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31 de julio de 2021

Las empresas que no protegen a sus trabajadores frente al calor se enfrentan a multas de hasta 819.780 euros

Yolanda Díaz ha presentado este lunes un plan de la Inspección de Trabajo para combatir los riesgos de los golpes de calor, que incluye cartas informativas de la autoridad laboral a 137.500 empresas, así como la tramitación "urgente" de las denuncias de este tipo de abuso.

El verano pasado, el jornalero Eleazar Blandón falleció de un golpe de calor tras ser abandonado a las puertas de un centro de salud de Lorca. Hace unos días, otro trabajador agrícola fue ingresado en estado "grave" tras sufrir un golpe de calor en Alhama (Murcia) durante su jornada laboral. El Ministerio de Trabajo ha recordado este lunes el peligro para la salud de ciertos trabajos más expuestos al calor en verano, para lo que la Inspección de Trabajo ha iniciado una campaña específica, sobre todo de carácter informativo. La intención es advertir a las empresas de su obligación de prevenir y proteger a la plantilla contra el "estrés térmico". No hacerlo supone una infracción, que puede acarrear multas "de 2.046 a 819.780 euros" según la gravedad del caso, recuerda el Ministerio de Trabajo.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha presentado este lunes el Plan específico junto al director del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), Héctor Illueca. Díaz ha recordado el fallecimiento de Eleazar Blandón y pedido a las empresas su "implicación" en la prevención frente a los golpes de calor para evitar que se produzcan casos similares. "Si lo hacemos bien, podemos evitarlo. Si se cumplen las medidas preventivas, si se hace lo que se tiene que hacer, no veríamos lo que a veces vemos lamentablemente", ha indicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Pese al probado riesgo para la salud de las olas de calor, y en general de las altas temperaturas, en ocasiones estas se normalizan dado que son habituales en verano en España, sin que los empleadores pongan medios para proteger específicamente a sus plantillas de los peligros asociados al calor. El Plan de la Inspección de Trabajo contra los golpes de calor incluirá varios ejes de actuación. Por un lado, el envío masivo de cartas informativas sobre las obligaciones de las empresas en materia de prevención en los sectores agrario y de la construcción, "incluidas ETT y administraciones públicas". El Ministerio ha elegido los dos sectores por sus especificidades, de trabajo a la intemperie y que implican muchas veces una elevada carga física, que elevan el riesgo para los trabajadores, ha explicado Yolanda Díaz.

Cartas a unas 138.000 empresas La Inspección de Trabajo enviará "137.503 cartas" a empresas que dan ocupación a casi un millón de trabajadores, "973.021 personas trabajadoras", explican en el Ministerio. La misiva es de carácter meramente informativo, al contrario de otras campañas de la Inspección en la que se requiere a empresas que prueben el cumplimiento de la normativa laboral, por ejemplo en relación a la contratación temporal fraudulenta. Héctor Illueca ha explicado que el principal objetivo de la Inspección es informativo y formativo. Las cartas incluirán información sobre las obligaciones legales de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, así como documentación específica sobre los riesgos de la exposición a las altas temperaturas y, sobre todo, cómo combatirlos con consejos diseñados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las misivas también funcionarán como advertencia, ya que recordarán a las compañías las consecuencias económicas de no cumplir con las garantías de prevención. "Los incumplimientos del deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores puede ser constitutivo de infracción grave o muy grave, sancionable respectivamente, con multas que van desde 2.046 euros hasta 40.985 euros y desde 40.986 euros hasta 819.780 euros", recuerdan en el Ministerio de Trabajo.

Illueca ha explicado que también tendrán lugar reuniones de carácter pedagógico con los agentes sociales territoriales de estos sectores de actividad, en los que se abordarán las medidas más efectivas para evitar los daños en la salud derivados de las altas temperaturas. Sobre la actuación inspectora, Héctor Illueca ha indicado que están teniendo lugar ya "actuaciones específicas" en este tema, como ocurre otros años, y que pondrán especial atención a la "economía irregular", donde se cometen más abusos. Además, ha explicado que ya se ha dado la calificación de "carácter urgente" a las denuncias que la Inspección de Trabajo reciba en esta materia "para actuar con la mayor celeridad posible" ante los abusos.

La autoridad laboral vigila cada verano los riesgos laborales relacionados con las altas temperaturas, explica Ana Ercoreca, sobre todo en el sector agrícola. "En la zona en la que trabajo, Huesca y Zaragoza, hace mucho calor en verano y los trabajadores están muy expuestos. Se habla con las empresas, se hacen requerimientos, para que garanticen su seguridad, por ejemplo con suministro de agua, gorras, la modificación de horarios para evitar las horas de trabajo con temperaturas más altas...", explica la inspectora.

Medidas para proteger frente al calor El Ministerio de Trabajo ha difundido algunas medidas que pueden prevenir el riesgo a golpes de calor y otros riesgos en la salud ligados a las altas temperaturas. Entre ellas, destacan:

-Facilitar agua potable en las proximidades de los puestos de trabajo.
-Planificar las tareas más pesadas en las horas de menos calor, adaptando, si es necesario, los horarios de trabajo.
-Hacer más pausas de lo habitual durante la jornada y en lugares frescos.
-Vestir con ropas amplias, de tejido ligero y colores claros.
-Proteger la cabeza con gorra o sombrero.
-Habilitar zonas de sombra o locales frescos para el descanso de los trabajadores.
-Evitar el trabajo individual, favoreciendo el trabajo en equipo para facilitar la supervisión mutua de los trabajadores.
-Informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el calor, sus efectos y las medidas preventivas y de primeros auxilios que hay que adoptar.

Una sentencia reconoce a una madre sin pareja el derecho a disfrutar del permiso de maternidad y del de paternidad

La sentencia establece que debe aplicarse la Convención sobre los Derechos del Niño y prima el interés superior del menor

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Zamora ha reconocido a una madre trabajadora sin pareja el derecho a disfrutar tanto el permiso de maternidad como el de paternidad, lo que supone ocho semanas adicionales por el nacimiento de su hijo.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por parte de la Seguridad Social, da la razón a una reclamación presentada por una enfermera que constituye una familia monoparental y que ha sido defendida por el sindicato de Enfermería Satse. La organización sindical ha puesto de relieve a Efe que, aunque existe la posibilidad de recurso, el fallo judicial está muy bien fundamentado. La sentencia establece que la demandante debe disfrutar de ocho semanas adicionales de permiso por el nacimiento de su hijo, ya que debe aplicarse la Convención sobre los Derechos del Niño y prima el interés superior del menor.

En caso contrario, según el fallo judicial, el menor se vería discriminado frente a los niños nacidos en familias biparentales y se conculcaría el derecho de igualdad que consagra esa convención internacional. La enfermera que planteó la demanda es una progenitora única que tuvo un hijo en agosto del año pasado y disfrutó del permiso por maternidad hasta principios de diciembre. Unos días antes de que concluyera el permiso solicitó a la Seguridad Social la ampliación durante el tiempo que le hubiera correspondido al otro progenitor en caso de haber sido familia biparental.

Sin embargo, el INSS desestimó la petición y alegó para ello que la legislación vigente no contempla para supuestos de familias monoparentales que el permiso que le hubiera correspondido al otro progenitor se pueda acumular al de la madre. En cambio, el Juzgado de lo Social número dos de Zamora ha entendido que hacer una interpretación literal de la ley que impide transferir el derecho al otro progenitor en caso de familias monoparentales supone "una discriminación del menor nacido en dicha familia, respecto del menor nacido en una familia biparental". La sentencia ha advertido de que esa discriminación en el periodo de cuidado y atención de los hijos de familias monoparentales "por su propia condición o por el estado civil o situación del progenitor" lo que hace es mermar la atención que recibe el niño en esas familias.

Además, esa diferencia con respecto a las familias con dos padres introduce "un sesgo que quebranta el desarrollo del niño, al quedar atendido menos tiempo y con menor implicación personal de quien ha sido considerado progenitor", ha remarcado la sentencia. El Juzgado de lo Social de Zamora ha concluido que la demandante tiene derecho a sumar a su permiso de maternidad ocho semanas adicionales de prestación por nacimiento y cuidado de hijo que son las que hubiera disfrutado el otro progenitor si hubiera sido una familia biparental.

Satse ha valorado la sentencia al constituir "un nuevo avance en materia de conciliación familiar" e igualar los derechos de los niños que nacen en familias monoparentales a los de los de familias con dos progenitores. Ha confiado en que, en función de ella, la Seguridad Social modifique el criterio de interpretación de la normativa y no obligue a los padres o madres de familias monoparentales a tener que acudir a los juzgados para defender los derechos del menor.

