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26 de febrero de 2017

CÁDIZ: PSOE lleva al Congreso el problema laboral de los vigilantes de seguridad de edificios de Defensa en la provincia

Resultado de imagen de en el punto de mira SPVLos diputados del PSOE por la provincia de Cádiz Salvador de la Encina y Miriam Alconchel llevarán al Congreso la problemática del colectivo de vigilantes de seguridad de los edificios del Ministerio de Defensa por la posible concesión de estos trabajos a la empresa Mar Segur, "denunciada ante los tribunales de justicia porque pretende aplicar su propio convenio colectivo antes que el convenio colectivo estatal".

Los diputados del PSOE por la provincia de Cádiz Salvador de la Encina y Miriam Alconchel llevarán al Congreso la problemática del colectivo de vigilantes de seguridad de los edificios del Ministerio de Defensa por la posible concesión de estos trabajos a la empresa Mar Segur, "denunciada ante los tribunales de justicia porque pretende aplicar su propio convenio colectivo antes que el convenio colectivo estatal". Según han indicado a Europa Press, esta situación afecta a la provincia a seis centros y unos 30 trabajadores. Además, han indicado que "existe una gran preocupación dentro de la plantilla, ya que denuncian que esta compañía es conocida en el sector de seguridad por la precarización de las condiciones laborales".

Según han explicados los diputados socialistas, "los responsables de la empresa concesionaria Marsegur Seguridad Privada, a pesar de que su convenio colectivo está debidamente impugnado y pendiente de resolución judicial, se han puesto en contacto con el personal y han anunciado la reducción del salario y la aplicación del convenio con las consiguientes desventajas para la plantilla". En este sentido, han apuntado que "esto supone, de facto, una reducción salarial media de un 45 por ciento sobre lo que han venido cobrando con la empresa cesante".

Según han apuntado desde el PSOE, los trabajadores manifiestan que de media, y sin contar con los complementos salariales personales y de centro de trabajo, en la primera nómina recibirán 326 euros menos sobre un salario de poco más de 1.000 euros. Además, las pagas extraordinarias pasarán a ser un tercio menos de lo que se cobra en la actualidad, pasando de 970 euros a 650 euros, "y para disimular la reducción real mensual, las pagas se prorratearán por doce meses". Asimismo, han apuntado que al aplicar las retenciones pertinentes, así como los complementos salariales personales, el salario neto mensual nunca superará los 750 euros, desde el momento en que algunos pluses desaparezcan o sean reducidos.

"Si el Ministerio no lo evita, pasarán del mileurismo a la indigencia laboral", ha afirmado Alconchel, que ha advertido de que "el Gobierno presume de estar creando empleo, pero hechos como este demuestran que la balanza se decanta claramente hacia la precariedad". "Un organismo público no puede amparar este tipo de explotación de los trabajadores, menos aun cuando según sus previsiones, la economía levanta vuelo", ha añadido. Por ello, los diputados socialistas se han comprometido con los representantes de los trabajadores a elevar al Congreso iniciativas como la solicitud de información, concretamente los pliegos del concurso y la documentación para conocer el procedimiento.

Además, preguntarán al Ministerio de Defensa "que aclare con qué nivel de compromiso por parte del Gobierno cuentan los trabajadores para negociar con la nueva empresa concesionaria que no exista retroceso en sus derechos laborales", así como "qué medidas va a adoptar el Gobierno para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral". Finalmente, Alconchel ha afirmado que "de cara a futuros procesos, el Gobierno debería introducir cláusulas sociales en las licitaciones públicas para salvaguardar los derechos de los trabajadores, como ya se viene haciendo en otras administraciones".

25 de febrero de 2017

BARCELONA: Un grupo de jóvenes agrede a un vigilante de seguridad de la estación de Vilanova i la Geltrú


Un grupo de jóvenes ha agredido este sábado por la mañana a un vigilante de seguridad de la estación deVilanova i la Geltrú (Garraf), según ha informado Renfe.


Los hechos han pasado cuando faltaban unos diez minutos para las nueve de la mañana, cuando los chicos querían pasar por el paso subterráneo de la estación para ir al otro lado de las vías, y tomar un atajo sin comprar billete. Cuando el vigilante se lo ha impedido, dos chicos y una chica lo han increpado y agredido a puñetazos y patadas.

