Noticias Destacadas SPV Sevilla


30 de abril de 2021

Correos ha actuado contra 155 vigilantes por fallos de seguridad

El jefe del Área de Seguridad de Correos, Javier Pumares, ha revelado a los sindicatos que la compañía ha actuado contra 155 vigilantes por no detectar correctamente elementos sospechosos en los escáneres según publica El Mundo.

Pumares habría trasladado esta preocupación a los sindicatos sobre la seguridad en Correos. Sin embargo, admitió que se produjo un fallo humano al no detectar las cartas con balas de fusil enviadas a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al líder de Podemos, Pablo Iglesias. “Si el operador está despistado, de nada sirve el escáner”, entrecomilla El Mundo de boca del jefe de Seguridad de Correos. Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT ponen de relieve que los mecanismos de seguridad se han relajado desde que Eta cesó su actividad terrorista.

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Simulacro de actuación en la Catedral ante incidentes críticos

 

Aprobado el calendario laboral de Andalucía para 2022: días festivos y puentes

Las doce jornadas marcadas en rojo se deben complementar con dos días festivos más señalados por cada ayuntamiento

El Gobierno de Andalucía ha aprobado el calendario laboral de Andalucía 2022, que establece doce días festivos de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable. A estos doce días se han de añadir con posterioridad dos de carácter local a propuesta de cada municipio. Para el año 2022 se establecen como días festivos en Andalucía, coincidiendo con festivos nacionales, el 6 de enero, Epifanía del Señor, y el 14 de abril, Jueves Santo, por ser festividades tradicionales en la región, además del 28 de febrero, Día de Andalucía.

A estos días elegidos como fiestas de ámbito autonómico, se añaden las fiestas de ámbito nacional correspondientes a Año Nuevo, 1 de enero; Viernes Santo, 15 de abril; Fiesta del Trabajo, 1 de mayo; Día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto; Fiesta Nacional de España, 12 de octubre; Día de Todos los Santos, 1 de noviembre; Día de la Constitución, 6 de diciembre; Día de la Inmaculada, 8 de diciembre, y Día de Navidad, 25 de diciembre.

Días festivos en Andalucía en 2022 Las fiestas correspondientes a los días 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y 25 de diciembre, Día de Navidad, por coincidir con domingo, se trasladan al lunes inmediato posterior, es decir, 2 de mayo y 26 de diciembre, respectivamente.

1 de enero (sábado)
6 de enero (jueves)
28 de febrero (lunes)
14 de abril (jueves)
15 de abril (viernes)
2 de mayo (lunes)
15 de agosto (lunes)
12 de octubre (miércoles)
1 de noviembre (martes)
6 de diciembre (martes)
8 de diciembre (jueves)
26 de diciembre (lunes)

A estas doce fiestas laborales se deben añadir aún las dos de carácter local que cada municipio debe proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la publicación del Decreto que establece el calendario laboral 2022 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Correos impone la ley del silencio a los vigilantes que no vieron las balas: «Quien hable, lo pagará caro»

OKDIARIO accede a la versión de los trabajadores que estaban en el centro de clasificación en el momento en el que Correos asegura que pasaron las cartas a Iglesias, Marlaska y Gámez.La imagen filtrada por Correos mostraba las 7 balas en la misma tanda de cartas revisadas en el escáner.

Juan, el vigilante apartado por su empresa a petición de Correos, uno de los más expertos y preparados de la plantilla, sigue manteniendo que él no vio nada parecido a las balas de la imagen filtrada por la empresa postal pública horas después del escándalo. OKDIARIO ha tenido acceso a nuevos detalles de lo que sucedió la tarde en la que Correos asegura que no fueron detectadas las cartas. La fuente de este diario debe permanecer en el anonimato debido al ambiente de tensión y secretismo que se vive en el centro postal de Vallecas, en Madrid.

Ya ha pasado una semana desde que el candidato por Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, hiciera público el envío de tres cartas con balas enviadas a través de Correos a él, al ministro del Interior y a la directora de la Guardia Civil, y las dudas sobre qué fue lo que falló para que las misivas llegaran a sus destinos siguen creciendo. OKDIARIO ha conseguido tener acceso al testimonio de uno de los vigilantes que el lunes 19 de abril estaba trabajando en el centro de clasificación y que fue testigo de todo lo que sucedió aquella tarde. Esa tarde dos vigilantes se ocupaban de estar atentos a las entradas de los vehículos. Uno más estaba operando la sala de la vigilancia a través de videocámaras. Y otros dos manejaban los dos escáneres por los que iba pasando el correo. Cinco vigilantes trabajando a pleno rendimiento que ya han contado a Correos y a su propia empresa los detalles de la jornada.

Este diario ha sabido que todos coinciden en que fue una tarde más, sin incidentes. De hecho, gracias a estos testimonios este diario ha podido saber no sólo que ellos no detectaron la presencia de las tres cartas, sino que en toda la tarde no hubo un solo positivo en ninguno de los dos escáneres que estaban trabajando a pleno rendimiento. De hecho, este periódico ha tenido acceso a los justificantes que muestran la operatividad de las dos máquinas de radioscopia, dos modelos distintos, el 19 de abril. Pero si un personaje ha cobrado mayor protagonismo ese ha sido Juan, el vigilante apartado por Correos hasta que la investigación interna demuestre si tuvo o no responsabilidad en lo ocurrido. La fuente consultada por OKIDIARIO describe la jornada de Juan aquella tarde:

«No hubo positivos aquella tarde» “El comportamiento de Juan fue de lo más normal, vamos, el de siempre. Se trata de una persona joven, muy centrada y comprometida con su trabajo. Es uno de los que más horas pasa delante del escáner, capaz de recordar matrículas y números de DNI de algunos conductores a los que tenemos que apuntar cuando llegan al centro. Tiene muy buena cabeza”. Eso es lo que más desconcierta a los expertos: el perfil de Juan, un profesional experimentado. “Estoy seguro de que el compañero no vio nada. De hecho, aquella tarde no se mencionó absolutamente nada y siempre se habla y se comenta lo que se ve en los monitores”.

El día acabó con normalidad hasta que el jueves Pablo Iglesias anunció la llegada de una carta con balas y dos días más tarde Correos filtró la imagen del escáner. La fuente consultada por este diario recuerda perfectamente cómo se enteró y qué pasó desde entonces en el centro de clasificación postal. “Nos enteramos viéndolo en internet. No dábamos crédito. La imagen que vimos, la de la munición, no pasa desapercibida y se ve perfectamente lo que es. Algo no cuadra. Si se da un positivo los de Correos se llevan el bulto y allí nadie sabe nada más. Desde que se supo lo que había pasado la situación es muy tensa, hay mucho secretismo. Sabemos que el que hable lo pagará caro”.

Juan fue apartado de su puesto y además fue convenientemente aleccionado porque cuando alguno de sus compañeros ha tratado de averiguar cómo está simplemente ha respondido que no puede hablar del asunto. Pero para entender las consecuencias de lo que ha sucedido esta semana en Correos hay que volver a los testimonios de los que sí siguen trabajando allí. Pese a que la seguridad de la empresa pública postal lleva más de una década sin actualizarse, Correos ha señalado sin dilación a un trabajador. No ha puesto en duda ni los protocolos ni el correcto funcionamiento de las máquinas. La culpa es de Juan.

Han pasado más de 10 días desde que 7 balas se colaron, según Correos, en su sistema de detección. Desde entonces ni nuevas directrices ni instrucciones concretas a los vigilantes que se encargan de su detección. “Ha sorprendido porque algo que ha provocado tanto escándalo creíamos que merecía al menos una reunión. Pero nada, ni una palabra”. Está claro que en menos de 48 horas Correos detectó el problema y la solución: apartar de todo a Juan el vigilante.