INTERNACIONAL: Protestas contra Securitas Argentina en la refinería de YPF de la ciudad de La Plata


TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PRIVADA BLOQUEARON REFINERÍA DE YPF POR RECLAMOS LABORALES

Afiliados de UPSRA se manifestaron en los ingresos de la planta de YPF en La Plata donde prestan servicios para la empresa Securitas de custodia y vigilancia. Trabajadores que integran la Unión del Personal de la Seguridad Privada (UPSRA) llevaron adelante un bloqueo total en las salidas de la refinería de YPF de la ciudad de La Plata, en el marco del un conflicto gremial con la empresa Securitas, que presta servicios de custodia y vigilancia en la planta y que -denuncian- no cumple con los derechos laborales de sus contratados.

Según plantearon los empleados, Securitas «no solo incumple el Convenio Colectivo de Trabajo, sino que viola leyes laborales del país«, y tras la protestas lograron la firma de un acta compromiso por parte de la empresa. En ese sentido, el secretario general de UPSRA, Ángel García cuestionó «la empresa no liquida horas extras conforme a derecho, viola los decretos presidenciales referidos a la pandemia del Coronavirus en relación a las licencias y aislamientos, no aplica protocolos de prevención y no entrega elementos de protección». En este línea, denunció que «además, no abona las categorías que estipula nuestro CCT y no entrega ropa de lluvia ni mamelucos ignífugos».

UPSRA denuncia persecución laboral y sindical Por otro lado, el dirigente sindical detalló que «cuando los compañeros y compañeras exigen sus derechos, sufren una persecución laboral y sindical. Todo ello mientras la empresa recibe ayuda estatal para el pago de salarios y mientras siguen facturando los servicios a sus clientes». «No debemos olvidarnos que la nuestra fue declarada actividad «esencial», por lo que mantuvimos nuestro trabajo vigente durante toda la pandemia» recordó García.

Por último, insistió que los trabajadores están «hartos de los incumplimientos de Securitas, una empresa que cree vivir en un mundo donde dictan sus propias leyes y en donde la impunidad con la que gozan les permite llevar adelante todo tipo de atropellos». «No es el primer conflicto que tenemos con ellos y siempre intentamos abrir un canal de diálogo» explicó García. Y concluyó: «Hoy la paciencia se acabó, por lo que esperamos una respuesta favorable por parte de la empresa y que respete las leyes laborales que rigen la actividad así como los derechos y necesidades de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada».

Así son los perros robots que podrían “deshumanizar” a la Policía

El puñado de agentes de policía que experimenta con estas máquinas cuadrúpedas afirma que no son más que otra herramienta, pero también puede deshumanizar al cuerpo policial.

En Honolulu, el departamento de policía se gastó unos 150.000 dólares del dinero federal de ayuda a la pandemia para comprar su Spot a la empresa de robótica Boston Dynamics. Si no tienes hogar y buscas un refugio temporal en la capital hawaiana, espera la visita de un perro policía robótico que te escaneará el ojo para asegurarse de que no tienes fiebre. Ésta es sólo una de las formas en que los organismos de seguridad pública están empezando a utilizar a Spot, el más conocido de una nueva categoría comercial de robots que trotan con una agilidad similar a la de los animales.

El puñado de agentes de policía que experimenta con estas máquinas cuadrúpedas afirma que no son más que otra herramienta, como los drones existentes y los simples robots con ruedas, para mantener al personal de emergencias alejado de los peligros mientras los exploran. Pero los vigilantes de la privacidad -del tipo humano- advierten que la policía se está apresurando en secreto a comprar los robots sin establecer garantías contra los usos agresivos, invasivos o deshumanizados.

En Honolulu, el departamento de policía se gastó unos 150.000 dólares del dinero federal de ayuda a la pandemia para comprar su Spot a la empresa de robótica Boston Dynamics para utilizarlo en una ciudad de tiendas de campaña gestionada por el gobierno cerca del aeropuerto. “Como estas personas no tienen casa, se considera que está bien hacerlo”, dijo Jongwook Kim, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Hawai. “En algún momento volverá a salir a la luz para algún uso diferente cuando la pandemia haya terminado”.

El teniente en funciones Joseph O’Neal, de la unidad de extensión comunitaria del Departamento de Policía de Honolulu, defendió el uso del robot en una demostración ante los medios de comunicación a principios de este año. Afirmó que ha protegido a los agentes, al personal de los refugios y a los residentes escaneando la temperatura corporal entre las horas de las comidas en un refugio en el que las personas sin hogar podían estar en cuarentena y someterse a las pruebas de COVID-19. El robot también se utiliza para entrevistar a distancia a las personas que han dado positivo.

“No hemos tenido ni una sola persona que haya dicho: ‘Eso da miedo, eso es preocupante’”, dijo O’Neal. “No vamos por ahí escaneando arbitrariamente a la gente”. El uso de este tipo de robots por parte de la policía es todavía poco frecuente y no se ha probado, y no siempre ha sido bien recibido por el público. Las autoridades de Honolulu se enfrentaron a una reacción violenta cuando una organización de noticias local, Honolulu Civil Beat, reveló que la compra de Spot se había hecho con dinero de ayuda federal. A finales del año pasado, el Departamento de Policía de Nueva York empezó a utilizar Spot tras pintarlo de azul y rebautizarlo como “Digidog”. Pasó casi desapercibido hasta que los neoyorquinos empezaron a verlo en la naturaleza y a publicar vídeos en las redes sociales. Spot se convirtió rápidamente en una sensación, provocando una protesta pública que llevó al departamento de policía a devolver abruptamente a Digidog a su fabricante.

“Esto es algo de Robocop, es una locura”, fue la reacción en abril del diputado demócrata Jamaal Bowman. Fue uno de los políticos neoyorquinos que se pronunció después de que un vídeo ampliamente compartido mostrara al robot pavoneándose con los agentes de policía que respondían a un informe de violencia doméstica en un edificio de viviendas públicas de Manhattan. Días más tarde, tras un nuevo escrutinio por parte de los funcionarios electos de la ciudad, el departamento dijo que ponía fin a su contrato de arrendamiento y devolvía el robot. El costoso aparato llegó sin previo aviso ni explicaciones, según los funcionarios, y se desplegó en viviendas públicas ya excesivamente vigiladas. El uso del canino de alta tecnología también chocó con los llamamientos de Black Lives Matter para desfinanciar las operaciones policiales y reinvertir en otras prioridades.

La empresa que fabrica los robots, Boston Dynamics, dice que ha aprendido del fiasco de Nueva York y está tratando de explicar mejor al público -y a sus clientes- lo que Spot puede y no puede hacer. Esto es cada vez más importante, ya que Boston Dynamics pasa a formar parte del fabricante de automóviles surcoreano Hyundai Motor Company, que en junio cerró un acuerdo de 880 millones de dólares para adquirir una participación mayoritaria en la empresa de robótica. “Uno de los grandes retos es describir con precisión el estado de la tecnología a personas que nunca han tenido una experiencia personal con ella”, dijo en una entrevista Michael Perry, vicepresidente de desarrollo de negocios de Boston Dynamics. “La mayoría de la gente aplica nociones de ciencia ficción a lo que hace el robot”.

30 de julio de 2021

BARCELONA: Más vigilantes en el metro contra la LGTBIfobia

TMB estrena un protocolo de prevención, detección e intervención para combatirla Al margen, se sigue ampliando el número de cámaras en la red de metro y de bus Llibert Teixidó

La LGTBIfobia es real y los autobuses y los metros son espacios comunes de millares de personas, también de víctimas presenciales y de agresores. Con el objetivo de que no se cronifiquen como terreno abonado para ejercer la violencia de odio, para frenar su presencia, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) estrenó ayer un nuevo protocolo de prevención, detección e intervención para combatir la LGTBIfobia, que pasa también por el aumento de la vigilancia.

En este sentido, el plan contempla un incremento del personal de seguridad, más presencia de agentes de los cuerpos policiales o en el caso concreto del metro, también mejorar la iluminación de vestíbulos, andenes y pasillos o, incluso, incorporar un hilo musical que genere un ambiente más amable y acogedor. Ligado al protocolo también se llevarán a cabo campañas de sensibilización, se crearán funcionalidades en las aplicaciones móviles corporativas, o se establecerá un canal específico para quejas y atención. Habrá además formación para los trabajadores: para que puedan detectar y actuar ante estas situaciones.

“Es un conjunto de acciones, pero también una firme declaración de intenciones, un posicionamiento”, manifestó la concejal de Movilidad y presidenta de TMB, Rosa Alarcón. En la presentación del protocolo también participó el coordinador técnico del Observatorio con la Homofobia (OCH), Cristian Carrer: “Es un primer paso”. De hecho, El transporte público está identificado como “contexto hostil” en el último informe elaborado por el observatorio, en el que se refleja como cerca del 70% de las agresiones se producen en la vía pública. Paralelamente, a todas estas medidas, fuentes municipales explicaron que se prosigue con los planes de instalar cámaras en el interior de todos los autobuses y vagones de metro, si bien en esta última red ya hay más de 8.000 cámaras funcionando.