El afectado, de 52 años, ha resultado herido de poca gravedad. Según la compañía ferroviaria, ha sufridovarias contusiones y una luxación en un dedo y ha sido evacuado en una ambulancia del SEM en el Hospital Sant Antoni Abat. Renfe ha anunciado que denunciará los hechos a los Mossos d'Esquadra. De hecho, según la compañía, esta es el punto con más vandalismo de todo Catalunya. Renfe ha detallado que hace dos días alguien causó destrozos a una treintena de coches del parking de la estación de Vilanova i la Geltrú.

La tercera mayor empresa de seguridad entra en liquidación tras perder 40 millones

La compañía que fue presidida por el exministro Pedro Morenés se deja una docena de contratos desde que anunció el expediente de regulación de empleo el pasado noviembre

La tercera compañía de seguridad privada del país, Segur Ibérica, ha entrado en un proceso de liquidación. Así lo refleja la propia sociedad en el Registro Mercantil, donde aparece también la apertura del concurso que inició la compañía el pasado 22 de diciembre. La firma presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) en noviembre que en principio -según afirmó la compañía- no iba a afectar a toda la plantilla (4.000 empleados), sino a un reducido número de trabajadores, extremo que ha quedado ahora en evidencia al decretarse el proceso de liquidación.

La empresa, que fue presidida por el exministro Pedro Morenés antes de su entrada en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, es parte delGrupo Segur, que en 2015 facturó 237,95 millones de euros, un 5,7% más que el año anterior, y cuenta con un total de 7.800 empleados. Sin embargo, desde que anunció el ERE, la mercantil ha reducido considerablemente sus ingresos. En concreto, desde noviembre, ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros.

Las adjudicaciones que se ha dejado por el camino Segur Ibérica en estos últimos cuatro meses las había otorgado Adif (12 millones de euros), Aena (11,3 millones), Acciona (5 millones), Museo del Prado (4), Mutua Madrileña (2,1), Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2), Viesgo (1,2), ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) y Media Mark (360.000). Todas ellas han sido ahora entregadas a otras empresas de seguridad. La más reciente, la del Museo del Prado, que ha sido concedida a Prosegur, principal grupo del sector con una facturación de 896 millones de euros en 2015.

La crisis de Segur Ibérica se ha producido en un contexto complejo para el sector. El incremento de las denominadas empresas pirata -llamadas así por los sindicatos por conseguir contratos presentando ofertas muy baratas a costa de reducir los salarios de los trabajadores por debajo de convenio, una práctica fomentada por la reforma laboral- ha afectado al resto de compañías, algunas de las cuales han sucumbido y acabado funcionando igual. Entre estas últimas está Segur Ibérica, que durante los últimos años ha optado por tirar los precios para conseguir algunos contratos.

Desde el mes de noviembre, la compañía ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros

La principal patronal del sector, Aproser, paradójicamente en línea con los sindicatos, ha criticado duramente la reforma laboral que permitía este tipo de prácticas a base de bajar el sueldo hasta cantidades ridículas. De hecho, ha exigido que todos sus asociados paguen por encima de convenio si quieren seguir vinculados a la asociación, requisito que no quiso abrazar Segur Ibérica, que decidió abandonar la patronal. Tanto la presión ejercida por Aproser como la de algunas organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) contra las empresas piratas parece estar empezando a ser escuchada por las administraciones públicas, que son las principales adjudicatarias de servicios de seguridad privada. Al menos por algunas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha revisado los baremos de adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes se pusieran en huelga por la concesión de los servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia a la mercantil 'pirata' Sinergias, que nada más hacerse con la adjudicación bajó el sueldo a los empleados que subrogó un 40%.

Adif, con 12 millones de euros, o Aena, con 11,3 millones, son algunas de las adjudicaciones que se dejó por el camino en los últimos cuatro meses

La reforma de los criterios emprendida por esta pequeña parte del sector público implica reducir el peso del factor precio en la adjudicación para que las empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar el concurso e incrementar el de la oferta técnica, más centrada en la prestación de un servicio profesional. En esta línea, de hecho, Prosegur, por ejemplo, acaba de ganar el concurso del Museo del Prado. La mercantil contaba precisamente con el mejor informe técnico, episodio que hace pensar en la existencia de un cambio real de sensibilidad por parte de algunos contratistas públicos.

