Noticias Destacadas SPV Sevilla


17 de septiembre de 2014

Antonio Pereira: "Como una sombra a la deriva"


Desde aqui le damos la enhorabuena a Antonio Pereira Gallardo, compañero de Prosegur en la delegación de Sevilla, por su trayectoria profesional y os animamos a conocer su faceta literaria a través de su nuevo libro titulado "COMO UNA SOMBRA A LA DERIVA", del que también tiene publicada su segunda parte.

Desde aquí os invitamos a todos a que que lo leáis y contribuyáis entre vuestros contactos a su difusión. Ha sido editado en su versión de libro en formato electrónico publicado por la plataforma editorial amazon.es, lanzado a la venta al módico precio de solo 0,89€.

Os dejamos el enlace para que podáis adquirir el libro, animando al compañero Antonio a seguir fomentando su producción literaria. ENHORABUENA




Te damos toda la información sobre la negociación del nuevo convenio colectivo para empresas de seguridad privada

Como estaba previsto, después del verano ha quedado constituida la comisión negociadora del convenio colectivo para empresas de seguridad privada que sustituira al actual vigente 2012-2014. A partir de ahora, tal y como ocurrió en casos anteriores, todo lo referente a la negociación colectiva será un tema sobresaliente en la actualidad que gira en torno a la seguridad privada. Es por eso que los usuarios de nuestro blog tendrán en el margen izquierdo toda la información que vaya generando este asunto, incluidos las actas de la negociación, comunicados, opiniones etc.

Son muchos los interrogantes que se abren ante la nueva negociación colectiva en un sector donde hemos visto retroceder convenio tras convenio nuestros derechos y nuestros salarios. Esperamos y deseamos que en esta ocasión los interlocutores que representan a la parte social sepan defendernos y estar a la altura.


SEGUIREMOS INFORMANDO

Informe Nº 61 de la Unidad Central de Seguridad Privada: La inactividad del personal de seguridad privada en la ley 5/2014


16 de septiembre de 2014

BARCELONA: Concentración en TMB ¡Basta YA de agresiones a los vigilantes de seguridad!

Dadas la frecuentes agresiones sufridas por los compañeros de metro y el desentendimiento mostrado por los Responsables de seguridad de TMB, desde el sindicato SIPVS-C realizamos una concentración el pasado 10 de Septiembre en el Centro de Control de Metro de Barcelona.

Los responsables de Metro de Barcelona no se han dignado a dar la cara y escuchar nuestra reivindicaciones, las cuales sólo buscan proteger la integridad de los profesionales del sector de la vigilancia privada, ¿a caso nos están diciendo con su indiferencia que aplauden las brutales agresiones que se están dando en sus instalaciones? La concentración ha sido un verdadero éxito y esperamos que la Dirección de Seguridad de Metro de Barcelona se digne a promover una reunión de urgencia para intentar buscar soluciones a una situación totalmente insostenible. Caso de seguir con su negativa a tratar el asunto y mantener esta situación de alarmante inseguridad laboral, desde SIPVS-C nos veremos obligados a tratar el asunto con acciones más contundentes.

El Gobierno refuerza la protección de los funcionarios ante las agresiones


Los centros y administraciones afectadas han recibido un protocolo de actuación que todavía es un borrador

El aumento de los ciudadanos en las oficinas del paro u otros centros de las adminsitraciones públicas ha hecho que muchos lleguen a situaciones extremas. Los funcionarios sufren a diario agresiones verbales o físicas, según denuncia el sindicato CSIF. Ante esta situación, el Gobierno y este sindicato han puesto en marcha un protocolo de actuación para prevenir las agresiones a los trabajadores públicos.

"Llevábamos tiempo denunciando esto y no se hacía nada para proteger a los funcionarios.Ahora, este protocolo, que todavía es un borrador, establecerá medidas de seguridad para que no ocurran agresiones y en caso de que ocurran, reforzar el apoyo a los trabajadores", explica Marian Moore, Secretaria Técnica de Igualdad de CSIF. Según el borrador de ese protocolo, al que ha tenido acceso LA SER, algunos departamentos y organismos más afectados ya han empeza a aplicar "protocolos especíicos" para evitar agresiones, pero el objetivo es crear un "modelo común" que apueste por las "medidas y estrategias preventivas y aporte también un instrumento de común actuación".

