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3 de diciembre de 2016

Nota Urgente reunión SegurIberica y Consorcio de Servicios

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Estimados compañeros, durante el día de hoy hemos tenido la segunda reunión del proceso de ERE de las empresas SEGUR IBÉRICA y CONSORCIO DE SERVICIOS, pertenecientes al Grupo Segur.

Esta reunión se ha destinado a tratar de analizar la voluminosa documentación aportada por la empresa en la primera reunión del día 28 de Noviembre.

Iniciada la reunión, se ha puesto de manifiesto, entre otras cuestiones, la falta de pago de los salarios del mes de Octubre de algunos compañeros de Segur Ibérica, y la exigencia del pago inmediato de los mismos. La representación sindical ha puesto en tela de juicio la buena fe de la empresa por la forma de llevar a cabo el proceso de negociación de ERE, ya que este ha sido combinado con un concurso de acreedores voluntario, que entendemos que si se lleva a efecto, dejaría sin efecto las negociaciones y acuerdos que se alcancen en la negociación del ERE. La parte empresarial, sigue tramitando el ERE que afecta a la totalidad de los trabajadores de la plantilla del Grupo Segur sin concretar si se ha admitido a trámite el concurso de acreedores solicitado, ni si se ha producido la venta de las unidades productivas a otra empresa ofertante.

La empresa tampoco ha desmentido los rumores de venta al grupo I-SEC. Por lo tanto, ante este clima de confusión, quedamos a la espera de la reunión del día 13 de Diciembre, en la que esperamos tener información más concreta que ayude a despejar todas las dudas que tenemos hasta el momento.

No queremos ningún vigilante de seguridad cobrando 700 euros de salario ¡ASÍ NO!



El pasado día 3 de Noviembre de 2016, ha sido publicado el Convenio Colectivo de la Empresa Terracosta Seguridad S.L. por una vigencia de 4 años , (2016-2020) para un ámbito territorial de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. El salario del Vigilante de Seguridad en esta empresa es de 725 Euros brutos, y otras tantas condiciones muy inferiores al Convenio Estatal de Empresas de Seguridad. Entre otras cosas no reconoce el derecho de subrogación de los trabajadores

Ningún trabajador de la seguridad privada debería de prestar sus servicios por menos de lo que marca el convenio colectivo estatal, que contempla ya de por sí unos salarios que no se ajustan con la responsabilidad y la peligrosidad que soporta nuestra profesión. Por tanto es evidente que no podemos ni debemos permitirle que esta empresa entre en ningún servicio donde existan vigilantes de seguridad acogidos al convenio estatal. Iniciamos el estudio de impugnación del Convenio de la Empresa Terracosta Seguridad S.L.

No queremos ningún vigilante de seguridad cobrando 700 euros de salario ¡ASÍ NO!


Convenio de ámbito inferior a la empresa no tiene prioridad aplicativa ‘ex’ art. 84.2 ET (STS 22/9/16)

Resultado de imagen de en el punto de mira SPVLa STS 22 de septiembre 2016 (rec. 248/2015), resolviendo una demanda de conflicto colectivo por impugnación de convenio, ha establecido que un convenio colectivo de ámbito inferior a la empresa no tiene reconocida la prioridad aplicativa que prevé el art. 84.2 ET. Sin duda, se trata de un pronunciamiento relevante, pues, salvo error u omisión, es la primera vez que el Alto Tribunal se pronuncia al respecto. Veamos, a continuación, los detalles del caso y la fundamentación de la sentencia.


1. Detalles del caso El origen del conflicto radica en una demanda de conflicto colectivo por impugnación de convenio formuladas por los sindicatos UGT y USO contra la empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A. y la Comisión Negociadora (Parte Social), solicitando

“se declare nulo el convenio publicado en el BOCAM de fecha 25 de octubre de 2014 para los trabajadores de la comunidad de Madrid de la empresa Grupo Control de Empresa de Seguridad SA, y subsidiariamente para el caso de no entenderse la nulidad del mismo se declare nulos todos aquellos artículos relatados en el cuerpo de ese escrito que concurren con el convenio estatal de empresas de seguridad privada o son ilegales (18, 22, 41, 41 bis, 45 y 71)”. La STSJ Madrid 18 de mayo 2015 (rec. 197/2015), tras analizar el caso, declara la inaplicación de los referenciados artículos.

