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26 de noviembre de 2014

Los contratos públicos de la empresa de seguridad que presidió Morenés crecen un 79%

El ministro de Defensa presidió en 2011 Grupo Segur: en los tres años siguientes sus empresas se llevaron 34 contratos, frente a 19 en el trienio anterior. Segur Ibérica, del Grupo Segur, con litigios en los tribunales, se ha llevado recientemente parte del contrato para la vigilancia exterior de las prisiones. Desde que Morenés es ministro su exempresa ha ganado contratos para vigilar sedes de Hacienda, Seguridad Social, Defensa, RTVE o museos como el Prado. Securitas, de capital sueco, se lleva el 54% de los contratos; y Seguriber, la empresa del Madrid Arena, ha firmado 1.452 contratos.

La empresa de seguridad Segur Control, del Grupo Segur, es la quinta compañía del sector que más veces ha sido contratada por el Estado, según reza una reciente respuesta parlamentaria que analiza las 50 empresas de seguridad que más adjudicaciones han recibido de la Administración central. En concreto, Segur Control ha ganado 5.091 adjudicaciones. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió el Grupo Segur, la matriz de Segur Control, desde el 20 de octubre de 2011 hasta que fue nombrado ministro un par de meses después. "Creo que he sido el presidente más breve de esa empresa", explicó Morenés en el Congreso para defender su nombramiento como ministro independiente de las influencias de los lobbies empresariales. Otro ex alto cargo del PP, la exministra Anna Birulés, fue consejera de la sociedad.

En los tres años siguientes a que Morenés dejará la empresa y asumiera el cargo de ministro (2012, 2013 y lo que llevamos de 2014), las empresas del grupo han ganado 34 contratos públicos por valor de 24,4 millones, un 79% más de adjudicaciones si comparamos este trienio con los tres años anteriores a que Morenés llegara a la presidencia de este grupo: 19 contratos en 2009, 2010 y 2011 por valor de 17,6 millones de euros. El volumen de dinero, por tanto, ha aumentado un 38,6% entre los dos periodos. Son datos analizados en el perfil Contratación del Estado. Entre esos 34 contratos hay tres adjudicados por el ministerio de Defensa, todos para la vigilancia de la fábrica de armas de Oviedo. En los 19 contratos del periodo 2009-2011, cuatro fueron adjudicados por Defensa.

Los 34 contratos firmados después del paso de Morenés por la empresa suman 24,4 millones El Grupo Segur está especializado en prestar vigilancia de edificios. La Administración estatal le ha contratado en estos últimos tres años para vigilar sedes de Hacienda, de la Seguridad Social, de Defensa, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Energía, sedes de RTVE, bibliotecas y museos como el Prado o el Reina Sofía. Desde el 1 de octubre es una de las diez empresas encargadas de la vigilancia exterior de las prisiones. Sus vigilantes están en las cárceles encuadradas en lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Se lleva 7,3 millones de euros por un año de servicio junto a la empresa Coviar.

Muchos de los contratos de seguridad se tramitan por la fórmula de "procedimiento negociado sin publicidad". En estos procedimientos no se realiza concurso abierto, sino que es el licitador (en este caso, el Gobierno) quien invita a una serie de empresas a presentarse y quien elige la compañía que presente la oferta más ventajosa. Para la vigilancia de prisiones, se dividió el territorio español en cuatro lotes y se adjudicó uno de ellos a Segur Ibérica. Años antes, en 2009, la empresa también se llevó el contrato para defender a los atuneros españoles que faenan en el Índico de los ataques de los piratas.

Sospechas en la 'operación Púnica' En total, el Estado ha licitado 238.521 contratos con 50 empresas de seguridad, aunque la respuesta no especifica el volumen de contratación. La respuesta solo facilita los contratos adjudicados por el Estado, no por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. A pesar de su importante volumen de contratación, las empresas del Grupo Segur han tenido y tienen importantes problemas con la justicia.