En este cambio de tendencia en la contratación también ha influido la lucha en los tribunales que la Federación de Seguridad Privada de USO ha emprendido contra las empresas pirata como Seguridad Integral Canaria, Falcon, Magasegur, Protección y Seguridad Galaica, LPM Seguridad o la ya extinta Esabe, que además de tirar los precios, según el sindicato, han defraudado a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, como ha reconocido la propia Agencia Tributaria en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas mercantiles.

INFORME UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA: Validez de los cursos de formación específica


El titular de varios centros de formación, formula las siguientes consultas en relación con la impartición de los cursos de formación específica a vigilantes de seguridad:


1. ¿Cuáles son los cursos que se deben anotar en las cartillas profesionales?

2. Un curso de formación específica que no esté anotado en la cartilla profesional, ¿pierde su validez aunque disponga del certificado o diploma correspondiente?3. Cuando los aspirantes a vigilantes de seguridad son declarados aptos según el acuerdo correspondiente del tribunal calificador solicitan su habilitación con su instancia y pago de tasas. Desde ese momento hasta la recogida del TIP, ¿el futuro vigilante de seguridad tiene que esperar para poder realizar cursos de formación específica y que tengan validez?


CONSIDERACIONES En relación con las cuestiones planteadas, cabe decir, en primer lugar, que el artículo 13 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, dispone en su punto 1 que “A quienes soliciten la habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos necesarios, se les expedirá, como documento público de acreditación profesional, la correspondiente tarjeta de identidad profesional, que les habilitará para el ejercicio de las respectivas funciones”, especificando ya en su punto 3 que, “Para la expedición de la tarjeta de identidad personal, se verificarán los datos de carácter personal, aportados por los solicitantes, en las bases de datos correspondientes,…”.

Por otro lado, la misma Orden, establece en su artículo 15 punto 2 que: “La cartilla profesional se entregará con la tarjeta de identidad profesional y la Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial correspondiente, o, en su caso, la Comandancia de la Guardia Civil, sellará la primera hoja.” Así pues, se deduce que, la expedición de la tarjeta de identidad profesional es posterior a la mencionada recepción y comprobaciónde datos por parte del Órgano competente y la obtención de la habilitación tiene lugar cuando es entregada al interesado junto a la cartilla profesional.

Con respecto del deber de la anotación en la cartilla profesional del vigilante de seguridad de los cursos realizados, la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, en su artículo 15, apartado 3 establece que: “Las anotaciones de las altas y bajas se efectuarán por las empresas en el momento en que se produzcan, …cumplimentándose las de los cursos de formación permanente por los centros de formación o responsable policial correspondiente…”

Por su parte, la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada, en su apartado tercero, punto 2, establece que: Así, conforme se determina en el artículo 8 de la ya citada Orden INT/318/2011, en los servicios que se citan en el Anexo IV de la misma (transporte de fondos, acudas, con perros, vigilancia en buques, puertos…), por ser necesaria una mayor especialización del personal que los presta, se requerirá una formación específica, ajustada a los requisitos que se recogen en dicho anexo.

El mismo dispone que los servicios, a los que se ha hecho mención anteriormente, deberán ser desempeñados por personal de seguridad privada que haya superado el correspondiente curso en centros de formación autorizados, con una duración de diez horascomo mínimo… Al hilo de lo anterior es de señalar que la Resolución de 12 de noviembre de 2012 sumó a la relación de tales servicios para los que se requiere una formación específica otros como los de vigilancia en centros comerciales, centros hospitalarios, eventos deportivos (entre otros), y regula, entre otras cuestiones, los contenidos mínimos de los programas a los que han de ajustarse los cursos de formación específica en relación con los vigilantes de seguridad que tengan que prestar los servicios señalados anteriormente (apartado 2 de su Disposición Primera).

De otro lado, a tenor de lo establecido por los artículos 26.1, 27.1 y 4, 28.1 y 2, 29.1 y 3 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, puesto en concomitancia con el artículo 38.2 de dicha Ley, se desprende que las funciones relacionadas con la prestación de los diferentes servicios de seguridad privada únicamente se ejercerán por el personal de seguridad privada (y, por tanto, los vigilantes de seguridad), debidamente habilitados, esto es, en posesión de las correspondientes tarjeta de identidad profesional y cartilla profesional.