Prosegur ganó 26 millones entre enero y junio, un 16,3 % más que un año antes

El grupo de seguridad Prosegur (MC:PSG) obtuvo un beneficio neto de 26 millones de euros entre enero y junio, un 16,3 % más que en el mismo periodo del año anterior, a pesar de la persistencia de la pandemia de coronavirus, ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su nota, la empresa destaca que, aunque las ventas se redujeron un 7,8 % hasta 1.637 millones de euros, el dato refleja un crecimiento positivo en moneda local en Latinoamérica y en el resto del mundo; en el conjunto de mercados donde opera, el crecimiento orgánico de las ventas ha sido del 2,9 %. No obstante, Europa todavía muestra los efectos negativos de la crisis sanitaria, si bien "se empieza a observar una tendencia de recuperación", indica.

Como ya ha ocurrido en trimestres anteriores, la cifra de ingresos refleja la venta del 50 % del negocio de Alarmas en España, añade la nota. Sobre la rentabilidad de las operaciones, el resultado operacional antes de intereses, impuestos y amortizaciones (ebita) fue de 93 millones de euros, con un margen del 5,7 %. La caída de la rentabilidad obedece a los menores volúmenes como consecuencia de la pandemia, y el incremento de las inversiones en transformación digital.

Por unidades de negocio, tanto Prosegur Security como Prosegur Cash (MC:CASHP) reportan una evolución favorable en sus márgenes. Con todo ello, el resultado neto consolidado, descontando los intereses minoritarios, ha sido de 26 millones de euros, un 16,3 % más que en el primer semestre de 2020. Por lo que respecta a la posición financiera, Prosegur mantiene una buena generación de caja operativa, superior al promedio histórico del grupo, si aislamos los atípicos del ejercicio 2020.

El flujo de caja operativo ha alcanzado 91 millones de euros, y supone un ratio de conversión en caja del resultado bruto de explotación o ebitda del 61 %, tras normalizar el impacto de la norma IAS 16. Prosegur destaca también la evolución favorable del capital circulante, impulsado por la mejora en el período medio de cobro. La deuda financiera neta a cierre de junio se situó en 958 millones de euros, y ello pese a haber afrontado el pago del dividendo, el crecimiento inorgánico y la inversión en capex.El nivel de endeudamiento, normalizado con las acciones de Telefónica (MC:TEF), se sitúa en una ratio de deuda financiera neta sobre ebitda de 2,2 veces, y el coste medio de la deuda corporativa se mantiene plano frente al mismo período del ejercicio anterior, en el 1,17 %.

Insulta, amenaza y golpea con un cinturón a unos vigilantes del metro de Barcelona que le pidieron usar mascarilla

El joven, en actitud hostil y sin mascarilla en el metro de Barcelona, la emprendió contra los trabajadores de seguridad

"Lleva un cinturón y os va a dar. Os va a dar", advertía una mujer, avanzando lo que iba a suceder. Ni entre cuatro vigilantes lograron tranquilizarle: el joven siguió insultando y amenazando.


Bochornosa y lamentable escena en el metro de Barcelona, donde unos vigilantes, miembros del equipo de seguridad, tuvieron que soportar la ira, los insultos y las amenazas de un viajero que iba sin mascarilla y que, de hecho, llegó además a golpearles. “Lleva un cinturón y os va a dar. Os va a dar”, advertía una mujer en mitad de la escena, que fue grabada en un vídeo en el que se aprecia cómo el joven, gritando y fuera de sí, efectivamente llega a agredirles con el cinturón.

A su lado, varios vigilantes intentaban en vano mediar con él a través del diálogo, pero el joven lejos de atender a razones, continuó en actitud hostil, gritando sin parar, haciendo caso omiso y sin ponerse la mascarilla, como dicta el protocolo sanitario frente al coronavirus, máxime en pleno transporte público. Ni entre cuatro trabajadores de seguridad consiguieron tranquilizarlo; ejemplo de lo complicado que es hacer entrar en razón a los que todavía no entienden lo peligroso de esta pandemia.

29 de julio de 2021

Grupo Control vigilará seis oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de Almería

La empresa de seguridad andaluza Grupo Control prestará los servicios de vigilancia y protección de seis oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ubicadas en: Almería-Altamira, Almería-Periferia, Almería-Almadrabillas, El Ejido, Roquetas de Mar y Huércal Overa.

La función básica de los vigilantes de Grupo Control en estas instalaciones de la Junta de Andalucía es ejercer la vigilancia y protección de los edificios, bienes y personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y medidas de prevención necesarias. También efectúan los controles de identidad de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, el control de acceso a los inmuebles donde prestan servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero si impedir el acceso a dichos inmuebles. Otra de sus funciones es evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación.

El personal de Grupo Control adscrito a estos servicios podrá detener y poner a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes o infractores en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos o infracciones administrativas. Entre las funciones específicas de este servicio se encuentran: apertura y cierre de los edificios, gestión de los sistemas de seguridad ante los riesgos de intrusión e incendio, actuando según el protocolo establecido o evitar el acceso incontrolado al edificio y a las dependencias de uso restringido, velando por la integridad de personas, muebles y enseres y controlar la entrada y salida de vehículos, permitiendo el paso solo a los autorizados. Grupo Control es una empresa que cuenta con una plantilla de más de 4.000 personas en plantilla, que opera en todo el territorio nacional y con más de 30 años de experiencia en el sector de la seguridad privada.

El TSJA rechaza declarar accidente laboral el infarto de un vigilante de seguridad en un hospital antes de su turno

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado plenamente una sentencia previa, que rechaza declarar como contingencia derivada de accidente de trabajo la incapacidad temporal padecida por un vigilante de seguridad como consecuencia de un infarto de miocardio sufrido pocos minutos antes de comenzar su turno en el hospital sevillano de El Tomillar, lugar en el que se encontraba en el momento de dicho infarto.

En una sentencia emitida el pasado 8 de abril y recogida por Europa Press, el TSJA aborda un recurso de suplicación promovido por un trabajador del sector de la seguridad, contra una sentencia previa del Juzgado de lo Social número cuatro, que desestimó ya en 2017 su reclamación de que fuese declarada como contingencia derivada de accidente de trabajo la incapacidad temporal que afrontó por un infarto de miocardio sufrido poco antes de incorporarse a su turno de vigilancia en el hospital de El Tomillar.

En el relato de hechos probados de la sentencia inicial impugnada, en ese sentido, queda de relieve que este vigilante de Securitas Seguridad España tenía un turno de trabajo aquella jornada que comenzaba a las 23 horas, toda vez que "al llegar a su puesto de trabajo sobre las 22,30 horas comenzó con dolor centrotorácico" y a las 22,55 horas, el 061 recibió una llamada desde el propio hospital de El Tomillar en demanda de asistencia sanitaria para esta persona, por el infarto agudo de miocardio que le fue finalmente diagnosticado.

LA EMPRESA "EXPIDIÓ EL PARTE DE ACCIDENTE LABORAL" "La empresa expidió el correspondiente parte de accidente de trabajo", figura como probado en la sentencia inicial impugnada, que detalla sin embargo que la mutua "rechazó el carácter de accidente de trabajo" de la incapacidad temporal afrontada por este hombre durante varios meses a cuenta del citado infarto. Una vez que el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla desestimó sus pretensiones de declarar que fuese declarada como contingencia derivada de accidente de trabajo la incapacidad temporal afrontada, este vigilante impugnó dicha decisión ante el TSJA vía recurso de suplicación, si bien el Alto tribunal andaluz ha desestimado su recurso y ha confirmado la sentencia inicial.

El TSJA, en ese sentido, expone que el infarto "ocurrió cuando el trabajador se encontraba en el centro de trabajo donde tenia que prestar servicios; pero la indisposición y primeros síntomas se produjeron al menos media hora antes del comienzo de la jornada"; toda vez que no hay "prueba que pueda vincular la enfermedad del trabajador con la realización de su trabajo, ni consta que el actor se encontrara en los vestuarios de la empresa, ni que hubiera fichado la entrada a su trabajo, ni siquiera que se encontrara en su puesto de trabajado, aun antes de comenzar la jornada laboral, recibiendo, como dice, las incidencias habidas del compañero que terminaba su turno". Por ello, según el TSJA, "no puede atribuirse a la incapacidad temporal la contingencia laboral pretendida" por este vigilante de seguridad.