Insultos, miradas desafiantes, agresiones físicas, daños materiales a los vehículos de los funcionarios... Estas son algunas de las situaciones violentas que tienen que vivir "a diario" los trabajadores públicos, según denuncia Moore. Según el borrador, el protocolo actuará contra las agresiones físicas, como coacciones y lesiones, y contra las agresiones verbales, como insultos, amenazas, calumnias o injurias. El protocolo tiene un procedimiento de actuación que se divide en varias fases.

Diagnóstico de la situación Antes de empezar a aplicar el protocolo es necesario un análisis para identificar los peligros que existen en cada oficina o puesto de trabajo. Para ello, según señala el borrador, "será especialmente valiosa la opinión de los funcionarios que son quienes desarrollan los trabajos y tienen la experiencia y el conocimiento de primera mano". Además se hará un diagnóstico específico de los puestos que más peligro conlleven. "Mira cómo está el desempleo... A veces hay tantísima gente esperando en las oficinas, se deniegan prestaciones... Esto son puntos calientes", señala la secretaria de CSIF. Será útil también indicar cuáles son las causas de la agresión. Aquellas relacionadas con el tiempo de espera, con la falta de información o señalización, con estar disconforme con la información recibida o el trato por parte de los trabajadores públicos, entre otras.

Medidas preventivas en los centros Tras ese primer análisis, se empezarán a tomar las medidas necesarias para evitar las agresiones. En el borrador redactado por el sindicato y el Ministerio de Hacienda, se proponen medidas tales como: zonas de espera apropiadas, información clara a los usuarios, más personal de seguridad, timbres de alarma, pantallas de separación... "Es importante que no llegue a producirse las agresiones, pero en caso de que se produzcan, que la persona esté protegida", apunta Moore. Una vez detectada una situación de riesgo, en borrador incluye un prodecimiento de actuación que consiste en mantener la calma, avisar al vigilante de seguridad, en caso de una situación muy violenta avisar al superior y si es necesario a la policía. Además, en la medida de lo posible, tener identificado al responsable de la agresión.

"La persona tiene que sentirse protegida antes de una agresión, y en caso de que ocurra, que después también cuente con el apoyo necesario", explica la secretaria de CSIF. Para ello, el documento señala que habrá apoyo jurídico, para la denuncia, y también psicológico en caso de que se sufran secuelas. En ambos casos la administración asumirá el coste de estos servicios. "Muchas veces no era fácil que los trabajadores denunciaran, les suponía un coste, no existía un conducto oficial para hacerlo...", explica Moore.

Crear un registro de las agresiones Se creará un registro que permita recopilar y ordenar la información de las agresiones. Un registro de los indicentes, modelos para que se presenten denuncias y también informes periódicos de los responsables de los centro. Para dar a conocer y documentar cualquier incidente de violencia, según se lee en el documento.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas señala que el protocolo aún es un borrador, que se ha enviado a los centros y ministerios implicados para que se hagan recomendaciones o posibles cambios. Por parte de CSIF, esperan que esta nueva medida pueda aplicarse antes de diciembre de 2014.

FUENTE: cadenaser.com AQUÍ

GRANADA: Detenido por sustraer en un centro comercial siete gafas de conocidas marcas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre 33 años, vecino de Granada y con antecedentes policiales, al que atribuye la presunta autoría de la sustracción en un centro comercial de la capital de siete gafas de conocidas marcas.


Los hechos ocurrieron hace unos días, cuando el hombre se disponía a salir del establecimiento dirigiéndose hacia el garaje del mismo con una bolsa en la que portaba varias gafas y otros efectos. La seguridad del centro lo interceptó y comprobó que llevaba en el interior de la misma tres gafas de conocidas marcas cuyo valor superaba los 400 euros. Asimismo llevaba unos utensilios usados presuntamente para el forzamiento de los dispositivos de alarma que protegen a estos artículos. Los vigilantes avisaron a la Policía, que se personó de forma inmediata, procediendo a la comprobación de estos hechos.

Tras varias gestiones, los policías verificaron, además de lo sucedido, que el individuo había logrado evadir del centro otros cuatro gafas más que había introducido en su vehículo, que se encontraba en el interior del garaje del establecimiento. El montante de lo sustraído ascendía a más de 1.100 euros. Recuperada la mercancía y devueltas las gafas al responsable del centro comercial, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, tras lo que pasó a disposición judicial.

