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31 de julio de 2014

SALAMANCA: Denuncia a El Corte Inglés tras obligarla ilegalmente a desnudarse por una falsa acusación de robo

Carmen H.M. acudió el martes por la tarde a comprar al centro comercial ubicado en la calle María Auxiliadora cuando al salir fue requerida por la seguridad privada al sospechar que había sustraído ropa. Mostró sus bolsillos sin prenda alguna, pero la llevaron a un cuarto donde la obligaron a desnudarse sin presencia policial, como establece la normativa vigente. "Me sentí totalmente humillada y vejada, como en una cárcel de Colombia", asegura

Una salmantina ha denunciado ante la Policía Nacional las presuntas vejaciones sufridas en El Corte Inglés tras ser acusada falsamente de robo. Así, fue obligada a desnudarse por la seguridad del centro comercial, hechos que se produjeron sin la presencia policial, como así establece la normativa vigente y así le han comunicado a la víctima en la Comisaría de Salamanca mientras interponía la denuncia, a la que ha tenido acceso en exclusiva SALAMANCA24HORAS.

Carmen H.M. acudió el martes por la tarde a comprar al centro comercial ubicado en la calle María Auxiliadora. Cerca de la hora de cierre, a las diez de la noche, se encontraba en la primera planta, en la zona de lencería, donde decidió dejar dos sujetadores que se había estado probando, con la intención de regresar al día siguiente por la mañana, ya con más tiempo, para realizar la compra. En ese momento al salir por la puerta de El Corte Inglés, un vigilante de seguridad la retuvo, afirmando que había visto algo sospechoso.

Según relata la víctima, y así lo recoge la denuncia presentada ante la Policía Nacional, la mujer aseguró que no había cogido nada, mostrando sus bolsillos para que quedara constancia de que no llevaba prenda ni objeto alguno perteneciente al centro comercial. Pero el vigilante no la dejaba salir y avisó a sus compañeros. Entonces llegó un segundo vigilante con un taco de etiquetas y alarmas, dando por hecho que habían sido robadas por ella. Carmen insistió en que no había cogido nada, solicitando que miraran las cámaras de seguridad, pero le afirmaron que se veía cómo cogía prendas.

Entonces fue llevada hasta una habitación, donde se encontraban tres hombres y una mujer de seguridad de El Corte Inglés. Uno de ellos le insistió en las acusaciones de robo a partir de las etiquetas y alarmas de ropa quitadas que habían encontrado, negando Carmen una vez más los hechos. Aún así, la obligaron a desnudarse, ya sólo en presencia de la mujer, constatando que no tenía nada. La persona de seguridad comunicó a sus compañeros que no había encontrado prenda alguna que hubiera sido sustraída, por lo que, todavía entre acusaciones de robo, la dejaron marchar.

"Al salir me eché a llorar" Veinte minutos después de iniciarse los hechos, Carmen Herrera salía de El Corte Inglés. "Al principio me lo tomé un poco a risa por la incredulidad de ver que me acusaban de algo que no había hecho, pero al ver que insistían y después pensar que me habían obligado a quitarme la ropa, me vine abajo y al salir me eché a llorar", relata. "Me sentí totalmente humillada y vejada, como en una cárcel de Colombia", añade.

Al llegar a casa llamó a la Policía para consultarle si era legal la situación que había sufrido, explicándole que "era ilegal y tenían que haber avisado a los agentes para que fueran ellos quienes me registraran". Por eso, este miércoles por la mañana ha interpuesto una denuncia en la Comisaría de Salamanca. Además, presentó una hoja de reclamaciones. "Lo que quiero es que esto no vuelva a pasar y que me pidan disculpas públicamente, que vean el vídeo bien, porque verán que no cogí nada. Sólo lo hizo la chica y el vigilante que me paró al principio porque al verme dejar los sujetadores se equivocó, el otro insistía en que había robado yo la ropa de esas etiquetas y alarmas que encontraron", concluye.

Versión de la empresa Por su parte, desde el departamento de prensa de El Corte Inglés se asegura que en ningún momento se obligó a la clienta a desnudarse, que fue inspeccionada en una sala de la planta baja y apenas se la retuvo un minuto.

GIJÓN: Arrestan a una mujer que pretendía hurtar prendas de ropa en un centro comercial de Pumarín


R. G. La Policía Nacional detuvo el pasado sábado a las cuatro y media de la tarde a una vecina de Gijón de 61 años acusada de intentar robar varias prendas de ropa en un centro comercial de Pumarín. Los vigilantes de seguridad del establecimiento retuvieron a la procesada hasta que llegó la Policía. Estos testigos aseguran que la mujer "se había introducido en los cambiadores con diversas prendas" que escondió en una bolsa para intentar abandonar el local sin que los empleados se percataran de la sustracción.

La Policía Nacional asegura que el valor de las prendas, junto con los daños ocasionados en los sistemas de alarma que poseían, asciende a 1.256 euros. La procesada ya ha sido puesta en libertad después de que los agentes informaran de lo actuado al juzgado.

30 de julio de 2014

La Audiencia Nacional avala la validez de la identificación del vigilante de seguridad mediante el número profesional.

IDENTIFICACIÓN DEL VIGILANTE ANTE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. ¿TIP o DNI?

Centro comercial de Bilbao, hora punta. Un vigilante acaba de detener a un joven por un robo con intimidación cometido sobre otros jóvenes. El vigilante, conforme a lo que le manda la Ley de Seguridad Privada, tras impedir el delito y asegurar al delincuente, avisa a la Policía Local. Personada una patrulla, se hace cargo del detenido y solicita la identificación del vigilante para la confección de las oportunas diligencias que serán remitidas al juzgado. El vigilante le facilita su número profesional exhibiendo la Tarjeta de Identificación Profesional con el membrete del Ministerio de Interior. “Eso a mi no me vale para nada”, le suelta el policía, “muéstrame el DNI”. El vigilante le hace ver que esa es su identificación oficial y que en ella figuran todos los datos que se precisan para su correcta identificación. “O me enseñas el DNI o vienes detenido”. El vigilante cede y muestra el documento requerido por el policía que, imagino, se marchará ufano y orgulloso de haber puesto al ignorante segurata a la raya.

Acaso no sepa el policía que acaba de delinquir, o casi. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que debería conocer, dice que un ciudadano puede identificarse por cualquier medio que al agente le ofrezca fiabilidad sobre los datos de su personalidad. Además, debería saber que hace años que nadie está obligado a portar el documento nacional, solo a identificarse, siendo los agentes los que deben realizar las oportunas indagaciones de comprobación de datos. Por cierto, seguramente ese mismo policía habrá dado por bueno el número que, de palabra, le haya facilitado un bombero que acude a un incendio o un sanitario que interviene en un accidente de tráfico. Además, quizá, y de esto ha habido mucho, ha dado por válida alguna identificación con el EHNA, ese “carnet de identidad vasco” que hace algunos años sacaron los radicales para ratificar su abertzalismo. Y realmente todos ellos eran documentos suficientes, junto con el carnet del polideportivo o la identificación verbal, siempre, repito, que el agente lo estime oportuno.

Sin embargo no le sirve una identificación oficial del Ministerio de Interior de España, documento, si cabe, de mayor rango que su placa municipal de policía, expedida por el Ayuntamiento y, desde hace poco, uniformizada por el Gobierno Vasco. Repito, el policía está en la frontera de la infracción penal, que automáticamente se convertirá en un delito de detención ilegal si se lleva detenido al vigilante.