Cinco exdirectivos de Segur Ibérica están imputados en el juzgado número 19 de Barcelona por los delitos de estafa y falsedad documental. En 2009 y 2010 Segur Ibérica obtuvo un importante contrato con Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha contra la Corrupción (Aspacom) denunció a Segur Ibérica por contratar a vigilantes que no tenían la titulación adecuada y por facturar horas de vigilancia que no se había realizado. El fraude en esos dos años alcanzó los 451.000 euros. Otro juzgado, el 21 de Barcelona, también investiga a Segur Ibérica por falsificar cuadrantes de servicio para colocar a vigilantes ficticios y facturar horas no trabajadas en la Biblioteca de Cataluña, ente de la Generalitat catalana que también le adjudicó otro contrato. Un directivo de Segur Ibérica ya ha declarado que disfrazaron a jardineros como vigilantes de seguridad.

En el marco de la Operación Púnica, la Fiscalía Anticorrupción está revisando las adjudicaciones que hizo el exconsejero Francisco Granados a Segur Ibérica, que tuvo entre sus empleados a un familiar de Esperanza Aguirre, su prima Marta Gil de Biedma. En marzo de 2008, Granados, imputado en el caso, adjudicó los contratos de vigilancia y seguridad de las sedes de Presidencia y Vicepresidencia, y las consejerías de Presidencia e Interior a esta empresa porm 2,6 millones de euros

La compañía con más contratos, en manos suecas Securitas Direct España es la firma con más contratos, concretamente 130.282, el 54% del total. Los empresarios suecos Gustaf Douglas y Melker Slöring controlan el 42% de las acciones de Securitas AB, la matriz de Securitas. Securitas Seguridad España, otra firma del Grupo Securitas, ocupa el puesto 15 en la lista con 2.165 contratos públicos. El segundo lugar en el ranking lo ocupa la empresa Prosegur España, con 22.725 adjudicaciones. Prosegur, está presidida por la empresaria argentina Helena Revoredo Delvecchio, viuda del fundador de la compañía y que tiene más del 50% de las acciones. En febrero de este año, Bill Gates compró el 3% de Prosegur. Revoredo acaba de ser nombrada consejera independiente de la eléctrica Endesa.

Seguridad Integral Canaria, cuyo dueño fue indultado por el Gobierno, ya lleva 762 contratos con el Estado Prosegur también ha tenido relaciones contractuales con exdirigentes del PP. El exministro de Fomento Rafael Arias Salgado, que ocupó la cartera de Trabajo en la legislatura 1996-2000, había presidido años antes Prosegur. José María Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja, fue apoderado de Protección y Custodia S.A. que, tras la absorción por Protecsa, se convirtió en Prosegur. La compañía, la primera del sector en España, y a pesar de los miles de contratos públicos que recibe, iba a aplicar este año un ERE que iba a afectar a 1.000 trabajadores, que finalmente no se produjo. Prosegur facturó el año pasado 3.695 millones de euros y cuenta en España con unos 27.000 empleados.

Otra empresa del sector es Seguriber, presidida por Mónica de Oriol, famosa por ser la compañía que tenía adjudicada la seguridad del pabellón Madrid Arena en la noche de Halloween de 2012, cuando se produjo una avalancha en la que murieron cinco chicas. Seguriber ha sido contratada 1.452 veces por la Administración General del Estado, ocupando el puesto 18 en la lista. De Oriol es además presidenta del Círculo de Empresarios y una mujer polémica tras sus últimas declaraciones, en las que abogaba por sueldo inferiores al mínimo para trabajadores sin formación, y prefería contratar mujeres con más de 45 o menos de 25 para evitar embarazos. Seguriber fue una de las seis empresas invitadas por Interior para participar en el proyecto piloto de seguridad privada en el exterior de las cárceles, por el que cobró 879.000 euros. Pero pasado ese año, Seguriber se ha quedado fuera del contrato definitivo, que entró en vigor el 1 de octubre. Interior si ha renovado en los últimos años los contratos a Seguriber para dar protección a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra. Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de enero de 2014, Interior ha pagado a esta empresa 63 millones de euros por este servicio.