15 de septiembre de 2014

Revista Seguritecnia Nº 411 (Septiembre 2014)


Ángel Córdoba, habla sobre las propuestas de APROSER para el nuevo Reglamento de Seguridad Privada


En una extensa entrevista publicada en la web seguritecnia.es, Ángel Códoba Díaz Presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privas de Servicios de Seguridad APROSER, habla de las propuestas que contiene el documento que han remitido al Ministerio del Interior con motivo de la elaboración del nuevo Reglamento de Seguridad Privada.

SEGURITECNIA: ¿Cuáles son a, grandes rasgos, los aspectos más importantes que recoge el documento de propuestas para el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, que, según me comenta, ya han entregado al Ministerio del Interior?

APROSER: Nada más aprobarse la nueva Ley, se formaron ocho Grupos de Trabajo constituidos cada uno por representantes de todas las organizaciones sectoriales. Concretamente, son los de Empresas, Coordinación y Colaboración, Personal, Servicios, Sujetos Obligados, Medidas, Formación y Control Administrativo y Régimen Sancionador. Cada uno de ellos elaboró un documento que recogía, por una parte, una breve valoración de la nueva Ley con respecto a la materia objeto de su estudio, y, por la otra, las consideraciones y recomendaciones que se entendían de formulación necesaria desde el sector de la Seguridad Privada, como para ser tenidas en cuenta en el proceso de redacción del desarrollo reglamentario por parte de los profesionales del Ministerio del Interior delegados a tal fin.Lógicamente, este esfuerzo de concreción de consideraciones y recomendaciones es un intento de reducir a lo esencial y a lo preciso lo que nosotros entendemos que debe ser el tratamiento que habría que darle a los asuntos y/o materias que ya se están desarrollando reglamentariamente. Son lo que podríamos llamar “líneas rojas”, que, de ser traspasadas por alguna de las partes, necesitarían de un debate previo más sosegado y profundo para entender con mayor precisión las ventajas e inconvenientes que aportan esos distintos planteamientos. Pero, más allá de propuestas concretas de lo que a nuestro juicio sería deseable, también es importante destacar lo que, también en nuestra opinión, no sería positivo para nuestro sector desde el prisma de su nueva regulación normativa

En primer lugar, que adolezca de la necesaria flexibilidad como para poder llegar a lastrar la capacidad organizativa empresarial en sus estrategias de aplicación de los contenidos de la reciente Ley. Este posible riesgo tendrá mucha correlación con la extensión y nivel de detalle de su articulado; esto es, si la anterior Ley estaba estructurada en 39 artículos y la nueva en 72, debería existir una proporcionalidad similar en el número máximo de artículos que sustenten al nuevo Reglamento. Una excesiva y exhaustiva normativa de acompañamiento, exceptuando la que sea necesaria para erradicar contundentemente tanto el intrusismo como la competencia desleal, sería contraproducente.

Esta nueva Ley regula múltiples actividades diversas, desde la investigación privada hasta la seguridad física, pasando por la gestión de alarmas o el transporte de fondos, por citar sólo algunas. Y lo hace en un entorno tremendamente cambiante, por lo que no esperamos un Reglamento capaz de recoger en su texto un tratamiento común para todas ellas. Eso nos llevaría a un voluminoso documento de difícil aplicabilidad real y, además, de imposible rápida –y necesaria– adaptación a nuevas disposiciones legales relacionadas o a nuevas realidades y necesidades derivadas que en un futuro próximo puedan existir. Para ello hay otros mecanismos y herramientas legales de menor rango, pero tremendamente efectivos a tal fin.

Tampoco esperamos que el esfuerzo de desarrollo se centre en dar formato legal a actividades que ya se venían desarrollando en el día a día bajo la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), dando respuesta a históricas demandas sociales y a plena satisfacción de peticionarios y beneficiarios de las mismas. Lo que sí esperamos es un ejercicio empático de entendimiento de la mentalidad empresarial que subyace en el sector, imprescindible para la continuidad del mismo, y que la labor de colaboración y complementariedad que se nos exige, siempre subordinadamente con respecto a las FCS, se extienda progresivamente a nuevos ámbitos de actuación y al desarrollo de nuevas funciones. Esto, preservando siempre la finalidad de mejora de la seguridad preventiva para el ciudadano y la optimización de las capacidades de los recursos globales disponibles.

SEGURITECNIA: ¿Cómo espera que acoja el Ministerio del Interior esas propuestas? ¿Cuáles son sus sensaciones en cuanto al nivel de respuesta que podría tener el documento?

