Noticias Destacadas SPV Sevilla


25 de abril de 2015

La Audiencia Nacional establece que corresponde al trabajador la distribución de su reducción de jornada.


La Audiencia Nacional establece que corresponde al trabajador la distribución de su reducción de jornada

El tribunal falla a favor de una empleada que reclamó no trabajar los fines de semana pese a que su jornada era de lunes a domingo

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha fallado a favor de una trabajadora que, tras acogerse a la reducción de jornada por cuidado de hijo, reclamó agrupar sus horas de trabajo de lunes a viernes y, por tanto, descansar los fines de semana, pese a que su contrato establecía una jornada de lunes a domingo.

La empresa denegó su petición alegando que la reforma del Estatuto de los Trabajadores aprobada en 2012 establece que la reducción de jornada debe hacerse de forma “diaria y proporcional” y que esa norma debía prevalecer sobre el convenio colectivo de la compañía, que sí señala que “la concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada (…) corresponderá al trabajador dentro de su jornada ordinaria”.

El tribunal dice que los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales deben resolverse “mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto”, y que este criterio es aplicable tanto si el convenio colectivo es posterior a la reforma del Estatuto de los Trabajadores –como era el caso- como si es anterior.

La sentencia recuerda también que la reducción de jornada por cuidado de hijo constituye "una medida paliativa de la discriminación indirecta por razón de sexo" y que hay que evitar soluciones ajenas a la finalidad de la norma o interpretaciones que resulten contrarios "a la eficacia de la reducción de la jornada y a la conciliación de los derechos tanto de maternidad, como de familia, como al trabajo". La demanda sobre la que ahora se ha pronunciado la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional fue interpuesta por los sindicatos UGT y CSIF.

24 de abril de 2015

Procedimiento concursal de SERRAMAR Vigilancia y Seguridad S.L.


Competencia multará con 60.000 euros a los malos gestores reincidentes

La CNMC sancionará a Prosegur y Loomis Spain por posibles prácticas restrictivas de la competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) prevé comenzar a imponer multas de hasta 60.000 euros a los gestores y directivos de empresas que se demuestre que hayan incumplido "reiteradamente" las normas de competencia. Así lo indicó el presidente del organismo, José María Marín Quemada, durante una comparecencia en la Comisión de Economía del Senado, para explicar el Plan de Actuación en 2015.

Estas sanciones se sumarán así a las que el regulador ya impone a las compañías que cometen infracciones contra la Ley de Defensa de la Competencia que, en el caso de sanciones muy graves, pueden ascender al 10% de la facturación de la empresa. Por otra parte, la CNMC ha incoado expediente sancionador contra Prosegur y Loomis Spain por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España, entre ellas el reparto de clientes y la fijación de precios.

Esta investigación se ha iniciado de oficio por la CNMC tras haber tenido conocimiento de determinadas informaciones que ponían de manifiesto la existencia de dichas prácticas. En el marco de esta investigación preliminar, se llevaron a cabo por la CNMC inspecciones domiciliarias en las sedes de Prosegur y Loomis.

A la vista de la información inicial disponible y de la documentación recabada en el marco de dichas inspecciones, la CNMC considera que existen indicios racionales de la comisión, por parte de Prosegur y Loomis, de una infracción de la Ley de la Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistente en prácticas concertadas para el reparto de clientes y actividades, la fijación de precios u otras condiciones comerciales y el intercambio de información comercial sensible en relación con la prestación y contratación de servicios en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España.

23 de abril de 2015

II Jornadas Técnicas para vigilantes de Seguridad privada "José Antonio Jiménez Ceferino"

El Sindicato Profesional de Vigilantes S.P.V. en colaboración con la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Sevilla y el Centro de Estudios Elcano, ha organizado las II Jornadas para vigilantes de seguridad “José Antonio Jiménez Ceferino”, dirigidas a todos los profesionales del sector, con el objetivo de profundizar en las condiciones de trabajo y los riesgos laborales específicos que suponen el ejercicio de las funciones propias del vigilante de seguridad, especialmente en aquellas circunstancias donde el trabajador se encuentra más expuesto, con unas condiciones de seguridad laboral insuficientes.