PONTEVEDRA: La Policía premia a la seguridad privada en el ámbito sanitario

El Hospital Provincial de Pontevedra acogió ayer el acto de homenaje que recibieron los trabajadores de la seguridad privada en el ámbito sanitario.

Se entregaron 26 menciones honoríficas de la Policía Nacional al equipo de logística y de seguridad que presta servicio en los hospitales del Sergas en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Se trata de reconocimientos de tipo A y B a diferentes encargados de seguridad, desde gerentes de empresa a vigilantes de seguridad. El acto contó con la presencia de la comisaria provincial, Estíbaliz Palma Varona, y del jefe de Seguridad Privada de la Comisaría de Pontevedra, así como de otras autoridades policiales. También asistió el gerente del área sanitaria, José Ramón Gómez Fernández.

Securitas soluciona 2021

 

BARCELONA: Un joven arranca una papelera y la arroja contra los vigilantes del metro

El incidente se produjo cuando el personal de seguridad impidió acceder a las instalaciones a un grupo, dado que iban borrachos y querían colarse.

El pasado sábado un joven arrancó una papelera de la calle y la arrojó contra el personal de seguridad de la estación de metro de plaza Universitat. ADN Sindical ha explicado a Metrópoli Abierta que el enfrentamiento se produjo cuando el personal de seguridad vetó el acceso al suburbano a un grupo de jóvenes, dado que mostraban síntomas de haber consumido alcohol en exceso.

El sindicato ha difundido las imágenes del altercado en su perfil de Twitter. De la misma forma, han aprovechado la ocasión para criticar la falta de iniciativa política ante los continuos ataques que reciben los vigilantes. Según ha explicado también ADN Sindical, los jóvenes que aparecen en las imágenes habían sido desalojados con anterioridad de la plaza del Macba. A continuación, y incumpliendo el toque de queda, pretendieron entrar al metro borrachos y sin pagar. Sin embargo, se encontraron a cuatro vigilantes que tumbaron sus intenciones incívicas.

La normativa establece que nadie en estado de embriaguez puede entrar a las instalaciones del metro, si se le pilla en el momento en que acceden al recinto. Esta decisión se toma debido al riesgo que suponen para ellos mismos, pero también para los demás usuarios. En este sentido, podrían producirse incidentes, desde molestias a los demás viajeros a caídas a las vías, entre otros ejemplos.

INTERNACIONAL: Prosegur lanza un plan de descarbonización

Esta primera iniciativa de compensación de emisiones se desarrolla a través de un proyecto de gestión de basuras situado en Río de Janeiro

Prosegur ha iniciado un proyecto de compensación de emisiones de CO2 con el objetivo de alcanzar su compromiso de neutralidad en carbono antes del año 2040, es decir, con diez años de adelanto sobre lo que marca el Acuerdo de Paris. El plan arranca con la compensación de las emisiones equivalentes de CO2 que generan las operaciones de la compañía en Europa, a través de un proyecto de gestión de basuras situado en Río de Janeiro, Brasil que, desde su puesta en marcha, ha evitado la emisión de más de 2,5 millones de toneladas de CO2 (Certified Emission Reduction) a la atmósfera.

Prosegur extenderá de manera gradual su programa de compensación de emisiones a los 26 países en los que opera. La siguiente región que entrará dentro del proyecto será Asía-Pacífico y a esta le seguirá Iberoamérica. Antonio Rubio, secretario general de Prosegur, ha destacado que: “la elección de Brasil para iniciar el proyecto de compensación de huella de carbono no es casual. Este es uno de los mercados más relevantes para la compañía y una de las zonas del mundo que concentran una mayor biodiversidad. En Prosegur nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra contribución para dar cumplimiento al Acuerdo de Paris.

Y estamos convencidos de que hacer del mundo un lugar más seguro, pasa también por hacer del mundo un lugar más sostenible”. Esta iniciativa, en la que Prosegur es pionera dentro del sector de la seguridad privada mundial, da continuidad a las medidas ya implementadas para reducir las emisiones producidas por sus actividades. En este sentido, cabe destacar algunas actuaciones como la disminución en un 10% de las emisiones CO2 a perímetro constante en 2020; la hibridación y electrificación de vehículos que, el año pasado, alcanzó a un 10% de la flota; o el consumo completo de energía procedente de fuentes renovables en España. Todas estas iniciativas se integran dentro del Plan Director de Sostenibilidad que el Consejo de Administración de la compañía ha aprobado en su última reunión.

Este plan muestra el compromiso de Prosegur con el proceso de transformación hacia una sociedad global sostenible en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. De hecho, la compañía ha integrado los 17 ODS en su estrategia de negocio y su sistema de gobierno y trabaja de forma intensa en diez de ellos, que son aquellos en los que la empresa realmente puede marcar la diferencia. El Plan Director de Sostenibilidad se estructura en cuatro grandes áreas de actuación: Ética, transparencia y gobernanza; Personas; Trabajo Seguro y Medioambiente.

En conjunto son 63 iniciativas concretas para las cuales la compañía ha definido una serie de indicadores detallados que le permitan medir su impacto y evolución. Adicionalmente, Prosegur ha establecido un Comité de Sostenibilidad, liderado por los miembros del Comité de Dirección, cuya labor principal será definir los objetivos, planes de actuación y prácticas de la compañía en esta materia. Con la creación de este órgano y la nueva función de supervisión por parte de la Comisión de Sostenibilidad, Gobierno Corporativo, Nombramientos y Retribuciones, la sostenibilidad se configura como un eje de actuación prioritario para Prosegur. Por último, cabe destacar que parte de la retribución variable de la alta dirección de la compañía queda vinculada a la consecución de los objetivos de sostenibilidad.

29 de abril de 2021

Un Juzgado de Madrid entiende que la opción de readmisión de los despidos improcedentes nunca debe ser del empleador

DESPIDO IMPROCEDENTE, OPCIÓN DE READMISIÓN.

Condena a la empresa a la inmediata readmisión sin permitir la facultad de elección al empleador.

El principio de integridad/adecuación indemnizatoria resultaría vulnerado si se deja en manos del empleador la elección y éste opta por la readmisión, porque en este caso quedarían sin resarcir los daños que el despido ha podido producir. Referencia a la legislación positiva española en materia de régimen indemnizatorio del despido improcedente como aparentemente vigente por ser contraria al art. 10 del Convenio 158 de la OIT, ratificado por España, por lo que, es de aplicación directa por los Tribunales de Justicia en nuestro país y forma parte del ordenamiento jurídico nacional interno

El Juzgado de lo Social núm. 34 estima la demanda interpuesta por el trabajador, previa declaración de improcedencia, condena a la mercantil a que readmita con carácter inmediato, en la mismas condiciones vigentes con anterioridad al despido y con abono de los salarios dejados percibir con sus correspondientes intereses moratorios.

Reivindicamos que el Ayuntamiento deje de contratar para sus instalaciones a empresas piratas e incumplidoras

¡TODOS A PROTESTAR A LA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILA!

SPV Sindicato Profesional de Vigilantes denuncia el modelo de licitación que tienen distintas administraciones públicas para adjudicar la seguridad de sus instalaciones, entre ellas el Ayuntamiento de Sevilla, basado en un modelo donde prima fundamentalmente la oferta económica más baja en detrimento de la calidad en la contratación de las empresas de seguridad. Al final, esta forma viciada de contratación, lo que hace es fomentar de forma descarada la precariedad y la explotación de los trabajadores por parte de las empresas a las que se finalmente se les adjudica el contrato.

