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2 de marzo de 2015

Interior apela a la confidencialidad para ocultar los contratos de vigilancia privada de las cárceles

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apelado a la confidencialidad de los contratos para negar al Congreso de los Diputados la información sobre las condiciones que han de cumplir las empresas privadas de seguridad a las que ha adjudicado la vigilancia de las cárceles. La misma “confidencialidad” que la derecha política reprocha al profesor y dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero en sus contratos privados para realizar estudios e informes técnicos para clientes extranjeros le sirve ahora al Ejecutivo del PP para esquivar el control parlamentario sobre la privatización de la seguridad de las prisiones. La cuestión de fondo es que al menos una de las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los trabajadores.

Los portavoces socialistas de Interior, Antonio Trevín, y de Justicia, Rosa Aguilar, se han visto burlados en su pretensión de obtener las cláusulas de los contratos de Interior con las empresas privadas de seguridad a las que se ha adjudicado la vigilancia del perímetro y las entradas de los centros penitenciarios, que hasta ahora realizaba la Guardia Civil. Interior ha extendido la confidencialidad a las llamadas “cláusulas administrativas particulares” en las que se recogen “los derechos y obligaciones de las partes”. No argumenta motivos de seguridad, sino “razones técnicas”, para fundamentar esa decisión en la que ahora se apoya para negar la información al Parlamento. También considera confidencial el pliego de condiciones técnicas que deben regir la realización de los servicios y los medios empleados en su ejecución.

De este modo, el ministro Fernández Díaz escamotea la petición de responsabilidades políticas ante los incumplimientos de las empresas. ¿Tenía la empresa Ombuds el compromiso de mantener el empleo con el nuevo cometido en las prisiones? El ministro no lo aclara. La entidad que preside Rodrigo Cortina López, hijo del exdirector de la Agrupación Operativa de los servicios secretos, juzgado y absuelto de su participación en el golpe de Estado del 23-F, es una de las más favorecidas por las adjudicaciones de Interior desde la primera fase del plan de privatización de la vigilancia de las cárceles. En concreto, Ombuds ha obtenido un tercio de los 33 millones de euros en juego, dedicados en 2014, a las contratas carcelarias. De los cuatro lotes en los que se dividió el plan, la empresa de los Cortina obtuvo uno presupuestado en 7.671.805 euros y parte de otro, al que concurrió en unión temporal con Eulén y otras, por valor de 9.853.429,59 euros. Interior no aclara qué centros penitenciarios le adjudicó ni si la empresa ha cumplido sus compromisos. Los diputados sólo han podido saber a través de los representantes sindicales que en 2014 los jefes de Ombuds plantearon un Ere y echaron a 151 trabajadores a la calle.

Se da la circunstancia de que entre los argumentos que utilizó en su día el ministro Fernández Díaz para justificar su plan de privatización de la “seguridad exterior” de las prisiones figuraba la necesidad de mantener el empleo en las empresas de seguridad que daban servicio de escolta a los cargos públicos y dirigentes del PP amenazados por ETA. Ombuds figuraba entre las más solicitadas y beneficiadas, acaso por los antiguos vínculos de José Luis Cortina Prieto con el presidente fundador del PP, Manuel Fraga. En 2007 recibió de Interior, con el Gobierno del PSOE, más de 30 millones de los 90 destinados a aquel servicio específico de protección. En el caso de esa empresa, que también presta el servicio de protección y vigilancia en el Metro de Madrid, el argumento del titular de Interior ha quedado en entredicho por el ERE y los despidos. Otras empresas beneficiadas para “salvar” el empleo, también han ajustado sus plantillas, aunque de forma menos traumática. No era sensibilidad social precisamente, sino afán de beneficio a costa de lo público lo que, como va quedando de relieve, latía tras el plan privatizador del ministro. Pero para evitar que le exijan responsabilidades políticas, he ahí su portazo a la transparencia.