Una empresa canaria con muchos litigios En el listado de empresas más contratadas se ha colado Seguridad Integral Canaria, con 762 adjudicaciones. La compañía es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario canario (presidente del equipo la U.D. Las Palmas) que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria. Ese mismo año había donado legalmente al PP unos 50.000 euros. Fue indultado en octubre de 2013. En febrero de 2014, la Fiscalía se querelló contra él por defraudar 2,3millones de euros a la Seguridad Social tras camuflar con dietas el pago de horas extraordinarias.

La patronal asegura que solo el 22% de sus contratos proceden de las Administraciones Públicas A pesar de esta imputación, ha seguido ganando contratos del Estado, uno de ellos de Patrimonio Nacional por valor de 11 millones de euros. También la seguridad de los tres ministerios que tienen su sede en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid: 2,8 millones al año. En septiembre de este año se formalizó el contrato para que la empresa canaria prestara vigilancia a varios edificios militares del ministerio de Defensa por unos 16 millones de euros al año. La seguridad de parte de la red de Metro de Madrid también está en manos de esta empresa. En Metro de Madrid intentó hacer un ERE, pero finalmente no prosperó.

"Seguridad Integral Canaria es la empresa canaria que seguramente más litigios laborales tiene actualmente en los tribunales", señalan fuentes de Intersindical Canaria. La compañía se descolgó del convenio del sector, "lo que supone que paga unos 300 euros mensuales menos a cada trabajador". El tema está en el Supremo. También el convenio que Miguel Ángel Ramírez quiso aplicar en su empresa, rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que el empresario ha llevado también al Alto Tribunal. "La empresa se lleva el 80% de las contratas públicas relativas en seguridad que hay en las islas. Sus vigilantes están en el Palacio del TSJ de Canarias, curiosamente el órgano que rechazo su abusivo convenio", explican desde el sindicato canario.

Relaciones con el PP Eulen es otra de las empresas beneficiadas. De los 82.000 empleados que suma la multinacional, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El empresario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En su plantilla está Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego del PP. El Ejecutivo gallego ha hecho varias adjudicaciones a Eulen, unos contratos que levantaron polvareda. En lo referente al Estado, 703 contratos. Solo en 2014, el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le adjudicó la vigilancia de las presas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 650.076 euros. Y el ministerio del Interior le pagará 5,2 millones de euros por el mantenimiento de la frontera de Melilla. El ex ministro de Interior del PP Jaime Mayor Oreja también trabajó en Eulen. Tuvieron que ser tres instancias judiciales, un juzgado de Primera Instancia de Vitoria, la Audiencia Provincial de Álava y el Tribunal Supremo (ver sentencia) quienes demostraran en dar por probada la participación de Jaime Mayor Oreja en la compañía.

La patronal del sector, Aproser, que aglutina doce compañías que representan cerca del 70% del volumen de negocio en España, asegura que el sector cuenta con 88.250 vigilantes de seguridad en activo, de los más de 200.000 habilitados por el Ministerio del Interior. Todos trabajan en unas 1.500 empresas. Los últimos datos (de 2012) revelan que las empresas facturaron 2.994 millones de euros. Aproser asegura que solo el 22% de sus contratos proceden del sector público. Según el último convenio laboral, firmado en octubre de este año, un vigilante de seguridad cobra 1.091 euros. Si es de transporte, sube a 1.400 euros. Y un escolta, 1.210 euros mensuales, sin contar antigüedad y nocturnidad.

