Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de agosto de 2021

OURENSE: Denuncian que una empresa de seguridad encubrió una agresión machista a una empleada

La central sindical CIG acusa a la firma Prosegur de «inacción e encubrimento» ante unos hechos que ya han sido denunciados por la vía penal.

El secretario comarcal de la CIG en Ourense, Anxo Pérez Carballo, y la secretaria de Mulleres del mismo sindicato, Xulia González, denunciaron públicamente la agresión hacia una trabajadora de la firma Prosegur, por parte de uno de sus compañeros, así como la «inacción e encubrimento» por parte de la empresa. Desde esta central sindical consideran que la agresión, que ocurrió el 20 de agosto durante el cambio de turno en el campus universitario, tiene «claros compoñentes de violencia machista». Según narraron, el agresor entró «berrando e insultado, acaba forcexando coa traballadora e intenta incluso atropelala en varias ocasións».

Explican que, además del informe policial de los agentes que se personaron en el lugar, hay partes de lesiones emitidos tanto por el CHUO como el hospital El Carmen, que documentan los hematomas que presentaba la víctima tras el episodio. «O agresor chegou a arrebatarlle o teléfono móbil, mentres que co seu propio dispositivo fai gravacións cando a afectada tiña as mans prendidas nas fiestras do vehículo, ao tempo que lle fai xestos obscenos», apuntaron.

Anuncian que se han abierto actuaciones por la vía penal, y critican que a pesar de que la agredida mantuvo una conversación telefónica con un superior pidiendo ayuda «esta persoa non fixo absolutamente nada», además de acusar a la empresa de dilatar cualquier tipo de actuación «cunha burocracia absolutamente escandalosa, cargando sobre a vítima a responsabilidade de ter que dar todas as explicacións posibles en lugar de activar inmediatamente un protocolo de actuación».

VITORIA: Detenidos dos jóvenes por agredir a un vigilante y robar varias prendas de ropa en un comercio

Dos jóvenes de 22 y 18 años han sido detenidos por agredir al guarda de seguridad de un comercio de Vitoria en el que fueron descubiertos cuando robaban varias prendas de ropa.

El arresto se produjo poco después de las cinco de la tarde de este pasado lunes en un comercio de la calle Zaramaga, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria en un comunicado.

Los jóvenes, que fueron descubiertos por los vigilantes de seguridad del local cuando hurtaban varias prendas, se dieron a la fuga tras agredir a uno de los guardas. Los vigilantes acabaron interceptando a los jóvenes, y los agentes de la Policía Local desplazados a la zona recuperaron lo sustraído. Uno de los sospechosos fue detenido por un robo con violencia y el otro, por no disponer de domicilio conocido al que remitirle la correspondiente notificación del juzgado.

VALENCIA: Dos Vigilantes de Seguridad del puerto sorprenden a unos traficantes con 450 kilos de cocaína


El alijo de droga está valorado en 15,4 millones de euros y fue localizado en la terminal de APM, del Puerto de Valencia, cuando dos individuos estaban sacándolos de un contenedor.

Dos vigilantes de seguridad aprehendieron 450 kilos de cocaína y detuvieron a dos individuos tras sorprenderlos cuando intentaban sacar la droga de un contenedor en las instalaciones de la empresa APM Terminals.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la tarde en una explanada donde se almacenan miles de toneladas de mercancías. Los Vigilantes interceptaron a los sospechosos cuando merodeaban junto a uno de los depósitos metálicos. Tras comprobar que no eran estibadores ni tenían autorización para estar en el recinto privado, los empleados de la empresa de seguridad privada detuvieron a los individuos y avisaron a la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. También hallaron los paquetes de cocaína que los traficantes trataban de sacar de la base de contenedores.

Los 450 kilos de cocaína confiscados están valorados en 15,4 millones de euros, según la Oficina Central de Estupefacientes, un departamento de coordinación policial que realiza informes sobre la calidad y el valor de la droga incautada para remitirlos posteriormente a los juzgados. Para introducir la cocaína en el Puerto de Valencia, los narcotraficantes utilizaron otra vez el método del gancho perdido o ‘rip-off’. Este procedimiento consiste en ocultar la droga en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego recuperarla en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta.

Los grupos criminales aprovechan la operativa habitual de carga, descarga y transporte de mercancías para entrar en las terminales donde están los contenedores con cocaína. La mayoría de las bandas de narcotráfico suelen tener entre sus miembros a trabajadores portuarios para localizar y sacar la droga del contenedor con mayor rapidez, pero en esta ocasión los Vigilantes de Seguridad lo impidieron.

El Ayuntamiento de Valencia recurrirá a vigilantes para impedir el paso de público a la Ofrenda

El PP critica la contratación al asegurar que constata la falta de policías locales y el retraso en aprobar más oposiciones.

Una veintena de auxiliares de seguridad se encargarán de controlar los dos días de la Ofrenda a la Mare de Déu que no entre público dentro de la zona acotada por donde pasarán miles de falleros los próximos días 3 y 4. Debido a la normativa por la pandemia sanitaria, tanto la plaza de la Virgen como las calles Mar, Avellanas y Caballeros estarán cerradas a los viandantes. El concejal del grupo popular, Carlos Mundina, denunció ayer al hilo de conocer la decisión tomada en la Junta Local de Seguridad que será la «primera vez que se contrate auxiliares de seguridad privada para controlar actos falleros como la Ofrenda». Para el edil, esto sucede por la «merma de falta de dispositivos, consecuencia directa de la falta de impulso y trabajo del gobierno de Compromís y PSPV», recordando que aún no se han aprobado las bases de las oposiciones para Policía Local de 2020 y 2021. Fuentes de la concejalía de Protección Ciudadana no respondieron a estas acusaciones a preguntas de LAS PROVINCIAS.

«Se está perdiendo mucho tiempo en reforzar nuestras plantillas y eso tiene consecuencias directas». Los auxiliares de seguridad privada contratados no tienen categoría de autoridad por lo que «puede haber algún conflicto con los ciudadanos a la hora de dar instrucciones o órdenes en la vía pública». Mundina subrayó que «el PP confía completamente en la profesionalidad de todos los agentes que van a participar en el dispositivo pero lamentamos que el gobierno de Ribó haya dejado para última hora la Junta Local de Seguridad porque ante estas Fallas excepcionales lo más importante es planificar».

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés pidió por su parte que «los efectivos de la Policía Local intensifiquen el control en las zonas de la ciudad donde se hace botellón para impedir las aglomeraciones de personas y prevenir casos de Covid-19 con motivo de la crisis sanitaria». El bando de las Fallas 2021 prohíbe el consumo de alcohol fuera de las zonas autorizadas, es decir el casal o la carpa. El edil señaló que «del más de millar de agentes participantes en las labores de vigilancia durante las fiestas falleras, un parte debe dedicarse a velar para prevenir los botellones en cualquier punto de la ciudad donde, habitualmente, se celebran el resto del año».

Esta semana habrá un refuerzo de 1.167 agentes, que se centrarán sobre todo en el quebrantamiento del toque de queda y las aglomeraciones del público en las zonas más falleras y en las habituales de botellón. Sobre los actos, habrá dos días clave: el día 1 con las mascletaes descentralizadas en los barrios y la jornada de la cremà por la necesidad de despejar la plaza del Ayuntamiento. En total, habrá nueve emplazamientos para fuegos artificiales, lo que ha obligado a elaborar 26 planes de seguridad para mascletaes de cien kilogramos de material, al tener en cuenta las organizadas por las comisiones. Sobre estas últimas, se han contabilizado 19 planes para espectáculos de menos de cien kilos.

Toda la plantilla de bomberos estará operativa, mientras que se ha previsto un dispositivo especial para inspeccionar 145 fallas en 12 grupos y catalogar así las que son de alto riesgo. Para esto último, se estima que llegarán al centenar. En la cremà habrá 151 bomberos y 119 vehículos. Sobre el tráfico, se cortará la circulación en el centro el próximo jueves a las 16 horas. Las señales y semáforos junto a los monumentos ya han sido desmontados.

