Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de diciembre de 2015

OURENSE: El accidente de un furgón blindado obliga a cortar un carril de la autopista a Santiago

Un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un vehículo de transporte de caudales está provocando un dispositivo especial de seguridad en la autopista a Santiago. El accidente se produjo pasadas las nueve de la mañana cuando el furgón de seguridad se incorporaba a la autopista desde Lalín. 

El vehículo había salido de Ourense por la mañana para hacer reparto de fondos y dinero efectivo en distintas entidades bancarias de la comarca do Deza. En el accidente sufrieron lesiones de carácter leve en principio tanto el conductor como uno de los vigilantes de seguridad que circulan en la cabina del coche. El tercer vigilante que iba en el habitáculo no sufrió lesiones. Al tratarse de un vehículo de estas características se activa un protocolo de seguridad que obliga a inmovilizar estos coches y establecer custodia, algo de lo que se están encargando efectivos de la guardia civil de tráfico y de seguridad.

El vehículo accidentado será trasladado al cuartel de la Guardia Civil de O Carballiño donde se procederá al traslado del dinero y del resto de efectos a otro coche de seguridad. El amplio despliegue de la Guardia Civil para la custodia de los valores y efectos transportados en el furgón blindado está obligando a cortar uno de los carriles del tramo de autopista hacia Santiago. El accidente se produjo tras chocar la furgoneta contra uno de los muros de protección de la autopista al incorporarse en uno de los accesos y perder el control por causas que se desconocen.

SANTANDER: Detienen a dos mujeres y una menor por intentan robar 600 euros en juguetes


Las ladronas fueron sorprendidas por el vigilante de seguridad de un centro comercial del que intentaron huir sin pagar las ocho cajas de productos que habían cogido


Dos mujeres y una menor han sido detenidas por la Policía Nacional cuando intentaban llevarse ocho cajas de juguetes, valoradas en 600 euros, de un centro comercial de Santander. Los hechos ocurrieron este lunes por la tarde cuando los servicios de seguridad del centro comercial avisaba a la Jefatura de Policía de que tenían retenidas a tres mujeres, una de ellas menor, porque querían irse del establecimiento sin pagar ocho cajas de juguetes, valoradas en 600 euros. El trío de ladronas llegó a salir del local con el botín pero uno de los vigilantes de seguridad, que momentos antes había sospechado de su actitud, salió tras ellas y las detuvo.

Tras comprobar que se llevaban los juguetes sin el justificante de compra, el vigilante llamó a la Policía. Los agentes detuvieron a las acusadas y los productos fueron devueltos al establecimiento al que pertenecían. El destino de las ladronas será dispar. Una de las adultas, J.V.A., de 35 años, pasará a disposición judicial al tener antecedentes por hechos similares. La otra, J.V.M.L, de 25 años, también cuenta con antecedentes pero quedó en libertad con cargos al tener un bebé lactante. En cuanto a la menor, también fue puesta en libertad al carecer de antecedentes.

Real como la vida misma


30 de diciembre de 2015

MADRID: La Inspección de Trabajo obliga a SECOEX a adaptar la uniformidad a la normativa de seguridad privada

El sindicato AlternativaSindical consigue que la Inspección de Trabajo obligue a la empresa SECOEX a adaptar la uniformidad a la normativa de seguridad privada

Así, y desde hace varios años la empresa SECOEX obligaba a los trabajadores a que ellos mismos acoplaran los emblemas en la Uniformidad de trabajo. La sección Sindical de alternativasindical en SECOEX denunció tales hechos en Inspección de Trabajo, y ahora la Inspección obliga a la empresa a acoplar los emblemas y entregar la uniformidad conforme establece la normativa de seguridad privada.

El 'capo' de la vigilancia logra un contrato con la Seguridad Social a la que debe 12 millones


Seguridad Integral Canaria se adjudica un contrato por valor de 300.000 euros para controlar los accesos y la seguridad de los edificios tinerfeños de la Tesorería General de la Seguridad Social


El presidente de Seguridad Integral Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sabe nadar y guardar la ropa. Mientras afronta un proceso judicial que podría provocar el embargo de parte de sus bienes, a corto plazo, y penas mayores cuando haya sentencia, el mayor empresario de la seguridad privada de Canarias continúa haciendo negocio del modo más inverosímil.

Un informe de la Inspección de Trabajo presentado el pasado junio ante el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria estableció durante la instrucción que la mercantil de Ramírez acumula una deuda de 12 millones de euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Este obstáculo, sin embargo, no ha impedido que el presidente de Seguridad Integral Canaria logre que la mismísima Tesorería continúe siendo su cliente.

Ayer mismo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó que la empresa de Ramírez ha logrado un contrato con la Seguridad Social de 300.000 euros. En concreto, se trata del servicio de vigilancia y seguridad de los edficios de la Dirección Provincial de Tenerife de la Tesorería General de la Seguridad Social para el año 2016, concurso ganado por Seguridad Integral Canaria por presentar, según se publica en el propio BOE, la oferta económica más ventajosa.

En el proceso judicial que mantiene imputados tanto a Ramírez como al administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, y a la propia mercantil, el magistrado Salvador Alba Mesa -sustituto de la juez Victoria Rosell, que se presentó como cabeza de lista por Podemos- ha establecido una fianza de 35 millones de euros para cubrir la cantidad supuestamente defraudada por Ramírez, al que la Agencia Tributaria acusó de contabilizar dietasestratosféricas para maquillar conceptos salariales sujetos a retención y evadir de este modo el control del fisco.

MURCIA: Vigilantes de seguridad sorprenden a dos rumanos cuando se llevaban bienes por 1.513 euros de un comercio


Los hechos se produjeron cuando la Sala del 092 recibió una llamada alertando de que vigilantes de seguridad del citado centro comercial tenían retenido a un sospechoso


La Policía Local de Murcia ha detenido a un individuo, de 48 años y nacionalidad rumana, y busca a un segundo sospechoso de haber participado en un robo en el centro comercial Carrefour Zaraiche de Murcia, en el que los ladrones lograron apoderarse de bienes por valor de 1.513 euros. Los hechos se produjeron el pasado lunes, sobre las 19.00 horas, cuando la Sala del 092 recibió una llamada alertando de que vigilantes de seguridad del citado centro comercial tenían retenido a un sospechoso.

Una dotación de la Policía Local se desplazó con urgencia hasta el establecimiento público, donde los empleados de seguridad relataron que ese individuo, que iba acompañado de un compinche que logró darse a la fuga, se encontraba retenido por sustraer diversos productos. En concreto, en dos grandes bolsas portaban 22 videojuegos, una videoconsola, un martillo perforador y una pistola atornilladora, entre otros productos. Todos ellos han sido recuperados.

29 de diciembre de 2015

Vigilantes de seguridad colaboran en la detención de un padre que usaba a su hijo menor de edad para robar

La policía detiene en Palma de Mallorca a un padre que usaba a su hijo menor de edad para robar

Un padre indica a su hijo menor de edad que objetos robar en un local del centro de Palma de Mallorca.

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un varón de 47 años por utilizar a su hijo menor de edad efectuar hurtos en varios establecimientos de Palma. El padre marcaba los objetos que su hijo, inimputable, debía de sustraer, casi siempre colonias de alto valor, lapiceros o prendas de vestir. Posteriormente el delincuente guardaba los objetos sustraídos en su vehículo para luego darles salida en el mercado negro.

