Noticias Destacadas SPV Sevilla


28 de julio de 2014

El Gobierno gasta 33 millones en vigilantes privados para tareas “auxiliares” en las cárceles

Los vigilantes privados realizarán tareas en el perímetro de los centros penitenciarios. Pese a ello, el Ejecutivo afirma que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública

El Gobierno niega que tenga previsto "privatizar actividad alguna de seguridad pública" y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas "auxiliares" o "de apoyo", en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios. Así lo recalca el Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por cuándo iba el Gobierno a "extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar "a contratar seguridad privada" y, en concreto, "qué actividades de seguridad pública piensa privatizar".

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos "en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto".

Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán "tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que, según recalca, "son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios".

27 de julio de 2014

Rosell pide "menos derechos" para los contratos indefinidos y compensar a los temporales

Lamenta que "padres y abuelos" sean "incapaces" de transferir parte de sus "montones" de derechos "por muchos hijos y nietos que tengan"

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha indicado este martes que lo que "se tiene que hacer" en España es contratos indefinidos distintos de los que hay actualmente, con "menos derechos", y compensar a su vez los contratos temporales para contar con "las mismas reglas de juego". "Aquí tenemos una ciudadela del empleo, ya que hay muchos contratos indefinidos que vienen de lejos, que son unos 11 millones, y otros que vienen de cerca que son temporales y son cuatro millones", ha explicado el directivo en su intervención tras la asamblea general ordinaria de la Ametic.

Para compensar estas diferencias, Rosell ha planteado la posibilidad de transferir buena parte de los "montones" de derechos de los que disfrutan los contratos indefinidos que corresponden a "padres y abuelos" a los contratos temporales de sus "hijos y nietos". "¿Serían capaces estos 11 millones de transferir parte de sus derechos a estos cuatro, de forma que unos perdieran y otros ganasen y así tendríamos más o menos las mismas reglas de juego y las consideraciones?", se ha preguntado. Rosell ha afirmado que los que tienen estos derechos son "incapaces" de trasladarlos "por muchos hijos y nietos que tengan", mientras que a estos últimos "les encantaría" que sus padres y abuelos les pudiesen transferir estas ventajas.

"APRETAR EL ACELERADOR DE LAS REFORMAS" Por otro lado, el jefe de la patronal de las patronales ha pedido al Gobierno que siga "apretando el acelerador" de las reformas porque aún "queda mucho por hacer" en España. "Si hacen reformas, nos tendrán a su lado", ha reiterado Rosell, quien ha señalado que, si bien España está en una situación que no se esperaba hace seis meses, con crecimientos estimados del 1,2% para 2014 frente a una caída del 1,2% del año anterior, tiene "mucho camino que recorrer".

El máximo responsable de la CEOE ha recordado que en España se está logrando, con un crecimiento previsto para este año del 1,2%, crear empleo, mientras que antes generar empleo costaba crecimientos de entre el 2 y el 3% del PIB. "Es verdad que no es empleo a tiempo completo, es verdad que no es indefinido, pero las cosas son como son y no se hacen de un día para otro", ha añadido Rosell, quien ha recordado sin embargo que España, con un 15% del empleo a tiempo parcial, está mejor posicionada en este sentido que Alemania, con el 26%, y Holanda, con un 50%.

Novedades que debes tener en cuenta si coges una baja laboral


El Gobierno ha aprobado el Real Decreto de gestión de la incapacidad temporal en el primer año de duración y el proyecto de ley de mutuas. Esta medida supone novedades en la práctica si usted coge una baja médica por enfermedad común. A continuación, todas las claves de la reforma.

1-El médico de la Seguridad Social sigue teniendo la última palabra en el alta La nueva ley respeta que sean siempre los facultativos de los Servicios Públicos de Salud (SPS) o de la Seguridad Social (INSS) quienes tengan la última palabra para dar el alta médica a los trabajadores y que estos se incorporen a su puesto de trabajo, una vez restablecidos. En un principio, el Ejecutivo barajó la posibilidad de que las mutuas pudieran dar el alta, pero lo han descartado finalmente.

2- Los trabajadores no tendrán que ir cada 7 días a por el parte Los empleados de baja médica ya no tendrán que desplazarse a su centro de salud cada siete días para recoger sus partes como se hacía hasta ahora. Con la nueva ley los partes de baja se justarán a la previsión del seguimiento clínico. Es decir, con la nueva ley los médicos dispondrán de tablas orientativas de duración estándar de las bajas según las patologías del trabajador, su edad y su actividad laboral. Así la baja mínima será de cinco días y en este caso se podrá expedir el parte de baja y alta en la misma visita.

