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La Fiscalía de Asuntos Económicos pide que sea condenado a 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa. De esta causa surgió el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de su primera instructora, Victoria Rosell, 'número dos' del Ministerio de Igualdad con Podemos
La Audiencia de Las Palmas juzgará a partir del 4 de julio al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la la Unión Deportiva Las Palmas, por el fraude de 36,66 millones que presuntamente generó a la Seguridad Social y Hacienda entre 2012 y 2017, por el que la Fiscalía de Asuntos Económicos pide que sea condenado a 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa. La acusación pública pide, a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de la empresa Seguridad Integral Canaria en 2011, en un movimiento que la fiscal del caso cree una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero siguió "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91 % de la compañía.
Durante casi tres semanas, la sección primera de la Audiencia Provincial examinará uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Canarias, no solo porque afecta al propietario de un club de Primera División (Ramírez preside la UD Las Palmas, de la que es accionista mayoritario) y a una firma que durante años ganó concesiones en administraciones de media España por sus precios imbatibles (el "rey de la seguridad low cost", se le llamó al empresario grancanario), sino por sus derivadas político/judiciales. De esta causa surgió el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de su primera instructora, Victoria Rosell, que estuvo incluso imputada ante el Supremo, hasta que el propio Miguel Ángel Ramírez dio un giro al caso al entregar a la Justicia una grabación en la que Alba le ofrecía beneficios procesales a cambio de que colaborase a cargar varios delitos a la entonces diputada de Podemos.
Rosell salió exonerada de todas las acusaciones que se plantearon contra ella, mientras que Salvador Alba perdió su condición de juez y cumple desde el 18 de octubre de 2022 una condena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental. En el juicio que comienza el 4 de julio, la Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y el sindicato USO tratarán de demostrar que Ramírez y De Armas recurrieron de forma sistemática a una serie de "ficciones" en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de 2008.
Las cuatro acusaciones del caso sostienen que, en realidad, esas maniobras de Seguridad Integral Canaria buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de "perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores". El Ministerio Fiscal imputa a Ramírez cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social, mientras que a De Armas le reprocha tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social. La Fiscalía examina en su calificación las operaciones que Seguridad Integral Canaria llevó a cabo a partir de 2011 para reducir su masa salarial (el grueso de los gastos en su negocio), que le permitieron adjudicarse numerosos concursos públicos de vigilancia en toda España, a los que acudía con unos costes muy inferiores a los de su competencia, que sí pagaba el convenio sectorial.
La primera de esas maniobras, detalla, fue "camuflar" las horas extras que hacían sus vigilantes y abonárselas como si fueran dietas, "por una razón obvia", subraya la fiscal del caso: con las dietas no tenía que retener cantidades a sus empleados de cara al IRPF y se ahorraba cotizar por esos pagos a la Seguridad Social. Por esa vía, añade, Ramírez eludió el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda y de otros 11,45 millones a la Seguridad Social. El resto de cantidades presuntamente defraudadas por ambos procesados al erario público provienen de los acuerdos de empresa que Seguridad Integral aplicaba a su plantilla tras "descolgarse" del convenio nacional del sector de la seguridad privada.
Los dos acuerdos de empresa resultaron anulados por el Tribunal Supremo, en sentencias que establecían que Seguridad Integral Canaria debería haber pagado a sus trabajadores conforme al convenio del sector desde 1 de marzo de 2012. Al no aplicar el convenio del sector, subraya la Fiscalía, Seguridad Integral Canaria mantuvo en una "situación de precariedad a sus trabajadores" que le permitió no abonar determinados conceptos que en realidad les correspondían y por los que tampoco tributó.
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