30 de agosto de 2021

TARRAGONA: Agreden a un vigilante de seguridad a la estación de Renfe

Agreden a un vigilante de seguridad a la estación de Tarragona

El presunto autor de los hechos se enfrentó con los trabajadores y echó a uno al suelo de un placaje

Un hombre agrede a un vigilante de seguridad de la estación de Tarragona. El presunto autor de los hechos se enfrentó con los agentes y, aunque la suya acompañadora trató de tranquilizarlo, va placar a uno de los trabajadores y lo envió al suelo. Los hechos los denunciaron l'Adn Sindical de Seguridad Cataluña en su cuenta de Twitter durante la tarde de este sábado con un vídeo donde se ve el enfrentamiento entre una persona sin mascarilla y sin camiseta se encaraba hasta con tres vigilantes de seguridad de la estación de Tarragona. En este vídeo se puede ver como una mujer intentó tranquilizar al agresor, separándolo de los vigilantes sin éxito.

Desde d'Adn Sindical piden más herramientas de autodefensa, como un espray reglamentario, para poder hacer frente a estos sucesos. Según informa el medio a Nius, los vigilantes de seguridad denunciaron los hechos a los Mossos d'Esquadra que identificaron al agresor, pero no lo detuvieron.

Vigilantes de seguridad demandan modernización y unificación de la uniformidad

El Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS) que no ha dudado en ningún momento en ponerse al frente en la defensa de los derechos y de cualquier tipo de mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de la Seguridad Privada ante quien haga falta, en este caso entra de lleno en el tema de la mejora de la Uniformidad, un elemento básico y de vital importancia para que los profesionales puedan desarrollar sus funciones en las mejores condiciones posibles.

Se trata de una iniciativa que da comienzo con una legítima y valiente petición tramitada por parte de uno de sus afiliados, D. Pedro F.R., tiempo atrás miembro de Comité de la Empresa Sureste S.A representando a este Sindicato, allá por el mes de Octubre ante el Director General de la Policía para que tal y como le corresponde según la legislación vigente éste ponga las bases para que se establezca unas características técnicas adecuadas en el calzado de los vigilant@s de seguridad, con la intención de mejorar de una manera significativa las actuales.

LEGISLACIÓN AL RESPECTO DE LA UNIFORMIDAD SIN DESARROLLAR Una vez analizada e interiorizada ésta petición, esta organización ha descubierto que la Resolución del Ministerio del Interior referida a las características técnicas de la Uniformidad de la Seguridad Privada a la que se hace referencia en el Anexo VIII punto 2 de la Orden INT 318/2011, de 1 de febrero de 2011, sobre personal de seguridad privada, no se habría materializado ni desarrollado aún, por lo que a día de hoy se estaría dejando a la libre elección de las Empresas de Seguridad Privada la elección de las características y calidad de los materiales de las prendas de las que nos hacen entrega.

UNIFORMIDAD A LIBRE ELECCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD “Convendréis con nosotros que a día de hoy no es necesario ni lógico, y además injusto, que se deje a las empresas la elección de las características técnicas y de los materiales y calidades tanto de las prendas como del calzado que nos han de entregar obligatoriamente, puesto que a éstas no nos cabe la menor duda de que solo les mueven la consecución de beneficios económicos, sin importarles nada más e intentan ahorrar gastos con la uniformidad”, sentencian desde STS.

NINGUNA MEJORA AL RESPECTO EN LOS DISTINTOS COVENIOS A esta organización le sorprende también que a las organizaciones sindicales que negocian los convenios colectivos éste tema tampoco les preocupe, y por tanto no planteen mejoras de la uniformidad en las negociaciones de estos, puesto que sus afiliados también sufren las penurias de la mala calidad de las prendas que less entregan la gran mayoría de las empresas de seguridad.

ESCRITO AL MINISTRO DEL INTERIOR SOLICITANDO LA MODERNIZACIÓN, UNIFICACIÓN Y LA MEJORA DE LAS CALIDADES Y DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN NUESTRA UNIFORMIDAD Por todo ello, el Coordinador Jurídico D. Héctor Castaño, y tras un estudio previo de éste asunto y tras haber encontrado algunas lagunas al respecto de la uniformidad, ha enviado un escrito al Ministro del Interior como la máxima Autoridad competente para que tome la iniciativa e inste a que se realicen las gestiones oportunas, entre otras a que se desarrolle la Resolución sobre las características técnicas de la uniformidad, aprovechando la confección de ésta para que de una vez por todas, se modernice, unifique y sobre todo, se mejoren las calidades y los materiales de las prendas que componen su uniformidad.

MIRARSE EN EL ESPEJO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO A modo de ilustración aprovecha para recordar al Ministro que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos tiempos han modernizado su uniformidad, mejorando sustancialmente la calidad y la operatividad de ésta, siendo el Cuerpo Nacional de Policía un buen ejemplo de ello, que ha dejado atrás la gorra de plato o las chaquetillas con corbata que aún algunos de nosotros seguimos teniendo como prendas de uniformidad.

APELAR AL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DEDICACIÓN Y PROFESIONALIDAD Desde STSyS también se le apela a Interior que valore el gran trabajo y dedicación que los vigilant@s vienen desarrollando durante la pandemia del COVID-19, recordando a su vez que han sido designados como “servicio esencial” durante la misma, y que se les está reconociendo su labor allá donde la llevan a cabo. “Esperamos que esto sirva de motivación suficiente para que se atienda nuestra petición como colectivo útil y necesario que somos para la sociedad de hoy en día y del futuro próximo”, sentencian.

29 de agosto de 2021

Agresión a un vigilante de seguridad en Tarragona: “Con el spray de defensa en gel no hubiera pasado nada”

Los Mossos identificaron al agresor y le dejaron marchar al no considerarlo “suficiente para llevárselo detenido”

Si los compañeros hubieran tenido el spray de defensa en gel, los vigilantes no hubieran recibido estas agresiones”, explica Sergio Sánchez, asesor de Adn Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña

Un hombre agrede a un vigilante de seguridad en la Estación de Tarragona. “El pan de cada día”, explica Adn Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña. En el vídeo que publica el sindicato en redes sociales, el hombre sin mascarilla se encara con los vigilantes y tira a uno de ellos al suelo, muy cerca de los asientos de la parada. En la estación también aparece una mujer, que presuntamente acompañaba al agresor e intenta separarle y tranquilizarle sin éxito. Los agentes finalmente denunciaron la agresión a los Mossos, quienes le identificaron y posteriormente le dejaron marchar al no considerarlo “suficiente para llevárselo detenido”, explica Sergio Sánchez, asesor del sindicato.

El vigilante de seguridad que recibe el impacto del agresor denunció por redes sociales los hechos y grabó la conversación con los Mossos ante la incredulidad de no detener al agresor. “Me intentan tirar al tren y no os lo lleváis. ¿Qué se supone que me tendrían que haber hecho para que se lo lleven arrestado? ¿Haberme matado? ¿Haberme roto algo?”, lamenta el trabajador que asegura que el agredido es él.

Spray como defensa para los vigilantes Desde el sindicato denuncian la escasez de herramientas para hacer frente situaciones como la acontecida. “Si los compañeros hubieran tenido el spray autorizado por el Departamento de Interior y que de momento la empresa Trablisa no ha repartido, los vigilantes no hubieran recibido estas agresiones”, expresa Sergio Sánchez. El spray está homologado desde mayo de 2020 y, tras más de un año, muchos de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el transporte público catalán no cuentan con la herramienta de defensa en gel.

“Cada vez hay más agresividad, y nos dan herramientas pero las empresas no las ejecutan y no podemos trabajar como deberíamos”, lamenta el sindicato. De momento, actuaciones como la vivida en la Estación de Tarragona se repiten frecuentemente. “La pasividad de las empresas y las administraciones la pagamos los trabajadores”, concluyen.

28 de agosto de 2021

Cuando es el trabajador quien decide el despido: así avalan los jueces la salida de la empresa con indemnización

La jurisprudencia sigue avalando el autodespido cuando el trabajador sufre vejaciones o cobra tarde y mal.