En concreto, siguiendo la síntesis que lleva a cabo el TS (y, sin perjuicio de lo que, con más detalle, se expondrá posteriormente en el apartado crítico), el TSJ de Madrid analiza el ámbito del convenio impugnado poniendo de relieve que, pese a su denominación, el mismo se circunscribe a las relaciones laborales de los trabajadores en la Comunidad de Madrid y, puesto que la empresa desarrolla actividad y presta servicios en otras zonas del territorio nacional, no puede calificarse de convenio de empresa, sino de ámbito inferior a la misma. En consecuencia, no tratándose de un convenio colectivo de empresa, sino de ámbito inferior, carece de la preferencia aplicativa del art. 84.2 ET.

Por este motivo, analiza el eventual conflicto de concurrencia con el convenio colectivo sectorial de ámbito estatal. A resultas de dicho análisis, el TSJ aprecia la indicada concurrencia y, por ello, concluye con la necesidad de expulsar del ordenamiento jurídico los preceptos del convenio impugnado que resultan incompatibles con la regulación de ámbito superior. La empresa, disconforme con este planteamiento, decide interponer recurso de casación ordinaria, alegando la infracción del art. 84 ET.

2. Fundamentación de la sentencia La fundamentación de la STS 22 de septiembre 2016 (rec. 248/2015), siguiendo la misma argumentación que la empleada en la instancia, se articula a partir de dos elementos: primero, el convenio no puede calificarse de “empresa”; y, segundo, la literalidad del art. 84.2 ET no atribuye prioridad aplicativa al convenio de ámbito inferior de la empresa. Veamos los argumentos de cada uno de ellos:

A. Convenio colectivo de ámbito inferior al de la empresa

Al igual que el TSJ Madrid, el TS confirma que, efectivamente, se trata de un convenio colectivo de ámbito inferior al de la empresa (de hecho, afirma, “ningún reproche de legalidad cabría achacarle al convenio impugnado si su ámbito fuera efectivamente el de la empresa”).

En concreto, llega a esta afirmación en base a lo siguiente:

“Ocurre que, como queda patente con la lectura del propio texto del convenio, su ámbito se circunscribe exclusivamente a los trabajadores de la empresa en la Comunidad de Madrid. Y, ciertamente, el convenio se negoció entre la empresa y la representación de los trabajadores de Madrid. Además, en lógica congruencia, la publicación del mismo se llevó a cabo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Finalmente, es asimismo un hecho conforme el que la empresa extiende su actividad y sus relaciones laborales a otras zonas del territorio nacional. Con tales premisas se hace imposible afirmar que el convenio colectivo pueda ser calificado como convenio ‘de empresa’ ya que su ámbito de afectación es obviamente inferior al del conjunto de las relaciones laborales de la empresa demandada”.

B. La prioridad aplicativa ex art. 84.2 ET sólo es predicable del convenio colectivo de empresa

Llegados a este estadio, el TS – al igual que en la instancia – entiende que “el legislador no ha optado por generalizar la prioridad de los convenios inferiores sobre los de ámbito superior”. De modo que la prioridad aplicativa que se establece en el citado art. 84.2 ET “sólo se impone respecto del convenio de empresa o del convenio colectivo de grupo o de empresas vinculadas”. Y, en esta línea, apunta que “La definición de convenio de empresa del precepto es coherente con la determinación de la legitimación para negociar del art. 87 ET , al que congruentemente se refiere el propio art. 84 ET cuando precisa acudir al concepto de grupo de empresas o pluralidad de empresas vinculadas”.

Por otra parte (a partir de la interpretación conjunta de los apartados 1 y 2 del art. 84 ET), asumiendo que la prioridad aplicativa del convenio de empresa actúa como excepción a la regla general que contiene el apartado 1, el Alto Tribunal entiende que debe ser interpretada restrictivamente, esto es, en los “propios términos utilizados por el legislador”. Y añade,

“cuando el apartado 2 indica las materias sobre las que rige tal prioridad lo hace en referencia exclusiva a los convenios de empresa, sin mención alguna a ninguna otro ámbito inferior ni precisión si sobre éstos últimos tendrían repercusión las misma materias. Ponemos de relieve que en algunas de esas materias se aprecia claramente que es la empresa – y no la unidad inferior- el término de referencia, como ocurre con el salario (apartado a del art. 84.2 ET) o el sistema de clasificación profesional (apartado d del art. 84.2 ET)”. Por todo ello, rechaza el motivo alegado por la empresa.

