Noticias Destacadas SPV Sevilla


19 de noviembre de 2019

BARCELONA: Apuñalado un vigilante de seguridad en la L3 del metro de Barcelona

Nuevo incidente violento en el metro de Barcelona esta mañana del martes. Un vigilante de seguridad ha sido apuñalado esta mañana, cuando faltaban pocos minutos para las siete, por un desconocido a la línea 3 del suburbano barcelonés, en el vestíbulo de la estación de Paralelo.

Según ha podido saber ElCaso.com, un hombre de grandes dimensiones ha agredido con un arma blanca a uno de los vigilantes de esta estación del centro de la ciudad. Ha resultado herido en una pierna. Un agente de los Mossos d'Esquadra ha resultado también herido leve en la detención del hombre. Aunque la policía investiga los hechos, todo apunta que el hombre sufre un trastorno psiquiátrico severo, según ha podido saber de fuentes oficiales este medio. Según TMB, los hechos ocurrieron cuando se estaba haciendo un control de billetes a cargo de interventores y vigilantes. Un usuario que no había validado ha querido eludir la inspección y marchar con un tren, lo que han impedido los vigilantes de seguridad. En el forcejeo, uno de los vigilantes ha recibido una agresión con un cuchillo, que le ha ocasionado un corte en la pierna. Se trata de un hombre español de 28 años y ha sido detenido por un presunto delito de amenazas y otro de lesiones.

Un "habitual" El hombre que ha podido ser detenido por los Mossos d'Esquadra es una persona de gran corpulencia -como se puede ver en una imagen de archivo a la cual ha tenido acceso ElCaso.com- que es "habitual" del Raval y de las líneas L3 y L2 del metro de la ciudad. No es la primera vez que tiene que ser detenido por la policía por haber agredido o intentado agredir personas en estas zonas de la ciudad. Además, tiene una obsesión con los vigilantes de seguridad, a quienes ya había amenazado en otras ocasiones asegurando que "les quería matar". Desde hace años que está instalado en las calles de Barcelona y ha protagonizado varios episodios de grave violencia contra peatones y agentes de la policía. Ha sido varias veces ingresado en una unidad de psiquiatría.

Escalada de violencia En las últimas horas Barcelona ha vivido un repunte de violencia. Se han reportado incidentes graves en el metro y en el tram, un apuñalamiento en el Raval y una persona muerta en el barrio de Buen Pastor.

PALMA DE MALLORCA: Vigilantes de la Estación Intermodal denuncian agresiones a la salida de sus turnos

La conflictividad y delincuencia dentro de la Intermodal es una realidad.

Los vigilantes de la Estación Intermodal (estación de autobuses) denuncian ser víctima de agresiones a la salida de sus turnos de trabajo. Desde hace unos días, Jaume Mateu, director general de Movilidad y Transports del Govern balear, prohibió a los vigilantes de la estación que estacionaran sus vehículos dentro del recinto. Desde ese día, los trabajadores de seguridad aparcan sus coches en la calle. Este hecho ha generado agresiones físicas, verbales y daños materiales.

«Estamos trabajando en un punto caliente de la ciudad. Nuestra misión es combatir a diario con carteristas, bandas latinas, traficantes de droga y un amplio elenco de delincuentes. De hecho, hasta la Policía Nacional ha tenido que montar un dispositivo especial para tratar de frenar la delincuencia. Cuando los vigilantes, algunos en horas intempestivas finalizan los turnos, abandonan el recinto solos para ir a recoger sus coches. Los profesionales deben cruzar el parque o las calles adyacentes donde les aguardan las pandillas de jóvenes y delincuentes», añade Sebastià Oliver del sindicato Espartanos.

Los responsables de la seguridad de la Intermodal han denunciado que deben aguantar insultos, lanzamiento de piedras e incluso a uno de ellos le han ocasionado abolladuras en la carrocería de su turismo. «Lo que no es normal es que uno de nuestros sindicatos le pida cita al director general para tratar esta problemática y explicarle la situación y no digan que no puede recibirnos porque tiene la agenda llena. Es más, nos quieren dar cita para el año que viene», concluyen. Por su parte, fuentes oficiales de la conselleria han explicado que no existía ninguna autorización escrita que permitiera a los vigilantes estacionar dentro de la Intermodal y que, por consiguiente, el director general no ha prohibido nada.