A la memoria del compañero José Antonio Jiménez Ceferino, vigilante de seguridad fallecido hace años a causa de una brutal agresión de unos ladrones mientras trabajaba solo de noche en unas instalaciones alejadas de casco urbano en la provincia de Sevilla, queremos dedicar esta iniciativa. El caso de José Antonio, como el de otros compañeros fallecidos mientras desempeñaban su trabajo, son un claro exponente de lo que no debe pasarle nunca a un agente de seguridad privada. Son muchas las ocasiones donde vemos a compañeros operando en unas condiciones muy precarias, expuestos a un riesgo excesivo para su integridad física y con falta de evidente de medios tanto técnicos como operativos. Queremos reivindicar unas condiciones dignas y seguras de trabajo para el vigilante de seguridad, con medidas preventivas especificas que atajen de forma eficiente ese fenómeno que hemos venido a denominar "la inseguridad de la seguridad".

Hemos convocado las segundas jornadas para vigilantes de seguridad privada porque creemos que es necesario consolidar este foro profesional, para que sirva de estudio, de dialogo, de denuncia y de acción, de tal forma que de su seno pudieran salir a flote las malas prácticas empresariales que colocan en una clara situación de riesgo a sus empleados. Queremos darle altavoz a estas situaciones y, a la vez, generar propuestas alternativas para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que se dedican a la seguridad privada. Con todo ello esperamos aportar nuestro granito de arena en la dignificación de una profesión que, hoy por hoy, resulta esencial como complemento a la labor que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Si estás interesado en asistir solo tienes que ponerte en contacto con la organización de las jornadas y dejar tus datos en el correo electrónico:
jornadasdevigilantes@gmail.com

GIPUZKOA: Detenido tras realizar pintadas con spray y causar daños en dos vagones de tren en Eibar

El varón detenido, de 24 años de edad, cuenta con otras siete imputaciones por hacer pintadas en trenes en los últimos tres años en Eibar, Elgoibar y Ermua, así como en Irun

Un joven de 24 años fue detenido el pasado lunes acusado de un delito de daños tras haber efectuado pintadas con spray en dos vagones de tren en el apeadero de Eibar. Además trató de agredir a uno de los ertzainas que intervino. Según el Departamento de Seguridad, minutos antes de las nueve de la noche del lunes, agentes de la Ertzaintza Los ertzainas acudieron al apeadero de trenes de Euskotren sito en la calle Estaziño de Eibar, donde uno de los vigilantes de seguridad había detectado a varios individuos realizando pintadas en los vagones.

Los ertzainas se desplegaron por la zona de las vías para tratar de localizar a los presuntos autores, los cuales al detectar su presencia se dieron a la fuga arrollando en su huida a uno de los agentes. A pesar de ello, el ertzaina logró retener a uno de ellos, que intentó además agredirle. También localizaron varios botes de pintura en spray, presuntamente utilizados para realizar las pintadas en los vagones, concretamente en dos unidades tal y como se pudo comprobar. El varón detenido, de 24 años de edad, cuenta con otras siete imputaciones por hacer pintadas en trenes en los últimos tres años en los municipios de Eibar, Elgoibar y Ermua, así como en Irun

CC.OO. cancela los cursos de formación en Extremadura por los impagos de la Junta Extremadura

No puede costear más actividades en 2015 porque el gobierno de Monago le debe 598.000 euros por planes ejecutados entre 2011 y 2014

La federación regional de Comisiones Obreras se planta ante la Junta de Extremadura: los impagos de la administración autonómica para los cursos a parados y ocupados le han obligado a tomar la decisión drástica de suspender todas sus actividades de formación.

Según ha sabido El Confidencial Autonómico, la dirección extremeña deComisiones Obreras tomó la decisión de devolver a la Junta los planes que se iban a ejecutar este año 2015 en cursos de formación. ¿El motivo? Que las deudas que arrastra la Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera (FOREM-Extremadura) del sindicato por los impagos del gobierno regional han obligado a despedir a todos sus trabajadores. Así lo explica el secretario de Formación de CC.OO. Extremadura, Miguel Coque, que ha visto cómo el organismo sindical encargado de los cursos sólo se ha quedado con él en plantilla tras los repetidos Expedientes de Regulación de Empleo que Comisiones Obreras ha tenido que acometer en los últimos años por la“complicada” situación financiera de la que culpan al Ejecutivo de Monago.

