Noticias Destacadas SPV Sevilla


27 de agosto de 2014

OVIEDO: La asociación AVISPA alerta de la falta de seguridad y vigilancia de las instalaciones del SEPA

La asociación de vigilantes de seguridad privada Avispa ha denunciado este miércoles públicamente las deficiencias y carencias en materia de seguridad y vigilancia de las instalaciones del Servicios de Emergencias de Asturias (SEPA), situadas en Llanera. Número escaso de guardas para todo el área, así como falta de planificación y de medios tecnológicos adecuados para la custodia de armamento son algunos de los aspectos criticados.

En una nota de prensa señalan que el área "adolece, en todos los sentidos, de las mínimas, y exigibles medidas de seguridad físicas y técnicas, así como una testimonial actividad en cuanto a la protección y vigilancia activa y eficaz, mediante los oportunos recursos humanos, de sus bienes, inmuebles y personas, a pesar de ser el centro neurálgico de referencia ,- el más importante y único -, del sistema de emergencias, de cualquier tipo y naturaleza, en el Principado de Asturias". Entre las "deficiencias constatadas", apunta al "acceso por "personal no autorizado", a las imágenes captadas por el Circuito Cerrado de Video Vigilancia, incumpliendo claramente la Ley de Seguridad Privada, el Reglamento que la desarrolla y la Ley de Protección de Datos. El manejo, captación, visionado y almacenamiento de las imágenes generadas por el C.C.T.V, única y exclusivamente compete a los Vigilantes de Seguridad o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". También recuerda que "desde la unificación de las entidades, 112 y Bomberos de Asturias, en un solo ente, hace ya casi un año, no ha sido presentado ni activado el Plan de Autoprotección conjunto de las referidas instalaciones".

En la actualidad, "un solo Vigilante de Seguridad por turno, tiene que proteger una superficie extensa que corresponde con las siguientes áreas o zonas: Edificios del 112, Bomberos de Asturias; Escuela de Seguridad Pública y Circuito Fernando Alonso", critica la nota. Además, señala que "durante la prestación de su turno de trabajo, tiene que realizar otras funciones diarias, tales como: atención de centralita, rondas perimetrales, apertura de accesos, control en la sala de generadores, control del nivel de combustible, control en sótanos, control de temperaturas instalaciones, control sala de bombas, control sala de calderas, control de los niveles de gasoil, etc".

Avispa denuncia también "la total ausencia de medidas de seguridad, tanto activas como pasivas, y los medios tecnológicos adecuados para garantizar la correcta custodia de las armas reglamentarias depositadas en la Escuela de Seguridad Pública, más de 35 armas ,- modelo Parabellum-, y calibre 9 milímetros, junto con la correspondiente munición. Armas y munición, depositadas en un armero que no reúne las obligatorias medidas de seguridad según la normativa en vigor y que, aunque parezca increíble, dicho armero, no esta conectado a ninguna C.R.A. (CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS), lo que podría suponer el acceso al referido armero por personal ajeno a la propia Escuela de Seguridad Pública o sus responsables autorizados".

FUENTE: europapress.es AQUÍ

SEVILLA: El Ayuntamiento destina más de 36.529 euros para el contrato anual de vigilancia del edificio de la Gavidia

El Ayuntamiento de Sevilla promueve actualmente un procedimiento negociado sin publicidad, dotado con un presupuesto máximo de 36.529 euros que no incluye el IVA, para la contratación del servicio anual de seguridad, control y vigilancia de la antigua comisaría de la Policía Nacional de la plaza de la Concordia, conocida por la plaza homónima que se encuentra muy cerca de este inmueble propiedad ya del Consistorio hispalense.