3. Valoración crítica: el principio de proximidad no abarca al convenio colectivo inferior al de empresa

Asumiendo que el convenio colectivo firmado por GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A en la Comunidad de Madrid no puede ser calificado como de empresa, la interpretación del art. 84.2 ET en sus propios términos que lleva a cabo el TS, es particularmente adecuada a la naturaleza excepcional de la prioridad aplicativa que predica el citado apartado 2º. De hecho, la lectura de la STSJ Madrid 18 de mayo 2015 (rec. 197/2015) resulta particularmente ilustrativa, especialmente, porque expone este argumento con especial detalle (y claridad). Y, por este motivo, me gustaría resaltar los elementos que creo que son principales:

Primero: es importante advertir que, a la luz de la literalidad de la norma,

“la unidad privilegiada de fijación de las condiciones de trabajo es la empresa, el grupo de empresas y la pluralidad de empresas vinculadas. Por tanto, el elemento que vertebra la prioridad aplicativa viene determinado por el elemento ‘empresa’, tratando con ello de garantizar la descentralización de la negociación colectiva para facilitar una negociación de las condiciones en un nivel más próximo y, por ello más adecuado, a la realidad de las empresas (E.M. RD-Ley 3/2012). Se trata de que el convenio de empresa opere de forma prevalente como ‘convenio de proximidad’. El convenio de empresa es, por tanto, el convenio considerado legalmente como más próximo, por tanto, el privilegiado”.

Segundo: y, derivado de lo anterior,

“la prioridad aplicativa del convenio de empresa se nos ofrece como una regla de concurrencia de orden público pero materialmente limitada”.

Tercero: asumiendo que la negociación colectiva está sujeta a la ley,

“si la ley establece una preferencia aplicativa de la negociación colectiva en la que la unidad de fijación de las condiciones de trabajo es el concepto empresa (empresa, grupos de empresas, empresas vinculadas), esta unidad no puede, a su vez, ser desmembrada por la negociación colectiva empresarial en unidades privilegiadas inferiores de fijación de condiciones de trabajo (centro o centros de trabajo en una ciudad, provincia o provincias, Comunidad o Comunidades Autónomas…) con igual preferencia aplicativa”.

Especialmente, porque si se admitiera -prosigue el TSJ-,

“ya no sería una empresa (grupo de empresa o pluralidad de empresas vinculadas) o el ámbito de la empresa, sino la parte de un todo. La ley no permite la sustitución de la parte por el todo y el todo, insistimos, es la empresa en sentido estricto o amplio (el grupo de empresas o la pluralidad de empresas vinculadas)”.

Cuarto: si el legislador hubiera querido establecer la prioridad aplicativa de unidades de fijación de condiciones de trabajo inferiores a la empresa lo hubiera así establecido de forma específica.

Quinto: siguiendo el criterio del TJUE en el caso Rabal Cañas, el centro de trabajo y el lugar de trabajo son conceptualmente distintos a la empresa, pues “es aquella parte de la empresa a la que el trabajador se halla adscrito para desempeñar su cometido”.

En este sentido (como contrapunto) repárese que, en este caso, el TSJ Madrid recurre a la doctrina del caso Rabal Cañas para destacar la diferencia entre empresa y centro de trabajo/lugar de trabajo, mientras que en la reciente STS 16 de octubre 2016 (ver al respecto en esta entrada), el Alto Tribunal recurre al carácter no excluyente de estos conceptos para, a través de una “interpretación conforme”, justificar la aplicación directa de la Directiva 98/59 (a la luz de la interpretación de la doctrina Rabal Cañas).

Sexto: si el art. 84.2 ET no fuera interpretado de este modo, podría suceder que a través del concepto “lugar de trabajo” (muy característico de algunos sectores – como el de seguridad que propicia este conflicto) se “hagan desvanecer las posibilidades de negociación colectiva integral entre trabajadores de la empresa”.

Séptimo: empleando la empresa como unidad de fijación privilegiada, y no las inferiores, se protege el principio de igualdad entre todos los trabajadores de una misma organización.

Pero, además, también se respeta el principio de unidad de empresa, a tenor del cual debe tenderse hacia un único convenio colectivo para la empresa siendo su finalidad, precisamente, la de evitar desigualdades para los trabajadores de una misma empresa.