«No obstante, si se trata de un problema de seguridad grave como el que están denunciando los trabajadores, en los próximos días se mantendrá una reunión urgente con los afectados con la finalidad de encontrar una solución al problema», explican fuentes del Govern.

Tabla Salarial SPV Sevilla para año 2020 para personal de Seguridad Privada


OURENSE: Asumió la seguridad en el concierto de Juan Magán cuando estaba inhabilitado

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Utilizó el nombre de otra persona para rubricar el protocolo de evacuación

Benito P.N. asumió la seguridad del concierto de Juan Magán en Ourense, un evento que reunió en el pabellón Paco Paz el 7 de mayo de 2017 a 2.500 personas en el marco de la programación de la ICC Week , sin estar capacitado profesionalmente para ello.

Urdió un plan para engañar a la productora del concierto, que le llegó a pagar 1.120 euros -500 para la elaboración del plan de emergencia en representación de la empresa Libre Acesso Norte S.L. El inculpado, Benito P.N., no podía suscribir el protocolo de emergencias y evacuación porque estaba inhabilitado desde 2010 por resolución judicial de ahí que puso el nombre de José L.A., sin su conocimiento, al que conocía de una actuación profesional anterior y sabía que sí estaba capacitado profesionalmente para ello. Posteriormente, presentó el documento en la Diputación de Ourense -organizadora de la ICC Week- y en la sede de los bomberos de la ciudad.

Ayer reconoció los hechos y aceptó la pena de un año y siete meses que solicitaba la fiscal por un delito de falsedad en documento privado en concurso con un delito de estafa con abuso de firma. El procedimiento penal tiene su origen en una investigación comandada por la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría de Ourense, entre cuyas competencias está el control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación de su personal, medios y actuaciones. Por este motivo, un agente de ese grupo se presentó en el Paco Paz el día del concierto para entrevistarse con uno de los vigilantes de seguridad y requerir la presencia del máximo responsable de la seguridad.

La Policía Nacional le requirió su documentación personal y el plan de seguridad del evento musical. Su actitud fue sospechosa porque manifestó que se había olvidado la documentación y que el plan de seguridad estaba en la oficina de Vigo, aunque se le había remitido a la Diputación y los bomberos, un extremo que confirmaron estos últimos. Asimismo, la Policía comprobó que había cuatro vigilantes de seguridad -tres en la puerta de entrada para el control de los asistentes y uno en la parte trasera- con la documentación en regla.

Posteriormente, el caso se destapó en agosto cuando la Unidad Territorial de Seguridad Privada tuvo conocimiento que el encargado de la seguridad del concierto de Magán estaba inhabilitado para ejercer todo tipo de funciones de seguridad privada. A partir de ahí, los investigadores reclamaron a los bomberos el plan de seguridad, comprobando las irregularidades: no se encontraba firmado por la persona que supuestamente lo elaboró -sin datos para su localización- y lo presentado no era un protocolo de emergencias y evacuación como constaba en su portada sino un plan de seguridad.

18 de noviembre de 2019

MELILLA: El Comité de empresa de Sureste Seguridad rompe relaciones con la compañía por incumplir el convenio

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Anuncia que emprenderá acciones legales para hacer valer sus derechos sindicales.


El comité de empresa de Sureste Seguridad en Melilla ha decidido romper relaciones con la empresa al afirmar que ésta “sigue, de forma sistemática, incumpliendo el convenio estatal de empresas de seguridad y, por ende, el pliego de condiciones de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

El comité dijo no manifestar ninguna animadversión por la empresa Sureste Seguridad S.L., “pero entiende que la empresa concesionaria del servicio de seguridad privada de las dependencias municipales de la Ciudad Autónoma, debe cumplir con el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada, y eso, ahora mismo, no ocurre”.

FUENTE: www.melillahoy.es AQUÍ

BARCELONA Vigilantes de TMB intervienen para reducir a un individuo que intento agredir con arma blanca a una mujer


Atraca a una abuela y a su nieta con un cuchillo en Barcelona: libre en 20 minutos

Un hombre marroquí de 34 años ha intentado agredir con un arma blanca a una mujer mayor y a su nieta este domingo a la estación de Paralelo del metro de Barcelona. Es un nuevo episodio de la violencia que se vive en las calles de la capital de Catalunya, que este fin de semana ha vivido un repunte con varios incidentes con heridos y una víctima mortal.

