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30 de junio de 2017

Los últimos días de Segur Ibérica: sus rivales se dividen el pastel ante la inminente quiebra

Tras quedarse sin comprador, la mercantil pierde a sus mayores clientes (Telefónica, Navantia, Endesa y Repsol), que se suman a Adif, Aena o Acciona, y queda abocada a la desaparición

La que llegara a ser tercera empresa de seguridad del país por facturación, Segur Ibérica, parece afrontar sus últimos días en el mercado. Tras entrar en proceso de liquidación en el marco del concurso declarado ante el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid el pasado 22 de diciembre, los clientes de la compañía mostraron su preocupación por la situación de insolvencia y su temor por la posibilidad de quedarse sin servicios de seguridad de un día para otro. Los directivos y administradores concursales, conformados por personal de PricewaterhouseCoopers, para apaciguar los ánimos, trasladaron a estos clientes la idea de que el problema estaba en vías de ser solucionado.

En concreto, les transmitieron que había una sociedad holandesa —I Sec International Security— interesada en adquirir las unidades productivas del grupo y que esto iba a suponer una inyección de liquidez y la previsible reflotación de la compañía. La promesa tranquilizó temporalmente a los clientes. Sin embargo, hace apenas dos semanas, todo dio un nuevo vuelco. La multinacional descartó que fuera a adquirir finalmente participaciones de Segur Ibérica y el nerviosismo volvió a reinar entre las mercantiles que tenían contratados sus servicios.

Por este motivo, los dos principales clientes de Segur Ibérica movieron ficha y ya han dicho adiós a la compañía. Telefónica, que tenía dos centenares de vigilantes contratados más varias decenas de personal auxiliar, ha puesto fin a su relación comercial con la mercantil y ha contratado los servicios de Prosegur, principal grupo del sector con una facturación de 896 millones de euros en 2015. En la misma línea, Navantia —con 140 vigilantes— también ha abandonado a Segur Ibérica en beneficio de Prosegur. En proceso de adjudicación a otras empresas de seguridad —entre ellas, Eulen o Securitas— se encuentran también en estos momentos Endesa y Repsol, que hasta ahora —como Telefónica y Navantina— también confiaban la vigilancia de sus sedes a Segur Ibérica. Los cuatro clientes representaban el clavo ardiendo al que aún se agarraba la compañía en liquidación para mantener vivas sus esperanzas de resurgir de las cenizas.

Otros antiguos clientes de la mercantil que presidió Pedro Morenésantes de ser ministro también dijeron adiós a la compañía antes de Telefónica y Navantia. En concreto, desde finales de 2016 —cuando se puso en marcha el proceso concursal—, Adif (con un contrato de 12 millones de euros), Aena (de 11,3 millones), Acciona (cinco millones), el Museo del Prado (cuatro), la Mutua Madrileña (2,1), la Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2), Viesgo (1,2), ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) o Media Markt (360.000), entre otros, terminaron su relación comercial con la empresa de seguridad.

La Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO) critica hoy con dureza "la falta de transparencia por parte del administrador concursal hacia los trabajadores" y achaca la "ausencia de liquidez actual para hacer frente a liquidaciones, indemnizaciones y previsibles dificultades a la falta de diligencia" de PwC. "Siendo consciente de la situación crítica, PwC dificultaba la rescisión de contratos a los clientes que querían cambiar de empresa y con ello estabilizar la situación laboral de los vigilantes", censuran desde USO, donde añaden que la consultora "ponía trabas" a los clientes "con el fin de presentar a Segur Ibérica como una empresa rentable y con la mayor cartera de clientes posible".

La firma presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) el pasado noviembre que en principio —según alegó el propio grupo— no iba a afectar a toda la plantilla (4.000 empleados) sino a un reducido número de trabajadores, extremo que quedó en evidencia al decretarse el proceso de liquidación, y lo está aún más ahora con la deriva que está tomando la marca. El 22 de diciembre, se declaró el concurso.

La mayoría de los vigilantes, según entienden desde USO, pasará a subrogarse a las compañías que se hagan con el servicio, con lo que mantendrían sus puestos. "Correrán peor suerte los trabajadores de estructura, sin servicio asignado o que no cumplan los requisitos de subrogación, para los cuales el despido se llevará a cabo en un corto periodo de tiempo", vaticinan desde USO, agrupación que explica que actualmente Segur Ibérica cuenta con 200 vigilantes sin destino, además de decenas de trabajadores de oficina y directivos que previsiblemente tendrían que entrar en el ERE. La crisis de Segur Ibérica ha tenido lugar en un contexto complejo para el sector. El incremento de las denominadas 'empresas pirata' —que consiguen contratos presentando ofertas muy baratas a costa de reducir los salarios de los trabajadores por debajo de convenio, práctica fomentada por la reforma laboral— ha afectado al resto de compañías, algunas de las cuales han sucumbido y acabado funcionando igual. Entre estas últimas está Segur Ibérica, que durante los últimos años ha optado por tirar los precios para conseguir algunos contratos.

La principal patronal del sector, Aproser, paradójicamente en línea con los sindicatos, ha criticado duramente la reforma laboral que permitía este tipo de prácticas a base de bajar el sueldo hasta cantidades ridículas. De hecho, ha exigido que todos sus asociados paguen por encima de convenio si quieren seguir vinculados a la asociación, requisito que no quiso abrazar Segur Ibérica, que decidió abandonar la patronal.

Tanto la presión ejercida por Aproser como la de algunas organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) contra las empresas pirata parecen estar empezando a ser escuchadas por las administraciones públicas, que son las principales adjudicatarias de servicios de seguridad privada. Al menos por algunas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha revisado los baremos de adjudicación decontratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes se pusieran en huelga por la concesión de los servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia a la mercantil pirata Sinergias, que nada más hacerse con la adjudicación bajó el sueldo a los empleados que subrogó un 40%.

La reforma de los criterios emprendida por esta pequeña parte del sector público implica reducir el peso del factor precio en la adjudicación para que las empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar el concurso e incrementar el de la oferta técnica, más centrada en la prestación de un servicio profesional. En esta línea, de hecho, Prosegur, por ejemplo, ganó recientemente el concurso del Museo del Prado. La mercantil contaba precisamente con el mejor informe técnico, episodio que hace pensar en la existencia de un cambio real de sensibilidad por parte de algunos contratistas públicos. En este cambio de tendencia en la contratación también ha influido la lucha en los tribunales que la Federación de Seguridad Privada de USO ha emprendido contra empresas pirata como Seguridad Integral Canaria, Falcon, Magasegur, Protección y Seguridad Galaica, LPM Seguridad o la ya extinta Esabe, que, además de tirar los precios, según el sindicato, han defraudado a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, como ha reconocido la propia Agencia Tributaria en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas mercantiles.

Segur Ibérica es parte del Grupo Segur, que en 2015 facturó 237,95 millones de euros, un 5,7% más que en el año anterior. Sin embargo, desde que anunció el ERE, la mercantil ha reducido considerablemente sus ingresos. En concreto, desde noviembre, ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros, sin contar los últimos de Telefónica y Navantia, que engrosan la cifra considerablemente. Para más inri, Segur Ibérica aparece en la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria el pasado viernes, donde consta que adeuda 11,9 millones de euros a Hacienda al cierre de 2016. Es la primera vez que el Grupo Segur entra en este registro, en el que también se encuentran Seguridad Integral Canaria —propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez—, que debe 2,96 millones de euros, y Seguriber —controlada por la empresaria Mónica Oriol—, que adeuda 2,14 millones.