Es por eso que nos vemos obligados a tomar una serie de iniciativas reivindicativas y de otra índole para denunciar lo que está pasado en el Ayuntamiento de Sevilla: con el dinero de los impuestos de todos los sevillanos se están contratando para la custodia de los edificios municipales a empresas piratas de la más baja calaña. Empresas como HISPANOSEGUR que ha acumulado hasta cinco meses sin pagar a sus trabajadores, o como SELECO que incumple los pliegos de licitación y se permite no respetar lo que marca la ley al no subrogar al personal de seguridad que estaban adscritos a los servicios que le han sido adjudicados, mandando a estos trabajadores al paro y obligándolos a litigar para defender sus puestos de trabajo.

¡El jueves 20 de mayo 11.00 a 13.00 horas todos a la puerta del Ayuntamiento!

En defensa de un sector de la seguridad privada libre de empresas piratas y con unas condiciones laborales dignas y decentes.

Revista Cuadernos de Seguridad (abril Nº 357)

 ACCEDE a la revista en www.epeldano.com aquí

28 de abril de 2021

Grupo Norte pide el concurso de acreedores voluntario

La empresa Grupo Norte, presidida por el empresario de origen leonés que hizo su carrera empresarial, José Rolando Álvarez, ha comunicado que ha solicitado la declaración "en un intento de dar viabilidad a la empresa"

La empresa multiservicios Grupo Norte ha comunicado este miércoles que ha solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores "en un intento de dar viabilidad a la empresa". La empresa, con sede corporativa en Valladolid, fue fundada en 1996 por el empresario leonés afincado en Valladolid, José Rolando Álvarez, uno de los más insignes de Castilla y León en las últimas décadas. Rolando llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid y presidente de la sociedad de aval Iberaval.

Fundada en 1996, agrupando negocios que se remontan hasta mediados de los setenta, Grupo Norte, llegó a contar con 12.000 empleados, ha sido una de las principales compañías del sector servicios en España, con negocios también en Chile desde el año 2001 y con presencia en Perú desde 2014. En los últimos tiempos la compañía viene sufriendo una situación económica complicada, que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. En 2020, vendió a la multinacional italiana GiGroup su negocio de ETT (de trabajo temporal). En el comunicado, el grupo explica que han sido varios los factores que han determinado la necesidad de adoptar esta decisión, entre ellos "la situación del sector servicios en el que opera la compañía, con una incesante contracción de los márgenes en los últimos años". Por otro, señalan "la fuerte caída de la actividad derivada de los efectos de la pandemia de la COVID-19 y que ha provocado un impacto continuado en los ingresos".

Pese a estas dificultades, han recalcado que la empresa mantenía la viabilidad, gracias al desarrollo del Plan Estratégico de Negocio 2018-2021, elaborado junto a la consultora Ernst & Young y con el visto bueno de las entidades financieras colaboradoras. "Sin embargo, y pese a los prolongados esfuerzos realizados, la actual situación hace imposible afrontar las obligaciones contraídas a corto plazo con las entidades financieras, así como cumplir con las obligaciones tributarias pendientes", han señalado las mismas fuentes.

Como consecuencia de todo ello, "y en aras de proteger la actividad empresarial, mantener el empleo y no perjudicar los intereses de los trabajadores y afectados", se ha tomado la decisión de concurrir voluntariamente al concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil. La situación concursal afecta a Grupo Norte AES y GN Soluciones de Seguridad, sociedades que prestan sus servicios en España.

PAMPLONA: Critican la reducción de la seguridad en las oficinas de Correos


CSIF Navarra afirma que han disminuido los vigilantes, horas de vigilancia y dsipositivos para controlar la paquetería.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Navarra denunció ayer la "continua disminución de la seguridad" en las instalaciones de Correos en la Comunidad Foral. Así lo señaló el sindicato en una nota, en la que aseguró que desde que quebró la anterior compañía de seguridad que operaba en la sucursal la Empresa Pública Estatal ha disminuido paulatinamente el número de vigilantes, el número de horas con vigilancia y los instrumentos necesarios para el control de paquetería.

Para el responsable de seguridad privada de CSIF, Juan Dopazo, es "curioso" ver cómo "cuando surge algún problema, los responsables máximos de Correos no tardan en culpar a la seguridad privada de todo ello mientras que, por el otro lado y sin tregua, se aminoran los medios humanos y materiales dedicados a la seguridad". Para este sindicato, la rebaja "comienza a ser alarmante" en Pamplona, tanto en la sede Central como en el Centro de Tratamiento Postal, y llega a ser "deficitaria en personal, instrumental de control y verificación, así como en horarios".

"Esperamos, sinceramente, que los responsables de Correos recapaciten y piensen en la importancia que supone para una empresa nacional de estas características la seguridad de todos los trabajadores y usuarios, restituyendo la vigilancia en los servicios necesarios", aseveró Dopazo. Al respecto, se refiere a lo ocurrido en Madrid, donde altos cargos del Gobierno central han recibido cartas que contenían cartuchos de balas y una navaja".

Correos admite que lleva 12 años sin actualizar protocolos de seguridad y que sólo el 4% de los envíos pasa por escáner


¡Inadmisible!

La empresa Correos admite ahora que existen "brechas de seguridad" y que todos los envíos no pasan por los escáneres.

Después de llevar más de una semana tirando por tierra la profesionalidad del vigilante de seguridad afectado y de responsabilizarlo de no haber detectado las cartas con balas destinadas para Iglesias, Marlaska y Gámez, incluso pidiéndole a la empresa responsable del servicio ‘INV Compañía de Servicios Integrales SL’ la retirada inmediata del trabajador, ahora va Correos y admite que lleva 12 años sin actualizar los protocolos de seguridad y que sólo el 4% de los envíos pasa por el escáner.

Según publica el periódico el Mundo VER AQUÍ, Correos ha admitido a los sindicatos mayoritarios del Servicio Postal, UGT y CCOO que los protocolos de seguridad llevan 12 años sin actualizarse. En una reunión de urgencia instada por los representantes sindicales, la empresa ha reconocido que existen "brechas de seguridad" y que "no todos los envíos pasan por los escáneres".

Es chocante que cada vez que hay algún incidente en alguna empresa, la primera solución es echarle la culpa al vigilante de seguridad y retirarlo del servicio, con el agravante de que ni su propia empresa lo va a defender, porque nunca se va a enfrentar al cliente. Luego ya se verá si esas acusaciones carecen o no de veracidad, pero el trabajador acusado raramente vuelve a su puesto y en muchas ocasiones es sancionado si no despedido sin pruebas...

Vaya caca de país que tenemos.

Yolanda Díaz: “La precariedad es la principal amenaza a la prevención de riesgos laborales”

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró este miércoles que la precariedad es “la principal amenaza para la consolidación de la cultura de la prevención” de riesgos laborales “y, por ello, uno de los principales objetivos de este Gobierno es establecer un verdadero derecho a la estabilidad” en el empleo.

Díaz intervino en un acto organizado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra este 28 de abril, y que estuvo marcado por el recuerdo de todos los intervenientes a los fallecidos por el Covid en el desempeño de su trabajo. La ministra de Trabajo y Economía Social afirmó que “la pandemia ha repercutido directamente en nuestra percepción del derecho a la salud laboral, no solo porque ha generado nuevos riesgos, sino porque nos ha confrontado con nuestras prioridades como seres humanos, recordándonos que ni los derechos fundamentales ni la salud se dejan a la puerta de la tienda, del colegio o de la fábrica”.

Díaz añadió que el trabajo “no puede implicar bajo ningún concepto una merma en nuestras vidas, ni siquiera ante la irreversibilidad de la tecnificación, las plataformas y los algoritmos”. A su entender, salud en el trabajo es derecho a la salud integral, y significa “derecho a desconectar”, o “asumir con naturalidad y sin estigmas el derecho de todas las personas a cuidar y ser cuidadas”. Ante todo, agregó, significa “trabajar sin miedo a que el contrato no se renueve, somos conscientes y lo avalan lo datos, que precariedad es sinónimo de inseguridad laboral, repercute negativa en la formación preventiva y en la propia conciencia de riesgo”.

