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15 de julio de 2018

OVIEDO: Los vigilantes de seguridad afirman que los nuevos serenos son ilegales

AVISPA recuerda que tras una denuncia suya ante la Policía en 2013, el Ayuntamiento tuvo que suprimir los vigilantes nocturnos


La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) cargó ayer contra los planes municipales para poner en marcha un servicio de vigilancia nocturna en determinados zonas de la ciudad el próximo año bajo la denominación de cuidadores de barrio. En un comunicado de prensa, la asociación gremial considera que la nueva figura carece de cualquier respaldo legal ni es posible encontrarle acomodo en el marco jurídico. Sostiene que elservicio denominado cuidadores de barrio es un «eufemismo utilizado por parte del Ayuntamiento y la entidad ASATA para esconder» que las funciones que se les atribuyen son las que desarrollaban los «antiguos vigilantes nocturnos serenos en años anteriores en la ciudad de Oviedo».

En este sentido el colectivo recuerda que una denuncia suya de 2013, ante Delegación del Gobierno y la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional contra estos serenos por ser contrarias a la normativa reguladora y el marco legal en vigor para la prestación de servicios de esa naturaleza en la vía pública, precipitó un decreto del concejal de Personal, por entonces el popular Gerardo Antuña, en el que se dejó «sin efecto el nombramiento de todos los denominados vigilantes nocturnos que ejerzan sus funciones en el municipio de Oviedo, con aplicación a partir del 1 de julio de 2013».

Para AVISPA ni la anterior configuración del servicio ni la que pretende implantar ahora el Ayuntamiento son legales por lo que la asociación anuncia que, a través de sus servicios jurídicos, «se interpondrán todas las acciones legales que se consideren oportunas, si como parece ser, esta nueva figura profesional inicia sus laborales en las calles y barrios de la ciudad de Oviedo en el año 2019», tal como ha anunciado el equipo de gobierno.

Contra 'Rivi' La asociación achaca el avance de este «absurdo proyecto» al interés «reiterado y machacón, especialmente»del concejal del Grupo Municipal de IU Roberto Sánchez Ramos, que tras la retirada del servicio en 2013, promovió, según denuncia AVISPA, un acuerdo de la comisión de Economía en 2015 para dotar de «marco jurídico las funciones de los denominados serenos en la ciudad de Oviedo», pero que no llegó a plantearse siquiera. AVISPA sostiene que también los nuevos cuidadores de barrio que pretende poner en la calle el equipo de gobierno, aunque se intente «camuflar el ejercicio de sus funciones como que no se trata de un servicio de seguridad privada», prestarán, «al igual que se denuncio en multitud de ocasiones con los Serenos de Gijón, funciones para las cuales ni están capacitados ni formados, ni cuentan con respaldo legal para ejercerlas».

«En resumen, un proyecto que no aportara ninguna calidad de vida ni servicios extras a los ciudadanos, tampoco seguridad, con una inversión municipal de 391.000 euros, excesiva para el objetivo que pretende, la creación de un número insignificante de puestos de trabajo con un coste desmesurado», concluye la asociación en su comunicado.

14 de julio de 2018

SALAMANCA: Arrestada por agredir a un vigilante de la estación de autobuses y a un agente

La mujer, de 34 años, golpeó la mampara del vehículo policial y continuó con su comportamiento agresivo durante su traslado a dependencias policiales.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 34 años, como presunta autora de delitos de amenazas, atentado a agentes de la autoridad y lesiones, tras un altercado en las instalaciones de la estación de autobuses, en la Avenida de Filiberto Villalobos.

Agentes policiales pertenecientes a la Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y a la UPR de la Comisaría salmantina que realizaban un operativo conjunto de prevención en la estación de autobuses, fueron requeridos por el servicio de seguridad ante el comportamiento de una mujer que había sido requerida para evitar su agresividad con el resto de usuarios, respondiendo con insultos y amenazas al vigilante de seguridad, al que también había agredido a manotazos.