FUENTE:.20minutos.es AQUÍ

TOLEDO: Un vigilante de seguridad de 33 años, herido por arma blanca tras un intento de robo en una nave de muebles

Un hombre de 33 años ha resultado herido por arma blanca en la localidad toledana de Illescas y ha sido trasladado al hospital Virgen de la Salud de la capital, según ha informado la agencia Efe. Según informa a Efe el servicio de emergencias 112, el suceso ocurrió anoche a las 23:31 horas, en la antigua carretera N-401 (Madrid-Toledo), a la altura del paso a nivel situado en las inmediaciones del casco urbano.

Se recibió el aviso de que un hombre estaba herido con arma blanca en el abdomen. Fue atendido en el lugar de los hechos por una UVI y posteriormente trasladado al hospital en una ambulancia de soporte vital. Acudieron también efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Vigilante de seguridad Según la agencia Europa Press, el herido es el guardia de seguridad de una nave de muebles de la localidad toledana de Illescas, quien ha resultado herido leve en el abdomen tras un intento de robo perpetrado por tres personas, según han informado a esta agencia tanto fuentes de la Delegación del Gobierno como de la Policía Local.

Concretamente, según indican desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, este hombre resultó herido por un corte por arma blanca en la zona abdominal y a consecuencia del mismo ha recibido puntos de sutura. Esta persona herida tiene 33 años de edad, según indicado desde el Servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, donde añaden que el suceso tuvo lugar sobre las 23.31 horas de este lunes en una industrial situada en el kilómetro 35 de la N-401 de la localidad, junto al paso a nivel.



LUGO: El personal de Urgencias del hospital universitario reclama un vigilante de seguridad permanente

Recogen firmas en el servicio para exigir medidas a la dirección

Trabajadores del servicio de Urgencias del HULA demandan la presencia permanente de un vigilante de seguridad en el servicio para hacer frente a situaciones como la vivida el pasado viernes, en que una médica fue víctima de un ataque por parte de un paciente. Por iniciativa de los facultativos están recogiendo firmas entre el personal para entregar en la dirección y que se tomen medidas de inmediato para evitar que se puedan reproducir casos como ese.

Además de la médica, parece ser que hay una segunda persona lesionada, el acompañante de una paciente de Urgencias, que fue la persona que redujo, junto con un celador, al joven, que horas antes se había enfrentado a dos agentes de la Policía Local de Vilalba. En el servicio no tenían constancia de este incidente anterior por lo que no adoptaron las medidas de prevención que están estipuladas para estos casos. Llegó en una ambulancia del 061, sin presencia policial alguna.

Fuentes consultadas señalaron que el vigilante de la empresa de seguridad que tiene adjudicado el servicio en el HULA se personó quince minutos después del incidente, cuando el agresor estaba ya reducido. Parece ser que no hay un guarda asignado en exclusiva a Urgencias y que entre cuatro se reparten las rondas por todo el recinto. La presencia permanente de uno es lo que ahora reclaman y es una de las viejas reivindicaciones, dado que se producen con cierta frecuencia incidentes violentos, aunque no de la misma gravedad que el ocurrido el viernes pasado.

El paciente entró en el box de urgencias y le exigió a la médica que lo atendía en ese momento la presencia de un neurólogo para que lo examinara. Como la profesional parece ser que le dijo que primeramente lo iba a valorar ella para valorar si necesitaba realmente ese especialista, se molestó y empezó a gritar y a proferir amenazas. La médica que, al parecer, temió por su integridad en ese momento, salió del box. Los habitáculos ahora disponen de puertas, en lugar de las cortinas. Corrió detrás de ella, la agarró por el cuello y la golpeó contra una pared. Le rompió las gafas. El agresor fue posteriormente trasladado a la unidad de psiquiatría para su valoración. El personal de Urgencias, que está firmando el escrito de forma mayoritaria, recibió la solidaridad de trabajadores de otros servicios del Hospital Universitario Lucus Augusti.