El director de la Oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto, dijo que ha llegado “el momento de revisar y actualizar los sistemas preventivos” en España, una vez que se han cumplido 25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que salió adelante fruto del diálogo social y que ha contribuido a reducir drásticamente la siniestralidad laboral. Pero algo está fallando, agregó, si el año pasado aumentaron los accidentes mortales laborales un 10%, hasta 708 fallecimientos, a pesar de la caída en el empleo y el aumento del teletrabajo. “Es hora de adoptar una nueva agenda a través del dialogo social”, defendió Nieto.

REFORMA LABORAL En defensa de una revisión normativa se manifestaron también los responsables de salud laboral de UGT y CCOO. “En España mueren cada año 700 trabajadores, lo que evidencia que la prevención de riesgos laborales en nuestro país es más formal que real”, señaló Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT. “La falta de cultura preventiva entre el tejido empresarial y las precarias condiciones de trabajo están detrás del origen de esta lacra social. De ahí la importancia de la derogación de la reforma laboral de 2012 como primer paso para garantizar la protección de la seguridad y la salud en el trabajo”.

Desde CCOO, su secretario de Salud Laboral, Pedro Linares, sostuvo que los sistemas de prevención “necesitan una revisión y el Gobierno no puede mirar para otra parte; no podemos vivir de declaraciones en las que simplemente se lamenten las 708 muertes del año pasado. Son cifras inasumibles y tenemos que corregir y parar esta lacra, hay que adaptar decisiones políticas y necesitamos el impulso de este Gobierno”. Por parte de la patronal CEOE, Rosa Santos, directora de Relaciones Laborales, manifestó que la salud es “un elemento nuclear para las empresas los 365 días del año”, pero el Covid la ha convertido en aspecto “central”, y la readaptación casi diaria que ha habido que hacer en las compañías se ha facilitado gracias al diálogo social “al más alto nivel, pero también a la negociación dentro de las propias empresas”.

Javier González, responsable de Prevención de Riesgos Laborales de Cepyme, comentó que para su organización la salud en el empleo es una “prioridad absoluta”, y puso en valor “la inversión humana y económica que han hecho la gran mayoría de las grandes empresas y pequeños negocios de este país, a pesar de ser un problema de salud pública, para poner en práctica todas las medidas que han requerido las autoridades sanitarias”

Vigilantes de seguridad ven "prácticamente imposible" que se colaran los tres sobres con balas

El Sindicato Trabajadores de Seguridad ve "raro" que se produjeran tres fallos "con las mismas características" y defiende que, por el sello que aparecía en el reverso, las cartas debieron quedar en la oficina de Correos hasta que se presentara el remitente

Vigilantes de seguridad consideran «prácticamente imposible» que se colaran los tres sobres con balas que tenían como destinatarios al ministro Grande-Marlaska, al ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y ven «raro» que se produjeran tres fallos «con las mismas características» en el sistema de Correos.

El Sindicato Trabajadores de Seguridad en Andalucía (STS-A) defiende que los envíos «jamás» debieron de haber llegado a su destino y que tendrían que haber sido devueltos atendiendo al sello que exhibían los sobres en su reverso: «a su procedencia», marchamo que se estampa cuando se devuelve a origen una carta. «Deberían quedar en la oficina de Correos hasta la presentación de su remitente y, en caso contrario, proceder a su destrucción pasado un tiempo, como establece la legislación vigente», explica.

La organización sale así en defensa del vigilante de seguridad señalado por no haber detectado la carta con los proyectiles en su interior y pide a Correos que abra una investigación en lugar de acusar, «a la ligera» y de forma «indiscriminada», al profesional de la seguridad que se encontraba de servicio en aquel momento. El sindicato recuerda que cuando una carta lleva el sello con la leyenda «a su procedencia» se pueden conocer los «motivos de la devolución», sin que hayan trascendido los mismo hasta el momento. La Policía Nacional continúa con la investigación para conocer quién puede estar detrás de esos envíos, que han marcado definitivamente el desarrollo de la campaña electoral del 4-M.

El STS-A describe otras incógnitas que planean sobre estas amenazas a políticos. Así, recuerda que los escáneres utilizados por Correos están dotados de un sistema que avisa de la existencia de un elemento metálico para que sea el vigilante el que proceda a su exploración y que los sobres debieron pasar por dicho equipo de revisión con una cierta «distancia en espacio y tiempo» porque son centenares a diario los que se despachan, circunstancia que -a su juicio- «aumenta la rareza del caso».

«Jamás se había dado un caso de este tipo» «El trabajo de los vigilantes de seguridad en el control de paquetería es excelente, denunciando y evitando el tráfico de objetos y sustancias ilegales a diario, gracias a lo cual la red de correo de España puede considerarse segura. Jamás se había dado un caso de este tipo tras la implantación de este servicio de seguridad en la época de ETA», añade. Por ello, el sindicato insiste en que es «cuanto menos sospechoso» que se colaran tres sobres «con las mismas características» a la vista de la inexistencia de precedentes y denuncia que Correos «no para su actividad si los escáneres están averiados».

Después de recuperar las imágenes grabadas en sus equipos de inspección, instalados en el Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid (Vallecas), la empresa pública asegura que se ha comprobado que los sobres dirigidos a Grande-Marlaska, Iglesias y Gámez fueron matasellados e inspeccionados el pasado 19 de abril a las 17.48 horas, sin que el operador de servicio los detectara. Correos ha notificado la apertura de un expediente y el apercibimiento «más severo» por el incumplimiento en el que se ha incurrido y por «el daño a la imagen, al prestigio y al buen nombre» que le ha supuesto.

Con todo, el STS-A entiende que la dirección de Correos ha acusado al vigilante de seguridad que se encontraba de servicio aquel día «sin iniciar investigación ni audiencia previa», por lo que anuncia que se reserva las acciones judiciales en defensa de los derechos e intereses del colectivo.

CÁDIZ: Un vigilante de seguridad recibe una paliza en Algeciras al defender a otra persona

El suceso tuvo lugar el domingo por la noche en la estación de autobuses

Un vigilante de seguridad de la estación de autobuses San Bernardo, de Algeciras, ha recibido una brutal paliza al intentar defender a una persona que estaba siendo agredida en las instalaciones. Así lo ha denunciado la plataforma Seguridad Privada España, en su perfil en Facebook.

Según indica la publicación, el suceso tuvo lugar este domingo por la noche. “Aún quedan héroes y tienen nombre. El nuestro se llama José y trabaja para la empresa Mersant Vigilancia”, explican. “Ayer por la noche al ir a socorrer a una persona a la que tenían en el suelo un grupo de jóvenes y a la que estaban agrediendo, y por cumplir con su deber y su obligación le dieron una paliza”, señala la plataforma.

“Le rodearon, le pegaron, le quitaron la defensa e incluso uno le llego a morder en un brazo...tiene múltiples lesiones por todo el cuerpo como se puede apreciar en las imágenes y gracias a su mujer, también vigilante de seguridad, que coincidió que fue a llevarle la cena y se lo encontró todo y pudo ayudarle... salieron del lío”, añade la descripción del suceso que realiza esta plataforma. La publicación lamenta que “hay que ser cobardes para atacar en manada, patear, morder y pisotear entre varios a alguien en el suelo, pero hay que ser mucho más persona, mucho más humano, más valiente y tener más coraje para enfrentarte sólo a ellos”.