CÁCERES: Prisión para una banda criminal por robar en fincas y agredir a sus vigilantes

Deberán indemnizar con más de 116.000 euros por los daños causados en las casas. Los ocho integrantes han sido condenados a 47 años y tres meses de cárcel por la Audiencia

La Audiencia Provincial de Cáceres condena a 47 años y tres meses de prisión a los ocho integrantes de una organización criminal que robaba en fincas de toda España y agredía a los inquilinos que se encontraban en su interior. La investigación comenzó después de que sustrajeran 500 metros de cable de cobre en la localidad cacereña de Pasarón de la Vera, a la que dejaron varias horas sin comunicación por vía telefónica ni internet. La Audiencia ha probado que los acusados, la mayoría de nacionalidad rumana, entre febrero y abril del 2015 se concertaron para cometer delitos contra el patrimonio, utilizando la violencia física contra los inquilinos de las viviendas o empresas. Lo hacían con sus rostros cubiertos.

Su objetivo era sustraer cobre para su posterior venta a establecimientos de reciclaje de materiales. Perpetraron atracos en diferentes puntos de la geografía española (en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara o Valladolid) desde su sede, que estaba situada en el poblado chabolista ‘El Gallinero’, en la Cañada Real de Madrid. El cabecilla era Marius M., encargado de determinar en cada ocasión quiénes se desplazarían hasta el lugar. Él siempre permanecía en el poblado y dirigía la operación por teléfono. Les facilitaba las indicaciones necesarias para que el regreso fuera seguro, especialmente si había vigilancia policial. También se encargaba de concertar la venta de los materiales sustraídos.

Su lugarteniente era Rares S., que acompañaba a la banda a los lugares donde iban a perpetrar los robos, siempre bajo las instrucciones del cabecilla. Luician C. era el conductor, que se encargaba de llevarlos en coche. Después se alejaba del lugar hasta que volvían a llamarle cuando habían terminado su hazaña. El resto de los acusados, Lucian V., Adrian S. e Ionut M., se dedicaba a perpetrar los atracos.

Uno de los robos más violentos fue el que cometieron en la empresa de prefabricados Uniblock, en Seseña (Toledo). Asaltaron al vigilante de seguridad, a quien golperaron y arrastraron hasta el interior de la nave, donde le ataron de pies y manos con una cinta americana. Después le quitaron las llaves y le obligaron a decir a la central que no pasaba nada (habían saltado las alarmas).

MÁS ROBOS VIOLENTOS / También el perpetrado en la empresa Grúas Sierra en Loeches (Madrid). En este caso el vigilante se acercó hasta el lugar donde estaban los ladrones en coche y le atacaron con una barra de hierro rompiendo los cristales del vehículo. Tras un forcejeo, le inmovilizaron, cubrieron su rostro y le ataron las manos con los cordones de sus zapatillas. Mientras sustraían el material le golpearon violentamente con una barra y le ataron los tobillos con un cable. En un momento en que los acusados dejaron solo al vigilante este consiguió coger su teléfono móvil para llamar a su compañero, que llegó al rato con la policía, pero los asaltantes consiguieron huir.

En la empresa Cerámicas Mora, de Illescas (Toledo), golperaron también al vigilante de seguridad. Le redujeron mientras le amenazaban para que no contara nada y para que les informase de la hora a la que llegaba Prosegur. Le amordazaron y le maniataron. Y en Residuos Santaolalla e Hijos, de Quer (Guadalajara), también golpearon con puñetazos y patadas al encargado de la seguridad.

Los miembros de la banda deberán indemnizar con 116.370 euros a los dueños de las empresas y de las fincas por los daños ocasionados en ellas. En este caso también se ha condenado a Eduardo M. S. y a Mª Ángeles S. D. acusados de un delito de receptación, por haber comprado al cabecilla de la banda cable de cobre aún sabiendo que había sido sustraidos. Cada uno deberá cumplir un año y medio de prisión. El juicio duró una semana.

Militares reconvertidos en vigilantes de Seguridad




El Instituto Aragonés de empleo INAEM acredita a 74 miembros del ejército para trabajar en seguridad privada

Estos certificados les permitirán ejercer puestos de vigilantes de seguridad y de escoltas privados.

El Instituto Aragonés de empleo INAEM ha entregado hoy las certificaciones a 74 miembros de las Fuerzas Armadas que acreditan sus competencias profesionales para continuar su trayectoria laboral en el sector de la vigilancia y la seguridad privada. Estos certificados les permitirán ejercer de manera profesional puestos de vigilantes de seguridad y de escoltas privados, vigilantes en centrales de producción de energía o del transporte de fondos, dinero, valores y objetos valiosos y peligrosos, además de realizar labores de seguridad relacionadas con el control de equipajes de pasajeros en aeropuertos o estaciones. 

La medida se enmarca en el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias (PEAC) desarrollado este año en el marco del convenio de colaboración entre el Inaem y el Ministerio de, y que sigue teniendo como objetivo desarrollar de forma conjunta un programa de acciones formativas y de incorporación laboral, así como la difusión de las convocatorias de acceso a las Fuerzas Armadas, según ha informado en nota de prensa el Gobierno de Aragón. 

Para la financiación de este convenio, el Ministerio de Defensa aporta un presupuesto de cerca de 190.000 euros, de los cuales 34.000 están destinados a atender los gastos vinculados a la asistencia técnica para el desarrollo de dos Procedimientos de Evaluación y Acreditación de Competencias (PEAC), el de este año y otro en 2018. Más de 200 candidatos se inscribieron para participar en el procedimiento de este año, que contaba con 75 plazas.

29 de junio de 2017

SEVILLA: Minuto de silencio frente al Ayuntamiento por el vigilante fallecido en accidente de trabajo

accidente laboral Sevilla minuto de silencio sindicatos: Los sindicatos exigen un pacto contra la siniestralidad laboralLos aledaños del Ayuntamiento de Sevilla han acogido este jueves una concentración y un minuto de silencio, por la muerte el pasado martes por la noche de un vigilante de seguridad, como consecuencia de un accidente de trabajo.


Los aledaños del Ayuntamiento de Sevilla han acogido este jueves una concentración y un minuto de silencio, por la muerte el pasado martes por la noche de un vigilante de seguridad, como consecuencia de un accidente de trabajo.

La concentración, celebrada con una pancarta con la leyenda 'no más muertes en el trabajo', ha contado con la participación de concejales de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento hispalense, el PSOE, el PP, Ciudadanos, Participa e IU-CA, con el alcalde, Juan Espadas, a la cabeza.

Según informaban a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía y exponía CCOO, poco antes de las 23,10 horas de este pasado martes se solicitaba asistencia sanitaria, para un varón que yacía "ensangrentado" en el suelo en la calle Doctor Pedro Albert. Los facultativos sanitarios, según el 112, sólo pudieron certificar la muerte de esta persona. La unión provincial de CCOO, en ese sentido, ha señalado que a la espera de la confirmación de las causas de la muerte de este trabajador, en principio todo apunta a que "habría sido golpeado por la puerta de un garaje".

La justicia europea institucionaliza un sistema de trabajo que raya la esclavitud

Trabajar 12 días sin descanso es legal según el Tribunal de Justicia de la UE

El Abogado General del Tribunal de Justica de la Unión Europea, Henrik Saugmandsgaard Øe, considera que los trabajadores pueden ejercer su labor durante 12 días seguidos, siempre y cuando se respeten las 11 horas de descanso diario.