Arma blanca en el metro de Barcelona Cuando faltaban pocos minutos para las nueve menos cuarto de la noche un hombre de unos 30 años y de nacionalidad marroquí -capturado en la fotografía que acompaña esta noticia, con la cara pixelada- ha accedido en el vestíbulo de la estación de Paralelo y ha atracado a punta de cuchillo a una mujer mayor que iba acompañada de su nieta. Por suerte, dos vigilantes de seguridad de TMB estaban en una zona próxima y han podido intervenir y reducir el hombre al suelo. Una vez detenido, y con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, han registrado al hombre y le han encontrado un cuchillo de grandes dimensiones que había utilizado segundos antes para amenazar a la mujer. Los agentes de la policía catalana se han llevado al detenido a la comisaría de los Mossos del Raval, a menos de 100 metros de la estación de Paralelo. Según han explicado fuentes próximas a los vigilantes de seguridad a ElCaso.com, no han pasado más de 20 minutos de que los Mossos d'Esquadra lo han vuelto a dejar en libertad. El mismo hombre ha vuelto a generar inseguridad en torno a la estación del metro.

Fin de semana violento Los Mossos d'Esquadra investigan también la muerte de un hombre de edad avanzada este sábado por la noche en el barrio de Buen Pastor de la ciudad. Los Bomberos de Barcelona entraron en el piso y encontraron, con varias heridas de arma blanca, a un hombre estirado en el suelo. Todo parece indicar que se trata de un homicidio y la policía lo investiga como tal. También este sábado la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra tuvieron que trabajar en un incidente con arma blanca en el centro del Raval. Un hombre recibió una cuchillada en el culo y el agresor, de nacionalidad extranjera, se escapó en bicicleta. Al mediodía de este domingo los Mossos detuvieron a un hombre armado con una pistola que se estaba peleando con un hombre en la calle de Marina con Pujades, tal como adelantó ElCaso.com. Por la noche un vigilante de seguridad del Tramo resultó herido por un navajazo a Can Jaumandreu, en la zona de Sant Martí.

BARCELONA: Apuñalado un vigilante de seguridad y su perro en el Tram Besòs de Barcelona

Este domingo por la noche un hombre ha agredido con un arma blanca a un vigilante de seguridad privada a la estación del tramo de Can Jaumandreu de Barcelona, en la zona de Sant Martí.

El agente, que trabajaba en esta estación del Tramo Besòs con la colaboración de un perro de seguridad, interceptó a un hombre y este reaccionó hiriendo el perro y agredido de manera muy violenta con un cuchillo al vigilante.

Tal como se puede ver en estas imágenes a las cuales ha tenido acceso ElCaso.com, el vigilante recibió una cuchillada en la mano, provocándole una grave herida y teniendo que ser atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El perro también resultó herido de una cuchillada en la cara. A pesar de la espectacularidad de las heridas, no se tiene que sufrir ni por la vida del vigilante ni tampoco la del perro que lo acompañaba.

El agresor forma parte por una parte El agresor se marchó del lugar de los hechos y según ha podido saber ElCaso.com, todavía no se ha podido detener. Según informaciones policiales a las cuales ha tenido acceso este medio, el agresor era un hombre sudamericano que iba acompañado de otras personas y a quien la policía vincula a una banda urbana.

Aunque todavía se está investigando, se cree que atacaron al vigilante de seguridad cuando les recriminó que accedieran al convoy sin validar el ticket. Los sindicatos lamentan la falta de agentes en esta línea del tramo, la T5 y T6, que califican de "muy conflictivo".

Los ‘otros’ Desokupa: más competencia y con desokupaciones a partir de 500 euros

DesokupaciónPropietarios de todo el país se ven amenazados cuando abandonan por un tiempo sus residencias con llegar y encontrarse con un inquilino ilegal.

