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22 de noviembre de 2014

MURCIA: Fallece un vigilante de seguridad al ser tiroteado por unos desconocidos en un local nocturno de San Ginés

Los agentes acompañan a la salida del pub a Fernando Ruiz, hermano del cliente fallecido en el tiroteo.Los sospechosos, que aparentaban ir «muy pasados» de drogas y alcohol, huyeron en un Mercedes de color blanco y anoche estaban siendo buscados por la Policía

La noche de juerga acabó bañada en sangre. Dos personas fallecieron a última hora de la noche de este viernes, en el polígono San Ginés de Alcantarilla, después de ser tiroteados por desconocidos que se dieron a la fuga.

Los hechos se produjeron pasadas las diez y media de la noche en el club Blue Diamont, conocido antes como Sala Princesa, cuando varios hombres -al parecer, de etnia gitana y que aparentaban encontrarse bajo los efectos del alcohol o las drogas- comenzaron a discutir con clientes del establecimiento y fueron conminados por el vigilante de seguridad a marcharse. Fue en ese momento cuando esgrimieron un arma de fuego, con la que realizaron un buen número de disparos a corta distancia, cinco de los cuales que impactaron en el pecho del vigilante, causándole la muerte prácticamente en el acto.

Seguidamente encañonaron a uno de los clientes del local, contra quien realizaron varios disparos que le alcanzaron al menos en dos ocasiones: un balazo lo recibió en un costado y el otro le entró por el pecho y le destrozó un pulmón. También falleció en pocos minutos. Aunque en los primeros momentos, que fueron de gran tensión y confusión, se especuló con la posibilidad de que hubiera un tercer herido de bala, esta información se fue descartando conforme se iban esclareciendo las circunstancias del tiroteo. Fue hacia las 22.40 horas cuando comenzaron a recibirse llamadas en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertando del tiroteo ocurrido en el mencionado local, ubicado en la calle Milenio del Polígono de San Ginés, lo que provocó la movilización de un buen número de efectivos policiales y de los servicios de emergencias. El personal de las primeras ambulancias que llegaron al lugar se esforzó en tratar de recuperar las constantes vitales de los dos heridos, pero finalmente tuvieron que desistir al constatar que las lesiones eran mortales de necesidad.

Un conocido clan delictivo Mientras tanto, agentes del Cuerpo Nacional de Policía trataban de formarse rápidamente una idea fiel de lo ocurrido y comenzaban a rastrear la zona en busca de los autores de los dos homicidios. Los primeros testimonios apuntaban a que se trataba de varios hombres de etnia gitana, a quienes una de las camareras del local describió como «unos tíos que iban muy pasados», en clara referencia a un probable consumo de drogas.

Los sospechosos, que podrían pertenecer a un conocido clan delictivo, huyeron en varios vehículos, entre ellos un Mercedes de la clase A, de color blanco, que en la noche del viernes estaba siendo buscado por un buen número de dotaciones de la Policía. Sandra, una camarera del local que anoche no era capaz de contener las lágrimas, explicó que había llegado al local un grupo de unas ocho personas, que iban «muy bebidas» y que comenzaron a montar bronca y a meterse con otros clientes, lo que llevó al portero a echarlos a la calle. Fuera del establecimiento se concentraron los hombres expulsados del establecimiento, que siguieron discutiendo con el vigilante, el dueño y el encargado.

Fue entonces cuando uno de los clientes que habían montado la broca extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y comenzó a disparar al portero, llamado Carlos, que recibió cinco disparos en el pecho. Herido de muerte como estaba, consiguió sin embargo entrar en la sala de fiestas, donde se desplomó. Después, el autor de los disparos volvió a percutir el arma, hiriendo mortalmente a otro cliente del local, un hombre que más tarde fue identificado como Pedro Ruiz Saura, de 54 años y propietario de una pequeña empresa. Su hermano, Fernando, explicó en el lugar del crimen que se habían desplazado hasta la sala para tomar unas cervezas. Poco después llegó uno de los hijos de la víctima que, desconsolado, no paraba de gritar: «¡Han matado a mi padre!». La Policía recogió en la calle al menos seis o siete casquillos de bala, lo que apunta a que el arma utilizada fue una pistola. Fuentes de la investigación confiaban en localizar en pocas horas a los autores del doble crimen.