De tales disposiciones, en su conjunto, se infiere que no cabe la posibilidad de que, en materia de seguridad privada, puedan, en principio, impartirse cursos de formación específica a aquellos interesados que, a pesar de haber superado las pruebas de selección convocadas por la Secretaria de Estado de Seguridad, se encuentren a la espera de obtener la debida habilitación como vigilantes de seguridad, puesto que la normativa es clara: siempre menciona a los vigilantes de seguridad en relación con los cursos de formación específica; además, para que quede constancia legal de su impartición, ha de cumplirse con el requisito de ser anotada su realización en las cartillas profesionales (éstas, en ningún caso, pueden tenerlas los interesados aún no habilitados, sencillamente porque la normativa en materia de seguridad privada no lo contempla).

No obstante lo anterior, nada impide que un centro de formación pueda ofertar cursos de formación específica a personal (alumnos interesados en adquirir conocimientos en materia de seguridad privada por la razón que sea) que no haya obtenido la pertinente habilitación como vigilante de seguridad y que esté dispuesto a recibirla por propia iniciativa u otras razones (de la misma manera que cualquier otro tipo de formación para la que el centro de formación tenga autorización.

Las acciones formativas en materia de formación del personal de seguridad privada no tienen carácter exclusivo y se insertan en el marco del principio de economía libre de mercado), si bien en estos casos los mismos carecerán de validez en el ámbito de la seguridad privada y, consiguientemente no desplegarán efecto legal alguno en dicho ámbito, puesto que, como se ha dicho, para ello ha de anotarse su realización en las cartillas profesionales y éstas no las poseen más que los vigilantes de seguridad habilitados.

CONCLUSIONES:  A la vista de las consideraciones anteriormente expuestas, se infiere lo siguiente:

1.- En relación a la primera cuestión planteada, relativa a qué cursos han de ser anotados en la cartilla profesional de los vigilantes de seguridad, queda claro que se trata de aquellos cuyo contenido esté relacionado con formación permanente, especial y específica, debiendo ser cumplimentadas las correspondientes cartillas por los centros de formación, que los impartan.

2.- Respecto de la segunda cuestión planteada (validez de los cursos realizados, no objeto de sellado en las cartillas), ya ha quedado contestada por cuanto que, como se ha dicho, la normativa en materia de formación del personal de seguridad privada dispone que los centros de formación han de anotar en dichas cartillas la realización de los cursos de formación específica impartidos a dichos vigilantes de seguridad y, en consecuencia, para acreditar que se han impartido han de sellarse las hojas de las mismas con el estampado del centro de que se trate, sin perjuicio de que, además, pueda expedirse diploma o certificado oficial acreditativo de la realización del curso de formación correspondiente.

3.- En cuanto a la tercera cuestión, se llega a la conclusión de que se confiere al interesado la condición de personal de seguridad privada cuando obtiene la habilitación, esto es, se hace cargo de la tarjeta de identidad profesional expedida por la autoridad competente junto a la cartilla profesional, momento a partir del cual se podrán anotar en dicha cartilla cuantos cursos de los mencionados más arriba realice su portador.

“Por parte de los centros de formación autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad y de los servicios policiales competentes, para el caso de la formación especial, se anotará en la cartilla profesional de los vigilantes de seguridad, la realización de los cursos de formación permanente, especial y específica así como la superación de las pruebas de comprobación a las que, en su caso, resulten sometidos por los órganos policiales de control en relación con los referidos cursos de formación.”

FUENTE: www.policia.es AQUÍ

Vigilantes de Seguridad del metro de Madrid detienen a carterista



Vigilantes de seguridad de Metro Madrid detienen a un presunto autor de robo con violencia que se encontraba en busca y captura. Es una pequeña muestra del trabajo diario de los vigilantes del servicio de metro Madrid.

Cinco hijos del fundador de Eulen demandan al albacea de la herencia

Marta, Elvira, Juan Carlos, Emilio y Pablo, cinco de los siete hijos de David Álvarez, el fundador de Eulen, han interpuesto una demanda a título individual en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid contra el albacea partidor de la herencia de su padre por considerar que el citado que puede incurrir en falta de parcialidad y conflicto de intereses al ser el socio director del despacho de abogados que asesora al grupo y a su propia hermana María José Álvarez, presidenta y administradora única del mismo .