La okupación parece haberse convertido en la piedra en el zapato del negocio residencial en España. Propietarios de todo el país se ven amenazados cuando salen de viaje o cuando abandonan por un tiempo sus residencias con llegar y encontrarse con un inquilino ilegal, lo que no deja de ser una desagradable sorpresa. Hasta ahora la empresa catalana Desokupa era la única empresa que ofrecía una alternativa privada a la vía judicial para poder expulsar a los okupas de las casas, si bien este modelo de empresa ha proliferado por toda España, creando un nicho de negocio, más competencia y, como era de esperar, a precios mucho más económicos.

Es el caso de Desokupación Legal, una empresa que tiene su sede en Madrid y que lleva a cabo desokupaciones desde los 500 euros. “Una desokupación no es solo un negocio, es un servicio, por lo que los precios deben ser para todo el mundo”, explica Jaime Sanz, propietario de la empresa. “Nosotros empezamos a llevar a cabo desokupaciones hace ahora cuatro años, pero operamos de una manera distinta al resto: si bien bebemos del control de acceso, como todos, nosotros utilizamos vigilantes de seguridad y perros adiestrados, evitando así el conflicto con el okupa y la coacción”. Deskupación legal es la competencia directa de Desokupa en Madrid, pero opera en todo el país. En la actualidad cuenta con oficinas en la capital, en Málaga y en Canarias, pero no descarta abrir a corto plazo un despacho en Barcelona. “Cada vez nos llaman más personas desde Barcelona para llevar a cabo desokupaciones, por lo que el paso natural para nuestro negocio es instalarnos también allí”.

El bagaje de los empresarios que se ponen al frente de estos negocios tienen que ver, en la mayoría de los casos, con el impago de alquileres o la abogacía. Es el caso de Salvador Palazon, de Desokupa Express. “En 2009 monté un despacho de abogados y empezamos a trabajar mucho en tema de recuperación de deuda en zonas como Murcia o Almería -explica el empresario- después nos empezamos a especializar en mediaciones y, viendo las necesidades del mercado y que cada vez nos lo pedían más, empezamos a introducirnos en el mundo de la desokupación”. Ahora, Desokupa Express tiene una oficina en Murcia y otra en Madrid, en Leganés, que puso en marcha hace seis meses. “Lo primero que hacemos es hablar con el cliente, elaborar un estudio exhaustivo del okupa y analizar el perfil -explica Palazón-; como especialistas en seguridad, lo primero que hacemos es hablar con ellos: preguntarles qué quieren y por qué están okupando”.

Después, operan como la mayoría de estas empresas: “Hacemos un control de acceso en la puerta, se pide el permiso pertinente y en el momento en que salen, ya no pueden entrar de nuevo”, dice el empresario, que añade que su principal diferencia con otras empresas como Desokupa está “en el equipo, la metodología (suelen ser personas más profesionales, con conocimiento jurídico) y los operarios, que en el 80% van acompañados de abogados para que se vea que hay un fondo legal”. Desokupa Express, que ya tiene a sus espaldas unas 200 desokupaciones, suele tardar una media de un día y medio en llevar a cabo su trabajo, con un precio que empieza a partir de los 3.000 euros. “El precio varía, obviamente, ya que nunca sabemos cuánto tiempo vamos a necesitar, a qué peligro nos exponemos y quién puede haber al otro lado de la puerta”.

Fuera Okupas y Gestokupa, a la defensa del propietario Jorge Fe es otro de los empresarios que vieron el filón que podía tener montar una empresa especializada en la desokupación en 2017. El directivo, que ahora cuenta con oficina propia en Barcelona y Madrid, también venía del sector de los créditos impagados, como muchos de sus colegas de sector. El equipo de Fuera Okupas está formado por unas cinco personas fijas en plantilla, si bien se apoyan en una decena de hombres que les ayudan a llevar a cabo las desokupaciones, que en este caso empiezan en un precio de 2.500 euros.

“Recibimos una llamada, se firma un contrato de arrendamiento de servicios, se investiga al okupa, su entorno, horarios, personas que hay, situación y todo lo que sea de interés, y nos ponemos manos a la obra”, asegura Fe. La fase previa a la desokupación puede llevarle hasta 72 horas, si bien la propia desokupación puede ser inmediata o alargarse en el tiempo. “Hablamos con el okupa y, a partir de ahí, puede pasar de todo”, dice Fe, que ya ha pilotado desokupaciones en Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha o Valencia.