25 de noviembre de 2014

"Une la línea que propicia la desigualdad, somos todos iguales" 25-N SPV contra la violencia de género


Patronales y sindicatos dejarán de ser juez y parte en la formación que se impartirá en el año 2015

Patronales y sindicatos dejan de controlar la formación de trabajadores

El Gobierno ha forzado a los agentes sociales a introducir buena parte de los cambios que contendrá el nuevo modelo ya en la convocatoria de subvenciones estatales para cursos de formación de trabajadores de este año. Los agentes sociales dejan de estar presentes en el órgano que supervisa los concursos de de adjudicación de los fondos, que pasan a estar formados sólo por funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal, antiguo INEM. Como ya adelantó Teinteresa.es el pasado 2 de agosto, el Gobierno ha avanzado en la reforma de la formación profesional para el empleo, con la aprobación de la convocatoria de subvenciones para 2014, en la que por primera vez las organizaciones empresariales y sindicales no formarán parte del órgano que adjudica las ayudas a las que ellas mismas optan. Éste y otros cambios han sido ya publicados en el Boletín Oficial del Estado del 27 de agosto. La convocatoria supone un importante avance "de facto" hacia el nuevo modelo de formación profesional prometido por el Gobierno, -más transparente, más eficiente y abierto a la libre concurrencia- y que desde hace meses se está negociando con los agentes sociales, asegura Efe.

Cambios en la convocatoria de 2014 Sobre la base del compromiso alcanzado en La Moncloa el pasado 29 de julio entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para que el nuevo modelo esté operativo desde enero de 2015, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aprobado "la última convocatoria de un escenario de transición", según reza en su preámbulo. El texto supone un avance hacia la libre competencia, ya que se abre en torno a la mitad del presupuesto total, que asciende a cerca de 139 millones de euros, a líneas de formación a las que podrá optar cualquier centro de formación acreditado en las mismas condiciones que las organizaciones empresariales y sindicales. Asimismo, incluye otras novedades significativas como la limitación del pago anticipado al 50% del importe de la subvención -cuando hasta ahora se adelantaba el 100%-, la restricción de la subcontratación también al 50% y la eliminación de la posibilidad de financiar planes cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas.

Primeros pasos en la reforma laboral de 2012 Con la reforma laboral de 2012 comenzó la transición hacia el cambio de modelo, ya que se modificó la orden ministerial que regula la concesión de estas subvenciones públicas que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, y se estableció que la composición del órgano colegiado que evalúa las solicitudes se determinaría en cada convocatoria. No obstante, en las convocatorias de 2012 y 2013 se siguió nombrando a representantes de patronales y sindicatos, y es ahora cuando por primera vez no estarán presentes en el órgano colegiado -que estará formado por cinco funcionarios del SEPE-, con lo que dejarán de ser "juez y parte" en el proceso.

El aumento de la libre competencia supondrá que las subvenciones ya no se repartirán mayoritariamente entre las patronales y los sindicatos más representativos a nivel estatal, algunos de los cuales están siendo investigados por presunto fraude en el uso de fondos concedidos en los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Hoy se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha detectado 54 millones de euros sin justificar destinados a cursos de formación de trabajadores en el ejercicio de 2010. La reforma laboral de 2012 ya recogía la posibilidad de que los centros y entidades de formación debidamente acreditados participaran directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, lo que llevó a que en las convocatorias de 2012 y 2013 hasta un tercio de algunas líneas de formación se abrieran a la libre concurrencia.

Mas control a la gestión de los cursos Para evitar el inicio de procesos de reintegro en caso de infracciones se elimina el anticipo del 100%, de forma que los beneficiarios cobrarán por adelantado sólo la mitad, el 25 % cuando se certifique la ejecución del curso y el otro 25 % cuando finalice y se hagan las comprobaciones pertinentes. A fin de limitar la subcontratación se fija un tope del 50%, aunque con la posibilidad de hacer excepciones si se acredita su necesidad, salvo en el caso de centros y entidades de formación que no pueden subcontratar en ningún caso.