Si la duración de la incapacidad temporal (IT) se estima en entre cinco y 30 días, el parte de confirmación de la baja deberá expedirse cada dos semanas; si el proceso está previsto que dure entre 31 y 60 días, el parte de confirmación se dará cada 28 días, y en enfermedades de larga duración, de más de 61 días, la confirmación de la baja se expedirá cada 35 días.

3- Las mutuas pueden sugerir a la Seguridad Social el alta de un trabajador Las mutuas a partir de este momento cuando consideren que el beneficiario de la baja puede no estar impedido para el trabajo podrá hacer propuestas motivadas de alta médica dirigidas a la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud. La inspección médica de los SPS deberá comunicar a la mutua y al INSS en un plazo de 5 días hábiles la emisión del alta de un trabajador o su denegación. Si el SPS desestima la propuesta de alta de la mutua o no contesta en forma y plazo, la mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en 4 días. Se establece un régimen transitorio en cuanto a los plazos de contestación durante los 6 meses posteriores a la entrada en vigor, a la espera de que la ley de mutuas termine su tramitación parlamentaria y entre en vigor. En este periodo, en el caso de los SPS será de 11 días, y en el del INSS serán 8.

4- Las mutuas podrán controlar a las personas de baja desde el primer día Las mutuas podrán actuar desde el primer día de la baja laboral, hasta ahora sólo podían intervenir a partir del decimosexto día. Esta nueva norma amplía el papel de control e inspección de las mutuas y, según el Ejecutivo, su objetivo es reducir el fraude y el absentismo.

5- ¿Qué pasa si un trabajador no acude a un reconocimiento médico? Además, de acuerdo con lo aprobado en los presupuestos generales del Estado de 2014, se regula la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se presente a un reconocimiento médico. Si en el plazo de 4 días el trabajador no ha justificado debidamente su ausencia se extinguirá la situación de incapacidad temporal. De esta forma, si la ausencia ha sido por causa justificada no se extingue automáticamente la prestación como ocurría antes de la modificación.

6- Se simplifican las bajas para los autónomos La ley de mutuas simplifica los trámites para el acceso a la prestación por cese en la actividad por la que cotizan los trabajadores autónomos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, destaco ayer que el 80% de las peticiones se rechazaba por ser un sistema muy rígido y ser difícil de justificar las pérdidas. El Ejecutivo espera que el nuevo marco regulatorio facilite las bajas de los autónomos.

7- Las empresas podrán aplicarse antes las deducciones por incapacidad temporal La norma establece la obligatoriedad de hacer constar en los partes de baja la duración probable de la incapacidad temporal y la fecha del nuevo reconocimiento médico. Además, diariamente los partes de baja y alta se transmitirán telemáticamente desde los servicios públicos de salud al INSS y de éste a las mutuas cuando éstas sean responsables de la protección del trabajador. Este proceso permitirá que las empresas, desde el primer momento, puedan controlar las deducciones que se hacen de las prestaciones por incapacidad temporal al ingresar las cuotas de la Seguridad Social.

26 de julio de 2014

SEVILLA SECTOR SEGURIDAD: Nota Informativa conjunta de los sindicatos CSI-F, STS-A y SPV

Estimad@s Compañer@s: En nuestro sector nos encontramos en una situación precaria respecto al futuro profesional, estamos expuestos a agresiones, no solo de la patronal, sino de algunos sindicatos que han perdido la perspectiva de la realidad en que nos movemos.

A principios de 2014 iniciamos en Sevilla una coordinadora de sindicatos que nació con el objetivo de luchar por el Sector de la Seguridad Privada y para combatir eficazmente el intrusismo laboral. Hemos estado funcionando desde entonces intentando reforzar la unidad de acción contra los abusos que se están cometiendo en nuestro gremio, pero poco a poco ha quedado patente que no todos remamos en la misma dirección, ni tenemos los mismos intereses…

A partir de ahora, los sindicatos de seguridad privada de corte profesional CSI-F, STS-A y SPV continuaremos coordinándonos con las mismas ganas y subrayando las cosas que nos unen, que son muchas. Estamos manteniendo contactos con la Subdelegación de Gobierno, Unidad Provincial de Seguridad Privada y Responsables de adjudicaciones de grandes contratos con empresas de Seguridad. Nuestra intención es la de seguir trabajando por unas condiciones optimas para nuestro sector y por supuesto, por erradicar la lacra del intrusismo que tanto daño nos está haciendo daño. Son miles los profesionales que se encuentran en situación de desempleo mientras sus puestos son ocupados por personal no habilitado para desempeñar las funciones propias de la seguridad privada.