Acta del mes de noviembre del Comité de Empresa de Prosegur Sevilla


ZARAGOZA: El juez investiga un presunto fraude con fondos de formación en CCOO Aragón

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, Luis Fernando Ariste, investiga una presunta trama de desvío de ayudas públicas para cursos de formación en la Federación Regional de Actividades Diversas de CCOO Aragón. El juez inició las pesquisas, cuyo desarrollo ha asignado al Grupo de Blanqueo de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, tras recibir una denuncia de la Fiscalía. Los responsables de la Unidad Anticorrupción estudian si, por la magnitud de los hechos, debe asumir las pesquisas o si continúa interviniendo en ellas la fiscal asignada a ese juzgado.

Los investigadores tratan de determinar si uno de los responsables de esa federación, G. G. S., se compinchó con una academia zaragozana para falsear las cifras de participantes y las necesidades de material didáctico en los cursos del sindicato que desarrollaba ese centro de enseñanza con el fin, presuntamente, de cobrar cantidades indebidas de dinero público que posteriormente desviarían para apropiarse de ellas.

FACTURAS El juzgado intenta averiguar si las facturas emitidas por esos conceptos se adecuaban a la realidad o si, por el contrario y tal y como sostiene la denuncia, habían sido hinchadas. Los cursos de formación subvencionados con dinero público que se encuentran bajo investigación iban dirigidos a trabajadores y a desempleados. La denuncia inicial fue dirigida a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, un tribunal que únicamente enjuicia delitos graves y resuelve recursos, pero que no tiene funciones de instrucción e investigación. Los magistrados la remitieron a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, la cual, tras abrir diligencias, decidió poner los hechos en conocimiento de los juzgados.

ANTECEDENTE Esta es la segunda ocasión en pocos años en la que los jueces investigan en Aragón la existencia de presuntos fraudes en la gestión de los cursos de formación por los sindicatos.La anterior, cuyas pesquisas comenzaron en 2008, finalizó hace unos meses con una sentencia del Supremo que ratificó la condena a 21 mese de prisión a la responsable de un centro de formación por un delito de falsedad documental. Emitió 16 certificados de cursos de hosteleria y de comercio, posteriormente validados por un dirigente de USO y por el Inem, a los que los titulares no habían asistido.

Antes, una inspección efectuada por USO había detectado varias irregularidades en esas acciones de formación. Esa revisión detectó que algunos supuestos alumnos desconocían haber participado en los cursos y se topó con la imposibilidad de verificar que otros estuvieran dados de alta en la Seguridad Social. También constató la falta de alumnos y de material docente en las aulas a las horas de algunas clases. Tanto la Audiencia de Zaragoza como el Supremo, no obstante, descartaron en este caso que existieran pruebas de que la responsable del centro de formación y un directivo del sindicato se hubieran compinchado para lucrarse con los cursos.

Diccionario terminólogico de la seguridad privada

Toda profesión tiene un universo propio de palabras. En este diccionario se encuentran todas aquellas expresiones y términos de uso diario en el desempeño de la función del profesional de la seguridad privada.

Una herramienta imprescindible para la formación del nuevo vigilante y de todo aquel que quiera acercarse al mundo de la seguridad, tanto pública y privada. Esta obra está actualizada con las últimas leyes aprobadas y las novedades ofrecidas en SICUR 2014. En sus páginas se desarrollan y definen 2.109 términos, 43 Leyes, 1 comunicación, 8 convenios, 1 Decreto, 1 Directiva, 4 Instrucciones, 188 normas UNE y UNE-EN, 32 órdenes ministeriales, 52 Reales Decretos, 1 Recomendación, 6 Reglamentos y 33 resoluciones.

Una obra de gran utilidad para el pujante sector de la seguridad privada, que no solo tiene una influencia económica creciente en nuestro país, sino que también requiere una regulación jurídica específica en el mundo globalizado en el que nos movemos, además de para todos los estudiosos del lenguaje que quieran profundizar en los términos del campo de la seguridad. Por supuesto, para la formación del nuevo vigilante de seguridad privada, director de seguridad, jefe de seguridad, consultor, detective privado, escolta y guardas rurales y sus especialidades; también para el profesional de la seguridad pública. Esta es la primera obra de semejantes características del mercado editorial actual.

El negocio de la seguridad privada emplea a 300.000 personas en España. Hay 1.500 empresas. Los guardias jurado nacieron en el siglo XIX. Un negocio que, sin embargo, es "el primero que entiende que el sector debe ser regulado de manera expresa y ampliarse la formación". De ahí la necesidad de un diccionario que acaba de crear Rafael Gómez Montoya. El criminólogo le cuenta a Javier Manzano que no ha incluido el término "segurata" porque es despectivo.