Los vigilantes de seguridad de un establecimiento ubicado en un céntrico comercio de Palma se había percatado de que padre e hijo podrían estar involucrados en varios hurtos; de este modo cuando volvieron a localizarlos alertaron a la Policía Nacional. Una patrulla se desplazó al lugar para aclarar lo sucedido y detener al padre para entregar posteriormente al menor a su madre.

La Policía Nacional lanza la campaña “12 Campanadas de Seguridad en Internet”


La Policía Nacional lanza la campaña “12 Campanadas de Seguridad en Internet” con el objetivo de comenzar un 2016 seguro y prevenir a los ciudadanos de los posibles peligros en la red. Bajo el claim “Este año entra con buen pie y no te atragantes con los delitos”. Caras conocidas del mundo del cine, la televisión, el deporte y la música colaboran con la Policía con doce consejos prácticos para evitar convertirse en una cibervíctima.

Desde hoy, y hasta final de año, se difundirán en los perfiles de la Policía Nacional en Twitter, @policia, en Facebook, en Instagram y en www.youtube.com/policia los diferentes video-consejos sobre sextorsión, phishing, violencia de género, bullying y otros delitos en la red.


¿Qué probabilidades hay de que mi trabajo lo haga una máquina?



28 de diciembre de 2015

CEUTA: Marea Negra critica al director del CETI tras la pelea multitudinaria del pasado miércoles

Afirma que “conociendo que este hecho no ha sido el primero, no ha redactado informe alguno para denunciar estos hechos, para así dotar de los medios adecuados al personal de seguridad”.


E.P. / CEUTA.- Tras la pelea multitudinaria entre argelinos y subsaharianos que tuvo lugar, el pasado día 23 de diciembre, en el CETI de Ceuta, tal y como publicó El Pueblo, la asociación Marea Negra, que trabaja día a día en la mejora del sector de la seguridad privada en todo el territorio, ha felicitado “a la primera línea de actuación que, no es otra, que los vigilantes de seguridad del CETI, por su profesionalidad y el buen trabajo realizado, ya que ponen sus vidas en peligro y aun así desarrollan su trabajo con la máxima capacidad, sin disponer de los medios adecuados”.

Por otro lado, el vicepresidente de Marea Negra, José Antonio Carbonell, también felicita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) “por la actuación que llevaron a cabo dentro de sus medidas”, aunque, sin embargo, advierte “que su asistencia no fue rápida, porque se personaron media hora después de ser avisados”, añadiendo que “no pretendemos criticarlos ni mucho menos, porque sabemos que no son ellos los culpables de la tardanza, sino queremos señalar como responsables directos, por un lado, al director del centro porque conociendo que este hecho no ha sido el primero, no ha redactado informe alguno para denunciar estos hechos, para así dotar de los medios adecuados al personal de seguridad que aquí trabaja”.

Testigos presenciales de la reyerta entre residentes del CETI afirman que “la actuación policial fue tardía y nula”, ya que a pesar de llamar en dos ocasiones, los agentes se personaron en el centro más de media hora tarde, cuando todo estaba controlado”, siendo los miembros de seguridad del CETI “quienes controlaron la situación”. En este sentido, la asociación afirma no entender tampoco “la impasibilidad de la máxima autoridad competente para solucionar este tema, que no es otra que la Delegación del Gobierno, donde pensamos que se tendrían que tomar medidas con carácter urgente”.

Entra ellas la asociación señala el “dotar al personal de seguridad con los medios adecuados que son: material antidisturbios, chalecos antiapuñalamiento, curso de control de masas, aumento de la plantilla del personal de seguridad privada de 9 (en la actualidad) a un mínimo de 14”. Carbonell advierte que “con todas estas estas medidas, no se garantiza la seguridad cien por cien tampoco, pero lo que está claro es que para poder proteger a los demás, antes el profesional debe sentirse seguro para desempeñar su labor con la destreza que este servicio requiere”. “No hay que obviar que el CETI es un servicio que implica muchos riesgos y responsabilidad y creemos que se tendría que reforzar a estas personas con el carácter de agentes de la autoridad, además de un plus añadido de peligrosidad”, advierte.

Polígono del Tarajal La asociación Marea Negra no quiere olvidar “el Polígono del Tarajal, ya que allí es inexistente cualquier servicio de seguridad privada”, añadiendo que “si lo hubiese, se podría liberar a las FCSE y de este modo podrían dedicarse exclusivamente al tránsito de entrada y salida tanto de vehículos como de personas por el paso fronterizo al mismo”.

Marea Negra recuerda que “España se sigue encontrando en un nivel 4 de atentado terrorista, por lo que toda la seguridad es poca”, concluyen

El personal de seguridad del CETI de Ceuta

La pelea multitudinaria entre argelinos y subsaharianos ocurrida en el CETI de Ceuta el pasado día 23 de diciembre, de la que informó puntualmente El Pueblo, ha puesto de manifiesto la insuficiente seguridad en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, como así lo denuncia la asociación Marea Negra, que solicita el aumento de la plantilla del personal de seguridad privada de nueve vigilantes, que son los que existen en la actualidad, a un mínimo de 14, dotándolos además con los medios adecuados como material antidisturbios, chalecos antiapuñalamiento o curso de control de masas. 

Desgraciadamente, no podemos ofrecer a nuestros lectores la versión del director del CETI, Carlos Guitart, quién no quiso atender a los redactores de este medio, afirmando que se encontraba de vacaciones, además de alegar no corresponderle a él informar sobre estas cuestiones. Guitart nos invitó a contactar con Madrid al esgrimir una burocracia innecesaria en otras ocasiones, en la que sí atendió amablemente a este medio. El hecho es que conociendo que no es la primera vez que ocurre, ya que la tensión entre el grupo de inmigrantes de origen argelino y el de origen camerunés, sobre todo, es algo que viene larvándose desde hace bastante tiempo, Guitart debería explicar por que no ha redactado informe alguno para denunciar estos hechos. O quizá tendremos que esperar a que ocurra alguna desgracia.

Mientras, la capacidad del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta se encuentra nuevamente desborada, albergando actualmente a más de 770 foráneos. Cantidad que puede verse incrementada en los próximos días, ya que en la actualidad son muchos los inmigrantes que se encuentran en los bosques cercanos a la zona de Benzú y podrían provocar una nueva avalancha para acceder a Ceuta. Esta vez durante la Nochevieja...

Los últimos cambios en la tramitación de los partes de baja

En este artículo vamos a tratar los profundos cambios acaecidos en la regulación de “LA INCAPACIDAD TEMPORAL”. Dicha regulación entró en vigor el pasado día 1 de diciembre de 2015.

La emisión de los partes médicos seguirá recayendo en el médico de familia, pero dependiendo de su duración podrá ocurrir lo siguiente:


1. En los procesos muy cortos (inferiores a cinco días naturales), el médico de familia emitirá el mismo día, parte de baja y alta, no existiendo partes de confirmación. Cabe la posibilidad de que el trabajador solicite un reconocimiento del médico el día del alta médica. En el caso de que el médico considere que no está apto para trabajar, podrá emitir un parte de confirmación indicando la nueva duración del proceso, dejando sin efecto el alta médica.

2. En los procesos cortos (entre 5 a 30 días) el médico emite un primer parte de confirmación al 7º día de la baja, y el 2º y siguientes cada 14 días.

3. En los procesos medios (entre 31 a 60 días naturales) el primer parte de confirmación se emite al 7º día de la baja, y el 2º y siguientes cada 28 días.