Los agentes trataron de identificarla, negándose a los requerimientos, profiriendo también insultos y amenazas y en un momento determinado abalanzándose hacia el que estaba de espaldas a ella, registrando el bolso que portaba, al que arañó en los brazos, produciéndole lesiones por las que recibió asistencia médica. La mujer fue detenida, a pesar de que trató de llamar la atención de los ciudadanos golpeándose contra un cajero automático y pretendiendo desnudarse. Durante el trayecto a dependencias policiales golpeó la mampara del vehículo policial y continuó con su comportamiento agresivo y con sus amenazas. La detenida será puesta a disposición judicial con las diligencias policiales que se tramitan.

MÁLAGA: Vigilante de seguridad de un parking auxilia a una mujer agredida por su pareja

Un hombre intenta matar a su pareja a martillazos y se suicida tras darla por muerta

La mujer consiguió llegar hasta el vigilante de seguridad del parking donde ocurrieron los hechos, que avisó al 112 y a la Policía Nacional

Eran en torno a las 08.30 horas. Un hombre de 45 años había estado esperando a su pareja escondido en el parking de Avenida Europa, cerca del Parque Empresarial Santa Bárbara. Cuando ella llegó, el asaltante se abalanzó y le asestó dos martillazos en la cabeza. Después, la asfixió con el cable del cargador de un teléfono móvil y la dejó en el suelo, dándola por muerta. Poco después, pasadas las 09.00 horas, la mujer, de 42 años, logró recuperar la conciencia y, como pudo, llegó hasta el vigilante de seguridad del aparcamiento. Tras pedirle auxilio, este llamó al 112, desde donde alertaron a la Policía Nacional y enviaron un equipo sanitario al lugar de los hechos. La víctima, que fue trasladada al Hospital Clínico Virgen de la Victoria, les dio indicaciones sobre el aspecto de su pareja y sobre su coche, ya que se lo había sustraído. A primera hora de la tarde, la mujer, que presentaba contusiones en la cabeza, cuello y brazos, era dada de alta.

Al buscar por las inmediaciones del lugar del suceso, la Policía Nacional encontró al presunto agresor dentro del vehículo, en una zona conocida como Llano de San Andrés. Al parecer, el hombre se había cortado las venas con un cúter y mientras esperaba a desangrarse, se rajó también el cuello, falleciendo poco después. Sobre la pareja, ambos de nacionalidad española y asentados en Málaga, el comisario provincial, Francisco López Canedo, indicó ayer –durante la presentación de los refuerzos del Plan Turismo Seguro– que no había denuncias de violencia de género. Asimismo, manifestó no tener constancia de órdenes de protección emitidas por alguna autoridad judicial ni de ningún tipo de episodio previo que les hiciese sospechar que podría pasar lo que sucedió ayer. Aun así, fuentes policiales apuntaron que el presunto agresor contaba con antecedentes que se remontan al año 2016, solo que de otra índole.

El comisario provincial aseguró que, aunque la investigación se encuentra en una fase inicial, todo apunta a que se trata de un nuevo caso de violencia machista. Al respecto, indicó que los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial se han hecho cargo de las pesquisas.

El personal de seguridad del aeropuerto irá a la huelga indefinida a partir del día 20

La reunión se alargó durante más de cuatro horas, pero no hubo acuerdo entre empleados y empresa.

El personal de seguridad privada del aeropuerto de Ibiza confirmó ayer que iniciará una huelga indefinida a partir del día 20 de julio tras no alcanzarse ayer por la mañana un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib). Tras una reunión de casi cuatro horas con responsables de la actual concesionaria, Trablisa, los trabajadores, afirmaron que la empresa «no quería negociar» y han querido declarar la huelga ilegal «con argumentos que no tenían razón de ser».

Los trabajadores participantes en la reunión en el Tamib explicaron que desde la empresa venían a «asustar y presionar» y recordaron que la huelga será convocada desde CCOO a través de la Federación de Construcción y Servicios. «No han cedido en nada», precisaron, confiando en que intercedan en el conflicto desde el Consell d’Eivissa o Delegación del Gobierno, a quienes han pedido que en la negociación de los servicios mínimos medien «porque la empresa pide un 90 por ciento de servicios mínimos», mientras que ellos han solicitado el 50 por ciento. «Se solicita que se cumpla la ley esos días, que no se dejen hacer jornadas de más de nueve horas o turnos que no estén en el cuadrante», expresaron los trabajadores. Cabe recordar que la temporada pasada, los trabajadores protagonizaron ocho días de huelga en protesta por su situación laboral.