MÁLAGA: Detenido un hombre en el Hospital Clínico por agredir a un vigilante y una celadora

El individuo irrumpió en la sala de Urgencias y rompió con un palo la mampara de protección de la entrada

El Hospital Virgen de la Victoria activó el pasado martes el protocolo existente por la agresión a un vigilante de seguridad y a una celadora, según han informado fuentes de dicho centro hospitalario, apuntando que el presunto agresor fue detenido esa misma tarde por la Policía.

"Entró un individuo de unos cuarenta años muy alterado en la sala de Urgencias con un palo en la malo. Rompió la mampara de protección que hay en la entrada y después fue a agredir a una celadora. Al hombre lo redujo un vigilante de seguridad, lo tiró al suelo y más tarde vinieron más guardias. Al rato se lo llevó detenido la policía", afirma Miguel, un testigo que se encontraba en Urgencias en el momento de la agresión.

Los hechos sucedieron alrededor de las 18.00 horas en uno de los controles de acceso al centro, en el que un ciudadano manifestó una conducta agresiva con el personal que controlaba la entrada. Así, supuestamente, este hombre habría agredido físicamente a un profesional del equipo de seguridad, que requirió asistencia médica por lesiones, y a una celadora. El hospital ha condenado una vez más este tipo de situaciones "que no tienen justificación alguna" y ha manifestado su rechazo "absoluto ante este tipo de comportamientos que afectan a nuestros profesionales".

MADRID: Detenido el hombre que agredió a un vigilante de seguridad de Metro en la estación de La Fortuna de Leganés

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Leganés al autor de una agresión a un vigilante de seguridad en la estación de Metro de Madrid de La Fortuna.

El implicado empujó al vigilante por las escaleras mecánicas y le causó lesiones graves, las cuales le han incapacitado temporalmente para trabajar, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

La investigación se inició a mediados del mes de junio cuando se recogió una denuncia en la comisaría de Policía Nacional de Leganés. En ella, la víctima manifestaba haber padecido una brutal agresión por parte de un individuo, que le empujó por las escaleras mecánicas de la estación de Metro de La Fortuna, lugar donde trabaja como vigilante de seguridad. Los agentes, tras su investigación, lograron identificar, localizar y detener el pasado 6 de julio al presunto responsable de la agresión. Además, averiguaron que, días atrás, mantuvo una fuerte discusión con el vigilante de seguridad al haberle instado a que se pusiera la mascarilla en el interior de la instalaciones de Metro. El hombre ya ha sido puesto a disposición judicial.

28 de julio de 2021

Esta es la edad a la que podré jubilarme para cobrar el 100% de la pensión

La edad legal de jubilación se encuentra actualmente en 66 años, pero irá avanzando de manera progresiva hasta situarse en los 67 en 2027. 
En la reforma de las pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales, no está especificado cómo será el mecanismo que sustituirá al factor de sostenibilidad

La edad de jubilación sigue su inexorable avance desde que, en la reforma de las pensiones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con los agentes sociales, se estableciera que la edad legal pasaría de 65 años a 67. Este cambio comenzó a hacerse de manera gradual desde 2013 y se prevé que finalice en 2027. Actualmente, en 2021, la edad legal de retiro está fijada en los 66 años. El ejercicio que viene se le sumarán dos meses. En 2023 otros dos, y así sucesivamente hasta llegar al objetivo de los 67 años. Además, también desde 2013 y de forma anual, se ha ido agregando un año al periodo de cómputo de la pensión, con el objetivo de llegar a 25 años en 2022 (antes de la reforma estaba en 15 años). Esto quiere decir que para el cálculo de la pensión se tendrán en cuenta los últimos 25 años cotizados del trabajador.

En la reforma de las pensiones recientemente pactada entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los agentes sociales, la edad legal no se toca, por lo que no hay cambios previstos al respecto. En lo que sí parece que se producirán modificaciones es en el periodo de cálculo, ya que el Gobierno pretende adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral, con carreras profesionales como las de los más jóvenes mucho más discontinuas. Sin embargo, esta es una negociación que se llevará a cabo en los próximos meses y que entraría en un segundo paquete de reformas de las pensiones. Lo que sí se contempla en esta primera batería de medidas es la derogación del factor de sostenibilidad que había impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy, que ligaba la cuantía de la pensión a la evolución de la esperanza de vida. Esta herramienta será sustituida por un “mecanismo de equidad intergeneracional” aún por determinar.




Se hacía pasar por policía para estafar con trabajos de seguridad privada

La Policía Nacional detiene en Zaragoza a este sujeto de 63 años con un rosario de antecedentes, uno de ellos en Ceuta en donde le reclama el juzgado por hechos similares de estada y usurpación de funciones públicas.

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Distrito de San José de Zaragoza han detenido a un hombre de 63 años que se hacía pasar por policía para estafar a sus víctimas. Tiene reclamaciones judiciales por hechos similares en Ceuta y Algeciras. Se le acusa de dos delitos de estafa y usurpación de funciones públicas, tal y como ha concretado en una nota la Jefatura Superior. La investigación comenzó con la denuncia de dos personas, quienes manifestaron que habían sido estafadas por un hombre que se había identificado como policía y que les había ofrecido trabajo en el sector de la seguridad privada para prestar servicios en edificios oficiales.

El modus operandi consistía en ganar la confianza de sus víctimas, a quienes les había hecho creer previamente mediante la exhibición de una placa emblema y un carné su supuesta condición de policía. Una vez ganada la confianza de estas personas les ofrecía trabajo como auxiliares de seguridad privada para desempeñar labores en centros oficiales, usando esa supuesta profesión para hacerse respetar entre las que iban a ser sus víctimas.

Antecedentes y más de 2.000 euros estafados La estafa se consumaba cuando les solicitaba cierta cantidad de dinero por adelantado, al parecer para la adquisición de las titulaciones pertinentes y el uniforme de trabajo. El detenido estafó más de dos mil euros a su primera víctima y quinientos a la segunda. Además de las estafas y el delito de usurpación de funciones públicas al hacerse pasar por policía careciendo de esta condición, le constan tres reclamaciones judiciales, dos de ellas en Algeciras y una en Ceuta. Al detenido le constan numerosos antecedentes por estafas y por usurpación de funciones públicas. El miércoles 21 de julio fue conducido hasta el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia, donde se decretó su puesta en libertad después de ser oído en declaración.

Securitas, hacia una vigilancia más inteligente


La pandemia también le ha dado un buen empujón a la automatización de la seguridad, una actividad cada vez menos manual.

El sector de la seguridad está cambiando rápidamente en España. Hasta hace relativamente poco tiempo, su imagen se asociada a la de la vigilancia en el más literal sentido: una persona que protegía un recinto. Sin embargo, la electrónica gana terreno a pasos agigantados, hasta el punto de que hoy no se entiende un proyecto de seguridad sin ese componente tecnológico.

"En el mundo actual", expone Zacarías Erimias, presidente y consejero delegado de Securitas Seguridad España, "se está dando una convergencia evidente entre la seguridad física y la digital. Y tampoco existen proyectos estandarizados. Cuando un cliente deposita en nosotros su confianza, realizamos un análisis de riesgos, estudiamos sus necesidades específicas y ofrecemos una respuesta personalizada, que combina nuestras diferentes líneas de solución, desde la presencial, que realizan nuestros guardas jurados, a la remota, mediante cámaras y otros equipos".

El punto de inflexión se produjo en 2014. Hasta entonces, el 90% del negocio de Securitas era la vigilancia tradicional. "Era un servicio que se estaba quedando obsoleto, así que decidimos crear un mix de producto, en el que empezara a tener cabida una parte más tecnológica. Siete años después, esa vigilancia tradicional todavía tiene un peso del 51,8%, aunque con un perfil más sofisticado, mientras que la tecnología y la electrónica han elevado su presencia hasta el 48,2%". Lo que se persigue es actualizar constantemente la propuesta para mejorar la eficiencia. "Vivimos un período muy interesante, de transformación cultural dentro de la empresa".

CONTACTO Ese proceso de digitalización ha permitido a la compañía afrontar con garantías la pandemia. Además, contaban con la pequeña ventaja de que la seguridad privada fue declarada actividad esencial y no vieron interrumpida su actividad. En la mayor parte de la cartera, pudo seguir trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. "Gracias a eso nos hemos mantenido cerca de los clientes y hemos adaptado nuestros servicios de protección, según lo que exigía la nueva situación: cámaras térmicas, control de aforos... Ese contacto constante y estrecho con los clientes nos ha dado la oportunidad de reaccionar rápidamente a las nuevas demandas y adaptarnos a lo que era necesario en cada momento".