En concreto, y según la documentación recogida por Europa Press, la Administración local promueve un procedimiento negociado sin publicidad con el mencionado presupuesto, para contratar labores de vigilancia en el citado edificio hasta el 21 de agosto de 2015. Y es que estos días concluye el contrato adjudicado el verano pasado a la sociedad limitada 'Hienipa Seguridad', por 32.511 euros que no incluyen el IVA, para encargarse de este concepto durante un año. Las labores a contratar, nuevamente, son la custodia del edificio a través de "un vigilante de seguridad sin arma diez horas diarias, todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos", así como "dos rondas diarias" con un coche de seguridad que habrá de estar disponible ante cualquier eventualidad y el pertinente "sistema de alarmas".

LA RECALIFICACIÓN DE LA GAVIDIA Como es sabido, el Consistorio hispalense, como dueño del edificio, promueve actualmente una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, al objeto de recalificar la parcela de esta antigua comisaría y que los suelos pasen de su clasificación inicial de Interés Público y Social (SIPS), a parcela para "gran superficie comercial", si bien esta maniobra cuenta con pronunciamientos contrarios por parte de la Administración andaluza. En concreto, la operación cuenta con un informe desfavorable de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico, que considera que esta recalificación implica una "alteración sustancial de la ordenación estructural" dispuesta para el casco histórico por la memoria de ordenación del PGOU.

EL PAPEL DEL COMERCIO El delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Francisco Javier Fernández, señalaba hace meses, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, que "el PGOU fue pensado con idea de pequeños comercios en el casco histórico, no grandes superficies comerciales", defendiendo además que el centro de la ciudad necesita "conservación ambiental, visual" y en materia de movilidad. Esta modificación del planeamiento urbano, además, incluye una recalificación de las dependencias municipales del número 14 de la calle Pajaritos y el mercado del Arenal, para que dejen de estar calificadas como fincas residenciales y pasen a ser inmuebles SIPS.

El Barómetro Socioeconómico elaborado para el ámbito de Sevilla capital por el Centro Andaluz de Prospectiva correspondiente al mes de junio de 2014, por cierto, reflejaba que el 39,4 por ciento de los encuestados aprobueba la recalificación de la finca para su transformación en centro comercial, aunque el 30 por ciento preferiría "otros usos", como el de centro cultural o centro cívico.

Ley Andaluza de Formación Profesional: La Junta endurece los controles en las ayudas para combatir el fraude

La Junta de Andalucía destinará 1.200 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Formación Profesional. El consejo de gobierno, primero tras las vacaciones ha aprobado este martes el anteproyecto de esta nueva norma. Contempla la creación de una red de centros autorizados para impartir la formación. Las entidades que quieran impartir cursos deberán estar inscritos en esta red.

No podrán depender de las subvenciones y éstas se otorgarán por concurso público. Según el consejero de Educación, Luiciano Alonso, esta Ley prohíbe la exoneración, busca la calidad en la formación y cualificación de los andaluces adelantándose a una futura normativa estatal.

La Junta de Andalucía ha aprobado este el anteproyecto de ley de Formación Profesional, con la que intenta evitar que las "empresas dependan de las subvenciones", para lo que creará una red de centros en la que deberán estar inscritas las entidades que quieran impartir formación y recibir subvenciones. Alonso ha explicado que las empresas, los sindicatos, las organizaciones empresariales y cooperativas que quieran impartir cursos de formación profesional sólo podrán hacerlo a través de centros de su titularidad y que estén autorizados. La creación de esta red de centros es el "plato fuerte" de este anteproyecto de ley, que incluye también como novedades la concurrencia competitiva para adjudicar los cursos de formación y la prohibición de exonerar a los beneficiarios de ayudas de justificar las subvenciones para poder recibir más. 

El consejero ha subrayado que el objetivo de la ley es mejorar la cualificación profesional de la población activa andaluza y, aunque la ha desvinculado de los casos de fraude que investiga la policía y la Justicia en las ayudas a la formación para el empleo, ha reconocido que refuerza los mecanismos de control de las acciones formativas. Ha explicado que los centros privados que se incorporen a la red de centros de formación profesional tendrán que tener autonomía financiera suficiente, experiencia previa formativa y contar con un plan de calidad y, sobre todo, que "en ningún momento puedan depender y desarrollar su labor exclusivamente a través de subvenciones". Además, los centros que dejen de funcionar, al menos durante un año, quedarán fuera del sistema. 

