de la seguridad privada. El control sobre ellas (sobre todo el tecnológico) está en poder de estas empresas. Y la cantidad de información que está en su poder es enorme. Los planes básicos de colaboración habitual están perfectamente establecidos y funcionan de forma casi automática desde hace años. Pero esa colaboración no se había extendido hasta ahora hacia el terrorismo. Y menos, hacia el terrorismo islamista.

El Estado quiere los «ojos» de los privados, tanto de sus agentes como de su tecnología. Entiende que existe un flujo importante de datos y que hay que tenerlos en cuenta. Durante las jornadas celebradas esta semana, se busca crear un ambiente de coordinación en el tema más sensible. Las Fuerzas de Seguridad, sus especialistas, aportaron algunos datos operativos a las empresas de seguridad, les explicaron algunos funcionamientos de unidades especiales ante posibles atentados terroristas.

29 de marzo de 2015

Reunión del Comité Ejecutivo Provincial SPV Sevilla

El pasado 25 de marzo se celebró la reunión del Comité Ejecutivo Provincial de SPV Sevilla correspondiente al primer trimestre de 2015 en las dependencias de la sede social de la calle Tómas Pérez, con la asistencia de los distintos miembros de la ejecutiva y representantes de las secciones sindicales en la que nuestro sindicato tiene representación.

Se presentó en la reunión al nuevo delegado de SPV en Seguriber, elegido por el centro de trabajo del Archivo de Indias, José Miguel Ortega, y se empezó a plantear el calendario de elecciones sindicales en las que nuestro sindicato tiene previsto concurrir en 2015. Como siempre los representantes de las secciones sindicales comentaron las últimas novedades que se estaban dando en cada una de sus empresas y el estado de su grupo de trabajo. Finalmente se dedicaron unos minutos a la actualidad en general del sindicato y se recordó que en próximos consejos se empezaría a trabajar la preparación del próximo Congreso Provincial, previsto entre finales de 20145 y principios de 2016. El Comité Ejecutivo Provincial de SPV se reunirá nuevamente de forma ordinaria en Junio de 2015.

28 de marzo de 2015

¡Acuérdate del cambio para adaptar el horario a la estación de verano! Esta madrugada, a las 2.00 serán las 3.00


Esta madrugada, 29 de marzo, comenzará oficialmente el horario de verano, con el cambio de hora. Habrá que adelantar el reloj y a las 2.00 serán las 03.00 horas.



El cambio supone un ahorro potencial estimado de energía que podría alcanzar el 5%, según estimaciones del Instituto de Diversificación para el Ahorro Energético (IDAE). El adelanto de la hora está fijado por una Directiva Comunitaria del año 2000, por lo que rige en el conjunto de la Unión Europea el «cambio de hora». El cambio de hora se generalizó de forma desigual desde 1974, a raíz de la primera crisis del petróleo, por la que algunos países decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz solar yconsumir menos electricidad en iluminación.

En España y la Unión Europea se aplica desde 1981 con una Directiva que ha sido renovada cada cuatro años hasta que en el año 2001 se consolidó su carácter indefinido. El cambio se realiza el último domingo de marzo y el horario estival se mantiene hasta el último domingo de octubre, cuando volverá a regir la hora «normal» o de invierno y se deberá retrasar una hora. La UE entiende en su Directiva que este cambio contribuye al «buen funcionamiento» de algunos sectores, como los de transportes y de comunicaciones, pero también otras ramas de la industria y, por ello requiere una programación a largo plazo.

Para IDAE, tras analizar «exhaustivamente» las repercusiones, la medida tiene impactos «positivos» no solo sobre el ahorro sino sobre otros sectores como el transporte, las comunicaciones, la seguridad vial, las condiciones de trabajo y los modos de vida, la salud, el turismo o el ocio. En concreto, el potencial de ahorro de iluminación en España por el cambio de hora puede llegar al 5 por ciento del consumo eléctrico en iluminación, un dato que equivale, según los precios de 2014, a unos300 millones de euros, de los que 210 se ahorrarían en edificios del sector terciario y la industria y de 90 millones en las viviendas, es decir unos 6 euros por hogar.

En este contexto, el IDAE recomienda «contribuir» al ahorro energético durante todo el año haciendo un «uso inteligente» de la iluminación y propone seguir pautas o hábitos que pueden permitir un ahorro de hasta 100 euros al año «sin renunciar al confort». Finalmente, aconseja aprovechar la luz natural; acordarse de apagar la luz cuando se salga de una habitación; usar bombillas de bajo consumo y lámparas LED como alternativa eficiente a las lámparas halógenos; usar iluminación localizada; decorar las viviendas con colores claros; limpiar con regularidad las fuentes de luz; usar reguladores electrónicos de flujo para las halógenas; acordarse de los tubos fluorescentes en baños, cocinas, trasteros y garajes e instalar detectores de presencia en zonas de paso.

Prosegur dará a conocer sus principales líneas de negocios en ASIS, la feria internacional de la seguridad privada

ASIS Europa se celebra en su décimocuarta edición en Fráncfort y reunirá a más de 600 expertos internacionales

La multinacional española enseñará sus tres líneas de negocio: Soluciones Integrales de Seguridad (SIS), que combina los servicios de vigilancia y tecnología, la Logística de Valores y la Gestión de Efectivo y Alarmas

Prosegur, una de las principales compañías del sector de la seguridad privada a nivel mundial y líder en España, participa en la decimocuarta edición de ASIS Europa que este año se celebra en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Prosegur la compañía española dará a conocer sus tres líneas de negocio: Soluciones Integrales de Seguridad (SIS), que combina los servicios de vigilancia y tecnología, la Logística de Valores y la Gestión de Efectivo y Alarmas.

El evento, que comienza este domingo, se extenderá hasta el próximo martes, día 31 de marzo. A esta feria acudirán más de 600 expertos en materia de seguridad procedentes de todo el mundo, junto a los principales agentes públicos y privados internacionales del ámbito de la seguridad privada, para compartir las últimas tendencias en la gestión del sector. Durante los tres días de encuentro, el centro de congresos de Frankfurt acogerá a las principales compañías de servicios de seguridad y ofrecerá seminarios que analizarán las diferentes especializaciones del sector.

Desde el área de Soluciones Integrales de Seguridad (SIS), la Compañía, gracias al conocimiento de las áreas de riesgo en la cadena de valor de cada segmento o negocio, desarrolla servicios específicos para cada sector, desde centros comerciales o aeropuertos, hasta entidades financieras o infraestructuras críticas. Algunos ejemplos son las soluciones compuestas por servicios de vigilancia y tecnología integrados, como la vigilancia dinámica, la consultoría y el análisis de riesgos, el monitoreo y la custodia de mercancías o los centros de control y sistemas de CCTV, entre otros. En total, el pasado año, Prosegur llevó a cabo más de 210 millones de horas de servicio.