Esta compañía, además, ofrece otros servicios como la mediación con inquilino “precarios”, mediación con inquilinos morosos, así como a asesoramiento jurídico y una especie de seguros que se publicitan en su web como “prevención y seguridad contra okupas y morosos”, con “dispositivos de vigilancia 24 horas pensados para llevar a cabo una buena prevención de nuevas ocupaciones ilegales”, o “un alquiler seguro de viviendas contra okupas”, que se basa en un servicio inmobiliario de alquiler seguro de viviendas con el que poder garantizar al propietario del cobro de las rentas así como darle cobertura jurídica ante un posible desahucio por impago u incumplimiento contractual”.

Y de Valencia volvemos a Barcelona. Con un “en defensa de los propietarios” como eslogan y bandera, Gestokupa nació hace dos años para hacer frente a las okupaciones ilegales en Cataluña. “Hemos notado un incremento de la actividad porque hay sitios en que la ocupación es muy notable y la respuesta institucional es muy lenta», afirman desde la compañía. “Gestokupa nace para cubrir las necesidades del verdadero afectado, el propietario real; necesidad de consulta y necesidad de soluciones. Para ello ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio integral de asesoramiento y gestión de la okupación, que nos permite recuperar el inmueble en plazos muy cortos de tiempo”, dicen desde la compañía. La empresa cuenta con un equipo profesional que aborda cada nuevo caso de okupación “desde una perspectiva multidisciplinar, al estar formado por profesionales procedentes de diferentes sectores: el derecho, la seguridad, la mediación y la gestión de empresas”, sostienen.

Madrid, okupada Según datos del Ayuntamiento de Madrid, la okupación ilegal de viviendas en la región es un problema que se ha recrudecido en los últimos años y que ya alcanza a 5.000 inmuebles a octubre de este año. Es por este motivo que la administración ha tenido que tomar cartas en el asunto y anunciar que llevarán a cabo los desahucios necesarios para dar las viviendas a las personas que verdaderamente lo necesiten y cumplan los baremos exigidos para adquirir una vivienda pública.

Una unidad especializada de la Policía Municipal será la responsable, junto a la Policía Nacional, del plan de actuación relativo a la okupación que tienen previsto materializar durante esta legislatura tanto Comunidad como Ayuntamiento. 3.400 familias de Madrid en situación de vulnerabilidad elevada, según datos del Ayuntamiento, se encuentran a la espera de tener un lugar digno para vivir. La Comunidad destina alrededor de cuatro millones de euros al año a mantenimiento y seguridad en su parque de viviendas, según fuentes oficiales. La instalación de puertas de seguridad antivándalos y el tabicaje de puertas y ventanas son las principales intervenciones que se llevan a cabo. 

Los distritos de Carabanchel, Usera, Bellas Vistas y Puente de Vallecas son los que mayores índices de okupación presentan, según datos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Según los mismos organismos, el perfil de okupa está formado por familias o personas en situación de vulnerabilidad, pero el volumen más importante de okupaciones obedece a mafias que ocupan y luego comercializan los pisos, inmuebles que se utilizan para vender drogas u okupaciones por motivos ideológicos.

17 de noviembre de 2019

Un Gran Hermano que todo lo ve en la oficina

El uso de cámaras de vigilancia es una de las materias más conflictivas en el ámbito del trabajo

Hace unas semanas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hizo pública su sentencia sobre el caso de las empleadas de Mercadona que fueron grabadas por cámaras ocultas mientras robaban productos y dinero de la caja. Tras casi una década de litigio, la gran sala dio la razón al supermercado al considerar que la decisión de instalar los dispositivos fue proporcional y no atentó contra la intimidad de las trabajadoras. El fallo, que tumba lo dictado en primera instancia, en donde sí se había apreciado vulneración de derechos, amplía a favor de las empresas los supuestos en los que pueden instalarse sistemas de videovigilancia para controlar a la plantilla.

El uso de cámaras para supervisar a los trabajadores es una de las cuestiones que más conflictos está creando en los últimos años en el ámbito laboral. Tanto es así, que la nueva ley orgánica de protección de datos (LOPD), de diciembre de 2018, dedicó expresamente un precepto a regular esta cuestión. Así, para que estos sistemas sean legales, el artículo 89 impone a las compañías que informen “con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa a los trabajadores” de dos extremos: de la presencia de las cámaras y, además, de la finalidad de control de las imágenes captadas. Si no se cumple esta doble exigencia, el uso de las grabaciones no servirá, por ejemplo, para justificar un despido.