Juicio por el robo millonario de joyas en un centro comercial de Marbella


Visto para sentencia el juicio celebrado hoy en la Audiencia de Málaga por el robo en 2012 a un centro comercial de Puerto Banús, Marbella.

Los presuntos atracadores se llevaron casi cinco millones de euros en joyas y relojes. Para los principales acusados se han pactado penas de entre 5 y 8 años de cárcel.


Este lunes se sentaban en el banquillo los tres presuntos atracadores y el vigilante de seguridad que les facilitó el acceso al centro comercial. Fiscalía, acusación particular y defensa han llegado a un acuerdo para penas rebajadas de entre cinco y ocho años de cárcel por los delitos de robo con violencia, robo de vehículos y tenencia ilícita de armas.

También se enfrentan a la cárcel otras tres personas acusadas de recepcionar el botín para su posterior venta. Por último, dos de los implicados han quedado libres de todos los cargos. Uno de ellos, Miguel Montes Neiro, considerado el preso común más antiguo de España. El robo sucedió en 2012. Los tres presuntos atracadores se presentaron como trabajadores que iban a realizar unas obras. El vigilante les dejó pasar al centro comercial donde robaron cuatro millones 700 mil euros de los que se han recuperado más de dos millones.

El negocio de la seguridad privada: descuelgues radicales de convenio y pagos en negro

Un informe de USO al que 'Vozpópuli' ha tenido acceso demuestra las precarias condiciones que pequeñas y medianas empresas de seguridad imponen para 'tirar los precios' y conseguir contratos.

De los 223.936 vigilantes habilitados en España en diciembre de 2013 –últimas cifras oficiales disponibles-, sólo 82.150 (el 36,68%) permanecían en activo. Pero de ese total, 15.645 vigilantes (el 19,04%) sufrían los efectos del ‘descuelgue’ del convenio estatal y trabajaban en unas condiciones laborales y salariales muy precarias. Así se establece en un amplio dossier elaborado por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) al que Vozpópuli ha tenido acceso. Muchas de esas empresas, sin embargo, reciben múltiples contratos por la Administración General del Estado, o bien por las autonómicas o por las locales.

La FTSP-USO es el tercer sindicato más representativo en el sector de la seguridad privada, con cerca de 800 delegados y más de 9.000 afiliados en toda España. Gracias a los datos facilitados por sus delegados se elaboró este dossier, en el que se pone de manifiesto cómo las políticas de rebaja de preciosauspiciadas desde las administraciones públicas han propiciado que las empresas de seguridad rebajen aún más las condiciones laborales y oferten a la baja, lo que afecta a los servicios prestados, pero sobre todo a las condiciones laborales internas.

En concreto, el dossier al que ha tenido acceso Vozpópuli divide a este tipo de empresas que contratan con las administraciones públicas tirando los precios en dos grandes grupos: las que se han descolgado sin más del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de Seguridad, y las que, habiéndose descolgado del mismo han firmado, sin embargo, un nuevo convenio con sus trabajadores. En ambos casos las condiciones resultantes son muy inferiores a la estatal, pero en todo caso esas condiciones están permitidas por la reforma laboral que realizó el Gobierno del PP en 2012. Algo de lo que, por cierto, se quejan todos los sindicatos consultados por este periódico.

Descuelgue del convenio: muchas horas y precios muy bajos Las empresas en las citadas condiciones que se han descolgado del convenio estatal y han sido analizadas en este dossier son 20 en total y afectan a 5.245 trabajadores (el 6,38% del personal en activo). En la mayor parte de las mismas se observa un mínimo común denominador: muchas horas anuales de servicio y precios por debajo del convenio.

Algunas de esas empresas sólo tienen contratos parciales, pero hacen trabajar a sus vigilantes a jornada completa. Además, “pagan las horas extraordinarias en negro”, según se afirma taxativamente en el citado documento. En algunos casos se ha acordado recientemente una reducción de jornada y salario del 2,69% para todos sus trabajadores, excepto los mayores de 61 años y el personal con jornada reducida. El número de horas anuales oscila entre las 1.782 que imponen algunas empresas hasta las 1.826 que mantienen la mayoría de las 20 sociedades descolgadas del convenio y analizadas por USO. Otra cosa distinta son los salarios: cada una es un mundo aparte, pero el común denominador es que se paga mucho menos que en convenio, con variaciones de hasta más del -15,34%.

