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31 de octubre de 2014

CSI-F, STS-A y SPV solicitan una reunión con la Subdelegada del Gobierno


¿Quién ha dicho que trabajar de vigilante de rondas es un servicio rutinario?

Cualquier aficionado o amante de lo inexplicable sabe que un lugar común donde se suelen producir fenómenos extraños es el colegio. Colegios sevillanos en los que su propio hijo puede estar matriculado y usted, querido lector, no sabría nada de lo que allí ocurre. Evidentemente obviaré los nombres de estos centros escolares y de los testigos para no perjudicar a las fuentes. Como es lógico, los centros escolares tienen contratado un servicio de alarmas para evitar robos. Y cuando ésta salta, acuden al lugar varios vigilantes de seguridad para verificar que todo está en orden.

Pongámonos en situación. Madrugada sevillana. Se dispara una alarma en un céntrico colegio sevillano. Dos vigilantes se dirigen al lugar, entran y, en ese momento, las luces se encienden y se apagan intermitentemente, muy rápidamente, algo que no preocupa a estos dos profesionales, que continúan revisando el recinto. Suben hacia la primera planta por unas tétricas escaleras. Al subir, escuchan como si alguien estuviese tecleando el panel de control de la alarma. Bajan corriendo, pero allí no había nadie.

El principal testigo asegura que el ‘fenómeno’ de las luces les acompañó durante toda su estancia en el recinto, así como bajadas de temperatura y ruidos extraños. En este colegio está documentado que, en unas excavaciones, se exhumaron varios cadáveres de frailes, algo muy común en Sevilla. Estas dos personas salieron del lugar muy asustadas. De hecho, aseguran que cuando se activa la alarma en ese colegio, piden más efectivos.

El siguiente testimonio tiene como protagonistas a los mismos vigilantes, pero distinto lugar. Sin salir de la ciudad de Sevilla, cruzamos el rio y nos vamos al barrio sevillano por excelencia, Triana. Allí nos encontramos con otro colegio y acontecimiento sin explicación ni lógica. Mismos patrones. Es sábado de madrugada. Se activa una alarma en este lugar y los vigilantes de seguridad acuden a la llamada de la central de alarmas. Entran y, nada más hacerlo, escuchan ruidos de movimientos de mobiliario escolar en la primera planta.

Al subir se estremecen al escuchar cómo llora un niño dentro de un aula que está al final de un pasillo. Cuanto más se acercan al aula, más fuerte suena el llanto del niño y más perplejos quedan. Lo primero que piensan los vigilantes es que un niño se ha quedado encerrado. Ya se encuentran en la puerta. Con la llave maestra en la mano dispuestos a abrir la puerta y liberar al supuesto niño, y en un momento de lucidez, piensan que es imposible que un sábado haya un niño en el colegio, pues los sábados no hay clases, y alguien lo hubiese echado en falta, por lo que los vigilantes, aterrorizados, que aún escuchan al niño detrás de la puerta, deciden no abrir la puerta y marcharse lo antes posible.

La historia del "cazador cazado"

Cuando los sindicalistas cobran de donde no deben

El sindicato USO disuelve su gestora en Galicia al salpicar a sus dirigentes otra (y van un montón) trama corrupta de fondos de formación. Entre los implicados aparece Antonio Duarte, denunciante del presunto fraude fiscal de Seguridad Integral Canaria. Según la Policía, Duarte y los suyos cobraba comisiones ilegales de un empresario por cederle los cursos de formación del sindicato

El fraude en los cursos de formación se extiende como una epidemia por todo el territorio patrio. A falta de que en algún registro oficial conste una cosa distinta, casi estamos en condiciones de asegurar que todo empezó en ese territorio tan lleno de especificidades que es Canarias, donde al amparo del Instituto Canario de Formación y Empleo, creado en los noventa, una pandilla de salteadores de caminos se llevaron sin recato un buen puñado de unos fondos de la Unión Europea destinados a sacarnos del pozo en el que aún estamos.

Que, como dice el PP, los empresarios turísticos todavía prefieran para algunos puestos a trabajadores no isleños no es más que el resultado directo de ese fracaso colectivo que han sido los cursos de formación, destinados desde aquellos momentos a la financiación de asociaciones empresariales, sindicatos, y algún que otro espabilado que cosía para la calle. La media docena de cargos públicos que se sentaron recientemente en el banquillo tras tres quinquenios de proceso judicial, resultaron absueltos porque jamás se demostró que actuaran con negligencia ni que, por supuesto, se mamaran un solo euro. Pero lo más flagrante del caso Icfem no han sido esas absoluciones, sino que una gran parte del dinero mamado no apareciera jamás y que en ningún caso nadie apuntara hacia los que se lo llevaron a manos llenas.