La empresa debe informar antes de la presencia de los dispositivos y de la finalidad de las imágenes Hasta aquí la norma es clara. Sin embargo, el legislador introdujo un segundo párrafo en el artículo 89 que ha creado cierta confusión y ha dado lugar a un buen número de sentencias contradictorias. Dicho inciso establece que, cuando “se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito”, el deber de información se rebaja y queda satisfecho con la existencia de un dispositivo informativo “en un lugar lo suficientemente visible”, que avise sobre la existencia de cámaras (el clásico cartel de advertencia).

Esta reducción de las garantías de los derechos de los trabajadores si se graban “acto ilícitos” ha levantado las suspicacias de los magistrados más garantistas. En una sentencia dictada en marzo, un juez de Pamplona criticó abiertamente esta excepción y consideró que, en ese apartado, la ley atentaba contra el derecho a la protección de datos personales y contradecía el reglamento europeo sobre la materia. Por ello, afirmó que no podía ser aplicado y, en consecuencia, rechazó como prueba para un despido las grabaciones que mostraban a un vigilante de seguridad peleándose con un compañero en el aparcamiento de la empresa. ¿Abre la puerta el mencionado inciso a una suerte de Gran Hermano laboral? Marisa López, socia de Garrigues, descarta que tanto la ley como el TEDH estén dando carta blanca a las empresas para vigilar a su plantilla sin control alguno. Según explica, la relajación del deber de información “se reduce a casos excepcionales”. “El control empresarial puede, en ocasiones, afectar a la privacidad de los empleados, pero dicha injerencia debe ser lo más reducida posible”, señala.

Ante un comportamiento impropio del empleado, el deber de comunicación de la compañía se rebaja Coincide con esta visión Ricard Martínez, experto en privacidad y catedrático en la Universidad de Valencia. En su opinión, carece de sentido exigir a la compañía que detecta una irregularidad “que alerte previamente al infractor de que va a instalar una cámara para vigilarle”, porque entonces modulará o modificará su conducta, impidiendo que la dirección adopte medidas disciplinarias o legales. No obstante, y como coinciden ambos juristas, se trata de un asunto delicado en el que no existe un criterio judicial único y claro. Dependerá de las circunstancias de cada caso (y de la sensibilidad del juez o tribunal) ponderar qué pesa más, el derecho a la intimidad y la protección de datos del empleado o, por el contrario, la libertad de empresa y la capacidad de control de los trabajadores.

Actos ilícitos Uno de los grandes problemas que plantea el controvertido párrafo es la indeterminación del concepto “acto ilícito”. Como explica Marisa López, no se circunscribe solo a la comisión de delitos (como sería el robo de dinero o un episodio de acoso sexual), “sino que abarca comportamientos que incumplan otras leyes o, incluso, la normativa interna de la compañía”. En 2017, el Tribunal Supremo avaló el cese del entrenador de un gimnasio que se saltó el código de conducta de la organización al usar su pulsera para abrir el torno de acceso a personas no socias del local. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco confirmó la suspensión de 21 días de empleo y sueldo de un conductor de autobús que fue grabado conduciendo de forma temeraria, una infracción administrativa.

A pesar de las dudas que puedan suscitar la cuestión, Enrique Ceca, socio de Ceca Magán, insiste en que, lejos de una barra libre, existen estrictas limitaciones al uso de la videovigilancia en el trabajo. Según recuerda, en el caso de Mercadona, el TEDH hace hincapié en la escasa duración de las grabaciones y la existencia previa de sospechas razonables (descuadres en el inventario), lo que reforzaba la idea de que se estaba cometiendo una irregularidad. Por ello, el letrado recomienda prudencia a las compañías que quieran instalar estos sistemas. Deben ponderar los diferentes intereses en juego y “asegurarse de que los dispositivos no generen más perjuicios al interés general que beneficios al interés empresarial”, concluye.