La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva y sólo las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación podrán financiarse en régimen de concesiones directas, tal como señala la normativa estatal. Asimismo, el pago de las ayudas quedará siempre condicionado a que las entidades beneficiarias acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no se podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las beneficiarias de subvenciones. También se potencia el Consejo Andaluz de Formación Profesional, donde están representados la Junta, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía, que será el encargado de planificar la oferta formativa. Se elaborará un plan plurianual de innovación, calidad y evaluación que medirá las objetivos a través de la inserción laboral del alumnado. 

Con el fin de establecer una estrecha relación entre la formación profesional y el sistema productivo se elaborará un catálogo de cualificaciones profesionales para incluir las específicas del tejido productivo andaluz que no están en el listado nacional, como las de sector textil, minero y enseñanzas artísticas. 

El consejero ha subrayado que el anteproyecto de ley es innovador y pionero en España y ha avanzado que la memoria económica contempla 1.200 millones para su puesta en marcha, aunque ahora iniciará los trámites hasta su aprobación definitiva en el Parlamento. Ha hecho un llamamiento a los agentes sociales y a toda la sociedad para que participen en la mejora de dicho anteproyecto y ha restado importancia al malestar de los sindicatos con este texto, al perder el privilegio de impartir la formación, como ha ocurrido en la última década en Andalucía.El titular de Educación ha alegado que "no se deja al margen a los agentes sociales, sino que tienen un papel importante en la planificación" de la oferta formativa. 

El anteproyecto regula también la figura de los centros integrados de formación profesional para convertirlos en referencia, de forma que impartirán ofertas para obtener los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad. También se posibilitará a los alumnos de formación profesional básica la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria, que no está contemplado en la LOMCE a pesar de su elevada demanda, según la Junta. La ley introduce también modificaciones en la actividad docente y la principal novedad es que los profesores podrá impartir todas las ofertas formativas conforme a su especialidad y no sólo la FP inicial como hasta ahora.

MÁLAGA: Marbella regulará la instalación de semibarreras de seguridad en urbanizaciones

Los concejales de Urbanismo (izqda.) y de Seguridad Ciudadana (dcha.) en rueda de prensaEl concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Pablo Moro, ha informado este martes de que el Consistorio está impulsando una ordenanza para regular la instalación de semibarreras de seguridad y garitas en las urbanizaciones y comunidades de propietarios del municipio.

El edil, que ha hablado tras la junta de gobierno local, ha indicado que este reglamento "da respuesta a las peticiones de comunidades de propietarios para el cierre parcial de sus urbanizaciones con el objetivo de garantizar la tranquilidad en sus lugares de residencia", y ha precisado que son más frecuentes en los distritos de San Pedro, de Puerto Banús y Nueva Andalucía y de Las Chapas. "Hasta ahora, el reglamento en vigor y la propia normativa del Plan General de Ordenación Urbana imposibilitaba la instalación de estos elementos en la mayor parte de los casos", ha explicado Moro, quien ha subrayado que la nueva ordenanza "trata de conjugar el tránsito público en estos viales con las demandas de los vecinos".

De este modo el edil ha especificado que "se van a poder instalar semibarreras que se levanten al acercamiento de los vehículos y también se permitirá la colocación de una garita para vigilantes de seguridad que sean contratados por la propia comunidad de propietarios". Moro ha precisado que el reglamento está ahora mismo en el periodo de exposición pública y alegaciones tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tras lo cual se procederá a su aprobación definitiva.