Los salarios anuales van desde 13.360,60 euros (-2.420,90, es decir, un 15,34% menos que en convenio) en una empresa con 300 empleados, hasta los 15.018,90 euros (762,60 menos, un 4,83%), pasando por valores como 14.641,20 (una diferencia de -1.140,30, un 7,22% menos). Algunas empresas llegaron a aplicar en 2012 una disminución del 8% del salario bruto anual con respecto a las tablas de 2011, reducción que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2012. Y todas ellas, sin embargo, han conseguido grandes contratos públicos porque, según el dossier, sus precios eran los más baratos. A eso es a lo que los sindicatos llaman ‘tirar los precios’. En este capítulo, algunas empresas cuentan con acuerdos individuales con sus trabajadores en cuanto al pago de las horas extras, pero se denuncia que “les descuentan las retenciones y les pagan la diferencia en negro”.

Convenio propio: precios a la baja para ‘tirar el mercado’ El segundo gran grupo es el de las empresas de seguridad que se han descolgado del convenio estatal pero que han firmado un convenio propio con los representantes de sus trabajadores. Son 14 las empresas analizadas por FTSP-USO, en la mayoría de los casos de pequeño o mediano tamaño.

Como en el grupo anterior, el mínimo común denominador de estas empresas es que pagan también muy por debajo del convenio estatal y afectan a 10.400 trabajadores (el 12,65% de los vigilantes en activo). El mínimo sueldo anual registrado es de 12.632,48 euros, con una diferencia en negativo de -3.149,02 euros anuales (un 19,95%), aunque la media suele oscilar alrededor de los 930 euros menos de salario al año, con plantillas que rebasan en algún caso los 5.000 trabajadores.

Lucha abierta con las instituciones Desde los sindicatos, pero especialmente desde USO, muy activa en este sector, se ha iniciado una serie de acciones con reuniones institucionales para dar a conocer a los poderes públicos que contratan seguridad privada la problemática laboral creada por estas empresas. Representantes sindicales han trasladado el malestar del sector por ejemplo a los diputados de las Comisiones de Interior, de Justicia y de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso; ídem con el Grupo de UPyD; con autoridades institucionales de distintas Comunidades Autónomas, y con el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Hacienda, con el Inspector Jefe de la Unidad Central de Inspección de Trabajo y con el director general y presidente del Consejo de Administración de AENA.

Además, el pasado 27 de octubre, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO inició una campaña contra las empresas defraudadoras denominadas "¡Empresas Pirata!", consistente en pegada de carteles y pegatinas adhesivas en las inmediaciones de la sede de las empresas así consideradas y de los clientes donde estas empresas prestan servicio.

Por estos estudios y estas campañas, el secretario general de FTSP-USO,Antonio Duarte, se ha visto obligado a interponer cinco denuncias por acoso, seguimiento con vehículos y amenazas a él y a sus familiares; ha soportado dos incidentes graves en Canarias, y le han tenido que conceder una autorización de autoprotección personal.

1 de marzo de 2015

MADRID: Segur Ibérica condenada por vulneración de la libertad sindical


Negaba información debida a un representante de los trabajadores

El Juzgado de lo Social 7 de Madrid ha sentenciado al cese de la conducta infractora e indemnización por daños morales.

Segur Ibérica venia negando de forma reiterada cierta información debida al Delegado Sindical de Alternativa Sindical, vulnerando así un derecho fundamental debido a“una tosca y contumaz labor obstruccionista....respecto de las prerrogativas legales de las que goza un Delegado Sindical”, según dice la sentencia en su tenor literal. La sentencia contra Segur Ibérica ha fallado a favor del Delegado Sindical, condenando a la empresa al cese de la conducta infractora e inmediata puesta a disposición de la información reclamada, así como a indemnizar al demandante con 6250 € por daños morales.