GRANADA: Solicitan la inmediatata contratación de un vigilante de seguridad en el centro de salud de Atarfe


Un celador, agredido por no dispensar metadona fuera del horario de entrega

Un celador conductor del centro de salud de Atarfe denunció el lunes una agresión en su lugar de trabajo. El celador recibió amenazas de muerte, insultos y fue objeto de un intento de agresión con el lanzamiento de una silla por parte de un usuario que solicitaba la dispensación de metadona fuera del horario de entrega de este tipo de medicamento. 

Según informaron el Sindicato Andaluz de Celadores Conductores (Saceco) y UGT, los hechos ocurrieron el lunes a las cuatro de la tarde y el celador, que presentó denuncia ante la Guardia Civil, requirió de asistencia sanitaria en centro de salud, fue relevado y actualmente está de baja laboral por una crisis de ansiedad. El trabajador se encontraba en su puesto de trabajo cuando recibió insultos y amenazas graves de muerte de un usuario que solicitaba la dispensación de metadona fuera del horario de entrega de este medicamento. 

Según Saceco, se da la circunstancia que este centro de salud registra habitualmente situaciones de este tipo y aun así no dispone de servicio de vigilancia privado, como ocurre en la mayoría de los centros de salud de la capital. Asimismo, UGT exige a la administración andaluza que publique el mapa de riesgos, tal y como se recoge en el protocolo de agresiones. Los sindicatos, que se concentrarán mañana en señal de repulsa, piden al Distrito Granada-Metropolitano, del que depende este centro, la inmediata colocación de un vigilante de seguridad.

El juzgado del ‘caso ESABE’ no puede escanear la documentación incautada


El juzgado se queja de que cuenta con un escáner “completamente inadecuado” para digitalizar los más de 20.000 folios requisados en los registros hace ya casi dos años


Casi dos años después del estallido del ‘caso ESABE’, y la detención de casi una decena de directivos de esta empresa de seguridad por un presunto fraude millonario a la Seguridad Social, la investigación se ha ralentizado por varios motivos, entre ellos la falta de medios técnicos en el juzgado de instrucción que lleva el caso en Plaza de Castilla. En un escrito al que ha tenido acceso la SER, el secretario del juzgado que investiga el caso, el número 37 de Madrid, denuncia que tienen que escanear los más de 20.000 folios incautados en los registros con un escáner “completamente inadecuado” para este trabajo, según explica, “dado el reducido tamaño del dispositivo y que sólo cuenta con un alimentador de unos 30 folios”. Calcula el juzgado que con los medios técnicos puestos a su disposición podrían tardar “años” en digitalizar toda la documentación de la causa.

El estallido del ‘caso ESABE’ destapó un presunto fraude de decenas de millones de euros a la Seguridad Social por parte de esta empresa de seguridad privada, una de las principales contratistas públicas del sector. En torno a una decena de directivos y trabajadores fueron detenidos, y el sumario desveló supuestas irregularidades como pagos en negro, comisiones a políticos y cursos ‘fantasma’ para conseguir subvenciones públicas. Según reza el escrito fechado a principios del mes de octubre, el decanato de los juzgados de Plaza de Castilla comunicó personalmente esta situación a la Comunidad de Madrid, “sin que hasta la fecha conste haberse recibido respuesta alguna en relación con tal oficio”.

Año y medio pidiendo un escáner de alta velocidad El juzgado solicitó este aumento de medios en mayo de 2013, en una comunicación dirigida a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid un escáner de alta velocidad, así como personal para manejarlo. Una petición que no obtuvo respuesta hasta casi un año más tarde, cuando un técnico de esta Agencia se personó en Plaza de Castilla y habilitó la “función de escáner” en la fotocopiadora del juzgado, algo que el secretario considera “manifiestamente insuficiente e inadecuada para poder obtener la referida copia digital en un tiempo razonable, dado el elevado volumen de la documentación intervenida”. Fue a finales de septiembre de 2014 cuando la Comunidad llevó un escáner al juzgado que este mismo secretario estima “completamente inadecuado para el escaneado, dado el reducido volumen del dispositivo, que sólo cuenta con alimentador de unos 30 folios”.Añade el escrito que “siendo más de 20.000 folios los que hay que escanear, es un trabajo que podría durar años”.

La fuga del principal imputado En este momento, la jueza que instruye el caso ha rechazado diversos recursos de reposición interpuestos contra la forma de hacer declaraciones y el resto de recursos va camino de la Audiencia Provincial para su resolución. Mientras tanto, y mientras jueza y funcionarios se afanan por conseguir medios técnicos para escanear 20.000 folios, los dos principales imputados en esta causa siguen en paradero desconocido: el presidente de la empresa, Juan José Prados del Pino, y su esposa. Se dieron a la fuga antes del estallido de la operación en diciembre de 2012, y aunque están representados en el proceso por abogado y procurador no han podido ser interrogados todavía por la jueza instructora. Según fuentes jurídicas cercanas al caso, todos estos retrasos abren cada vez más la posibilidad de que una hipotética condena pueda ser paliada a través de las dilaciones indebidas del proceso, así como otras fuentes también alegan que se produce una “condena de banquillo” para los imputados.