Por otra parte, ha señalado que el Consistorio está tramitando en un total de 23 marcos de colaboración con comunidades de propietarios y urbanizaciones. Además, ha recordado que las comunidades que requieran llevar a cabo actuaciones en sus urbanizaciones serán informadas por los técnicos municipales y se les eximirá de abonar las tasas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondientes. Moro ha asegurado que se trata de una herramienta "que está dando muy buenos resultados" y ha especificado que algunas de las comunidades de propietarios que han solicitado este marco de colaboración más recientemente son Los Lagos en Nueva Andalucía, La Torrecilla y el edificio Puerta del Mar.

26 de agosto de 2014

SEVILLA: El personal de seguridad privada sofocan las primeras llamas en el incendio de las dependencias judiciales


El incendio en los juzgados de Sevilla ha afectado a archivos de la sala tres y sótano

Los Bomberos y la policía científica investigan si el fuego, originado en torno a las 14.00 horas de este martes, pudo ser intencionado al tener dos focos

Un incendio producido en los archivos de los juzgados ha obligado a desalojar en torno a las 14.00 horas de este martes el edificio de Prado de San Sebastián donde se ubican los juzgados de instrucción y el decanato. Según han informado fuentes judiciales, al parecer el fuego se ha originado en el archivo del juzgado de instrucción número trece ubicado en la tercera planta del edificio en una máquina impresora. Han sido los vigilantes de seguridad del juzgado los que han sofocado las primeras llamas hasta que han llegado los bomberos, cuyo camión ha permanecido durante un buen rato aparcado en la puerta de las dependencias judiciales.

Sin embargo, mientras apagaban el fuego han comprobado que había otro foco en los archivos del sótano, según ha confirmado el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, que ha estado pendiente de todo lo ocurrido. Según parece tanto la policía científica como los bomberos están investigando si ha podido tratarse de un suceso intencionado al tener dos focos distintos en dos plantas diferentes del edificio, la tercera y el sótano. Ahora el juzgado de guardia ha abierto diligencias previas para determinar la causa exacta del fuego y si se trató de un hecho intencionado como apunta el dato de que hubiera dos focos distintos.

El fuego ha obligado a desalojar el juzgado y entre los magistrados que se han visto obligados a abandonar el edificio estaba la juez de instrucción número seis, Mercedes Alaya que ayer se incorporó tras las vacaciones así como al resto de profesionales que trabajan en las dependencia del Prado de San Sebastián. Los bomberos han sofocado las llamas con extintores de mano y habrían resuelto el siniestro con rapidez y sin mayores complicaciones, toda vez que la Policía Científica se ha hecho cargo de las diligencias relativas a este incendio.

Nuevo procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido

A la vista de que el procedimiento que regía la tramitación y resolución de las reclamaciones al Estado de los salarios de tramitación era demasiado complejo y poco eficaz, (intervenían en él diversos órganos de distinto ámbito territorial que dilataban innecesariamente la tramitación y el cobro de las cantidades reconocidas), se ha dictado el Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, que establece una nueva regulación del procedimiento, adaptada a la normativa actual, que permite la resolución de las reclamaciones y, en su caso, el abono de las cantidades en un tiempo razonable.

Para ello, se modifican tanto el Real Decreto 2725/1998, de 18 de diciembre, como el Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, para atribuir, por un lado, a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno la competencia para instruir y emitir la propuesta de resolución de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación, y, por el otro, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la competencia para resolver y, en su caso, efectuar el correspondiente pago derivado de tales reclamaciones.

Por lo que se refiere al procedimiento en sí, estarán legitimados para presentar la reclamación, tanto el empresario que, habiendo readmitido al trabajador despedido con carácter improcedente, haya pagado los salarios de tramitación, como el propio trabajador despedido, en caso de insolvencia provisional del empresario. La reclamación podrá presentarse en cualquier registro administrativo o mediante el registro electrónico en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia y deberá ir acompañada de:

 - Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial por la que se determine la readmisión del trabajador, o comparecencia al efecto.