Somos Sindicatos Independientes y Profesionales. En los próximos meses promoveremos acciones de la que os mantendremos puntualmente informad@s. El motivo principal de esta nota informativa es la de comunicaros la situación real en que nos encontramos a nivel de coordinación y daros la oportunidad de aclarar cualquier cuestión que os parezca oportuna.

Nuestros medios de contacto son los siguientes:

- CSI-F seguridadprivada41@gmail.com, teléfono 657658541
- STS-A sts.andalucia@gmail.com, teléfono 615811759 
- SPV spvsevilla@gmail.com, teléfono 609097766





Empleados de UGT-A confirman que el sindicato usaba procedimientos presuntamente delictivos

Revelan que las empresas a las que se subcontrataban los cursos de formación pagaban un talón en concepto de comisión.

Los propios empleados y ex empleados de UGT-A han sido los que han confirmado que este sindicato usaba procedimientos presuntamente delictivos, uno de ellos, incluso se negó a seguir en el departamento de Compras "ya que dicha práctica (la de alterar facturas) podría ser delictiva". Estos empleados reflejaron en su declaración judicial los procedimientos irregulares utilizados por la organización sindical. Sus afirmaciones más contundentes son las que siguen:

Las subvenciones y otras finalistas El presupuesto anual de UGT-A se cifraba en 50 millones, de los que sólo un millón procedía de las cuotas sindicales de afiliados. La mayoría, más de 45 millones, procedía de las subvenciones finalistas de la Junta: "Sobre un presupuesto estimativo de unos cincuenta millones, las cuotas supondrían alrededor de un millón de euros, a nivel Comisión Ejecutiva Regional, alrededor de un millón y medio lo correspondiente a las subvenciones no justificables y, el resto, correspondería a subvenciones finalistas. El porcentaje correspondiente a programas de formación podrían ser alrededor de la mitad, unos 23 o 24 millones de euros."

Los gastos del funcionamiento del sindicato ascendían a 2,5 millones de euros anuales que eran soportados íntegramente por las cantidades procedentes de subvenciones finalistas (todas las de formación y algunas otras). "Que el Presupuesto tiene tres grandes apartados, el ordinario, el de Programas y el de inversiones y deudas. En cuanto a las fuentes de financiación en cada uno de estos apartados, están las cuotas de afiliados que se imputa al ordinario. Subvenciones no justificables recibidas de la Administración por el hecho de ser un sindicato, las cuales también van al presupuesto ordinario. En cuanto al Presupuesto de Programas, van las subvenciones finalistas que son las que soportan los gastos de estructura. Estos gastos, de manera estimada, ascenderían a una cantidad aproximada de dos millones y medio en los años con más personal contratado. En estos gastos se incluye los gastos que tiene SORALPE que constituirían unos seiscientos mil anuales."

UGT-A creó un Departamento de "Justificación" Había un Departamento de Contabilidad pero otro de Justificación. Como era difícil encajar las realidades contables con los gastos que UGT-A amparaba bajo las subvenciones de la Junta, encargó la confección del programa informático Spiro que ajustaba contabilidad, compras y justificaciones de la Junta. En el Departamento de Justificación se preparaban los documentos que contenían los gastos que se imputaban a la Junta, una vez convenientemente alterados los conceptos de muchas facturas según instrucciones de la propia UGT-A.

Talón en concepto de comisión UGT deducía del importe de la subvención los porcentajes que se correspondían con gastos directos, indirectos y publicidad, gestionados por la propia UGT. Además, deducía otra cantidad de dinero destinado a material fungible y seguros que siempre contrataba con la misma empresa, ASP, Atlantis Seguros, participada por la propia UGT. Además, la empresa tenía que depositar un aval por si la Junta no pagaba parte de la subvención y, por si fuera poco, entregaban un talón en concepto de comisión. Textualmente: "Las empresas entregaban a las Federaciones, a través de Soralpe" , un talón sin que se conozca el concepto por el que se entregaban estos talones, pero sí que se trataba de una comisión por adjudicación".