4. En los proceso largos (mas de 61 días naturales) se emite el primer parte de confirmación a los 14 días de la baja, y el 2º y sucesivos cada 35 días.

-El trabajador deberá presentar a su empresa los partes de baja y confirmación en los 3 días siguientes desde su emisión.Los partes de alta deben ser presentados en las 24 horas siguientes a su emisión. En los procesos muy cortos la presentación del parte de baja y alta se producirá dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de alta.

-La empresa tiene la obligación en el plazo de 3 días desde la recepción del parte para sutramitación a través del sistema RED.

-Los controles de los procesos de IT, serán realizados por:

*La inspección médica del Servicio de Salud
+La inspección médica del INSS
*La mutua colaboradora a la que está adherida la empresa.

La inasistencia previo citación a reconocimiento médico de cualquiera de los anteriores organismos, podrá suponer el alta médica por incomparecencia, quedando suspendida la prestación económica.

La Muta Colaboradora NO PODRÁ DAR EL ALTA MEDICA,en caso de bajas por contingencias comunes, pero sí podrá formular propuestas de altas ante la Inspección Médica, la cual remiten a los facultativos, debiendo estos pronunciarse bien confirmando la baja o admitiendo propuesta a través de un alta médica. Los trabajadores podrán reclamar ante un alta médica en los siguientes plazos:

-Plazo de 11 días desde la fecha de notificación en el caso de alta emitida por el Servicio de Salud de la CCAA. Si no hay contestación en los 7 días siguientes, se podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en un plazo no superior a 20 días.

Autor:
Francisco Javier Molinera 
Departamento Laboral

Cámara de video-vigilancia para control laboral


La empresa debe disponer de la debida autorización de la Agencia Estatal de Protección de Datos


La legislación vigente permite que las empresas puedan utilizar ciertas medidas para el control laboral, entre ellas la video-vigilancia, pero no a su libre albedrio, hay unos requisitos que cumplir.

Recientemente, Securitas Valencia por un lado o bien el cliente por otro, ha ordenanado la colocación de una cámara en el Puesto Permanente de Seguridad del centro comercial y de ocio Bonaire.

Entre otros fines, tal y como comunica la empresa, este dispositivo de vigilancia es para control laboral, por lo que las imágenes, podrían ser utilizadas para aseverar futuras sanciones o incidencias. Así las cosas, la sección sindical de alternativa sindical ha solicitado a la dirección de la empresa lo siguiente:

- Exigencia de comunicación en tiempo y forma a los representantes de los trabajadores sobre la instalación del citado sistema de video-vigilancia y acreditación de que el mismo dispone de la debida autorización administrativa concedida al efecto (finalidad de las imágenes) por la Agencia Estatal de Protección de Datos.

- Certificación de la empresa que acredite la colocación de la debida carteleria informando de la instalación de la cámara y sus fines.

- No utilización de esos medios de control laboral hasta tanto se acredite, por parte de la empresa, que se cumple con lo establecido en la legislación vigente dando traslado a la representación legal de los trabajadores, ya que se podría estar vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores.

Real como la vida misma


27 de diciembre de 2015

SEVILLA: Los robos con inhibidor hacen su agosto en las fiestas navideñas


El aparato inutiliza la señal de los mandos a distancia de los coches, que quedan a expensas de los ladrones


Las fiestas navideñas son sinónimo para muchas familias de jornadas maratonianas de compra y los aparcamientos de los centros comerciales se llenan en los días claves y muchos de esos vehículos van ya cargados con compras realizadas. Hay quien no se molesta en guardarlas en el maletero y desde fuera se puede ver que el coche va cargado.

Todos esos detalles son de sobra conocidos por los ladrones que marcan en rojo en su calendario las fiestas que garantizan grandes aglomeraciones y donde es más fácil actuar sin ser visto. Así en los últimos días se han producido varios robos en los aparcamientos de centros comerciales, que resucitan el uso de inhibidores de frecuencia que ya ha quedado en evidencia en anteriores operaciones policiales ya resueltas. Los ladrones recurren a un aparato que neutraliza la señal que envían los mandos a distancia de cierres de vehículos. La víctima cree que su vehículo está cerrado pero cuando regresa se encuentra con la desagradable sorpresa de que el interior ha sido desvalijado. En muchas ocasiones, la duda hace pensar que el robo ha sido fruto del olvido al no accionar el mando.

El año pasado, la Policía Nacional detenía a cinco personas por cometer robos siguiendo este modus operandi en Alcalá de Guadaira. Este periódico tiene constancia de al menos dos sustracciones ocurridas en Sevilla Este y Camas. Desde el gabinete de prensa de la Policía Nacional aseguraban que no tenían constancia de que se estuviera produciendo una oleada de robos. Los inhibidores son aparatos al alcance de todos. Una simple búsqueda por internet revela la facilidad para adquirir uno de estos aparatos que sirven para anular la señal de un mando a distancia. Además la oferta es muy amplia, desde inhibidores de apenas 100 euros a sistemas que superan los 1.000 euros. La principal diferencia está en el radio de alcance. Los más baratos apenas superan los 10 metros de distancia; mientras que los más profesionales son capaces de inutilizar una extensión muy amplia de terreno. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los aparatos que inhiben las señales de radio en las proximidades de edificios públicos como medida de seguridad.

Estos aparatos electrónicos son también usados por las bandas profesionales que trabajan en el mercado negro de los vehículos de gama alta. Las organizaciones búlgaras pusieron de moda los inhibidores en la década pasada. Estas bandas no buscan lo que guardan los coches sino llevarse los vehículos. Por eso, el principal consejo para evitar ser una víctima más es asegurarse de que el coche está cerrado tras accionar el mando o simplemente recurrir al método tradicional de la llave, así, no hay emisión de ondas de frecuencia que puedan ser neutralizadas mediante un sistema remoto. También es aconsejable comprobar a mano que las puertas están cerradas.

Otra medida a tomar es estar atento a los coches que se sitúan en doble fila cuando estamos abandonando el vehículo. Desde el interior pueden estar activando el inhibidor. Por último, es aconsejable guardar las compras y efectos de valor en el maletero o en espacios que estén fuera del alcance de la vista desde el exterior no garantiza que los ladrones desistan.

El Gobierno propone a los sindicatos subir el salario mínimo interprofesional un 1 % en el 2016


La idea que baraja el Ministerio de Empleo, que fue trasladada el pasado miércoles a los sindicatos, es elevar el SMI hasta los 655,08 euros al mes


El Gobierno ha propuesto a los sindicatos subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 1% en el 2016, hasta los 655,08 euros mensuales, el doble que el incremento aplicado en el 2015, que fue del 0,5%. Fuentes sindicales han informado a Europa Press que el Ejecutivo les trasladó esta propuesta el pasado miércoles, 23 de diciembre. Las centrales tienen ahora hasta última hora del próximo lunes, 28 de diciembre, para dar una respuesta. La subida definitiva se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del día siguiente, martes 29 de diciembre.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya avanzó a principios del mes que la intención del Gobierno era subir el salario mínimo interprofesional, aunque no concretó la cuantía. Además, incidió en que esta cuestión sería consultada con los agentes sociales. «Al final de año, consultados los interlocutores sociales y teniendo en cuenta la circunstancia de recuperación económica, se decidirá la subida. El salario mínimo subirá, pero lo que no puedo decir es cuánto», señaló.