 - Certificación expedida por la Secretaría del órgano jurisdiccional o Tribunal Superior de Justicia correspondiente, haciendo constar la cronología del procedimiento ante el mismo a efectos del cómputo del tiempo que exceda de los noventa días hábiles.

 - Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios que se reclamen, así como certificación original de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a las cuotas ingresadas respecto del trabajador despedido referida al periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la notificación de la sentencia.

 - Informe de vida laboral del trabajador. En caso de haber prestado servicios para otra empresa en el período de responsabilidad estatal, deberá aportarse documentación acreditativa de los salarios percibidos durante ese período.

 - En caso de que quien reclame sea el trabajador de una empresa declarada insolvente, copia testimoniada del auto de insolvencia provisional del empresario, con expresión de la fecha de su firmeza.

 - Si el trabajador reclamante lo fuera de una empresa en concurso de acreedores, deberá presentar certificado del administrador concursal en el que éste manifieste tener conocimiento de la reclamación formulada por parte del trabajador, y que éste no ha cobrado cantidad alguna a cargo de la masa del concurso.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno emitirá propuesta de resolución dentro de los quince días siguientes. La propuesta de resolución, junto con la documentación exigida será remitida a la mayor brevedad posible a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, notificará la resolución que proceda en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta, resolución que pone fin a la vía administrativa, si bien, podrá el interesado demandar ante el órgano jurisdiccional que conoció en la instancia del proceso de despido. Transcurrido el plazo previsto sin que se haya notificado la correspondiente resolución, ésta podrá entenderse desestimada.

Los expedientes que estén aún pendientes de resolución definitiva a la entrada en vigor del Real Decreto se regularán conforme a lo dispuesto en esta norma, si bien, en aquellos supuestos en que el despido se produjera antes del 12 de febrero de 2012, procederá el reconocimiento de salarios de tramitación tanto en los casos de readmisión como en los que se opte por abonar una indemnización en los supuestos de despido improcedente.

La seguridad de ADIF ante el juzgado

(José Luis Heras Celemín) ADIF es un nombre de origen hebreo que significa “el preferido”. También es el acrónimo que corresponde al Administrador De Infraestructuras Ferroviarias, una empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que tiene como objetivos la construcción de líneas de ferrocarril en España y la gestión de su explotación.

Adif, que en 2012 tenía 13.224 trabajadores y es propietaria de la mayoría de las líneas de ferrocarril españolas, administra 13.945 kilómetros de vías de ferrocarril y tiene a su cargo el control de 1.566 estaciones. Su misión fundamental es enlazar por ferrocarril las estaciones que pueblan nuestros territorios, “Y hacerlo de forma segura”, manteniendo en perfecto estado vías, catenarias, sistemas de señalización, centros de control de la circulación y, por supuesto, las estaciones. 

“Y hacerlo de forma segura”. El entrecomillado, que nace de la información que facilita ADIF, es lo que preocupa a usuarios, gestores y políticos. A todos interesa la seguridad en las vías y estaciones de ferrocarril por las que transitan ingentes cantidades de mercancías y, lo que es más importante, millones de viajeros. Esta seguridad es la que se cita en la querella criminal que la Asociación para la defensa del Patrimonio Común y lucha contra la Corrupción (ASPACOM) ha puesto contra cinco responsables de la empresa de seguridad privada SEGUR IBÉRICA S.A., que se ocupa de la vigilancia y seguridad en la Estación de Sants de Barcelona. 

