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17 de agosto de 2017

Efecto Prat: Los vigilantes de seguridad deben aprender a defenderse y a trabajar en equipo.

Los vigilantes de seguridad deben aprender a defenderse y a trabajar en equipo.

La escasa unidad es el problema fundamental del sector

De todos los sectores del mundo del trabajo hay uno que cuenta con el grado más bajo de unidad entre sus miembros. La total ausencia de conciencia de clase ha convertido al gremio de la seguridad privada en el sector con el grado de vulnerabilidad más alto. Tanto es así que eso ha permitido una infinidad de abusos por parte del tejido empresarial y del público. 

Los miembros de este sector suelen culpar a las empresas y clientes de las malas praxis y de la deriva actual hacia empresas Low Cost e intrusistas; pero en realidad esta coyuntura también se debe a la escasa capacidad de acción en la lucha de sus intereses de los mimos profesionales. Los vigilantes de seguridad no saben defenderse y no luchan por sus derechos; cargan desde hace décadas con falsos estereotipos vinculados a la violencia y no saben como decir a la sociedad que en realidad son víctimas del sistema: de empresas que los explotan y de clientes que los acosan y obligan a hacer funciones que no son propias a las de su profesión. No obstante, por primera vez en mucho tiempo el colectivo de vigilantes de seguridad se ha dado en huelga.

Es tan llamativo este acontecimiento que por fin la sociedad no solo ha descubierto que existían como profesionales, sino que además han averiguado que tenían problemas similares a los demás trabajadores. Podría decirse que gracias a los vigilantes de El Prat la sociedad en general habla de los problemas de la seguridad privada. Por otro lado también es la primera vez que los mismos vigilantes han averiguado que pueden unirse y así defenderse; han observado además que la unidad produce resultados palpables ya que a su cargo tienen recursos muy poderosos: el control de infraestructuras críticas, de zonas de confluencia, de sectores energéticos y económicos. Tanto es así que se ha catalogado los sucedido en el Prat como un problema de seguridad nacional en el que están interviniendo los entes públicos más importantes.

Pero lo mejor de todo es que se ha producido el efecto Prat: otros aeropuertos, metros y universidades, también han convocado huelgas. Hasta se habla de una huelga general. Ante estos hechos solo cabe desear que el efecto Prat se propague, que haga más ruido y que de una vez los vigilantes habilitados aprendan a unirse y a defenderse. Sería la situación ideal para este sector tan perjudicado desde hace décadas por la tiranía empresarial.

Trabajadora de Eulen: "La Guardia Civil tiene las órdenes de presionar a los compañeros"



"La Guardia Civil está ocupando nuestros puestos", denuncia una de las trabajadores de Eulen que está en huelga en el aeropuerto de El Prat, que afirma que los empleados están siendo presionados por los agentes y trabajando el doble de lo que deberían.

Los sindicatos preparan ya un «otoño caliente»

A la oleada de protestas en los aeropuertos se sumarán los taxistas, el personal del AVE y manifestaciones para reclamar pensiones más altas

La paz social que ha acompañado los años de crisis y de la recuperación económica parecen llegar a su fin en España. La huelga indefinida de los vigilantes de seguridad en El Prat y el anuncio de un rosario paros indefinidos por parte de los sindicatos de AENA y la posible extensión de las protestas en los servicios de seguridad privada a otros aeropuertos no son casos aislados. El conflicto del personal de a bordo de los trenes de alta velocidad, la falta de acuerdo en los convenios, la exigencia sindical de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y nuevos episodios del pulso que mantienen los taxistas y su enfrentamiento con las nuevas plataformas digitales, aparte de la continuidad de las protestas por parte de los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), hacen presagiar momentos de tensión en las calles a la vuelta del verano. La oleada de conflictos ya tiene una hoja de ruta marcada en un otoño caliente en las principales ciudades de nuestro país.

El nexo que une a prácticamente todas las protestas son mayores subidas salariales, salvo los taxistas que piden las mismas reglas de juego. La subida salarial media pactada en los convenios hasta julio es del 1,33% y los precios ya están situados en el 1,5%, lo que ya indica una pérdida de poder adquisitivo. La falta de un acuerdo entre los agentes sociales para recomendar incrementos conjuntos de sueldos en los convenios, como ha ocurrido en los últimos años, no facilitará la paz social en las empresas. «O hay pacto de salarios o la negociación colectiva será un calvario para los empresarios», aseguró el exsecretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, en una de sus últimas declaraciones antes de pasar el testigo a Unai Sordo.