Y, Octavo: ante el argumento de que esta interpretación es excesivamente restrictiva y que es contraria al principio de proximidad que proclama la EM del RD-Ley 3/2012 (debiéndose emplear una interpretación lata, conforme a la intentio legis que expresa el art. 84.2 ET), el TSJ arguye una batería de argumentos que trato de sintetizar a continuación:

1) el concepto empresa se amplía o expande por la ley expresamente “hacia fuera” dando cabida a organizaciones productivas coordinadas estables o temporales pero relacionadas entre sí por motivos productivos;

2) la elección del convenio colectivo de empresa como convenio privilegiado está inspirado en la flexibilidad con el objeto de incrementar la competitividad (y no en la implantación de “medidas de ajuste/dificultades” – objetivo que se alcanza a través de los arts. 41 y 82 ET y que permiten descender al centro o punto afectado para separarse de las condiciones).

3) debe ser la empresa y no el centro la que tiene que lograr con sus trabajadores el equilibro de intereses hacia un nivel más bajo o distinto que la permita competir en mejores condiciones pero siempre de forma leal e igualitaria en términos de competencia mercantil con las otras empresas del sector en el mercado; y

5) si se permitiera la fragmentación a unidades inferiores privilegiadas estaríamos permitiendo la competencia mercantil sobre las condiciones laborales a un nivel local lo que conllevaría el riesgo de degradar por completo los estándares laborales e, incluso, a la destrucción de otras empresas – competencia desleal y al dumping social. En definitiva, a la luz de lo expuesto, estimo que el criterio y argumentación esgrimidos por el TSJ y confirmados por el Tribunal Supremo resultan totalmente acertados.

FUENTE: ignasibeltran.com AQUÍ

CÁDIZ: Se amplian las concentraciones de SPV ante los impagos de Vigilantia Inversiones S.A




S.P.V. realizó el pasado día 25 de Noviembre una concentración de vigilantes de seguridad a las puertas del centro comercial Puerta Europa de la localidad de Algeciras, para protestar por el impago de los salarios de la plantilla de vigilantes de seguridad y auxiliares de servicios que prestan sus servicios en este centro, pertenecientes a la empresa Vigilantia Inversiones S.A

En apoyo de estas 14 familias de trabajadores afectados, nos concentramos los delegados sindicales de SPV a las puertas de este conocido establecimiento comercial. Ahora se amplia las concentraciones a los cuatro siguientes días: 8, 16, 23 y 30 de Diciembre o hasta que abonen los salarios adeudados.

Igualmente estamos en contacto con los propietarios del referido centro INMOBILIARIA DOS PUNTOS a fin de que realice las gestiones oportunas para asegurar el abono de estos salarios, o en su defecto, rescinda el contrato a esta empresa, pues como responsable subsidiario, debe de responder ante estos trabajadores.

¡¡¡Los días 9, 16, 23 y 30 todos a apoyar a nuestros compañeros de Vigilantia!!!

Dudas que nos surgen a los vigilantes de seguridad

2 de diciembre de 2016

la empresa ICTS se perfila como el posible comprador de Grupo Segur

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Grupo Segur acuerda su venta a una multinacional de la seguridad tras entrar en concurso

Grupo Segur ha acordado su venta a una multinacional del sector de la seguridad para responder a sus necesidad de adaptación a las condiciones actuales del mercado, anunció la empresa en una nota.

La empresa asegura que, para materializar la compra, Grupo Segur inicia de forma voluntaria un proceso concursal acelerado que le permite legalmente contar con un plazo de tiempo para ordenar "aquellos aspectos administrativos en los que la empresa debe actuar con total responsabilidad pensando en el futuro a corto y largo plazo". Fuentes del sector indicaron a Europa Press que la empresa ICTS se perfila como el posible comprador de Grupo Segur, cuya filial Segur Ibérica se encuentra inmersa en un ERE para toda la plantilla, formada por unos 4.000 trabajadores. La empresa ha negado que se trate de un ERE extintivo o de cierre.

Segur dice que ya ha trasladado a los representantes de los trabajadores la situación de venta, con el objeto de informarles sobre los aspectos concernientes a este marco de actuación que ahora se inicia. La empresa adquiriente, afirma Segur, es una multinacional europea, de "contrastada fortaleza y solvente, con grandes capacidades tecnológicas, que busca mercados de inversión en España".

Los compradores han valorado positivamente de Grupo Segur su cartera de clientes de alto valor añadido y, con ello, las opciones de negocio que ofrece, con gran proyección empresarial en el mercado español. El grupo añade que, con este anuncio, traslada "firmemente" no solo la continuidad de sus servicios con los clientes, sino también su consolidación con el nuevo escenario.