Pero hay más, ¿cabe mayor vejación, mayor falta de respeto que amenazar a un compañero, aunque tenga la desgracia de trabajar en el sector privado por la mitad de su sueldo, que amenazar con detenerle cuando ha sido él quien les ha avisado de la comisión de un delito? La indignidad es tal que, siendo yo policía, me pongo rojo de ira solo de comprobar el grado de incompetencia al que nuestro gremio puede, tristemente, llegar. Luego oigo hablar estos días de la falta de formación de la seguridad privada. Hablando de esto podríamos decir que, por ejemplo, la Ley de Seguridad Privada no está presente en los programas de estudios de la academia de la policía vasca. Curioso, ¿no? Sobre todo cuando hay miles de profesionales privados con los que tarde o temprano los policías vamos a coincidir porque trabajamos en lo mismo. Una muestra más de incompetencia de alguien al que pagan por pensar en algún departamento de interior.

El pasado 20 de noviembre la Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, dictó una sentencia avalando la validez de la identificación mediante el número profesional por parte del vigilante. Es más, habla de cosas tan justas como del derecho de este a la protección de sus datos personales y dice que no es legal que el número de la TIP coincida con el del DNI porque conlleva un riesgo añadido para los trabajadores de la Seguridad Privada y que se ha de proteger la identidad de estos en sus comparecencias judiciales. Además, alude al artículo 68 del Reglamento donde bien clarito se dice la documentación que ha de portar el vigilante, entre la que no se cuenta el DNI, y, en su párrafo segundo, impone al vigilante la obligación de identificarse con su tarjeta de identidad la cual, como figura en su propio cuerpo, es válida a tales efectos y sirve para acreditar su condición siempre que la naturaleza de sus funciones lo requiera.

Más claro no puede estar. Solo hace falta que se den las instrucciones pertinentes a los cuerpos policiales que aún siguen con esta práctica arbitraria y denigrante con quienes debieran ser considerados compañeros y, si cabe, tratárseles con más cariño por las circunstancias laborales en que desempeñan su oficio. Ah, otra cosa, desde el 2011 una orden del Ministerio de Interior también obliga a la policía a dispensar un trato “preferente y deferente” al personal de seguridad, apuesto a que tampoco se conoce.

A partir de aquí, recomiendo varias cosas: primero, la lectura del texto íntegro de la sentencia; segundo, dar un tirón de orejas a sindicatos de seguridad privada y pública así como a organizaciones profesionales por pasar del tema y tercero, que si es usted, amado lector, ministro, delegado o subdelegado del gobierno, consejero de interior, alcalde, concejal de seguridad ciudadana o mando policial, espabile, coño, y ponga orden en el asunto, que para eso cobra. Además, pongo deberes a los vigilantes: que compartan este post hasta la saciedad a ver si llega a donde tiene que llegar y entre todos ponemos un poco de cordura en la situación. Si les parece bien, claro.

BADAJOZ: Un vigilante colabora en la detención de un individuo con 80 detenciones y 14 identidades distintas

Imputado por hurto un ciudadano con 80 detenciones y 14 identidades distintas

Un hombre, con más de 80 detenciones anteriores por distintos delitos y con hasta 14 identidades diferentes, fue detenido ayer en Badajoz por hurtar varias "tablets" valoradas en más de 1.900 euros. Según ha explicado hoy la Policía Nacional en nota de prensa, un vigilante de seguridad de un centro comercial de Badajoz les avisó telefónicamente a las 19:20 horas de ayer sobre la actitud de un hombre que paseaba por los pasillos de la zona de material electrónico. El responsable de la vigilancia del establecimiento comercial había observado además como el hombre introducía en una cesta de mimbre varios objetos, tras manipular los sistemas de alarma de los productos.

La patrulla policial accedió al centro comercial y comprobó como el vigilante de seguridad tenía retenido al presunto autor de los hechos, que fue identificado y detenido por los agentes de la Policía Nacional. En el interior de la cesta del detenido había 6 "tablets", valoradas en 1.933 euros, a las que había inutilizado los sistemas de alarma; por este motivo, el hombre fue trasladado a dependencias policiales. El detenido como presunto autor de este delito de hurto es un ciudadano rumano, de 40 años y con antecedentes policiales, como explica la Policía Nacional en el comunicado de prensa. El detenido ha usado hasta 14 identidades diferentes y cuenta con 80 detenciones anteriores por hechos similares.

PORTUGALETE: detenida por intentar llevarse sin pagar productos valorados en más de setecientos euros

Agentes adscritos a la Ertzain-etxea de Muskiz detenían, en la tarde de ayer en Portugalete, a una mujer de 28 años acusada de un delito de hurto. Según parece, la mujer habría intentado llevarse sin pagar, en una tienda del Centro Comercial Ballonti, diversos perfumes por un valor superior a los 640 euros. En la misma bolsa en la que intentaba llevarse los perfumes era localizado un pantalón que se había llevado de otra tienda, valorado en casi 80 euros.


Pasadas las siete de la tarde de ayer, lunes, la Ertzaintza recibía un aviso del personal de seguridad del Centro Comercial Ballonti, en el que era informada de que los vigilantes habían sorprendido a una mujer cuando intentaba abandonar un comercio de perfumes sin abonar diversos productos por un valor superior a los 640 euros.

Personada una patrulla en el lugar, los agentes eran informados, además, de que al revisar la bolsa en la que la sospechosa llevaba los perfumes presuntamente sustraidos, los vigilantes habían descubierto la presencia también de un pantalón, valorado en casi 80 euros, que al parecer había sido sustraido de otra de las tiendas del Centro Comercial. Por lo tanto, el valor de los productos presuntamente sustraidos ascendía a más de 720 euros. Tras recibir la información del personal de seguridad, los ertzainas procedían a la identificación de la sospechosa, una mujer de 28 años de edad, y poco después a su detención bajo la acusación de un delito de hurto.

EMPRESAS: Securitas Direct llega a 700.000 clientes en todo el territorio español

La empresa de alarmas para hogares y negocios Securitas Direct España ha llegado a los 700.000 clientes en España, elevando el peso de la división española a casi la mitad dentro del total de la multinacional, según informó la compañía en un comunicado.


"Este aumento debemos agradecérselo a los clientes, que, cada día más, depositan su confianza en nosotros para proteger y dar tranquilidad a sus familias y tenerla en sus establecimientos, en sus oficinas o en sus naves. Saben que pueden estar seguros y sin riesgos en su entorno. Seguiremos trabajando con todo nuestro esfuerzo para garantizarlo", indicó el director nacional de Ventas, Javier Turmo. Este avance supone "un refuerzo del mercado español y Portugal y Latinoamérica, sus áreas de influencia". Desde que comenzó la crisis, Securitas Direct ha logrado incrementar un 20% el número de sus instalaciones en el país.

Securitas Direct cuenta con 1.500 expertos en seguridad y con 1.200 técnicos de mantenimiento. Además, dispone de la mayor Central Receptora de Alarmas (CRA) de Europa, en la que trabajan más de 300 empleados.

Real como la vida misma


29 de julio de 2014

Plántale cara al intrusismo y colabora. Si detectas un caso escribe a intrusismo.spv@gmail.com

Nuestras funciones vienen perfectamente delimitadas en la Ley de Seguridad Privada y el Reglamento que la desarrolla, por lo que debemos DEFENDER NUESTROS DERECHOS Y PUESTOS DE TRABAJO, por ello, pedimos tu implicación y que colabores con nosotros en la denuncia contra el intrusismo. Tu nos ofreces la información y nosotros lo ponemos en conocimiento de la autoridad competente en la materia. Los datos mínimos que debemos tener para formular las denuncias, son:

** Nombre de la empresa de servicios. 

** Nombre de la empresa-cliente donde presta sus servicios. 

** Horario en que trabaja el intruso. 

** Breve descripción del uniforme utilizado, así como si porta grilletes, defensa, walki, etc. 

** Funciones que realiza sin estar autorizado a ello.

¡Plántale cara al intrusismo y colabora!