El primero de los frentes ya comenzó a preparase desde principios de año y está relacionado con las pensiones y la subida aplicada desde 2014, del 0,25%, el menor incremento previsto en la ley para un periodo de crisis de la Seguridad Social como el actual. El pasado julio UGT aplazó hasta finales de septiembre marchas en varias ciudades de España en defensa de las pensiones presentes y futuras, que concluirán en una gran concentración en Madrid, para exigir al Gobierno la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 y una batería de medidas que garanticen el poder adquisitivo a los pensionistas.

Sin acuerdo en los convenios Los sindicatos CC.OO. y UGT han dado por rotas las negociaciones después de conocer la última propuesta de las patronales CEOE y Cepyme. CC.OO. y UGT reclamaban en esta negociación un incremento de los salarios de entre el 1,8 y el 3% y una cláusula de revisión que garantizara el mantenimiento del poder adquisitivo. Por el contrario, la última propuesta de la CEOE pasaba por una subida salarial de entre el 1,2% y el 2%, más medio punto adicional en función de las circunstancias de cada sector, sin cláusula de revisión salarial. Tras el desencuentro y el resultado fallido de las conversaciones para alcanzar el pacto salarial, los sindicatos han advertido de que la negociación colectiva se enfrenta a un «otoño difícil». «Los sindicatos sabremos afrontarla con decisión y solvencia y, si fuera necesario, estudiaremos la convocatoria de una amplia campaña de información y movilización en defensa del salario, también del poder adquisitivo perdido ante el no acuerdo de 2017, el empleo de calidad y la protección social», concluyen.

El pulso del sector del taxi Las protestas del sector del taxi contra el avance de las licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor, con las que operan Uber y Cabify) han sido constantes este verano. El gremio denuncia que, pese a que la regulación vigente marca que debe haber una de estas licencias por cada treinta del taxi, en algunas ciudades esta proporción está distorsionada. En Madrid, por ejemplo, la relación está próxima a una VTC por cada siete taxis. Y es que si bien las comunidades ya no otorgan estas autorizaciones, un vacío legal ha permitido una proliferación de concesiones VTC procedentes de los tribunales. Según fuentes del sector, se espera que durante los próximos meses lleguen unas 15.000 licencias más a las calles. El conflicto parece asegurado.

El conflicto, que en algunas ciudades ha ocasionado episodios violentos, está por tanto lejos de resolverse. Fomento anunció hace dos meses que tiene previsto modificar la legislación y bloquear la reventa de estas concesiones durante dos años para evitar su especulación. Esta medida, sin embargo, no evitó que un sector del taxi volviera a manifestarse en Madrid y Barcelona durante el pasado mes de julio. Mientras tanto, continúan las movilizaciones en Málaga, donde se han registrado varios incidentes violentos, como la agresión a varios conductores y al propio presidente de la patronal de los vehículos VTC, Unauto. Los taxistas decidieron mantener ayer en asamblea la huelga indefinida.

Conflicto en los aeropuertos El conflicto de los trabajadores de seguridad privada de El Prat, de la empresa Eulen, amenaza con extenderse a otros aeropuertos. Sofocada la crisis en el aeropuerto barcelonés, gracias al refuerzo del servicio de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, diversos colectivos de seguridad ya han anunciado movilizaciones en términos parecidos. Así, el sindicato UGT ha convocado paros parciales en los aeropuertos de La Coruña (Eulen) y Santiago de Compostela (Prosegur) a partir del 20 de agosto. Ayer, asimismo, los representantes de los trabajadores de Prosegur en los aeropuertos de Valencia y Alicante han amenazado con ir a huelga si el Ejecutivo no adopta un «modelo único de contratación» del servicio de seguridad que garantice que «se respeta el convenio colectivo estatal». Del mismo modo, los trabajadores de Eulen en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajascelebrarán hoy un comité para debatir qué medidas adoptarán para solidarizarse con los trabajadores de El Prat. En el «hub» madrileño, Eulen presta únicamente servicios en las labores de facturación y vigilancia. Por tanto, no se verían afectados los filtros de seguridad, que gestiona Prosegur.