Los tribunales respaldan las rescisiones de los contrato con una compensación equivalente a la de despido para el empleado cuando éste ha sufrido retrasos reiterados en el pago del salario o de los complementos de baja, cuando padece vejaciones y hostigamientos o cuando sus condiciones de trabajo o sus horarios son alteradas unilateralmente y de manera sustancial.

Se llama "rescisión indemnizada de contrato" y consiste en una especie de ‘autodespido’ en el que el trabajador se va de la empresa con una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de nueve mensualidades, una cifra que se acerca al salario neto de un año libre de impuestos: los tribunales mantienen vigente este derecho laboral que sobrevivió a la reforma de 2012 y que permite al asalariado desvincularse de la empresa cuando esta paga tarde y mal por costumbre, cuando sufre vejaciones en ella o cuando le impone una modificación sustancial de sus condiciones laborales.

"Es como un autodespido por las condiciones impuestas por la empresa", explica Fernando Burillo, veterano abogado laboralista, que llama la atención sobre algunas particularidades de este tipo de pleito, como el hecho de que el trabajador deba seguir en su puesto de trabajo hasta que haya una resolución judicial firme. "La situación del trabajador puede ser muy angustiosa, por lo que se puede pedir al juez la exención de acudir al trabajo mientras se sustancia la demanda como medida cautelar", explica. En caso de dejar de asistir y perder el pleito se vería en la calle sin indemnización ni derecho al desempleo porque "incurriría en un cese voluntario por inasistencia". La asistencia con la demanda presentada puede ser especialmente compleja en lugares como Sevilla, donde, aunque lo habitual es que terminen en un año, los procesos de extinción de contrato llegan a tardar hasta tres en ser sustanciados.

Trabajadores del metal, geriátrico y futbolistas En los últimos meses, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado autodespidos como el de un trabajador del metal de Teruel que durante casi cuatro años cobró la nómina mensual con retrasos de diez días a cinco meses, algo que supone una "causa justa para que el trabajador tenga derecho a la extinción del contrato y a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente", señala la sentencia, y el de otra de Guadalajara a la que la empresa abonó en vísperas del juicio los dos salarios que le adeudó durante más de un año. "Empezar a pagar no evita la sentencia, porque la infracción ya está cometida", señala Burillo.

"No hay un parámetro para medir cuándo el incumplimiento en el abono de los salarios produce esa situación. El Supremo faculta al trabajador para pedir su despido cuando lleva tres meses sin cobrar", indica el abogado, que recuerda que el supuesto del impago se aplica también a los complementos de la baja o incapacidad laboral transitoria. El tribunal también respaldó la rescisión del contrato con indemnización para una trabajadora de Barcelona que, tras aceptar tácitamente un cambio de empresa dentro del mismo grupo de geriátricos, vio cómo le imponían, sin consultarle, una jornada partida cuando la suya llevaba años siendo continua.

Y lo mismo ocurrió con el futbolista Francisco Tena, al que el Real Madrid tuvo que indemnizar con 1,56 millones por el "ncumplimiento contractual grave" que supuso tenerle varios meses sin una ficha que le permitiera jugar tras una lesión, ya que eso le provocó "caída del caché" que le causó un "grave perjuicio" en su carrera profesional. "Para que el juez dictamine que la empresa ha cometido un incumplimiento grave este no tiene por qué ser culpable", anota el letrado.

Indemnizaciones de despido improcedente en algunos casos Las demandas de autodespido se basan en el incumplimiento de tres artículos del Estatuto de los Trabajadores el 40 , que regula la movilidad geográfica; el 41, que recoge lo referente a las modificaciones de las condiciones de trabajo, y el 50 , que contempla los supuestos de impago y de incumplimiento de las obligaciones y abre la puerta de los dos primeros cuando los cambios "redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador".

Cuando se trate de un incumplimiento grave del contrato o de la legislación por parte del empresario, "el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente", es decir, 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades para los tramos de la vida laboral anteriores al 12 de febrero de 2012 y 33 jornadas con un tope de 24 meses a partir de entonces; sobre el sueldo bruto, libre de impuestos en ambos casos y con la posibilidad de acudir al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) en caso de insolvencia del antiguo empleador.

La vía del menoscabo de la dignidad se refiere al hostigamiento o ‘mobbing’, cuya prueba por parte del afectado suele tener el inconveniente de la necesidad de presentar testigos, ya que sus compañeros que siguen en la empresa son reacios a comparecer para declarar contra esta, y entre cuyos supuestos entra tanto tener al trabajador sin asignarle ninguna tarea concreta, en ocasiones manteniéndolo ‘encerrado’ en un despacho u otro tipo de habitáculo, como darle una inferior a su categoría. "Se entiende que hay hostigamiento porque esas situaciones redundan en perjuicio de la formación profesional del trabajador", anota el abogado.

España es el país de Europa con menos seguridad privada

La seguridad privada y los detectives se darán cita en el primer encuentro multidisciplinar con una visión de seguridad como concepto global 15,16 y 17 de abril #ElEncuentro21

Más de 300.000 mil profesionales del sector de la seguridad privada están convocados el próximo 15 de abril a las 10,30 horas, al primer encuentro digital en formato magacín de televisión, que reunirá a todos los agentes implicados, de manera directa e indirecta, con el mundo de la investigación y seguridad privada. A lo largo de tres horas de entrevistas y testimonios de profesionales, el magacín busca concienciar a la ciudadanía, instituciones y tejido empresarial sobre la importancia de un sector esencial visibilizando el hecho de que “sin seguridad no hay economía”.

El evento se enmarca la IV edición de Detcamp, el Foro para la comunicación y conocimiento en torno a la investigación y seguridad privada, que se celebrará en formato online los próximos días 15, 16 y 17 abril. Detcamp es una iniciativa impulsada por Gema Piñeiro, detective y periodista que celebró su primer encuentro en 2017 en la ciudad de Alcobendas.

#ElEncuentro21 hará una radiografía general sobre la actualidad de la seguridad privada dando voz a los principales representantes sectoriales y a nuevos agentes imprescindibles para el desarrollo y transformación del sector, tras más de un año de pandemia. Esta iniciativa de comunicación estratégica ha sido ideada por Gema Piñeiro que presentará el magacín junto a Ana Borredá, Ceo del Seguritecnia y Borrmat.Ambas son mujeres referentes en la comunicación del sector, y en esta edición se alían para expandir la cultura de la seguridad, teniendo a la investigación y seguridad privada como protagonistas.

Bajo el lema “Individualmente somos una gota y juntos un océano”, el Detcamp 2021 busca tender un puente bidireccional entre el colectivo de profesionales y la sociedad. Su objetivo es convertirse en un punto de encuentro para el personal de la seguridad privada, que está formado por vigilantes de seguridad, escoltas privados, guardas rurales, jefes de seguridad, directores de seguridad, detectives privados e instructores de tiro, cada uno de ellos contemplados en la Ley de Seguridad Privada de 2014 y con su tarjeta de identificación profesional (TIP).

La seguridad privada vista desde una visión global y multidisciplinar Un estudio hecho por el diario británico The Guardian informaba que más de la mitad de la población mundial vive en países desarrollados donde existe más seguridad privada que policías públicos. En España las fuerzas de seguridad privada incluyen a casi 300.000 profesionales con TIP, mientras que, sumando los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cifra sería de unos 243.000.

A la vista de estos datos, podemos afirmar que en España hay más seguridad privada que pública, pero somos el país de Europa con menos seguridad privada: la UE sigue un enfoque diferente al de la seguridad privada en España, tal y como se desprende de los estudios elaborados desde la Fundación Esys Seguridad.

Las empresas de seguridad privada dan empleo a millares de personas, porque cuando nos limitamos a decir que en España hay 88.000 vigilantes de seguridad, por cierto, grandes olvidados que han estado en la primera línea en los momentos más duros de la pandemia que no han sido considerados esenciales para la vacunación, a pesar contar con al menos veinte vigilantes fallecidos por coronavirus, según fuentes del sector. Y no debemos obviar que las grandes empresas de seguridad son compañías prestadoras de servicios integrales. Si contabilizamos el empleo generado por las 5 primeras empresas de un ranking de 1500, comprobaríamos que más de medio millón de personas viven de manera directa o tangencial del mundo de los servicios de las empresas de seguridad privada, en España y muchas con importante presencia en el mercado Latam

La cifra de negocio generado por la seguridad privada y la ciberseguridad asciende a 6500 millones de euros. En el Detcamp, como encuentro multidisciplinar, no se separa el mundo físico y ciber, porque “no puede haber medidas se sistemas de seguridad que no incorporen medidas de ciberseguridad, no puede haber medidas de ciberseguridad en las que no haya medidas de seguridad física para evitar accesos”.