“Enhorabuena José. Eres un crack, eres un héroe y por lo menos, tus compañeros y la persona que salvaste, te lo agradecemos. Desde aquí mucho ánimo y pronta recuperación. Tu empresa puede dar gracias de tenerte en nómina”, concluye la entidad.

28 de abril 2021. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Este 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Poco hay que celebrar si atendemos a lo ocurrido durante los últimos meses.

La pandemia ha dejado al descubierto las enormes carencias existentes en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo. La precariedad laboral, una vez más, ha sido el detonante de numerosos daños a la salud y a la vida de miles de trabajadores y trabajadoras.

Personal sanitario que se ha visto obligado a realizar sus funciones sin equipos de protección individual, hospitales llenos de trabajadores y trabajadoras procedentes de supermercados, call centers o servicios de reparto a domicilio, entre otras muchísimas profesiones, y centros de trabajo saturados, que no han cumplido las más elementales medidas higiénicas y de distancia de seguridad.

Por otra parte, las autoridades han considerado que la COVID no era un riesgo laboral. Esto ha propiciado que las empresas “se laven las manos” cuando, en realidad, en la mayoría de los casos, la gente se contagiaba en los centros de trabajo o en el transporte, también saturado. Por otra parte, la promulgación de diversos Reales Decretos para ordenar este caos tampoco ha sido efectiva. Cuando se planteó el cierre de todo lo que no fueran actividades esenciales para la comunidad, fueron los empresarios quienes decidieron finalmente qué era esencial y qué no.

Porque la inspección de trabajo se declaró incompetente a la hora de cerrar los centros de trabajo que no cumplieran con dicha normativa y, finalmente, las Consejerías de Sanidad, en quienes recaía dicha responsabilidad, tampoco actuaron. Eran las fechas en que se superaba el millar de muertos diario. Porque se ha antepuesto la economía a la vida de las personas. Todo el sistema estaba orientado hacia eso y no han bastado las directrices del Ministerio de Sanidad o las normas promulgadas para alterar dicha lógica, que llevaba ya demasiado tiempo instaurada en la organización del trabajo de la mayoría de las empresas de este país. Por eso la pandemia nos ha cogido a contrapié. Porque nada o casi nada de lo que imperaba en la cultura preventiva de este país funcionaba antes.

Este año no contamos con cifras fidedignas que nos ayuden a analizar el aumento de la siniestralidad laboral. La Covid no entrará en los registros porque no se ha considerado un riesgo laboral. Sin embargo, para todas aquellas personas que no han podido trabajar desde sus domicilios, sí que ha sido un riesgo al que se han expuesto por causa y con motivo del trabajo. Debemos trabajar para cambiar esa cultura en la que el dinero está por encima de la vida de las personas. Integrar la prevención dentro de la actividad laboral, que no sea simplemente un requisito para “tener la documentación en regla”, para esquivar la acción inspectora y ahorrarse unas sanciones que, en demasiadas ocasiones, ni tan siquiera son propuestas, contrariamente a lo expresado en la normativa en vigor, que indica que la inspección de trabajo debe proponer sanción siempre que se menoscabe la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Debemos trabajar para que la prevención de riesgos se convierta en un conjunto de medidas reales y efectivas -reales y efectivas, repetimos, no papel mojado- para proteger la seguridad y salud de las personas.

27 de abril de 2021

El T.S. anula la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a INV del impago del SMI y le ordena una nueva

El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a la empresa de seguridad INV del impago del SMI a sus trabajadores y le ordena dictar una nueva.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que obliga a la Audiencia Nacional a que falle si son o no ilegales las tablas salariales de la empresa de seguridad ‘INV Compañía de Servicios Integrales SL’, tal como había demandado Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP, al entender que dicha empresa no paga el salario mínimo interprofesional, SMI, a los empleados de varias categorías profesionales de su plantilla.

La sentencia del más alto tribunal jurisdiccional español estima de esta forma el recurso de casación planteado por ASTSP, y anula la sentencia de la Audiencia Nacional que no entró en el fondo del asunto reclamado por este sindicato al entender que Alternativa Sindical no tenía legitimación activa para plantear un conflicto colectivo de carácter nacional. Sin embargo, el Supremo, en su resolución de 14 de abril de 2021, notificada ahora a las partes, sí reconoce dicha legitimación a Alternativa Sindical al considerar que tiene implantación suficiente en el ámbito del conflicto colectivo planteado, por lo que anula la sentencia de la Audiencia Nacional y le obliga a que dice una nueva entrando en el fondo del asunto.

“Debemos concluir que el sindicato demandante –ASTSP-, que actúa en todo el territorio nacional, al haber acreditado un representante en uno de los comités de empresa, teniendo además un delegado sindical en el ámbito de Madrid, ostenta implantación suficiente en el ámbito del presente conflicto colectivo”, establece el Supremo en su sentencia. De esta forma, la Audiencia Nacional deberá dictar una nueva sentencia, en la que tendrá que entrar en el fondo de la demanda de Alternativa Sindical, que no es otro que la solicitud de que se pague con efectos retroactivos el importe total del salario mínimo interprofesional a todas las categorías de trabajadores de la plantilla de ‘INV Compañía de Servicios Integrales SL’.

Esta empresa, antes denominada Seguriber, se rige por convenio de empresa donde en ningún caso llegan los trabajadores del Grupo 4 a los 900 euros mensuales de salario base, ya que tan solo cobran 642,80 euros brutos, según estas fuentes sindicales. “Los pluses de distancia y vestuario, no son un concepto salarial, sino extrasalarial: no retribuye el trabajo, sino los gastos ocasionados al trabajador con ocasión del trabajo. Por lo tanto, estos conceptos no pueden compensarse con el salario base ya que la naturaleza es diferente”, ha manifestado el letrado especialista en Derecho Laboral de ASTSP, Roberto Mangas Moreno.

Según este letrado, en el caso de los Jefes de 1º y 2ª, así como los Oficiales de 1ª , se produce la absorción para arrojar un salario total superior al SMI, es decir, “estos trabajadores cobran un salario superior al SMI, de manera ficticia, ya que los diferentes conceptos salariales, a excepción del salario base, retribuyen una cuestión específica y concreta que no puede compensar la subida del SMI”. Ahora, con la sentencia del Supremo, la Audiencia Nacional tendrá que entrar en el fondo del asunto que afecta no solo a determinadas categorías, sino a la totalidad de la plantilla de INV Seguriber, 469 trabajadores de las 16 provincias en las que opera, que perciben los pluses de distancia y vestuario.

“Dichos pluses fueron compensados y absorbidos por INV con el fin de evitar abonar la subida del SMI a los trabajadores, y ahora la Audiencia Nacional deberá determinar la ilegalidad de dicha compensación y absorción”, ha finalizado este letrado laboralista.

LA RIOJA: La Inspección de Trabajo multa a una empresa que despidió a cuatro empleados por dar positivo en covid

Consideran que se ha producido una discriminación laboral, tipificada como muy grave, y por la que ahora deberá hacer frente a un pago de 10.000 euros.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja ha multado a una empresa de Logroño por despedir a cuatro trabajadores cuando dieron positivo en coronavirus el pasado septiembre, tras someterse a las pruebas de la compañía, según la documentación a la que ha tenido acceso El País. La empresa, del sector agrícola, realizó las pruebas correspondientes a 53 de sus empleados y solo cuatro obtuvieron un resultado positivo, motivo por el cual se les fulminó de su puesto laboral.

Ante esta situación, la Inspección de Trabajo abrió un expediente sancionador contra la empresa por considerar que se había producido una discriminación laboral, tipificada como muy grave, y por la que ahora deberá hacer frente a una multa de 10.000 euros. El acta concluye que los afectados “vieron extinguida su relación laboral por decisión unilateral de la empresa”, y por tanto, “queda claro que por parte de la empresa se ha incurrido en un trato discriminatorio ocasionado por el resultado de PCR positiva de dichos trabajadores”, apunta El País.