Igualmente alarmante es la amenaza de paros por parte de los trabajadores de AENA y Enaire (sociedad pública que controla el 51% de AENA). CC.OO., UGT y USO registrarán hoy ante la Comisión de Interpretación, Conciliación y Arbitraje (CIVCA) la convocatoria de 25 días de huelga a partir del 15 de septiembre y hasta el 30 de diciembre en todos los aeropuertos. El próximo día 31 de agosto resultará clave, ya que las organizaciones sindicales mantendrán una reunión con el secretario de Estado de Infraestructruras, Julio Gómez-Pomar, para tratar de desbloquear la situación.

Servicios de a bordo de AVE Uno de los conflictos ya más largos de este 2017 es el que atañe a los servicios a bordo de los trenes AVE y larga distancia de Renfe, contratados a Ferrovial, aunque ha ido perdiendo fuelle en las últimas semanas. La última convocatoria de paros, desde el pasado 11 de agosto hasta ayer, fue protagonizada por los sindicatos minoritarios CGT y USO. La repercusión, según la compañía titular de la concesión, fue «escasa». Pero no se descarta que haya nuevas movilizaciones en los próximos meses, en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.

El arbitraje puede tardar hasta un año en resolver el conflicto de El Prat

El impulso del Gobierno a un laudo de arbitraje obligatorio no significa que el conflicto entre los trabajadores de Eulen y la empresa de seguridad en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat se resuelva en breve. De hecho, los antecedentes demuestran que el proceso se puede alargar un año o más. Es el caso del enfrentamiento entre Iberia y sus pilotos en 2011, que se inició con huelgas en diciembre de aquel año y al que le siguieron dos laudos, uno en abril de 2012 y otro de diciembre, que para más inri fueron anulados posteriormente por la Justicia.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó el lunes que "no hay un plazo concreto" de arbitraje y propuesta de laudo, pero que se hará con la mayor celeridad posible. Por contra, desde el comité de huelga de los trabajadores de Eulen tildaron de "ilegal" el laudo arbitral porque la seguridad del aeropuerto "no está en peligro" y se están cumpliendo los servicios mínimos de la huelga indefinida iniciada el lunes, fijados en el 90% del servicio de los controles de acceso a las instalaciones aeroportuarias de la capital catalana. En declaraciones a RNE, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, expuso que los trabajadores siempre están dispuestos a sentarse a negociar, pero reprochó al Gobierno que "ordene" en vez de "sentarse a hablar; que es lo que hay que hacer y no imponer". "El Gobierno utiliza las leyes como quiere cuando quiere. En este caso se demostrará que el laudo es ilegal y se lo tumbarán judicialmente", advirtió.

Normalidad en los accesos El segundo día de huelga de 24 horas en El Prat se desarrolló con normalidad, igual que el primero, de forma que el tiempo máximo de espera para pasar el control de seguridad fue de 20 minutos. El cambio respecto a los paros parciales anteriores es una mayor presencia de la Guardia Civil, lo que no ha sentado bien a los huelguistas. Giménez reprochó : "La Guardia Civil está encima de cualquier movimiento que los trabajadores hagan y tienen una presión añadida a la que ya tenían porque la Guardia Civil están encima de su trabajo constantemente". Habló de un nivel de tensión "increíble" y reivindicó que "la única manera de solucionar un problema es sentándose porque no van a tener a la Guardia Civil toda la vida detrás de los vigilantes". El ministro de Fomento defendió al cuerpo policial y aseguró que "no ha habido ningún problema con los trabajadores ni lo habrá".

Cumplimiento obligatorio Al margen de las posibles demandas judiciales contra el laudo de arbitraje obligatorio que quiere impulsar el Gobierno hoy en Consejo de Ministros extraordinario, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para la resolución de conflictos incide en que, como su nombre indica, es "absolutamente obligatorio" cumplir con el laudo arbitral que derive del arbitraje interpuesto por el Gobierno. En declaraciones a Europa Press Televisión, la directora del SIMA, Beatriz Losada, explicó que, en el caso del laudo obligatorio que derive de una autoridad externa -un árbitro independiente designado por el Gobierno en el caso de que no haya acuerdo por las partes-, es "igualmente obligatorio, absolutamente obligatorio, y las partes deben someterse a él".