El "bote" Que determinados proveedores de confianza, los cuales son señalados en todo caso por Federico Fresneda, mantenían una relación con el sindicato de manera que para justificar determinados gastos imputables a subvenciones, estos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se habían realizado o servido realmente. Para poder establecer la diferencia real de lo facturado y lo servido, el departamento de Compras estableció que dieron en llamar "bote". De esta manera se intentaba mantener un cierto control sobre dicha diferencia. Sin embargo llegó un determinado momento en el que el bote creció de manera espectacular. "Que las facturas emitidas por estos proveedores llegaron a alcanzar cantidades muy importantes, de 150.000 o 180.000 euros".

Texto Integro Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana


La Policía tarda seis años en aclarar la venta de 800 títulos

La Policía Nacional ha detenido a 159 personas en la última fase de una operación contra la falsificación de títulos académicos desarrollada en varias provincias españolas, que ha culminado con 634 arrestados y otros 175 imputados en seis años de investigaciones. 

Entre los arrestados en la última fase -llevada a cabo entre marzo y junio- por los delitos de falsedad en documento oficial figuran una auxiliar de clínica, un vigilante de seguridad, un monitor de actividades acuáticas, una limpiadora, un charcutero y un entrenador de un equipo de fútbol, según informó ayer la Policía en un comunicado de prensa. La operación policial comenzó en febrero de 2008 cuando agentes de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron un aumento de falsificaciones oficiales de titulaciones de graduado escolar, bachiller, diplomaturas y licenciaturas universitarias. 

La Policía logró identificar al supuesto falsificador, que poseía una academia de formación en Málaga que utilizaba como tapadera para vender los títulos por 1.200 euros cada uno, un precio con el que los investigadores calculan que podría haber ganado un millón de euros durante el tiempo que ejerció su actividad delictiva. Durante un registro domiciliario se intervinieron placas falsas de vigilante de seguridad, sellos falsificados y material informático para las falsificaciones. En el transcurso de esta operación han sido arrestados 134 miembros de empresas de vigilantes de seguridad, catorce policías nacionales, veinticinco policías locales y seis guardias civiles, a los que se les imputa el delito de falsedad documental. 

Algunos de estos arrestados utilizaron un título falso para poder opositar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o policías locales, por lo que, tras comprobar la falsedad de la titulación, fueron expulsados de los cuerpos policiales correspondientes. También hay arrestados que ejercían otras profesiones, como una mujer que trabajaba en una clínica dental de Málaga capital con un título de técnico superior de formación profesional en higiene bucodental falsificado. La actuación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría de Policía de Málaga con la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas. 

Parte de los imputados en esta investigación han sido ya juzgados. De hecho, desde 2010 se vienen celebrando juicios en Málaga contra personas involucradas en la compra de títulos académicos. La Fiscalía ha acusado de intrusismo profesional a los compradores en aquellos casos en los que han utilizado estos documentos para acceder a profesiones que solo se pueden ejercer previa acreditación de títulos académicos. En estos casos se han enfrentado a peticiones de multa y a la pérdida de la acreditación profesional. En estas causas el principal implicado, Manuel C. F., ha sido citado como testigo. Contra él hay abierta otro procedimiento por falsificación de documentos públicos.

25 de julio de 2014

CANARIAS: Machín Seguridad llevará a los tribunales a los vigilantes de seguridad de la Universidad de La Laguna

El subdirector responsabiliza a los trabajadores de haber dejado de facturar 5,5 millones por presentar un preaviso de huelga en marzo.

El subdirector de la que hasta hace un mes era la empresa responsable de la seguridad y vigilancia de la Universidad de La Laguna (ULL), Vicente Martín, anunció ayer a este periódico que ha iniciado acciones legales contra la plantilla por considerar que los trabajadores son los responsables últimos de la resolución del contrato.

"La situación que ha dado pie a toda esta desagradable situación fue que el pasado día 3 de marzo el comité de empresa presentó un preaviso de huelga discontinua por un supuesto retraso reiterado en los pagos por parte de Machín Seguridad. Nosotros acreditamos a la ULL que eso no era cierto, incluso con extractos bancarios, y que no había ninguna deuda pendiente, porque la nómina de febrero no se pagaba hasta el día 5, ni había paga extraordinaria pendiente de atender porque era en marzo", detalló.