Fuentes próximas a la Inspección añaden que los cuatro trabajadores afectados desarrollaban su actividad en distintas explotaciones agrarias desde poco antes de ser despedidos y cuando la empresa decidió poner fin a la relación laboral, lo hizo con efectos previos a la fecha a la que obtuvieron los resultados de las pruebas PCR. Motivo por el cual, los despedidos no pudieron acceder a la situación de incapacidad temporal por situación asimilada a accidente de trabajo (que es como está considerado el contagio de coronavirus) ni a las prestaciones de la Seguridad Social contempladas para estos casos.

Culpemos a los vigilantes de seguridad


"Por lo tanto, por favor, señores políticos, dejen fuera de la política a los vigilantes de seguridad privada e inclúyanlos dentro de la ley"

En febrero de 2020, antes de que todo el mundo girara en torno a un virus conocido como SARS-COV-2, la madrugada del 20 de enero, la vicepresidenta de Venezuela: Delcy Rodríguez, hizo escala en Madrid durante un viaje hacia Turquía. Las sanciones impuestas por la Unión Europea contra dirigentes del Gobierno de Nicolás Maduro afectaban totalmente a la “número dos del régimen venezolano”. Sobre el papel, Delcy Rodríguez tenía prohibido el acceso al espacio Schengen y por tanto: no podía entrar en España, bajo pena de ser detenida por las autoridades. No solo el vuelo llegó a España, sino que aterrizó y fue recibida por el Gobierno de nuestra Nación.

Una vez destapado por los medios de comunicación y valoradas las confusas declaraciones del gobierno actual, la población en general se daba cuenta que algo no cuadraba en el asunto. Rápidamente, empezó la necesidad de crear un chivo expiatorio para cerrar el asunto. Evidentemente, analizaron en este caso quien era el eslabón más débil para cargarle las culpas, “que no las responsabilidades” y se procedió a despedir al vigilante de seguridad que se encontraba en el lugar y dio su versión ante notario.

En abril 2021, sumergidos en plena pandemia, nos encontramos nuevamente con otro asunto que afecta al Gobierno actual. Se han recibido sobres con amenazas de muerte y unas balas en sede de Ministerio que iban destinados a varios miembros del Gobierno. Una vez más, buena parte de la población percibe un trasfondo, cuando menos extraño, en el asunto y empiezan a realizarse preguntas lógicas sobre como es posible que esos sobres puedan llegar a su destino burlando, hasta en tres ocasiones, todos los controles de seguridad. Siendo conocedores de la gestión de Correos, que escanea todos los paquetes que recibe desde 2010, añadido a que nos encontramos en nivel 4 en materia de alerta antiterrorista.

Y, evidentemente, sabíamos que no tardaría en salir la noticia para explicar un fallo tan grave en seguridad. Sorpresa…. el vigilante de seguridad fue el que cometió los fallos y como solución inmediata: perdida de destino a petición de cliente, en este caso correos y veremos si no acaba con despido. Nada se sabe del vigilante de seguridad afectado, porque según la ley de seguridad privada no puede realizar declaraciones sin autorización de la empresa, por lo tanto, solo conocemos una versión de la historia. A la empresa se le anuncia un expediente, aunque todos sabemos que siempre es mejor un expediente sancionador que romper el contrato, por lo tanto, acepta el expediente y continúa facturando.

La sociedad ha empezado a empatizar con los vigilantes de seguridad, al comprobar que, tras estar diariamente en primera línea de trabajo desde que inicio la pandemia, no se les ha incluido en ningún grupo de vacunación. La sociedad ha empezado a empatizar al observar diariamente como son víctimas de amenazas y agresiones. La sociedad ha empezado a empatizar al observar diariamente no solo que realizan su trabajo con la mayor profesionalidad que la ley y la sociedad les permite, sino que además lo hacen por un sueldo de 1203,30 euros al mes brutos, lo que viene a ser aproximadamente 1.000 euros al mes que ingresan en sus casas.

La sociedad ha empezado a empatizar porque observan que el cliente en muchos casos para ahorrarse dinero y la empresa para quedarse con el contrato del servicio les sustituyen contratando auxiliares o les obligan a realizar una media de 60 o 70 horas extras al mes para ahorrarse la seguridad social de un trabajador cuando la ley permite un máximo de 80 horas al año. Evidentemente, hay muchas empresas de seguridad privada que miran por el trabajador y respetan todos los convenios y normativas que sobre ellos son aplicables y en reuniones que desde POLITEIA mantenemos con estas empresas son las primeras interesadas en legislar para establecer medidas de control, así como actualizar la actual Ley de seguridad Privada y sacar del cajón el nuevo reglamento de seguridad privada redactado en 2018 y pendiente todavía de aprobación en mitad del 2021.

Lo triste es que se tenga que llegar a todas las situaciones antes mencionadas para empatizar con un colectivo de más de 85.000 profesionales que lo único que quieren es que se les reconozca algo tan básico como mayor protección jurídica ante las agresiones, un sueldo digno para poder vivir y un mínimo de, lo que en este país casi no se conoce, el llamado salario emocional. Por lo tanto, por favor, señores políticos, dejen fuera de la política a los vigilantes de seguridad privada e inclúyanlos dentro de la ley.

Miguel Ángel Fernández Caballero es Tesorero y Director de Seguridad Privada de Politeia.

Juan, el vigilante que no vio las balas en las cartas, en su casa: su plus era de 17 cts. por hora de escáner

No ha sido despedido a falta de una investigación en firme de lo que sucedió. Los sindicatos se quejan de que los aparatos no están suficientemente actualizados.

Juan José está viviendo su peor pesadilla. Él es el vigilante de seguridad de la empresa subcontratada por Correos, INV Seguridad, que supuestamente no vio las balas en los sobres que iban dirigidos al candidato Pablo Iglesias, al ministro Fernando Grande-Marlaska y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Así lo señaló el ente público en un comunicado el pasado sábado. Pidieron la “retirada inmediata” del trabajador. Pero los sindicatos responden al unísono: “Le quieren cargar el muerto”. Según ha tenido conocimiento este periódico a través de fuentes sindicales en la empresa INV Seguridad, donde trabaja Lara, este se encuentra ahora mismo en su casa obligado por la compañía, a la espera “de que pase la tormenta”. “No quieren que hable bajo ningún concepto”, dicen compañeros suyos en referencia a la subcontrata.

A su vez, los compañeros insisten a Juan José en que salga y que se defienda de lo que ellos consideran “un montaje” con una “cabeza de turco” para tapar el mal funcionamiento del sistema de seguridad de Correos. Pero él “no atiende el teléfono”, apuntan. El vigilante, según su entorno, tiene miedo de que tomen represalias en su contra en forma de despido y, por el momento, hace lo que la empresa le dice. Juan José ha sido apartado temporalmente de su puesto como vigilante del Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid, en Vallecas y a cargo de INV, donde trabajaba desde hacía años como parte del personal fijo de la plantilla. La empresa no le ha expedientado ni le ha despedido, aseguran fuentes de los trabajadores a EL ESPAÑOL.

“Hemos advertido a la empresa de que no dé ningún paso en falso antes de que concluya la investigación que determine si realmente se trató de un error humano o de un fallo de las máquinas”, dicen desde el sindicato mayoritario de los vigilantes de seguridad, Alternativa Sindical. La investigación fue solicitada por este sindicato, así como por las centrales de UGT y CC.OO. que se posicionan en el mismo sentido. “El problema real es que se subcontrata, fomentando la precariedad y los bajos precios y cuando ocurre lo que se preveía se pone en el foco en el vigilante”, asegura Diego Giráldez, de UGT. Desde este esta organización también se ha pedido una auditoría completa sobre el sistema de seguridad de Correos.