Ciberseguridad Prosegur también ha comenzado a operar en el ámbito de la ciberseguridad. En concreto, la compañía ha puesto en marcha un centro global de operaciones, formado actualmente por 50 profesionales con un conocimiento técnico en el ámbito de la seguridad de la información, desde el que desarrolla soluciones de seguridad lógica, vigilancia digital y ciberinteligencia. En relación al área de Logística de Valores y Gestión del Efectivo, la multinacional española del sector de la seguridad privada trabaja para hacer más eficiente el ciclo de vida de este medio de pago, gestionando el mantenimiento de más de 80.000 cajeros automáticos en todo el mundo. Asimismo, ofrece soluciones para la externalización de actividades y procesos de negocio en el ámbito financiero. Con este objetivo, Prosegur cuenta con una flota de más de 5.200 blindados y en 2014 ha abierto nuevas bases logísticas en Brasil, Perú o Portugal.

Asimismo, la compañía española también ha hecho una fuerte apuesta en su negocio de Alarmas. Prosegur desarrolla sistemas de alarmas de intrusión, localización de vehículos y personas y sistemas de control de accesos, entre otras soluciones, para mejorar la seguridad y tranquilidad de familias y negocios.

27 de marzo de 2015

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera que VINSA, UGT y USO vulneraron la libertad sindical

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia en la que considera que la empresa de seguridad VINSA y los sindicatos UGT y USO vulneraron la libertad sindical de la CIG al excluir a esta organización de la comisión de seguimiento de la modificación sustancial de condiciones de trabajo firmados por los tres primeros.

La CIG informó en un comunicado de esta decisión judicial, ante la que el secretario nacional de CIG-Servizos, Paulo Rubido, señaló que "no es la primera vez que en el sector de la seguridad privada se emite una sentencia de este tipo, pero sí lo es en la que se acredita que se produce una situación de vulneración de libertad sindical por parte de dos sindicatos estatales". El sindicato nacionalista recuerda que hace un año y medio VINSA, UGT y USO firmaron un acuerdo de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que, para la CIG, fue "injusto, ineficaz, sectario y discriminatorio" y que provocó "despidos, traslados forzosos, desplazamientos, conflictos con los horarios y con las vacaciones". Para el seguimiento de este acuerdo se creó una comisión formada por UGT, USO y la empresa, de la que se excluyó a la CIG, "con el objeto de marginarla en las relaciones laborales de la empresa", según denuncia en su escrito.

El delegado de personal de la CIG en VINSA José Antonio Antas considera que la comisión pasó a funcionar como un comité de empresa paralelo, en el que entre las tres partes tomaban decisiones relativas a todo tipo de temas, desde la reclamación de pluses hasta prevención de riesgos, pasando por traslados, horarios e incluso vacaciones. Por ello, la CIG interpuso una demanda de tutela de la libertad sindical que ahora resolvió el TSXG, que elimina la comisión de seguimiento y obliga a los tres a pagar una multa que cuantifica en 1.000 euros por su conducta antisindical y excluyente, recoge CIG-Servizos.

26 de marzo de 2015

HUELVA: La Policía detiene al autor de tres robos en coches en el Campus del Carmen

Los vigilantes sorprendieron al autor, que intentaba huir, pero fue detenido por el Servicio de Seguridad. 

Agentes de la Policía Nacional de Huelva han detenido a F.J.T.B., de 26 años y con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, al que se le imputa el robo en el interior de tres vehículos estacionados en el interior del Campus Universitario de El Carmen. Dos vigilantes de Seguridad del Servicio de Vigilancia del recinto observaron cómo el detenido rompía el cristal de la ventanilla de un vehículo y, tras abrir la puerta, se introducía en su interior. 

La comprobación y constatación del intento de robo requirió el apoyo de la Policía, que procedió a la detención del individuo y a su traslado a comisaría. Las investigaciones posteriores permitieron determinar que F.J.T.B., que pasó a disposición judicial, es también presuntamente el autor de otros dos robos en el interior de otros vehículos que también se encontraban aparcados en el recinto.

CÁDIZ: Un sindicato pide vigilantes de seguridad en las oficinas del paro por "agresiones" a funcionarios

El SAF denuncia que la falta de personal incrementa la crispación de los desempleados

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha solicitado por escrito a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Cádiz que "se garantice la seguridad en todas las oficinas SAE por medio de la contratación de vigilantes de seguridad". 

En el mismo escrito el SAF pide que "se evalúen los riesgos laborales derivados de las condiciones de los centros de trabajo y los riesgos psicosociales originados por la excesiva carga de trabajo y estrés que sufren los funcionarios e interinos de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo".  Tras las agresiones denunciadas en la oficina de Empleo ubicada en el barrio de la Macarena de Sevilla, el SAF recuerda que "estas graves situaciones también las sufren los funcionarios de la Junta de Andalucía destinados en los SAE de otras provincias andaluzas, como es el caso de Cádiz". 

El SAF ya presentó un escrito dirigido al delegado de la Junta en Cádiz para denunciar "el grave problema de dotación que sufren las plantillas de personal funcionario en las oficinas del SAE y para solicitar que se cubrieran las vacantes". El Sindicato Andaluz de Funcionarios asegura en el mismo comunicado que en los últimos meses, estas agresiones a los empleados públicos "se han recrudecido debido a la crispación que sufren los cientos de desempleados atendidos diariamente en las oficinas SAE y que se ven afectados ante el desbordamiento de trabajo por la falta de personal funcionario". Además, asegura el SAF que los trabajadores públicos "sufren las paupérrimas condiciones de espacio, luz y temperaturas que se padecen en muchas de las oficinas".

INFO UCSP: Impartición de formación específica por parte de centros de formación del personal de seguridad privada.

25 de marzo de 2015

A coruña: Piden dos años por intentar hurtar mejillones, sardinas y jamón, y pegar a un vigilante de seguridad

Un hombre que será juzgado el próximo mes de abril accedió sobre las 21.30 horas del 28 de julio de 2011 a un establecimiento situado en Matogrande.

Una vez allí, según el relato de la Fiscalía, introdujo en una mochila latas de sardinas y de mejillones, así como paquetes de jamón cocido. Los productos tenían un precio de venta al público de 50,65 euros. Cuando se disponía a salir a la calle sin pasar por caja, el vigilante de seguridad del negocio le pidió que abriese la mochila.