Una nueva normativa adaptada a una nueva realidad El sector de la seguridad privada es inmensamente más grande del que está recogido en la Ley de Seguridad Privada, y nos enfrentamos a legislaciones contradictorias, que emanan desde diferentes ministerios, sin comprender que las medidas de seguridad actuales no son homogéneas. Parece unánime que todos los profesionales y empresas de la seguridad privada estarían esperando un Reglamento pendiente desde el establecimiento de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, aplazado por el Ejecutivo por prioridades. Además, todos coinciden en que la propia Ley de Seguridad Privada ha quedado obsoleta: hace siete años “no existía la nube, los servidores externos, ni los ciberataques”,la información, los datos, los informes, ya no están detrás de puertas de grado cuatro, ni en cajas fuertes.

La primera transformación que debe acometer el sector de la seguridad privada es adecuar la normativa a la nueva realidad, y para eso es necesario que los ejecutivos entiendan y atiendan a la seguridad privada, como prioridad y esencial para la seguridad todos.

27 de agosto de 2021

La Asociación de Vigilantes de Seguridad de Asturias estudia denunciar a las posibles brigadas anti-botellón de 'El Carbayu'

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asutrias (Avispa) podría denunciar a las brigadas anti-botellón que podrían ejercer en la fiesta de El Carbayu.

Desde Avispa entienden que la actuación de las denominadas «brigadas anti-botellón», compuestas por vecinos, y voluntarios de la agrupación municipal de Protección Civil de Langreo, previstas para el día 8 de septiembre festividad de la patrona de Langreo, en el Santuario y alrededores es, «cuanto menos, ilegal y contraria a la normativa reguladora vigente».

Aseguran que «tanto los miembros de la asociación de festejos de 'El Carbayu', como los voluntarios de Protección Civil, no pueden ampararse bajo ningún concepto legal en el ejercicio de tales funciones preventivas, mucho menos sancionadoras o coercitivas». Desde este colectivo denuncian que «son simples ciudadanos que cooperan u organizan una actividad festiva, cultural o religiosa, pero únicamente están capacitados para desarrollar tales acciones, y no para el control de las infracciones administrativas».

26 de agosto de 2021

Agredido un vigilante del Centro de Valoración y Orientación de Discapacidad de la Junta en Huelva

FeSMC UGT Huelva ha condenado la agresión al vigilante de seguridad del Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades de la Junta de Andalucía en Huelva.

Los hechos ocurrieron este pasado martes por la mañana, cuando un usuario del centro agredió al vigilante de seguridad, tras tener que intervenir ante la actitud agresiva de éste, con varios funcionarios y usuarios del centro.

El vigilante, tuvo que ser atendido de sus lesiones y se encuentra de baja médica en la actualidad. Desde FeSMC UGT Huelva, sindicato que ostenta la mayoría sindical en el comité de la empresa a la cual pertenece el vigilante agredido, denuncia que este tipo de hechos “vienen motivados en nuestra opinión por la falta de medios humanos y técnicos que sufren la mayoría de los servicios de seguridad, tanto en las administraciones públicas como en entes privados”.

El sindicato insiste en la necesidad de que, en los pliegos de prescripciones técnicas y administrativos para la contratación de servicios de seguridad de todas las administraciones públicas y privadas, se establezcan el aumento de personal, así como de los medios técnicos y de autoprotección necesarios que garanticen “la integridad física y la seguridad de los profesionales de la seguridad privada”.

25 de agosto de 2021

CÓRDOBA: La seguridad privada de un local detiene a un hombre que había robado objetos por 1.200 euros

Pasó a manos de la Policía Nacional que lo detuvo definitivamente

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un individuo de mediana edad como presunto autor de un hurto en un establecimiento comercial de la capital cordobesa.

El suceso tuvo lugar la semana pasada, a primera hora de la tarde, cuando la sala operativa del 091 recibió un aviso en el que se alertaba de la presunta comisión de un hecho delictivo en un establecimiento comercial de la capital. Rápidamente los agentes encuadrados en el Área de Seguridad Ciudadana se dirigieron hacia el lugar, donde recabaron datos de lo sucedido.

Al parecer, según el relato de hechos manifestado por personal de seguridad del local, el presunto autor del delito habría entrado en la tienda y fue sorprendido por las cámaras de seguridad mientras cogía un articulo valioso e intentó eludir el arco de seguridad de las escaleras. Finalmente, fue interceptado por los miembros de seguridad del local y llevaba entre pertenencias varios artículos de la tienda, cuyo valor ascendía a aproximadamente 1.200 euros.

24 de agosto de 2021

Detectives privados: vigilantes del teletrabajo

Las empresas los contratan para controlar a sus empleados / Investigan el cumplimiento del horario y las bajas por covid de los trabajadores.

Al escuchar hablar de los detectives privados, a cualquiera se le viene a la mente alguna de las numerosas películas protagonizadas por estos audaces personajes. No obstante, la realidad del día a día de los detectives en España y Aragón dista bastante de lo que se ve en la ficción de la pantalla grande. A raíz de la pandemia, el sector ha sufrido pérdidas económicas y los clientes han disminuido en el último año y medio. Desde el inicio del confinamiento, y con todas las restricciones que se han ido sucediendo, la profesión se ha visto afectada e incluso ha cambiado.

Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. A pesar de vivir unos duros meses en el sector, los detectives privados han visto cómo les llegaban pedidos que anteriormente eran casos puntuales y hoy en día ocupan una gran parte de su trabajo, sobre todo en cuanto al control del teletrabajo, que a consecuencia de la pandemia se ha instaurado en muchas empresas y entidades. «Los empleadores tenían sospechas de que no se estaban cumpliendo los horarios ni las jornadas laborales. Estas investigaciones estaban centradas en las personas que tenían que realizar su actividad en su domicilio, normalmente conectados a su ordenador o atendiendo telefónicamente clientes», explica Vicente Delgado, detective en Zaragoza y director de Inveszar Detectives, además de expresidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (Apdpe).

«En el caso del teletrabajo hay que saber que nosotros realizamos nuestro trabajo fuera del domicilio de la persona, por lo que solo investigamos cuando el individuo sale de su domicilio. Normalmente eso se ha producido durante su horario laboral y hemos podido comprobar estas situaciones con bastante dificultad, condicionados sobre todo por la poca gente que había por la calle, lo que llamaba mucho la atención en cualquier lugar», explica Delgado. 
Estos asuntos a investigar ya no solo se centran en el control del teletrabajo. Las empresas también contratan los servicios de los detectives privados para hacer un seguimiento de los trabajadores que fingían estar con personas de riesgo en su domicilio (o haber tenido contacto con un caso positivo de covid-19) para solicitar la baja laboral y no acudir a su puesto de trabajo. Delgado asegura que en numerosas ocasiones encontraban a estas personas investigadas fuera de su domicilio, lo que verificaba que los motivos de la baja no eran ciertos. Asimismo, las custodias de los niños están cobrando especial importancia en las investigaciones que realizan los detectives privados. «Algunos progenitores indican también situaciones de riesgo y confinamiento domiciliario para no entregar al niño o niña a su padre o madre en el periodo en el que les correspondía estar con el otro progenitor», indica el expresidente de la Apdpe.

El covid y la profesión. Desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado y durante el tiempo que duran las consiguientes restricciones que afectaron principalmente a los desplazamientos de todos los ciudadanos, la profesión del detective privado ha cambiado de forma radical. El número de asuntos disminuyó para la gran mayoría de estos trabajadores tan especiales «en todo el territorio nacional», asegura Delgado. «Estar restringidos en un primer momento en los domicilios significó que las personas, al no salir de casa, no realizaban actividades ni personales ni laborales mas allá de las que se autorizaron. En nuestro caso, como profesionales, incluso existió un tiempo en el que tampoco estábamos autorizados a trabajar en la calle, aunque finalmente se consiguió que el Ministerio del Interior entendiera que éramos una actividad que precisaba trabajar en la calle», explica este detective privado de Zaragoza.