En respuesta, los sindicatos, que ya habían remitido una carta a Báñez en el mes de noviembre con su propuesta de subida del SMI, reiteraron que el incremento debería ser del 11% en el 2016, hasta los 720 euros mensuales, y también en el 2017, hasta los 800 euros. Los sindicatos también persiguen negociar el cumplimiento a lo largo de la legislatura de la Carta Social Europea, que fija el salario mínimo en el 60% del salario medio. Con estos puntos de partida, desde los sindicatos creen que la propuesta que realiza ahora el Gobierno «no es para negociar y mucho menos para acordar».

Menor a lo arcordado en la negociación colectiva Esta subida del salario mínimo inteprofesional del 1% en el 2016supondría el doble que la aplicada en el 2015, que se produjo, a su vez, tras una congelación del SMI en el 2014 y en el 2012. En el caso del 2013, el Gobierno decidió subir el salario mínimo un 0,6%, en línea con la revalorización máxima prevista en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Patronal y sindicatos han renovado dicho acuerdo en el 2015. El III AENC establece un incremento salarial para este año del 1% y del 1,5% en el 2016, de modo que la propuesta del Gobierno, dejaría la subida del SMI medio punto por debajo de la referencia pactada por los agentes sociales para el próximo año.

Algunos partidos con opciones de Gobierno acudieron a las elecciones del pasado 20 de diciembre con propuestas de subida del salario mínimo interprofesional. Así, el PSOE propone subirlo hasta el 60% del salario medio en dos legislaturas, mientras que Podemos se compromete también a alcanzar este objetivo incrementando el salario mínimo hasta los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura.

TOLEDO: Ante la agresión sufrida en el centro de salud de Tomelloso piden el "botón del pánico" en todas las consultas

La violencia en las consultas, un problema en el ámbito sanitario

Ante la agresión sufrida por dos trabajadores del centro de salud de Tomelloso hace unos días, el sindicato CSI-F ha solicitado poner en prácticas políticas regionales para abordar un plan específico contra las agresiones en el ámbito sanitario.

En la madrugada del lunes 14 de diciembre, una doctora y un celador del Punto de Atención Continuada del Centro de Salud de Tomelloso I sufrieron una agresión. La facultativa fue amenazada, insultada y agredida, mientras que el celador de turno fue agredido y amenazado. CSI-F Sanidad ha trasladado al director general de Recursos Humanos la necesidad de dotar al Sescam de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales específico para el Servicio de Salud.

Entre otras medidas, reclama que se dote a todos los centros de trabajo de cámaras de seguridad y vigilantes jurados de forma generalizada o al menos en los centros más conflictivos. Asimismo, el sindicato cree necesario adaptar la organización de las consultas médicas y de enfermería para que los profesionales puedan tener facilidad en abandonar dichos espacios, habilitar el botón del pánico y desarrollar espacios en la página web del Sescam que contemplen una «Guía del Agredido» donde se les informe a los trabajadores de todos los pasos que tienen que dar para poder denunciar la agresión y poder recibir asesoramiento jurídico.

La movilidad laboral de los ocupados aumenta en 2015 por segundo año consecutivo

La movilidad geográfica de los ocupados ha aumentado este año por segundo ejercicio consecutivo después de haberse reducido de manera paulatina entre 2010 y 2013, según la Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, la movilidad de los desempleados ha vuelto a descender, después de haberse estancado en 2014. De acuerdo con el organismo estadístico, el 2,6% de las personas que tenían un trabajo en el primer trimestre de este año ha cambiado su municipio de residencia hace menos de un año, porcentaje que en 2014 fue del 2,6%. En valores absolutos, un total de 452.900 ocupados en el primer trimestre llevaba residiendo en su municipio actual menos de un año, frente a 14.848.600 (el 85,1%) que llevaba cinco o más años viviendo en el mismo municipio.

Los más jóvenes muestran una mayor movilidad. Más de 230.000 ocupados de entre 16 y 34 años, el 5%, ha cambiado de municipio de residencia en el último año, porcentaje que contrasta con el de los mayores de 55 años, con sólo el 1,1% (29.600). También los extranjeros parecen más dispuestos a mudarse a otro municipio. En el último año, el 7,6% de los ocupados extranjeros ha cambiado de municipio de residencia, frente al 2% de los ocupados españoles.

Temporales y jóvenes 'se mueven' más que indefinidos y veteranos Uno de cada tres ocupados no ha cambiado su municipio de residencia desde su nacimiento. Entre los que sí han desplazado su residencia a otro municipio, el 38,7% vivía en la misma provincia, el 4,2% procedía de otra provincia de la misma comunidad, el 15,2% venía de otra comunidad, y el 8,4% procedía de otro país. Según el INE, el 88% de los trabajadores españoles lleva residiendo en el mismo municipio cinco años o más, porcentaje que se reduce hasta el 59,8% en el caso de los extranjeros.

La encuesta revela además que la movilidad geográfica es superior entre los asalariados con contrato temporal que entre los que tienen contrato fijo. En concreto, el 4,4% de los asalariados con contrato temporal ha cambiado de municipio de residencia hace menos de un año, frente al 2,2% de los que tienen contrato fijo. Además, el 85,8% de los asalariados con contrato indefinido lleva residiendo en el mismo municipio cinco años o más, frente al 80,4% de los temporales que se encuentran en esta situación. También la movilidad geográfica es superior entre las personas con menor antigüedad en el empleo. De los ocupados que llevan más de seis años en su empleo actual, el 1,4% tiene un periodo de residencia en el municipio inferior a un año. Entre los que llevan menos de un año en su puesto actual, el 5,9% se encuentra en estas condiciones.

Baja la movilidad entre los parados En el caso de los parados, la movilidad de las personas en desempleo se ha reducido este año respecto al anterior tras haberse estancado en 2014. Así, el 3,7% de los personas sin empleo en el primer trimestre de este año (200.100 parados) han cambiado de municipio de residencia en el último año, frente al 4,1% de 2014. Por su parte, algo más de 4,4 millones de desempleados, el 81,6% del total, llevan viviendo en el mismo municipio al menos cinco años. 

Por edades, el 4,9% de los parados de entre 16 y 34 años (106.000) ha cambiado de residencia en el último año, porcentaje que desciende hasta el 1,8% entre los mayores de 55 años. También los parados extranjeros 'se han movido más' que los españoles, pues el 8,3% de los inmigrantes en paro se ha mudado a otro municipio en el último año, frente al 2,7% de los españoles que han hecho lo mismo. El 33,1% de los desempleados no ha cambiado de municipio de residencia desde su nacimiento. En el caso de los españoles, el 86,5% lleva residiendo en el mismo municipio cinco o más años, en tanto que sólo el 58,2% de los extranjeros se encuentran en estas circunstancias.

La movilidad de los ocupados es más alta en Madrid, Cantabria y Canarias Las comunidades autónomas donde la movilidad geográfica de los ocupados es más alta son Madrid (3,6% de los ocupados cambiaron su municipio de residencia hace menos de un año), Cantabria (3,4%) y Canarias (3,3%), frente a Extremadura (1,6%) y Andalucía y País Vasco (1,7%), que presentan los porcentajes más bajos. En el caso de los parados, las regiones donde este colectivo ha registrado una menor movilidad porque no ha cambiado de municipio en al menos cinco años están lideradas por Extremadura (88,5% de los desempleados vive en el mismo municipio desde hace al menos cinco años), Asturias (87,5%) y Andalucía (86,2%), mientras las que presentan el menor porcentaje son Navarra (76,6%), Aragón (75,7%) y Baleares (74,1%). Según el INE, la mayor movilidad de ocupados que han cambiado su municipio de residencia dentro de la misma comunidad (movilidad intracomunidad) se da en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los que cambian de comunidad autónoma proceden principalmente de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Castilla y León, y el destino principal suele ser Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.