A partir de 2011, el sindicato ha optado a organizar cursos de formación para parados y trabajadores, subvencionados por la Junta de Extremadura. El gobierno regional adelantaba el 50% del dinero, y supuestamente después abonaba el resto al justificar la utilización de los fondos para estos cursos. Ese año 2011, por ejemplo, se presupuestaron 1,8 millones de euros de los cuales Comisiones Obreras ejecutó alrededor de 1.720.000 euros. Sin embargo, al comenzar el 2012 la Junta no le pagó lo debido, por lo que el sindicato ya comenzó a acumular una deuda, al principio del entorno de los 300.000 euros. “Ya en 2012 tuvimos que hacer un ERE en FOREM-Extremadura por no tener liquidez; en 2013 volvió a pasar y tuvimos que extinguir 23 contratos”, asegura el secretario de Formación de CC.OO.

La Junta les debe 598.000 euros En esos años 2012, 2013 y 2014 la federación extremeña de Comisiones Obreras siguió organizando cursos, mientras que la Junta dejaba de pagarles la totalidad de las subvenciones comprometidas. Eso se tradujo en problemas para el sindicato que a finales de 2014, tras una reducción salarial, terminó extinguiendo los contratos de los trabajadores que le quedaban en la fundación que organizaba los cursos. Según explica a ECA Miguel Coque, tras el desmantelamiento de la fundación se dirigieron a la Junta de Extremadura para renunciar a los planes de cursos de formación que iba a poner en marcha el sindicato en 2015. Para este año se habían presupuestado 650.000 euros de las arcas públicas para que Comisiones Obreras organizara estas actividades de formación a paradores y empleados. Actualmente, desde Comisiones Obreras calculan que el gobierno de Extremadura les debe un total de 598.000 euros de todos estos años en que han impartido cursos de formación sin recibir las subvenciones completas.

Además, el secretario de Formación de este sindicato señala que CC.OO. no es la única entidad perjudicada. La Junta de Extremadura también le debe, según explica Coque a El Confidencial Autonómico, a la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX, la patronal) más de un millón de euros; a UGT más de 600.000 euros; y a la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (CEPES) en torno a los 300.000 euros.+ Los dirigentes de Comisiones Obreras han hecho gestiones ante la administración para reclamar el pago de las cantidades que se le adeudan. También han planteado esta exigencia en las reuniones y contactos por distintos asuntos sociales y laborales que han tenido con la Junta en los últimos meses.

Monago denuncia fraude durante la etapa del PSOE La única respuesta ha sido la denuncia hecha pública por Monago uno de los últimos días de la legislatura de la Asamblea de Extremadura sobre posibles irregularidades económicas en los cursos de formación -similares al escándalo destapado en Andalucía- durante la etapa del socialista Guillermo Fernández Vara en la presidencia de la Junta. “Su objetivo es suspender la vía administrativa de reclamación del dinero que no nos ha pagado. Dice que sindicatos y patronales debemos dinero: es la Junta la que nos debe dinero a nosotros, tres millones de euros”, asegura Miguel Coque, que señala que tras la denuncia presentada por el gobierno de José Antonio Monago Comisiones Obreras está colaborando completamente.

En concreto, señala que por ejemplo ya ha remitido toda la documentación de los cursos del año 2011 -cuando gobernó el PSOE hasta las elecciones de mayo-. Además, destaca que la Fundación Tripartita, que también participa en la formación de los trabajadores, ha ido certificando que Comisiones Obreras justificaba los gastos de todas las subvenciones recibidas para organizar los cursos de formación, que ahora no se van a celebrar en 2015 no sólo por la falta de fondos y la situación cercana a la quiebra de CC.OO., sino también, reconocen sus dirigentes, por la mala reputación que ya tienen estos cursos y más después de que el propio gobierno extremeño acusara a los agentes sociales de lucrarse con estas actividades de formación.