CÓRDOBA: Heridos médico, celador y vigilante de seguridad por un paciente que quería irse del hospital de Pozoblanco

Un médico, un celador y un vigilante de seguridad del Hospital de Los Pedroches, en Pozoblanco (Córdoba), han resultados heridos este miércoles por un paciente que acudió al servicio de Urgencias y mientras era atendido decidió levantarse e intentar abandonar el centro con la vía puesta.

Según informa el Área Sanitaria Norte de Córdoba, la Dirección Gerencia de dicha área activó anoche su Plan de Prevención de las Agresiones a personal sanitario para atender las necesidades de los tres profesionales que se han visto afectados por "el comportamiento agresivo" de una persona en el servicio de Urgencias del Hospital de Los Pedroches.

En concreto, el suceso tuvo lugar sobre las 23,00 horas, cuando el usuario, al intentar abandonar el centro con la vía puesta, el celador intermedió recibiendo un golpe en la cara; el médico, que también intentó controlar la situación, recibió una patada del agresor; mientras que el vigilante de seguridad que inmediatamente se personó en la consulta, también resultó afectado. En este último caso, el agresor derramó parte del contenido de un bote de alcohol en los ojos del vigilante.

El mismo médico, antes de que se produjera la agresión y viendo el estado del usuario, había alertado a la Policía Local que, minutos después del suceso llegó al centro hospitalario. Allí detuvieron al individuo en cuestión. En la mañana de este jueves, la Guardia Civil se ha personado en el hospital para recabar información, dado que los afectados han interpuesto una denuncia. En este sentido, los profesionales agredidos han necesitado atención médica, aunque presentan heridas leves en el caso del celador y del médico. Y en el caso del vigilante, recibió atención urgente y en estos momentos se está a la espera de conocer la evolución de las lesiones.

Tras el "desagradable" acontecimiento, la Dirección Gerencia del Área ha ofrecido asesoramiento jurídico y psicológico. Por su parte, tanto el director gerente del área, Juan Espinar, como la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María de los Ángeles Luna, condenan este "lamentable e injustificable episodio", al tiempo que muestran su "solidaridad y apoyo" a los profesionales que en el ejercicio de su labor han sufrido un episodio de violencia por parte de un ciudadano.

Los últimos escoltas del PP vasco se reconvertirán en vigilantes de seguridad

Resultado de imagen de en el punto de mira SPVLa principal adjudicataria de Interior pretendía dejar en la calle a los 109 empleados que aún quedan en su plantilla, pero el sindicato CCOO ha logrado parar los despidos. En su lugar se implementará un plan de “reciclaje” que garantizará los puestos de trabajo. Muchos de los guardaespaldas pasarán al sector de Prisiones.

Los 109 escoltas que aún quedan en Euskadi ya pueden dormir tranquilos. Luego de 26 días de negociaciones, el sindicato CCOO ha conseguido que la empresa Ombuds Seguridad (adjudicataria de la mayoría de los contratos del ministerio del Interior para la protección de políticos y empresarios amenazados por ETA) abandone su plan de despidos colectivos. En lugar de perder su trabajo, los empleados formarán parte de un “proceso de reconversión del sector”, mediante el cual se reciclarán como vigilantes de seguridad. 

“Estoy pletórico, y los trabajadores también”. Así se expresaba el responsable de Seguridad Privada de CCOO Euskadi, Arturo Salinas, quien ha estado al frente de las conversaciones junto a los sindicatos UGT y FASE. “Estábamos en el periodo de consultas de un mes que marca la ley para estos casos, y solamente nos quedaban cuatro días para tratar de llegar a un acuerdo. Ya no había mucho margen de maniobra, pero finalmente hemos logrado nuestro objetivo: no se despedirá a ningún escolta”, remarcó. Paradójicamente, este conflicto laboral forma parte del nuevo escenario político que se vive en Euskadi. Cinco años después del cese definitivo de la violencia decretado por ETA, todo indica que la figura del escolta pasará a formar parte del pasado. De hecho, Ombuds Seguridad pretendía deshacerse de sus últimos 109 empleados (en 2011 eran cerca de 3.000) bajo el argumento de que el Ministerio de Interior retirará prácticamente todos los servicios de protección personal a lo largo del próximo año. 

Según explicó Salinas, cerca del 90% de los escoltas que aún está en activo presta funciones para cargos públicos del PP, mientras que el restante 10% tiene asignadas tareas de protección de empresarios vascos que en algún momento fueron amenazados por ETA. “Estimamos que la retirada del servicio será paulatina, de manera que a finales de 2017 sólo habrá escoltas para cinco o seis políticos muy importantes” del PP vasco, señaló el sindicalista. 