La facilidad con la que esos dineros iban de mano en mano sin los menores controles ni siquiera de asistencia de los alumnos, con firmas falsificadas, cursos que jamás se impartieron y academias fantasmas, parece haber dado lugar a que otras comunidades autónomas hicieran lo mismo. Tras Canarias y Andalucía, lo último que ha estallado ha sido el caso Zeta, de cursos de formación muy sandungueros impartidos a mayor gloria de empresarios y sindicatos en Galicia.

El cazador cazado Y es en Galicia donde nos hemos encontrado con un personaje muy peculiar vinculado a la Unión Sindical Obrera (USO), central que ha disuelto fulminantemente su gestora en esa comunidad al aparecer en informes policiales tres de sus miembros cobrando indebidamente unas comisiones que generosamente les pagaba un empresario, Gerardo Crespo. En la contabilidad B de este personaje han aparecido pagos sospechosos girados en favor de ese sindicato, además de facturas correspondientes a coches de alquiler que corrían por cuenta del empresario y que los sindicalistas usaban para tareas propias de su condición.

Entre los sindicalistas salpicados por este escándalo figura uno que de un tiempo a esta parte aparece en noticias de prensa en Canarias, Antonio Duarte, que además de responsable de la gestora de USO en Galicia, es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de ese sindicato. Actuando como tal, Duarte es el promotor de la querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, empresa por la que se enfrenta a una causa penal por presunto fraude a la Hacienda Pública al haber declarado como dietas y gastos de viaje lo que en realidad (presuntamente) eran horas extraordinarias de sus vigilantes.

Nada que decir a esa querella de la fiscalía, en la que USO aparece como acusación particular, pero sí al sindicalista que no solo promovió esa acción de la justicia, sino que ha dedicado gran parte de su tiempo y de unos recursos económicos cuya procedencia hay que poner desde ahora en remojo, a una pertinaz campaña de descrédito de Ramírez y de su empresa que ha incluido desde ruedas de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, a acciones de comunicación en toda España y al reparto constante de dosieres conteniendo esa denuncia entre toda la clientela presente y futura de Seguridad Integral Canaria. Si además de su implicación en el fraude de los cursos de formación se confirmara la sospecha lanzada por el propio Ramírez de que a Duarte le pagan sus gastos las compañías de la competencia, con Prosegur a la cabeza, nos encontraríamos ante una constante en la historia de los grandes impostores denunciantes de casos de corrupción: el síndrome del cazador cazado.

CÁDIZ: Intentan robar en Área Sur y acaban estrellándose en El Puerto de Santa María


La Policía Local de Jerez persiguió a los dos detenidos hasta que en su huida volcaron la furgoneta

Una espectacular persecución finalizó pasadas las tres y media de la tarde con el vuelco de una furgoneta en la autovía que une Jerez de la Frontera con El Puerto de Santa María, en la conocida como cuesta del parque acuático portuense. Fue el final de una historia que arrancó a eso de las tres de la tarde en el Centro Comercial Área Sur de Jerez..

Los vigilantes de seguridad del centro detectaron una furgoneta blanca cuyos movimientos les resultó sospechosos, lo que hizo que anotaran el número de su matrícula. Poco después, los dos ocupantes del vehículo intentaban robar la caja registradora del Centro de Oportunidades de El Corte Inglés, algo que no lograron por la rápida y eficiente actuación de la seguridad privada del recinto, que dio alerta a la Policía Local de Jerez y a la Policía Nacional. Con los datos de la matrícula, la Policía Nacional detectó que se trataba de una furgoneta que había sido sustraída en Conil, por lo que prepararon un dispositivo para detenerla por las carreteras aledañas. A la vez, un coche patrulla de la Policía Local de Jerez la localizó en la autovía que lleva hasta El Puerto de Santa María e inició una rápida persecución.

Sin embargo, la velocidad que cogió la furgoneta fue tal que la Policía Local apenas si podía mantenerla en su campo visual. Tanta fue la velocidad que tomaron los supuestos ladrones en su huida que volcaron en la curva del Aqualand. El accidente no fue presenciado por los agentes de la Policía Local, a los que habían sacado una considerable ventaja. Sin embargo rápidamente llegaron y fueron los primeros en auxiliar a estas dos personas que resultaron heridas en el vuelco hasta que poco después llegó una ambulancia que los trasladó al hospital de Jerez de la Frontera, donde han sido examinados y continúan ingresados custodiados por agentes de la Policía Nacional. 