En total, de las 18.500 personas que forman la plantilla de Securitas en España, 17.000 trabajan sobre el terreno. La compañía cerró 2020 con una facturación de 634 millones de euros en nuestro país, lo que supone un 9% más que el ejercicio anterior. El 1% corresponde a crecimiento orgánico, todo un éxito en tiempos de pandemia, y el otro 8%, a la adquisición en enero del año pasado de Techco Security. "Es significativo", apunta el CEO, "que las líneas de negocio con componente tecnológico crecieran cerca de un 80%". Erimias tiene claro que Securitas debe profundizar en la ejecutoria emprendida hace poco más de un lustro. "Somos una compañía de estrategia a largo plazo. Para nosotros es fundamental la capacidad de reacción y adaptación. Vamos a seguir invirtiendo en tecnología (internet de las cosas, inteligencia artificial...) para mantener un crecimiento anual de dos dígitos".

Ese crecimiento no puede alcanzarse, no obstante, a toda costa. Erimias reclama lo que llama "crecimiento sano". "Debemos velar por la calidad y la rentabilidad. De lo contrario, no podremos seguir invirtiendo ni generando empleo". En lo que respecta a los servicios que demanda el mercado, el último año ha marcado una tendencia interesante: los servicios remotos han ganado terreno, una tendencia que parece que va a seguir. Además, el análisis de riesgos se convierte en una de las claves del éxito. "Vivimos en una sociedad más vulnerable. Surgen nuevas amenazas que nos obligan a analizar la situación cíclicamente, cada año o dos años, para actualizar constantemente los niveles de seguridad. Debemos ser capaces de predecir y anticiparnos a los nuevos problemas".

AUTOFILTRADO. La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en el sector y empieza a marcar la diferencia cuando nos referimos a dispositivos de seguridad. La IA embebida en las cámaras de seguridad permite que sean los propios equipos los que filtren los eventos que captan y decidan cuándo se trata de una alarma real y cuándo de una falsa, algo que hasta hace poco tiempo precisaba la intervención de un humano. Precisamente esa línea tecnológica es la que quiere seguir Securitas también en posibles compras que complementen el crecimiento orgánico. "A lo largo de nuestra historia hemos realizado ocho adquisiciones y seguimos analizando oportunidades, pero tenemos claro que nuestro objetivo son compañías en desarrollo, con talento y perfil tecnológico".

El vigilante que encauzó mi vida

Dicen que un vigilante es un policía frustrado y es totalmente falso, lo que si es cierto es que hay policías que antes han sido vigilantes como es mi caso

Comencé a trabajar de vigilante de seguridad por el año 2002, cuando el número de vigilante no superaba aún el 100.000 y tras sacarme el título de vigilante comencé a trabajar en lo que para mí era un trabajo de fines de semana que compatibilizar con mis estudios. Tenía contrato de fines de semana. El primer año estuve en todo tipo de servicios, deambulando por toda la Comunidad de Madrid. Vigilancias por las noches en obras alejadas de toda civilización, establecimientos donde habían entrado a robar la noche anterior mediante un butrón y todavía no había sido tapado el agujero, centros comerciales, estación sur de autobuses de Madrid, donde las doce horas de punto fijo se hacían interminables, control de accesos en el metro de Madrid y un largo etc. Un trabajo en general donde sueles estar solo sin compañeros con los que hablar.

Pero uno de los trabajos donde sí tuve un compañero fue en el servicio de búhos, en los que íbamos cerrando las estaciones de metro por la noche. Y fue uno de estos servicios el que iba sin yo saberlo a cambiar el rumbo de mi vida. Recuerdo vagamente esa noche, salvo que nos tocó la zona de Pan Bendito. Comenzó el turno y empezaron las preguntas obligadas entre dos personas que se acaban de conocer y que van a pasar juntos toda la noche trabajando. ¿Qué estudias? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Familia, aficiones, etc.

En un momento de la conversación me dijo “no seas tonto y preséntate a la Policía Nacional que están saliendo ahora bastantes plazas”. Yo le contesté que ni si quiera me lo había planteado y que ni siquiera sabía cuántas plazas estaban sacando. Poco más se habló de ese tema. Finalizamos el turno y me fui a casa a dormir. Pero lo que me dijo despertó mi curiosidad y comencé a informarme de algo totalmente nuevo y desconocido para mí, como era la oposición a Policía Nacional. Número de plazas, temario, pruebas físicas, psicotécnicos, entrevista personal, reconocimiento médico… Algo que parecía muy difícil, pero no imposible y que comenzó a llamarme cada vez más la atención.

Compré un temario, un libro de psicotécnicos, una barra de dominadas y unos conos y palos de escoba con los que preparé el circuito y comencé a estudiar por mi cuenta y a entrenar. Dos años después me presenté por primera vez y conseguí mi apto, mi billete para ir a la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Haber sido vigilante de seguridad durante tres años no ha hecho sino valorar a todas aquellas personas que desempeñan su trabajo con gran profesionalidad, en largos turnos, con escasos medios y poca seguridad jurídica.

No volví a ver a aquél vigilante que me aconsejó presentarme a Policía Nacional, que sin querer me abrió las puertas a lo que hoy es mi trabajo y ni tan siquiera recuerdo su nombre. Tampoco pude darle las gracias por su consejo y decirle que lo seguí. Si por casualidad leyeras esto, simplemente decirte, gracias. Gracias por haber encauzado mi vida con sólo una frase. Autor: Carlos Fernández

ALBACETE: Un juzgado reconoce como accidente laboral el suicidio de un empleado acosado

La jurisprudencia acepta el suicidio como accidente laboral cuando se produce en el propio puesto de trabajo pero cuando ocurre fuera es necesario probar la causalidad entre ambos sucesos. CC.OO ha conseguido probar uno de estos casos y se convierte en una sentencia pionera.

"Una sentencia pionera", así ha calificado este martes la secretaria provincial de Comisiones Obreras (CC.OO) de Albacete, Carmen Yuste, que anunciado que un juzgado de Albacete ha reconocido como accidente laboral el suicidio de un trabajador por el acoso que se sentía en su entorno laboral. La jurisprudencia acepta el suicidio como accidente laboral siempre y cuando se produzca en el propio puesto de trabajo, pero cuando ocurre fuera es necesario probar la causalidad entre ambos sucesos y la situación se complica. El fatal suceso ocurrió en septiembre de 2017, un trabajador del Ayuntamiento de Albacete, graduado social y que era interino fijo, acabó quitándose la vida después de haber estado de baja desde el pasado año 2016 por "incapacidad temporal" al sufrir ansiedad por una situación de acoso en su puesto de trabajo, tal y como él mismo había explicado en el parte médico.

No le concedieron el cambio de departamento pese a ser acosado Un año más tarde, la mutua le dio de alta porque consideraba que "no había problema en que se incorporase de nuevo en el Ayuntamiento", tal y como ha explicado Yuste en comparecencia ante los medios. Este hombre aceptó la propuesta de alta pero pidió trabajar en otro departamento por la incomodidad que sentía en su puesto habitual. La mutua no le concedió dicha petición y el trabajador volvió a presentar en 2017 una baja médica porque se sentía mentalmente incapacitado para seguir en la misma situación que ya había vivido con anterioridad.

La presión psicológica que el hombre sentía y la inestabilidad emocional que le habían provocado una ansiedad que empeoraba cada día acabó cediendo y supuso el fin de su vida el 24 de septiembre de 2017, justo un día antes de tener que reincorporarse a su puesto de trabajo. En un principio, su mujer y su hija recibieron una pensión por viudedad pero no como "accidente laboral". Su suicidio no fue relacionado en un principio con su trabajo, algo que desde CC.OO denunciaron insistentemente y llevaron ante Tribunal. Ahora, casi cuatro años después, la secretaría provincial de CC.OO ha conseguido ganar el juicio en el que se ha reconocido como accidente laboral el suicidio de este trabajador del consistorio de Albacete y se sitúa en lo que es una sentencia pionera para prevenir y proteger a los trabajadores en sus puestos de trabajo.


MELILLA: Los vigilantes de la CAM, en vilo por la adjudicación del contrato

UGT y CCOO piden a la Ciudad que vigile que la empresa cumple con el convenio y los pliegos

La adjudicación del contrato para el servicio de vigilancia de seguridad privada en dependencias municipales de la Ciudad se ha dilatado ya casi un año y ha pasado por varios procesos que parecen finalizar.

El último documento publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, del día de ayer, es un requerimiento de documentación a la empresa que estaba en segundo lugar en el concurso, y que hasta ahora ha venido desarrollando esta labor, pero que ha sido denunciada en varias ocasiones no solo por CCOO por incumplimiento del convenio con los trabajadores, sino también por los propios vigilantes de seguridad. Por ello, estos trabajadores están en vilo esperando cuál es la resolución de la Ciudad, como aseguró UGT a El Faro, que solo espera que la empresa que se quede con el contrato no solo cumpla con el pliego que firma, sino también con el convenio de este sector. Y es más, desde CCOO se informó también de que se presentó un escrito en la Administración local porque cree que la empresa ha incumplido la Ley de Contratación Pública al no aplicar el convenio con los vigilantes de seguridad y eso le dejaría fuera de optar a este nuevo contrato.