26 de diciembre de 2015

Los salarios de los andaluces siguen en descenso tras la reforma laboral


Las retribuciones bajan un 6,6% desde 2011 y se amplía la brecha salarial con el resto del país El 60% no llega a mileurista El contrato a un menor de 26 años es un 37% inferior al de 2007 

La crisis económica iniciada en 2007 originó un descenso de salarios generalizado en la comunidad andaluza. La reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 ha seguido hundiéndolos. Hoy el salario medio de un andaluz es de 14.365 euros al año, un 6,6% menos de lo que ganaba antes de que entrase en vigor la reforma laboral (15.375 en 2011) y casi un 8% menos que al inicio de la crisis (15.592). 

Los datos los aporta un reciente informe de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre el mercado de trabajo y pensiones en fuentes tributarias. Esta información está basada en la declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo presentada en 2014, por lo que para CCOO Andalucía -que ha compilado los datos andaluces- resulta un indicador más fiable que el que aportan otras estadísticas. Son las rentas salariales (la retribución del trabajador más lo que paga la empresa) en lugar de medir el salario y su evolución partiendo de supuestos ideales y homogéneos (jornada completa sin pérdidas de días de trabajo, ni aplicación de medidas extraordinarias que puedan afectar al salario). El salario medio anual sería la división entre el total de la renta salarial pagada y el número de trabajadores. 

En Andalucía se venían cosechando caídas en el salario medio desde 2009, pero fue tras la reforma laboral cuando sucumbió (4% en 2012 y 1,9% en 2013). En 2014 el retroceso es de un 0,7%, encadenando siete años consecutivos de bajada. Si los sueldos de los andaluces ya eran más bajos que en el resto de España, ahora la brecha salarial ha aumentado hasta situar el salario medio andaluz un 22% por debajo de la media de las comunidades de régimen fiscal común (18.420 euros). Según estos datos, Extremadura y Andalucía son las comunidades con un menor nivel retributivo en España. A su vez, las cuatro provincias con menor salario medio en España son andaluzas. Son Jaén (11.935 euros), Huelva (12.289 euros), Córdoba (13.096 euros) y Almería (13.160 euros). Están mejor Granada (14.537), Málaga (15.128), Cádiz (15.418) y Sevilla, que con 15.580 euros anuales es la que presenta mayor nivel salarial, aunque apenas supone el 85% de la media nacional. También desde la reforma laboral el desplome salarial en todas las provincias ha sido superior al de la media nacional (ver gráfico). 

Con esta merma de ingresos era natural que el número de andaluces que ni siquiera son mileuristas fuera incrementándose. Con estos datos la población asalariada en Andalucía que no llega a los mil euros al mes (del 1 al 1,5 del Salario Mínimo Interprofesional) está en el 58,7%. Si el listón se baja a cuántos andaluces tienen una capacidad adquisitiva inferior al salario mínimo (645,3 euros mensuales en 2014) el porcentaje es del 47,2%, más de un millón de trabajadores andaluces sin capacidad para asumir las necesidades básicas. 

La precariedad es todavía más acentuada en la población joven, que fueron los que en primer lugar y con mayor intensidad comenzaron a perder nivel retributivo con la crisis. También son los más depauperados por la devaluación salarial que introdujo la reforma laboral. Si en 2007 las retribuciones que podía generar un joven menor de 26 años eran de 7.423 euros de media, ahora percibe hasta un 37,6% menos, con 4.638 euros. Desde 2011 las bajadas de sueldo fueron más graves. En 2013 un joven percibió hasta un 11,2% menos que el año anterior. 

Como en los jóvenes, también las retribuciones que perciben las mujeres han sido inferiores históricamente. En 2014 el salario medio de las mujeres andaluzas apenas supone el 76% del que perciben los hombres. Nuria López, secretaria de Política Institucional y Empleo de CCOO Andalucía, subraya que estos datos demuestran que la reforma laboral no sólo atacó a los despidos, sino al "corazón" del empleo: la negociación colectiva. "Los salarios son una rueda que afecta a todo lo demás, con efectos sobre el futuro. ¿Cómo se pagarán las pensiones? Los empresarios deberían cambiar el modelo, y los políticos en crear un marco que beneficie a los trabajadores en lugar de hablar tanto de cultura del emprendimiento", afirma López. La dirigente de CCOO apunta además que, mientras descendían las rentas salariales, las rentas del capital ha crecido desde el 42,4% del PIB en 2008 al 43,9% en el segundo trimestre de 2015. "Son los trabajadores los que están pagando el coste de la crisis. Tiene que haber estabilidad y mejores salarios", concluye.

FUENTE: malagahoy.es AQUÍ

La Audiencia Nacional desestima la nulidad del Convenio Colectivo Estatal para empresas de Seguridad Privada

EL JUEZ DESESTIMA LAS PRETENSIONES DE ALTERNATIVA SINDICAL Y AESPRI QUE SOLICITABAN LA NULIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE SEGURIDAD PRIVADA

La Audiencia Nacional DESESTIMA las pretensiones de los demandantes: Alternativa Sindical y Aespri en juicio celebrado el pasado 16 de Diciembre contra todos los firmantes del nuevo Convenio Colectivo Estatal de la Empresas de Seguridad Privada, en el que solicitaba la nulidad del mismo. El juez declara la PLENA VALIDEZ y LEGALIDAD de nuestro convenio actual de ámbito Estatal, con periodo de aplicación 1/07/15 a 12/16.

ASTURIAS: Detenidas en San Martín del Rey Aurelio cuatro personas por dañar la estación de tren de El Entrego

Fueron sorprendidas por una patrulla de vigilantes de seguridad privada

Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, fueron sorprendidas por una patrulla de vigilantes de seguridad privada provocando daños en las vallas del recinto de la estación de Renfe de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves, según aseguró la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa).


Los cuatro individuos fueron detenidos y puestos a disposición de la Policía Nacional para su traslado a la comisaría y la consiguiente identificación. Los vigilantes de seguridad que actuaron prestan su servicio para Renfe-Adif y estaban agrupados en un operativo especial puesto en marcha para detectar daños en las instalaciones ferroviarias de la empresa Renfe. Los detenidos estaban provocando, cuando fueron descubiertos, "daños de consideración en el vallado perimetral" de la estación de tren de El Entrego, indicó Avispa. El colectivo subrayó la "estrecha colaboración entre la Seguridad Pública y Privada para la resolución de hechos delictivos de manera conjunta y eficaz".

25 de diciembre de 2015

El 'capo' de la seguridad canaria no pagaba horas extra a sus empleados por un pacto

Argumenta que había llegado a un acuerdo "tácito" con los trabajadores por el cual ellos se comprometían a alargar su jornada laboral en caso de que el servicio lo pidiera sin cobrar el exceso

El propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha acusado a Hacienda de presionar a sus trabajadores para que declaren contra él en el proceso judicial que investiga los supuestos delitos fiscales cometidos por el empresario entre 2008 y 2013.

