En la sanción propuesta por la unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional se solicita información sobre los motivos e impone una multa de 20.001 euros
Lío a la vista. La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha iniciado un expediente sancionador en el que solicita al Real Alcázar que aclare los motivos por el que tiene al frente de la seguridad de uno de los espacios monumentales más visitados de España a un responsable provisional sin la titulación requerida. Se trata de Gabriel Nevado, que volvió a mitad del pasado junio a asumir temporalmente el mando de la Policía Local. El documento que ya se encuentra en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla incluye una sanción de 20.001 euros.
El proceso de licitación para nombrar a esta importante figura que debe velar por los propios trabajadores y visitantes se desarrolló de manera normal hasta el momento en el que hubo que abrir las distintas ofertas, quedando los sobres cerrados y a la espera de comprobarse la documentación. Fuentes municipales aseguraron a este periódico que el citado contrato sigue en fase de adjudicación, aunque reconocieron hace unas semanas que al actual equipo de gobierno del monumento no le parece que este sea el mejor método para elegir a una figura tan importante para el funcionamiento del recinto, por lo que analizan otras alternativas.
Esas mismas fuentes municipales aseguran que el equipo de gobierno de José Luis Sanz continúa estudiando cuál es la fórmula más efectiva para elegir al director de seguridad antes de adjudicar el contrato pendiente. Señalan que el modelo vigente está sujeto a la disponibilidad presupuestaria, por lo que se quiere dar una estabilidad dejando a un lado esta circunstancia. Mientras se nombra a un director de seguridad específico para el monumento, las tareas y funciones las está asumiendo directamente el jefe de la Policía Local. El superintendente Nevado lleva desde el verano pasado al frente de la jefatura del cuerpo, que ya dirigió (en una bicefalia junto con Juan José García) durante la etapa de Juan Ignacio Zoido como alcalde.
Desde el Ayuntamiento también aseguran que se trabaja de manera importante en mejorar la seguridad de un recinto que es visitado al día por miles de personas. Para ello se va a aumentar el número de vigilantes de seguridad. La próxima licitación de seguridad que se haga, añaden, contemplará un significativo incremento de los agentes privados.
El expediente sancionador se inicia unas semanas después de que el Ministerio de Interior ordenase medidas complementarias dentro del nivel 4 sobre 5 de la alerta antiterrorista. Esto implica implantar una serie de medidas estrictas de refuerzo de los dispositivos de seguridad y de las capacidades de control y seguimiento por parte de todos los organismos implicados en garantizar la seguridad. Entre otras actuaciones, se activan determinadas unidades especiales, se refuerzan los dispositivos de protección, se incrementan las medidas de vigilancia sobre las infraestructuras críticas, se coordinan las actuaciones de ciber vigilancia y se realizan evaluaciones periódicas sobre todas estas medidas.
El proceso sancionador ha sido tramitado por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, pero lo inicia la unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Le corresponde, en su condición de Autoridad Nacional de Control, el control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad, la vigilancia e investigación de su personal, medios y actuaciones, así como aquellas funciones que le estén atribuidas en la normativa específica sobre esta materia, ejerciendo la coordinación y dirección técnica de las respectivas unidades territoriales. Entre sus funciones se encuentra la propuesta de resolución de expedientes sancionadores por faltas graves y muy graves incoados en todo el territorio nacional.