Para Martín los fundamentos de la convocatoria de huelga no son ajustados a derecho y, por lo tanto, "es ilegal". "El resto de la plantilla me confirma que el comité de empresa no se reunió con ellos ni hubo una asamblea para decidir esa convocatoria y que no se contó con el número de votos necesarios. El comité de empresa -abunda el dirigente de Machín Seguridad- es la representación de los trabajadores y por eso es a ellos a los que tengo que demandar; si luego los trabajadores van al juzgado y dicen que el comité actuó por su cuenta y riesgo, es allí donde debe constar, no en mi oficina, ni en un escrito que me manden a mi atención. Eso me va a permitir iniciar una acción civil y responsabilizarlos de la resolución de la universidad y pedir una indemnización de cinco millones y medio de euros, que es lo que he dejado de facturar".

Pero Vicente Martín también desmiente al gerente de la universidad, Justo Artiles, que en la edición de ayer del periódico aseguraba que había "cumplido escrupulosamente" la ley de contratos y que se había pagado siempre en tiempo y forma. "La ULL le da el contrato a Machín Seguridad en diciembre de 2012 tras haber irregularidades con la empresa anterior. Se nos pide que si somos capaces de asumir el contrato con una reducción de 600.000 euros anuales y le decimos que lo podemos hacer siempre y cuando nos pague las facturas antes de los días 5 de cada mes para nosotros no tener que entrar en productos financieros para anticipar facturas y atender nóminas en fecha; la ULL nos dijo que sí y se firmó el contrato con fecha de finalización el 30 de noviembre de 2015, aunque primero firmamos solo un periodo hasta febrero de 2014", relata Vicente Martín.

No obstante, asegura que la ULL casi nunca pagó antes del día 5 y que resolvió el contrato de forma unilateral y sin hablar con ellos, y mantiene que lleva meses intentando localizar al gerente. "Se basó en el falso retraso en los pagos a los trabajadores y en la existencia de una deuda con la Seguridad Social que sí es cierta y que además la conocían desde enero. Teníamos un aplazamiento concedido que se anuló tras la decisión de la ULL ", lamenta Martín, que subraya que "los acuerdos que se nos plantearon los hemos cumplido todos. El contrato duraba 36 meses porque así podríamos amortizar la bajada de 600.000 euros que nos pidió; si ahora la universidad lo rescinde, nos tiene que pagar los 18 meses al precio normal del contrato en el pliego". Y es que considera que el conflicto no va a quedar resuelto definitivamente hasta que haya una sentencia judicial.

Metro cede al año a la Policía más de 1.000 videos de sus cámaras de seguridad para colaboraren investigaciones

Metro invertirá 9,5 millones de euros en tres años para mejorar la seguridad en todas sus estaciones y trenes

Metro de Madrid cede al año más de 1.000 videos grabados con sus cámaras de seguridad a Policía Nacional para colaborar en la investigación de diferentes casos que requieren de estas imágenes, procedentes de las más de 8.600 cámaras del Circuito Cerrado de Televisión instaladas en toda la red, y que en muchos casos resultan esenciales para resolver los casos de la policía. Estas imágenes (más de 600 videos en lo que llevamos de año), junto con el trabajo de los vigilantes de seguridad y la estrecha colaboración con Policía Nacional, han ayudado a reducir de enero a junio de 2014 casi un 20% las infracciones penales.

Con el objetivo de seguir en esta línea y mejorar los índices de seguridad en la red, Metro de Madrid invertirá en los próximos tres años 9,5 millones de euros en el mantenimiento y mejora de los sistemas de seguridad de todas sus estaciones y trenes. Entre estos sistemas se incluyen las cámaras de vídeo, el control de los accesos, y los sistemas de comunicación en los trenes y entre éstos y los puestos de control, que tienen una importancia fundamental para la seguridad y calidad del servicio.

La red de Metro de Madrid cuenta con más de 1.500 vigilantes que velan cada día por la seguridad de los madrileños y apoyan el trabajo de Policía Nacional, que cuenta con una brigada móvil que trabaja en la red y dos comisarías ubicadas en las estaciones de Sol Vodafone y de Nuevos Ministerios, siendo la colaboración con Metro de Madrid muy estrecha y activa en todo momento y para cada situación. Ya en 2013 las infracciones penales bajaron un 28,8% respecto al año anterior.

El Consejo de Gobierno conoció hoy la propuesta de adjudicación del contrato de mantenimiento de estos sistemas de seguridad. El portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, explicó que este contrato entrará en vigor el próximo mes de octubre, cuando finalice el contrato que ha estado vigente hasta ahora, que ha tenido una duración de diez años. En este sentido, explicó que en esta ocasión se ha optado por un contrato más corto, de tres años, para garantizar una mayor eficacia y optimización de recursos.

Revista Seguritecnia Nº 410 (Julio/Agosto 2014)