A las cárceles Cerrado el capítulo del ERE de extinción, ahora se abre la fase de negociaciones sobre la reconversión del sector. A partir del día 13, los representantes de la plantilla y los empresarios buscarán los mecanismos apropiados para que los 109 empleados pasen a cumplir tareas de vigilantes de seguridad, para lo que recibirán la formación necesaria. 

Además, se deberá garantizar que el cambio de puesto de trabajo no acarreará ningún tipo de caída salarial. “Ombuds Seguridad tiene a día de hoy el servicio de vigilancia de muchas cárceles, por lo que seguramente muchos escoltas pasarán a esa área”, adelantó Salinas. De esa manera, la época de políticos con guardaespaldas quedará definitivamente cerrada.

Imitan al Dioni en Nueva York robando 'al descuido' un cubo de oro de un furgón

La policía de la Gran Manzana está buscando al avispado ladrón con ayuda de las imágenes grabadas por cámaras de vigilancia. El robo recuerda al que cometió El Dioni el 29 de julio de 1989, cuando se fugó con 298 millones de pesetas del furgón blindado que custodiaba.

Dionisio Rodríguez Martín alias El Dioni fue condenado en 1991 a tres años y cuatro meses de cárcel por el robo de 300 millones del furgón blindado que debía proteger. Sólo estuvo 34 meses tras las rejas. El 29 de julio de 1989 se fugó con 298 millones de pesetas (unos 1,79 millones de euros) del furgón blindado que custodiaba como vigilante de la empresa de seguridad Candi. Tras el robo escapó a Brasil, donde vivió a lo grande hasta que fue detenido.

Esta semana, Nueva York ha conocido a su propio Dioni, un individuo que está en búsqueda y captura tras llevarse 'al descuido' un contenedor de virutas de oro. La escena fue grabada por cámaras de seguridad de la Gran Manzana, y lo único que queda claro es la falta de profesionalidad de los vigilantes del furgón de seguridad, ya que el que debía velar por la trasera del vehículo fue a la cabina para recoger su teléfono móvil, dejando sin vigilancia la mercancía.

Tras dejar abierto el vehículo, un transeúnte se percata de que un cubo con virutas de oro ha quedado a la vista y sin dudarlo lo carga y se lo lleva. Se trataba de 39 kilogramos de virutas del preciado metal, con un precio de mercado de 1,6 millones de dólares (1,51 millones de euros). Ahora la policía de Nueva York está buscando al ladrón con ayuda de las imágenes de vigilancia en la que fue captado el robo.

1 de diciembre de 2016

Segur solicita concurso de acreedores tras recibir una oferta firme de compra

El grupo Segur, que recientemente anunció un expediente de regulación de empleo, ha solicitado concurso de acreedores después de recibir una oferta en firme de compra por parte de una competidora, cuyo nombre ha rehusado desvelar por cuestiones de confidencialidad.

Según han explicado hoy a Efe fuentes de la compañía, la solicitud de concurso va acompañada de la oferta de compra, que incluye un plan de viabilidad para Segur, por lo que confían en que el proceso se resuelva en breve espacio de tiempo. "Grupo Segur, como resultado de su necesidad de adaptación a las condiciones actuales del mercado, ha recibido una oferta de adquisición por parte de una multinacional del sector", ha apuntado el grupo de seguridad privada en un comunicado. Según la misma fuente, la empresa adquiriente es una multinacional europea, de contrastada fortaleza y solvente, con grandes capacidades tecnológicas y que busca mercados de inversión en España.

Para hacer su oferta, ha valorado que Segur cuenta con una cartera de clientes de alto valor añadido y con ello, una buena opción de desarrollo de negocio con gran proyección empresarial en el mercado español, añade el comunicado. Según Segur, la compra permitirá no sólo la continuidad de sus servicios, "sino también nuestra consolidación con este nuevo escenario".

La compañía añade que el concurso de acreedores acelerado permite legalmente contar "con un plazo de tiempo para ordenar aquellos aspectos administrativos en los que la empresa debe actuar con total responsabilidad pensando en el futuro a corto y largo plazo". Segur, que emplea a más de 6.000 personas, ha plantado un expediente de regulación de empleo (ERE) que, en principio, afectará a menos del 10 % de la plantilla. EFECOM