Los cinco hermanos reclaman a los tribunales la remoción y sustitución del citado albacea, teniendo en cuenta que la mayoría accionarial de Eulen y por tanto el control de la sociedad está ahora mismo pendiente del reparto de la herencia, cuyo albacea es Carlos Rodríguez Quiroga.

Temor al reparto En la comunicación de la demanda se le pide que seabstenga de realizar actuaciones hasta que se dilucide su pertinencia para el cargo, según han confirmado fuentes próximas a la sociedad familiar El Enebro. Estas fuentes aseguran, no obstante, que "existe el temor que a pesar de todo ello proceda a realizar la participación" Asimismo, El Enebro ha interpuesto también otra demanda en el Juzgado Civil de Primera Instancia de Madrid reclamando la nulidad del control de Eulen por parte de Daval Control, la sociedad que encabeza María José Álvarez, como consecuencia de la nulidad de la Junta de Accionistas del 20 de junio de 2011 que aprobó la libre transmisibilidad de las acciones sin haberse respetado el derecho de adquisición preferente. "El Enebro considera que la creación de Daval y sus aportaciones son nulas al haberse realizado a raíz de los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas declarada nula por el Supremo", dicen las fuentes consultadas..

La junta se repitió recientemente para subsanar, según Eulen defectos de forma, pero los cinco hermanos reunidos en El Enebro reclamarán de nuevo a los tribunales su nulidad al permitirse que Daval fuera considerado accionista de Eulen. Una vez haya concluido el proceso de reparto de la herencia de David Álvarez, el 47,55% de Eulen, sus cinco hijos podrían alcanzar la mayoría accionarial de la multinacional y por tanto el control político de la sociedad. Dado que la herencia de David Álvarez concede a todos sus hijos la parte legítima, los denominados cinco hijos díscolos obtendrían el 11,3% de Eulen lo que, sumado a su paquete de acciones actual, les daría el control.

BARCELONA: Los carteristas abandonan el Metro y se trasladan a los centros comerciales

Bajan los robos con violencia y suben los hurtos, sobre todo en verano

Los carteristas han abandonado el Metro de Barcelona y buscan ahora las víctimas en los comercios de la superficie. “La presión policial ha movido a los delincuentes del Metro a las zapaterías, tiendas de bolsos y de ropa de mujer”, ha destacado el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero.

Molinero ha presentado este miércoles el Balance de la Seguridad y Actividad Policial 2016 en el Ayuntamiento de Barcelona. El citado informe destaca una bajada de los delitos relacionados con el patrimonio. Los robos con violencia e intimidación se han reducido casi un 7%, disminuyendo la tendencia en el interior de domicilios, pero los hurtos suben y ocupan el 65% de las denuncias. En 2015 se cometieron 97.908 hurtos mientras que el pasado año fueron 102.666. La mayoría, en verano. Molinero ha asegurado que la presión judicial y el hecho de que el año pasado “los jueces dictaran 132 órdenes de alejamiento de carteristas del Metro, ha provocado que se trasladen a las tiendas. Son delincuentes apátridas que les da igual delinquir en Barcelona o en otras capitales. Saben que hasta que no se demuestre su modus vivendi tienen recorrido. Seguiremos presionando tanto en el Metro como en los comercios”.

22.993 personas pasaron a disposición judicial por hurtos en 2016. Este tipo delictivo está muy relacionado con la presencia de turistas en Barcelona. “Diez millones de turistas durmieron al menos una noche en Barcelona el año pasado. A esta cifra debemos sumar el número de turistas que vienen sólo un día. De estos sólo el 0,33% han sido víctimas de un hecho delictivo”, ha explicado . Los delitos contra las personas se han reducido un 7,92%. Aún así Molinero ha destacado que las agresiones y los abusos sexuales han aumentado un 46,19% (pasando de 236 casos en 2015 a 345 en 2016). Por lo que hace a las víctimas menores de edad, el pasado año se registraron 175 casos, 59 más que en el periodo anterior. Un incremento muy relacionado con el aumento de denuncias a raíz del caso Maristas. Las agresiones sexuales también han aumentado un 12,63% pasando de 198 a 223. Los abusos y las agresiones sexuales representan un 5,3% de los hechos que afectan a las personas y 0,32% del total de hechos delictivos.