A pesar de la autorización del ministerio para poder salir a la calle para continuar las investigaciones y, en definitiva, trabajar, «muchas de las investigaciones se vinieron abajo», apunta Delgado. El que fuera vicepresidente de la Apdpe pone como ejemplo el caso de los lesionados cuyas empresas piden un control a los detectives para llevar un seguimiento de su estado físico. «Al no salir de casa, no podíamos determinar si se estaba fingiendo o no una situación médica. Tampoco podíamos comprobar si una baja laboral era real o no».
Al 50% durante 2020 Sin duda alguna, y al igual que en muchos sectores del país, la pandemia ha supuesto una clara reducción de trabajo para los detectives. «No hay una estadística al respecto en esta cuestión para poder determinar la bajada en la demanda de detectives privados durante la pandemia, ya que aparecieron otro tipo de temas a realizar», asegura Delgado.

No obstante, el director de Inveszar cree que hubo un descenso, 'grosso modo', del 40% o el 50% durante el año 2020 solo en Aragón. La principal consecuencia fue para muchos despachos la económica, algo que provocó incluso que algunos de ellos tuvieran que cerrar el año pasado. Así les sucedió a Detective Service, una agencia de detectives en Zaragoza que contaban antes de la pandemia con una sede en la ciudad de Huesca. «La demanda de nuestros servicios bajó tanto que tuvimos que cerrar nuestra delegación en Huesca», explica Santiago Bernal, miembro del despacho, ya que «los clientes han sufrido también las consecuencias económicas y anteponen otras necesidades a contratar un detective privado para solucionar sus problemas». En este caso, dice Bernal, eran más las peticiones provenientes de Zaragoza para investigar casos en Huesca que los que recibían en la propia capital oscense. «No salía rentable».

Los detectives privados son los únicos profesionales habilitados legalmente para investigar la vida privada de las personas, exceptuando la que se desarrolla en las viviendas. Cuando se contratan sus servicios hay que comprobar que este cuente con su correspondiente tarjeta de identificación profesional (TIP) y con su número de licencia. Si establece una relación contractual sin ella, está penado para ambas partes por la Ley de Seguridad Privada. El expresidente de la Apdpe defiende su profesión y cree que saldrá adelante ya que «al final, en ocasiones, somos el único medio de prueba que tienen ciertas personas ante un juzgado para demostrar una situación».

MELILLA: Vigilantes del CETI, “abandonados”: el aislamiento de casos covid es “un parche”

Han diseñado un sistema de doble vallado para impedir que salga o entre nadie a esa zona

Los vigilantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) llevan semanas soportando una situación que no solo pone en riesgo a todos los residentes del centro, sino también a todos los trabajadores. Se sienten “abandonados” por la Administración y afirman que han tenido que diseñar ellos un sistema para perimetrar la zona donde están los casos de covid-19 para evitar que salga o entre nadie allí. Subrayan que el sistema actual para aislar a los casos positivos de esta enfermedad es “un parche” y exigen a las administraciones que diseñen un sistema que pueda perdurar el tiempo y que sea segura para todos.

El comité de empresa, seguridad y salud de todos los trabajadores de la seguridad privada del CETI de Melilla (por UGT) manifestó ayer a El Faro su descontento por lo que está sufriendo la plantilla en este centro. No es solo un sentimiento de “abandono”, sino que para ellos es una realidad. Desde que el CETI acoge a personas con covid son 6 los vigilantes de seguridad que han cogido esta enfermedad en 10 días, aunque ahora ya uno de ellos ha recibido el alta. Y no solo únicos, hay otras 6 personas afectadas del servicio de limpieza. Afirmó el colectivo que llevan mascarilla y se cumplen los normas de seguridad. Pero hay 160 personas aisladas por covid y creen que hay otras que son residentes y que probablemente tienen la enfermedad sin saberlo porque ya ha habido casos de este virus sin que procediera de migrantes que acababan de llegar al centro.

“Desde que se tomó la decisión de convertir al CETI en un centro covid provisional, son 6 vigilantes de seguridad los que han resultado positivos y otros 6 de limpieza. Estamos cansados de denunciar públicamente que estas instalaciones no están preparadas ni diseñadas para confinar a 160 personas”, subrayó UGT. Y es que cuando comenzó la pandemia, los migrantes que llegaban a la ciudad, antes de ingresar en el CETI, pasaban un tiempo de cuarentena en otros espacios, como Altos del Real. Sin embargo, ahora se trasladan a este centro, que según se señala desde este comité de empresa, ha creado como tres áreas diferenciadas para poder intentar controlar los casos de covid. Toda la zona del fondo del centro es ahora espacio para los que han dado positivo.

“La moral de los trabajadores está por los suelos, pues temen contagiarse y, en el peor de los casos, trasladar dicho contagio a sus familias. Sienten un total abandono por parte de la Administración, pues no es el primer desplante que sufren.”, lamentó. En este sentido, el comité de empresa por UGT subrayó que estos trabajadores no olvidan que las primeras administraciones de vacunas, fueron proporcionadas de forma preferentemente a los funcionarios, dejando al margen a los trabajadores de seguridad, cocina, limpieza, almacén y mantenimiento, que tuvieron que esperar sus dosis por año y fecha de nacimiento como el resto de la población. “Estos hechos fueron denunciados públicamente, pero una vez más recibieron silencio como respuesta”, remarcó.

Y lo peor de toda esta situación, reiteró es que “a día de hoy continúa el mismo silencio, con más de 160 positivos por covid-19, la única ayuda que han recibido por parte de la Administración local ha sido unas cuantas vallas de tráfico para delimitar a los contagiados de los demás residentes y trabajadores”. Es más, esas vallas que fueron colocadas por el personal de seguridad y un funcionario perteneciente al CETI sin ningún tipo de ayuda externa. En este punto, también matizó que las vallas se quedaron cortas y tuvieron que utilizar alambradas y otros elementos que fueron recopilando por el centro para hacer una especie de doble perímetro, es decir, una primera zona de vallas para controlar que nadie se acerque del resto de los residentes a este espacio aislado. Y es que en más de una ocasión, conocidos o familias quieren hacer llegar alimentos o tabaco a los confinados. Además, hay un segundo vallado para tratar que los aislados no salgan. Y ahí tienen que intervenir con su mejor don de palabras para convencer a esas personas de que den la vuelta.

“Recordamos a la Ciudad Autónoma que los problemas de salud pública son de su competencia, y que en el CETI hay un gran foco de contagios. Invitamos a que abandonen las políticas de reactividad para ser más proactivos ante dicha situación. Pues en futuras entradas de personas inmigrantes se volverá a repetir este problema. Es por lo que hay que establecer de forma inmediata un plan para abordar este tipo de situaciones. Pues como siempre son los trabajadores del centro los que pagan los platos rotos”, remarcó. En este sentido, solicitó un espacio adecuado para que puedan estar las personas en cuarentena cuando llegan a la ciudad y que no sea el propio CETI que ya lidiaba con casos de residentes con covid. Se preguntó si es que la Administración va a continuar con “este parche” o podrán una solución que sea adecuada para este tipo de casos porque no cesará en lo que queda del año y del próximo la entrada de personas por la valla o la llegada de pateras. Se precisa de una solución duradera para esta situación que se va a dar sí o sí en la ciudad.

Por último, “aprovechamos para recordar que los trabajadores de seguridad han solicitado en reiteradas ocasiones se les pague un plus penosidad, pues son ellos el primer bastión en la recepción de nuevas personas inmigrantes al centro, la primera fuerza de reacción en la solución de problemas, así como el único sector que permanece en el centro 24 horas”. En este sentido, informó de que desde las 22:00 a 08:00 horas únicamente se encuentra el personal de seguridad privada, recayendo sobre ellos toda la responsabilidad, de un centro sobresaturado ahora además con el añadido de 160 positivos por covid-19.