Agentes de la Policía Nacional ya habían dispuesto un control para detener a estas dos personas un poco más adelante y a fin de evitar poner en riesgo a más vehículos, pero el accidente de la furgoneta lo precipitó todo. Estas dos personas han sido detenidas y se les imputa un presunto delito de intento de robo, por lo que en las próximas horas pasarán a disposición judicial junto con las pruebas que obran en poder de los cuerpos de seguridad.

Seguriber, la empresa de Mónica Oriol, se queda fuera del contrato para la vigilancia exterior de la prisiones

Seguriber, le empresa de la presidenta del Círculo de Empresarios de Madrid, Mónica Oriol, no será una de las empresas contratadas por el Ministerio del Interior para vigilar el perímetro exterior de las prisiones. Así la afirmado este miércoles el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ha anunciado que esta empresa "se ha quedado fuera".

"No ha resultado adjudicataria en los contratos para la vigilancia del perímetro exterior de las prisiones. Entiendo que se habrá presentado en las condiciones que marcaban los pliegos y se ha quedado fuera", ha dicho el 'número dos' de Interior. El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz va a invertir 33 millones de euros en un año para este proyecto que, según ha dicho, va a integrar a una tercio de los escoltas que prestaban labores de escolta en el País Vasco.

Martínez ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde ha mantenido un enfrentamiento dialéctico con el diputado del PSOE, Antonio Trevín, quien ha acusado al ministerio de privatizar la vigilancia exterior de las cárceles para favorecer a empresas como la de Mónica Oriol. Esta cuestión ya fue motivo de enfrentamiento entre ambos el pasado 7 de octubre en otra comparecencia del secretario de Estado de Seguridad en la Cámara Baja.

Mónica Oriol declaró recientemente que prefiere "contratar a mujeres mayores de 45 años o con edades inferiores a los 25 años para evitar embarazos". Trevín ha recordado además que la empresa de Oriol, Seguriber, era la misma que se encargaba de la seguridad en el Madrid Arena. El diputado socialista ha explicado que "sólo había dos razones" para reforzar el exterior de las prisiones con agentes de seguridad privada: "un problema de seguridad, que no ha habido un sólo caso, o la necesidad de ampliar el negocio y ese negocio en el que hay diez empresas incluye también la de Mónica Oriol", denunció el socialista.

Los escoltas que trabajaron en el País Vasco y Navarra recolocados en la vigilancia de prisiones

Al menos uno de cada tres escoltas que trabajó en las empresas de seguridad que custodiaron a objetivos potenciales de la organización terrorista podrán lograr un empleo gracias al programa del ministerio de Interior para incorporarles a la vigilancia del perímetro exterior de las prisionesAsí lo anunció ayer miércoles en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante su intervención en la Comisión de Interior de la Cámara. 

El Ejecutivo afirma que respeta "el pacto de caballeros" suscrito con los escoltas que prestaron sus servicios en el País Vasco y Navarra aunque reconoce que no a todos los profesionales de la seguridad les ha interesado su nuevo puesto de trabajo, bien por las diferencias económicas con el anterior o por tener que desplazarse fuera de su localidad de residencia para incorporarse a empresas de seguridad encargadas de la seguridad de prisiones en otros puntos de la península. 

Escoltas realizando su trabajo en San Sebastián. El proceso de colocación de los antiguos escoltas como personal auxiliar de prisiones no ha sido una tarea fácil. Ya en enero surgieron los primeros roces entre los funcionarios de prisiones y el ministerio de Interior al considerar que la contratación de las antiguas empresas que prestaban servicios de escolta en el País Vasco y Navarra para vigilar los perímetros de las prisiones supone un alto coste para duplicar un trabajo que ya realizan los agentes de la Policía y de la Guardia Civil. 

No sólo los escoltas se benefician del plan de recolocación del Gobierno, también las empresas que en su día lograron importantes ingresos garantizando la seguridad de los amenazados en las zonas más conflictivas. Interior mantiene contratos para dar servicios en el exterior de las prisiones con Ombuds, Segur Ibérica, Coviar, Proseguir, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinesa.

PLASENCIA: UPyD denuncia que el Palacio de Congresos tiene una vigilancia ilegal

«Lo mínimo, ya que la Junta de Extremadura despilfarra 20 millones de euros, es que se tenga contratado a trabajadores profesionales tal y como obliga la ley. Esto mismo sucedió con la obra del Palacio de Justicia»

Faustino Climent, portavoz de UPyD Plasencia, denunció ayer, a través de una nota de prensa, que la vigilancia de las obras de el Palacio de Congresos es ilegal. «Lo mínimo, ya que la Junta de Extremadura despilfarra 20 millones de euros, es que se tenga contratado a trabajadores profesionales tal y como obliga la ley. Esto mismo sucedió con la obra del Palacio de Justicia», señala Climent.