El personal de seguridad pide disculpas por adelantado a los usuarios, recordando que «toda su precariedad repercute en la seguridad». «Tanta seguridad para que después una persona esté 16 horas durante cuatro días seguidos trabajando», lamentaron.  Entre otras reivindicaciones, afirmaron que la nueva concesionaria no paga los pluses de productividad a los trabajadores eventuales y ha eliminado la persona responsable de los cuadrantes. También denunciaron «cambios constantes» en los turnos.

La huelga viene motivada, además, por los excesos de las cargas de laborales que obligan a trabajadores y trabajadoras de la empresa Trablisa a mantener jornadas laborales que pueden superar las 12 horas continuadas. Para la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Baleares, la empresa «ha precarizado las condiciones de trabajo» del servicio de vigilancia y seguridad del Aeropuerto de Ibiza hasta «límites inaceptables». Estas cargas laborales son fruto, entre otras circunstancias, de la falta de personal en las plantillas, reiteraron.

Igualmente, CCOO denunció la «excesiva» carga laboral del personal femenino por la falta de paridad en la plantilla, lo cual conlleva, entre otras cosas, no poder optar a ocupar un puesto de trabajo en escáner y no acceder a cobrar el plus. Desde el sindicato precisaron que es «incomprensible y vergonzante» que una empresa como Aena, que genera beneficios «multimillonarios», consienta que los trabajadores de las empresas que subcontratan sufran estas situaciones de precariedad.

Defensa contrata vigilantes de seguridad privada por valor de seis millones de euros

El Gobierno ha aprobado este viernes el gasto para la contratación de servicios urgentes de seguridad privada para el Ministerio de Defensa.

El Gobierno ha aprobado este viernes el gasto de 5.798.479 de euros para la contratación de servicios urgentes de seguridad privada para el Ministerio de Defensa. En la referencia del Consejo de Ministros, indica que "ha tomado razón de la declaración de emergencia de las actuaciones" para la contratación de los servicios de vigilantes de seguridad requerida por Defensa al no renovar el acuerdo formalizado con la anterior empresa por encontrarse la misma en concurso de acreedores. "El plazo de duración del anterior acuerdo marco era de un año, a contar desde la fecha de formalización, con posibilidad de prórroga de un año más, si bien la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, órgano de contratación del mismo, acordó no prorrogarlo", explica en la nota.

La Junta de Contratación acordó, prosigue el Ejecutivo, autorizar que los contratos basados en dicho expediente "pudieran tener una vigencia superior a la del acuerdo marco, para cubrir el periodo de tiempo comprendido entre la finalización del expediente" y "la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco que le deberá sustituir, que actualmente se encuentra en fase de adjudicación".

Fomento llama a un concurso millonario para la seguridad privada de Adif tras el fiasco de Aena

Habrá seis lotes por un total de 227 millones, un 51% más que el anterior contrato. Los trabajos encargados, en estaciones y vías, tendrán un periodo de 36 meses.

Adif tiene luz verde del Consejo de Ministros para licitar el contrato de servicios de vigilancia y seguridad en sus estaciones e infraestructuras ferroviarias para un periodo de 36 meses. El presupuesto base asciende a 227,3 millones y el concurso saldrá repartido en seis lotes: Centro, Este, Nordeste, Noroeste, Norte y Sur. Entre las novedades, la cifra representa un alza del 50,9% sobre el anterior contrato, como respuesta a una subida de tarifas y de horas de servicio, que aumentan en un 50,7%. Esta llamada al sector privado llega tras la polémica suscitada el año pasado por las huelgas de los trabajadores de la seguridad privada en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Como consecuencia, Fomento creo un grupo de trabajo y salió adelante un acuerdo sectorial para mejorar las condiciones salariales y de prestación del servicio en infraestructuras críticas.

Ahora el ministerio asegura que Adif ha tenido en cuenta "los problemas que se han generado a lo largo de los últimos años en el sector de la seguridad privada, así como el necesario reconocimiento de los costes reales del servicio". Y a renglón seguido indica, como garantía al sector, que la empresa pública ha analizado en profundidad las condiciones específicas tanto de la infraestructura a proteger como de la prestación del servicio y del ámbito territorial antes de publicar los pliegos.