BILBAO: La Ertzaintza detiene a dos hombres acusados de pegar a un joven años en la estación del metro de Ansio

Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer a dos varones de 40 y 42 años acusados de haber agredido a un varón para robarle su teléfono móvil. La víctima, de 23 años, fue atendida en un centro sanitario tras sufrir múltiples contusiones. Los hechos tuvieron lugar minutos después de las ocho y media de la mañana, cuando una patrulla recibió un aviso para dirigirse a la estación de metro de Ansio en Barakaldo, ya que al parecer a un varón le habían sustraído la cartera. Al llegar al lugar de los hechos los agentes observaron la presencia de dos hombres que intentaban retener a un tercero. Este último, al ver a los agentes, fingió desmayarse.

Uno de los hombres informó a los agentes que, en colaboración con un vigilante de seguridad del metro, habían retenido a un individuo que momentos antes había intentado, en compañía de un cómplice, robarle el teléfono móvil de un bolsillo y al darse cuenta de ello le habían agredido con un cinturón. Los agentes intentaron identificar al presunto ladrón, que fue detenido por un presunto delito de robo con violencia e intimidación. Tras un registro, los ertzainas le encontraron en uno de sus bolsillos una navaja. La víctima fue atendida en un centro sanitario de las contusiones sufridas como consecuencia de la agresión.

Poco después, agentes de la comisaría de Bilbao localizaron y detuvieron al segundo individuo implicado en el robo en la estación de metro de San Ignacio. Los dos detenidos han pasado esta mañana a disposición judicial en los Juzgados de Guardia de Barakaldo y Bilbao respectivamente.

MADRID: El Ayuntamiento adjudica a la empresa Eulen 900.000 euros a dedo en un contrato de seguridad privada

Madrid Destino contrata a Eulen para que siga dando el servicio en las instituciones culturales del Consistorio durante seis meses sin publicidad ni concurrencia y pese al informe contrario del supervisor municipal.


El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado un contrato de 900.000 euros de seguridad privada a la empresa Eulen a dedo, en contra de un informe del organismo municipal supervisor, sin publicidad ni concurrencia, como obliga la ley. Es decir, simplemente se cerró un acuerdo por seis meses con la empresa que ya estaba dando el servicio. Sin más. El organismo municipal que lo ha hecho ha sido Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA entidad que gestiona la cultura, el turismo y el patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. Se creó en octubre del pasado año y nace de la fusión de Macsa, Madrid Visitors & Convention Bureau y Madridec. Un portavoz de la entidad lojustificó por razones «técnicas» y de «urgencia» que sólo hubiesen ofrecido el contrato a Eulen. En España hay casi 1.500 empresas de seguridad y el contrato vencía en abril, seis meses después de haber nacido.

Madrid Destino decidió unificar los diferentes contratos de seguridad en sus distintos organismos dependientes para reducir costes. La entidad se encontró que la mayor parte de esos contratos de seguridad finalizaban en septiembre pero los del área de cultura, concretamente el Teatro Español, el Teatro Fernán Gómez, el Teatro Circo Price, Matadero y Medialab Prado, lo hacían el 31 de marzo. Es decir, que tuvo de octubre, cuando nació, a marzo para solventar el problema que le iba a venir, seis meses.

En lugar de convocar un concurso nuevo, llegó abril y se decidió adjudicar un contrato nuevo de seis meses mediante procedimiento negociado, de abril a septiembre, a la empresa que ya estaba dando el servicio, Eulen. El contrato unitario, el que daría servicio a todas las dependencias de Madrid Destino, se ha sacado a licitación el 15 de julio por 2.435.601,44 euros y está previsto que entre en vigor el próximo 29 de septiembre .

Reconoce que sólo negocio con Eulen por criterios «técnicos» y de «urgencia» Pero es que Madrid Destino ha adjudicado este contrato-parche de seis meses en contra de lo que establece la ley, y lo dice el propio Ayuntamiento. Esto es lo que afirma el organismo municipal supervisor de estos procedimientos. «Esta propuesta de contratación no se enmarcaría en ninguno de los supuestos que establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) para la realización de un contrato por procedimiento negociado. La propuesta de contratación planteada no se ajusta a la normativa contractual de aplicación», asegura la Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid en un informe del 31 de marzo al que ha tenido acceso este diario.

Pero es que en ese informe, los responsables de Madrid Destino tratan de justificar la adjudicación a Eulen por que la entidad «está acometiendo un cambio de modelo de gestión para unificar las tres áreas» y considera «imprescindible hacer antes un estudio de necesidades y requerimientos globales de la empresa para poder licitar expedientes unificados».

Por todo ello, asegura: «Hasta que dicho modelo de gestión esté consolidado, se propone mantener la continuidad del servicio con el actual adjudicatario Eulen, durante seis meses del 1 de abril al 28 de septiembre». En ningún momento habla de que se haya invitado a otras entidades a participar de ese procedimiento negociado. El supervisor deja claro que se encuentra dentro del modelo de «contratación armonizada», en consonancia con la normativa europea y que se ve sujeto a las reglas que establece el TRLCSP. Los procesos negociados son usado por la Administración para dar un servicio muy específico, especializado que sólo pueden dar entidades muy concretas y cuando se dan circunstancias excepcionales. Es obligado tener un mínimo de tres propuestas para decidir y los organismos supervisores (Tribunal de Cuentas) recomiendan que no se utilice que este procedimiento por ser discrecional y opaco.

La ley obliga en los contratos negociados que se consulte, al menos, tres propuestas Este diario se puso en contacto con Madrid Destino para conocer el motivo por el que se había optado por este modelo de contratación, ya que la Seguridad no es sector muy especializado. Según un informe de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de 2012, el Ministerio delInterior tenía registradas 1.490 empresas. No hubo respuesta ni tampoco al insistir sobre el nombre de las otras dos propuestas que se deberían haber estudiado, además de la vencedora.

«Se gestionó mediante procedimiento negociado, en virtud del artículo 170 d) y e) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP por lo que se negoció con la única empresa que podría prestar el servicio, la empresa adjudicataria del contrato en vigor, justificado tanto por razones técnicas como por razones de urgencia», precisó un portavoz de la entidad. Reconoce que tan sólo trató el asunto con Eulen. Hay que recordar que la empresa pública nació en octubre del pasado año y que los contratos de seguridad vencían el 31 de marzo. Si a esto se añade la existencia de casi 1.500 empresas de seguridad en España, deja, cuanto menos en cuestión, las argumentaciones para negociar sólo el contrato a Eulen y adjudicárselo: «Razones técnicas» y de «urgencia».

Además, a todo esto se suma que no hay ni un sólo registro sobre el asunto en la web oficial de Madrid Destino y tampoco ha facilitado la referencia de la convocatoria del contrato o del procedimiento utilizado. La entidad publica todos las licitaciones, el procedimiento que se va a seguir, así como las adjudicaciones en su web. Este contrato no aparece ni en licitaciones ni en adjudicaciones. Sí consta la convocatoria del contrato unitario de seguridad para todas las dependencias de Madrid Destino, el que ha salido a concurso por 2,4 millones. Un día después de pedir su versión, justificaban su decisión por que «era necesario garantizar el servicio de seguridad hasta la adjudicación del nuevo contrato»

Real como la vida misma


28 de julio de 2014

VALENCIA: Vigilantes de un comercio colaboran en la detención de tres jóvenes por un presunto delito de estafa


Detenidos por intentar llevarse juegos de petanca de más de 800 euros a 54 cambiando las etiquetas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un establecimiento comercial de Valencia a tres jóvenes de entre 21 y 22 años como presuntos autores de un delito de estafa, tras tratar de llevarse varios juegos de petanca valorados en 869 euros, por un importe de 54 euros, cambiando las etiquetas reales por un precio inferior, ha informado al Jefatura Superior de Policía.