FUENTE: Ser Vigilante AQUÍ

BARCELONA: Los vigilantes de seguridad denuncian que en el tren y el metro reinan los vándalos

Los manifestantes avisan de que en ciertas rutas los viajeros están indefensos.

La agresión a un guardia, empujado a las vías, desborda la paciencia del colectivo

Una treintena de agentes privados de seguridad se manifestaron ayer frente a la puerta principal de la estación de Sants para denunciar que, sin más y mejor ayuda policial y judicial, no serán capaces de poner fin a la creciente inseguridad que, según ellos, testigos de primera mano, sufren los pasajeros en los trenes deRodalies de Renfe, en Ferrocarrils de la Generalitat y también en el metro de Barcelona. El conflicto, asegura, se arrastra desde hace tiempo, pero el hecho de que el pasado 3 de enero un vigilante de la estación de Sants, Rafael, presente en la protesta, fuera empujado a las vías por una banda y resultara herido, ha desbordado el vaso de la paciencia.

Aquel suceso ocurrió a las siete de la tarde, una hora tranquila, salvo porque era sábado. Javier Taltavull, portavoz de la protesta, explicó que tienen muy claro cuáles son los momentos más tensos en la red del ferrocarril. La ida y el regreso de algunas discotecas del Maresme suelen ser horas conflictivas. Los trenes con destino al Vallès son también temibles en ocasiones. En el metro, según uno de los vigilantes que acudió a la manifestación, las líneas L-1 y la L-4 son las menos seguras. La inseguridad --explicaron-- tiene muchas caras. A veces se trata de la acción de carteristas que actúan con sigilo. Los pasajeros, en esos casos, apenas perciben lo que sucede, salvo que sean las víctimas directas de los ladrones. Peor es cuando grupos de jóvenes intentan entrar por la fuerza en los andenes, sin billete. Eso es lo que sucedió el pasado 3 de enero, cuando Rafael fue empujado a la vía. Una decena de vándalos rompió los cristales de las puertas por las que acceden al andén los pasajeros con maleta y después se enfrentaron a los Mossos d'Esquadra.
Agente muerto en Madrid

Aquella tangana ocurrió un día después de que en Madrid falleciera un agente de policía en circunstancias similares, salvo que, para su desgracia, fue empujado justo cuando pasaba un convoy. Los vigilantes avisan: o se ponen soluciones al clima creciente de inseguridad que denuncian o algún día se lamentará una desgracia irreparable también aquí. De hecho, ya estuvo de ocurrir semanas atrás. «Quim, uno de nuestros compañeros, permanece en la UCI desde hace semanas. Fue agredido en la estación de El Prat», explicaron los manifestantes.

De todos los ejemplos que los vigilantes pusieron sobre lo que deben afrontar de forma habitual, tal vez el más acongojante sea el de qué sucede en algunos trenes de cercanías de madrugada, cuando los viajeros que van a trabajar coinciden en el mismo convoy con grupos que retornan de una noche de juerga. Lo máximo que podemos hacer a veces es aconsejar a los viajeros que se junten en los vagones de cabeza y ahí les podemos garantizar algo de seguridad. Mientras, en los vagones de cola --según contaron-- se fuma, se bebe alcohol y se hace el gamberro , y todo ello, por supuesto, sin billete correspondiente. No es un lugar seguro, ni siquiera para los vigilantes.

Los manifestantes subrayaron que ellos son víctimas de esta degradada situación, pero también los viajeros, en especial los extranjeros, que no es extraño que se queden sin sus carteras y cámaras de fotos nada más descender del tren en la estación de Sants.