El acusado se negó y, según el Ministerio público, "hizo gala de una gran agresividad verbal, amenazándolo con pincharlo con un puñal". Durante la disputa, el imputado le propinó un puñetazo en el rostro. El fiscal exige que sea condenado a dos años de prisión. En el forcejeo entre ambos intervino una tercera persona, quien ayudó a reducir al sospechoso hasta que llegaron los efectivos policiales. La Fiscalía le imputa un delito intentado de robo con violencia en concurso con una falta de lesiones.

Un recuerdo para el compañero Manuel Perujo

A mitades de marzo recibimos la fatídica noticia del fallecimiento del compañero Manuel Perujo, un buen vigilante de seguridad que llevaba muchos años afiliado a SPV y colaborando con nosotros en todo aquello que podía.

Siempre quedará en nuestra memoria su disposición para poner su granito de arena en todo aquello que organizábamos y su talante inconformista y luchador que más de una ocasión le hizo dar un paso adelante y ponerse en esa primera linea donde pocos están dispuestos a trabajar.

Lo recordaremos asistiendo a las concentraciones y movilizaciones que hemos organizado en pos de reivindicar unas condiciones dignas de trabajo para el sector y luchando por erradicar las malas empresas que tanto daño nos están haciendo. Siempre dispuesto y siempre ocupando de su tiempo libre. Lo recordaremos siempre pendiente de sus compañeros, atento a recordarles a todos que había un sindicato con las puertas abiertas que quería hacer las cosas de una forma diferente.

En nombre del Comité Ejecutivo de SPV Sevilla hacemos llegar nuestro más sentido pésame a toda su familia. Manuel siempre permanecerá en la memoria de los que hemos trabajado por hacer de SPV una alternativa sindical al servicio de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada.

DESCANSE EN PAZ




23 de marzo de 2015

El papel de la mujer en las fuerzas de seguridad

Dentro de la programación de la Delegación de Igualdad, con motivo del Día Internacional de la Mujer se ha llevado a cabo en el centro de formación Quórum una conferencia bajo el título de La mujer en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en la seguridad privada.

Este año, con la amplia convocatoria de plazas y por tanto con una mayor posibilidad de optar a un empleo público, se ha planteado esta conferencia al objeto de sensibilizar e informar sobre las oportunidades de empleo en este sector, ya que en los últimos años y de manera progresiva la mujer ha ganado protagonismo en los sectores de la seguridad, donde ha estado relegada históricamente a puestos de segunda categoría e incluso en algunas excluidas. La plena integración de la mujer en el cuerpo de la Guardia Civil, sin discriminación y en igualdad, es un objetivo constante de la Dirección General. En las Fuerzas Armadas hay más de 15.000 mujeres integradas en el Ejército, representando el 12,4 por ciento en todos los cuerpos, escalas y destinos sin distinción alguna.

La Policía Nacional es uno de los cuerpos estatales con mayor presencia de mujeres en Europa y pionera en su incorporación, hace ya más de 30 años, a una profesión que hasta entonces les estaba vetada. La categoría de inspectora, dentro de la escala ejecutiva, es la que posee un mayor porcentaje de representación femenina con un 16 por ciento. Actualmente, en la plantilla hay cerca de 9.000 mujeres policías.

Igualmente, la cifra de mujeres que se ha incorporado al sector de la seguridad privada en los últimos años se ha configurado como algo casi habitual, aunque inicialmente su presencia era mayor en las grandes empresas, hoy ya se hace más habitual su presencia en empresas más pequeñas.

22 de marzo de 2015

LANZAROTE: Condena a una empresa de seguridad por no denunciar un robo en el Castillo de San José

La Audiencia Nacional ha condenado a la empresa Seguridad SH Lanzarote por no denunciar el robo de material eléctrico en el Castillo de San José, de la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo. La empresa, contratada por la entidad pública, no denunció un robo que se produjo en septiembre de 2012 y el Ministerio del Interior le impuso una sanción de 30.051 euros por una infracción grave de la Ley de Seguridad Privada.

El Juzgado central de lo contencioso administrativo rechazó el recurso de la empresa de seguridad y ahora ha sido la Audiencia Nacional la que ha confirmado la sanción económica para la compañía. Según la sentencia, fue la gerente del Castillo de San José la que denunció en la Comisaría de la Policía Nacional el robo el 7 se septiembre de 2012. El 10 de septiembre, agentes adscritos al grupo de seguridad privada de la Policía Nacional practicaron una inspección en el castillo, “comprobando los daños que constaban en la denuncia”. Es entonces cuando los agentes de la Policía solicitan al vigilante de seguridad los partes de novedades correspondientes a los días 3 y 4 de septiembre, que les indica que estaban en la empresa. Posteriormente, la compañía los remite vía fax a la Policía.

Al examinarlos, se comprobó que en el parte del vigilante de seguridad efectuado a las ocho de la mañana del 4 de septiembre, cuando se produce el relevo en el turno, se destaca que alguien había cortado los focos de la entrada del aparcamiento del Castillo de San José y que habían cortado “los cables de la entrada y los de la bajada del personal”. “Aunque es cierto que Seguridad SH Lanzarote remitió de forma inmediata por fax los partes de trabajo que le fueron solicitados, ya había transcurrido casi una semana sin dar noticia del robo a la Comisaría de la Policía”, señala la sentencia.

La sanción de 30.051 euros, por la “evidente falta de colaboración” ante un hecho delictivo. Además, la Audiencia Nacional subraya que la Policía “tuvo conocimiento del hecho no por quien legalmente estaba obligada a denunciar, sino por la gerente del Castillo de San José”, lo que “denota una evidente falta de colaboración y también la ausencia de disposición a colaborar”. Por ello, la Audiencia considera que la empresa de seguridad incurrió en una infracción por su “negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan”.

21 de marzo de 2015

OVIEDO: Los antiguos serenos están patrullando sin licencia, denuncian los vigilantes de seguridad

La Asociación de Vigilantes de Seguridad (AVISPA) y el Sindicato Independiente de la Policía Local (SIPLA) denunciaron ayer que los antiguos serenos han vuelto y que están patrullando desde hace un mes las calles de la ciudad de forma ilegal. "La seguridad nocturna es competencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad y no de unos trabajadores que actúan como autónomos", denunciaron los colectivos, que han puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

El grupo, integrado por 14 trabajadores, son herederos de los antiguos serenos y operan en la ciudad desde hace décadas. Sin embargo, los cambios introducidos por la Ley de Coordinación de Policías Locales, que limita el control de la seguridad a los agentes de Policía, acabó con la supresión del servicio, que les fue comunicada por el Ayuntamiento en 2013, junto a la retirada de las armas y la emisora.