23 de agosto de 2021

Más de 65.000 valencianos armados

Disparos sin riesgo. Las inspecciones de la Guardia Civil en el ámbito de las armas de fuego y productos pirotécnicos previenen accidentes, evitan delitos y garantizan la seguridad

Las armas las carga el diablo. El dicho se hizo popular en tiempos de la mili obligatoria para alertar a los soldados de los peligros en el manejo del cetme, pero en la actualidad se sigue escuchando como una expresión coloquial para recordar el riesgo y prevenir disparos accidentales. En la provincia de Valencia, unas 65.000 personas tienen registradas más de 120.000 armas de fuego con sus correspondientes licencias. La Guardia Civil controla todas las actividades relacionadas con su tenencia, uso, fabricación y comercio en diversos escenarios, como puertos, aeropuertos, pasos fronterizos o galerías de tiro. También supervisa los rodajes de películas con armas simuladas, las recreaciones históricas o los ejercicios de tiro y exámenes que realizan los vigilantes de seguridad.

La Comandancia de la Guardia Civil de Valencia tiene nueve unidades de Intervención de Armas y Explosivos distribuidas por toda la provincia en los cuarteles de Patraix, Sueca, Sagunto, Llíria, Requena, Gandia, Xàtiva, Paiporta y Alzira, donde renuevan licencias de armas y llegan ejecutorias judiciales con frecuencia para retirarlas cuando sus titulares son detenidos por violencia de género u otros delitos graves. «Nuestras bases de datos policiales se encuentran interconectadas, y cuando es detenido el titular de una licencia de armas por un delito grave, esta información se traslada de inmediato al Registro Nacional de Armas para iniciar un procedimiento de revocación y retirada como medida cautelar», explica Antonio Díaz Fernández, teniente responsable de las nueve unidades de Intervención de Armas y Explosivos de Valencia.

En las dependencias de la Guardia Civil depositan también armas utilizadas en hechos delictivos. De este conjunto de pistolas, revólveres, escopetas y rifles, aproximadamente un 75 por ciento son legales pero, por uno u otro motivo, acaban en manos peligrosas. «Al igual que sucede con la violencia doméstica y de género, la colaboración ciudadana es clave cuando un poseedor legal de armas sufre problemas psicológicos, sentimentales, alcoholismo o se encuentran en otra situación de incompatibilidad», afirma Díaz.

«Si se sospecha que hay una falta de idoneidad, cualquier familiar, vecino o amigo puede contactar con nosotros con una simple llamada al 062. Garantizamos el anonimato, retiramos el ama como medida cautelar y abrimos un procedimiento urgente para que la persona afectada sea examinada por los Servicios Sanitarios», añade el teniente de la Guardia Civil.

Destrucción de armas Las armas las carga el diablo y las disparan algunos delincuentes si caen en sus manos. Prueba de ello son los tiroteos, los homicidios por disparos y el tráfico de armas, un negocio ilegal controlado por grupos criminales en España. Pero para que esto no suceda, la Guardia Civil destruye todos los años las pistolas, revólveres, escopetas y rifles que sus titulares desechan o que ya no tienen interés para los investigadores tras concluir las diligencias o el proceso judicial. En 2020, un total de 6.621 armas fueron reducidas a chatarra en la provincia de Valencia. «Nuestra exhaustiva labor de control previene accidentes, impide la comisión de delitos con armas de fuego y garantiza la seguridad ciudadana», asevera Díaz. Los especialistas de esta unidad inspeccionan también aquellos paquetes sospechosos de contener armas, como sucedió en ocho ocasiones en el primer semestre de 2021 por requerimiento de las oficinas postales. «Este año se cumple el 35 aniversario de la creación de la especialidad, pero las competencias de la Guardia Civil en el ámbito de las armas se remontan a 1844, el año de la fundación del cuerpo, cuando encomendaron a los primeros guardias vigilar que nadie andara con armas sin licencia», subraya el teniente.

La última subasta de armas Durante el primer trimestre del próximo año 2022, la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia realizará la última subasta de armas de la historia en la provincia. Tras la última modificación del reglamento aprobada el año pasado, transcurrido el plazo de un año desde el depósito del arma sin haber recibido ninguno de los destinos que puede designar su titular, la Dirección General de la Guardia Civil puede destruirla en lugar de proceder a su subasta, como se venía haciendo hasta la fecha.

Las unidades de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil tienen otros cometidos, muchos de ellos desconocidos para la mayoría de los ciudadanos, como el control de explosivos y la comprobación del uso de los mismos en canteras, minas y obras. «Hay que añadir, además, la jurisdicción exclusiva sobre la cartuchería y los artificios pirotécnicos con el fin de velar y asegurar el derecho constitucional de los ciudadanos a su seguridad», puntualiza Díaz. Con respecto a las armerías, la labor de la Guardia Civil es preventiva y está enfocada a evitar posibles accidentes. Los agentes especialistas en armas también inspeccionan los establecimientos de venta de productos pirotécnicos, tanto los de uso recreativo (petardos) como los de artículos que su utilizan en el mar (bengalas náuticas), así como los talleres de fabricación y los espectáculos de artificios pirotécnicos.

Los vigilantes de seguridad de Barajas denuncian la falta de personal: "Es un caos"

En los accesos y controles de la Terminal 2 del aeropuerto madrileño se están produciendo largas colas de pasajeros durante las primeras horas de la mañana por la falta de personal.

Los vigilantes de seguridad de Barajas han denunciado la falta de personal que sufren en los controles y accesos a las terminales, según ha podido saber Vozpópuli. Tal y como desveló este periódico, en estos días se están produciendo largas colas en la Terminal 2 del aeropuerto madrileño, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Aena ha cerrado la mayoría de las puertas de acceso a las terminales de Barajas y ha establecido seguridad en las entradas abiertas para controlar que sólo accedan los viajeros, sin acompañantes, salvo en caso de menores que viajen solos y personas con movilidad reducida.

Sin embargo, los vigilantes de la empresa de seguridad I-SEC, la empresa que está en los controles de acceso a la terminal, representados por el Sindicato Independiente Aeroportuario de Seguridad (SIAS), denuncian que sólo hay un trabajador en la entrada controlando estas tarjetas de embarque, donde se forman "unas colas impresionantes".

El pasado 25 de julio, el sindicato presentó una denuncia ante la Policía Nacional alertando de esta falta de personal en la T2 Barajas, sobre la que todavía no tienen respuesta. "El vigilante está solo, no le da tiempo a mirar todas las tarjetas de embarque y está totalmente expuesto. Es un caos", comenta en conversaciones con este periódico Soledad Risco, secretaria general de SIAS.

Risco detalla que uno de los problemas con los que se están encontrando es que cuando se llena la Terminal 2, normalmente a primera hora del día, "tienen que trasladar corriendo a personal de la Terminal 4 para intentar cubrirlo", dejando esta última con menos puestos. "Van moviendo a los vigilantes porque falta seguridad en todas las terminales", explica.

Además, el sindicato también alerta de la escasez de trabajadores en los controles de seguridad de Barajas y del "colapso" que esto genera. "Quieren que miremos los equipajes rápido, pero eso no puede ser", lamenta Soledad Risco. En este sentido, el pasado 24 de julio también presentó una denuncia ante la Guardia Civil como representantes de los trabajadores de Trablisa, la otra empresa encargada de los controles de acceso de seguridad. Según explican, se junta la falta de personal con la falta de formación. Por un lado, "la licitación que saca Aena a concurso no es acorde con las necesidades" y, por otro, "no es fácil encontrar a vigilantes que tenga la certificación 1 que exige AESA para poder trabajar en aeropuertos".

Colapso en la T2 de Barajas Tras quince meses cerrada por la baja actividad de las aerolíneas, Aena reabrió el pasado 1 de julio la Terminal 2 de Barajas, desde donde Air Europa opera sus vuelos nacionales y europeos. La empresa semipública tomó esta decisión ante el incremento progresivo de la demanda con la temporada estival. Sin embargo, los pasajeros están teniendo problemas en los primeros vuelos de la mañana, cuando se concentra la mayor parte del tráfico al tratarse de los vuelos más económicos, apuntan fuentes del sector. "Hay más pasajeros pero el aeropuerto tiene los mismos medios", explican otras fuentes.