21 de noviembre de 2014

Asamblea de la Sección Sindical de SPV en Securitas Sevilla

Con la presente comunicación se convoca asamblea informativa de la sección sindical de SPV en Securitas Sevilla para el próximo jueves 27 de noviembre de 2014 a las 11.00 horas en la sede social de calle Tomás Pérez Nº 6 bajos, C.P 41006 (Cerro del Águila), en base al siguiente Orden del Día:

-Informe del Delegado Sindical
-Situación de la delegación de Securitas en Sevilla
-Renovación Sección Sindical 2015
-Elecciones Sindicales 2015
-Ruegos y preguntas

Se ruega la presencia y la participación de todos los afiliados de SPV a Securitas Sevilla en la asamblea para que así podamos seguir avanzando en el modelo sindical que defiende nuestra organización. Para cualquier duda o consulta podéis contactar con el Delegado Sindical a través del teléfono de atención 609097766.

El Estado "precisa" de un incremento de vigilantes de la seguridad privada

El subdelegado del Gobierno afirma que la nueva ley "va en esa línea" para fortalecer la colaboración con la seguridad pública y que genere "riqueza"

España, pero en concreto León, registrar datos de seguridad mayores a los de la media de los países del entorno. Varios factores influyen en este hecho, como la propia actitud ciudadana, pero también por el hecho de los ratios de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son mayores que la media europea. Sin embargo, el número de efectivos de las empresas de seguridad privada es inferior al de la media, por lo que “el Estado precisa de su incremento” en cuanto a trabajadores, como un nicho que contempla posibilidades de creación de empleo y riqueza económica.

El subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha afirmado este viernes que la nueva ley de 2014 que regula el ejercicio de la seguridad privada “va en esa línea”. El sector se enfrenta a un momento de cambio, después de que se haya modificado la anterior, de 1992, y que “pone el acento en la complementariedad” de esta seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Un "antes y un después" La norma marca “un antes y un después”, proporciona “confianza” y supone un “reconocimiento del Estado”. Todo ello, sin olvidar que la seguridad pública es “núcleo esencial” de una “competencia exclusiva” del Gobierno, que no es otra que garantizar el libre ejercicio de los derechos y de la seguridad de los ciudadanos. Por eso, Suárez-Quiñones ha señalado como una “razón lógica” que este sector esté “controlado” por la seguridad pública, pero sin “despreciar” a las empresas privadas, que son “esenciales y un aliciente de futuro” para “lograr determinadas metas en la colaboración público-privada”, tan demandada en otros ámbitos.

Menciones Honoríficas Fruto de esa buena relación, la Subdelegación del Gobierno en León ha acogido este viernes el acto de entrega de las Menciones Honoríficas que el Ministerio del Interior concede a empresas de seguridad privada. Se trata de tres jefes de seguridad privada, doce vigilantes, tres vigilantes de explosivos y guardas forestales, una detective privado, a un trabajador a título póstumo y a un policía nacional con cuarenta años de servicio en el cuerpo.

Este homenaje ha servido para reconocer a estas personas, que en esa función de seguridad y en su particular ámbito, han protagonizado un papel “sobresaliente” en sus funciones. De esta forma, se cierra una programación que en estos últimos días se ha realizado entre el sector privado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Otorgados los I Premios "Mujer Viglante"



En la tarde del pasado 18 de noviembre de 2014 se produjo el Fallo del Jurado de los I Premios "Mujer Vigilante". Una vez estudiadas las candidaturas presentadas en tiempo y forma con los méritos de cada uno de ellos, y tras las oportunas deliberaciones, se aprobó por unanimidad otorgar los premios en sus distintas categorías a las siguientes personas:

-PREMIO MUJER VIGILANTE: A Dª Antonia Verjillos Martínez

-PREMIO POR LA IGUALDAD: A D. Avelino Robledo Menudo

-PREMIO INSTITUCIONAL: A Dª Mercedes Ríos Martín (IAM) y a D. Juan Luis Marrero Gómez (IAM)


Lo que se hace público para que conste a todos los efectos, siendo la entrega de los galardones en sus distintas categorías el próximo 16 de Diciembre de 2014.