Adif ha tenido en cuenta "los problemas que se han generado a lo largo de los últimos años en el sector de la seguridad privaday el necesario reconocimiento de los costes reales del servicio" "El nuevo contrato licitado se adapta a la situación actual de riesgo de las infraestructuras, recupera los niveles de servicio de hace una década e incorpora los desarrollos de la red ferroviaria de estos últimos años y los niveles de capacidad necesarios para dar cobertura al servicio de manera óptima", cita Fomento en un comunicado.

El ministerio que dirige José Luis Ábalos ha observado cómo, este mismo año, grandes empresas de seguridad como Securitas, Prosegur y Eulen eludieron o fueron con mínimas expectativas al contrato de los aeropuertos de Aena. Pese al incremento de presupuesto en estos últimos contratos, valorados en un total de 360 millones para dos años de servicio, desde el sector se aseguró que no salían los números, quedando las labores de vivilancia privada en manos esencialmente de compañías medianas y emergentes. Adif administra 15.000 kilómetros de red ferroviaria en todo el país. La empresa que preside Isabel Pardo ha reorganización la Dirección de Protección y Seguridad y asegura que dotará de una visión más moderna la protección y la seguridad de los usuarios e infraestrcuturas, enfocándose en un modelo preventivo.

El gobierno destina 227,3 millones a los servicios de seguridad en estaciones ferroviarias

Resultado de imagen de gobierno de españaEl Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de Adif, el contrato de servicios de vigilancia y seguridad en las estaciones e infraestructuras ferroviarias por importe de 227.283.819,61 millones de euros.

La licitación se estructurará en seis lotes territoriales correspondiente a Centro, Este, Nordeste, Noroeste, Norte y Sur y será para un periodo de 36 meses. Para la redacción de este contrato, Adif ha realizado un profundo análisis de las condiciones específicas tanto de la infraestructura a proteger como de la prestación del servicio y del ámbito territorial. Además, se han tenido en cuenta los problemas que se han generado a lo largo de los últimos años en el sector de la seguridad privada, así como el necesario reconocimiento de los costes reales del servicio. De esta manera, el nuevo contrato licitado se adapta a la situación actual de riesgo de las infraestructuras, recupera los niveles de servicio de hace una década e incorpora los desarrollos de la red ferroviaria de estos últimos años y los niveles de capacidad necesarios para dar cobertura al servicio de manera óptima.

El contrato licitado recoge además los acuerdos alcanzados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Privada, creado en agosto de 2017 por el Ministerio de Fomento, con el objetivo de incluir en la contratación pública de los servicios de seguridad privada aspectos como la formación, la calidad del servicio, las condiciones de trabajo, la productividad y también las condiciones laborales y salariales. Con ello, se recoge la importancia del precio, pero, al mismo tiempo, se reconoce que la oferta técnica debe garantizar las condiciones de calidad en la prestación del servicio.

El contrato licitado incorpora también criterios relacionados con la calidad y la exigencia de unas condiciones de solvencia suficientes para garantizar que las empresas adjudicatarias tengan capacidad para llevar a cabo los servicios encomendados. Esta revisión en profundidad de las necesidades actuales, así como la necesaria recuperación de los niveles de servicio y la adecuación al nuevo marco del acuerdo del Grupo de Trabajo mencionado, implica un aumento del 50,73% en el número de horas (la prestación del servicio superará los 3 millones de horas anuales) y una mejora del dimensionamiento y capacitación de las patrullas de la vigilancia dinámica en estaciones y terminales. Del mismo modo, este necesario incremento en el número de horas, unido a la subida de las tarifas del servicio, hace que el presupuesto de licitación sea un 50,97% superior al del anterior contrato.

13 de julio de 2018

CÓRDOBA: El Ayuntamiento desbloquea el contrato para los vigilantes de seguridad en todos sus edificios


El Consistorio adjudica los cuatro lotes y obliga a las empresas a contratar a todo el personal que venía prestando el servicio


El Ayuntamiento de Córdoba ha logrado desbloquear uno de los grandes contratos que tenía que renovar: el de la contratación de los vigilantes de seguridad encargados de velar por todos los edificios municipales. El Consistorio ha adjudicado al Grupo Seguridad Integral tres de los cuatro lotes en concurso y a Sesegur el cuarto (la vigilancia de las dependencias de medio ambiente). El compromiso de las dos empresas es subrogar a toda la plantilla que actualmente presta los servicios de seguridad en todos los edificios que son propiedad del Ayuntamiento y que están abiertos al público.