Desde el SIMA añadieron que tanto la representación legal de los trabajadores como la de las empresas "deben respetar el contenido del laudo" y que si éste se incumple, por ejemplo, sin dar por finalizada la huelga, "será ilegal y tendrá otras consecuencias". El decreto de 1977 y revisado por el Tribunal Constitucional en 1981 que regula este tipo de arbitraje obligatorio dice que el Gobierno podrá imponer un arbitraje obligatorio por la duración o consecuencias de una huelga debido a la posición de las partes o la transcendencia para la economía nacional.

16 de agosto de 2017

Convenio digno o huelga general de Vigilantes de Seguridad


Apoya la campaña firmando tu apoyo en "change.org"

Los Vigilantes de Seguridad se han convertido en la primera línea de la protección ciudadana en sectores críticos como el transporte, hospitales, la seguridad de edificios e infraestructuras de la administración pública, que van desde las oficinas de empleo a los juzgados, o incluso la protección de buques españoles en aguas internacionales, además de los servicios de naturaleza privada como seguridad en centros comerciales, bancos, urbanizaciones, accesos a centros de trabajo y un infinito etcétera.

Todas y todos sin importar nuestra profesión o forma de vida, tendremos interacción con estos profesionales en algún momento e incluso podríamos necesitar su ayuda ya que están preparados para evitar una agresión, ejecutar protocolos de evacuación o aplicar primeros auxilios mientras acuden los servicios públicos, por citar algunos ejemplos.

Lamentablemente una red de empresas beneficiadas por la permisividad de los departamentos de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía responsables de supervisar sus actividades, una legislación que sólo atiende al interés empresarial, una administración pública que sólo valora factores económicos para contratar empresas de seguridad y la pasividad de los sindicatos mayoritarios, han secuestrado un sector provocando que los Vigilantes realicen su trabajo en condiciones precarias, viviendo situaciones personales dramáticas debido a la pérdida de poder adquisitivo, cercano al 30%, que convenio tras convenio se ha visto mermado, especialmente tras las últimas reformas laborales.

Todo esto repercute en todos nosotros, en nuestra seguridad y la de nuestro entorno. Debemos exigir un convenio digno para las trabajadoras y trabajadores que velan cada día por nuestra integridad.

Así es Eulen, la polémica empresa que sobrevivió a su propia guerra familiar

Con 86.206 empleados y más de 1.500 millones en facturación, la sucesión enfrentó a padre e hijos

David Álvarez y sus siete hijos. Maria José, ahora al frente de la compañía, la primera por la izquierda en la fila inferior

Eulen, la empresa que emplea a los 360 trabajadores de los controles de seguridad del Aeropuerto de Barcelona que están en huelga, está en el centro de todos los focos. Junto a los empleados, son las dos partes que deberán solucionar el conflicto para que los pasajeros no acaben pagando las desavenencias. Según el portal web de la empresa, emplea a 86.206 empleados a nivel mundial, 47.538 en España, el 55%. Desde 2004 ha ganado 35.000 empleados. “Somos la primera empresa española en inserción de personas con discapacidad”, saca pecho. Se presenta como una empresa que apuesta por la formación de sus empleados, por la conciliación de su vida laboral y familiar y por la integración de inmigrantes y discapacitados.

De limpieza a telemárketing Además de en seguridad trabaja en limpieza, mantenimiento, consultoría, jardinería, servicios logísticos o telemárketing. Especializada en externalizaciones, con sus operaciones toca sectores como el sanitario, el farmacéutico, la banca, el energético, el transporte o el comercio. Toda una multiservicios. Según la empresa, al externalizar servicios, como en El Prat, se da un “ahorro de costes y mejora de la calidad de sus servicios”. Eulen Seguridad, la concesionaria de la seguridad de El Prat y otra veintena de aeropuertos españoles, surgió en 1974. Se autodefine como “decana de la seguridad privada en España, especialista en vigilancia y protección y que ocupa uno de los primeros puestos en el ranking del sector”. “La formación y la selección son dos aspectos en los que EULEN Seguridad incide especialmente con el objetivo de tener en su plantilla los mejores profesionales”, se sigue. Este punto es fuertemente cuestionado por los huelguistas, que afirman que los nuevos empleados no tienen la formación adecuada.