Vigilante desde 2016 El trabajador, presumiblemente de Torrenueva (Ciudad Real) y en la treintena (ambos extremos no han sido confirmados) fue declarado apto para ejercer como vigilante de seguridad el 1 de octubre de 2016, según recoge una disposición del Ministerio del Interior en el BOE de ese día. Para trabajar en el escáner de Correos, según relata un compañero suyo en la misma empresa y que ha ocupado el mismo puesto de trabajo, apenas “es necesaria una formación de dos mañanas”. “Con eso te dan el diploma. Yo hice la formación para el escáner y después de 20 años sin estar delante de la máquina me volvieron a poner en el puesto”, explica el compañero.

En el Centro donde estaba Juan José, a cargo de la división de vigilancia de INV Seguridad, trabajan cerca de 30 empleados. En total, hay cuatro escáneres, de los cuales, “tan solo se usan dos”, relata su compañero. Para esos dos aparatos hay seis trabajadores, que cumplen turnos de 12 horas frente a los equipos, según describe. “Casi nadie quiere trabajar en los escáneres porque es mucha responsabilidad y apenas te pagan un plus de 0,17 céntimos la hora”, dice. Este plus apenas completa el sueldo de un vigilante como Juan José, que alcanza los 968 euros mensuales y que, con el extra de transporte y vestuario, puede quedarse cerca de los 1.100 euros, según explica también el trabajador. En el puesto de escáner de Correos en Vallecas se procesan alrededor de 1.250 sacas cada media hora procedentes de los buzones.

Los escáneres tienen un sistema de autoevaluación que consiste en enviar un “falso positivo” al vigilante cada dos meses con el que tiene que acertar detectándolo. Si falla, el vigilante es relevado de su puesto y sustituido por otro. Las máquinas tienen un sistema de alarma de detección de metales. Cuando esta salta, el vigilante pasa a analizar el paquete o sobre en el interior de la saca con más detenimiento, lo cual es lo que Correos señala que el vigilante no hizo. Según el ente público, los hechos sucedieron el 19 de abril a las 17:48 en la escáner 4A Equipo HI-SCAN 75555i, con el número de serie 64768 del fabricante Smiths. Era el aparato que operaba Juan José en aquel momento.

Sin embargo, desde los sindicatos señalan que los escáneres tienen actualizaciones de software y que estas no se aplican. A la espera de que concluya la investigación, apuntan a que la causa podría ser la ausencia de una de estas actualizaciones, lo que concluiría que habría sido un fallo técnico que exculpase al vigilante. También dicen, con información de peritos en escáneres, que la imagen difundida por Correos podría ser un montaje porque “no suele verse” con esa claridad, en referencia a las balas. El compañero de Juan José añade que "es extraño que se vea la munición por encima de las argollas de la saca”, porque suele ser “al revés”. Fuentes de Alternativa Sindical subrayan, además, erratas en la imagen, como la fecha, en la que pone “abriol” en lugar de “abril”.

Por otro lado, las fuentes sindicales declaran que en INV Seguridad, que ha sido expedientada por Correos y puesta en el punto de mira junto a su trabajador, “están que trinan”. “El contrato con Correos no es realmente tan alto en términos económicos, y ni mucho menos vale la pena por toda esta polémica”, explican a este periódico. EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con el trabajador y con la empresa sin recibir respuesta.

El cliente

Clientes de las empresas de seguridad son una amenaza para la legalidad porque exigen acciones ilegales en muchos casos

POR ANTONIO GUERRERO.-
En materia laboral, y más aún en seguridad privada, no suele hablarse públicamente de este tema. Por lo general los argumentos en torno a la conflictividad laboral de los vigilantes de seguridad, y del personal de seguridad privada, se ciñen a las agresiones que sufren estos profesionales y que pasan desapercibidas, a las empresas piratas que incumplen la normativa laboral y a los problemas propios de ciertas contradicciones legales que nunca se resuelven o que no hay interés en resolver por parte del contexto político.

Pero de los clientes no suele decirse mucho. Cuando una entidad pública o privada contrata los servicios de seguridad lo hace a través de una licitación o contratación, según el caso. Desde ese momento las empresas de seguridad destinan a las instalaciones del firmante a sus trabajadores. A partir de ahí comienza una relación opaca y extraña entre el cliente y los vigilantes de seguridad, de la que no se habla. Obviamente las empresas no desean perder a sus clientes y soportan sus directrices. Pero en el caso de la seguridad quienes les aguantan de verdad son los vigilantes. ¿Qué ocurre cuando un cliente da órdenes sin conocer el ordenamiento jurídico y exige bajo coacción ciertas actuaciones de corte ilegal? ¿Está el trabajador obligado a ejecutarlas? Las denuncias a los clientes no suelen ponerse, ni los medios se hacen eco de sus abusos, pero algunos clientes que se abastecen de servicios de seguridad incitan al delito y amenazan. Obviamente quienes quedan mal para la opinión pública son los trabajadores.

Nunca nadie se ha tomado la molestia de hablar de esto y de decir esta verdad cada día más ofensiva. La FTSP USO-A asume la responsabilidad de contar este atentado contra la dignidad. La ciudadanía debe saber que personas sin cualificación obligan a la ejecución de acciones no del todo legales a personas con cualificación. Algunos clientes de servicios de seguridad son auténticos déspotas que juegan con el trabajo ajeno. ¿Por qué no se sanciona esto lo suficiente? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que soportar esta lacra, que es otra de las muchas que afean el sector y que mantienen la triste tragedia laboral del trabajador de seguridad? La FTSP USO-A siente este dolor silenciado por el miedo y lo hace público. Los clientes son una asignatura pendiente que merece revisión. La FTSP USO-A denuncia esta situación con rotundidad.

26 de abril de 2021

CÁDIZ: Brutal paliza a un vigilante de Seguridad en la Estación de San Bernardo de Algeciras

La Plataforma de Seguridad Privada en España condena este tipo de actos violentos: "Hay que ser cobardes para atacar en manada, patear, morder y pisotear entre varios a alguien en el suelo"

Un vigilante de seguridad de la Estación de Autobuses San Bernardo de Algeciras recibió una brutal paliza, este pasado domingo, según denuncia la plataforma ‘Seguridad Privada en España’, quién ha condenado este tipo de actos delictivos. En las imágenes puede verse el alcance de las lesiones a este profesional que trabaja para la empresa Mersant Vigilancia, de nombre José, y que observó como unos jóvenes agredían a una persona a la que habían tumbada en el suelo. Tras ir en su socorro, estos mismos jóvenes le rodearon, le pegaron y le quitaron la defensa que el vigilante portaba.

«Llegó a ser mordido en un brazo» Según denuncia la Plataforma, «llegó a ser mordido por uno de los atacantes en un brazo. Su mujer que también es vigilante de seguridad vino en su ayuda consiguiendo zafarse del grupo de jóvenes aunque como secuelas, múltiples lesiones y contusiones de los cuales, el vigilante tuvo que ser atendido. «Hay que ser cobardes para atacar en manada, patear, morder y pisotear entre varios a alguien en el suelo pero hay que ser mucho más persona, mucho más humano, más valiente y tener más coraje para enfrentarte sólo a ellos”, destacan. «Se comportó como un héroe, anteponiendo el bienestar de una víctima a la que fue a socorrer, al suyo propio».