En la actualidad, la Policía Local solo tiene personal para custodiar el edificio del Ayuntamiento y un reducido servicio de escoltas para la alcaldesa y los concejales. El resto de la vigilancia de los edificios municipales tiene que salir a concurso. Estos vigilantes no tienen las mismas funciones que los agentes policiales y patrullan estos inmuebles sin armas. En concreto, el contrato se realiza para prestar “apoyo presencial en caso de inminente acto delictivo” así como “vigilancia presencial” de edificios en los que suele haber problemas, como los centros de servicios sociales de la ciudad y los de participación activa de mayores. Además, también tiene que haber vigilantes para proteger las dependencias del Vivero Municipal de Tejavana, y tele-vigilancia por sistema de captación y visionado de imágenes en tiempo real, con apoyo presencial en caso de inminente acto delictivo de varias instalaciones dependientes de la Unidad de Parques y Jardines.

La empresa adjudicataria también se encargará de la apertura, desalojo y cierre de los Jardines de Juan Carlos I, el vial aledaño al Palacio de Orive, los jardines de la Manzana de Banesto, el Parque de la Asomadilla y el Parque Elena Moyano (Madre Coraje); y protegerán el Parque Zoológico y el Centro de Educación Ambiental También tiene que haber vigilantes en el edificio de la Biblioteca Municipal,en el Parque Infantil de Tráfico, en el edificio municipal Arcángel con apoyo presencial y captación/visionado de imágenes en tiempo real, en la Casa de la Juventud, y en los Centros Cívicos Municipales.

IBIZA: Servicios mínimos del 90% para la huelga de seguridad del aeropuerto

Los empleados de seguridad privada del aeropuerto de Ibiza mantienen la convocatoria de huelga indefinida para el día 20 de julio si hoy no se llega a un acuerdo con la anterior empresa adjudicataria, Prosegur, en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB).

Los motivos aluden al incumplimiento de varios puntos acordados con Prosegur en la pasada huelga indefinida que tenía lugar en estas mismas fechas, el verano pasado. Desde el comité de empresa aseguran que la nueva adjudicataria, Trablisa, no paga los pluses de productividad al personal eventual o no cumple con los turnos establecidos, y que hay trabajadores que llegan a jornadas de 16 horas o algunos que son movilizados para trabajar solo una hora para cubrir la demanda de la terminal de forma puntual.

La empresa niega este hecho y asegura que se cumplen las jornadas máximas de 12 horas y mínimas de 6 horas y que ha trasladado su intención de diálogo a los trabajadores. Por su parte, ayer desde el comité de empresa estaban decididos en mantener la amenaza de huelga: «Tenemos el apoyo de todos los empleados, lo que pasa es que hay miedo, sobre todo por parte de los eventuales porque no se pueden pronunciar», señalaron ayer representantes sindicales, que apuntaban a la intención de la empresa de boicotear el paro. «Nos han puesto un 90 % de servicios mínimos. Lo que nosotros vamos a pedir, es que por lo menos, se cumpla la ley los días de la huelga y no se hagan jornadas de más de nueve horas, que la gente descanse, lógicamente. Porque uno de los puntos a negociar son las 12 horas y no nos dan las condiciones para hacerlas según lo acordado y por tanto, no las negociamos», concluyeron.

12 de julio de 2018

El Constitucional declara que las rentas familiares no se tengan en cuenta para cobrar subsidio de mayores de 55 años

Resultado de imagen de JUSTICIA SOCIALEl Tribunal considera inconstitucional el requisito de rentas familiares que el Gobierno del PP introdujo en 2013 y que restringió el número de beneficiarios

El nuevo requisito perjudicó a las personas que convivían con cónyuges o hijos que cobraran salarios de poco más de mil euros

El Ministerio de Trabajo admite que la sentencia obliga a cambiar el criterio de cómputo de forma inminente: a partir de ahora solo se tendrán en cuenta los ingresos del propio beneficiario, sin incluir los de su unidad familiar

El Tribunal Constitucional acaba de tumbar uno de los requisitos que el Gobierno del PP introdujo en 2013 para endurecer el cobro del subsidio para mayores de 55 años. El Tribunal considera inconstitucional que para determinar si una persona tiene derecho a cobrar ese subsidio se computen los ingresos de toda su unidad familiar en lugar de sus ingresos individuales. La sentencia, que se publicó el pasado 7 de julio en el BOE, está motivada por el recurso que interpusieron más de cincuenta diputados socialistas poco después de la aprobación de la norma.