Desde entonces, Izquierda Unida está volcada en tratar de buscar una salida legal a estos trabajadores para mantener sus empleos. Así, desde el grupo municipal se mostraron ayer muy críticos con el comunicado de Avispa. "La nota está llena de mentiras conscientemente situadas para generar confusión y agredir a un proceso de negociación que puede resolver la situación de varios trabajadores. Lo que el Grupo municipal de IU está buscando es una solución dentro del marco legal para que no se pierda empleo en Oviedo. En ningún caso se pretende generar plazas municipales de agentes de la autoridad al margen de la ley, sencillamente porque sería imposible", aclararon desde el Grupo municipal de IU.

Así las cosas, en la actualidad, los antiguos serenos continúan operando de once de la noche a seis de la mañana contratados por iniciativa privada de comerciantes y hosteleros del centro de la ciudad. "Pagamos religiosamente 33 euros al vigilante cada mes. Pagué la semana pasada. Lo conocemos de toda la vida y nos trae un 'recibí'; no sé si será muy legal, pero es lo que hay", explicaba ayer la responsable de un establecimiento de hostelería del Antiguo. "Yo entiendo a los trabajadores, que llevaban toda la vida haciendo esto, les tenemos mucho cariño y nos da pena... Pero también entiendo que no es razonable que hosteleros, vecinos y comerciantes tengamos que pagar por un servicio de vigilancia nocturna. Ya pagamos impuestos y nuestra seguridad la debería garantizar el Ayuntamiento", explica la misma hostelera.

MADRID: Un vigilante de seguridad apaga el incendio de un edificio de oficinas en San Fernando

Los bomberos de la Comunidad de Madrid se movilizaron el pasado jueves en San Fernando a causa del incendio de un acumulador eléctrico en un edificio de oficinas En el casco urbano de la localidad, los efectivos del parque en Torrejón de Ardoz acudieron para apagar el incendio de un acumulador, en un armario ubicado en el cuarto de contadores de un edificio de oficinas. A la llegada de los bomberos, el fuego había sido controlado con un extintor por el vigilante de seguridad, por lo que realizaron mediciones con la cámara térmica para descartar la existencia de otros focos. La actuación duró 29 minutos.

20 de marzo de 2015

TOLERANCIA CERO con las empresas de seguridad que no cumplen con sus trabajadores

Lamentablemente se están poniendo de moda cierto tipo de empresas de seguridad que bajo la excusa de que el cliente no les paga regularmente, proceden a incumplir con sus trabajadores lo que está recogido el el convenio colectivo del sector en materia de retribuciones (Art. 64), que marca claramente que el pago del salario se efectuará por meses vencidos en los tres primeros días hábiles y en todo caso dentro de los cinco primeros días naturales de cada mes. En lo que se refiere a las pagas extras (beneficios, verano y navidad) se devengará anualmente por años vencidos entre el 13 y el 15 de Marzo.

Las empresas tienen que tener suficiencia financiera para hacer frente a las nóminas de sus asalariados sin ninguna excusa y sin retrasarse en ello. Nuestro sindicato tiene el compromiso adquirido con sus afiliados de denunciar ante la Inspección Provincial de Trabajo a las empresas que no cumplan con el deber de pagar en tiempo y forma todos los haberes salariales. Ahí tambien se encuentran incluidas las pagas extraordinarias, que no son una gentileza de las empresas, sino que forman parte de la masa salarial del trabajador, y por tanto de obligado cumplimiento.

Para SPV exigirle a las empresas que cumplan con el pago de nóminas y demás conceptos tal y como está establecido por ley, forma parte de las obligaciones más sagradas de nuestro sindicato y llevaremos a rajatabla y sin ninguna concesión las denuncias de estos incumplimientos ante la autoridad competente en la materia

Ante las empresas incumplidoras,
TOLERANCIA CERO



Si tu empresa no cumple, no te conformes y pide ayuda


Así será la nueva uniformidad de Prosegur



19 de marzo de 2015

Las empresas de seguridad empiezan a despedir la crisis


La facturación bajó el pasado año en Andalucía un 3%, frente al 5,5% de 2013.

Las empresas de seguridad siguen inmersas en la crisis, pero el descenso de los ingresos en 2014 empezó a suavizarse. Por ello 2015 se presenta con buenas perspectivas pese a que persisten algunas incertidumbres.

La Asociación Profesional de Empresas de Seguridad (Aproser), que aglutina el 70 por ciento del negocio de este sector en Andalucía y engloba a las principales empresas, considera que en la comunidad andaluza la facturación cayó alrededor de un 3 por ciento en 2014, siendo el descenso en el subsector de la vigilancia (la actividad más numerosa) de un 4 por ciento el pasado año. Estos datos, apunta la patronal, representan una «leve» mejoría respecto a 2013, ejercicio en el que el negocio de la vigilancia cayó un 8 por ciento, mientras que, en total, la facturación del sector registró una bajada de un 5,5 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, 2015 se presenta como el año «del crecimiento o la estabilización», según el delegado territorial de Aproser, Miguel Sánchez, quien explicó a este periódico que la crisis se mostró algo más tarde en este sector. «Hasta 2009 o 2010 no surgieron las primeras cifras negativas».

¿Y cuánto llegó a afectar el bache económico? Según sus datos, la facturación cayó un 30 por ciento por culpa de la mala situación del país. El motivo, argumenta Sánchez, es que en Andalucía tiene mucho peso la contratación de la administración pública, «que canceló muchísimos contratos de servicios de seguridad en los últimos años». «Hay menos tejido industrial en la región andaluza que en otras de España y eso se nota», lamentó. En su opinión, el repunte se empieza a notar gracias al sector privado, porque las administraciones siguen «igual de mal».

Además, Sánchez criticó la actitud de la administración andaluza, que obligó a reducir los precios, haciendo «una contratación poco responsable porque no se pueden mantener los derechos de los trabajadores». «La Administración contrata a la baja sin fiscalizar lo que contrata, así que llaman a poner en marcha prácticas de competencia desleal, a contratar por debajo del coste», denunció el también director general de Securitas en Andalucía. A su juicio, en otros años el intrusismo de compañías no legalizadas era el principal problema del sector, mientras que ahora lo es la guerra de precios que propicia que algunas empresas «no cumplan con sus obligaciones legales y fiscales».

El resultado de este «efecto llamada de la Administración», dice, es la proliferación de «mucho fraude, de empleo precario, de trabajadores que no cotizan por toda la jornada de trabajo». «Por esto Aproser exige a todas sus compañías asociadas, las más importantes del sector, que sean rigurosas en el cumplimiento de las obligaciones laborales para que se genere un empleo de calidad. Eso sí, en el 30 por ciento de las empresas no asociadas se hace de todo», asevera el delegado territorial de Aproser. En la comunidad andaluza existen unas 200 empresas de seguridad que generan alrededor de 11.000 puestos de trabajo. La facturación de 2014 alcanzó los 490 millones de euros, según Aproser, cuyos datos revelan que el pasado año cayó el número de trabajadores en el sector un 4 por ciento.