En concreto, durante su última declaración como imputado ante el titular del Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba Mesa, Ramírez acusó a un inspector de la Agencia Tributaria de citar a varios trabajadores de su empresa para preguntarles si cobraban dietas de verdad o si en realidad se trata de horas extra encubiertas para no cotizarlas. Al negar los empleados que la sociedad utilizara ese truco, el inspector -según el imputado- volvió a citarles. “¿Si yo declaro ante el inspector de Hacienda y digo que son dietas, qué autoridad tiene el inspector para citarme de nuevo y presionarme?, se pregunto Ramírez ante el juez el pasado 4 de diciembre. “O declaras que son dietas o te abro una inspección”, insinuó el presidente de Seguridad Integral Canaria en referencia a los términos en los que se producían las supuestas amenazas del inspector de Hacienda.

Ramírez advirtió al juez que estos trabajadores incluso han dejado por escrito esas presuntas amenazas sufridas en un acta notarial que el dirigente de la Unión Deportiva Las Palmas aseguró que incorporaría al juzgado. “Los trabajadores fueron al comité de empresa y el comité fue a un notario”, aseguró. Durante su declaración, sin embargo, el magistrado insistió en que había trabajadores que habían denunciado ante el Juzgado “bajo juramento” que usted “les pagaba como dietas lo que en realidad eran horas extraordinarias”, acusaciones a las que Ramírez solo pudo responder aludiendo a un supuesto “pacto tácito” que la empresa había hecho con los empleados por el que éstos se comprometían a no cobrar horas extra cuando por necesidades del servicio había que extender la jornada laboral, extremo que han negado ante el juez algunos de los trabajadores.

El instructor insistió varias veces durante la comparecencia de Ramírez en que no entendía por qué éste no aportaba pruebas que demostraran que pagaba las dietas como dietas y las horas extraordinarias como horas extraordinarias. Hasta ahora, “nadie me ha pedido que yo demuestre esto”, dijo el presidente de Seguridad Integral Canaria, cuya primera declaración se produjo hace meses ante la juez Victoria Rosell, anterior instructora de la causa y actual cabeza de lista por Podemos en Las Palmas. “¿Pero usted qué problema tiene en presentar aquí las pruebas?”, le preguntó el juez Alba Mesa. “Señoría, que lo he presentado en Hacienda”, respondió Ramírez, que volvió a ser interpelado por el instructor, quien insistió en que entonces no habría problema en traer la documentación que avale que Seguridad Integral Canaria pagaba las horas extra como horas extra. “No sé si la tengo”, terminó admitiendo el propietario de la sociedad también imputada en la causa. “Me imagino que tengo que tener copia, señoría, porque todo lo que presento en Hacienda lo debo tener”, añadió.

Tras tomar declaración a Ramírez, el juez acordó imponerle una fianza de 35 millones de euros, tanto para el presidente de la compañía como para el actual administrador, Héctor de Armas, también imputado en la causa, que investiga el supuesto fraude fiscal -cifrado en 21 millones de euros- en el que ha incurrido la empresa entre 2008 y 2013. El juez Alba Mesa ha reactivado la investigación después de que su antecesora llevara meses con el proceso paralizado. Los informes de la Agencia Tributaria han acusado a Seguridad Integral Canaria de falsear la realidad contable de la compañía por medio del cambio de conceptos económicos. En concreto, los inspectores de Hacienda han señalado a la mercantil porpresentar como dietas conceptos salariales que están sujetos a retención, lo que habría provocado que la compañía eludiera el fisco. En su declaración en sede judicial, el inspector de la Agencia Tributaria calificó de "estratosféricas" las dietas que abona la empresa.

23 de diciembre de 2015

CASTELLÓN: Detenidos por amenazar de muerte a los vigilantes de un centro comercial tras un robo

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de amenazas, tras encararse con el equipo de seguridad de un centro comercial de Castellón amenazando de muerte a los vigilantes cuando éstos sorprendieron a una mujer de la familia hurtando mercancía.

Los agentes fueron alertados a través de la Sala 091 para que acudiesen a uno de los centros comerciales de la ciudad, donde la familia de una mujer que acababa de ser sorprendida cometiendo un hurto estaba discutiendo con los vigilantes de seguridad, según han informado fuentes policiales. A su llegada, los agentes interceptaron a los ahora detenidos en la puerta de la gran superficie cuando abandonaban el lugar.

Ya en el interior averiguaron que en la discusión de la que dio aviso el 091 participaron unos seis familiares de la mujer que intentó hurtar la mercancía. Los ahora detenidos fueron quienes intentaron agredir a los miembros del servicio de seguridad y al ver que éstos avisaban a la policía, les amenazaron de muerte e intentaron marcharse. Ante lo ocurrido, los agentes detuvieron a estas dos personas como presuntas autoras de un delito de amenazas. Los detenidos, de 20 y 47 años, cuentan con antecedentes policiales y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. EFE

Reunión Comisión Paritaria. Mesa Negociadora del Convenio.


El pasado martes se ha reunido la Comisión Paritaria, para aprobar algunas modificaciones al recientemente firmado Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Seguridad Privada. Dichas modificaciones son:


.- La incorporación de un nuevo párrafo al art. 14 del convenio sobre las subrogaciones de empresas en el sector. “Tanto la empresa cesante como la cesionaria tendrán la obligación de mantener las condiciones del Convenio Colectivo Estatal”. Y no aprovecharse de un posible convenio de empresa que empeore las condiciones laborales de los subrogados.

.- La incorporación de la Disposición Transitoria Tercera eliminada en su aprobación.

Todos los comparecientes de la Paritaria. Patronales y Sindicatos, mostraron su conformidad con los preacuerdos adoptados en el Observatorio de la Seguridad Privada a excepción de la patronal FES, que se opuso a las modificaciones propuestas, por entender que limitan derechos reconocidos por la legislación vigente, y que se encuentran pendientes de sentencia en la Audiencia Nacional.


CÁDIZ: Dos detenidos mientras robaban en una empresa de transporte en Jerez

Según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado, la Sala Operativa del 091 recibió una llamada de los vigilantes de seguridad del citado polígono comunicando que en el interior de las instalaciones de una empresa de transportes se estaba produciendo un robo.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntos responsables de un robo con fuerza tras ser sorprendidos cuando se encontraban en el interior de las instalaciones de una empresa de transportes ubicada en el Polígono Empresarial de Jerez. Así, hasta el lugar de los hechos se desplazó un indicativo policial que, junto con el vigilante de seguridad, se adentraron en las instalaciones, observando que en el interior de una de las naves industriales se estaban produciendo golpes y ruidos, por lo que solicitaron apoyo de otros efectivos policiales. Seguidamente, revisaron el perímetro exterior del edificio, localizando una de las entradas del muelle de carga reventada y forzada. Además, desde esa posición pudieron observar a dos hombres que se encontraban desmontando y desvalijando los camiones y turismos estacionados en el interior.

Por su parte, los presuntos ladrones también se percataron de la presencia policial, huyendo uno de ellos para por una puerta lateral que también habían fracturado sin que pudiera ser alcanzado. No obstante, uno de los autores se vio cercado en el interior y optó poresconderse en el hueco del elevador del muelle de carga, donde fue localizado y detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Además, los agentes también intervinieron varias herramientas utilizadas por los detenidos y localizaron en las inmediaciones una furgoneta que los autores tenían preparada para cargar efectos robados y huir del lugar. Posteriormente, pudieron recabar en el lugar de los hechos indicios y pruebas que permitieron determinar la identidad del presunto autor huido, siendo localizado y detenido a las pocas horas.