Los hechos ocurrieron cuando agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigiesen a un establecimiento comercial de Valencia, donde el vigilante de seguridad tenía retenidas a tres personas que habían tratado de estafar al establecimiento. Los agentes se dirigieron al lugar, donde averiguaron que momentos antes, el vigilante de seguridad había seguido a tres jóvenes de origen español que habían entrado al local, observando que cortaban los precintos de los juegos de petanca, baratos y de los caros, e introducían las bolas de petanca caras en los paquetes de baratas y viceversa.

Los jóvenes se dirigieron a la caja a pagar los juegos de petanca valorados en 54 euros, momento en el que el vigilante requirió a éstos, comprobando que las bolas de petancas de los juegos que pretendían adquirir correspondían a los clasificados como caros valoradas en unos 869 euros. Los agentes, tras realizar diversas comprobaciones, detuvieron a los tres jóvenes por un presunto delito de estafa. Los detenidos, sin antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.

Una juez investiga otras ayudas de 5 millones para cursos de formación

Una de las sedes de la empresa donde se daban los cursos, operaba en Sevilla como Instituto Andaluz de Enseñanza.

En la causa están imputados el dueño de la empresa Formación Integral para el Empleo, su esposa y otras seis personas que actuaban como testaferros y elaborando facturas falsas

El sindicato UGT-A no fue el único que cometió presuntamente irregularidades en la facturación de los cursos de formación relacionados con las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, mantiene abierta desde finales de 2013 una investigación que se centra en el empresario José Sivianes Sánchez, propietario de la empresa Formación Integral para el Empleo que, en sólo cuatro años (en el período entre 2008 y 2011), recibió 5.646.152,50 euros en subvenciones destinadas para cursos de formación de desempleados. 

Según han confirmado a este periódico fuentes de la Fiscalía de Sevilla, la investigación se inició en septiembre de 2013 cuando la sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura de Policía puso en conocimiento del Ministerio Público la existencia de una presunta trama de subvenciones y blanqueo de capitales. La Fiscalía abrió unas diligencias de investigación pero estas pesquisas se cruzaron con las indagaciones que la Agencia Tributaria, a través de la unidad combinada de la Inspección Tributaria y Vigilancia Aduanera de Huelva, ya había iniciado en la denominada operación Hytaca, por lo que este último grupo se hizo finalmente cargo de la investigación, según precisaron las mismas fuentes. 

La investigación afloró un presunto fraude al fisco por importe de 1.168.272 euros en dos años (146.675 en 2011 y 1.021.597 en 2012) y que consistiría básicamente en "falsear de manera sustancial los gastos, para minorar notablemente el importe de la cuota a pagar" tanto en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto de Sociedades. El empresario habría utilizado dos procedimientos: la sobrevaloración de costes, en este caso de los pagos realizados a los profesores de los cursos de formación, y en segundo lugar la elaboración de facturas falsas.  En la causa están imputadas otras cinco personas, presuntos testaferros de Sivianes, que estaban incluidas en el régimen de módulos y eran las encargadas de contratar a los profesores -que serían prácticamente los mismos-, facturando a continuación a Formación Integral para el Empleo. 

Según se desprende de las investigaciones, uno de estos "moduleros" habría obtenido unas ganancias de más de 300.000 euros en sólo diez meses, entre abril de 2012 y febrero de 2013. La Agencia Tributaria considera que José Sivianes "dirige y coordina a una serie de personas incluidas en el régimen de módulos" y que facturan por importes cercanos a los 450.000 euros -límite para acogerse a este régimen- por la cesión del profesorado, en una relación de retribución y facturación que oscila "entre cinco y diez veces" más del precio de mercado. Los investigadores sostienen que resulta absurdo que "unas horas lectivas que José Sivianes puede obtener por 11 euros/hora las esté pagando a 80 euros/hora". Para los investigadores, se ha realizado una "simulación de estas personas como empresarios", por cuanto en realidad se trataría de personas que "actúan bajo las órdenes" de José Sivianes, por lo que serían "instrumentos", no empresarios propiamente dichos. 

El informe policial llama la atención especialmente sobre dos operaciones de ampliación de capital realizadas por la empresa Formación Integral para el Empleo en los años 2012 y 2013, a la que acudieron precisamente los supuestos empresarios que cedían los profesores para hacer los cursos. A la primera ampliación -que tiene fecha del 8 de octubre de 2012- acudieron tres personas, que suscribieron casi 200.000 euros cada uno y unos 15 días después las participaciones vuelven a José Sivianes, quien entrega pagarés a cambio de las acciones. La misma operativa se repite con ocasión de una segunda ampliación del capital, realizada en febrero de 2013. 

En otro informe, en este caso de la Unidad de Blanqueo de Capitales, se destaca que estas operaciones están "fuera de toda lógica financiera y comercial", por cuanto pocos días después de la adquisición de las acciones, los títulos son vendidos "por el mismo importe" a José Sivianes, aplazando el pago hasta 2017 y mediante pagarés sin posibilidad de endoso. Los suscriptores de las acciones cambian liquidez (566.991,72 euros) por una "promesa de pago a más de cuatro años vista" y la mera "devolución del pagaré y la posesión y tenencia de este último por parte de José Sivianes será por sí misma prueba suficiente del pago total del precio, sin justificar por tanto su pago real". 

Para la justificación de las subvenciones con facturas falsas, el empresario se habría servido -según un informe remitido en enero a la juez- de dos sociedades controladas por otro de los imputados, Vicafer Gestión y Bio Oil Doñana, que "operan en el sector del aceite como mayoristas, aunque las facturas realizadas son relativas a actividades para centros de impartición de cursos de formación, tales como alquiler de ordenadores y material de oficina", precisa el documento. En 2012, Vicafer facturó 337.303 euros a José Sivianes y 330.429 a Formación Integral, mientras que Bio Oil Doñana facturó 103.200 y 114.200 euros, respectivamente. 

El falsificador de títulos de Málaga ganó más de un millón de euros

Una parte muy importante de la investigación se ha centrado en profesiones relacionadas con la seguridad

El presunto falsificador de títulos académicos detenido en Málaga hace seis años se forró a costa de sus obras, que eran demandadas por personas desde varios puntos del país. Al menos así lo creen los agentes del Grupo de Fraudes de la Policía Nacional que han culminado ahora las pesquisas con un balance total de 634 detenidos y otros 175 imputados que suman casi 800 implicados. Y es que según los investigadores, el hombre vendía los títulos a 1.200 euros cada uno, por lo que calculan que podría haber ganado durante el tiempo que ejerció su actividad una cifra que ronda el millón de euros. Más de una decena de personas que colaboraban con el falsificador a la hora de captar a compradores también han sido detenidas.

Durante la última fase de la operación, la policía ha procedido a la detención de 159 personas como presuntas responsables de delitos de falsedad en documento oficial por el uso de títulos académicos falsificados en unas actuaciones que se han llevado a cabo en varias provincias españolas. Entre las detenciones, realizadas entre los meses de marzo a junio por la Dirección general de la Policía (DGP), se encuentran una auxiliar de clínica, un vigilante de seguridad, un monitor de actividades acuáticas, una limpiadora, un charcutero y un entrenador de un equipo de fútbol, según informaron en un comunicado desde el Cuerpo Nacional de Policía.

Tal y como informó ayer La Opinión de Málaga, la operación policial comenzó en febrero de 2008 cuando agentes de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron un incremento de falsificaciones oficiales de titulaciones de graduado escolar, bachiller, diplomaturas y licenciaturas universitarias. Como fruto de las investigaciones, la Policía Nacional logró la identificación y detención del presunto falsificador, M.C.F., nacido en 1945 y propietario de un centro de estudios localizado en la calle Héroe de Sostoa de Málaga que era usado como cobertura para distribuir los supuestos títulos. En el registro domiciliario realizado entonces, los agentes intervinieron placas falsas de vigilante de seguridad, sellos falsificados y material informático de última generación para las falsificaciones.