UGT indicó a este periódico que lo claro es que debe haber una adjudicación cuanto antes de este contrato. Explicó que los trabajadores del servicio suman tres más tres meses porque hace ya tiempo que finalizó el contrato que tenía la empresa. El sindicato comentó que se deja sin esta estabilidad laboral que toda persona necesita porque no hay una empresa concreta a la que dirigir sus peticiones o reclamaciones, ya que no se ha finalizado con esta adjudicación. Pero también tiene claro UGT que no se puede hacer una adjudicación sin más. Subrayó que la empresa que se quede con este servicio debe cumplir con el convenio laboral del sector. Aseveró que los trabajadores no pueden padecer retrasos en sus pagos o que no les hagan llegar determinados pluses porque la empresa haya licitado a un coste menor del que realmente necesita para cubrir gastos.

UGT no sabe qué empresa se quedará finalmente con este servicio pero exige que la que sea cumpla con el convenio y con el pliego que firma con la Administración local. “Los trabajadores no pueden estar a verlas venir”, añadió. Asimismo, el sindicato indicó que la Ciudad debe comprobar que la empresa que se queda con el contrato está cumpliendo con el pliego y con los trabajadores.

Preocupación Por su parte, CCOO también destacó la preocupación que hay entre los vigilantes de seguridad por la adjudicación del contrato. La empresa que estaba en segundo lugar y a la que se daría este servicio ha sido denunciada por este sindicato en varias ocasiones. De hecho, entregó en la Administración local un documento en el que informaba de que, bajo su criterio, este negocio estaría incumpliendo la Ley de Contratación Pública en uno de sus artículos en los que se indica que la adjudicataria debe cumplir con los convenios de los trabajadores. CCOO aseveró que esta empresa no lo está haciendo.

En diciembre, por ejemplo, el sindicato llevó a la Inspección de Trabajo a esta empresa porque estaba haciendo contrataciones de vigilantes de seguridad por obras y servicios. Indicó que esta modalidad de contratación se puede adoptar en momentos puntuales, por ejemplo, para vigilar un festival o una muestra que organice la Ciudad. Sin embargo, remarcó que la empresa estaba usando esos contratos para cubrir puestos de empleo que ya formaban parte de los pliegos.

Pero para la empresa estos contratos de obras y servicios tenían una ventaja y es que el despido de ese profesional es más ‘barato’. Además, los profesionales que estén bajo este tipo de contrato pueden ser despedidos si la empresa que coja ahora el servicio lo cree conveniente, puesto que no son fijos. Otros temas que han denunciado los propios empleados de esta empresa de vigilancia de seguridad que hasta ahora a desarrollado el servicio y que puede volver a ser adjudicataria del mismo son retrasos en el pago de nóminas, que no se les abonaba determinados pluses y que no se les estaba abonando la formación. Insistió CCOO que este negocio no cumple con la legislación vigente y, por ello, no debería volver a tener adjudicado este servicio.

Asimismo, el sindicato destacó que la empresa incumple el pliego de condiciones del anterior contrato y también lo haría con el actual, aunque remarcó que esto es una tarea que debe emprender la Administración local porque el interés de CCOO está en que los trabajadores tengan buenas condiciones de trabajo y no tanto cuestiones técnicas de la empresa. En relación con esto último, apuntó que todo indica a que no cuenta con el permiso correspondiente de la Guardia Civil para tener un armero en la sede, a la que se ha cambiado recientemente esta empresa.

Pero CCOO reiteró que lo importante son los trabajadores y son muchas las denuncias que han tenido que hacer de forma particular en los juzgados para que la empresa les reconociera sus derechos por lo que no se fia de ésta y de que pueda cambiar con este nuevo contrato que podría caer en sus manos. Insistió en que se trata de un servicio con una cantidad de dinero público de los más altos de la Ciudad, ya que se licitó por 9,988 millones de euros. Reclamó a la Ciudad que vigile que se cumple el pliego del contrato.

27 de julio de 2021

MENORCA: La Conselleria de Salud decide contratar vigilancia privada para el hotel covid

La Conselleria de Salud del Govern ha decidido contratar vigilancia privada para mejorar el control y la seguridad del hotel covid, Aparthotel Sa Mirada, en el Arenal den Castell.

El aumento de la ocupación del establecimiento, que ha llegado a superar los 100 alojados, aunque este lunes el número se había reducido a 86, ha llevado a los responsables del área de Salud a tomar esta decisión. La intención de Salud, no obstante, ha chocado con la disponibilidad de efectivos en Menorca. Por este motivo ha tenido que contratar a dos auxiliares de vigilancia, que hacen los turnos de mañana y tarde con unas atribuciones más limitadas sin poder intervenir más que para avisar a la Policía, y un vigilante de seguridad, que sí puede hacerlo en caso de necesidad, para los turnos de noche.

VITORIA: Vigilante de seguridad pone a disposición de la policía a dos personas por robos en un centro comercial


Agentes de Policía Local detuvieron el pasado sábado a dos varones de 18 años como presuntos autores de un delito leve de hurto y no tener domicilio conocido. Los hechos ocurrieron en un establecimiento de un centro comercial, cuyo vigilante de seguridad tenía retenidas a dos personas por haber sustraído artículos del interior.

Los agentes trataron de identificar a los autores del hurto, no siendo posible, ya que se negaran a facilitar datos sobre su identidad. Ante su actitud a identificarse de forma veraz, fueron trasladados finalmente a dependencias policiales en calidad de detenidos por un presunto delito leve de hurto sin domicilio conocido.

Por otro lado detuvieron en la madrugada del pasado viernes a un varón de 18 años como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos sucedieron poco antes de las 2.30 horas en el parque de La Florida, cuando una patrulla observó como un varón abandonaba el parque de forma apresurada y con un bolso de mujer en sus manos. La patrulla persiguió a pie al joven hasta que fue interceptado, momento en el que reconoció haber sustraído el bolso a una mujer, que fue localizada con signos de haber sido agredida, quien explicó a la patrulla que había sufrido un robo. Ante estos hechos, el varón fue trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido por un presunto delito de robo con violencia.

Admiten como accidente de trabajo el contagio por covid de personal no sanitario

La resolución declara como accidente de trabajo la covid-19 que sufrió el citado trabajador. La Mutua ha aceptado, sin recurrir, la resolución

La Seguridad Social ha reconocido como accidente de trabajo el contagio por covid-19 de un operario de los servicios de mantenimiento del Hospital de Cruces-Barakaldo.

Esta resolución, que no ha sido recurrida por la Mutua de trabajo que atendió al operario, se ha producido a instancias de un recurso presentado por el sindicato LAB, que defiende que la consideración de los contagios covid-19 como accidente de trabajo y no como enfermedad común debía extenderse a todo el personal que trabaja en los sectores sanitario y socio sanitario (personal de limpieza, administrativo, mantenimiento, etc) y no sólo al personal estrictamente sanitario, como hasta ahora estaba reconocida.

Este sindicato lanzó una campaña solicitando el reconocimiento como accidente de trabajo para todo el personal contagiado de covid que desarrolla su profesión en centros sanitarios y socio-sanitarios, como estaba recogido en los anteriores Reales Decretos, posteriormente derogados, y pidió el cambio de enfermedad común a accidente de trabajo frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que finalmente le ha dado la razón en el caso de un recurso interpuesto referente a un trabajador de mantenimiento del Hospital de Cruces. La resolución declara como accidente de trabajo la covid-19 que sufrió el citado trabajador. La Mutua ha aceptado, sin recurrir, la resolución, precisa LAB en un comunicado.

Este reconocimiento demuestra, a juicio de la central, que los contagios que se dan en las empresas en general, y en Osakidetza en particular, "se pueden y deben de evitar con medidas de prevención y protección y que, si esto no sucede, existe responsabilidad de la empresa por no haber tomado las medidas necesarias".

TOLEDO: Menos seguridad para el nuevo hospìtal

El sindicato CCOO alerta de que la mercantil NHT S.A. quiere recortar un 20% el servicio de Vigilancia y Seguridad de los hospitales y centros sanitarios de Toledo, Illescas, Ocaña y Torrijos.