A los querellados (Enric Cabezuelo Pey, José Luis Novales Cadierno, Eduardo Gutiérrez Bueno, Miguel Carlos Luengo Vidal y Juan Manuel González Herrero) la querellante les atribuye la comisión de presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, que dice conocer a través de los contratos de Seguridad y Vigilancia de la Biblioteca de Catalunya, por haber “tenido acceso circunstancial a información referida a los servicios de seguridad de Segur Ibérica SA a ADIF en Barcelona”.  ASPACOM cifra el fraude en 451.709,20 euros. Pero más importante que la cantidad defraudada es lo que se ha podido poner en peligro: La seguridad, que ha sufrido lo que en la querella se define como servicios no hechos según contrato y con una calidad dudosa.  La querella, que por turno de reparto llegó el 19 de diciembre pasado al juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, fue admitida a trámite por auto de la magistrada-juez doña María Pilar Rovira del Canto, de 28 de febrero de 2014, dando lugar al Procedimiento Diligencias Previas 533/2014 Sección A. 

Al comienzo del procedimiento, en el mismo auto de 28 de febrero, se advierten dos hechos: En el apartado Segundo de los “Fundamentos jurídicos”, recogiendo lo aportado en el escrito de querella que sirve de base para que sea admitida, la magistrada cita “…un principio de prueba documental que pone de manifiesto la inclusión de datos ficticios (horas, vigilantes…) en los cuadrantes de servicios presentados para la facturación de ADIF”. Mas adelante, en la Parte Dispositiva, ordena “Hágase ofrecimiento de acciones a la Entidad Pública de ADIF, como perjudicada, librando a tal efecto exhorto a Madrid”. Con ello, además de iniciar el proceso, se abre una vía para conocer la seguridad que existe en la Estación de Sants de Barcelona; y se da la oportunidad de que ADIF tome la iniciativa para recuperar posibles pérdidas, evitar fraudes y mejorar la seguridad que debe a los usuarios del ferrocarril. 

En la querella existe información que determina el fraude y pone de relieve las deficiencias que ha tenido la seguridad: Se cita una facturación de horas no realizadas según detalle de facturas y condiciones de contratos (contratos 2.7/2000.0619/0-00800 E01 y 2.7/2000.0619/0-00800 E02 LOTE NE2). Se aportan resúmenes mensuales en los que se han aumentando las horas trabajadas. E incluso se explican las tres formas usadas para cometer el fraude: Facturar más horas que las que había en el resumen mensual (enero, febrero y agosto de 2009) por importe de 506,60 €. Facturar horas no realizadas (enero de 2009 a octubre de 2010) por importe de 144.720,30 €. Y facturar horas hechas por personal no habilitado (enero a septiembre de 2009 y enero a octubre de 2010) por importe de 306.482,30 €. También se revela dónde se han prestado los servicios con los nombres usados en los partes de trabajo (SANT, FRANCIA, GRACIA), los servicios prestados en cada lugar (SANTS: V3, SCANER, SCANER LAV), e incluso existe una información que, en medio del embrollo, produce una cierta tranquilidad: Se especifica cuáles son los VS (Vigilante sin Arma) y los VA (Vigilante Armado); y se comprueba que no se han detectado irregularidades entre los vigilantes armados. 

Pero para tener una visión de lo que, según la querella, ocurría en los Servicios de Seguridad y Vigilancia que SEGUR IBÉRICA S.A. prestaba en la Estación de Sants, más que los datos económicos, es reveladora la declaración de una de las personas que trabajaron allí. Ésta es la que hace que cunda la alarma y pone en cuestión, además de la capacidad y formación de los encargados de procurar la seguridad de todos, el control que sobre ellos tienen la empresa de seguridad privada a la que pertenecen, ADIF que paga el trabajo, y las autoridades. La declaración corresponde a don David Pérez Rubio, que dice haber trabajado en la Estación de Sants como vigilante de Seguridad, que manifiesta haber sido agredido en el servicio, y que refiere que, tras la atención de los Mossos de Esquadra, se instruyeron Diligencias Previas en el Juzgado número 2 de Barcelona por la agresión. 