Según Saugmandsgaard, el derecho de la UE "no exige que se conceda un período de descanso como muy tarde el séptimo día después de seis días de trabajo consecutivo". Lo que la directiva europea relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo dispone es que todos los trabajadores deben disfrutar de un mínimo de 24 horas de descanso por cada siete días de trabajo,pero no especifica cuándo. Y por tanto, concluye, pueden trabajar más de siete días seguidos, hasta un máximo de 12.

Las conclusiones del Abogado General del TJUE subrayan que puede obligarse al trabajador a realizar su labor hasta 12 días consecutivos, "siempre y cuando se cumplan las demás disposiciones mínimas de la Directiva". En particular, Saugmandsgaard se refiere al descanso mínimo diario de 11 horas y al semanal de 24. El Abogado insiste en cualquier caso en que la finalidad de la directiva esgarantizar un periodo mínimo de descanso. Son los legisladores nacionales y los interlocutores sociales, añade, los que deben determinar la ordenación del tiempo de trabajo. Su opinión no es vinculante. El Tribunal se pronunciará en los próximos meses, pero la corte suele respetar en un 80% de los casos las recomendaciones de los letrados.

El caso que ha dado lugar al documento es el de Maio Marques da Rosa, un ciudadano portugués que trabajó entre 1991 y 2004 para un casino gestionado por la empresa Varzim Sol. El trabajador denuncia que entre 2008 y 2009 trabajó más de siete días seguidos en varias ocasiones. Marques da Rosa reclamó una compensación por las horas extra realizadas al considerar que no se le habían concedido los días de descanso a los que tenía derecho. El tribunal de primera instancia y la Audiencia de Portugal desestimaron el caso y, si la sentencia coincide con las conclusiones del abogado general, algo habitual, parece que el Tribunal de Justicia de la UE hará lo propio.

Las claves del conflicto de los vigilantes de seguridad

La patronal dice que sus empresas acumulan una disminución de la facturación de más de un 20% desde 2009. También dicen que sus empresas sufren pérdidas continuadas, algo que los sindicatos dicen que es una manipulación. Miles de exescoltas del País Vasco pasaron a ser vigilantes de seguridad con una reducción de sueldo del 60%

Los sindicatos USO, UGT y CCOO protestaron el miércoles por el deterioro de las condiciones laborales en un sector de mileuristas que se enfrentan a situaciones de peligro y estrés. Las empresas alegan pérdidas generalizadas. Se vislumbra un horizonte de conflictos. Justamente en la noche anterior a las protestas, un vigilante de seguridad fallecía en Sevilla tras un accidente laboral, presumiblemente al haber sido golpeado por la puerta de un garaje.

Además, la semana próxima -el 3 de julio-, los vigilantes de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara lanzan una huelga indefinida si el Gobierno regional no rescinde antes de esa fecha el contrato de la actual adjudicataria de estos servicios, la UTE formada por las empresas Cyrasa y Sinergias. "La manifestación-concentración fue un éxito rotundo de participación en la que los trabajadores y trabajadoras del sector han expresado su indignación ante la postura patronal que sólo está situandopérdidas de derechos sociales y económicos en la mesa de negociación", dijo a bez.es Daniel Barragán, de CCOO.

Negociaciones encalladas Los sindicatos piden un aumento salarial del 6% acumulado en dos años (3% y 3%), mientras que la patronal Aproser no quiere ir más allá del 4,5% (2% y 1,5%). Según la patronal Aproser -que nuclea empresas que suman el 70% de los casi 80.000 vigilantes-, la seguridad privada ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20% desde 2009 y, al tiempo, un incremento continuado de sus costes laborales, por lo que un gran número de empresas que aplican el convenio colectivo sectorial 'siguen aún' en situación de pérdidas continuadas". En 2016 se pactó un incremento salarial del 2,48% que ya se viene aplicando, aunque los sindicatos señalan que ese aumento llegó como consecuencia de una sentencia judicial que obliga al pago de pluses en los meses de vacaciones.

¿Pérdidas? Depende Desde Aproser dicen que sus empresas asociadas sufren "pérdidas continuadas". La más grande de éstas, el grupo Prosegur, obtuvo un beneficio de 185 millones de euros en 2016, aunque su negocio de seguridad no sea el responsable de sus ganancias, sino el de transporte de fondos (cash). "Para hacer otras actividades, como servicios y cash, necesitan tener la vigilancia, que es la que permite entrar en estos negocios, o sea que no pueden alegar pérdidas", dijo abez.es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, respecto a la empresa cuya mayor accionista con la mitad de las acciones,Helena Revoredo, amasa una fortuna de unos 2.400 millones de dólares, según Forbes.

Desde los sindicatos sostienen que las diferentes administraciones son cómplices de esta situación al favorecer con adjudicaciones la aparición de lo que llaman “empresas piratas”, que se descuelgan del convenio colectivo estatal y aplican uno propio -una posibilidad que les abrió la reforma laboral del PP de 2012-. Este descuelgue esta prohibido por el reglamento de Aproser, aunque empresas que están en conflicto con sindicatos, como Marsegur o Seguridad Integral Canaria, no forman parte de Aproser.

País Vasco, la situación más sangrante, de la mano del Estado Especialmente lesiva para sus condiciones laborales es la situación de los trabajadores del País Vasco que cumplían labores de escolta (unos 3.000 en los años en los que ETA estaba más activa). Como José Ramón Pinto, uno de los últimos 109 escoltas que dejaron su puesto en abril de 2017, siendo los últimos en País Vasco y Navarra, ya que el Ministerio del Interior decidió acabar con esta categoría que brindaba protección a potenciales víctimas de ETA, y tuvo que volver a trabajar de vigilante de seguridad.

Pinto trabajaba para la empresa Ombuds y ha visto cómo desde abril su salario se redujo un 60% en la región mas cara del país, con una hija en edad universitaria. "Yo tenía hipoteca, familia... y pasé de ganar 35.000 euros anuales a ganar la mitad, pero la principal responsabilidad de esto es del Ministerio del Interior, ya que ellos crearon el colectivo de escoltas, con una categoría especial, y luego nos abandonaron... compañeros míos hasta se han suicidado", explicó Pinto abez.es.

Pese a ello, Pinto dice que no echa de menos su profesión de escolta: "Es mucho estrés, tenías que revisar el coche todos los días por si te ponían una bomba, no tienes horarios, pero yo a esta altura prefiero ganar menos porque vivo más tranquilo... sólo me acuerdo de ellos el día 30 cuando, cobro la nómina".

¿Estas son las pérdidas del negocio de la seguridad privada?


La familia Revoredo amasará 210 millones con Prosegur Cash

Los accionistas se repartirán el 55% de los 820 millones captados por la filial. El resto, para inversiones.

¿Que va a hacer Prosegur con los 825 millones de euros que va a ingresar con la salida a bolsa inicial del 25% de Cash, su filial de transportes blindados, y del 27,5% si finalmente se asignan las acciones adicionales por los bancos colocadores? Todo está atado y bien atado.

Algo menos de la mitad de ese dinero captado en la OPV -un mínimo de 300 millones y un máximo de 400- se destinará a inversiones en nuevas tecnologías y a ampliar los negocios de seguridad y alarmas, con el claro objetivo de que Prosegur Cash lidere el proceso de consolidación en el sector de distribución del dinero en efectivo. Otra parte de lo ingresado -una cantidad a determinar- se destinará a fortalecer la propuesta de valor del grupo de seguridad, mediante el reequilibrio de todas las carteras comerciales y la redistribución entre todas las divisiones de negocio.