Añade que con estas prácticas por parte de la administración se está fomentando la economía sumergida. «Permitiendo tales cosas, la administración contribuye a que profesionales con titulación oficial sigan en paro, así como impedir que empresas de seguridad privada que desean establecerse en Plasencia opten por otras ciudades donde poder trabajar y dar trabajo».

Por este motivo, el portavoz local de UPyD como a la Junta de Extremadura que hagan cumplir la ley, obligue a contratar personal cualificado, con sus correspondiente formación, licencias, cotizando y con todo en regla para realizar estas funciones.

30 de octubre de 2014

El Gobierno justifica un contrato millonario de seguridad privada con un empresario imputado por fraude

El Gobierno ha justificado la adjudicación de un contrato de 11 millones de euros al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, imputado en presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social, alegando que las actuaciones de la inspección son secretas y la Ley General Tributaria protege los nombres de los defraudadores. Esos obstáculos legales le habrían impedido conocer las presuntas trampas del adjudicatario.

Cierto es que Ramírez era benefactor del PP. El Tribunal de Cuentas consignó una entrega de 50.000 euros en la relación de donantes legales al partido en 2009. En 2012, a propuesta del entonces titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejo de Ministros le indultó la condena de tres años de prisión que le impuso la Audiencia de Las Palmas por un delito ecológico.

La historia comienza cuando, en marzo pasado, el dirigente de IU y presidente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural,Cayo Lara, registró varias preguntas pidiendo explicaciones al Gobierno sobre la adjudicación de un contrato público de más de 11 millones de euros a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), de la que Ramírez es propietario, para prestar servicios de vigilancia en el Monasterio de El Escorial y otros Reales Sitios. La contratación la realizó la dirección del Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia, en este caso, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Lara aportaba informaciones periodísticas sobre la imputación de Ramírez, presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas, como presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública. Concretamente, la Fiscalía de Delitos Económicos formuló una querella contra él por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social como administrador de la empresa SIC. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, María Victoria Rosell, la admitió a trámite. Según la Fiscalía, Ramírez habría defraudado 2,3 millones de euros en los ejercicios de 2008 y 2009 “realizando pagos a los trabajadores fuera de nómina, abonando las horas extra como dietas y conceptos asimilados para eludir las retenciones sobre gran parte de los salarios de los empleados de SIC”.

Según el auto de la juez, esas prácticas permitían a Ramírez reducir la carga fiscal de los sueldos y los costes de la Seguridad Social (las dietas están exentas de cotización), con la “consecuencia adicional de una clara ventaja competitiva respecto de las demás empresas del sector”. Ante esa situación, cabía pensar –y así lo consignó Lara– que los contratos del Patrimonio Nacional se habían realizado “en fraude de ley”. El dirigente de IU recoge el malestar que manifestaron algunos competidores excluídos, así como la denuncia del secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Antonio Duarte, pues resulta dificil de entender que un empresario que presuntamente ha defraudado a Hacienda y trampeado a la Seguridad Social reciba un suculento contrato del Estado.

“¿Es esta manera de actuar la nueva forma que tiene el Gobierno para combatir la corrupción, el fraude fiscal y a la Seguridad Social?”, preguntaba Cayo Lara. “¿En qué medida afecta a estas decisiones que este empresario sea donante del partido que sustenta al Gobierno?”, inquería. La respuesta ha tardado en llegar, acaso porque la vicepresidenta Sáenz de Santamaría debía realizar algunas consultas fuera de su departamento –el empresario Ramírez no oculta su amistad con el ministro de Industria y dirigente del PP de Canarias, José Manuel Soria–, y explica que la oferta de SIC en unión temporal (UTE) con Ralons era la mejor en términos económicos y que presentaron la documentación en regla (garantía financiera y certificaciones de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social).

Incluso desde Patrimonio Nacional se solicitó –a la luz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación– la ratificación de ambas certificaciones a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social, recibiendo nuevas certificaciones de estar al corriente de pagos. Luego ya –añade el Gobierno–, si había actuaciones de los inspectores de trabajo y seguridad social hay que tener en cuenta que el artículo 12 de la ley de la Inspección, de 1997, impone el “deber de sigilo”. Y otro tanto cabe decir de los inspectores fiscales.