Un grupo mundial En general, Eulen cuenta con presencia en Chile, con más de 10.000 empleados, México, Perú, Estados Unidos, Colombia, Portugal, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Jamaica y en diversos países árabes. Una red que le permite facturar 1.500 millones de euros a nivel mundial. Una actividad rodeada de polémicas y diversas protestas de los trabajadores, que se quejan de unas retribuciones bajas y de que la empresa se hace con contratos a precios de derribo y siempre perjudicando al asalariado.

La guerra familiar de Eulen Eulen fue fundada por el empresario leonés David Álvarez Díez. Tiene su origen en Central de Limpiezas El Sol, constituida en 1962. La firma fue creciendo y expandiéndose año tras año. Álvarez también fundó El Enebro, sociedad patrimonial con la que controlaba Vega Sicilia. Su muerte, en 2015, avivó la guerra familiar por la sucesión del grupo. Padre de siete hijos, cinco de ellos –Marta, Elvira, Juan Carlos, Emilio y Pablo- ya se enfrentaban desde 2009 por la toma del control mientras vivía, después de que se casara con su secretaria, casi cuarenta años menor. Intentaron sacarlo del mando de Eulen haciendo uso de sus acciones y votos en los organismos de control, algo que resultó infructífero.

Álvarez maniobró para evitar una guerra familiar y constituyó junto a su hija María José –que lo apoyaba junto a su otro hijo Jesús- una sociedad para controlar el 60% de la compañía y así frenar a los demás vástagos. Finalmente, María José quedó al frente del grupo, tal y como se recogía en el testamento. Un albacea se encargó de que se cumpliera la voluntad. La empresa ha sido investigada en Galicia por el posible trato de favor en contratos de la Xunta de Galicía, con Alberto Núñez Feijóo al frente. Micaela Núñez Feijóo, su hermana, era apoderada de diversas empresas del grupo.

El Prat libra la batalla por el futuro de la seguridad privada

El sector negocia el nuevo convenio colectivo y los sindicatos utilizar el aeropuerto catalán para exponer las malas condiciones que sufren

Las colas ya forman parte del paisaje habitual del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Largas hileras de turistas son el día a día del aeródromo, que ahora sufre las aglomeraciones en los filtros de seguridad. 

Una huelga del personal subcontratado por Eulen ha desatado el enésimo caos veraniego en la instalación mientras lanza un mensaje a la patronal del sector en plenas negociaciones del convenio colectivo. Si las condiciones laborales de la plantilla ya eran ajustadas, la nueva licitación de Aena tensó todavía más la cuerda. El contrato se publicó en junio a la baja por 23,1 millones de euros y ya en agosto comenzaron las protestas tras el adiós de Prosegur.Las reclamaciones veraniegas del personal acabaron en enero en el Tribunal Laboral pero la nueva adjudicataria tomaba el silencio por respuesta, explican fuentes sindicales a Economía Digital.

Las denuncias se agolpaban sobre la mesa de la subcontrata, tanto desde el aeropuerto como de otras concesiones. El sindicato Prou, con sólo dos miembros en un comité de empresa de 21 personas pero con fuerte arraigo en El Prat, decidió vehicular el descontento. Actuó por libre y convocó varias jornadas de huelga parcial en la instalación catalana. Con la declaración se abrieron las primeras fisuras dentro de un comité de empresa liderado por ADN Sindical y el Sindicato Profesional Seguridad Privada (SPS). Las grandes asociaciones preferían afrontar la protesta de manera estatal, aunque se ha posicionado junto a la entidad minoritaria desde el primer día.

Los sindicatos y la patronal negocian un nuevo convenio colectivo con las posiciones todavía muy alejadas Y es que la seguridad privada se encuentra en un momento clave para conocer su futuro. La patronal y los sindicatos están inmersos de lleno en las negociaciones para aprobar el nuevo convenio colectivo, y la huelga en el aeropuerto barcelonés se ha erigido como una muestra de fuerza de los trabajadores del sector. Las reivindicaciones son parecidas tanto a nivel general como en el caso de El Prat: aumentos de personal en servicios cada vez más tensionados, incremento de las partidas para formación y mejoras salariales. Con unos 950 euros de sueldo medio, los empresarios sólo ofrecen una subida del 1,5%; muy lejos de, por ejemplo, la escalada del 31% que exigen los empleados en la instalación catalana. "No tenemos ni descansos para ir al baño, ha habido ocasiones en las que trabajadores de Eulen se han llegado a orinar encima debido a que el recambio no ha llegado a tiempo", explican desde el comité de huelga. "La tensión es brutal, estamos en nivel de alerta terrorista cuatro sobre cinco", recuerdan.