¿Y qué opinan las pequeñas empresas? Rafael Tinoco es el presidente de Apess, la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Sevilla, y considera que 2014 también fue un año «malo». El motivo, el recorte de seguridad de las administraciones y de los bancos, así como la subida de otros gastos, como los impuestos. Con todo, es optimista y pronostica un 2015 de crecimiento pese a que denuncia que el sector sigue sufriendo un mal endémico: la competencia desleal.

Diversificación y especialización Rafael Tinoco, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Sevilla (Apess) es el propietario de un grupo de empresas, entre ellas, Tinoco Sistemas, Electrónica y Tinoco Seguridad, que crece, pese al negro panorama del sector. «En los últimos dos años hemos subido la facturación un 16 por ciento y ampliamos la plantilla, pero somos una excepción en el sector». La clave: «Tocamos muchos temas, como tecnología, seguridad, megafonía de evacuación, contraincendios y mantenimiento. La diversificación nos ha ayudado a subsistir», argumenta. En cuanto a la competencia desleal, apunta que las multas «ahora son enormes, desde 3.000 a 600.000 euros al cierre de la empresa, pero la Ley de Seguridad Privada de octubre de 2014 aún no tiene reglamento y esperamos que este verano se concrete», indicó.

OJO, una cosa es la tendencia macroeconómica y otra muy diferente es el estado de la economía real



Dicen los empresarios de la seguridad privada que ya se empieza a notar la evolución en el sector y que el 2015 se presenta con buenas perspectivas pese a que persisten algunas incertidumbres, llegando a calificar el presente ejercicio como "el año del crecimiento o la estabilización".

El colectivo de trabajadores no acaba de ver esas mejorías que vende la patronal por ningún lado. Peor aún, muchos piensan que en aspectos fundamentales el sector aún se encuentra en situación de caída libre. Con estas declaraciones se hace más patente el abismo que separa los datos de la macroeconomía con el estado de la economía real, cuyo mejor termómetro es la situación de la condiciones laborales y sociales de los asalariados.

A la precarización de la condiciones de trabajo del sector de la seguridad privada, se suman otros aspectos como el alarmante paro que soporta el colectivo ( 7 de cada 10 vigilantes en posesión de la acreditación para ejercer de vigilante de seguridad están inactivos) y el alto nivel de incumplimiento del convenio del convenio colectivo, sobre todo por el número creciente de empresas que se retrasan cada vez más en el pago de salario, o que directamente optan por dejar de abonar alguno de sus conceptos (pagas extras, pluses, desplazamientos etc). En el mejor de los casos, los trabajadores que tienen el privilegio de prestar sus servicios para las principales y más solventes empresas del ramo, soportan nóminas que ni tan siquiera llegan a los mil euros, salarios claramente insuficientes para la responsabilidad que se le exige a un vigilante de seguridad y el riesgo intrínseco que tiene la profesión.

Sí que podemos suponer de donde salen las buenas expectativas del sector empresarial, y en general la moderada esperanza que tienen depositadas en el futuro las principales marcas comerciales que operan en la seguridad privada.

-Tenemos un convenio colectivo donde de nuevo se les congela el sueldo a los trabajadores, porque la miserable subida para 2015 de poco más de un cero por ciento (0,5) firmada por UGT, CC.OO y USO no alcanza ni siquiera para ser considerada como cambio de tendencia. Al contrario, de tapadillo y con engaños, se nos quitan mucho más de lo que se nos da. Ya ha quedado suficientemente contrastado que un vigilante de seguridad medio perderá en el 2015 alrededor de unos 500 euros al año de poder adquisitivo.

-Tenemos una nueva ley de seguridad privada hecha casi a medida de las necesidades de la patronal, donde a los trabajadores se nos convierte "de facto" en mano de obra efectiva pero barata para suplir en muchos casos la carencia que tiene nuestro país en materia de seguridad pública. Eso sí, no se ve por ningún lado una apuesta clara y decidida en la nueva legislación por dar cobertura y seguridad al trabajo diario de los agentes de seguridad que operan en el sector privado, tan necesaria para abordar con unas mínimas garantías los campos de negocio que se han destapado con la legislación recién aprobada hace apenas un año, y en general las tareas que implica ser vigilante.

- Ya ni hablamos del intrusismo galopante que sufre el sector a través de las empresas de auxiliares, en muchos casos fomentadas desde las principales empresas de seguridad, que utilizan segundas marcas para no perder cuota de mercado. Ahí también hay que echarle su parte de culpa a nuestros legisladores, porque la nueva ley no acaba de atajar de verdad esta lacra, peor aún, en algunos aspectos la nueva ley ha suavizado algún articulado para permitir que, por ejemplo, en ciertas circunstancias, un auxiliar de servicios se pueda poner en un mostrador con monitores de visionado de cámaras de seguridad sin ningún tipo de problemas. Todo un desastre.

Revista Seguritecnia Nº 417 (marzo 2015)


Revista Cuadernos de Seguridad Nº 298 (marzo 2015)


18 de marzo de 2015

Adif rescindirá los contratos con Falcón Contratas por sus deudas con la plantilla

El gestor ferroviario Adif rescindirá los contratos con la empresa Falcón Contratas y Seguridad por las deudas que la empresa mantiene con su plantilla, y no renuncia a ejercitar otras acciones legales a las que pudiera tener derecho.

Así lo confirma el Gobierno al diputado socialista Manuel Pezzi, quien el pasado 15 de diciembre preguntó por escrito al Ejecutivo sobre las medidas que se tomarían contra esta compañía, encargada de la vigilancia de dependencias ferroviarias de Adif en numerosas localidades, por incumplir la normativa vigente, que le obliga a pagar al día las nóminas de sus trabajadores. En su contestación, el Ejecutivo recuerda que el pliego de condiciones administrativas del concurso de los servicios de seguridad de algunas dependencias de Adif preveía la obligación de la empresa de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y sociales, algo que se cumplía en el momento de la adjudicación.

Sin justificación Sin embargo, el pasado 10 de diciembre la Federación de Construcción y Servicios de CC.OO. Castilla-La Mancha denunció a la empresa por incumplimiento del convenio colectivo por el retraso en el pago de las nóminas de noviembre a sus trabajadores desde el primer mes de servicio a Adif. Al conocer estas circunstancias, la Dirección de Protección y Seguridad de Adif se dirigió a la compañía para pedirle que "acreditara estar al corriente de pago", a lo que Falcón contestó que "debido a una situación de falta de Tesorería no podía hacer frente a la totalidad de las nóminas y que no podría prestar los servicios contratados en las condiciones fijadas" apenas dos meses antes. "Desde ese momento se han iniciado las acciones necesarias para rescindir los contratos firmados con Falcón Contratas y Seguridad y, de forma inmediata, iniciar un expediente con tramitación de urgencia para la contratación de estos servicios, así como ejercitar las acciones legales a que pudiera tener derecho", concluye el Ejecutivo.