En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto de medidas "para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo". Bajo ese nombre se escondía, entre otras cosas, un endurecimiento de los requisitos para cobrar el subsidio de mayores de 55 años. La ayuda iba dirigida a los mayores de esa edad que, con o sin cargas familiares, hubieran agotado otra prestación, hubieran cotizado al menos seis años a lo largo de su vida y cumplieran con los requisitos para acceder a una pensión contributiva, salvo la edad.

El decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy introdujo un nuevo criterio que, en la práctica, hizo que muchos potenciales beneficiarios dejaran de serlo. Desde marzo de 2013 comenzó a computar las rentas familiares de los posibles perceptores. Es decir, si una persona quería cobrar el subsidio, la suma de rentas de su unidad familiar dividida por el número de integrantes no podía superar el 75% del salario mínimo interprofesional. El nuevo requisito perjudicó a las personas que convivían con cónyuges o hijos que cobraran salarios de poco más de mil euros. Aunque solo afectó a quienes a partir de ese momento querían acceder a la ayuda, supuso un recorte de beneficiarios en un momento en el que el paro golpeaba fuerte al colectivo. Entre 2007 y 2017, el desempleo entre las personas mayores de 55 años creció un 292%.

En un informe reciente, UGT aseguraba que durante esta década la situación ha obligado a los mayores de 55 años a "aceptar subempleos, temporales y parciales" con consecuencias sobre sus ingresos, ya que el colectivo ha sido especialmente golpeado por el paro de larga duración.  Bravo añade que la sentencia "obliga a cambiar la prueba de rentas" y que, en todo caso, desde su sindicato esperan que el Gobierno "modifique pronto la configuración del subsidio de mayores de 55 años".

Cambio "inminente" de los requisitos En este sentido, el Ministerio de Trabajo admite que la sentencia obliga a cambiar el criterio de cómputo de forma inminente. Trabajo tendrá en cuenta los requisitos anteriores al cambio introducido en 2013: solo se computarán los ingresos del propio beneficiario, sin incluir los de su unidad familiar. El Ministerio está también estudiando recuperar el subsidio para mayores de 52 años, una medida que podría tener un impacto de unos mil millones de euros, aunque aún se desconoce un número más o menos aproximado de a cuantas personas podría beneficiar.

Para la Secretaria de Políticas Sociales de UGT, Mari Carmen Barrera, la sentencia corrobora la denuncia que sostienen desde hace años: que ese tipo de criterios vulneran "el ámbito personal de los derechos individuales, de lo que generas por trabajar". Como el cambio de criterio solo afectará a los nuevos beneficiarios que soliciten la ayuda, Barrera insta al Ministerio a negociar algún tipo de reparación para las personas que se quedaron descolgadas y a las que el no acceder a esta ayuda les ha perjudicado, por ejemplo, para el cobro de su pensión.

Afectados en el limbo De hecho, un colectivo muy perjudicado, dicen algunas fuentes consultadas, es el de personas a las que en su día se les denegó la ayuda por este nuevo criterio de rentas y que ahora tampoco podrían solicitarla por incumplir otro de los requisitos: proceder de otro subsidio. Aunque ahora se vuelva a aplicar un criterio de rentas personales, estas personas quedarían en un limbo, desenganchadas del sistema de prestaciones. 

UGT señalaba que de los 3,4 millones de parados registrados a finales de 2017, un 23% tenía más de 55 años. Por otro lado, de las 1,9 millones de personas que cobran prestaciones, 546.000 (el 28% del total) es mayor de 55 años: 116.000 reciben una prestación contributiva y 378.566 reciben prestaciones asistenciales, entre las que está el subsidio de mayores de 55 años. El sindicato calcula que unas 240.600 personas paradas que superan esa edad están fuera del sistema de protección social, una cifra a la que habría que sumar a quienes están paradas pero ya no están inscritas en los servicios públicos de empleo.