Mas información en mujervigilante.blogspot.com. AQUÍ

Un tercio de los asalariados españoles son 'seiscientoseurista'


A este grupo le sigue otro colectivo importante de casi dos millones de personas, que ganan entre una y 1,5 veces el SMI (9.034 a 13.551 euros al año, entre 645 euros y 970 euros al mes en 14 pagas). Por tanto, hay casi 7,7 millones de trabajadores, el 46,4% de los asalariados totales, que ganan por debajo o muy por debajo de los mil euros

La OCDE y el FMI, que siguen recetando a España que profundice aún más en la moderación salarial, deberán actualizar la estadística laboral de un país en el que las rentas de trabajo son las que más ingresos aportan al Estado. Un tercio de los asalariados (34%), 5,7 millones, son seiscientoseuristas. Se trata de la nueva generación salarial que ha dejado atrás al mileurismo de antes de la crisis.Cobran el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 9.034 euros al año, es decir, una media de 645 euros al mes en 14 pagas.

Estas cifras, publicadas ayer por la Agencia Tributaria a partir de los datos proporcionados por los empleadores en la Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo (Modelo 190) en 2013, dan una idea de la contundencia de la crisis en el mercado laboral y, a la vez, de la evolución de la precariedad. Y es que, este salario no es el que abona una sola empresa, sino que corresponde al acumulado de las percepciones anuales que, en algunos casos, supera las 1,6 de media por persona. En este colectivo se encuentran los trabajadores más jóvenes, donde se concentra más la rotación laboral. Pero, el seiscientoseurismo se extiende también por todos los tramos de edad, incluso en los más elevados.

Así, aquí está el 86% de los jóvenes de menos de 18 años que tienen empleo (33.681 personas) y el 74,7% (1.107.104) de los que figuran con una edad de entre 18 y 25 años. A ellos, se suma el 38% (1.646.016) de los que se encuentran en el tramo de 26 a 35 años, y el 28,7% (1.427.204) de los que tienen entre 36 y 45 años. También aparece uno de cada cuatro asalariados (956.603) de entre 44 y 55 años, y el 26% (493.780) de los que tienen entre 56 a 65 años. Y, curiosamente, también se encuentra el 63,7% (87.652 personas) del total de los trabajadores que han decidido prolongar su vida laboral después de cumplir los 65 años que, ante la posibilidad de una pensión exigua, siguen trabajando.

Los sueldos no parecen gran cosa ahora. Así, por tramos de renta hacia arriba, a este grupo le sigue otro colectivo importante de casi dos millones de personas, que ganan entre una y 1,5 veces el SMI (9.034 a 13.551 euros al año, entre 645 euros y 970 euros al mes en 14 pagas). Por tanto, hay casi 7,7 millones de trabajadores, el 46,4% de los asalariados totales, que ganan por debajo o muy por debajo de los mil euros. En el siguiente tramo, que comprende a quienes obtienen entre 970 y 1.290 euros al mes (entre 13.551 y 18.068 euros), hay nada menos que otros 2,2 millones de asalariados.

Según estos datos proporcionados por las empresas a Hacienda, en 2013 había 16.682.061 asalariados en España, 381.081 menos que en el año anterior y 2,6 millones menos que cuando comenzó la crisis. La media salarial es de 18.505 euros anuales (1.342 euros mensuales), un 1,4% menos que en el año anterior. En cuanto a las rentas medias y medias altas, es decir, por encima de 18.068 euros (dos veces el SMI) hasta por ejemplo 45.000 euros (cinco veces el SMI), hay casi el mismo número que deseiscientoseuristas (unos 5,7 millones). Y es aquí donde parece que se ha concentrado el ajuste en el último año, porque hay 250.000 menos que hace un año. Pero, la media salarial de este colectivo es prácticamente la misma del año pasado (unos 31.000 euros).

En el tramo más alto de estas rentas del trabajo se observa que hay menos personas, posiblemente porque en algunos casos los ejecutivos se pueden diseñar el sueldo a cambio de otras prestaciones y han desaparecido del top, o quizá porque también les ha llegado el ajuste. Sin embargo, han aumentado sus sueldos. Según las empresas, sólo hay 125.191 personas (7.000 menos que hace un año y 70.000 menos desde que empezó la crisis) que cobran 10 veces el equivalente al SMI. Es decir, sólo el 0,7% de los asalariados percibió en 2013 más de 90.342 euros anuales (más de 6.500 euros al mes). En cualquier caso, el sueldo medio de este grupo creció hasta los 147.320 euros, frente a los 146.312 de hace un año y los 129.852 de cuando comenzó la crisis.