Desde julio Ya el pasado mes de diciembre Adif decidió también retener el dinero adeudado a la compañía, a la espera de que la Justicia decida si ese dinero debe destinarse al pago de las nóminas. De hecho, los propios trabajadores habían pedido a la empresa pública que rescindiera el contrato y se hiciera cargo de las deudas con la plantilla, por las nóminas de noviembre y diciembre, media paga extra de verano, la de Navidad y algunas horas extraordinarias. Desde septiembre, Falcón Contratas se estaba haciendo cargo del servicio de vigilancia de algunas estaciones de Adif en la zona sur de España, principalmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, que se le había adjudicado en julio.


17 de marzo de 2015

Todavía estas a tiempo de solicitar tu permiso retribuido para votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía

Si trabajar el próximo domingo 22 de Marzo y tu turno coincide con el horario de apertura de los colegios electorales en dos horas o más, todavía estás a tiempo de solicitarle a tu empresa el permiso retribuido para votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía (BOJA 24/2015 de 24 de febrero AQUÍ) según la siguiente disposición: 

ELECTORES

1. Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales, ó lo haga por un período inferior a dos horas, no tendrán derecho a permiso retribuido.
2.- Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales tendrán permiso retribuido de dos horas.
3.- Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis con el horario de apertura de las mesas electorales tendrán un permiso retribuido de tres horas.
4.- Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo coincida en seis o más horas con el horario de apertura de las mesas electorales tendrán un permiso retribuido de cuatro horas.
5.- En los trabajadores a tiempo parcial los permisos retribuidos se verán reducidos en proporción a la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual del trabajador a tiempo completo.

Aquel que esté en una de esas circunstancias debe comunicar a su empresa su intención de votar ese día, con el permiso retribuido que le corresponda. Hacedlo por duplicado para luego poder justificar que lo solicitasteis. Corresponde a la empresa la distribución del periodo en que los trabajadores disponen del permiso para acudir a votar. Es indispensable pedid el justificante en la mesa electoral como que habéis votado.

MIEMBROS DE LA MESA E INTERVENTORES

En el caso de presidentes, vocales e interventores tendrán derecho a permiso retribuido durante toda la jornada laboral correspondiente al día de la votación, y de cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior. Cuando se trate de apoderados, el permiso solo corresponderá a la jornada correspondiente al día de la votación.

Si alguno de los trabajadores comprendidos en este apartado tuviera que trabajar en el turno de noche la jornada inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa, a petición del interesado, deberá cambiarle el turno a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación.

RECORDAD QUE TODOS LOS TRABAJADORES QUE HAGAN USO DEL PERMISO RETRIBUIDO DEBERÁN SOLICITAR JUSTIFICANTE A LA MESA ELECTORAL PARA PODER ACREDITARLO POSTERIORMENTE ANTE SU EMPRESA

Descárgate el modelo para solicitarle a tu empresa el permiso retribuido AQUÍ

TALAVERA: Dos detenidos por delito de hurto en centro comercial por valor de unos 2000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto. Los detenidos fueron interceptados por los vigilantes de seguridad de un centro comercial de la ciudad después de cometer un hurto en una tienda. Cuando los agentes llegaron hasta los aparcamientos del centro, procedieron al registro del vehículo en el que estas dos personas se habían desplazado, localizando en su interior numerosas prendas de vestir, todas ellas sustraídas de diversas tiendas del mismo centro comercial, alcanzando un valor total cercano a los 2.000 euros.

Así mismo, a los detenidos (hombre y mujer, ambos de origen sudamericano) les fueron ocupados diversos útiles habituales en la comisión de este tipo de delitos, como alicates, corta-alambres, destornillador, imán y un bolso forrado con papel de aluminio en parte interior. Cabe destacar que el control de las actividades en materia de seguridad privada, así como la formación y habilitación de su personal, es una de las competencias exclusivas del Cuerpo Nacional de Policía y gracias a la estrecha colaboración con las empresas de seguridad privada y con sus vigilantes, se logran prevenir y esclarecer numerosos hechos delictivos.

CÁDIZ: Detenido por un presunto robo en un local del Mercado de Chiclana

Fue a las 23:00 horas del día 13 cuando en el transcurso de un servicio de patrulla agentes de la Policía observaron cómo desde la calle Artesano Pepe Marín venía corriendo una persona conocida por anteriores hechos delictivos y, tras el mismo, también lo hacía un vigilante de seguridad. Tras dar alcance al sujeto, el vigilante de seguridad manifestó a los agentes que lo era del Mercado Municipal de Abastos y que el individuo acababa de robar en uno de los locales situado en dicho centro comercial, dándose a la fuga tras verse descubierto. 

El detenido portaba encima diversos objetos y 500 euros, así como dos documentos de cierre de caja de algún establecimiento, motivo por el que M.J.R.G., de 43 años, fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza. Además, la Policía realizó una inspección ocular del lugar donde se perpetró el robo, observando que se encontraba forzada la puerta, la caja registradora estaba abierta y había diversa documentación en el suelo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: El vigilante de un polígono repele con un disparo el ataque de un encapuchado

El guarda de seguridad le pegó un tiro en la pierna cuando el hombre se abalanzó a él con una hoz Un hombre encapuchado y armado con una hoz fue detenido por la Policía Nacional en Santiago después de que agrediese al vigilante de seguridad de una nave industrial en el polígono compostelano de Costa Vella, que respondió al ataque con su arma reglamentaria. Al verse sorprendido, este profesional repelió la agresión echando mano de su arma y disparando al individuo, de 46 años y con antecedentes policiales por robo, en una pierna.

Los hechos sucedieron durante la noche del domingo al lunes en el polígono de Costa Vella cuando, a través de las cámaras de seguridad, los vigilantes vieron a un individuo que merodeaba por la parte trasera de una empresa. Uno de ellos salió a la calle para confirmar tal extremo y en ese momento se vio sorprendido por un hombre corpulento que ocultaba su rostro con un pasamontañas y llevaba en una de sus manos una especie de hoz, según informó la Policía Nacional.

Según este relato, al guardia de seguridad no le dio tiempo a reaccionar, ya que el encapuchado se abalanzó sobre él de forma amenazante y violenta. Al verse acorralado y no poder repeler la agresión, desenfundó su arma reglamentaria y disparó al agresor en una pierna. Fue el mismo vigilante el que llamó a los servicios de urgencia para que asistiesen al individuo, que fue detenido por la Policía y trasladado al hospital. El vigilante de seguridad prestó declaración en dependencias policiales por estos hechos y no se adoptaron medidas cautelares.