22 de diciembre de 2015

El TS anula el pacto que permitió a Seguridad Canaria no aplicar el convenio

Alternativa Sindical calcula en 6 millones el impacto del fallo del Supremo

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado nulo el acuerdo al que llegó Seguridad Integral Canaria con parte de su plantilla para apartarse del convenio colectivo del sector de la seguridad privada en España y reducir las retribuciones de todos sus trabajadores desde 2012 hasta 2014.

El Supremo confirma así la sentencia dictada hace dos años por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló ese descuelgue del convenio por haberse firmado con un comité sin capacidad para representar al conjunto de los trabajadores y sin abrir una verdadera negociación con la plantilla. Perteneciente al grupo de empresas de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Seguridad Integral Canaria es responsable de la seguridad privada de numerosos organismos públicos en el archipiélago, pero también de tres líneas de Metro de Madrid y de varios edificios del Patrimonio Nacional. En 2012, la compañía informó a los sindicatos de que su facturación estaba sufriendo una merma del 13 % debido a las negociaciones a la baja que estaban realizado las administraciones públicas y a los impagos que sufría por parte de varios clientes. Como consecuencia de ello, les propuso dejar de aplicar a sus vigilantes el convenio colectivo nacional de la seguridad privada y reducir sus retribuciones por varias vías.

Finalmente, llegó a un acuerdo con uno de los comités de la provincia de Las Palmas para mantener la plantilla, pero a cambio eliminar los pluses de nocturnidad, festivos, Nochebuena, fin de año e incapacidad laboral y elevar la jornada a 184 horas mensuales. Además, la empresa transformó el 17 por ciento del sueldo fijo de sus empleados en un complemento de productividad que solo cobrarían si trabajaban las 184 horas fijadas cada mes, de modo que el salario base de sus vigilantes pasaba a ser de 726 euros mensuales. Ese descuelgue del convenio era aplicable a toda la plantilla de la provincia de Las Palmas y a los empleados de los centros de trabajo de otros lugares de España que no tuvieran representantes laborales (delegados de personal o comité de empresa propio).

En su recurso ante el Supremo, Seguridad Integral Canaria defendía que la situación económica de la empresa justificaba legalmente las medidas que tomó para apartarse del convenio colectivo y reducir sus costes laborales. Sin embargo, la Sala le recuerda que el TSJC no entró a valorar tales motivos, sino que declaró nulo el acuerdo por no ajustarse a las exigencias legales de negociación con la plantilla, como habían denunciado USO, UGT, Intersindical y Alternativa Sindical.

El Supremo recuerda que el TSJC declaró probado que ese descuelgue del convenio solo se negoció con un comité que no podía representar a la totalidad de la plantilla y, dentro de ese comité, solo con los delegados de una candidatura independiente de trabajadores, dejando al margen al vocal de CCOO. También subraya que, a juicio del TSJC, "no existió un verdadero período de consultas, sino una mera apariencia de negociación, sin contenido real". Para el Alto Tribunal, esa conclusión no es "una mera apreciación subjetiva", sino el resultado de las pruebas practicadas durante este litigio entre Seguridad Integral Canaria y los sindicatos.

Alternativa Sindical Los 2.000 trabajadores de Seguridad Integral Canaria en la provincia de Las Palmas podrán recuperar más de seis millones de euros de retribuciones que dejaron de percibir entre 2012 y 2014, tras descolgarse la empresa del convenio nacional por un acuerdo que ha anulado el Tribunal Supremo, según Alternativa Sindical. El coordinador delegado del Alternativa Sindical, trabajador y miembro del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria, Sergio Hernández, ha considerado hoy a Efe "un gran logro" esta sentencia tras casi dos años "peleando por el descuelgue ilegal de esta empresa", como ha reconocido ahora la Sala de lo Social del Supremo. Se trata de una "gran victoria" porque cada trabajador recuperará entre 300 y 400 euros que se le descontaban mensualmente en la nómina, al tiempo que "un gran logro por el gran miedo que existe hace el empresario de esta empresa", ha afirmado Hernández.

El representante de Alternativa Sindical, que es el cuarto sindicato en importancia en el sector de seguridad en España, ha informado además de que están pendientes de que el Supremo dicte sentencia sobre el recurso presentado contra el convenio colectivo, aprobado en mayo del 2013. Este convenio ha sido anulado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque fue suscrito, en lo que respecta a la parte de los trabajadores, en su mayoría por mandos intermedios y la propia empresa, ha indicado Hernández. En caso de que el Supremo mantenga la tesis del tribunal canario, los trabajadores podrán recuperar una cantidad económica similar, ya que la empresa aprobó el citado convenio, que supone un nuevo descuelgue del nacional, en las mismas condiciones establecidas que en el acuerdo ahora anulado por el Supremo, asegura Hernández.

Real como la vida misma



21 de diciembre de 2015

Los vigilantes de los Media Distancia denuncian la supresión de su servicio


El servicio de seguridad de todos los trenes regionales de Andalucía se coordina desde Córdoba Hasta 11 trabajadores irán al paro 


Los trabajadores de la empresa Ilunion, encargada de la seguridad en los trenes de Media Distancia de Renfe, denunciaron ayer que a partir del 1 de enero del año que viene dejarán de prestar su servicio. El secretario general de Construcción y Servicios de CCOO, Andrés Pozuelo, criticó que Renfe deje sin seguridad todos los trenes de Media Distancia y regionales de Andalucía lo que supondrá, añadió, un perjuicio para miles de pasajeros al día. Para Pozuelo, este acto no es más que una "discriminación" para los viajeros de Andalucía, ya que dicha supresión no se llevará a cabo ni en otras comunidades ni en los trenes de larga distancia. 

Desde Córdoba se coordina este servicio de seguridad para toda Andalucía -los trenes pasan también por Jaén, Sevilla, Cádiz y Málaga- y emplea a 11 trabajadores que ahora temen por sus puestos laborales. Para el representante de CCOO, eliminar la seguridad en estos vehículos supone una "incoherencia" por parte del Gobierno y los responsables de las empresas públicas que conceden el servicio. Más aún, especificó el sindicalista, con el estado de "tensión y alerta" que se vive en estos momentos de auge del "terrorismo yihadista". Por ello, Pozuelo se preguntó si en Andalucía este riesgo es distinto al que existe en el resto de España. 

Desde el comité de empresa habló Antonio Montes, quien recordó que en enero se decretó el estado de alerta nivel tres que ascendió a cuatro en junio, y que ha estado a punto de alcanzar la máxima -cinco- tras los atentados de París. Montes reiteró esa "discriminación" hacia Andalucía y apuntó que sin el servicio, el pasajero se queda sin ningún filtro de seguridad. Cabe recordar que en trenes de larga distancia, como AVE o Avant, todos los pasajeros tienen que pasar su equipaje por una cinta detectora de metales, algo que no ocurre en los regionales. 

Otro de los trabajadores de la empresa, Antonio Dueñas, desgranó las situaciones más comunes que suelen ocurrir en estos trenes. Desde agresiones hasta intentos de suicidio e incluso casos de violencia de género, donde "la primera fuerza de seguridad somos nosotros", recordó. Dueñas añadió también el hecho de que muchos pasajeros se suben sin billete -está permitido porque se puede comprar en el mismo tren-, pero en ocasiones surgen tensiones con los interventores encargados de comprobar los bonos. 