Lo preocupante, lo que hace saltar todas las alarmas y pone en cuestión la seguridad en la Estación de Sants en Barcelona, no es que un vigilante haya sido agredido, que una empresa privada no cumpla sus contratos como debe, que los Mossos de Esquadra no se enteren de quienes violan contratos a su alrededor, o que se oculte al juzgado la realidad laboral de un agredido. Lo realmente alarmante, y muy peligroso por lo que implica su testimonio, es que esa misma persona, a la que se ha tomado como vigilante de seguridad, declare que aunque estaba realizando misiones de seguridad, no estaba habilitado por el Ministerio del Interior para ejercer esa labor y que no había recibido formación para velar por la seguridad de viajeros y transeúntes. 

El caso confeso no ha sido un hecho aislado y existen otras declaraciones (del ex apoderado de la empresa de seguridad J. Albuixech Riera y del delegado sindical del sindicato ATES CATALUNYA J. M. Mayo Aragundez) que confirman lo que en la querella se presenta como práctica habitual. Eso, que es la Seguridad de ADIF y que atañe a la seguridad de todos, es lo que está en un proceso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona. De momento, son datos que sirven para considerar delitos objeto de querella, pero parece lógico que sirvan para algo más: Para que la seguridad en la Estación de Sants sea óptima. Para que ADIF y el Ministerio de Fomento vigilen que los Servicios de Seguridad y Vigilancia en las estaciones de ferrocarril sean conforme a lo contratado y legislado. Para que las autoridades se esmeren en el control. Y para que se logre que los caudales públicos destinados a seguridad sean respetados por los empresarios y políticos que los manejan.

Alaya: UGT y CCOO cobraron 7 millones sin prestar "ningún servicio"

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.

Dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, afirma que las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos "con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva".

Los sindicatos, mantiene Alaya, "no prestaban ningún servicio efectivo" a los mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros. Los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban, según la exposición razonada, "a revisar los cálculos actuariales" realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran.

Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A. La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima del seguro, "porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora". Según un informe de la Agencia Tributaria, "existen datos suficientes para concluir que el pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo", dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo.

Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría cobrado de Vitalia 177.820 euros, mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, habría recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter. La Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz cobró en 2003 de Vitalia 16.668 euros y la Federación de Industria de CCOO otros 115.074 euros, mientras que una entidad denominada Prevenrisk, perteneciente a Vitalia, declaro en 2001 pagos a una de las federaciones de CCOO por valor de 27.886 euros, afirma la exposición razonada. Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como consejero de Empleo (2004-2010) "y la imprescindible colaboración de la Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán" (2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación.

En esta época, según datos de la Agencia Tributaria, "resultan pagos declarados a dichas organizaciones sindicales, que habían emitido sus correspondientes facturas a las mediadoras por servicios de asesoramiento que no habrían tenido lugar", asegura Alaya. Así, Temiqui recibió en este periodo 316.831 euros de Vitalia y Uniter, mientras que ITG percibió entre 2006 y 2008 un total de 178.673 euros, aunque el escrito de Alaya añade que "un examen de las cuentas bancarias de Uniter pondría de manifiesto que entre 2007 y 2011 habría pagado a ITG un total de 1.041.970 euros".

A la Federación Agroalimentaria de UGT le constan entre 2004 y 2010 un total de 425.170 euros en ingresos, la Federación de Industria de CCOO declaró entre 2004 y 2010 unos ingresos de 436.551 euros y a Atlantis Asesores, vinculada a CCOO, le constan unos ingresos totales de 972.611 euros por parte de Uniter o empresas de su grupo, mientras que FGT Asesores de Recursos Humanos, perteneciente a CCOO, declaró unos ingresos de 518.006 euros de empresas del grupo Vitalia. En su exposición al Supremo, Alaya afirma que "el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo" de la Junta debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones "sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico".