El sindicato CCOO ha denunciado que la mercantil Nuevo Hospital de Toledo S.A. (NHT), concesionaria de la explotación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (CHUT), pretende reducir en un 20% las horas de prestación del servicio de vigilancia y seguridad de los centros hospitalarios y de la GAI de Toledo. CCOO-Hábitat, que advierte que, de llevar a cabo sus planes, NHT recortará de 60 a 48 el número actual de vigilantes, además de prescindir de los 9 vigilantes ‘extra covid’ contratados por la crisis sanitaria. “Pedimos a NHT SA que frene este recorte y al Sescam que le obligue a hacerlo, si la concesionaria sigue adelante con los planes. Hay que recordar que las agresiones a profesionales sanitarios no dejan de crecer ni en nuestra región ni en nuestro país, y además de forma acelerada. A nivel nacional, en 2019 aumentaron un 21.1% respecto a 2018; y en 2020, un 32,3% respecto a 2019”, advierte Carlos García Montoya, responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Hábitat CLM.

Desde el sindicato señalan que, tras asumir la concesión del CHUT, la sociedad anónima Nuevo Hospital de Toledo ha "invitado" a seis empresas de seguridad a presentar ofertas económicas para la prestación de los servicios de Seguridad Privada de los hospitales Virgen de la Salud (de forma provisional), Provincial Virgen de la Misericordia, Nacional de Parapléjicos, Virgen del Valle y Universitario de Toledo; así como de los Centros de Especialidades de lllescas, Ocaña, Torrijos y Toledo. En la actualidad, las contratas de estos servicios las tienen adjudicadas Viten (Hospital Universitario y Parapléjicos) y Alerta y Control (el resto), para lo que tienen contratados a 60 vigilantes a tiempo completo, sumando un total de 116.640 horas/año de prestación del servicio.

Ahora, Nuevo Hospital de Toledo S.A. ha invitado a estas dos empresas y a otras cuatro más (Securitas, Ilunion, Secoex y Protección Civil y Patrimonio) ha hacerse cargo de la seguridad de todos los centros sanitarios adscritos al CHUT, pero reduciendo a 93.288 el total de horas de servicio a prestar; lo que supone un 20,02% menos. “Este recorte de horas conlleva la pérdida de 12 de los 60 contratos estables existentes ahora, o bien la reducción de la jornada de muchos de ellos”, advierte Carlos García Montoya, responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Hábitat CLM.

Además, en la actualidad prestan servicios en los diferentes centros sanitarios del CHUT otros nueve vigilantes denominados ‘Extra Covid’, contratados también a tiempo completo, pero de forma temporal, para reforzar el servicio con motivo de la crisis sanitaria. Estas nueve personas aparecen también en el listado de personal a subrogar remitido por NHT SA a las seis empresas invitadas a hacerse con la contrata de seguridad, pero dando por hecho que en octubre se acaba la pandemia y que dejarán de ser necesarios. No se prevé ni una sola hora de prestación de este servicio ‘extra covid’.

“Llevamos casi medio año requiriendo información a NHT SA sobre sus previsiones respecto al servicio de Seguridad Privada. Es evidente que los vigilantes de seguridad a los que representamos son los primeros y los más interesados en saber cuándo y cómo se van a garantizar sus empleos. Hasta ahora podíamos comprobar estas cuestiones accediendo a los pliegos de condiciones que emitía el Sescam y que eran de carácter público. Pero ahora que el CHUT se ha convertido en una concesión explotada por una Sociedad Anónima, a pesar de nuestra insistencia nunca se nos ha facilitado esa información”

“Y cuando finalmente la hemos conocido de forma indirecta, vemos que no hay garantía ninguna ni de seguridad ni de empleo, porque la ‘invitación’ remitida por NHT SA a las empresas sale con un déficit de 23.352 horas/año; o, lo que es lo mismo, doce jornadas completas menos; dejando al margen las extra covid.” “Hemos pedido a NHT SA que revise y corrija esto antes de proceder a adjudicar el servicio de Seguridad Privada del CHUT. Y pedimos a las empresas que lo tengan en cuenta: el listado de personas y contratos a subrogar no se compadece con el número de horas de prestación del servicio.”

“Pedimos también la atención y la intervención del Sescam, que debe exigir a la concesionaria NHT SA que garantice la seguridad de los hospitales y centros de especialidades adscritos al CHUT, de sus instalaciones y de los profesionales sanitarios que trabajan en ellos, lo que no es posible recortando un 20% las horas de prestación del servicio”.

26 de julio de 2021

MALLORCA: La rápida intervención de dos vigilantes de seguridad frustra un intento de suicidio en la Intermodal


Interrumpida la línea de tren entre Palma e Inca por un intento de suicidio

La línea de tren que conecta Palma e Inca ha sido este jueves por la mañana momentáneamente interrumpida debido al intento de suicidio de una joven. La rápida intervención de dos vigilantes de seguridad han evitado el fatal desenlace.

Pasaban pocos minutos de las 11.00 horas de este jueves cuando la seguridad de la Estación Intermodal de Palma ha recibido un aviso de emergencia debido al intento de suicidio de una joven, de unos 25 años de edad y nacionalidad española. Los hechos han tenido lugar en la parada de Can Foradí, cerca del barrio palmesano de Son Cladera. La celeridad de los vigilantes de seguridad han evitado que la joven lograra su objetivo.

El incidente, que no se ha prolongado durante más de cinco minutos, ha obligado a interrumpir la línea de tren entre Palma e Inca. La conexión se encuentra ya restablecida. Además, la joven ha protagonizado otros dos conatos que han sido frustrados por los trabajadores de la Intermodal. Finalmente, ha sido trasladada por la Policía Local de Palma a la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Son Espases.

SEVILLA: El TSJA declara accidente laboral la caída por un "mareo" de una cajera cuando iba a trabajar a Camas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado como accidente de trabajo una caída sufrida en la calle tras un "mareo" por una cajera de un supermercado de Camas (Sevilla), cuando se dirigía a su puesto de empleo, condenando a la mutua a pagarle "la prestación correspondiente" y debiendo responder subsidiariamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Según el TSJA, esta cajera acudió la mañana del 31 de octubre de 2015 al servicio de urgencias del Hospital Nisa Sevilla Aljarafe, que dio cuenta de una "consulta por caída en vía pública", detallando que la mujer "iba al trabajo" y, según manifestaba, se había "mareado y caído" sin perder el conocimiento, sufriendo "traumatismo en hombro codo izquierdo y ambas rodillas".

El TSJA recuerda que "la jurisprudencia exige para calificar un accidente como laboral in itinere la simultanea concurrencia" de varias circunstancias, como que la finalidad principal y directa del viaje este determinada por el trabajo; que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa; que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto o que el trayecto se realice con medio normal de transporte.

Vigilantes de Seguridad, no seguratas. ¡¡¡BASTA YA!!!

 

25 de julio de 2021

La pandemia convierte en jefes de atención al usuario a vigilantes de la administración que rehúyen el contacto físico

Burocracia covid: “No vuelva usted mañana… ni nunca”

La Administración surgida a marchas forzadas de la pandemia rehúye el contacto físico en nombre de una eficacia lastrada por los déficits en la atención telemática

El vigilante sostiene un papel con el nombre de los elegidos. Solo ellos podrán acceder a esta oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en La Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona). Los que no tienen cita previa no son bienvenidos. Ni siquiera pueden pedir información porque ese servicio ya no existe. La pandemia ha transformado en jefe de atención al usuario al vigilante de seguridad que, amable pero expeditivo, remite a un número de teléfono (aunque lo desaconseja porque “las líneas están saturadas”) y a la página web del organismo. Llama a los usuarios que esperan bajo el sol: “Aurelia, pase usted y póngase gel”, dice, y tacha su nombre con un fluorescente amarillo.

Las medidas de protección frente a la covid han levantado un muro invisible, y el manido “vuelva usted mañana” de Larra es ahora un “no vuelva usted nunca”, o solo cuando no haya más remedio. Las fuentes consultadas por EL PAÍS (sindicatos, trabajadores y la propia Administración) coinciden en que, en poco más de un año, la burocracia ha cambiado más que en toda una década. Con inconvenientes y ventajas: además de que algunos organismos arrastran retrasos tras el parón del estado de alarma, las trabas para una atención presencial merman la calidad de la atención y ahondan en la sensación de desamparo de los menos habituados a la tecnología.

Es un muro físico y también virtual, ya que la falta de medios lastra los dos pilares de la burocracia pospandémica: la atención telefónica, insuficiente, e internet, donde la estructura laberíntica de los portales administrativos lo hacen todo menos intuitivo. Sin embargo, en otros ámbitos el teletrabajo ha vuelto a los funcionarios más productivos: las horas que no dedican a la atención al público las emplean en resolver expedientes.