El consejo decidirá el importe del dividendo Y por último, un retorno en efectivo de otros aproximadamente 400 millones a repartir entre los accionistas de Prosegur. “Esta retribución no será cobrada de manera inmediata”, comentan desde la empresa de seguridad presidida por Helena Revoredo. “Y la cantidad no es definitiva. Será el consejo el que determine todas estas cuestiones dentro de unas semanas”, añaden las mismas fuentes. 

En el caso de que esa cantidad quedara fijada en esos 400 millones, el reparto entre los actuales accionistas está claro. Basta coger el listado de los accionistas de Prosegur para ver que Helena Revoredo recibiría unos 210 millones de euros por sus algo más de 309 millones de acciones, a un precio de 0,685 euros por título. Ingreso que permitirá a Revoredo incrementar un 10% su actual fortuna, cuantificada, según larevista Forbes, en 2.100 millones de dólares. Su hijo mayor, Christian Gut, consejero delegado de Prosegur y presidente de la nueva filial Cash, cobraría algo más de 1,2 millones por los 1,81 millones de acciones, equivalentes al 0,294% de la empresa de seguridad.

Los fondos, casi 60 millones por su 13,68% A partir de aquí, el conjunto de los fondos que figuran como accionistas significativos de la multinacional (Cantillon, Oppenheimer, Fidelity e Invesco), que suman un 13,68% del capital de Prosegur, se repartirían unos 58 millones con este dividendo extraordinario derivado de la salida a bolsa de estas filial de transportes blindados. De los 412,5 millones de acciones que finalmente se vendan -los 375 millones de la oferta más la asignación de 37,5 millones de títulos adicionales por la alta demanda- llevarían el porcentaje finalmente liberado de la matriz al 27,5%.

Conocido ya el precio de salida, en esos 2 euros por acción, la familia Revoredo acudía este viernes a la sede de la Bolsa de Madrid para dar el simbólico ‘toque de campana’ previo al inicio de la andadura bursátil de la nueva empresa. En su primera sesión, la nueva empresa subía un 3%, hasta 2,06 euros, con lo que la capitalización asciende desde los iniciales 3.000 millones a los 3.090.

Soros invierte 200 millones Finalmente, el reparto accionarial de Prosegur Cash queda compuesto por el 72,5% que ostenta la matriz -un 51% directamente a través de la matriz y otro 24% que mantendrá Prosegur Assets Management (PAM) -sociedad controlada al 100% por Prosegur-, y el 25% que sale a cotizar con una capitalización de 750 millones de euros. De los 412 millones de títulos que se moverán en el parqué -cuando dentro de unos días se cubra la asignación adicional-, al menos 100 millones han sido adquiridos por el inversor estadounidense de origen húngaro George Soros, y otro paquete similar ha ido a manos del fondo Moore Capital. En ambos casos, han pagado unos 200 millones de euros.

FUENTE: www.elespanol.com AQUÍ

La Comunidad de Madrid deja los juzgados sin vigilantes armados por un mal trámite


El Gobierno de Cifuentes no solicitó correctamente la autorización.

Durante 10 meses pagó indebidamente 120.000 euros a la empresa de seguridad por vigilantes desarmados, que deberían llevar arma por contrato. No se percataron hasta febrero de este año

Ni en los Juzgados Especiales de Violencia de Género, ni en el Registro Civil, ni en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ni en la Audiencia Provincial, ni en los juzgados de Plaza de Castilla, ni en los juzgados de Penales (en Julián Camarillo), ni siquiera en el Depósito de Efectos Judiciales. Ninguna de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid han estado protegidas por vigilantes armados, a pesar de ser un requisito obligatorio, según el contrato de ‘vigilancia y seguridad de las sedes judiciales madrileñas’ de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Durante los últimos 16 meses – entre abril de 2016 y hasta el próximo 1 de agosto-,los guardas jurados van desarmados porque ni la Comunidad de Madrid, ni la empresa adjudicataria tramitaron adecuadamente los permisos para que estos vigilantes pudiesen llevar su arma reglamentaria. Según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, la Consejería de Presidencia y Justicia comunicó en el mes de abril a la Delegación del Gobierno que una nueva empresa, la UTE Sasegur, había asumido el servicio de vigilancia y seguridad, y por tanto inciaban la autorización para que sus vigilantes pudiesen llevar armas. Aquí vino el primero error.

La Delegación del Gobierno, según han explicado a la SER desde esta institución, respondió a la Dirección General de Seguridad y Justicia que "esa solicitud no podía hacerse de forma genérica, sino juzgado por juzgado" - llegaron a aportarles resoluciones de otros años para que supiesen el formato que debían presentar-. La Comunidad de Madrid volvió a intentarlo. Lo hizo en el mes de junio, es decir, 6 meses después de que el contrato ya hubiese entrado en vigor. Y aquí llegó el segundo fallo. Según fuentes de la Delegación, a raíz de aquella solicitud comunicaron al Ejecutivo de Cifuentes que esa autorización debería hacerla la empresa adjudicatariay no ellos.

Pero todos se pasan la pelota. “Si tardamos varios meses en realizar esa solicitud fue porque la Delegación del Gobierno tardó dos meses en respondera la carta que les enviamos en abril”, advierte a la SER la actual Directora General de Justicia, Yolanda Ibarrola, que fue quien descubrió este problema en el mes de febrero (la anterior directora, Cristina Díaz fue cesada en enero de este año). Desde la Dirección General de Justicia creen que el error no ha sido de ellos, sino de “la empresa adjudicataria que no solicitó de forma oficial la autorizacióncomo estaba obligada por el contrato”, según Yolanda Ibarrola. Sin embargo, en otro documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, fechado el 11 de mayo de 2017, la misma Dirección General reconoce que el problema de los permisos fue "por causas no imputables a la UTE Sasegur".

Desde esa compañía, Sasegur niegan a la SER tener algún tipo de responsabilidad en estos fallos. Defienden que nadie les comunicó hasta el 17 de marzo de este año, que tendrían que ser ellos quienes debían encargarse de toda la gestión ante la Delegación del Gobierno (aunque esa obligación figuraba en el artículo 3 del Pliego de Condiciones Técnicas del Contrato). La compañía asumió el encargo, solo 7 días después solicitaron la autorización para las 21 sedes judiciales, y ha sido ahora, cuando lo han conseguido (después de pagar las tasas).

Pagos indebidos por vigilantes desarmados El único problema no solo ha sido que durante meses los juzgados hayan estado con vigilantes desarmados. Ha habido más. El Gobierno de Cifuentes ha estado pagando mes tras mes por un equipo de vigilantes, que iban desarmados, cuando el contrato obligaba a que portasen un arma. Así lo reconocen tanto la Comunidad de Madrid, como la empresa, que admite que entre abril de 2016 y enero de 2017, la Consejería de Presidencia y Justicia ha abonado indebidamente 120.534,26 euros por un servicio de seguridad que no han prestado. Se trata del plus de peligrosidad que cobran los vigilantes que portan un arma, 26 de ellos cobraron al mes 140’70 euros y otros 81 guardas recibieron otros 18’84 euros mensuales.

La Dirección General de Justicia se percató de este problema en febrero. Es decir, tardaron 10 meses en darse cuenta de que estaban pagando por unos servicios que no estaban recibiendo. Sasegur insiste a la SER que en ningún momento ellos han sido responsables de estos pagos indebidos. "Es más, nosotros ya les comunicamos en varias ocasiones nuestra preocupación por el retraso en la autorización y la merma que eso nos podría ocasionar". Esta compañía - que presta unos 300 vigilantes a los juzgados madrileños- confirma que se ha llegado ya a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para ir descontando lo que han cobrado de más - no se lo descontarán a los trabajadores que recibieron ese plus-. Actualmente se están instalando los armeros en las sedes judiciales y está previsto que el próximo 1 de agosto comiencen los servicios armados.