EL TRIPLE EXAMEN Si en el marco de un litigio, el trabajador impugna el sistema de cámaras de vigilancia, Enrique Ceca apunta que los jueces harán un triple examen para evaluar su legalidad. En primer lugar, revisarán si su instalación fue idónea; es decir, que sirvió para verificar la irregularidad. Seguidamente, comprobarán si fue necesaria; o dicho de otro modo, que no había otra forma menos invasiva de alcanzar se fin. Y, finalmente, estimarán su proporcionalidad en relación al objetivo perseguido. Estas tres condiciones fueron fijadas por el Tribunal Constitucional cuando, en 2016, dio su visto bueno al despido de una empleada de Bershka a la que las cámaras captaron robando dinero de una caja. Entre otras razones, los magistrados valoraron que la compañía solo enfocó la máquina sobre la empleada sobre la que había sospechas.

16 de noviembre de 2019

ILUNION Seguridad aprueba el primer procedimiento contra la violencia de género del sector

Establece qué pasos dar y cómo actuar frente a agresiones machistas

ILUNION Seguridad ha desarrollado el primer protocolo de actuación contra la violencia de género del sector, con el fin de concienciar y capacitar a sus vigilantes frente a los posibles casos de violencia de género que puedan detectar en los centros donde desarrollen su trabajo, según informó hoy la empresa en una nota de prensa.


La presentación de este protocolo de actuación tuvo lugar ayer en el auditorio de Torre ILUNION, durante la jornada 'Contra la violencia de género, tolerancia 0', y a la que acudieron vigilantes, jefes de servicio y empleados de la citada empresa. La directora corporativa de Personas, Organización y Gestión de Recursos de ILUNION, Paola del Río, fue la encargada de abrir esta jornada que se enmarca, junto a la lucha contra la violencia de género, en su política de diversidad e igualdad de oportunidades basada en el respeto, la diversidad, el pluralismo y la tolerancia.

En este sentido, manifestó el “firme propósito” de actuar contra la violencia de género” y el compromiso de ILUNION para favorecer la incorporación y mantenimiento en el empleo de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Además, expresó la satisfacción de que la iniciativa de esta jornada haya surgido de los compañeros de ILUNION Seguridad, al tiempo que puso en valor la guía “Cómplices contra la violencia de género”.

CONCIENCIAR Y CAPACITAR Por su parte, el jefe de Seguridad de ILUNION Seguridad, Jose María Lucido, fue el responsable de presentar el citado procedimiento a los asistentes, cuyo objetivo es “concienciarles y capacitarles para intervenir ante casos de violencia de género o agresión de hombres hacia mujeres fuera del ámbito doméstico”, recoge la nota. En primer lugar, el procedimiento marca cómo interrumpir la agresión y proceder a la detención del agresor poniéndolo a disposición de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad competentes. En segundo lugar, indica cómo atender a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencia o psicológicos en caso de que fuera necesario. Además, en este protocolo existe una “especial atención a las mujeres con discapacidad”, como recalcó José María Lucido durante su intervención en esta jornada.

Durante la jornada, María José Garrido, licenciada y doctorada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la MIT Sweeden University, experta en violencia de género, explicó cómo actúan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ante un caso de violencia de género. Garrido es autora de la “Guía de primeros auxilios psicológicos en violencia de género”, considerada por muchos expertos como una de las mejores que se han escrito sobre la materia.

UN PASO ADELANTE Por último, la gerente de ILUNION Seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, María Josefa Sanz, que cerró la jornada, hizo hincapié en lo novedoso de este procedimiento, pues “es el único en el sector de la seguridad” que, además es “tradicionalmente masculino”. De hecho, ILUNION no es la excepción, pues de los 7.404 vigilantes de seguridad que tiene en su plantilla, 5.976 son hombres (80,7%) y 1.428 son mujeres (19,3%). A juicio de la responsable de ILUNION Seguridad en Barajas este protocolo presentado hoy constituye un paso hacia delante en la concienciación de los vigilantes y jefes de servicio en violencia de género. “Es un orgullo incorporar un procedimiento como este, pionero en el sector”, señaló.

La violencia de género está considerada por la ONU una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, según la declaración aprobada el 20 de diciembre de 1993 por la Asamblea General de esta organización internacional. Para la ONU, es violencia contra la mujer “todo acto de violencia, basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.