Ramírez se ganó el apodo del "rey de la seguridad low cost" por sus derivadas político/judiciales.
Por el supuesto delito, la Fiscalía de Asuntos Económicos pide que el presidente de la UD Las Palmas sea condenado a 21 años y medio de cárcel
La Audiencia de Las Palmas juzgará a partir del 4 de julio al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por el fraude de 36,66 millones que presuntamente generó a la Seguridad Social y Hacienda entre 2012 y 2017. Por esto, la Fiscalía de Asuntos Económicos pide que sea condenado a 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa. La acusación pública, a su vez, pide 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de la firma de seguridad privada en 2011, en un movimiento que la fiscal del caso cree una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91% de la compañía.
Tres semanas El juicio comienza la próxima semana y Fiscalía, Seguridad Social, Hacienda y el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) intentarán demostrar que Ramírez y De Armas recurrieron a una serie de "ficciones" en el pago de las nóminas a sus empleados y que se articularon con la excusa de superar la crisis económica de 2008. Las cuatro acusaciones del caso sostienen que, en realidad, esas maniobras de Seguridad Integral Canaria buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de "perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores". El Ministerio Fiscal imputa al presidente de la UD Las Palmas cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social. A De Armas, por otro lado, se le acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.
Delitos
La Fiscalía examina en su calificación las operaciones que Seguridad Integral Canaria llevó a cabo a partir de 2011 para reducir su masa salarial —el grueso de los gastos en su negocio—, que le permitieron adjudicarse numerosos concursos públicos de vigilancia en toda España, a los que acudía con unos costes muy inferiores a los de su competencia, que sí pagaba el convenio sectorial. La primera de esas supuestas maniobras, detalla, fue "camuflar" las horas extras que hacían sus vigilantes y abonárselas como si fueran dietas, "por una razón obvia", subraya la fiscal del caso: con las dietas no tenía que retener cantidades a sus empleados de cara al IRPF y se ahorraba cotizar por esos pagos a la Seguridad Social.
Por esa vía, añade, Ramírez eludió el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda y de otros 11,45 millones a la Seguridad Social. El resto de cantidades presuntamente defraudades por ambos procesados al erario público provienen de los acuerdos de empresa que Seguridad Integral aplicaba a su plantilla tras "descolgarse" del convenio nacional del sector de la seguridad privada.
Salvador Alba y Victoria Rosell Durante tres semanas se examinará uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Canarias y no solo porque Ramírez es el presidente de un club de Primera División, sino porque también afecta a una firma que durante años ganó concesiones en administraciones de media España por sus precios imbatibles. Ramírez se ganó el apodo del "rey de la seguridad low cost" por sus derivadas político/judiciales.
Es más, de esta misma causa surgió el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de Victoria Rosell, que llegó a estar imputada ante el Supremo hasta que, tras un giro, el propio Ramírez entregó a la justicia una grabación en la que Alba le ofrecía beneficios procesales a cambio de que colaborase a cargar varios delitos a la entonces diputada de Podemos. Rosell salió exonerada de todas las acusaciones que se plantearon contra ella, mientras que Alba perdió su condición de juez y cumple desde el 18 de octubre de 2022 una condena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental.
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