Carlos González Serna, alcalde de Elche y responsable de transparencia y participación ciudadana en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), trata de resumirlo. El parón de los funcionarios no esenciales por el estado de alarma llevó a “ralentizar y casi paralizar” la Administración, que “en una segunda fase reaccionó y se sustentó en la atención telefónica y telemática”. Las grandes ciudades, con más recursos y capacidad de organización, han podido capear mejor el temporal, dice. Pero “la brecha digital sigue existiendo, no todo el mundo tiene las capacidades para relacionarse digitalmente con la Administración”.

El teletrabajo trae más productividad, pero merma la atención El antes y el después es evidente. “El cambio ha sido brutal, radical”, ilustra José Antonio Rodríguez, jefe de la Oficina de Extranjería en Barcelona. En este servicio, antes se llegaba a tardar cinco meses en dar cita previa, y ahora con la presentación telemática se ha aumentado la productividad un 38%. “Volver a la presencialidad es imposible. Tendríamos que dedicar la mitad de los pocos medios humanos que tenemos a atender al público, y no resolveríamos expedientes”. La cara b es la pérdida del contacto presencial. “Hay dramas personales y situaciones difíciles que no nos negamos a atender presencialmente”, dice. Los funcionarios de su oficina van a trabajar un día a la semana y el resto desde casa. El responsable admite que la atención telefónica “está limitada por falta de medios” y que la información en la web “no está suficientemente bien trabajada para que la gente la entienda”.

Marta Anglí, de la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería (ACPE), critica que la falta de personal y la congestión de muchos ámbitos de la Administración retrasan los trámites. La portavoz destaca otra circunstancia: es cierto que el ciudadano puede presentar por sí mismo las solicitudes de forma telemática, pero solo si dispone de un certificado electrónico, cosa que en el caso de los extranjeros rara vez ocurre. “Eso les aboca a tener que pagar servicios intermediarios para presentarlos”, afirma.

El Defensor del Pueblo ha recibido “quejas” de algunos de los 5,8 millones de extranjeros con residencia legal en España. En un informe reciente, aplaude que se han “agilizado los plazos” en la resolución de peticiones, pero reprocha que se haya hecho poco para gestionar el aumento de solicitudes de extranjeros para renovar sus tarjetas caducadas, un problema que afecta a “la práctica totalidad de provincias españolas” y que acarrea graves consecuencias para los afectados.

En su informe sobre los efectos de la covid, la institución también ha recogido “numerosas quejas” sobre Tráfico y Seguridad Vial. En la jefatura de Tráfico de Barcelona, donde antes de la pandemia todo era bullicio, ahora vuelve a ser el vigilante quien filtra: solo se puede entrar con cita previa. Solo tras alguna pirueta exótica (“quiero comprar un coche con matrícula extranjera y no sé qué hacer”), el vigilante-informador accede a que el ciudadano dialogue unos segundos con un funcionario.

En la DGT aún no han recuperado el trabajo acumulado de la pandemia El estado de alarma creó un episodio insólito en la DGT: por la falta de ordenadores o licencias para teletrabajar, en varias provincias los empleados estuvieron meses (en Barcelona fueron tres) en casa cobrando, pero sin poder trabajar, y se acumuló trabajo pendiente que aún colea. Ahora cualquier trámite es un calvario. “Antes era mucho más fácil porque podíamos dar más citas, y de forma presencial se resuelven muchas dudas”, lamenta Pepe Nogueira, sindicalista de CGT.

En Barcelona, cuando antes de la pandemia se atendía a unas 700 personas al día, ahora son unas 300. La pandemia también ha ampliado las dificultades para hacer el examen de conducir: la espera puede ser de dos, tres o cuatro meses en comunidades como la de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana o el País Vasco. “Hay un déficit de examinadores desde hace más de 20 años, pero con la pandemia se ha magnificado, porque algunos son personas de riesgo o tienen que estar confinados”, explica Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas de España. Según sus cálculos, hay unas 400.000 personas que han aprobado el teórico y tienen dos años para hacer el examen práctico, pero solo hay 800 examinadores, una cifra que Lorca cree que debería reforzarse en 300 más.

Los retrasos también se notan en Justicia, donde la pandemia ha hecho daño. El estado de alarma, que supuso un parón total de la actividad judicial no urgente, ha empeorado el colapso de los juzgados, según la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hecha pública esta semana. Pese a la caída de asuntos por la suspensión de los plazos, la necesidad de suspender vistas y juicios ha dejado una justicia más congestionada; especialmente en Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Baleares.

Pero si en un ámbito los problemas para contactar con la Administración han sido realmente flagrantes ha sido en el Servicio Público de Empleo Español (SEPE), responsable de tramitar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), un mecanismo que protegió los puestos de trabajo, pero cuya lentitud para cobrar exasperó a los ciudadanos. Los retrasos para resolver estas y otras prestaciones continúan. El Ministerio de Trabajo indica que el promedio del retraso es de 2,9 días (en enero era de 7,44), pero la demora se amplía en las grandes metrópolis. El sindicalista de la CGT Miguel Ángel García explica: “Antes de la pandemia, tener cualquier tipo de retraso se consideraba un desastre. Llegamos a tener hasta cuatro meses de demora con 160.000 presolicitudes pendientes, muchas de ellas duplicadas porque la gente, al no recibir respuesta, vuelve a enviarla”. Sobre la situación de la delegación provincial en Barcelona, García ilustra: “Ahora estamos en cifras más razonables, con unas 20.000 presolicitudes por revisar y una demora de dos semanas”.
El SEPE es uno de los organismos que más demoras y problemas enfrentó

La dificultad está en contactar con el SEPE. “Conseguir cita es como que te toque la lotería. Las llamadas que se pierden son muchas más de las que se atienden. Y luego está la web”, dice García. En el portal, una frase que induce a la esperanza pronto deja paso a la frustración: “Le recordamos que puede realizar sus trámites de forma sencilla, ágil y segura de forma electrónica sin acudir a la oficina”. Nada más lejos de la realidad: habituarse a todos los pasos requeridos puede llevar horas o días. “La ansiedad es más que comprensible. Hace un año la gente se agolpaba en la puerta para preguntar. Ahora, aunque ya no tanto, aún vienen”, detalla el sindicalista.

Trabajo destaca cifras ingentes: desde el inicio de la pandemia se han reconocido más de 10,4 millones de prestaciones nuevas, se han atendido 4,8 millones de llamadas y se han dado 9,2 millones de citas previas. Pero el volumen de citas concedidas es muy inferior a la demanda que hay. El aforo en las oficinas se ha reducido y un 15% de la plantilla del SEPE teletrabaja. “Atendemos presencialmente solo a un 25% de lo que deberíamos para cubrir toda la demanda”, dice García. Esto tiene dos consecuencias: por un lado “está claro que la calidad ha bajado muchísimo”. Pero se consigue una mayor eficiencia: ahora, el cribaje que supone hacer el trámite telemáticamente asegura que un 80% de las presolicitudes termine en prestación, cuando antes era la mitad.

Plantillas envejecidas En el SEPE hay además un problema añadido por las plantillas envejecidas e insuficientes: hay 7.500 trabajadores y los sindicatos creen que debería aumentar a 10.500. Ante la avalancha de ERTE se contrató a 1.500 funcionarios interinos, cuyos contratos ya no se renovarán a partir de diciembre. “Nos afectará mucho, no podremos hacer frente a la demora”, explica García. El Ministerio de Trabajo afirma que estudia cómo dar “una solución estructural a las necesidades del organismo” y que invertirá 50 millones de euros en un plan de digitalización.

En el otro lado de la balanza se sitúa Hacienda, con fama de disponer de los equipos más potentes. Aun así, “el inicio fue caótico”, cuenta Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Los técnicos acuden dos días presencialmente y tres trabajan en casa con “sus propios equipos”, con los teléfonos desviados a sus móviles. Pero cree que el teletrabajo debe quedarse. Y defiende que lo telemático “ha funcionado muy bien”.

El Gobierno ha empezado a regular el teletrabajo en los funcionarios (ahora solo voluntario o en caso de contacto con contagiados) con un máximo de tres días por semana, pero para Carolina Frías, secretaria general de CC OO para el sector de la Administración General del Estado, “es fundamental garantizar el derecho a la atención presencial”. La pérdida de calidad en la atención al ciudadano preocupa a los sindicatos, que no obstante lo ven como un acelerador de un proceso que ya estaba en marcha. “Llevamos años denunciando el deterioro de los servicios públicos de la Administración General del Estado por la pérdida de personal”, explica.

El refuerzo reclamado parece que no llegará: en la última semana se ha reunido la mesa de negociación de la Administración General del Estado para discutir el real decreto de oferta de empleo público para 2021. Previsiblemente, ningún sindicato lo firmará, aunque el texto salga adelante. “Es una contratación exigua. Y uno de los argumentos que dieron fue que por la digitalización, ya cada vez hará falta menos gente. Se nos pusieron los pelos de punta”, dice Frías.