Policías y guardias civiles Una parte muy importante de la investigación se ha centrado en profesiones relacionadas con la seguridad. Concretamente, la DGP informó ayer de que 134 de los detenidos eran miembros de empresas de vigilancia de seguridad privada, 14 policías nacionales, 25 policías locales y 6 guardias civiles. A todos ellos se les imputa el delito de falsedad documental, mientras que a aquellos detenidos a los que se les ha comprobado el uso del título falso para acceder a la profesión se les imputa además el delito de intrusismo profesional. Algunos de estos detenidos utilizaron un título falso para poder opositar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a policías locales, por lo que han sido expulsados de los cuerpos.

En total, la investigación ha supuesto la apertura de 200 expedientes de expulsión, según las fuentes, aunque entre los arrestados también hay personas que ejercían en otras áreas profesionales careciendo de la titulación correspondiente, como una mujer que trabajaba en una clínica dental de Málaga con un título de Técnico Superior de Formación Profesional en Higiene Bucodental falsificado.

El Gobierno gasta 33 millones en vigilantes privados para tareas “auxiliares” en las cárceles

Los vigilantes privados realizarán tareas en el perímetro de los centros penitenciarios. Pese a ello, el Ejecutivo afirma que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública

El Gobierno niega que tenga previsto "privatizar actividad alguna de seguridad pública" y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas "auxiliares" o "de apoyo", en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios. Así lo recalca el Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por cuándo iba el Gobierno a "extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar "a contratar seguridad privada" y, en concreto, "qué actividades de seguridad pública piensa privatizar".

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos "en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto".

Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán "tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que, según recalca, "son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios".

27 de julio de 2014

Rosell pide "menos derechos" para los contratos indefinidos y compensar a los temporales

Lamenta que "padres y abuelos" sean "incapaces" de transferir parte de sus "montones" de derechos "por muchos hijos y nietos que tengan"

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha indicado este martes que lo que "se tiene que hacer" en España es contratos indefinidos distintos de los que hay actualmente, con "menos derechos", y compensar a su vez los contratos temporales para contar con "las mismas reglas de juego". "Aquí tenemos una ciudadela del empleo, ya que hay muchos contratos indefinidos que vienen de lejos, que son unos 11 millones, y otros que vienen de cerca que son temporales y son cuatro millones", ha explicado el directivo en su intervención tras la asamblea general ordinaria de la Ametic.

Para compensar estas diferencias, Rosell ha planteado la posibilidad de transferir buena parte de los "montones" de derechos de los que disfrutan los contratos indefinidos que corresponden a "padres y abuelos" a los contratos temporales de sus "hijos y nietos". "¿Serían capaces estos 11 millones de transferir parte de sus derechos a estos cuatro, de forma que unos perdieran y otros ganasen y así tendríamos más o menos las mismas reglas de juego y las consideraciones?", se ha preguntado. Rosell ha afirmado que los que tienen estos derechos son "incapaces" de trasladarlos "por muchos hijos y nietos que tengan", mientras que a estos últimos "les encantaría" que sus padres y abuelos les pudiesen transferir estas ventajas.

"APRETAR EL ACELERADOR DE LAS REFORMAS" Por otro lado, el jefe de la patronal de las patronales ha pedido al Gobierno que siga "apretando el acelerador" de las reformas porque aún "queda mucho por hacer" en España. "Si hacen reformas, nos tendrán a su lado", ha reiterado Rosell, quien ha señalado que, si bien España está en una situación que no se esperaba hace seis meses, con crecimientos estimados del 1,2% para 2014 frente a una caída del 1,2% del año anterior, tiene "mucho camino que recorrer".

El máximo responsable de la CEOE ha recordado que en España se está logrando, con un crecimiento previsto para este año del 1,2%, crear empleo, mientras que antes generar empleo costaba crecimientos de entre el 2 y el 3% del PIB. "Es verdad que no es empleo a tiempo completo, es verdad que no es indefinido, pero las cosas son como son y no se hacen de un día para otro", ha añadido Rosell, quien ha recordado sin embargo que España, con un 15% del empleo a tiempo parcial, está mejor posicionada en este sentido que Alemania, con el 26%, y Holanda, con un 50%.

Novedades que debes tener en cuenta si coges una baja laboral


El Gobierno ha aprobado el Real Decreto de gestión de la incapacidad temporal en el primer año de duración y el proyecto de ley de mutuas. Esta medida supone novedades en la práctica si usted coge una baja médica por enfermedad común. A continuación, todas las claves de la reforma.

1-El médico de la Seguridad Social sigue teniendo la última palabra en el alta La nueva ley respeta que sean siempre los facultativos de los Servicios Públicos de Salud (SPS) o de la Seguridad Social (INSS) quienes tengan la última palabra para dar el alta médica a los trabajadores y que estos se incorporen a su puesto de trabajo, una vez restablecidos. En un principio, el Ejecutivo barajó la posibilidad de que las mutuas pudieran dar el alta, pero lo han descartado finalmente.

2- Los trabajadores no tendrán que ir cada 7 días a por el parte Los empleados de baja médica ya no tendrán que desplazarse a su centro de salud cada siete días para recoger sus partes como se hacía hasta ahora. Con la nueva ley los partes de baja se justarán a la previsión del seguimiento clínico. Es decir, con la nueva ley los médicos dispondrán de tablas orientativas de duración estándar de las bajas según las patologías del trabajador, su edad y su actividad laboral. Así la baja mínima será de cinco días y en este caso se podrá expedir el parte de baja y alta en la misma visita.

Si la duración de la incapacidad temporal (IT) se estima en entre cinco y 30 días, el parte de confirmación de la baja deberá expedirse cada dos semanas; si el proceso está previsto que dure entre 31 y 60 días, el parte de confirmación se dará cada 28 días, y en enfermedades de larga duración, de más de 61 días, la confirmación de la baja se expedirá cada 35 días.

3- Las mutuas pueden sugerir a la Seguridad Social el alta de un trabajador Las mutuas a partir de este momento cuando consideren que el beneficiario de la baja puede no estar impedido para el trabajo podrá hacer propuestas motivadas de alta médica dirigidas a la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud. La inspección médica de los SPS deberá comunicar a la mutua y al INSS en un plazo de 5 días hábiles la emisión del alta de un trabajador o su denegación. Si el SPS desestima la propuesta de alta de la mutua o no contesta en forma y plazo, la mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en 4 días. Se establece un régimen transitorio en cuanto a los plazos de contestación durante los 6 meses posteriores a la entrada en vigor, a la espera de que la ley de mutuas termine su tramitación parlamentaria y entre en vigor. En este periodo, en el caso de los SPS será de 11 días, y en el del INSS serán 8.

4- Las mutuas podrán controlar a las personas de baja desde el primer día Las mutuas podrán actuar desde el primer día de la baja laboral, hasta ahora sólo podían intervenir a partir del decimosexto día. Esta nueva norma amplía el papel de control e inspección de las mutuas y, según el Ejecutivo, su objetivo es reducir el fraude y el absentismo.

5- ¿Qué pasa si un trabajador no acude a un reconocimiento médico? Además, de acuerdo con lo aprobado en los presupuestos generales del Estado de 2014, se regula la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se presente a un reconocimiento médico. Si en el plazo de 4 días el trabajador no ha justificado debidamente su ausencia se extinguirá la situación de incapacidad temporal. De esta forma, si la ausencia ha sido por causa justificada no se extingue automáticamente la prestación como ocurría antes de la modificación.

6- Se simplifican las bajas para los autónomos La ley de mutuas simplifica los trámites para el acceso a la prestación por cese en la actividad por la que cotizan los trabajadores autónomos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, destaco ayer que el 80% de las peticiones se rechazaba por ser un sistema muy rígido y ser difícil de justificar las pérdidas. El Ejecutivo espera que el nuevo marco regulatorio facilite las bajas de los autónomos.