15 de marzo de 2015

El sindicato UGT financió gastos sindicales con las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid


79.076 euros de la tarjeta de Rafael Eduardo Torres se emplearon en cartelería y viajes


El sindicato UGT financió parte de sus gastos de acción social con las tarjetas opacas de Caja Madrid.Rafael Eduardo Torres, miembro de la comisión de control de la entidad a propuesta de la central sindical, ha reconocido que los 79.076 euros que figuran cargados en su tarjeta blackse utilizaron para cubrir gastos como cartelería, pancartas o viajes para delegados del sindicato. De hecho, los principales cargos —un total de 29.212 euros— se realizaron en la empresa Inversiones y Servicios Insersa, razón social de la imprenta Serviprint, ubicada en el centro de Madrid y especializada en cartelería de gran formato. Otro gasto principal —un total de 11.489 euros en 11 ocasiones— se produjo en el Hotel Sancho, un establecimiento de tres estrellas en el Paseo de las Delicias de la capital.

Torres, que representaba a los trabajadores de Caja Madrid a propuesta de UGT, sustituyó en 2003 en la comisión de la caja al fallecido Félix Manuel Sánchez Acal, que fue expulsado del sindicato porque no accedió a ceder a UGT las dietas que recibía de la entidad crediticia. Sánchez Acal no llegó a usar la tarjeta opaca que se le otorgó. Torres sí cedió sus dietas por asistencia a la comisión de control —algo que estaba regulado en el sindicato hermano del PSOE— y también empleó la tarjeta de gastos de representación de la caja para sufragar los gastos operativos de UGT. Se trata de la primera vez que un miembro de una organización representada en los órganos de dirección de Caja Madrid reconoce que se usó la tarjeta para financiar las actividades del partido, patronal o sindicato que le puso en ese puesto. Todos los exconsejeros y exdirectivos que han declarado hasta ahora han afirmado bien que usaron la tarjeta para sus gastos personales, como parte de su retribución, o que se ciñeron a los gastos de representación de la caja madrileña.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Rafael Eduardo Torres ha sido el único de los 13 imputados que han declarado hoy ante el juez Fernando Andreu que ha afirmado que la tarjeta era para gastos de representación, eso sí “en sentido amplio”, ha aclarado. Torres ha distinguido dos tipos de gastos con la tarjeta black. Los primeros tenían que ver con su cargo en la comisión de control: vestuario, teléfono móvil, gastos de kilometraje y gasolina. El segundo bloque de gastos, según Torres, era de pura actividad sindical en la caja: viajes para visitar a empleados en toda España, comidas con ellos o gastos de papelería e imprenta para dar difusión a la actividad del sindicato: octavillas, carteles y demás elementos, ha admitido.

El juez Andreu le ha preguntado si no percibía dietas de la entidad por su presencia en el consejo. Torres ha afirmado que todas las dietas se ingresaban directamente en la cuenta de UGT, por lo que usaba la tarjeta black para los viajes y demás gastos sindicales. Según ha dicho, “estaba todo vigilado por el control interno de la Sección Sindical de gastos y avalado por la Comisión Ejecutiva Estatal. “Todo tiene que estar en el informe anual de la comisión ejecutiva”, ha dicho, según fuentes presentes en el interrogatorio.

La declaración de Torres contrasta con la que realizada antes que él por Miguel Abejón, exsecretario de organización de UGT Madrid y vocal de la comisión de control de la entidad entre 2001 y 2012. Abejón se ha ceñido a la versión de casi todos los imputados: la tarjeta black no es para gastos de representación sino que era un “complemento retributivo de libre disposición” con un límite que no se debía sobrepasar. “Me indicaron de manera expresa que no había que llevar justificantes y que formalizarían un contrato de la tarjeta. Y siempre me ceñí a esas indicaciones”. Según él, los responsables de la caja le dijeron que asumían los gastos fiscales de la tarjeta y pensaba que en su certificado de retenciones ya iba incluido en el capítulo de ingresos. El juez Andreu seguirá mañana viernes con la toma de declaración a los 82 directivos y consejeros de Caja Madrid que entre 2003 y 2012 cargaron gastos personales por 15,5 millones de euros a la tarjetablack de la entidad. En la sesión de mañana, declararán entre otros,el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.

14 de marzo de 2015

Trabajadores de Prosegur en América Latina denuncian violaciones de derechos humanos y laborales

Prosegur./ David Bollero
Jornadas de más de 12 horas, agresiones físicas y verbales o la falta de medidas de seguridad, entre las irregularidades de la empresa española

La empresa española de seguridad privada Prosegur facturó el año pasado casi 3.800 millones de euros, de los cuales casi un 60% procedió de Latinoamérica. Se trata de unos resultados que podrían presentarse como un éxito de expansión internacional –lo que desde el Gobierno se ha publicitado como “Marca España”- y que, sin embargo, se ve enturbiado por reiteradas acusaciones de violaciones de derechos humanos y laborales, especialmente en Brasil, Paraguay, Colombia y Perú.

Desde la federación sindical UNI Global Union llevan años denunciando la situación, no sólo ante las autoridades locales sino, incluso, ante organismos internacionales como el Comité de los Derechos Humanos de la ONU o la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Precisamente, ésta última suspendía en Prosegur a finales de 2014 la implantación de su Programa SCORE (un programa mundial de formación y asistencia técnica para apoyar el desarrollo de las empresas) por entender que “no se presentaban las condiciones idóneas para continuar trabajando en una metodología basada en la cooperación y en el diálogo”.

Colombia es, de hecho, el país que probablemente acumula mayor número de incumplimientos e irregularidades por parte de Prosegur; curiosamente, la filial que ha estado bajo las riendas de un español, Yago Palao. Héctor Fabio Bermeo es uno de los trabajadores de la empresa de seguridad privada cuyas agresiones sufridas han ido más allá de lo verbal. “El pasado mes de noviembre, tras reclamar a mi superior la entrega de chalecos antibalas, éste se dirigió a la sala en la que me encontraba, cerró la puerta y me golpeó la cara”, cuenta Bermeo.

Inmediatamente y rechazando la oferta del gerente de la compañía de resolver el asunto allí mismo, el empleado denunció los hechos ante la Fiscalía Nacional y obtuvo un parte de lesiones por el que le concedían ocho días de baja. El resultado de aquella denuncia –aún en un proceso que podría demorarse hasta cinco o seis años- fue una suspensión de sueldo de tres días, tras ser Prosegur la que acusó a Bermeo de agredir a su jefe de seguridad. Este desencuentro no fue un hecho aislado; Bermeo cuenta cómo anteriormente “sufrí agresiones verbales de todo tipo, acusándome incluso de ser un militar desertor y sacándome fotografías en mi lugar de trabajo sin justificación alguna”.