En las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico, grabadas en la madrugada de este jueves 19 de agosto, se observa cómo más de medio centenar de personas hacen cola para entrar en la terminal. "Hemos tenido que esperar entre veinte y treinta minutos para entrar", explica una pasajera a Vozpópuli. "El problema es que sólo había una persona en la puerta de entrada leyendo los códigos QR de los billetes de avión. Ya a las seis de la mañana, la cola había crecido hasta meterse incluso en el recinto de los cubos de basura del aeropuerto", explica la viajera consultada por este periódico.

Días antes, el pasado 15 de agosto, algunas personas ya advertían en Twitter de que el interior de la Terminal 2 estaba "abarrotada". "Ese descontrol se produce todos los días por las mañanas, cuando los vuelos salen llenos por sus bajos precios", comenta otro pasajero a Vozpópuli. La secretaria general de SIAS también advierte de que se están produciendo problemas en los mostradores de facturación, con pasajeros que esperan hasta dos horas para ser atendidos. Este medio se ha puesto en contacto con Aena para conocer el motivo de los colapsos en la T2, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

19 de agosto de 2021

Conciliación familiar: guía sobre la reducción y la adaptación de jornada

El Plan 'MeCuida', que fue diseñado para facilitar el cuidado de menores por parte de sus progenitores durante la pandemia, termina su quinta prórroga el próximo 30 de septiembre.

Durante la pandemia se han puesto sobre la mesa algunas de las deficiencias del ritmo de vida actual y los graves problemas de conciliación laboral que existen. Por este motivo se han creado desde nuevas prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital, hasta medidas que favorezcan la flexibilidad en el trabajo.

El Plan 'Me Cuida' se creó con el objetivo de facilitar la reducción de jornada hasta el 100% de los trabajadores por cuenta ajena y para conceder un permiso de ausencia especial para quienes justifiquen los deberes de cuidado respecto a sus familiares por consanguinidad hasta el segundo grado. Esto permite todo tipo de cambios, desde el turno, el centro de trabajo, la presencialidad o las funciones hasta alterar el horario, optar por jornadas continuas u otros más flexibles.

A pesar de que las medidas adoptadas por el Gobierno terminarán el próximo 30 de septiembre si no hay un nuevo acuerdo, es posible que se extiendan por otro periodo como ya se ha visto en los últimos meses, ya que en mayo se inició la quinta prórroga. La normativa contempla dos principales sistemas, la adaptación y la reducción de jornada. Veamos cómo funcionan y qué requisitos son necesarios para solicitarlas.

Adaptación de jornada laboral Cabe destacar que el Plan 'Me Cuida' contemplan estos sistemas cuando "concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria de la COVID-19". Es decir, si no se prorrogan muchos trabajadores perderán dicha opción. Aun así, existen derechos similares en el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 34.8 contempla que los empleados puedan solicitar cualquier modificación de su jornada laboral para favorecer la conciliación familiar. Esto recoge cambios de turno, alteraciones del horario, jornadas partidas o continuas, flexible, cambio de centro, de funciones o la prestación mediante teletrabajo.

En este caso para solicitarlo hay que justificar a la empresa las razones por las que necesita esta medida de conciliación, y la propia compañía puede denegarlo si considera que no hay razones objetivas para concederlo. Por otro lado, en este caso cabe evidenciar que no existirá una reducción del salario ya que se realizan las mismas horas pero en otros horarios o formatos. En cambio, no tiene la misma protección frente a despidos.

Reducción de jornada Este caso se asimila al derecho a reducción por guarda legal o por otras circunstancias. Este permiso facilitará la disminución de hasta el 100% del horario laboral para el cuidado de familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad, según se indica en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Estos son los casos que se contemplan:

Guarda legal por menor de 12 años
​Guarda legal por hijos con discapacidad física, psíquica o sensorial
​Guarda legal por cuidado directo de un familiar
​Reducción de jornada por lactancia
​Reducción de jornada por violencia
​Reducción de jornada por hijo prematuro

Para solicitar este derecho es recomendable hacerlo por escrito y con al menos 24 horas de antelación para los casos relacionados con la Covid. Además, estas reducciones deben realizarse dentro del horario establecido y a diario. Por otro lado, esta situación sí supondrá una pérdida proporcional del salario, desde la base hasta los complementos de la nómina, y de la cotización a la Seguridad Social. A diferencia de la adaptación, hay una mayor protección frente al despido, ya que será necesario justificar las causas y ofrecer una indemnización sin contemplar la propia reducción.

La Fundación SAMU, denunciada por tener trabajadores como vigilantes sin serlo

Ha sido presentada por UGT ante la Delegación del Gobierno tras el despido de 32 vigilantes de Eulen y el empleo de otro personal para “dirigir” a los menores “usando palos”

UGT, a través de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Ceuta, ha presentado denuncia ante “la gravedad en las presuntas irregularidades de la empresa Fundación SAMU” de las que habría tenido conocimiento. Exponen en esa documental que han trasladado a los medios de comunicación, que la empresa está manteniendo a trabajadores que no reúnen los requisitos ni la formación haciendo labores de vigilancia de seguridad, usando “palos” para “dirigir a los menores acogidos”.

De igual manera se asegura que esta empresa “no contrata personal de limpieza ni de mantenimiento” por lo que esas labores las tiene que hacer el personal contratado para el cuidado de los niños que están en los centros habilitados de manera temporal. “Esta circunstancia es claramente declarativa de intrusismo laboral” lo que termina afectando a un gran número de trabajadores. Estas personas, continúa UGT, hacen funciones que no son las propias de su formación “y se encuentran en una situación de desprotección en cuanto a seguridad y salud en el trabajo”, aclara el sindicato.

Trabajadores despedidos y una curiosa oferta publicada después Como consecuencia de esa gestión, 32 trabajadores como vigilantes de seguridad que pertenecían a la empresa Eulen con centro de trabajo en el ‘Santa Amelia’ o los dos de Piniers han perdido sus puesto de trabajo con fecha de este martes. A la par, la empresa publica una oferta laboral para reclamar unos perfiles acordes a estos perdidos.

Por parte de la federación de este sindicato se pide al Área de Seguridad Privada y de Delegación del Gobierno que se comprueben estos hechos y que procedan a actuar en consecuencia, evitando que se produzcan casos de intrusismo laboral, obligando a Fundación SAMU a cumplir con sus obligaciones y hacer las contrataciones de acuerdo a los perfiles profesionales formados. De momento la noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre los afectados que se han visto sin trabajo.

18 de agosto de 2021

SEVILLA: Condenado un taller a pagar 153.000 euros por despedir a un trabajador de baja por invalidez

La empresa comunicó a la Seguridad Social la extinción del contrato y le pagó al demandante 9.000 euros; un juzgado de lo Social de la capital califica el despido como improcedente y eleva la indemnización.

Un juzgado de lo Social de Sevilla ha condenado a una empresa por el despido improcedente de un trabajador. Un taller de automóviles de la capital deberá indemnizar a un empleado con el pago de 153.000 euros por la ilegalidad de la extinción del contrato de éste mientras estaba de baja por incapacidad permanente en grado total para su profesión habitual. En una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la juez de refuerzo externo del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla estima íntegramente la demanda de despido de E.M.C. frente a un taller sevillano, en el que trabajaba de delegado de Ventas, y declara la improcedencia de dicho despido en abril de 2021.

Por ello, condena a la empresa a indemnizar a su exempleado con 153.316 euros más intereses. Lejos de los 9.107 euros que la empresa le reconocía como finiquito en la carta de despido. El empleado demandante venía trabajando para la empresa especializada en neumáticos de vehículos desde 1983. Desde julio de 2017 se encontraba de baja por incapacidad temporal. El Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la incapacidad permanente en grado total con efectos de 30 de marzo de 2021. La revisión por agravación o mejoría se realizará un año después.