7- Las empresas podrán aplicarse antes las deducciones por incapacidad temporal La norma establece la obligatoriedad de hacer constar en los partes de baja la duración probable de la incapacidad temporal y la fecha del nuevo reconocimiento médico. Además, diariamente los partes de baja y alta se transmitirán telemáticamente desde los servicios públicos de salud al INSS y de éste a las mutuas cuando éstas sean responsables de la protección del trabajador. Este proceso permitirá que las empresas, desde el primer momento, puedan controlar las deducciones que se hacen de las prestaciones por incapacidad temporal al ingresar las cuotas de la Seguridad Social.

26 de julio de 2014

SEVILLA SECTOR SEGURIDAD: Nota Informativa conjunta de los sindicatos CSI-F, STS-A y SPV

Estimad@s Compañer@s: En nuestro sector nos encontramos en una situación precaria respecto al futuro profesional, estamos expuestos a agresiones, no solo de la patronal, sino de algunos sindicatos que han perdido la perspectiva de la realidad en que nos movemos.

A principios de 2014 iniciamos en Sevilla una coordinadora de sindicatos que nació con el objetivo de luchar por el Sector de la Seguridad Privada y para combatir eficazmente el intrusismo laboral. Hemos estado funcionando desde entonces intentando reforzar la unidad de acción contra los abusos que se están cometiendo en nuestro gremio, pero poco a poco ha quedado patente que no todos remamos en la misma dirección, ni tenemos los mismos intereses…

A partir de ahora, los sindicatos de seguridad privada de corte profesional CSI-F, STS-A y SPV continuaremos coordinándonos con las mismas ganas y subrayando las cosas que nos unen, que son muchas. Estamos manteniendo contactos con la Subdelegación de Gobierno, Unidad Provincial de Seguridad Privada y Responsables de adjudicaciones de grandes contratos con empresas de Seguridad. Nuestra intención es la de seguir trabajando por unas condiciones optimas para nuestro sector y por supuesto, por erradicar la lacra del intrusismo que tanto daño nos está haciendo daño. Son miles los profesionales que se encuentran en situación de desempleo mientras sus puestos son ocupados por personal no habilitado para desempeñar las funciones propias de la seguridad privada.

Somos Sindicatos Independientes y Profesionales. En los próximos meses promoveremos acciones de la que os mantendremos puntualmente informad@s. El motivo principal de esta nota informativa es la de comunicaros la situación real en que nos encontramos a nivel de coordinación y daros la oportunidad de aclarar cualquier cuestión que os parezca oportuna.

Nuestros medios de contacto son los siguientes:

- CSI-F seguridadprivada41@gmail.com, teléfono 657658541
- STS-A sts.andalucia@gmail.com, teléfono 615811759 
- SPV spvsevilla@gmail.com, teléfono 609097766





Empleados de UGT-A confirman que el sindicato usaba procedimientos presuntamente delictivos

Revelan que las empresas a las que se subcontrataban los cursos de formación pagaban un talón en concepto de comisión.

Los propios empleados y ex empleados de UGT-A han sido los que han confirmado que este sindicato usaba procedimientos presuntamente delictivos, uno de ellos, incluso se negó a seguir en el departamento de Compras "ya que dicha práctica (la de alterar facturas) podría ser delictiva". Estos empleados reflejaron en su declaración judicial los procedimientos irregulares utilizados por la organización sindical. Sus afirmaciones más contundentes son las que siguen:

Las subvenciones y otras finalistas El presupuesto anual de UGT-A se cifraba en 50 millones, de los que sólo un millón procedía de las cuotas sindicales de afiliados. La mayoría, más de 45 millones, procedía de las subvenciones finalistas de la Junta: "Sobre un presupuesto estimativo de unos cincuenta millones, las cuotas supondrían alrededor de un millón de euros, a nivel Comisión Ejecutiva Regional, alrededor de un millón y medio lo correspondiente a las subvenciones no justificables y, el resto, correspondería a subvenciones finalistas. El porcentaje correspondiente a programas de formación podrían ser alrededor de la mitad, unos 23 o 24 millones de euros."

Los gastos del funcionamiento del sindicato ascendían a 2,5 millones de euros anuales que eran soportados íntegramente por las cantidades procedentes de subvenciones finalistas (todas las de formación y algunas otras). "Que el Presupuesto tiene tres grandes apartados, el ordinario, el de Programas y el de inversiones y deudas. En cuanto a las fuentes de financiación en cada uno de estos apartados, están las cuotas de afiliados que se imputa al ordinario. Subvenciones no justificables recibidas de la Administración por el hecho de ser un sindicato, las cuales también van al presupuesto ordinario. En cuanto al Presupuesto de Programas, van las subvenciones finalistas que son las que soportan los gastos de estructura. Estos gastos, de manera estimada, ascenderían a una cantidad aproximada de dos millones y medio en los años con más personal contratado. En estos gastos se incluye los gastos que tiene SORALPE que constituirían unos seiscientos mil anuales."

UGT-A creó un Departamento de "Justificación" Había un Departamento de Contabilidad pero otro de Justificación. Como era difícil encajar las realidades contables con los gastos que UGT-A amparaba bajo las subvenciones de la Junta, encargó la confección del programa informático Spiro que ajustaba contabilidad, compras y justificaciones de la Junta. En el Departamento de Justificación se preparaban los documentos que contenían los gastos que se imputaban a la Junta, una vez convenientemente alterados los conceptos de muchas facturas según instrucciones de la propia UGT-A.

Talón en concepto de comisión UGT deducía del importe de la subvención los porcentajes que se correspondían con gastos directos, indirectos y publicidad, gestionados por la propia UGT. Además, deducía otra cantidad de dinero destinado a material fungible y seguros que siempre contrataba con la misma empresa, ASP, Atlantis Seguros, participada por la propia UGT. Además, la empresa tenía que depositar un aval por si la Junta no pagaba parte de la subvención y, por si fuera poco, entregaban un talón en concepto de comisión. Textualmente: "Las empresas entregaban a las Federaciones, a través de Soralpe" , un talón sin que se conozca el concepto por el que se entregaban estos talones, pero sí que se trataba de una comisión por adjudicación".

El "bote" Que determinados proveedores de confianza, los cuales son señalados en todo caso por Federico Fresneda, mantenían una relación con el sindicato de manera que para justificar determinados gastos imputables a subvenciones, estos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se habían realizado o servido realmente. Para poder establecer la diferencia real de lo facturado y lo servido, el departamento de Compras estableció que dieron en llamar "bote". De esta manera se intentaba mantener un cierto control sobre dicha diferencia. Sin embargo llegó un determinado momento en el que el bote creció de manera espectacular. "Que las facturas emitidas por estos proveedores llegaron a alcanzar cantidades muy importantes, de 150.000 o 180.000 euros".

Texto Integro Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana


La Policía tarda seis años en aclarar la venta de 800 títulos

La Policía Nacional ha detenido a 159 personas en la última fase de una operación contra la falsificación de títulos académicos desarrollada en varias provincias españolas, que ha culminado con 634 arrestados y otros 175 imputados en seis años de investigaciones. 

Entre los arrestados en la última fase -llevada a cabo entre marzo y junio- por los delitos de falsedad en documento oficial figuran una auxiliar de clínica, un vigilante de seguridad, un monitor de actividades acuáticas, una limpiadora, un charcutero y un entrenador de un equipo de fútbol, según informó ayer la Policía en un comunicado de prensa. La operación policial comenzó en febrero de 2008 cuando agentes de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron un aumento de falsificaciones oficiales de titulaciones de graduado escolar, bachiller, diplomaturas y licenciaturas universitarias. 