El 42% de las agresiones sexuales tuvieron lugar dentro de vivienda y el 6,4% en el transporte público. “El 75% de los casos han sido resueltos debido a que los autores eran conocidos por la víctima y el 28% de estas detenciones se han hecho in fraganti”. Los delitos relacionados con el odio y la discriminación pasan de 79 el año 2015 a 109 el pasado año. De estos los relacionados con la homofobia pasan de 21 a 30 casos y los motivados por causas xenófobas de 21 a 37. El pasado 2011 se produjeron once homicidios en la capital catalana de los cuales, siete, fueron en el transcurso de una pelea. Dos por agresiones, uno por violencia doméstica y uno por violencia de género.

El director de Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, ha querido resaltar que “Barcelona es una ciudad segura dentro de un país seguro”. El comisionado de seguridad, Amadeu Recasens, ha animado a la ciudadanía a tomar un papel activo para evitar ser víctimas de hurtos. El pasado año la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra realizaron 1.955 operaciones conjuntas y llevaron a cabo 25 grandes dispositivos.

CCOO alerta de la falta de vigilancia privada en las instalaciones de Dúcar en el puerto

El sindicato entiende que son unas instalaciones "críticas" y que, al igual que ocurre en San Amaro, la empresa está obligada a contar con un servicio de vigilancia

Tras la denuncia pública realizada por CCOO el pasado mes de noviembre sobre la necesidad de vigilancia en las instalaciones de Dúcar, el sindicato asegura la Delegación del Gobierno "sólo ha hecho cumplir parcialmente su resolución del año 2009, por la que se obligaba a la empresa Petrolífera Dúcar a implantar un dispositivo de seguridad privada, mediante vigilante con arma de fuego en sus instalaciones". Y es que, puntualizan estas son consideradas como infraestructuras críticas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Privada.

"Sólo ante la denuncia de CCOO se ha conseguido recientemente que la referida empresa ponga en marcha dicho dispositivo de seguridad en una de sus instalaciones, en la barriada de San Amaro, pero no así en el centro de trabajo que posee en el Muelle de Poniente, que se dedica a la misma actividad que el de San Amaro, es decir depósitos de combustible", alertan desde el sindicato en un comunicado. Según señalan, la explicación que han recibido por parte del funcionario encargado de la inspección de las empresas de seguridad privada es que, por encontrarse ese centro de trabajo dentro del recinto portuario, no tiene la consideración de infraestructura crítica y, en consecuencia, no está obligado a disponer de un servicio de seguridad privada mediante vigilante con arma de fuego.

Sin embargo, CCOO considera esta razón como "un pretexto inconsistente, que no obedece a un criterio sostenido por la legislación vigente y que responde a la única intención de la autoridad gubernativa de proteger los intereses de una empresa vinculada a altos cargos del Partido Popular, minimizando sus gastos de explotación para aumentar así el beneficio de los inversores". Así, el sindicato, que se dirigió por escrito al ministerio del Interior para que analizase la situación que se estaba produciendo por una presunta connivencia de la Delegación con este incumplimiento de obligaciones del empresario en materia de seguridad y que se depurasen las responsabilidades a que hubiere lugar, sigue esperando la contestación oficial de ese centro directivo". Según exponen, Interior no ha emitido, hasta la fecha, ninguna resolución a este respecto.

Por último, CCOO exige, una vez más, el estricto cumplimiento de la legalidad en esta materia y que se obligue a la empresa Dúcar a implantar el mismo dispositivo de seguridad en sus dos centros de trabajo en esta ciudad.

24 de febrero de 2017

EL CURRICULUM CIEGO: Gobierno estudia promover los currículums anónimos, sin fotos, ni edad.



El Gobierno estudia promover los currículums anónimos, sin fotos, ni edad. Las empresas eligen a un hombre entre dos currículos idénticos.

Ante dos currículums idénticos, las empresas prefieren al aspirante masculino. A una mujer le cuesta más que a un hombre optar al mismo empleo, a pesar de tener la misma formación y experiencia. El Gobierno se plantea atajar esta discriminación promoviendo el currículum ciego. Sin foto, sin nombre y sin edad. El Ministerio aún no concreta si obligará a las administraciones o será sólo una recomendación a las empresas la implementación de estos currículos anónimos que se usan en numerosos países de Europa y así evita la exclusión por razones de género, de raza, religión o edad.