Alrededor de España, el clima no es mucho mejor. “El nuestro es un trabajo policial en muchas ocasiones y no estamos entrenados para vivir enfrentamientos como los que afrontamos”, lamentan desde ADN Sindical. “EnRenfe no es extraño ver robos, agresiones físicas o incluso agresiones sexuales”, añaden en SPS. Si la formación no es la correcta, tampoco el material. “En Andorra, los vigilantes de seguridad privada utilizan armas semiautomáticas mientras que nosotros vamos con viejos revólveres”, zanjan.

Las huelgas no son sólo en El Prat De este modo, los paros amenazan con extenderse como una mancha de aceite. Aena tendrá un papel protagonista. Reconocido por atornillar a la baja en sus licitaciones, el presidente José Manuel Vargas ha logrado huir huelgas entre el personal de seguridad de Ibiza y Madrid-Barajas gracias a los acuerdos alcanzados por Prosegur sobre la campana. En Barcelona la reacción ha llegado tarde para el pasajero. Eulen no ha contestado a los requerimientos informativos de Economía Digital.

Las policías privadas acaparan los controles aeroportuarios de medio mundo

Empresas como G4S tienen a cargo la seguridad de importantes aeropuertos del mundo. 

Cada vez más aeropuertos confían a empresas privadas especializadas en seguridad el control de pasajeros previo al embarque en los vuelos

Grupo Eulen, empresa prestadora de servicios externos y seguridad, es uno de los protagonistas en la huelga de los trabajadores del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La empresa está además presente en otros 21 aeropuertos españoles, de los cuales, en 19 tiene la responsabilidad de los controles de seguridad. Los pasajeros todavía se preguntan por qué la revisión previa al embarque no se efectúa por la Policía Nacional o la Guardia Civil, como hasta hace solo unos años. Actualmente en España son siete las empresas que tienen adjudicadas, por licitación, la seguridad de los 41 aeropuertos de Aena. Entre ellas destacan Eulen y Eulen Seguridad; Securitas Transport y Securitas Aiport Service; Segurisa Servicios Integrales y Sagital; y Prosegur.

Sin embargo, España no es el único país de la Unión Europea ni del mundo en encargar la seguridad de sus aeropuertos a terceros. Desde los atentados y amenazas terroristas de los últimos 20 años la dirección de varios aeropuertos internacionales, apoyados por los gobiernos de sus respectivos países, han puesto en manos de empresas privadas especializadas el control en la seguridad de las terminales aéreas. Se trata, desde entonces, de un trabajo conjunto entre la empresa privada y la fuerza pública en decenas de países. G4S es una empresa de seguridad aeroportuaria británica, la más grande y consolidada del mundo desde 2004. El grupo cuenta con más de 580.000 empleados en los 110 países en los que está presente. El gigante de seguridad a nivel mundial tiene a cargo la seguridad en los aeropuertos de Schiphol enAmsterdam, Heathrow en Londres, el aeropuerto de Oslo, el de Tallin y el deJohannesburgo, entre otros.

ICTS Europe presta sus servicios a aeropuertos en París, Atenas, Belfast, Edimburgo, Génova, Marsella, Londres Heathrow y Londres Gatwicky Hannover, entre otros. Algunas aerolíneas europeas que hacen uso de sus servicios son Air France, Alitalia, British Airways, Easyjet, KLM o Lufthansa. La empresa de seguridad está presente además en aeropuertos de Asia, Oriente Medio y África. GardaWorld, fundada en Canadá, tiene a cargo la seguridad de 28 aeropuertos en Norte América. Funciona también en otros países de América, África y el Medio Oriente. Por otro lado, grandes aeropuertos en América Latina también hacen uso de empresas privadas que dotan de seguridad a sus terminales. Este es el caso de Seguridad Privada Integral en la Ciudad de México, de Pysec Seguridad en Bogotá, o MSA Seguridad, en Buenos Aires.