APROSER: Nuestra expectativa es máxima, pero no porque hagamos un acto de fe, sino porque nos basamos en la experiencia histórica. Ya en octubre de 2003, Francisco Muñoz Usano, presidente del primer Congreso Nacional de Seguridad Privada, comentó en su discurso de bienvenida que era “justo reconocer que no tenemos conocimiento de ningún caso en que una propuesta de las entidades representativas haya dejado de ser estudiada”.

Y desde aquel momento, las personas en las que ha confiado el Ministerio del Interior, desde su Secretaría de Estado de Seguridad, para generar y coordinar las relaciones con nuestro sector han seguido teniendo un comportamiento ejemplar con el mismo, con un talante siempre conciliador y con una total predisposición a escuchar nuestros temas y problemas cada vez que se les ha solicitado, mostrando a la vez un carácter proactivo y leal por su parte en sus obligaciones de tutela y mejora de un sector que se ha ganado, con el paso del tiempo y la experiencia del trabajo realizado, el carácter de colaborador indiscutible de las FCS, garantes finales de las libertades ciudadanas en virtud del mandato otorgado en nuestra propia Constitución.

Por otra parte, y basándonos también en la misma experiencia, tampoco creemos que nuestras propuestas actuales se alejen mucho de los planteamientos que se puedan estar plasmando en sus trabajos, dado que en el día a día el nivel de contacto y relación entre la Seguridad Pública y la Privada sobre los temas comunes es continuo y total. Eso que facilita que todos seamos conscientes y sabedores de las necesidades de ambos.

En cualquier caso, nos parece mucho más constructivo y más correcto que proliferen este tipo de actitudes de colaboración público-privada en los procesos de desarrollo legislativos. Ya se ha demostrado, y tenemos casos recientes, que la implantación unilateral de medidas sin la necesaria prudencia previa de constatar la necesidad, bondad, eficacia y apoyo de las mismas por parte de la parte afectada, sólo denota una mentalidad cortoplacista. Ese supuesto puede llegar a situar en una posición de especial riesgo a algún sector productivo, en especial a aquéllos que por sus propias especificidades necesitan de un tratamiento diferenciado para garantizar su supervivencia y seguir contribuyendo cada vez más al incremento del PIB y a la generación de empleo. Este sector es un buen ejemplo de ello.

La vigilancia de Defensa, para Seguridad Integral

Desde el 1 de septiembre, Seguridad Integral Canaria presta los servicios de seguridad en las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España, tras haber sido adjudicataria del mismo el pasado mes de junio, según informó ayer la compañía. El contrato es por dos años, prorrogables por otros dos más, y la cuantía ronda los 60 millones de euros.

La adjudicación, explica Seguridad Integral Canaria, conlleva la cobertura de «las necesidades de seguridad en el interior de bases, acuartelamientos, establecimientos y otras propiedades del Ministerio de Defensa y organismos autónomos tales como el Órgano Central del Ministerio de Defensa, Estado Mayor de la Defensa, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Servicio Militar de Construcciones, Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Instituto Social de las Fuerzas Armadas e Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial». Seguridad Integral Canaria destaca también que «entre los bienes y personas a proteger se encuentra la base de utilización conjunta hispano-norteamericana de Rota (Cádiz)».

«El nivel de los licitadores», agrega el comunicado, «era muy exigente, ya que según el pliego de prescripciones técnicas que regula la adjudicación de este concurso, las empresas interesadas deberán tener suscrito y en vigor, en el momento de formalización del acuerdo marco, la oportuna habilitación de seguridad de empresas con grado de Confidentiel UE o Superior para el manejo de información clasificada relacionada con la Unión Europea.

El blindaje del rey de la seguridad




Miguel Ángel Ramírez, uno de los mayores contratistas de Canarias, extiende su poder a la Península. Eludió la cárcel gracias a un indulto del Gobierno al que se oponían juez y fiscal.

Un grupo de mujeres cuenta billetes en máquinas y los apila. Visten un mono rojo sin bolsillos en una cámara acorazada protegida con barrotes. En el centro, una mesa grande acumula fajos de dinero. Más del que una persona corriente verá junto en su vida. Están preparando los envíos entre sucursales de bancos. “Yo no soy un charlatán. Esto va en serio”. Miguel Ángel Ramírez, un tipo directo, con cierto aspecto de boxeador crepuscular, no duda en enseñar las tripas de su compañía de seguridad para demostrar que no va de farol. 