SEVILLA: SPV critica la benevolencia de la Inspección de Trabajo ante los incumplimientos de Seycon Acebur S.L


Con la que está cayendo es desesperante la postura tan tibia que algunas veces muestra la autoridad que tiene que hacer cumplir la ley ante aquellas empresas que la incumplen sistemáticamente.

En su momento SPV denunció a la empresa Seycon Acebur S.L por incumplimiento del convenio colectivo estatal para empresas de seguridad privada en el centro de trabajo "Biblioteca Pública" de C/ Alberto Lista de Sevilla, en base a distintas irregularidades en material laboral. Concretamente se denunciaba el retraso en el pago de las nóminas más allá de lo que marca el convenio para estos asuntos, la no entrega de uniformidad de invierno y el no reconocimiento a la antigüedad a una trabajadora.

Con respecto al abono de salarios, según consta en la resolución inspectora, el representante de la empresa admite ante la inspección de trabajo el retraso conforme a lo que está estipulado en convenio y lo justifica argumentando en base a que sus clientes, las distintas administraciones con las que se relaciona comercialmente, dilatan hasta en tres y cuatro meses el pago de sus servicios. No obstante, se compromete que pondrá todo de su parte para exigirles a sus cliente el pago puntual y poder de esta manera cumplir con sus obligaciones empresariales en materia salarial. Tomando en consideración  esa positiva disposición del representante de Seycon Acebur S.L, la inspección procede a requerirle para que en adelante cumpla con lo que esta establecido por convenio.

En lo que se refiere a la falta de entrega de uniformidad de invierno, la inspección comprueba que efectivamente la empresa no había entregado la uniformidad de invierno hasta el momento de la denuncia y que es posterior a la demanda cuanto se hace entrega a la trabajadora afectada de determinada uniformidad. La resolución inspectora concluye instando a que esta obligación del empresario de facilitar ropa de invierno tenga efecto para toda la plantilla y cumpla así el Art. 5 del convenio colectivo. Finalmente con respecto al no reconocimiento de la antigüedad de la trabajadora afectada por la denuncia de SPV, el representante de la empresa admite que efectivamente ha existido un fallo u error administrativo, subsanándose esta incidencia en la nómina de meses sucesivos.

SPV considera que ante los hechos denunciados y la comprobación de la veracidad de todos y cada uno de ellos, la actuación inspectora ha adoptado una postura liviana y tibia, pues como se puede observar, se limita a comprobar que efectivamente el empresario no ha cumplido en varios aspectos del convenio colectivo y le insta a cumplirlos. Especialmente sangrante es la benevolencia con el incumplimiento en el pago de los salarios, ya que tras comprobar que incumple la ley, se conforma con la declaración de la empresa al manifestar que pondrá todo de su parte para exigirles a sus clientes el abono puntual de las facturas y así poder cumplir ellos con sus obligaciones retributivas. Lo único que hace la inspección es subrayar la "buena disposición de la empresa" y marcarle que en adelante cumpla con lo que marca el convenio.

Para nosotros es desesperante como el organismo competente para hacer cumplir la ley a empresas que la incumplen, es tan permisivo y tolerante en algunos casos, como el que nos ocupa, con una falta de sensibilidad ante los trabajadores afectados y hechos denunciados y, por el contrario, con extremada paciencia y receptividad con el incumplidor. Mientras tanto, muchos trabajadores de la seguridad privada que difícilmente llegan a finales de mes con los salarios tan bajos como se pagan en el sector, tienen que aguantar que sus empresas se retrasen más allá de lo permitido y no les pasa nada, porque la inspección de trabajo se conforma con que el empresario reconozca su falta y diga que en adelante no lo va a volver a hacer. 

Aún respetando la resolución emitida y reconociendo que se ha actuado ajustado con el margen que le ofrece la legislación vigente al inspector, debemos de observar que esta forma de resolver denuncias le da alas a ciertos empresarios para no ser rigurosos a la hora del cumplimiento de las normas laborales y los convenios colectivos. Es lo menos que podemos hacer. Por lo menos que quede constancia de nuestra crítica y disconformidad.