22 de abril de 2015

Competencia abre expediente sancionador a Prosegur y Loomis por posible reparto de clientes

Existen indicios racionales de infracción de la Ley de la Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha incoado expediente sancionador contra Prosegur y Loomis Spain (Loomis) por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España, entre ellas el reparto de clientes y la fijación de precios.  Esta investigación se ha iniciado de oficio por la CNMC tras haber tenido conocimiento de determinadas informaciones que ponían de manifiesto la existencia de dichas prácticas. 

En el marco de esta investigación preliminar, se llevaron a cabo por la CNMC inspecciones domiciliarias en las sedes de Prosegur y Loomis. A la vista de la información inicial disponible y de la documentación recabada en el marco de dichas inspecciones, la CNMC considera que existen indicios racionales de la comisión, por parte de Prosegur y Loomis, de una infracción de la Ley de la Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Dicha infracción, consiste en prácticas concertadas para el reparto de clientes y actividades, la fijación de precios u otras condiciones comerciales y el intercambio de información comercial sensible en relación con la prestación y contratación de servicios en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

“Colocan” al Secretario Sectorial de Seguridad Privada de UGT como director de RRHH de SEGUR IBÉRICA

FUENTE: alternativasindical.es AQUÍ  El que era Secretario Sectorial de Seguridad Privada en la UGT, José Rafael Centeno, es nombrado nuevo director de RRHH en SEGUR IBÉRICA. Finalmente, este sindicalista, uno de los firmantes del convenio estatal 2015 por el cual, los vigilantes de seguridad padecemos una merma económica de 450 euros anuales, ha visto recompensado su “buen hacer” para con las patronales. En este caso podríamos aplicar aquello de “favor con favor se paga”.


Revista Cuadernos de Seguridad Nº 299 (Abril 2015)


MELILLA: Detenido un vecino de Murcia que ocultaba 2 kilos de hachís dentro de naranjas

El suceso ocurrió el día 17, y en él fue "esencial" la colaboración del servicio de vigilancia privada que visualiza con un escáner los equipajes de los viajeros del ferry. El hombre, que pretendía cruzar el estrecho en barco, había vaciado el interior de la fruta y las había rellenado con 263 bellotas de droga

La Guardia Civil detuvo a a una persona, vecino de Murcia, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en el puerto de Melilla, donde intervino dos kilos de hachís que estaban escondidos dentro de grandes naranjas que llevaba en su bolso. Los vigilantes detectaron "cierta anomalía" durante el control de seguridad previo al embarque en el buque con destino a Almería, momento en el que la Guardia Civil fiscalizó el bolso, donde se localizaron seis naranjas de gran tamaño que contenían en su interior 263 bellotas de hachís, con un peso cercano a los dos kilogramos.

Para ello, el interior de las naranjas había sido vaciado, dejando solo la cáscara, que tras ser rellenadas con la droga fueron pegadas mediante cinta adhesiva transparente. El propietario del equipaje es un ciudadano de nacionalidad marroquí de 52 años con domicilio en la provincia de Murcia, que fue detenido.

Otros dos arrestados La Guardia Civil también arrestó a otras dos personas en sendas actuaciones en los registros selectivos de vehículos que embarcan en los buques que conectan Melilla con la península. La primera tuvo lugar el jueves 16 en el preembarque del buque que partía hasta Motril, donde los agentes localizaron en los huecos naturales del conducto del aire acondicionado de un turismo con matrícula nacional 19 cajas metálicas herméticas y unas guías con cuerdas para extraerlas, que contenían 10 kilos de hachís.

Su conductor, un marroquí de 34 años y domicilio en la provincia de Valencia, fue detenido por la Guardia Civil, que al día siguiente intervino otros 19 kilos de hachís en otro turismo que pretendía embarcar hacia Málaga, también en los huecos naturales de los conductos del aire acondicionado, donde había 53 paquetes de diferentes formas y tamaños.

El detenido y único ocupante del vehículo es un español de 41 años de edad y vecino de Melilla. Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial como supuestos autores de un delito contra la salud pública, junto a la droga intervenida en las tres actuaciones y los dos vehículos utilizados como instrumentos para la comisión de los delitos. Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha evitado la distribución y comercialización en el mercado ilícito de más de 160.000 dosis de hachís.