Aunque no hace falta. Su historial habla por él. Porque Ramírez, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas desde 2005, ha pasado en poco más de 25 años de secar el parqué del sudor de los jugadores de baloncesto del Gran Canaria a ganar millones en concursos públicos —primero de seguridad, luego en guarderías, limpieza, hospitales...— en las islas y cada vez más en la Península. El ministro popular José Manuel Soria, que viajó en noviembre a Canarias a inaugurar su último proyecto, un concesionario de BMW, dijo en el acto: “Es el concepto más puro de emprendedor que yo conozco”. Fue 10 días después de haber sido indultado parcialmente por el Gobierno del PP por un delito urbanístico que le debería haber llevado a prisión. Ahora la Fiscalía se ha querellado contra él por delito fiscal, pero el augura que, como muchas causas anteriores, quedará en nada.

“Cuanto más se acerca uno a una estatua, más pequeña parece. Conmigo pasa igual, soy un tipo normal a pesar de lo que oiga”, avisa Ramírez. Tiene ojos pequeños, cejas oblicuas, un cuerpo contundente y manos que un enemigo no querría ver demasiado de cerca. En su edificio, en un polígono industrial en Las Palmas, recibe en un gran despacho adornado con todo tipo de condecoraciones militares y policiales. “Soy legionario de honor”, avisa. En una esquina hay una colección de 20 relojes tras una vitrina. Al otro lado de la ventana, Ramírez construye un nuevo edificio porque este se ha quedado pequeño. Sin acabar el instituto, Ramírez se emplea en lo que puede. Vende fruta, como hacía su abuelo, y tiene algún trabajo de ayudante de detective. Su padre, que trabajaba en una cooperativa de seguridad, le niega trabajo como vigilante.

En 1991, con 22 años, monta con dinero de un socio una empresa de transporte de mercancías. Se llama Canarimundi y se compromete a repartir en las islas en siete días la mercancía embarcada en Barcelona, cuando las empresas del sector tardaban entre 10 y 12. “Cabreábamos a todo el mundo”, rememora. ¿Su secreto? Ramírez conseguía que sus contenedores pasaran los controles del puerto antes que los de sus rivales, según una persona que le trató entonces. En esos años, y siendo aún nadie, auguraba que algún día se sentaría en el palco del Bernabéu como presidente de la Unión Deportiva. Aún no lo ha conseguido. Su club sigue en Segunda.Nacido hace 45 años, Ramírez se crió en el barrio de Tamaraceite, a las afueras de Las Palmas. Hijo de una familia humilde, creció en las casas baratas del patronato Francisco Franco. Hoy aparecen con desconchones, pero rodeadas de edificios modernos. “Entonces no existían, esto era un descampado. Era un barrio duro”. No oculta su origen. A pocos metros está el viejo pabellón en el que jugaba el equipo local de baloncesto antes incluso de subir a la ACB. Ramírez cobraba 10.000 pesetas al mes por cuidar y lavar los coches de los jugadores. “Secaba el parqué de la pista cuando uno se caía. Llevaba un chándal de la cooperativa de mi padre y por la publicidad me pagaban 500 pesetas. Comerciaba con todo”.

En 1994 funda junto a un socio Charcuterías La Ideal y una tienda de mascotas. Un año después, montan Seguridad Integral Canaria (SIC), que compra la empresa en la que trabajaba su padre, la misma en la que no había conseguido trabajo años antes. Ese es el germen del imperio de Ramírez. Dos años después conoce a Ángel Luis Tadeo, entonces el empresario de moda en las islas, dueño del grupo hotelero Dunas y que poco después fue nombrado presidente de la Unión Deportiva. Ramírez empieza a trabajar para él como chófer y guardaespaldas. Pero pronto se convierte en amigo y confidente. Ramírez aprende rápido. Tadeo, 20 años mayor y de origen humilde, tiene sus hijos estudiando fuera de España y de alguna forma Ramírez se convierte en su ojito derecho. Le da los contactos, le presenta a empresarios y políticos. “Gracias a él, empecé a hablar directamente con los dueños de los negocios”, reconoce Ramírez. Si quería la seguridad de un hotel, Tadeo sentaba al dueño con Miguel Ángel y mediaba. Comienza a reclutar guardas de seguridad y tira los precios. 