El caso de los Estados Unidos Tras de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos se creó la TSA (Transportation Security Administration). La agencia del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense es la encargada desde entonces de la seguridad en todos los aeropuertos del país. Aunque exista este órgano estatal para brindar seguridad a las terminales aéreas, aeropuertos como el de San Francisco o Kansas City prefieren hacer uso de un tercero para dotar de seguridad a sus instalaciones. De los más de 500 aeropuertos en EEUU, sólo 11 no son controlados por la TSA, sino por empresas privadas. Con todo, existe un debate latente en el sector de la aviación comercial estadounidense en cuanto a la fragmentación de su seguridad aeroportuaria. ¿Cómo se debe gestionar en uno de los países con más controles? La respuesta está en el aire.

15 de agosto de 2017

Los vigilantes de El Prat mantienen la huelga indefinida pese a la inminencia del arbitraje

La presencia de la Guardia Civil en los filtros evita las colas en el aeropuerto de Barcelona

El primer día de la huelga total de los vigilantes de los arcos de seguridad en el aeropuerto de El Prat está siendo una de las jornadas más tranquilas de las últimas semanas en el aeródromo barcelonés. Ante la amenaza del paro indefinido, el Gobierno ha movilizado este lunes a la Guardia Civil, que supervisa las tareas de los trabajadores de Eulen Seguridad, y vigila que se cumplan los servicios mínimos, del 90%. El comité de huelga denuncia que esta injerencia es una "vulneración" de sus derechos, y asegura que continuará con la huelga hasta que se cumplan sus reivindicaciones o hasta que se publique un laudo de arbitraje obligatorio, que les haría volver al trabajo, algo que el comité considera "ilegal".

Los trabajadores de Eulen, la empresa que desde hace algo más de un año gestiona los controles de seguridad del aeropuerto barcelonés, rechazaron este domingo, por segunda vez, una oferta económica de la Generalitat que hubiese puesto fin a la huelga. La decisión de la plantilla obligó al Gobierno a tomar medidas. La primera, el refuerzo de agentes de la Guardia Civil en El Prat. Entre dos y tres efectivos del instituto armado vigilan que cada filtro de seguridad funcione según los servicios mínimos. Esto ha hecho que las colas, que en las últimas semanas llegaron a superar las dos horas, este lunes no hayan llegado a los 30 minutos. Durante buena parte de la mañana la espera oscilaba entre los cinco y los diez minutos. Sin embargo, la gran antelación con la que los pasajeros han llegado al aeropuerto ha hecho que se formaran largas colas en los mostradores de facturación.

La segunda medida es la puesta en marcha de un arbitraje que elabore un laudo obligatorio, un procedimiento usado en pocas ocasiones que obligaría a los trabajadores a volver al trabajo y a aceptar unas condiciones laborales determinadas, las que decida y plasme en el laudo el árbitro designado. El Gobierno ha acelerado los trámites para aplicar el arbitraje, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, valorará la situación esta tarde tras la primera reunión de seguimiento de la huelga. En el caso del conflicto de Eulen, las condiciones del laudo serían las que recogía la propuesta que la Generalitat, como agente mediador, ofreció el pasado martes. Esta oferta incluía importantes mejoras organizativas, una ampliación de personal y un complemento de hasta 200 euros por 12 mensualidades para equiparar los salarios de los trabajadores, que actualmente oscilan entre los 800 y los 1.100 euros mensuales.

La plantilla de Eulen rechazó dos veces la propuesta de la mediación, con el objetivo de alargar la negociación para conseguir que el complemento sea de 250 euros por 15 mensualidades. Sin embargo, la inminencia del laudo de arbitraje obligatorio podría enterrar estas reivindicaciones. El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha tachado de "ilegal" este procedimiento y ha anunciado que los trabajadores lo recurrirán en los tribunales. Giménez también ha criticado el despliegue de la Guardia Civil: "Hoy no hay colas y se olvida el fondo del conflicto, las condiciones laborales de unos trabajadores que cobran una media de 900 euros y no pueden ni ir al lavabo", ha asegurado a Efe.