Como complemento para la lucha contra el fraude la convocatoria recoge que está prevista la creación dentro de la Inspección de Trabajo de una unidad especializada en el seguimiento y control de los cursos de formación, así como un régimen sancionador que impida volver a trabajar con la administración pública en el ámbito de la formación cuando se incumpla la legalidad. Además, los requerimientos de solvencia técnica y financiera que se exigían a los centros de formación se extienden a todos los solicitantes, se pide documentación adicional para la comprobación de los requisitos, se elimina la posibilidad de justificar mediante informe auditor y se incrementa el porcentaje de seguimiento y control que realizan los propios beneficiarios del 5% al 10 %.

¿Será verdad que el gobierno quieren erradicar de verdad el CLIENTELISMO que hay con los cursos de formación?




Durante décadas los trabajadores hemos tenido que sufrir los tejemanejes que han hecho las patronales y los sindicatos mayoritarios en relación a los cursos de formación subvencionados por el Estado. Nada más hay que coger un periódico al azar para encontrarnos casi a diario las consecuencias de los abusos que se han cometido con la escusa de la formación de los trabajadores.

Ahora, parece ser que el gobierno está dispuesto a apostar por un nuevo modelo de formación profesional más transparente, más eficiente y abierto a la libre concurrencia y así erradicar el sistema-monopolio que ha funcionado hasta ahora, donde las grandes patronales y sobre todo los grandes sindicatos eran los beneficiarios de esas millonarias subvenciones. Está por ver si la reforma de la formación profesional aprobada recientemente, en la que por primera vez las organizaciones empresariales y sindicales no formarán parte del órgano que adjudica las ayudas a las que ellas mismas optan, acaba de una vez por todas con este modelo tan viciado y tan poco claro, que fomentaba que patronales y organizaciones sindicales mayoritarias fuesen a la vez juez y parte en materia de la formación de los trabajadores.

De esos polvos hemos llegados estos lodos. Ya nadie puede tapar el gran fraude que durante tanto años se ha producido con cargo a los fondos públicos concedidos para formación laboral, investigación que sigue abierta y que no deja de escandalizarnos como sociedad. Hasta el mismísimo Tribunal de Cuentas ha detectado más de 50 millones de euros sin justificar destinados a cursos de formación de trabajadores solamente en el ejercicio de 2010
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El aumento de la libre competencia que propicia la nueva legislación debe suponer que las subvenciones ya no se la repartirán mayoritaria entre las patronales y los sindicatos más representativos a nivel estatal. En la misma línea y como complemento para la lucha contra el fraude, está prevista la creación dentro de la Inspección de Trabajo de una unidad especializada en el seguimiento y control de los cursos de formación, así como un régimen sancionador que impida volver a trabajar con la administración pública en el ámbito de la formación cuando se incumpla la legalidad

Ojalá sea verdad que la nueva norma acabe con el sucio negocio de la formación de los trabajadores, y que estos fondos no puedan seguir utilizándose como modelo encubierto para financiarse o para afiliar descaradamente a los trabajadores. Todos hemos vivido durante estos años como se hacía un uso abusivo de los cursos como reclamo para atraer al personal, e incluso se reservaban grandes partidas formativas para hacerlas coincidir con periodos pre-electorales. Todos hemos visto a los boceadores sindicales de turno que te ofrecían formación gratis (pagada con el dinero de todos) a cambio de una afiliación o de un apoyo. Todos hemos escuchado repetidamente la famosa cantinela que han explotado los dueños de la formación: "te vienes con nosotros y te damos un curso gratis" Una verdadera y tupida red de clientelismo sindical pura y dura, que durante años ha perdurado en el tiempo y que ahora parece ser que se quiere erradicar. Ya Veremos.