Jornadas maratonianas sin seguridad ​Bermeo explica que “nuestro Convenio Colectivo estipula que la jornada laboral es de nueve horas diarias de lunes a viernes”. Sin embargo, lo más habitual, según explica, es que Prosegur obligue a sus empleados a alargar la jornada más de doce horas diarias o pena de sanción si se niegan. “Estamos hablando de estar metidos 12 horas en furgones blindados en los que en muchos casos no hay más aire acondicionado que un pequeño ventilador”, cuenta Bermeo, “en una ciudad en la que se superan con frecuencia los 40ºC”. En este sentido, Fidel Hugo Alonso, presidente del sindicato Sintravalores en Colombia, relata lo sucedido a un trabajador en Medellín, “que después de ser obligado a trabajar jornadas de cinco de la madrugada a once de la noche sin descanso semanal, terminó por matarse al quedarse dormido en su moto y chocar contra un poste de teléfono”.

El exceso de horas en la jornada laboral es, junto a la falta de medidas de seguridad, la principal demanda del sindicato Sintravalores. Y es que estos furgones blindados, tal y como explica Bermeo, “están obsoletos, muchos de ellos con 30 y 40 años de antigüedad y, por tanto, con un blindaje poco efectivo”. Algo especialmente peligroso en un país como Colombia, en el que según Alonso, “los delincuentes tienen incluso mejores armas que la propia Policía, pudiendo perforar el blindaje”. Además, algunas de las armas que portan los empleados de Prosegur, “tienen más de 30 años y están defectuosas”, asegura el presidente.

Benjamin Parton, coordinador de Campañas y Sindicación de UNI Global Union, es claro al afirmar que “lo que pretendemos desde la federación es mejorar los estándares laborales en el sector de la seguridad, como de hecho ya hemos conseguido con G4S y Securitas firmando marcos globales, pero Prosegur se niega”. Unos estándares que no tolerarían una de las últimas prácticas de Prosegur que denuncia Bermeo: “la compañía está ahora transportando grandes sumas de dinero, hasta 9.000 millones de pesos (casi 3,2 millones de euros), en aerolíneas comerciales como Avianca o Aires [ahora LAN]. Nos obligan a llevarlo al aeropuerto y meterlo en las bodegas de los aviones, echando allí toda la documentación sin que haya ninguna persona responsable de ello. Yo me negué a hacerlo porque viola todos los protocolos de seguridad y fui sancionado”.

Objetivo: acabar con el sindicato El relato de los empleados de Prosegur dibuja una realidad en la que la empresa de seguridad buscaría acabar con el sindicato, habiendo llegado incluso a emitir comunicados en los que equiparaba el sindicato con la huelga y a ésta con el desempleo, enfrentándolo a la secuencia Prosegur = Crecimiento = Empleo. En este sentido, Parton califica el trato al que son sometidos los afiliados al sindicato de “degradante e intimidatorio”. “Hay acciones de las que no tenemos pruebas de que Prosegur esté detrás, pero la sucesión de coincidencias es sorprendente”, explica el coordinador. Un ejemplo de ello es la persecución de un representante sindical por dos sujetos subidos en moto, ocultando su rostro con cascos de visera oscura –práctica habitualmente empleada por los sicarios en Colombia-, al tiempo que sus hijos también son acosados y fotografiados mientras practican deporte.

Otro hecho insólito ocurrido es, según cuenta Alonso, la irrupción de supuestos agentes de la Fiscalía en varios domicilios de trabajadores sindicados interrogando sobre sus bienes materiales. “Consultada la Fiscalía al respecto”, indica el presidente del sindicato, “nos aseguraron que no se había ordenado ninguna actuación de este tipo”. Asimismo, otras acciones represoras llevadas a cabo por Prosegur serían la imposición de sanciones –suspensiones de varios días de salario-, la discriminación salarial para desincentivar la afiliación o el despido improcedente a los trabajadores más reivindicativos, como es el caso de Teresita Rivera García, cuyo reintegro ya ha sido ratificado por dos veces en los Tribunales e, incluso, se ha emitido orden de arresto contra el representante de Prosegur por ignorar la sentencia.

“El pasado martes, la Policía Nacional de Colombia fue a Prosegur en Bogotá con el fin de capturar a Alejandro Agudelo, el responsable legal de Prosegur en Colombia, por no cumplir con la orden judicial de readmitir a Teresita Rivera”, cuenta Parton para añadir que “de acuerdo con la Policía, Alejandro Agudelo no estaba en las oficinas de Prosegur según los testimonios que recibimos, la empresa ha puesto varios escoltas en frente del edificio”. Finalmente Rivera ha sido readmitida, pero al cierre de este reportaje Agudelo seguía desaparecido.

España mira para otro lado Ante lo que parece una sistemática violación de derechos laborales, UNI Global Union ha presentado infructuosamente varias quejas al Gobierno español. A finales de 2013, la federación sindical denunciaba ante el Ejecutivo los atropellos laborales de que estaban siendo objeto los trabajadores en Brasil. Según relata Parton, el Gobierno español se limitó a intentar mediar entre UNI Global Union y Prosegur, pero la compañía de seguridad privada rechazó sentarse en la mesa de arbitraje, sin que desde el Ejecutivo se emprendiera ninguna otra acción. Más recientemente y tras la agresión contra un sindicalista en Perú en agosto de 2014, UNI Global Union solicitó al Punto Nacional de Contacto español de la OCDE en Madrid una intervención urgente, sin que hasta ahora se haya avanzado en el asunto. Público.es trató de conocer la postura del Ejecutivo, pero éste ha preferido guardar silencio.

Por su parte, a finales del año pasado y con el detonante de la agresión contra Bermeo, Prosegur envió a Colombia a su director de Relaciones Laborales, Juan Luis Martín Carrero. El presidente de Sintravalores asegura que “Martín Carrero se comprometió a crear una comisión negociadora para resolver los problemas, pero se fue y no se ha vuelto a saber nada más de él”. Más crudo es el testimonio de Parton, que cuenta cómo el director de Relaciones Laborales “puso delante de los agresores a las víctimas para que éstas contaran su versión de los hechos, algo que no se produjo por el clima de miedo e intimidación que reina en la empresa, lo que todavía dio aún más luz verde a las agresiones”. Consultados los responsables de Prosegur en España, éstos han rechazado hacer cualquier tipo de declaración sobre ninguno de los hechos citados en este reportaje.