“En Canarias si quieres introducir esa marca de agua lo mejor es que tengas padrinos. Y Tadeo fue el padrino de Miguel Ángel”, cuenta un empresario. Así, en 1999, ya factura mil millones de pesetas y tiene mil guardas. Tadeo organizaba cada 14 de agosto una fiesta por su aniversario de boda en Maspalomas a la que invitaba a políticos de los tres grandes partidos. Ramírez aprende a llevarse bien con todos. Ramírez crece y crece y vuela solo. Y comienzan los escándalos. Su socio fallece y la familia le denuncia en 2002 por apropiación indebida. Pero sale indemne, como casi siempre le pasará en sus pleitos. La denuncia fue archivada. El empresario no elude ni este ni ningún tema incómodo. “Quedó perfectamente claro y no les he dejado tirados”. Tras la denuncia pactó con la viuda una compensación mensual. 

En 2004 compra una casa en La Milagrosa, un valle protegido a las afueras de Las Palmas. Llama a la finca El Capricho. Son 40.000 metros en una ladera escarpada con tres casas, aguacates y bonitas vistas a un valle que los alisos dejan verde todo el año. Al poco comete uno de los pocos errores de su vida. Decide construir una pajarera —a su padre le gustan los pájaros—, una pérgola, dos aparcamientos, un camino y un estanque junto a la casa. No tiene licencia y el Seprona de la Guardia Civil precinta las obras. Pero lejos de arredrarse, y convencido de que como mucho tendría que pagar solo una multa, Ramírez sigue adelante con las obras “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”, según la sentencia que años después le condenó a tres años de cárcel por delito urbanístico. Juan Antonio Díaz, responsable de USO en Canarias, presentó ante la Agencia Tributaria en 2004 denuncias contra Ramírez por fraude de las dietas. “Me llamó a su despacho, estuvo muy cordial. Me ofreció irme a trabajar con él triplicándome el sueldo. Es un encantador de serpientes”. La denuncia acabó con una multa de 600.000 euros. 

Mientras despacha las querellas, Ramírez sigue ganando contratos. Abre oficina en Madrid y en 2003 crea el Grupo Ralons (de sus apellidos, Ramírez Alonso) para ampliarse a los servicios. Abre filiales de limpieza, residuos, residencias, guarderías, lavanderías, recintos deportivos, salud... En 2008, el fiscal Javier Ródenas desempolva el caso de las obras en la casa y lo lleva a juicio. En mayo de 2010, Ramírez es condenado a tres años de prisión por delito urbanístico. Ni sus buenos contactos con el coronel —hoy general— de la Guardia Civil Francisco Espinosa ni sus buenas relaciones con el instituto armado, evitan la declaración clave de los agentes del Seprona en el juicio. Dos años después la Audiencia Provincial ratifica la condena y añade a la sentencia la demolición de lo ilegalmente construido. 

En junio de 2011, un juez de Granadilla imputa a Ramírez por presunto delito de estafa. También imputa al jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. El auto señala que este último “alteró los datos de varios documentos relativos a los servicios de seguridad con el objeto de incrementar de manera ficticia el valor de las facturas expedidas por SIC con cargo a los fondos públicos de AENA (...) Procedió a incrementar el número de vigilantes de seguridad en los diferentes turnos, confeccionado unos cuadrantes inflados, recibiendo de la empresa unas certificaciones en las que se recogía el número ficticio de horas mensuales realizadas por los vigilantes de seguridad”. 

En 2012, Ramírez pide el indulto a Justicia y evita entrar en prisión. Con el PP en el Gobierno central Ralons culmina el salto que perseguía en Madrid. Pese a su condena, logra contratos en 2013 con la Tesorería General de la Seguridad Social (2,4 millones), el Ministerio de Defensa (745.000 euros), Metro de Madrid (23,1 millones), AENA (600.000 euros, para la seguridad en Torrejón y Paracuellos) la Delegación del Gobierno en Madrid (305.000 euros)... Él defiende que no es su relación con el PP, sino 10 años de perseverancia y de presentarse a concursos hasta demostrar la solvencia necesaria. Afirma que el año pasado facturó 120 millones, de los cuales un 60% proceden del sector público. Las guarderías de Las Palmas, los juzgados que le investigan... lucen el sello del Grupo Ralons. “No es el pez grande el que se come al chico, es el rápido el que se come al grande. Si alguien ofrece tres walkies, yo cuatro, pero me llevo el contrato”.