La Junta de Andalucía adjudica por dos millones la seguridad y vigilancia del metro de Granada

El contrato tendrá una vigencia de 36 meses e incluye el periodo previo a la puesta en marcha, así como las dos fases de explotación

Metro de Granada, sociedad adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, ha adjudicado por dos millones de euros la prestación de servicios de seguridad y vigilancia de la infraestructura, instalaciones, equipamientos y material móvil del ferrocarril metropolitano. La vigencia del contrato es de 36 meses para dar cobertura así a la fase de pre-explotación del metro ligero, es decir, las pruebas previas a la puesta en marcha, así como a las dos fases de explotación, la primera parcial desde Albolote hasta La Caleta, y en una segunda y definitiva su extensión hasta Armilla.

El objeto prioritario del servicio es el de dar seguridad a las personas, instalaciones y equipamientos del metropolitano, así como garantizar el desarrollo de las actividades que tienen lugar en la línea de metro, interfiriendo lo menos posible tanto en la fase de pruebas como en la posterior prestación del futuro servicio de transporte público colectivo. El carácter de este tipo de atención será eminentemente preventivo e incluirá también las labores de inspección periódica de las instalaciones y dependencias, además del control del acceso del recinto de Talleres y Cocheras, donde se ubica el puesto de mando y las oficinas corporativas del futuro operador.

Metro de Granada, cuyo administrador único es la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, ha adjudicado también sendos contratos vinculados a la futura puesta en marcha del ferrocarril metropolitano granadino: la asistencia técnica para la pre-explotación del metro ligero y la implantación de un sistema de gestión del mantenimiento de este sistema de transportes, asistido por ordenador. Estas dos actividades, así como la seguridad y vigilancia del metro ligero, son trabajos que en la mayoría de metros y tranvías se externalizan para su prestación por empresas especializadas, que darán soporte al operador de transportes

FUENTE: ideal.es AQUÍ

VALENCIA: Multada una mujer con 1.800 euros por colarse seis veces en el metro

Desde las últimas Navidades, agentes de la Policía Autonómica o vigilantes de seguridad acompañan en algunas ocasiones a los interventores cuando realizan los controles de billetes en los vagones

Una mujer ha sido multada con 1.800 euros por seis faltas de estafa tras colarse el mismo número de veces en el metro de la línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), sin pagar el correspondiente billete, según una sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Carlet. La condenada, que no se presentó en el juicio, deberá pagar también una irrisoria indemnización de 12 euros a FGV por los transportes que realizó y no pagó.

Los hechos enjuiciados ocurrieron entre el 8 de enero y el 23 de abril de este año, cuando Rocío M. G. viajó en seis ocasiones sin billete en trenes de la línea 1 de Metrovalencia. La mujer fue sorprendida entre las estaciones de Carlet y Montortal por los interventores, que cumplimentaron los correspondientes boletines de denuncia, y uno de los días se coló dos veces en el metro, primero en el trayecto de ida y luego en el de vuelta. Además, Rocío M. insultó y amenazó presuntamente a los trabajadores de FGV cuando le requirieron el billete, según declararon los interventores en el juicio, aunque la mujer no fue condenada por estos hechos porque no fueron reflejados en la denuncia presentada por las seis estafas. La juez de Carlet condena también a Rocío M. al pago de las costas del juicio.

2.195 denuncias en 2013 El pasado año, los servicios jurídicos de FGV presentaron un total de 2.195 denuncias por faltas de estafa que cometieron viajeros sin billete en la red de Metrovalencia, aunque el índice de fraude, un 2,28 por ciento, fue el más bajo de su historia. Desde las últimas Navidades, agentes de la Policía Autonómica o vigilantes de seguridad acompañan en algunas ocasiones a los interventores cuando realizan los controles de billetes en los vagones. Esto evita situaciones violentas, como insultos o amenazas que reciben los empleados de FGV por parte de viajeros agresivos, y aumenta la seguridad en el metro.