28 de febrero de 2015

El Gobierno suprimirá las tasas judiciales para personas físicas «de forma inmediata»

Catalá vertebra la agilización de la Justicia sobre dos ejes: el reparto de la carga de trabajo y la especialización del juez

El Gobierno ha aprobado este viernes la revisión del sistema de tasas judiciales para suprimirlas «de forma inmediata» para las personas físicas en todos los órdenes e instancias, como anunció esta semana el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, durante su intervención en el debate sobre el estado de la Nación. 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado la supresión de este polémico impuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha especificado que el anuncio no afecta a las pequeñas y medianas empresas, que antes de la entrada en vigor de la ley de Gallardón estaban también exentas de este pago. Catalá ha señalado que estas empresas solo tienen que pagar este tributo por encima de los 2.000 euros. El ministro ha explicado que con esta medida el Ejecutivo responde a la«reivindicación» de la totalidad de los profesionales que pedían la eliminacion y ha señalado que no está acreditado el impacto que las tasas hayan podido tener en la disminución de la litigiosidad, pues hay otros factores de índole económico (la crisis) que han podido influir en esta circunstancia.

Otra de las medidas importantes aprobadas por el Consejo de Ministros es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para racionalizar el reparto de asuntos entre los juzgados. lo que supondrá la agilización de los tiempos de respuesta de la justicia. La reforma incluye también que la especialización de los jueces prevalezca sobre criterios como la antigüedad o el actual reparto de asuntos.

Vía telemática Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, el texto también se modifica para incorporar las nuevas tecnologías: con carácter general las comunicaciones a las partes de un procedimiento se llevarán a cabo porSMS o correo electrónico y partir de enero de 2016 la comunicación entre profesionales de la Administración de Justicia se hará solo por vía telemática.

27 de febrero de 2015

ALICANTE: Una juez prohíbe a dos mujeres acercarse al vigilante de seguridad de un «súper» que les acusó de robar

Madre e hija fueron detenidas por la presunta agresión al guarda, que advirtió a otro empleado de que estaban llevándose un maquillaje

La juez en funciones de guardia decretó ayer para dos mujeres –madre e hija– una orden de alejamiento respecto al vigilante de seguridad de un supermercado del barrio alicantino de Juan XXIII después de que ambas agredieran supuestamente al guarda tras advertir éste a un empleado de que habían cogido un maquillaje, según indicaron ayer fuentes judiciales a este diario.

Las mujeres fueron detenidas y puestas ayer a disposición de la juez de guardia, quien además de imputarles un intento de hurto les prohibió acercarse al vigilante a menos de cien metros durante un tiempo de seis meses para evitar posibles altercados, según explicaron fuentes judiciales. Tras declarar ante la magistrada, ambas quedaron en libertad con cargos. El supermercado se encuentra situado junto a la vivienda de las mujeres, por lo que no podrán, en ese tiempo, hacer la compra en el establecimiento y en teoría no pasar por delante del mismo.

Los hechos ocurrieron durante la jornada del miércoles, cuando el vigilante de seguridad se percató de que las mujeres estaban merodeando por la zona de pinturas y maquillajes del local. Según las citadas fuentes judiciales, el guarda alertó a un empleado de que habían sustraído un maquillaje. El trabajador les llamó la atención y devolvieron las pinturas –al parecer una caja de maquillaje–, pero a la salida se enfrentaron al vigilante por «chivato» y se desarrolló una trifulca que terminó con el arresto de ambas por parte de la Policía Nacional.

El fiscal que atendió el caso entendió que la situación podría generar tensiones futuras entre el vigilante y las mujeres y solicitó a la juez seis meses de alejamiento, una medida de carácter provisional que fue acordada por la magistrada antes de que las dejara en libertad. Los hurtos en las cadenas de supermercados han llevado a muchas empresas a optar por un vigilante personado en el local durante el tiempo de apertura al público, algo que resulta de lo más efectivo para las empresas debido a los trucos y picaresca desarrollada en torno a las alarmas y arcos de seguridad.