Revista Cuadernos de Seguridad Nº 323 (Junio 2017)


La seguridad privada en España, Perfiles por sexo y formación y tipos de contrato


SANTANDER: Seguridad privada colabora con Guardia Civil en la detención de 3 mujeres por hurtos en comercios

La Guardia Civil en colaboración con Seguridad Privada, ha procedido la tarde del pasado 26 de junio a la detención de tres mujeres con iniciales I.S.G. y A.V.S., vecinas de Bizkaia, de 46 y 18 años de edad, así como N.S.G., vecina de Santoña (Cantabria) y 49 años de edad, a las que se considera presuntas autoras de hurtos en 11 establecimientos comerciales, apoderándose de 61 efectos por un valor superior a los 700 euros.

La tarde del pasado lunes y en el marco del Plan de mejora de la seguridad en el sector del comercio que la Guardia Civil tiene puesto en marcha, la Seguridad Privada de un centro comercial de Maliaño comunicó que tenía a dos mujeres con diferentes efectos y que podían estar relacionadas con hurtos a establecimientos. Trasladada una patrulla de la Guardia Civil comprobaron que tenían en su poder ropa y bisutería que no acreditaban su lícita adquisición, comprobando que procedían de 3 comercios. No obstante y ante la posibilidad de que hubieran cometido algún otro hecho delictivo los agentes tras diferentes indagaciones averiguaron que una de ellas tenía un vehículo siendo localizado en el aparcamiento del centro comercial.

En la inspección realizada al vehículo se encontraron un buen número de efectos, que junto con los que fueron sorprendidos por la seguridad privada, se pudieron recuperar 32 prendas de vestir, 20 pares de bisutería y 9 bolsos, procediendo todo ello de un total de 11 establecimientos, con un valor superior a los 700 euros. En las mismas pesquisas se pudo comprobar que en estos hechos había participado una tercera mujer, que finalmente fue igualmente localizada, procediéndose a la detención de las tres mujeres como presuntas autoras de hurto en los 11 establecimientos en la misma tarde.

Plan de mejora de la seguridad del comercio Dentro de los diferentes planes operativos que la Guardia Civil tiene puestos en marcha en prevención de la seguridad ciudadana, desde hace varios desarrolla el Plan para la mejora de la seguridad en el comercio, consciente que este sector representa una de las actividades económicas más importantes del país. En este sentido y en lo que va de año la Guardia Civil ha realizado casi 700 actuaciones tendentes tanto a la prevención por parte de las unidades de seguridad ciudadana, relaciones y comunicaciones constates con la seguridad privada, comerciantes y diferentes personas implicadas en este sector, así como de investigación de hechos delictivos.

En este último apartado se constata un descenso en los hechos delictivos de un 6 % y un aumento de la eficacia superando las detenciones el 26 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Desde la Guardia Civil de Cantabria se ha confeccionado el siguiente decálogo en apoyo a la seguridad del sector del comercio:

1) Informar a la Guardia Civil (062) de la presencia en el local de personas extrañas o vehículos que puedan infundir sospechas.

2) No poner nunca en peligro la vida o integridad física en caso de ser víctima de estos delitos.

3) Mantener contacto regularmente entre el responsable del establecimiento con el Puesto de la Guardia Civil de la demarcación, para facilitar/intercambiar información.

4) Observación de las personas que se encuentren dentro del establecimiento en actitud vigilante o sospechosa, que curiosean y mantienen un comportamiento que indique que no tienen intención de realizar compras.

5) Permanecer atento a la entrada y permanencia de grupos de personas que, aprovechando su número, puedan llevar a cabo hurtos u otra actuación ilegal.

6) Evitar tener grandes cantidades de dinero en el establecimiento, no acumularlas en las cajas registradoras, ni en cajas fuertes y procurar ir acompañado en el momento de su traslado.

7) Prestar atención y desconfiar de las personas que entren en el establecimiento con cascos o cualquier elemento que dificulte su identificación visual.

8) Instalación de sistemas combinados de vigilancia activa y pasiva de seguridad, indicando su presencia mediante rótulos adecuados, en interior y exterior del inmueble, procurando que las cámaras de seguridad enfoquen al acceso del establecimiento y al lugar/es donde se encuentre/n la/s caja/s registradora/s y aquellos otros lugares que se consideren sensibles.

9) No informar, como norma general, a personas desconocidas sobre los sistemas de seguridad instalados en el establecimiento.

10) Denunciar todos los hechos delictivos de los que sea objeto.

28 de junio de 2017

Cientos de vigilantes se han manifestado para reivindicar un convenio colectivo justo, sin retroceso laboral

desde la Plataforma Social de la Seguridad Privada su portavoz Alberto García y su responsable jurídico José Luis Campillo han asegurado que no van a permitir que los vigilantes pierdan 300 euros al mes o vean eliminado su derecho a ser subrogados en sus puestos.

Cientos de vigilantes de seguridad se han concentrado hoy frente a la sede de la patronal en Madrid en demanda de un convenio colectivo justo que no suponga un retroceso en sus condiciones y reconozca su labor junto a los cuerpos de seguridad en infraestructuras críticas y en momentos de alerta como el actual.


Esta concentración ha contado con la asistencia de vigilantes de toda España y ha sido la principal de las convocadas en varias ciudades. "Seguridad privada en lucha, a más precariedad menos futuro. Empleo y convenio digno ya" resumía una de las pancartas durante la concentración convocada en Madrid por UGT, Comisiones Obreras y USO y la Plataforma Social de la Seguridad Privada, creada recientemente e integrada por los colectivos de trabajadores Alternativa Sindical, FSA-ATES, SPV, SPS y Federación Dignidad Obrera.

Lo han hecho en la puerta de la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser), patronal de sector ubicada en la calle Marqués de Urquijo. Esta calle ha sido cortada parcialmente al tráfico debido a la concentración, que ha reunido a mil personas según los organizadores y a unas seiscientas según fuentes policiales. Se trata de la segunda movilización ante la sede principal de Aproser durante la negociación del convenio colectivo del sector, que afecta a unos 80.000 profesionales.

El secretario del Sindicato de Seguridad de UGT, Diego Giráldez, ha explicado que "no se puede seguir impasible hacia un convenio de retroceso" con "unas condiciones precarias". Ha subrayado que la seguridad privada "juega un papel fundamental en la seguridad pública", entre otras cosas "protegiendo instalaciones de alto riesgo que están siendo adjudicadas de forma precaria" en un momento de nivel 4 de alerta terrorista y justo esta semana colaborando en la seguridad del Orgullo Mundial.

Desde Comisiones Obreras Daniel Barragán ha asegurado que "la patronal quiere "rebajar todas las condiciones salariales y de derechos" y ha incidido en la necesidad de mejorarlas "porque las patronales ni cumplen el convenio". Txomin Marañón, de USO, ha criticado que la patronal "proponga una rebaja del 26 % en la negociación" y tras "seis años de retroceso". Ha incidido en que aproximadamente el 60 % de estos profesionales trabajan para la administración pública y controlan puntos sensibles como aeropuertos, estaciones o centrales nucleares.

En la misma línea, desde la Plataforma Social de la Seguridad Privada su portavoz Alberto García y su responsable jurídico José Luis Campillo han asegurado que no van a permitir que los vigilantes pierdan 300 euros al mes o vean eliminado su derecho a ser subrogados en sus puestos. Han detallado que la patronal quiere precarizar el sector "echando la culpa a empresas piratas, como las de Miguel Ángel Ramírez", quien firma "convenios leoninos", ha dicho, en referencia al dueño de Seguridad Integral Canaria, que tiene contratos con la Seguridad Social, Defensa y la Agencia Tributaria. Y para evitar esto están dispuestos a convocar una huelga si la negociación no avanza.