Por líneas, el mayor porcentaje de fraude del pasado año se detectó en los itinerarios con tramos en superficie, encabezando la lista la línea 1 (Llíria/Bétera-Villanueva de Castellón), que tiene casi 100 kilómetros de longitud. Los interventores de Metrovalencia realizaron en 2013 cerca de un millar de controles en los que requirieron el billete a un total de 308.925 viajeros en las distintas líneas de metro y tranvía. Las sanciones por viajar sin billete ascienden a 50 euros, aunque con una reducción del 60 por ciento -quedando en 20 euros- en el caso de pago voluntario inmediato o en días posteriores.

La patronal del sector trasladó a la administración sus reflexiones en torno al nuego reglamento

El presidente del III Congreso Nacional de Seguridad Privada, Ángel Córdoba, transmitió durante el evento el deseo por parte del sector de que la Administración tenga en cuenta sus reflexiones en torno al nuevo Reglamento de Seguridad Privada.

El presidente del III Congreso Nacional de Seguridad Privada, Ángel Córdoba, destacó durante la inauguración del evento celebrado el 18 de noviembre, en Ifema, la importancia del documento de propuestas para el nuevo Reglamento de Seguridad Privada elaborado por el Comité de Estudio de la organización. “El sector de la Seguridad privada se presenta hoy con reflexiones de consenso, basadas en la experiencia del pasado, todas encaminadas tanto a la mejora de la calidad de los servicios que prestamos como a la mayor y mejor percepción de la misma”, indicó ante los cerca de 600 profesionales que se dieron cita.


Ese fue uno de los principales objetivos del Congreso, organizado por la revista Seguritecnia, junto con las principales asociaciones del sector (ACAES, ADSI, AEDS, AES, APDPE, APROSER, ASES, ASIS, CECA, FES, EFITEC, PROTECTURI, OSICH, GUARDERIO, SEDS y CEPREVEN) y la colaboración del Ministerio del Interior e Ifema Sicur. Pero también pretendía servir de foro para conocer los avances de la Administración en el desarrollo de la Ley de Seguridad Privada. Córdoba calificó el evento como “el foro por excelencia para entender de una forma didáctica y pragmática qué entiende y opina el sector respecto a la nueva Ley”, a la vez que conocer “cuáles son las primeras aproximaciones de la Administración al respecto".

El presidente del III Congreso Nacional de Seguridad Privada subrayó el nivel de colaboración mantenida por la seguridad pública y los actores privados, que es “uno de los principios que configuran nuestra Estrategia de Seguridad Nacional”. “Si disponemos de unos niveles de seguridad envidiables, lo es en buena parte por la labor callada que durante los últimos 40 años ha venido realizando la seguridad privada, donde sus actividades conducentes a la prevención del delito siguen siendo necesarias y complementarias, por lo tanto nunca alternativas, a las realizadas por la seguridad pública”, añadió en su intervención. No obstante, subrayó la necesidad de “seguir avanzando con mentalidad a largo plazo en la definición precisa de las relaciones de la seguridad privada con la pública, estableciendo con claridad los criterios de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad en el desarrollo de nuestras actividades”.

Córdoba también puso en valor los “importantes esfuerzos económicos realizados responsablemente en estos últimos años tanto por las empresas como por los agentes sociales”, con el deseo de que se elabore “una normativa de acompañamiento que dinamice la actividad económica, empresarial y laboral de nuestro sector, y que esa normativa esté ubicada en un marco jurídico que incorpore la suficiente flexibilidad como para permitir una constante adecuación”.

Propuestas para el Reglamento El III Congreso Nacional de Seguridad de Seguridad contó con un amplio programa en el que se desarrolló el contenido del documento de propuestas del sector para el nuevo Reglamento de Seguridad Privada elaborado por el Comité de Estudio. Ese documento es fruto de ocho grupos de trabajo que abordaron diferentes aspectos de la norma: empresas, servicios, personal, formación, sujetos obligados, medidas, la colaboración y coordinación, y control y régimen sancionador.

Revista Cuadernos de Seguridad Nº 294 (noviembre 2014)