VIGO: Vigilantes de seguridad pillan "in fraganti" a una mujer que robaba en un centro comercial de Poio

Escondía en una bolsa dos reproductores de música, unos auriculares, una máquina cortapelo y reloj despertador digital, pero saltó la alarma

La Policía Local de Poio investiga a una mujer de 45 años vecina de Pontevedra por un presunto delito de hurto de productos tecnológicos que fueron sustraídos en el Centro comercial A Barca en Poio.

Los vigilantes de seguridad del establecimiento pillaron "in fraganti" a la mujer este sábado sobre las 10:30 horas. Empleaba una bolsa para guardar los objetos sustraídos y fue sorprendida cuando saltara la alarma del arco de seguridad. Los agentes policiales localizaron en su interior dos reproductores de música, unos auriculares, una máquina cortapelo y reloj despertador digital. La Policía Local, que explica que el método más habitual es el de quitar la alarma o utilizar cualquier medio que impida que la misma se accione, indican que la investigada fue citada por la para juicio inmediato por un presunto delito leve de hurto.

Los agentes señalan que en estos casos y si el valor de lo sustraído no supera los 400 euros, se podrá imponer una multa de 1 a 3 meses. En cuanto a la pena de multa de los delitos de hurto en establecimientos, viene siendo habitual la imposición de 5 euros diarios y un periodo de dos meses, aunque habrá que atender a la naturaleza de los hechos.

"En los supuestos que resulte complicado poder hacer frente a dicha multa por delito de hurto en establecimientos comerciales por carecer de medios económicos, se deberá acreditar dicha situación personal con cualquier medio valido, a los efectos de intentar poder reducir la multa por hurto o en el caso de que pudiera ser solicitado y estimado, la sustitución de la pena de multa por trabajos en beneficios de la comunidad", concluye la Policía Local.

Los escáneres de seguridad de Correos, unas máquinas “infalibles”

Cuentan con un doble sistema de aviso, visual y sonoro. "Es imposible que el vigilante no viera el aviso", dicen los expertos. Las cámaras captaron que el vigilante no detectó la amenaza.

“Con la cantidad de paquetes que pasan por Correos al día, es imposible que los vigilantes examinen todos”. Así de contundentes se muestran fuentes sindicales consultadas por NIUS y conocedoras de cómo funcionan los aparatos de radioscopia que se utilizan en los organismos oficiales, desde los aeropuertos hasta los centros de reparto de Correos.

Para prevenir el error humano y cualquier amenaza (más tras el terrorismo de ETA e islamista), el software que utilizan estos escáneres es de última generación, continuamente actualizado, y por ello las fuentes consideran que es “imposible” que no detecten un objeto sospechoso. "El pasado demuestra la seguridad de los protocolos de la empresa postal ante todo tipo de envíos peligrosos que pueden poner en peligro vidas humanas", dicen las fuentes. De hecho, en el reciente caso de las cartas amenazantes a los políticos, los escáneres sí detectaron las balas, pero lo raro, dicen estas fuentes, es que el vigilante de seguridad no se enterara. Estos aparatos emiten un doble aviso de seguridad cuando encuentran un objeto metálico: un señal acústica en forma de pitido y un aviso en pantalla.

“Es imposible que el vigilante no escuchara la alarma y ni viera la imagen de las balas en la pantalla”, dicen los expertos. “Al saltar la alarma el vigilante está obligado a examinar el paquete de forma individual”, añaden. Si observa una amenaza, el propio vigilante avisa al responsable de seguridad del organismo oficial. En este caso, es el jefe de seguridad de Correos, que a su vez eleva la denuncia a la Policía Nacional. Correos señala que ha recuperado las imágenes grabadas en sus equipos de inspección, instalados en el Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid (Vallecas), y que se ha comprobado que los sobres fueron matasellados e inspeccionados el día 19 a las 17.48 horas, sin que el operador de servicio fuera capaz de detectarlos. Por eso le acusan de un “incumplimiento muy grave”.

Triple aviso El caso es que hay poco margen para el despiste del empleado porque el escáner debió avisar no una, sino tres veces, porque tres eran los paquetes sospechosos dirigidos al Ministerio de Interior. “Todas las cartas y sobres se pasan por el escáner a través de una ranura muy fina que tiene el propio aparato de radioscopia. Si son más grandes, como estos sobres, es imposible que pasen por esa ranura. Como son tres sobres voluminosos, porque llevan balas, se pasan por el escáner de paquetes”. Las fuentes entienden que es imposible que la máquina cometiera el triple fallo de no avisar en ninguna de las ocasiones, y que hubiera un triple despiste del empleado.

Investigación sobre el incidente Ahora ha comenzado la investigación sobre el remitente y sobre el fallo de seguridad. Pero las fuentes sindicales ya han mostrado su extrañeza por un caso tan atípico. Y creen que no es justo cargar la responsabilidad sobre el vigilante, y que la investigación debería extenderse a la empresa de seguridad y al propio Correos. También el sindicato CSIF ha defendido la profesionalidad de los trabajadores de los centros de clasificación de Correos. "Mueven millones de envíos a lo largo de cada día y nunca ha pasado lo que ha ocurrido esta vez".

Las cartas llegan a diario a 25 millones de hogares y a tres millones de empresas e instituciones de España. "Recorren a diario cerca de 600.000 kilómetros, que es el equivalente a dar 15 veces la vuelta al mundo. Y es la primera vez que pasa esto", concluye el comunicado. El sindicato no concibe lo que ha pasado en esta ocasión y exige un examen del protocolo de Correos que permita llegar hasta el final y verificar si hubo algún error que comprometiese la seguridad de la ciudadanía.

SPV solicita intervenir en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ante los incumplimientos de Seleco Seguridad

¿Va a hacer algo el Ayuntamiento con Seleco?

De nuevo nos vemos obligados a solicitar la intervención de nuestra organización en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la inclusión de una pregunta en el "Turno Ciudadano" del orden del día del próximo Pleno municipal ordinario.

La cuestión planteada es la siguiente:

En vista de los flagrantes, permanentes y reiterados quebrantamientos de las estipulaciones y cláusulas —de obligada observancia— a las que el contrato público (adjudicado por el propio Ayuntamiento de Sevilla) vincula y compromete y que la empresa de seguridad privada SELECO mantiene, explota, gestiona y del que continúa beneficiándose; ¿qué acciones tiene pensado llevar a cabo el gobierno municipal para impedir que la susodicha empresa siga vulnerando inmisericordemente los derechos básicos de los trabajadores a los que todavía no ha subrogado y a los que, sin justificación alguna, les ha arrebatado su legítimo puesto de trabajo dejándolos en la calle?



PAMPLONA: Un paciente reincidente: agrede a dos vigilantes del hospital de Tudela en 4 días

El sindicato CSIF Navarra (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha denunciado este domingo una nueva agresión sufrida este fin de semana por un vigilante de seguridad del Hospital Reina Sofía de Tudela. El mismo paciente que el martes pasado agredió a un trabajador de seguridad volvió a repetir la acción este sábado con otro vigilante.

Juan Dopazo, representante del Área de Seguridad Privada en CSIF Navarra, ha manifestado que "desde CSIF Navarra nos preguntamos cuántas agresiones debemos soportar y de qué tipo para que se tomen medidas que intenten evitar estos hechos". Igualmente ha querido mostrar "todo el apoyo a nuestro compañero y la condena de unos hechos que no deberían haberse repetido".

Este pasado martes, un vigilante de seguridad "recibió cuatro puñetazos en la cara" al evitar que un paciente, "en estado de alteración" y que había intentado darse a la fuga, agrediese a un familiar. El trabajador fue examinado por el personal sanitario y denunció los hechos ante la Policía Foral. CSIF Navarra exige que "tras estas dos agresiones en menos de una semana, se establezca la vigilancia por parejas de inmediato, especialmente en los centros hospitalarios".