Sobre este conflicto, Aproser -que agrupa al 70% de las compañías del sector- ha explicado en un comunicado que la industria de la seguridad privada ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20 % desde el año 2009. Ha subrayado que en 2016 se pactó un incremento salarial del 2,48 % que ya se aplica, y ahora "las empresas han hecho un nuevo replanteamiento" con varias materias "capitales para garantizar la viabilidad futura del sector". "Aproser reitera su voluntad de mantener abierto el proceso de negociación con el fin de alcanzar a la mayor brevedad un acuerdo equilibrado", concluye el comunicado. EFE

CEUTA: Los vigilantes de seguridad denuncian en la calle los "sueldos de mierda" que cobran

Cerca de una veintena de vigilantes de seguridad han secundado este miércoles a mediodía en la Plaza del Teniente Ruiz una movilización auspiciada por el Sector de Limpieza y Seguridad de UGT para exigir "un convenio digno"; denunciar los "sueldos de mierda", menos que mleuristas, que cobran; y afear a la Admnistración que no deje de contratar con empresas "piratas".

Actualmente el convenio sectorial se encuentra en una fase de negociación esin la que "gue existiendo por parte de las patronales una indefensión en cuanto a propuestas que en su conjunto sitúe un escenario real de mejoras de condiciones futuras". El ugetista Antonio Acedo ha explicado que, tras un lustro en el que se ha acumulado una pírrica subida salarial de "10 euros", la patronal del sector se escuda "en la crisis" y en que "los clientes se niegan a asumir una subida de tarifas" para negar cualquier actualización retributiva.

"Además nos quieren quitar pluses como el de antigüedad", ha añadido el portavoz de los concentrados, que no descarta que el conflicto termine en una huelga general del sector, con unos 400 trabajadores en la ciudad autónoma, a escala estatal.

Los concentrados han sido especialmente críticos con la Administración por seguir adjudicando concursos a empresas "piratas" como 'Seguridad Integral Canaria', que ha dejado a los vigilantes del Hospital Militar "sin cobrar ni la última nómina ni su finiquito". "Ahora han sido ellos pero en cualquier momento nos puede pasar a nosotros", se han solidarizado los movilizados.

SEVILLA; Muere un vigilante de seguridad golpeado por la puerta de un garaje

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El hombre ha muerto en la noche de este martes como consecuencia de un accidente laboral

Un vigilante de seguridad ha fallecido este pasado martes por la noche, como consecuencia de un accidente laboral acontecido en la calle Doctor Pedro Albert de Sevilla capital, paralela a la avenida concejal Alberto Jiménez Becerril, presumiblemente al haber sido «golpeado por la puerta de un garaje», según CCOO.

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, en efecto, poco antes de las 23,10 horas de este martes se solicitaba asistencia sanitaria, para un varón que yacía «ensangrentado» en el suelo en la calle Doctor Pedro Albert. Los facultativos sanitarios, según el 112, sólo pudieron certificar la muerte de esta persona.

La unión provincial de CCOO, en ese sentido, expone en un comunicado que a la espera de la confirmación de las causas de la muerte de este trabajador, en principio todo apunta a que «habría sido golpeado por la puerta de un garaje». El secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha lamentado la muerte de trabajador y ha mostrado las condolencias de CCOO al entorno del fallecido. Esta nueva muerte en el trabajo, según avisa, es la número 13 en lo que va de año, es decir, una muerte en accidente laboral cada 14 días en la provincia de Sevilla. La muerte en accidente laboral de este trabajador se producía, por cierto,horas antes de la concentración sindical celebrada en la Plaza Nueva, en para reclamar a la patronal de la seguridad privada avances en la negociación del nuevo convenio nacional del sector.

PALMA DE MALLORCA: El Comité de empresa de TRABLISA convoca Huelga en el aeropuerto

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Los vigilantes de seguridad, apaleados por la crisis

La conflictividad aumenta más que los sueldos

Los sindicatos reclaman una subida salarial mayor que la de la patronal, además de luchar por no perder derechos adquiridos. Se manifiestan ante la patronal y no descartan tomar otras medidas, como huelgas en empresas puntuales. Los sindicatos denuncian que las empresas ganan contratos con ofertas bajas en base a recortes salariales

Son mileuristas, trabajan noches y festivos con altos niveles de peligrosidad y siniestralidad laboral, en puestos de alta responsabilidad (aeropuertos, centrales nucleares), de cara al público en ambientes tensos (conciertos y centros de ocio). No es un colectivo con buenas condiciones laborales, pero quieren recortarle más. Los sindicatos plantan cara a una patronal que utiliza la reforma laboral para descolgarse del convenio sectorial.

Las tres mayores centrales sindicales (USO, UGT y CCOO) convocan a una protesta del sector frente a la patronal Aproser contra lo que consideran una precarización de sus condiciones laborales. "Pretenden rebajar todas las mejoras que tiene el convenio respecto al estatuto de los trabajadores", dijo a bez.es Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical en la Federación de Construcción y Servicios de CCOO.

Los sindicatos reclaman una subida salarial del 3% para 2017 y otro 3% por cada año de vigencia del convenio y la patronal ofrece un 2% en 2017 y un 1,5% el segundo año. "La concentración es sólo un primer paso, se pretende continuar con más medidas de presión según vaya evolucionando la negociación, y no se descarta ninguna", advierte Barragán, desde CCOO. Al ser una actividad regulada por el Ministerio del Interior, muchas veces a cargo de la seguridad en infraestructuras críticas u organismos públicos, los servicios mínimos impuestos a los vigilantes -que pueden rondar entre un 80% y un 100%- limitarían la efectividad de una huelga general del sector. Por eso, los sindicatos optan por otras vías, como concentraciones ante empresas, presión sobre clientes o denuncias para que se hagan inspecciones de trabajo.

"Es necesario un paso adelante en la consideración de la figura del vigilante, es el momento de que se recuperen derechos sociales y salariales de un sector muy castigado por los últimos años de crisis, es el momento de modernizar el texto del convenio y de incluir las nuevas modalidades y perfiles profesionales que se están dando en el sector", agregó Barragán, de CCOO. Las empresas que forman parte de Aproser (Alse, Eulen, Grupo Omega, Prosegur, Loomis, Sabico, Securitas,Segurisa, Trablisa) se han acogido a la posibilidad que brinda a las empresas la reforma laboral del PP para descolgarse del convenio colectivo y hacer convenios de empresa, con prioridad de éstos sobre los sectoriales. Desde Aproser se negaron a hacer ninguna valoración sobre la negociación. Así, un 25% de los casi 80.000 trabajadores cobran 300 euros menos de media para un trabajador mileurista. Aunque el número final de trabajadores es muy difícil de determinar debido a que es un colectivo con elevadas subcontratación.

"Tenemos que buscar otras maneras de combatir, con huelgas por empresas o servicios determinados, que incidan en clientes. Si hacemos huelgas puntuales, no sectoriales, generaremos unas incomodidades a las empresas, y estarán obligadas a hablar con los clientes", señaló a bez.es Basilio Alberto Febles, secretario general de Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera (FTSP-USO).