Según explicaron los trabajadores, desde la empresa aún no se les ha aclarado nada, por lo que están "en vilo" a la espera de conocer si finalmente la supresión se llevará a cabo. Lo que sí se les ha comentado es que las órdenes "vienen de Madrid" y que hasta hace poco se exigía por ley el servicio, pero ahora eso ya no pasa. Hasta 150 trenes diarios, puntualizaron, pasan por Córdoba, lo que convierten a la ciudad en uno de los puntos neurálgicos de Andalucía en cuanto a transporte de viajeros. Algunos de los trabajadores lleva más de 20 años en la empresa y comentaron que es la primera vez que este servicio -que también afectaría a Rabanales- se queda sin seguridad.

20 de diciembre de 2015

Rajoy defiende la labor de sus escoltas al recordar que «me han protegido muy bien» durante todo el tiempo

Rajoy es un vip. Es como llaman los agentes encargados de la seguridad a las personalidades de más rango. «Después del rey es la segunda persona con mayor protección pública de España», explica un escolta consultado. Proteger a Rajoy no es un juego. Nada queda en manos del azar. El problema es que la cuadriculada partitura a la que han de ajustarse los escoltas se complica en campaña.

Lo hace porque, como explican fuentes consultadas, el presidente es el que manda y es él quien quiere acercarse a la gente. Y más ahora en la época en la que el selfie es moda. La improvisación que hay en campaña también juega en contra. Eso es lo que admitió el jueves el propio presidente al defender la labor de sus escoltas. «Me han cuidado muy bien», explicó acallando de esa manera los rumores de un supuesto fallo de seguridad. Con todo, el incidente del miércoles por la tarde en Pontevedra ha provocado que tanto la Moncloa como el Ministerio del Interior hagan examen de conciencia y repasen los protocolos de protección del jefe del Ejecutivo.

Tras revisar el vídeo de los hechos con expertos en la materia, estos también concluyen que no ha habido fallos. «Todo estaba perfectamente blindado. Lo del miércoles habría que dejarlo en una anécdota, porque estas cosas pueden pasar. No hay más que recordar a Julio César», añaden. Y en esa línea se expresó Rajoy. «Resulta imposible evitarlo», dijo en referencia al suceso.

Más rotación en campaña El equipo encargado de proteger al presidente del Gobierno está formado por unas sesenta personas que pertenecen a la Guardia Civil y a la Polícía Nacional y que van rotando por turnos. Depende de la salida puede ir a compañado de cuatro, seis, siete, ocho o diez escoltas dependiendo del acto, comentan fuentes consultadas. «Durante la campaña suele haber más rotación», apuntan. El que manda todo el operativo es el jefe de cápsula, el escolta que está más cerca del vip. El resto de agentes van distribuyéndose en círculos a su alrededor. Además, hay otro grupo de agentes de avanzadilla que comprueban todos los lugares por los que va a pasar durante el viaje. Estos suelen llegar ya un día antes. Donde hay varias personalidades juntas, es el equipo de la persona de más rango el que toma el mando de todo el operativo. Eso es lo que ocurrió el miércoles en Pontevedra.

«O te acercas al presidente o te vas, pero no te quedes en medio» Cuatro escoltas del presidente del Gobierno a menos de dos metros de sus pasos y otros tres vigilando a distancia realizaron la coreografía de vigilancia alrededor de Mariano Rajoy durante las dos horas y media que dedicó a sus paseos del miércoles por Vigo y Pontevedra. A sus esfuerzos por controlar los centenares de personas que se acercaron al presidente en los 1.843 pasos que dio en ambos recorridos, se sumaron los dos escoltas de la ministra Ana Pastor, uno junto a la candidata y otra en el llamado tercer círculo, desde el que acuden a sus protegidos en caso de incidente y vigilan a los que se acercan al foco de atracción. En ese mismo círculo también estaban situados los dos policías autonómicos que de paisano escoltan al presidente de la Xunta. Once efectivos en total, sin contar con los miembros de la brigada de información de la guardia civil y agentes de la policía nacional que desde distintos puntos seguían toda la escena por las calles más concurridas de ambas ciudades.

Los primeros esfuerzos de los escoltas se centraron en intentar evitar la aproximación de la prensa al presidente, pero ese cordón lo rompió el propio Rajoy en su primer minuto en Vigo al aceptar preguntas. Al abrir ese espacio, el aspirante a la reelección dejó claro a sus escoltas que quería el máximo acercamiento posible. Aceptó absolutamente todos los selfie que le fueron solicitados, extremando sus escoltas el control ante los más jóvenes. «O te acercas al presidente o te vas, no te quedes en medio», era la frase que más repetían los miembros de seguridad del primer círculo ante los que con teléfono en mano no se atrevían a superar la invisible barrera de control. Tener esa franja libre para verse entre los miembros del primer círculo de seguridad impulsaba esa exigencia, tan nítida como contar con espacio para desplegar el portafolio antibalas, que no sirvió de nada para parar el fatídico puñetazo, que acabó por eliminar libranzas y reforzar equipos de escoltas del propio presidente y de altos cargos del Gobierno.

FUENTE: lavozdegalicia.es AQUÍ

Actualización de tablas salariales


19 de diciembre de 2015

VIGO: La Policía Nacional desarticula una trama que acreditaba cursos a vigilantes de seguridad

A Coruña, 19 dic (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Vigo una trama que certificada cursos de formación a vigilantes de seguridad de la provincia y ha imputado a la directora de un centro de formación y a tres responsables de una empresa de seguridad por los presuntos delitos de falsificación en documentos oficiales. La investigación comenzó a mediados del pasado mes de febrero con la denuncia de un vigilante de seguridad, que al finalizar su relación laboral con la empresa comprobó que tenía certificado un curso sobre seguridad en eventos deportivos y espectáculos públicos del año 2013 que no había realizado, informan fuentes del Ministerio del Interior.

En el transcurso de las pesquisas, otros dos vigilantes denunciaron tener certificados varios cursos que no habían hecho, por lo que la Unidad de Seguridad Privada inició una investigación más amplia e interrogó a una treintena de personas para verificar posibles irregularidades por parte del centro de formación y de la empresa de seguridad para la que trabajaban todos los afectados. Esta cartillas las expide la Dirección General de la Policía y son propiedad de los vigilantes, si bien en el momento que entran a formar parte de la plantilla de una empresa se le entregan a esta en régimen de depósito.

El responsable de la entidad deberá anotar en ellas las diferentes situaciones administrativas del vigilante, así como los cursos de formación o actualización que este realice o reciba, y cuando finaliza la relación laboral se devuelve a su propietario, añaden las mismas fuentes. Finalmente, los agentes remitieron al Juzgado de Instrucción número 1 de los de Vigo un total de 17 cartillas profesionales presuntamente falsificadas, lo que permitió imputar a cuatro personas por un supuesto delito de falsificación de documentos oficiales, a la directora del centro de formación como autora material de los hechos y los otros tres responsables de la empresa de seguridad como cooperadores necesarios. Además, la Unidad de Seguridad Privada solicitó diversa documentación y descubrió que la empresa de seguridad había utilizado bonificaciones en el abono de sus cuotas a la Seguridad Social por la formación ficticia recibida por los vigilantes.

Los agentes comunicaron todo ello a las autoridades por si el Servicio Público de Empleo Estatal o la Inspección de Trabajo condenasen a la empresa a la devolución de las cantidades bonificadas, así como a cumplir las sanciones económicas correspondientes. Como resultado del estudio de toda la documentación requerida al centro de formación, los investigadores averiguaron también que este había expedido dos diplomas a una persona de Murcia para que se presentase a las pruebas de vigilante de seguridad, si bien toda la formación se había realizado en la modalidad "a distancia", algo prohibido por la normativa de seguridad privada. EFE