Por otro lado, dos arrestados por el robo de varios artículos en una tienda del centro comercial Plaza Mar de Alicante pasaron también ayer a disposición del juzgado de guardia de Alicante, si bien la juez les dejó en libertad aunque imputados por un delito de robo, ya que la tasación efectuada por los productos según el establecimiento superaba los 400 euros. Así lo indicaron ayer a este diario fuentes judiciales, que no precisaron de qué tipo de productos se trataba.

La opinión de las asociaciones de seguridad privada sobre la nueva ley y otras cuestiones del sector


¿Qué postura mantiene la Asociación frente a la nueva Ley de Seguridad Privada? ¿En qué medida les puede favorecer? ¿Hay algún elemento que pueda perjudicar su actividad?¿Cómo contempla, a su juicio, la nueva ley una mayor colaboración entre seguridad pública y seguridad privada?

El portal Interempresas.net ha entrevistado a las principales asociaciones de seguridad. El presidente de Acaes, Josep Bellot; la directora ejecutiva de AES, Paloma Velasco; el presidente de Protecturi, Jesús Alcantarilla; el presidente de Apess, Rafael Tinoco; el presidente de FES, José Manuel López; la presidenta de Aresmur, Encarna Ortiz; el presidente de FAS, Enrique López del Estal; y el presidente de Aesab, Jesús Castillo; han querido contestar a algunas preguntas concretas sobre la actualidad del sector de la seguridad así como de la Asociación a la que pertenecen.

VALLADOLID: Las ladronas de las pinzas de hielos

Dos pasos por el calabozo en cinco días. Dos detenciones por llevarse sin pagar más de 400 euros en ropa de varios comercios de Valladolid. Las protagonistas son dos primas, de 24 y 36 años, que si el pasado viernes actuaron en Vallsur, anteayer lo hicieron en la tienda C&A de Carrefour Planet (Parquesol). Dos recién llegadas al mundillo del hurto -entre las dos suman solo seis antecedentes- que se han convertido en unas expertas en el 'arte' de mangar ropa.

Su técnica parece tan sencilla como efectiva. Fuentes policiales lo explican a El Día de Valladolid: «Ellas suelen llevar unas pinzas de hielo, partidas a la mitad, es decir, separadas, y que las utilizan para apalancar el sistema de alarma hasta que consiguen quitarlo». Ese sería el escenario ideal para estas ‘artistas’, pero, por si la alarma no quiere salir, manejan siempre un plan B: tijeras. «Cuando se meten al probador también llevan unas tijeras ocultas para que, si fuese necesario, cortar directamente el trozo de prenda en el que está el dispositivo de alarma», detallan las mismas fuentes.

Y una falda. Una vez que la alarma ya está quitada, el plan se completa poniéndose la ropa y ocultándola debajo de «una amplia falda negra» para salir con absoluta normalidad de los probadores y abandonar el comercio de turno sin que las alarmas de las puertas se activen. El pasado viernes, el plan de J.R.R. y R.R.P. -que iban junto a otra prima, menor de edad- se truncó cuando fueron interceptadas por los vigilantes de seguridad del centro comercial Vallsur ante las sospechas que había levantado su actitud. La aparición posterior de los agentes del Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol vino a confirmar el hurto. Llevaban 467 euros en ropa.

Y anteayer fue cuando uno de los equipos de la UPR(Unidad de Prevención y Respuesta) de la Brigada de Seguridad Ciudadana interceptó su coche y descubrió que llevaban multitud de prendas en el asiento trasero, junto con diversos útiles para la comisión de hurtos, por lo que se procedió a su detención. Las dos primas iban, en esta ocasión, con otro familiar (otro primo de solo 19 años y carente de antecedentes). Al parecer, se dirigían ya hacia sus domicilios del barrio de Pajarillos, cuando se les interceptó en un control de seguridad de la UPR. Los investigadores verificaron que las 22 prendas acababan de ser sustraídas en el C&A que hay en Carrefour Planet -algunas aún tenían las etiquetas con el precio- y que el valor de lo hurtado era de 444 euros.

Reunión Comité de Empresa Prosegur Sevilla (Enero 2015)