La Policía logró identificar al supuesto falsificador, que poseía una academia de formación en Málaga que utilizaba como tapadera para vender los títulos por 1.200 euros cada uno, un precio con el que los investigadores calculan que podría haber ganado un millón de euros durante el tiempo que ejerció su actividad delictiva. Durante un registro domiciliario se intervinieron placas falsas de vigilante de seguridad, sellos falsificados y material informático para las falsificaciones. En el transcurso de esta operación han sido arrestados 134 miembros de empresas de vigilantes de seguridad, catorce policías nacionales, veinticinco policías locales y seis guardias civiles, a los que se les imputa el delito de falsedad documental. 

Algunos de estos arrestados utilizaron un título falso para poder opositar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o policías locales, por lo que, tras comprobar la falsedad de la titulación, fueron expulsados de los cuerpos policiales correspondientes. También hay arrestados que ejercían otras profesiones, como una mujer que trabajaba en una clínica dental de Málaga capital con un título de técnico superior de formación profesional en higiene bucodental falsificado. La actuación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría de Policía de Málaga con la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas. 

Parte de los imputados en esta investigación han sido ya juzgados. De hecho, desde 2010 se vienen celebrando juicios en Málaga contra personas involucradas en la compra de títulos académicos. La Fiscalía ha acusado de intrusismo profesional a los compradores en aquellos casos en los que han utilizado estos documentos para acceder a profesiones que solo se pueden ejercer previa acreditación de títulos académicos. En estos casos se han enfrentado a peticiones de multa y a la pérdida de la acreditación profesional. En estas causas el principal implicado, Manuel C. F., ha sido citado como testigo. Contra él hay abierta otro procedimiento por falsificación de documentos públicos.

25 de julio de 2014

CANARIAS: Machín Seguridad llevará a los tribunales a los vigilantes de seguridad de la Universidad de La Laguna

El subdirector responsabiliza a los trabajadores de haber dejado de facturar 5,5 millones por presentar un preaviso de huelga en marzo.

El subdirector de la que hasta hace un mes era la empresa responsable de la seguridad y vigilancia de la Universidad de La Laguna (ULL), Vicente Martín, anunció ayer a este periódico que ha iniciado acciones legales contra la plantilla por considerar que los trabajadores son los responsables últimos de la resolución del contrato.

"La situación que ha dado pie a toda esta desagradable situación fue que el pasado día 3 de marzo el comité de empresa presentó un preaviso de huelga discontinua por un supuesto retraso reiterado en los pagos por parte de Machín Seguridad. Nosotros acreditamos a la ULL que eso no era cierto, incluso con extractos bancarios, y que no había ninguna deuda pendiente, porque la nómina de febrero no se pagaba hasta el día 5, ni había paga extraordinaria pendiente de atender porque era en marzo", detalló.

Para Martín los fundamentos de la convocatoria de huelga no son ajustados a derecho y, por lo tanto, "es ilegal". "El resto de la plantilla me confirma que el comité de empresa no se reunió con ellos ni hubo una asamblea para decidir esa convocatoria y que no se contó con el número de votos necesarios. El comité de empresa -abunda el dirigente de Machín Seguridad- es la representación de los trabajadores y por eso es a ellos a los que tengo que demandar; si luego los trabajadores van al juzgado y dicen que el comité actuó por su cuenta y riesgo, es allí donde debe constar, no en mi oficina, ni en un escrito que me manden a mi atención. Eso me va a permitir iniciar una acción civil y responsabilizarlos de la resolución de la universidad y pedir una indemnización de cinco millones y medio de euros, que es lo que he dejado de facturar".

Pero Vicente Martín también desmiente al gerente de la universidad, Justo Artiles, que en la edición de ayer del periódico aseguraba que había "cumplido escrupulosamente" la ley de contratos y que se había pagado siempre en tiempo y forma. "La ULL le da el contrato a Machín Seguridad en diciembre de 2012 tras haber irregularidades con la empresa anterior. Se nos pide que si somos capaces de asumir el contrato con una reducción de 600.000 euros anuales y le decimos que lo podemos hacer siempre y cuando nos pague las facturas antes de los días 5 de cada mes para nosotros no tener que entrar en productos financieros para anticipar facturas y atender nóminas en fecha; la ULL nos dijo que sí y se firmó el contrato con fecha de finalización el 30 de noviembre de 2015, aunque primero firmamos solo un periodo hasta febrero de 2014", relata Vicente Martín.

No obstante, asegura que la ULL casi nunca pagó antes del día 5 y que resolvió el contrato de forma unilateral y sin hablar con ellos, y mantiene que lleva meses intentando localizar al gerente. "Se basó en el falso retraso en los pagos a los trabajadores y en la existencia de una deuda con la Seguridad Social que sí es cierta y que además la conocían desde enero. Teníamos un aplazamiento concedido que se anuló tras la decisión de la ULL ", lamenta Martín, que subraya que "los acuerdos que se nos plantearon los hemos cumplido todos. El contrato duraba 36 meses porque así podríamos amortizar la bajada de 600.000 euros que nos pidió; si ahora la universidad lo rescinde, nos tiene que pagar los 18 meses al precio normal del contrato en el pliego". Y es que considera que el conflicto no va a quedar resuelto definitivamente hasta que haya una sentencia judicial.

Metro cede al año a la Policía más de 1.000 videos de sus cámaras de seguridad para colaboraren investigaciones

Metro invertirá 9,5 millones de euros en tres años para mejorar la seguridad en todas sus estaciones y trenes

Metro de Madrid cede al año más de 1.000 videos grabados con sus cámaras de seguridad a Policía Nacional para colaborar en la investigación de diferentes casos que requieren de estas imágenes, procedentes de las más de 8.600 cámaras del Circuito Cerrado de Televisión instaladas en toda la red, y que en muchos casos resultan esenciales para resolver los casos de la policía. Estas imágenes (más de 600 videos en lo que llevamos de año), junto con el trabajo de los vigilantes de seguridad y la estrecha colaboración con Policía Nacional, han ayudado a reducir de enero a junio de 2014 casi un 20% las infracciones penales.

Con el objetivo de seguir en esta línea y mejorar los índices de seguridad en la red, Metro de Madrid invertirá en los próximos tres años 9,5 millones de euros en el mantenimiento y mejora de los sistemas de seguridad de todas sus estaciones y trenes. Entre estos sistemas se incluyen las cámaras de vídeo, el control de los accesos, y los sistemas de comunicación en los trenes y entre éstos y los puestos de control, que tienen una importancia fundamental para la seguridad y calidad del servicio.

La red de Metro de Madrid cuenta con más de 1.500 vigilantes que velan cada día por la seguridad de los madrileños y apoyan el trabajo de Policía Nacional, que cuenta con una brigada móvil que trabaja en la red y dos comisarías ubicadas en las estaciones de Sol Vodafone y de Nuevos Ministerios, siendo la colaboración con Metro de Madrid muy estrecha y activa en todo momento y para cada situación. Ya en 2013 las infracciones penales bajaron un 28,8% respecto al año anterior.

El Consejo de Gobierno conoció hoy la propuesta de adjudicación del contrato de mantenimiento de estos sistemas de seguridad. El portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, explicó que este contrato entrará en vigor el próximo mes de octubre, cuando finalice el contrato que ha estado vigente hasta ahora, que ha tenido una duración de diez años. En este sentido, explicó que en esta ocasión se ha optado por un contrato más corto, de tres años, para garantizar una mayor eficacia y optimización de recursos.

Revista Seguritecnia Nº 410 (Julio/Agosto 2014)

Más de 600 detenidos por la mayor red de falsificación de títulos

Más de 600 detenidos por la mayor red de falsificación de títulos
Policías, guardias civiles, bomberos y vigilantes de seguridad, entre los clientes

Seis años de trabajo del Grupo II de Fraudes de la Comisaría de Málaga han culminado con el desmantelamiento de la mayor trama de falsificación de títulos académicos realizada hasta ahora en España, y cuyo balance es espectacular: más de 600 detenidos, cerca de mil imputados, unos 200 funcionarios expulsados tras constatarse que habían obtenido su plaza de forma fraudulenta y varios millones de euros de perjuicio para las administraciones. Una estafa faraónica cuyo epicentro fue una modesta academia de la avenida Héroe de Sostoa de la capital malagueña, y que se personifica en un falsificador que rebasa los 60 años a quien los investigadores sitúan en la cúspide de un entramado que se extiende por todo el país.