Competencia en base a recortes salariales Los sindicatos señalan que las empresas están precarizando en base a su competencia de precios: los recortes salariales son los que permiten bajar considerablemente las ofertas en las licitaciones públicas y así ganar contratos a costa de los salarios. Esto es paradójico cuando la seguridad privada se expande progresivamente hacia la custodia y protección de lugares estratégicos y de alto riesgo y, "en contrapartida, los propios clientes valoren a las empresas con el único criterio de la oferta más económica, que normalmente es la de mayor incumplimiento", señalan los sindicatos.

Detalles de la negociación En el aspecto económico, además de lo salarial, según los sindicatos, la patronal quiere eliminar la antigüedad, rebajar sus aportaciones en casos de bajas por enfermedad. Los trabajadores del sector tenían mejoras conseguidas en convenios anteriores y no quieren perderlas. Los tres primeros días de baja cobran el 50% y a partir del tercer día se incrementa la parte que subvencionan las empresas llegando hasta el 75% en bajas de mas de dos meses. Además, la patronal pretende congelar la antigüedad. "Estamos dispuestos a hablar de la congelación de la antigüedad pero a cambio de una subida del salario base que compense lo que pierden todos los trabajadores", señaló Febles, de USO.

Sanz anuncia en Andalucía la creación de una comisión regional de seguridad privada

La intención es la de coordinar y mejorar el trabajo de este sector con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado hoy en Málaga que se va a crear una comisión a nivel regional sobre la seguridad privada.

Se trata de una iniciativa pionera, según ha apuntado, a la vez que ha precisado que la intención es la de coordinar y mejorar el trabajo de este sector con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sanz ha dado a conocer esta iniciativa en el Parador de Golf de Málaga, dónde se ha celebrado un acto en el que se ha distinguido a 189 vigilantes por su labor a lo largo de este año. En el evento han estado, entre otras personalidades, el comisario provincial, Francisco López Canedo, el coronel de la Guardia Civil, Jesús Esteban, o el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones.

Durante su discurso, ha destacado la importancia del trabajo de la seguridad privada, insistiendo en que la colaboración entre este sector y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es clave en la lucha contra la delincuencia y para garantizar la seguridad ciudadana. Así, con la citada comisión se pretende crear un canal de información permanente, también a través del cual analizar en profundidad la situación del sector de la seguridad privada y trabajar para mejorarla, entre otros aspectos. En cuanto a los homenajeados, Sanz ha insistido en que son un ejemplo para el sector, que solo en Málaga ocupa a 4.400 personas, una cifra que asciende a 17.000 en toda Andalucía.

27 de junio de 2017

Los profesionales de la seguridad privada se movilizan contra la precariedad

El 28 de junio, el sector se manifestará en contra de la precarización de las condiciones laborales y un modelo de sector basado, exclusivamente, en la competencia sobre precios

La seguridad privada en España se enfrenta a un momento crucial para la mejora de las condiciones laborales y sociales del sector, y en este objetivo será determinante el resultado de la negociación colectiva.

En la negociación del convenio del sector de seguridad privada se dirimen dos modelos radicalmente distintos: aquel que entiende que la mejora del contexto económico debe repercutir positivamente en las condiciones del colectivo de profesionales que integran el sector; o aquel otro que ve en los posibles recortes de derechos a este mismo colectivo –los trabajadores y las trabajadoras– una oportunidad para mantener un modelo empresarial que arruina al sector y precariza las condiciones de trabajo, y todo ello a pesar de una evidencia contrastada: que este último modelo arruina, también, a las propias empresas de seguridad.

Los clientes de las empresas de seguridad privada, por su parte, no ocultan cierta satisfacción al comprobar que patronales y empresas, paralizadas por el miedo y sin perspectivas ni proyecto de futuro, no encuentran el modo de poner en valor el coste del servicio que los profesionales de la seguridad aportamos a esos clientes. En realidad, es un exiguo beneficio basado, exclusivamente, en un criterio economicista que tiene su reverso: el deterioro progresivo de la calidad en los servicios de seguridad prestados; un deterioro que es directamente proporcional a la precarización de las condiciones laborales de los profesionales de la seguridad.

Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras del sector deben reaccionar, deben responder con contundencia. Por ello, el próximo día 28 de junio, se Federación de Servicios, Movilidad y el Consumo de UGT han convocado distintas movilizaciones y concentraciones en todo el territorio nacional, a las que están llamadas todas las centrales sindicales, plataformas y agentes del sector. Siendo la concentración de Castilla la Mancha en Toledo en las puertas de la Conserjería de Hacienda y Administraciones Publicas, también como protesta a la contratación de la JCCM de empresas de bajo coste, que ni tan siquiera aplican el Convenio Sectorial.

Un grupo de empresas de seguridad privada debe más de 130 millones a Hacienda


LPM debe 20 millones a Hacienda. Ignacio García fue su director general

La liquidación de Segur Ibérica es sólo el último capítulo de una cadena de derrumbes en un sector afectado por la crisis y por un modelo de negocio arriesgado


La seguridad privada destaca como uno de los sectores más morosos con Hacienda según la última lista de grandes deudores publicada el viernes por el Ministerio. Aproximadamente unas 30 empresas deben más de 130 millones de euros a las arcas públicas, teniendo en cuenta además que en la lista sólo aparecen las deudas por encima de un millón de euros.

Segur Ibérica, abandonada a su suerte la semana pasada y en proceso de liquidación, debe 12 millones a la cartera de Cristóbal Montoro. Pero no es la principal morosa:LPM Seguridad, que en 2013 anunciaba a la prensa que invertiría 15 millones de euros en comprar empresas para crecer, entraba sin embargo en concurso apenas dos años más tarde dejando a deber 20 millones. Es la más deudora del sector. Un año antes había hecho lo propio Halcón Seguridad, que dejó 10,6 millones de deuda a Hacienda.

En la primera lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria había 30 compañías y 108 millones de deuda. Dos más tarde la lista ha crecido hasta 32 empresas y más de 130 millones de euros. La mayoría de las empresas entraron en concurso y están en procesos de liquidación, lo cual dificulta el cobro de estas deudas ya que además el 'efecto disuasorio' que pretende Hacienda con la publicación de su nombren la lista se diluye. Halcón Seguridad debe 10,6 millones, Falcón Controles 6,89 millones y Magasegur aproximadamente 6.

Destaca por encima de todas, porque está en activo y porque ha entrado en la lista este mismo año, Seguridad Integral Canaria, compañía propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las PalmasMiguel Ángel Ramírez. Debe unos 3 millones de euros. Este periódico ha hablado con Ramírez, quien ha asegurado que la deuda con Hacienda es a 31 de diciembre y que se pagó en enero. "No podríamos contratar si no con la administración pública y lo seguimos haciendo", ha asegurado el empresario grancanario. Sin embargo, a pesar de ello la administración tributaria ha decidido mantenerlo en la lista de morosos, asegura.

¿Por qué estas deudas? ¿Qué ha pasado para que nos encontremos con estas deudas brutales como vector común de un mismo sector? En la patronal Aproser, que representa a compañías como Prosegur,Securitas, Eulen o Ilunion, se ha preferido no responder a este diario. La compañía sí que tiene algún exsocio moroso, como Falcon Controles, que sí debe a la Hacienda pública 6,89 millones de euros y fue miembro de Aproser. Iván Blanco, de USO, sí que ha respondido. "Se actúa como lo hizo Falcon en su momento: debía 8 millones de euros a Hacienda, tenía la deuda negociada, se presentaba a un megaconcurso como Adif, seguía acumulando deuda, que llegó hasta los 122 millones, luego la empresa se declaró insolvente". Además, asegura, "la contratación pública se tira por los suelos rozando la bajada temeraria cuando otras empresas que sí que presentan en el convenio no pueden llegar a esos precios. Lo hacen para intentar vender después las empresas, jugando con distintas reglas".