Fuentes del comité de huelga aseguran que la propuesta de la Generalitat "no está mal del todo", pero que "estas no son formas de solucionar un conflicto". "Se utiliza a funcionarios públicos para vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores", asegura un empleado de Eulen, que afirma que los agentes de la Guardia Civil no tienen la suficiente formación en el escáner de objetos en los arcos de seguridad. Por su parte, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Fernández, ha expresado que los guardias civiles se sienten "utilizados" por el Gobierno que, a su juicio, recurre “a la Guardia Civil para que le saque las castañas del fuego" en situaciones de conflicto, como la huelga de vigilantes de seguridad en el aeropuerto El Prat (Barcelona).

El personal Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante

El personal Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante
El personal Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante

Piden que el Gobierno apruebe "un modelo único de contratación" del servicio de seguridad que "respete el convenio colectivo estatal". Los trabajadores de Eulen de Barajas también planean acciones para solidarizarse con los de El Prat

El personal de Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos deValencia y Alicante si el Gobierno no aprueba "un modelo único de contratación" del servicio de seguridad que garantice que "se respeta el convenio colectivo estatal" para que las empresas adjudicatarias no puedan recortar salarios y derechos de los trabajadores. Al respecto, el responsable del sector de seguridad y limpieza de FeSMC-UGT-PV, Saturnino Martínez, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en el aeropuerto valenciano de Manises ya hay un acuerdo de movilización sindical si este miércoles el consejo de ministros aprueba el nombramiento de un mediador para resolver el conflicto en el aeropuerto de El Prat. La próxima semana se reunirá el personal del alicantino de El Altet.

"El problema no es con una empresa concreta" Al respecto, ha aclarado que si el Ejecutivo aprueba nombrar un mediador convocarán la huelga en los aeropuertos valencianos para que "reflexione" porque "el problema no es con una empresa concreta" sino con "las licitaciones de los concursos por debajo del precio del convenio". "Más que concursos parecen subastas", se ha lamentado. Por ello, ha insistido en que el problema no es con una empresa concreta de un aeropuerto determinado, si no que el Gobierno saque licitaciones que no cumplen con el convenio colectivo estatal. De hecho, ha apuntado que otros aeropuertos, como Galicia, Andalucía o Madrid, también se están planteando ir a la huelga.

El personal de seguridad "ha ido perdiendo masa salarial y derechos adquiridos" En ese sentido, ha puesto de manifiesto que en la última década el personal de seguridad "ha ido perdiendo masa salarial y derechos adquiridos". Por ejemplo, en Valencia ya no se les paga el párquing en el aeropuerto, lo que obliga a la plantilla a dejar el coche en un polígono cercano y, al no haber pasarela de paso, los trabajadores cruzan por la carretera, con "el consiguiente peligro para su seguridad". Esta compañía se ocupa, junto con Eulen e ICTS Hispania, de las tareas de seguridad en los filtros de control de pasajeros y equipajes en el 94% de los aeropuertos españoles, según datos de Aena. Concretamente, estas compañías prestan servicios en 45 de los 48 aeropuertos de la red. Eulen se encarga de la seguridad en 21 aeropuertos españoles, Prosegur en 17 e ICTS en otros siete. Los tres aeropuertos restantes son para Segurisa (Santander y Jerez de la Frontera) y Tablisa (Palma de Mallorca).

Solidaridad en Barajas con El Prat Por ptra parte, el comité de empresa de Eulen en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas mantendrá este miércoles a las 9.30 horas una reunión para debatir qué medidas toman en solidaridad con sus compañeros en huelga del Aeropuerto de El Prat, protestas que sólo afectarían a las labores de facturación y vigilancia en terminales, y no a los arcos de seguridad como en Barcelona. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del comité, que han insistido en que este encuentro "extraordinario" es sólo "para analizar lo que está ocurriendo y ver qué pasos va a dar el comité de Madrid". "Es muy pronto y no corresponde al comité, sino a los trabajadores, el decidir si hay o no alguna acción", han enfatizado.

Eulen es la empresa responsable de los arcos de seguridad en El Prat y su plantilla de vigilantes ha comenzado esta semana una huelga indefinida. Su protesta tiene origen en la falta de personal que perciben en el control de seguridad en los nuevos contratos, que consideran precarios, ya que no alcanzan los 900 euros mensuales según los sindicatos. En cambio, Eulen en Barajas tiene otra labor, ya que los arcos compete en este caso a otra empresa, Prosegur. En el aeropuerto madrileño Eulen se encarga de la facturación y otras cuestiones de vigilancia en las terminales, han señalado fuentes sindicales.