La argucia leguleya por la que el Gobierno no sabía nada de los presuntos fraudes del benefactor del PP y amigo del ministro Soria, y además la ley le impedía enterarse, ha sido empleada para negar resposabilidad política alguna y mantener el contrato. Por lo demás, con pedir perdón por los casos de corrupción, como hizo el martes Mariano Rajoy desde el Senado, y tapar con aguaplás las grietas del edificio carcomido, asunto resuelto. Ni debate monográfico sobre la carcoma ni mucho menos consejos como el de Cayo a Rajoy en palabras de Estanislao Figueras: “Reúnase con su Comité Ejecutivo, dígale que estoy hasta los cojones de nosotros y convoque elecciones”.

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 7 de Bilbao en reclamación de cantidad contra Securitas Seguridad España.

Securitas no puede reducir un complemento de puesto de trabajo

La empresa Securitas con sede en Bilbao, redujo la cantidad que los vigilantes de seguridad percibían en concepto de Complemento de puesto de trabajo, por la labor desarrollada en el puesto denominado Mobile, realización de rondas periódicas en un vehículo por fábricas que tienen alarmas de la empresa y también la atención a los domicilios de los clientes.

Procedió a compensar y absorber parcialmente dicho complemento en la cantidad de 31,37 € mensuales, a partir de mayo de 2013, quedando la cantidad en 118,63 €, sobre los 150€ que percibían con anterioridad, todo a raíz de la publicación de las tablas salariales del Convenio Sectorial para el año 2013 ( una de las renegociaciones que eliminó los pluses de transporte y vestuario en las pagas extras). La magistrada señala en su sentencia que este complemento viene a atender a la mayor gravosidad de las condiciones de trabajo de un determinado puesto, y su percepción se vincula a la efectiva adscripción a dicho puesto, y en consecuencia no puede ser adsorbido o compensado con los incrementos retributivos del Convenio, tal y como pretende la empresa Securitas.

La sentencia obliga a Securitas al abono de las cantidades dejadas de percibir por los trabajadores desde que la empresa redujo el importe del mencionado complemento de puesto de trabajo.

El sindicato USO disuelve su gestora en Galicia por su implicación en el caso de la Operación Zeta

La dirección toma las riendas de la organización en la comunidad, suspende de forma cautelar de militancia a su responsable de formación e inicia una auditoría interna

La Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato Unión Sindical Obrera (USO) decidió ayer disolver su gestora en Galicia debido a la presunta implicación de tres de sus miembros en la operación Zeta. Los dirigentes anunciaron que se hacen cargo de su sede en Galicia, situada en la avenida del Ejército, en A Coruña, debido "a las informaciones" que relacionan a líderes de USO con la trama delictiva que defraudaba subvenciones destinadas a cursos de formación para desempleados.

La documentación de la caja B de las empresas de Crespo de la que se incautó la policía refleja abonos por importe de 13.000 euros al sindicato USO Galicia. Para los instructores, los pagos responden a las devoluciones que el empresario hacía a las entidades que lo subcontrataban para realizar los cursos. El sumario también recoge pruebas de que una empresa de Crespo pagaba el coche de alquiler que utilizaban los sindicalistas para, supuestamente, llevar a cabo gestiones de USO. Tres miembros del colectivo prestaron declaración ante la Policía Judicial en Lonzas en calidad de imputados, pero no detenidos. La juez que instruye los hechos, por el momento, no decretó su imputación en el caso.

La dirección de la organización sindical ordenó la apertura de una auditoría contable interna y la fiscalización "de las acciones formativas solicitadas y ejecutadas". El sindicato, además, decidió suspender "cautelarmente" de militancia al responsable de Formación de USO Galicia, en aras a la "presunción de inocencia". La Comisión Ejecutiva Confederal de la entidad destaca en un escrito enviado a los medios de comunicación que siempre ha exigido "honestidad en la gestión de fondos públicos".

Los investigadores, además de los pagos al sindicato que figuran en la contabilidad B de Crespo, incluyen en el sumario la transcripción de un mensaje que le envía el empresario al alcalde, Carlos Negreira, en el que le solicita que mantenga una reunión con el dirigente de USO Galicia. El sindicalista, según el imputado, le pidió que mediase en el encuentro con el regidor. La Policía Judicial considera que las intervenciones telefónicas, así como la documentación que consta en la causa judicial, evidencian la relación que mantenía el presunto cabecilla de la trama de fraude de subvenciones, Gerardo Crespo, con los miembros del sindicato en Galicia.