Si bien, la empresa, tras recibir la notificación de la entidad gestora, el 15 de abril hizo llegar una carta al trabajador comunicándole que después de tener conocimiento de la notificación del INSS reconociendo su incapacidad permanente en grado total «se veían en la obligación de proceder a darle de baja» en la empresa con fecha de 29 de marzo de 2021. Además, le indicaban al trabajador que su finiquito era de 9.170 euros, como consecuencia de «la rescisión del contrato de trabajo por incapacidad permanente absoluta, finalizando por ella la relación jurídico laboral existente entre ambas partes».

El trabajador, de la mano de su letrado Borja Ortas, de Lébeq Abogados, presentó acto de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta, que acabó sin avenencia. Ante esta situación, el trabajador demandó a su empresa por considerar improcedente el despido, solicitando la indemnización que legalmente le corresponde. La empresa alegó que la carta no era de despido sino de comunicación de baja en la Seguridad Social y que por error mandaron una carta modelo usada antes para otro trabajador.

¿Despido o suspensión con reserva de puesto? Según expone la magistada en la sentencia, lo que en este caso se discute es si la baja en la Seguridad Social operada por la empresa y la comunicación dirigida al trabajador constituye un despido o una suspensión con reserva de puesto, según defiende la empresa. Analizada toda la prueba, la juez concluye que la empresa no sólo dio de baja en Seguridad Social al trabajador, sino que le notificó junto con la comunicación sobre dicho extremo un finiquito en el que indica haber percibido la suma de 9.107,62 euros en concepto de liquidación final, como consecuencia de la rescisión del contrato de trabajo por Incapacidad Permanente Absoluta, finalizando por ella la relación jurídica laboral existente entre ambas partes.

Hubo voluntad de extinción de relación laboral Según la juez, «la empresa no se limita a dar de baja al trabajador sino que le liquida las diferencias existentes surgidas en el curso de la relación laboral hasta ese momento, y emplea no sólo el término 'rescisión' refiriéndose al contrato de trabajo, sino también el término 'finalización' de la relación jurídica laboral, el término 'cese' y 'liquidación final'». La empresa sostiene que cometió un error al emplear en el finiquito el modelo de un trabajador que fue declarado en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, lo que no acredita.

Si bien consta comunicación al Instituto Nacional de Seguridad Social en junio de 2021, donde indica que la baja en la empresa se hizo con una baja por pase a situación de pensionista a la espera de que en dos años si se resuelve que ya no está incapacitado poder readmitir. Pero esta comunicación tuvo lugar tras no solo haber tenido conocimiento del acto de conciliación promovida por el trabajador sino incluso después de la celebración sin avenencia de la conciliación.

Dado que que la empresa no solo dio de baja al trabajador en Seguridad Social, sino que en el finiquito dio por finalizada la relación laboral, hubo voluntad de extinción de la relación laboral, que conlleva apreciar la existencia de un despido, que debe ser calificado como improcedente por defecto de forma. La declaración de incapacidad permanente total del trabajador hace inviable la posibilidad de readmitir al trabajador, por lo que el único término admisible de condena no es ya la opción readmitir o indemnizar que con carácter general contempla el Estatuto del Trabajador, sino que ha de imponerse al empresario la de indemnizar en los términos legales al trabajador despedido. Ante esto, la juez reconoce al empleado una indemnización por despido improcedente de 153.316 euros más los intereses.

BARCELONA: Vigilantes de seguridad de cementerio sorprenden "in fraganti" a un sujeto que robaba en las tumbas

Detenido un hombre por robar las estatuillas de 19 tumbas en el cementerio de Montjuic

El ladrón fue pillado "in fraganti" tras romper el cristal de un panteón e intentar acceder a él en Barcelona. El objetivo del joven de 31 años era revender las estatuillas robadas, según fuentes policiales. El detenido acumula once antecedentes por hechos similares relacionados, todos ellos, con robos.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un varón de 31 años por robar las estatuillas de una veintena de tumbas del cementerio de Montjuic, en Barcelona. El joven fue sorprendido de forma "in fraganti" mientras asaltaba una de las lápidas y ha sido acusado por un delito de robo con fuerza. Aunque las estatuillas carecían de valor más allá del sentimental, según fuentes policiales, el único objetivo del joven, de nacionalidad india, era revenderlas.

Ruido de cristales rotos Los hechos ocurrieron el pasado viernes alrededor de las 18 horas, cuando los vigilantes de seguridad del cementerio, que se encontraban haciendo la ronda por la calle paralela donde el presunto ladrón se encontraba, alertaron a la policía tras oír ruido de golpes y vidrios rotos. El joven, que rompía los cristales de los nichos y panteones con sus propias manos, acumula once antecedentes por delitos similares, todos ellos, robos.

17 de agosto de 2021

Incidente entre menores y vigilantes en un tren de cercanías de Cataluña

El personal de seguridad y los viajeros chocan porque uno de ellos no llevaba mascarilla; ADN Sindical pide "interventores" y una reunión del Consejo de Coordinación.

Pasajeros menores de edad han protagonizado un altercado en un tren de Cercanías de Cataluña porque uno de ellos no llevaba mascarilla. ADN Sindical ha difundido el vídeo del choque con los vigilantes y ha pedido más medios para lidiar con este tipo de algaradas.

En la grabación de móvil, difundida en la red social TikTok, se observa a un joven menor de edad viajando sin mascarilla y enfrentándose a una pareja de vigilantes, que tratan de calmarle, a bordo de un tren a la altura de Figueres (Girona). En el corto se asegura que el personal de seguridad "pegó al menor" por no llevar cubrebocas, algo que no se observa en las imágenes.

ADN Sindical pide "interventores" En conversación con este medio, un portavoz de ADN Sindical ha confirmado la veracidad del vídeo, aunque ha alertado de que los vigilantes "se quedan sin herramientas en estos casos", porque no llevar mascarilla es "solo una falta administrativa". Por ello, piden que el personal de seguridad "vaya acompañado de interventores", lo que permitiría "expulsar a los pasajeros vándalos del transporte público si están haciendo un mal uso del mismo". Asimismo, la plataforma sindical ha llamado al Departamento catalán de Interior a convocar una reunión del Consejo de Coordinación de Seguridad Privada, por cuanto "hace años que no se celebra".

MADRID: Getafe pondrá vigilantes de seguridad en dos bloques de 147 viviendas para que no entren okupas

El Ayuntamiento de Getafe contratará vigilantes de seguridad en dos bloques de 147 viviendas públicas de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) cuyos adjudicatarios llevan tiempo movilizándose al acumular un retraso de seis años en la entrega en el barrio de El Rosón.

Así, la EMSV ha licitado por 22.454 euros el contrato durante un mes al tener que poner vigilancia en los dos edificios hasta la firma de las escrituras y entrega de las viviendas a los adjudicatarios para "impedir cualquier tipo de allanamiento, ocupación, vandalismo o suceso dentro de las instalaciones". La prestación del servicio de vigilancia y seguridad consistirá principalmente en una acción de carácter preventivo, cuya finalidad es la de vigilar y proteger los edificios frente a cualquier actividad delictiva, así como intervenir en situaciones de peligro o emergencia, dando una respuesta rápida y eficaz ante contingencias imprevistas como accidentes, incendios u otros siniestros o sucesos similares.

Se deberá efectuar la vigilancia de las obras de edificación con atención especial a las zonas y accesos que pudieran presentar un riesgo de seguridad más elevado, con controles de identidad en el acceso a los recintos. Además, se deberá colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "poniendo a su disposición a los delincuentes localizados en el lugar, así como instrumentos, efectos y pruebas de los delitos". El pasado mes de junio, el concejal de Vivienda, Angel Múñoz, afirmó que las viviendas se entregarían en "las próximas semanas", una vez se contemplen las certificaciones finales de obra con sus visados y la documentación complementaria, para abordar los trámites de entrega de obras, calificación definitiva y licencia de primera ocupación que permitirá concluir el proceso edificatorio".

Asimismo, recordó que durante estos años se han encontrado con dificultades como suelos contaminados, abandono de las obras por la constructora, la pandemia y 'Filomena', "pero a pesar de todo las viviendas son una realidad y en breve se entregarán a sus destinatarios".