"Aún se busca al dueño de Esabe, que entró en concurso en 2010" Hoy en día, la situación ha cambiado. Las grandes compañías han aguantado mejor y han cogido muchos contratos de las medianas. "Un Prosegur sí que puede aguantar un pago a 180 días porque tiene músculo financiero". Por otra parte, otra fuente sindical del sector considera que "casi todas las empresas que salen en esa lista han pasado por concurso de acreedores, lo cual dificulta mucho que vayan a pagar. Recuerdo el concurso de Esabe, eran 5.000 trabajadores en 2010. Todavía se persigue al dueño, que creo que está escondido por Portugal".

FUENTE: www.vozpopuli.com AQUÍ

Lista de los grandes deudores del sector de la seguridad privada, segun la publicación del ministerio de Hacienda

La seguridad privada destaca como uno de los sectores más morosos con Hacienda según la última lista de grandes deudores publicada por el Ministerio.

Unas 30 empresas deben más de 130 millones de euros a las arcas públicas, teniendo en cuenta además que en la lista sólo aparecen las deudas por encima de un millón de euros.


LISTA COMPLETA DE GRANDES DEUDORES

SEGURIDAD LPM SL 20.020.732,46

SEGUR IBERICA SA 11.937.818,01

HALCON EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL 10.591.467,84

FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA 6.897.076,9

ESABE EXPRESS SA 6.344.602,47

PROVINEN SEGURIDAD, SA 6.108.984,72

GEBISA SEGURIDAD SA 5.453.412,75

FOMENTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD SAL 5.319.048,94

J S DE SEGURIDAD SA 4.315.398,88

C7 SEGURIDAD SL 3.954.244,95

VIGILANCIA Y CONTROL PUNTO CINCO SA 2.979.101,62

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA 2.965.051,67

WERSER SEGURIDAD Y CUSTODIA SL 2.687.911,32

SEGURIDAD INTEGRAL MADRILEÑA SA 2.540.790,62

DEFENDER SEGURIDAD SAN 2.499.742,26

PREVENCION Y CONTROL PUNTO CINCO SL 2.461.023,97

ARAMIS SEGURIDAD SL 2.181.966,36

SEQUOR SEGURIDAD SAU 2.162.684,28

SEGURIDAD PERSONAL Y VIGILANCIA, S.C.L. 2.017.405,73

SEGURIDAD CERES SA 1.943.379,12

SEGURIDAD ALHAMBRA Y PROTECCION 1.885.483,57

ESABE VIGILANCIA SA 1.867.426,49

JARC SEGURIDAD S.L.U. 1.712.504,19

VIGILANCIA I SEGURETAT 94, SL 1.487.652,87

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PEDRO RICO SL 1.469.795,08

SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD SL 1.436.538,41

INTEGRAL DE TRATAMIENTOS DE SEGURIDAD SA 1.435.441,5

IBER SEGURIDAD SL 1.376.960,99

PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONTROL SL 1.306.209,67

SEGURIDAD THRON SL 1.163.136,11

PLUS-QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA 1.122.276,58

Borrador del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada


26 de junio de 2017

ACUDE a las CONCENTRACIONES del 28 de JUNIO ¡Por un SALARIO DIGNO y un CONVENIO JUSTO!





EL 28 TODOS A LA CALLE EN LUCHA POR UN CONVENIO DIGNO

La Plataforma Social de la Seguridad Privada, que aglutina a los sindicatos profesionales Alternativa Sindical, SPS, SPV, FSA ATES y Dignidad Obrera, se han sumado a las concentraciones reivindicativas convocadas en las principales ciudades del territorio español por los sindicatos UGT, CC.OO y USO en protesta por el bloqueo patronal del convenio colectivo de seguridad privada

A la gran cita de Madrid a las puertas de APROSER se unen las provincias de Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valencia, Guipúzcoa, Vizcaya, A Coruña, Murcia, León, Jaén, Granada, Almería, Huelva, Tenerife, Las Palmas, Toledo, Valladolid, Salamanca, Extremadura, Melilla y Ceuta. Y se siguen sumando más provincias a esta lucha. Si quieres participar en alguna de las movilizaciones, consulta el lugar y hora de concentración en plataformasocialsp.wordpress.com o en algunas de la webs de las organizaciones participantes en la protesta.

Queremos decirle a la patronal que la fuerza social de la seguridad privada está dispuesta a aunar esfuerzos para combatir los recortes que pretenden imponer unilateralmente en la negociación colectiva. No podemos ceder ni un ápice más después de tantos convenios de retroceso. Todos unimos nuestros esfuerzos por la Seguridad Privada y en lucha por un convenio digno para nuestro sector.


El 28 de Junio queremos a todos los vigilantes de seguridad en la calle peleando por un salario digno y un convenio justo para nuestro sector

 ¡¡¡NO PUEDES FALTAR!!!

Faltan dos días para el 28-J


VALENCIA: Vigilantes de seguridad empapelan el hospital de Gandía denunciando una rebaja del salario del 40 %

Los vigilantes de seguridad del Hospital de Gandía ya han empezado a movilizarse, lo primero ha sido empapelar el hospital con carteles donde explican los motivos de el porque de la huelga del 3 al 9 de julio y de las condiciones laborales impuestas por la empresa Marsegur, una huelga que se puede convertir en indefinida ya que las buenas palabras de varios responsables de diferentes administraciones son "solo eso , buenas palabras ".

Los vigilantes después de que la empresa Marsegur no se presentara al Tribunal de Arbitraje están dispuestos a llegar hasta el final , no van a consentir que les roben 500 € de cada nómina. Ante la alarma generada por esta huelga (y más en temporada turísica) el ayuntamiento de Gandía se ha puesto en contacto de con el gabinete de presidencia (Ximo Puig ), desde el hospital con Carolina Conesa (una histórica, jefa de contratación en la Consellería de Sanidad), también han contactado con Mónica Oltra (vicepresidenta de la Generalitat), todo son buenas palabras, pero los vigilantes de seguridad no se fían, quieren menos palabra y más hechos, la expulsión de la empresa Marsegur de este hospital . 

Este entramado de empresas; Seguridad Integral Canaria S.A. - Marsegur Seguridad Privada S.A. - Sinergías de Vigilancia y Seguridad S.A. - Power Sic S.L., conforman la "Asociación de Compñías de Seguridad Privada" ( ACOSEPRI ), los estatutos y el acta de constitución están suscritos , por Andrés Guzmán Saldaña (consejero del club deportivo Las Palmas, el dueño es M.Angel Ramirez) y en representación de Seguridad Integral Canaria. Queda claro que es un entramado de empresas creado para conseguir más beneficios a costa de los vigilantes de seguridad privada. Se presentan a los concursos haciendo ofertas temerarias, una vez conseguido el concurso viene la rebaja de los sueldos de los vigilantes. Para ello utilizan el descuelgue del convenio nacional de empresas de seguridad. 

Volvemos a recordar que Miguel Angel Ramirez fue indultado parcialmente en el 2013 por el Gobierno (Mariano Rajoy) y así evitaron que entrara en prisión, fue condenado a 3 años y 1 día de cárcel. A Ramirez se le fueron quitando servicios de seguridad después de los escándalos por el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, pronto con la ayuda de una administración "presuntamente corrupta" le fueron dando esos servicios a Marsegur (por ejemplo Defensa, 32 millones de euros), otro ejemplo es el estamos viendo esto días en el Hospital de Gandía, los vigilantes son "cedidos" de Seguridad Integral Canaria a Marsegur Seguridad Privada .