Según pudo saber ABC, los resultados de esta operación ponen de relieve una corrupción de bajo perfil enraizada en la sociedad. La mayoría de los detenidos e imputados son personas que pagaron por adquirir falsificaciones de licenciaturas, diplomaturas, Bachiller o FP con las que se presentaron a oposiciones de empleo público y procesos selectivos en la empresa privada. Aunque también está el caso de un capitán del Instituto Armado que lo quería para «presumir».

Un entrenador de fútbol Entre los clientes hay muchos policías locales, guardias civiles, policías nacionales, bomberos, trabajadores sanitarios, abogados, economistas, militares, funcionarios de la Junta, vigilantes, directores de seguridad e incluso un entrenador de fútbol de un equipo ahora en Segunda división. Las administraciones y Cuerpos de Seguridad han iniciado más de 200 expedientes de expulsión. Esta cifra es muy inferior al número de los casos realmente detectados, pero finalmente se ha decidido proponer el despido de aquellos en los que la titulación era un requisito imprescindible para obtener la plaza y en los que la misma computó de forma determinante en la puntuación del opositor. También hay que tener en cuenta que muchos de los que adquirieron los diplomas iban a trabajar en el sector privado. Por ejemplo, unas 150 personas encausadas están relacionadas con la seguridad privada, siendo el ámbito profesional donde más fraude se ha detectado. Unas 25 son policías locales de la provincia malagueña.

La investigación comenzó en febrero de 2008 en Málaga después de que los agentes detectasen un aumento notable de falsificación de títulos oficiales, por lo que se puso en marcha la denominada operación Eladio.Las pesquisas llevaron a los agentes hasta la fuente de origen: un falsificador que entonces rondaba los 60 años y que supuestamente había tejido un entramado delictivo en torno a una academia de formación. El «cabecilla» de la red, identificado como Manuel C. F. y que ahora tiene 66 años, contaba con una serie de cómplices que se dedicaban a captar a clientes -opositores «desesperados» por acceder a las ofertas de empleo público- y que supuestamente percibían un porcentaje por cada uno de ellos.

Este individuo cobraba una media de unos 1.200 euros por título -dependía de la dificultad y el grado de importancia-, y era tal su pericia que personas de toda España acudían a Málaga para requerir sus servicios. Por ejemplo, en Santander fue arrestado a finales del pasado año un hombre que adquirió los diplomas de Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales, de Detective Privado y de Experto Universitario en Criminología. El arrestado declaró que había pagado unos 600 euros por cada uno. La clientela se reparte por Zaragoza, León, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Segovia, Melilla, Granada y Ciudad Real, y las ganancias obtenidas por el falsificador se estiman en 1.200.000 euros.

Consejos para sobrellevar el turno de noche

EL TRABAJO NOCTURNO ES INDISPENSABLE PERO DEBEN PALIARSE SUS CONSECUENCIAS
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Escrito por Eva Salabert,
periodista experta en salud.

Las personas que se ven obligadas a trabajar entre las diez de la noche y las seis de la mañana suelen sufrir diversos problemas tanto físicos como psicológicos. Te contamos cómo hacerles frente.

Trabajar en horario nocturno resulta indispensable en ciertos sectores, como en el caso de los profesionales sanitarios, los transportistas, los distribuidores de prensa, o aquellos que velan por la seguridad común, como los bomberos o las fuerzas de seguridad, pero, además, cada vez son más las empresas que no cesan su actividad ni de día ni de noche, bien por la demanda de los usuarios (estaciones de servicio, farmacias, tiendas de alimentación, locales de ocio...), o para compensar el alto coste de la maquinaria adquirida para manufacturar los productos que comercializan.

También influye la globalización económica y comercial que implica una ampliación de los horarios, ya que cuando en España llega el momento de irse a la cama, comienza la jornada laboral en otros puntos del planeta. Trabajar por turnos las 24 horas del día, los siete días de la semana, supone también un incremento de la plantilla que beneficia a los trabajadores que buscan empleo.

Además, por lo general en los turnos de noche los salarios son superioresy algunas personas, por sus circunstancias personales, incluso prefieren este horario. Sin embargo, los especialistas advierten de las repercusiones que tiene sobre la salud el hecho de no dormir durante la noche. Por eso, si no hay más remedio que trabajar en turno de noche, al menosse deben seguir una serie de recomendaciones que contribuyan a paliar las consecuencias en la medida de lo posible.

Consejos para los trabajadores del turno de noche

-Duerme las horas necesarias,Como mínimo, seis horas diarias, con independencia del turno que realice. Si no es bastante para que te sientas bien, deberás incrementar el número de horas. Además de dormir, también te sentirás mejor si descansas lo suficiente, porque de esta forma se recupera el desgaste físico y se alivia la fatiga. 

-Prepara el dormitorio para que tenga las condiciones adecuadas de luz, temperatura y aislamiento acústico que faciliten conciliar el sueño. Siempre que sea posible procura que tu dormitorio esté situado en el lugar más tranquilo de la casa. Puedes utilizar tapones para los oídos para minimizar los ruidos que no puedas evitar.

-Establece un horario regular para dormir, precedido de acciones rutinarias, como lavarse los dientes, ducharse con agua caliente, leer un rato. Esto sirve para que el cerebro asocie estas actividades con el momento de dormir.

-Prueba con distintos horarios si le resulta difícil dormirse. Si no consigues dormir suficientes horas seguidas, inténtalo fraccionando el descanso y echando una siesta antes de entrar a trabajar, por ejemplo. En este caso debes asegurarse de que estás suficientemente alerta para comenzar la jornada laboral, ya que una breve siesta, cuando no se ha dormido lo suficiente, puede hacer que te sientas somnoliento.

-No es bueno acostarse con hambre, es mejor que comas algo antes, pero debe ser ligero porque una digestión pesada puede dificultar conciliar el sueño. Tampoco bebas alcohol porque, aunque en principio provoca somnolencia, después causa despertar precoz y le impedirá dormir lo suficiente.

-Las personas que convivan en la misma casa deben respetar al máximo tus horas de sueño, y no realizar actividades ruidosas, como pasar la aspiradora, poner la lavadora o escuchar la televisión o la radio a un volumen que perturbe tu descanso.

-Aprende métodos de relajación que te ayuden a desconectar del trabajo antes de meterte en la cama.

-Practica algún deporte o, por lo menos, realiza una actividad física entre moderada e intensa de forma regular. Esto te ayudará a mantener tu salud y a dormir mejor.

-Organiza tu calendario de manera que puedas dedicar tiempo a tu familia y amigos sin que te resulte agotador. Una jornada laboral que no coincide con la del resto de personas del entorno, puede provocar aislamiento social, originar trastornos emocionales y ser motivo de divorcio, entre otros problemas.

-Limita el consumo de cafeína y otros estimulantes.Aunque durante tu jornada laboral puedan resultar de ayuda para mantener la concentración, su efecto puede prolongarse e interferir con tu descanso.

-Procura mantenerte bien hidratado durante el turno de trabajo, bebiendo agua con regularidad. Si tienes hambre, toma algo ligero (fruta, un yogur, cereales, un puñado de frutos secos) y evita ciertos alimentos como las patatas fritas, los bocadillos de embutidos grasos y los dulces, que podrían hacerte ganar peso y afectar a tu salud, al elevar los niveles de colesterol.

PUBLICADO POR: ser vigilante AQUÍ