25 de agosto de 2014

JEREZ: Vigilante de seguridad da protección a un joven perseguido por otro chico para robarle sus pertenencias


Detenido un joven tras asaltar a un menor con una navaja y un perro de presa

La victima emprendió la carrera perseguido por el imputado hasta refugiarse en un supermercado donde el vigilante de seguridad le ofreció protección y alerto al 091

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía integrantes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Jerez procedieron a primera hora de la tarde del pasado miércoles 20 de agosto en el distrito oeste de la ciudad a la detención de un joven menor de edad que portaba un perro de presa y que presuntamente amenazó y persiguió con un arma blanca tipo navaja a otro chico igualmente menor de edad con la intención de robarle sus pertenencias así como de apropiarse de las zapatillas de deporte que calzaba la víctima.

Según el relato de los hechos, el joven agredido consiguió huir a la carrera mientras era perseguido por el agresor hasta conseguir refugiarse en un supermercado del barrio donde pidió ayuda al vigilante de seguridad de la superficie comercial quién le ofreció protección y llamó inmediatamente al 091 para poner los hechos en conocimiento de la policía. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente dos radio-patrullas cuyos integrantes se entrevistaron con el vigilante de seguridad y con el joven asegurándose de que se encontraba bien físicamente aunque todavía en un estado agitado de nerviosismo, pero que pudo relatar a los agentes cómo habían ocurrido los hechos así como la descripción del presunto agresor. El vigilante de seguridad por su parte pudo indicar a los policías la dirección de huida que había tomado el presunto autor. Los agentes comenzaron en esos momentos una búsqueda del sospechoso por el distrito oeste de la ciudad a la que se unieron con un coche camuflado los integrantes del Grupo de Reclamados que en esos momentos se encontraban por las inmediaciones.

Minutos después los policías localizaban al arrestado en las inmediaciones de la barriada de La Plata portando un perro de raza pitbull, mientras varios agentes se ocupaban del can otro policía procedió a realizar un cacheo al joven encontrando entre sus ropas una navajaque coincidía plenamente con la descrita por la víctima. Por este hecho, junto con otros indicios recabados en el lugar, los agentes procedieron a la detención del menor como presunto responsable de un delito de robo con violencia siendo trasladado inmediatamente hasta las dependencias de la Comisaría de Policía de Jerez donde los hechos fueron puestos en conocimiento del Fiscal de Menores de la ciudad. El perro que portaba el detenido fue requisado mediante acta de intervención y entregado a su propietario quién se trataba de una tercera persona ajena a lo ocurrido.

HUELVA: Provoca incendios en supermercados para distraer a la seguridad y poder huir sin abonar la compra


La acusada prendía fuego para distraer al vigilante de seguridad y huír con el carrito lleno

Funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva han detenido a C.B.S., de 51 años, con antecedentes policiales, por supuestamente provocar hasta dos incendios en el interior de supermercados, del que se marchaba sin abonar el carro de la compra.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en el transcurso de una semana en dos distintos supermercados de la misma cadena de la capital. De este modo, han indicado que el objetivo era distraer al vigilante de seguridad y cajeras del establecimiento para crear la confusión «y, así, poder salir sin abonar la abundante compra».

Según el relato policial, el incendio era provocado por la autora de los hurtos. Uno de ellos, en el pasillo interior del recinto, con el peligro que podía suponer para las personas que se encontraban allí, tanto clientes como personal. Ante esto, se generaba pánico durante unos minutos y así, acudía el vigilante de seguridad y demás personal. Las llamas alcanzaron más de un metro y medio. Por su parte, los agentes, en la inspección realizada, encontraron pastillas ignifugas que aceleraban el incendio.

Los daños ascienden en uno de los supermercados a 600 euros y en el otro a 1.500 euros. Además, un establecimiento tuvo que permanecer cerrado al público durante dos horas. En el primero de los casos, la mujer pudo abandonar el local con el carro lleno, pero en el segundo, pese a ser más espectacular, no consiguió su propósito, pero salió huyendo. Así las cosas, los agentes especializados, y tras numerosas pesquisas, consiguieron identificar a la presunta autora y su posterior detención. La detenida, junto con el atestado instruido, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial.