Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de julio de 2018

ALMERÍA: La Universidad adjudica de nuevo el servicio de seguridad a Grupo Control

La Universidad de Almería, que se encuentra inmersa en las celebraciones por sus 25 años de vida, ha vuelto a adjudicar el servicio integral de seguridad en sus instalaciones a Grupo Control.

La institución académica renueva de esta forma su confianza en Grupo Control para que continúe asumiendo el servicio de seguridad, tanto en las dependencias del Campus de La Cañada, como en otros edificios de la UAL repartidos por diferentes puntos de la provincia de Almería. La relación entre la empresa de seguridad y la UAL se inició en 2005, el año de los Juegos Mediterráneos. Desde entonces, y de manera ininterrumpida, la UAL ha confiado en Grupo Control el servicio de seguridad que, además del campus, abarca las instalaciones que se encuentran en la calle Gerona de Almería capital, la finca experimental UAL-Anecoop, o el centro Blanquizares de Villaricos.

El objetivo de la seguridad en la UAL reside en la protección de los bienes e inmuebles de las instalaciones tuteladas, así como de la seguridad de los trabajadores y usuarios de estos espacios públicos. Además la seguridad se refuerza con la presencia de vigilantes de seguridad en las instalaciones de la UAL. Miguel C. Luengo, jefe de seguridad de Grupo Control, señala que “para nosotros es un honor gestionar el servicio de seguridad en la Universidad de Almería, una institución indispensable para la provincia, que lleva 25 años formando a personas y creando futuro en Almería. Nuestro compromiso es máximo con esta institución, pues ha resultado clave en la evolución de la provincia y nos enorgullece haber contribuido de alguna forma en ese logro”. Grupo Control, empresa de seguridad fundada en 1986, ha consolidado su presencia en el ámbito estatal, donde está presente en todas las capitales de provincia en España. Sobresale su liderazgo en Andalucía como la empresa de seguridad privada más importante de su sector con sede social en esta Comunidad Autónoma.

Circular Julio 2018 de SPV en Securitas Sevilla


30 de julio de 2018

Fundación Deporte & Desafío y Fundación Prosegur completan su primer Camino de Santiago inclusivo

Resultado de imagen de fundacion prosegurLa Fundación Deporte & Desafío y la Fundación Prosegur han llevado a cabo, durante la primera semana de julio, su primer Camino de Santiago inclusivo, según informan ambas entidades.


La Fundación Deporte & Desafío y la Fundación Prosegur han llevado a cabo, durante la primera semana de julio, su primer Camino de Santiago inclusivo, según informan ambas entidades. Así, voluntarios Prosegur y participantes con discapacidad de la Fundación Deporte & Desafío se han convertido en peregrinos para recorrer juntos más de 100 kilómetros hasta llegar a la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Con la población lucense de Brea como punto de partida los participantes han vivido una experiencia marcada por la ayuda mutua y la superación de las propias limitaciones. Tras cinco jornadas de convivencia han logrado cumplir el reto marcado por ambas entidades de llegar a Santiago impulsando una sociedad más inclusiva para las personas con habilidades diferentes.

La empleada de Prosegur, Isabel Franco, ha destacado sobre su participación en el Camino de Santiago inclusivo la gratificación que ha sentido al participar en esta iniciativa que ha sido "una lección de fuerza, de vida y de superación". La Fundación Prosegur y la Fundación Deporte & Desafío retomarán después del verano su calendario de actividades inclusivas, como la próxima cita de geocaching en Barcelona (6 de octubre), o las jornadas de Ecosenderismo que se desarrollarán en Madrid (20 de octubre) y Tenerife (17 de noviembre).

La policía confirma la detención del violador de El Dueso en Senegal

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades senegalesas, han detenido a Guillermo Fernández Bueno, el preso fugado de la prisión cántabra de El Dueso hace una semana, ha sido detenido en Senegal, según han confirmado fuentes de la investigación.

Fernández Bueno cumplía condena en la cárcel de El Dueso por violar y asesinar en una cafetería de Vitoria a una empleada de la limpieza en el año 2000. Y cuenta con otra condena de nueve años por otra agresión sexual cometida antes. Este recluso salió de la cárcel de El Dueso en Santoña para disfrutar de un permiso de una semana que se le había concedido pero el domingo día 21,cuando concluían los siete días, no regresó a la prisión. Para ello, se facilitó a las unidades de ambos cuerpos, también las especializadas en violencia contra la mujer, y sus patrullas la fotografía y la descripción del recluso para "estar atentos" por si le viesen al algún lugar, tanto en Cantabria como en el resto de autonomías.

Igualmente se hizo pública la imagen de este recluso para que, si algún ciudadano los viese, avisase a la Policía Nacional a través del teléfono 091 o del correo electrónico fugitivos@policia.es, a la Guardia Civil en el 062 o a los servicios de emergencias (112). Además, desde el jueves de la pasada semana está activa una orden internacional de detención a través de la cual se ha pedido la colaboración de los cuerpos de seguridad de otros países.

Situaciones comprometidas en el trabajo que pueden ser causa de despido

Ciertas actuaciones como degustar productos de la empresa o regalar alimentos a clientes y que no estén estipulados en el convenio colectivo pueden terminar en un despido disciplinario del trabajador.


¿Puedo comerme un pincho si trabajo en un bar? ¿Y regalar alimentos en mal estado si lo hago en un supermercado? Castigar éstos y otros supuestos similares dependerá de si este tipo de actuaciones están recogidas como una posible sanción de una forma explícita o implícita dentro de lo recogido en el convenio colectivo o en la normativa interna. No obstante, la existencia de un incumplimiento laboral grave del trabajador no determina automáticamente la extinción del contrato, sino que simplemente habilita al empresario para poder extinguir el mismo de forma unilateral mediante un despido disciplinario.

Tolerancia empresarial Según se recoge en el Memento Despido, el empresario puede tolerar la conducta del trabajador o limitarse a imponer sanciones de menor gravedad que el despido, si están previstas y admitidas por el convenio colectivo aplicable. Si existe una situación de tolerancia empresarial previa, el empresario no puede contradecir sus propios actos, practicando un despido sorpresivo, cuando anteriormente venía admitiendo sin problemas la conducta irregular del trabajador.

Por tanto, cuando existe una costumbre de tolerancia con determinadas conductas del trabajador, no es posible sancionarlas si previamente no se hace una advertencia al mismo de que dicha situación de tolerancia ha de entenderse finalizada, de manera que ha de calificarse como improcedente un despido que sancione por primera vez y sin advertencia previa la conducta de un trabajador que era conocida por la empresa y se había desarrollado durante largo tiempo sin conllevar reacción alguna por parte de la misma. No obstante, para que la actuación empresarial pueda apreciarse como una actitud permisiva de tolerancia debe tener suficiente consistencia para que, a partir de la misma, sea deducible una voluntad de admitir como no sancionables determinados incumplimientos contractuales.

Vigilante de aeropuerto que coge un helado de un bar cerrado La sala de lo social del TSJ de Baleares ha estimado que el hecho de que un vigilante de seguridad, que tiene encomendada la custodia de los bienes de una empresa, coja un helado de la nevera de una cafetería cerrada, sin intención de abonar su importe, constituye un incumplimiento contractual grave que justifica la imposición de la máxima sanción. El tribunal basa su decisión en que la categoría profesional del demandante y las funciones que tenía asignadas eran, entre otras, las de prevenir y evitar actos como el que realizó. El hecho de que el guardia de seguridad decidiera abonar más tarde el helado, al ser descubierto, no quita importancia al acto.

Despedida por robar en un supermercado de la misma cadena El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de una cadena de supermercados que ha despido a una de sus trabajadoras tras ser sorprendida robando productos en otro establecimiento de la misma empresa fuera de su jornada laboral. El hecho de que un trabajador pueda incurrir en alguna actuación ilegal fuera de su jornada y puesto laboral debería quedar al margen de la potestad disciplinaria del empresario. Sin embargo, en este caso, esta trabajadora se apropió de productos en un supermercado de la empresa. Por esa razón, en este caso, no sólo queda demostrado que se está causando un perjuicio económico directo a la compañía, sino que además compromete la situación de los trabajadores que prestan servicio en el establecimiento en el que estaba hurtando, por verse obligados a enfrentarse a una compañera de su misma empresa.

Coger comida y pagar al día siguiente El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado el recurso de una empresa y ha considerado procedente el despido de una trabajadora de un supermercado que, una vez terminada su jornada laboral, cogió determinados productos y decidió abonarlos al día siguiente, al afirmar ésta que las cajas estaban cerradas. En este caso, el tribunal apunta que existía un aviso expreso que indicaba a los trabajadores del turno de tarde que debían pagar lo que quisieran llevarse antes de comenzar el horario laboral, aunque este tipo de actuación pudiera ser una costumbre entre los trabajadores y que muchos actuasen como lo hizo la persona despedida. Cabe descartar que la empresa demandada amparó dichas actuaciones, al desconocer tal práctica.

Regalo de una pescadilla "caducada" El Supremo ha declarado firme una sentencia que proclamó improcedente el despido disciplinario de una gerente de la sección de pescadería de un supermercado que regaló a una clienta una pescadilla que iba a tirar a la basura. La empresa consideró que la dependienta había incumplido el convenio colectivo que contempla el robo, hurto o malversación, sea cual fuere el importe, la apropiación indebida de productos destinados a la basura o promoción. La trabajadora admitió los hechos y reconoció que actuó de ese modo para aprovechar el producto y evitar que se acabara tirando. Tanto el juzgado de lo social de Barcelona, como después el TSJ de Cataluña, entendieron improcedente el despido por considerar que no existió hurto, malversación ni apropiación indebida.

Desaparición de seis kilos de cochinillo Un tribunal consideró procedente el despido aplicado al caso de una gerente del área de carnicería de un supermercado que regaló a un cliente seis kilos de cochinillo, tratando seguidamente de ocultar esa misma actuación anotando que el producto entregado había sido retirado de la venta por no ser apto para el consumo, cuando no era así. Por otro lado, la trabajadora despedida decidió, unilateralmente y sin consentimiento ni conocimiento de la empresa, poner los productos de una bandeja de producto cárnico con fecha de venta cumplida, y por tanto no apta para la comercialización, en el mostrador, mezclándolos con otros productos semejantes para ocultar tal circunstancia.

Readmisión por comerse una empanadilla Una empresa decidió despedir a una trabajadora por consumir productos destinados a la venta al público -una empanadilla- durante el transcurso de su jornada laboral sin abonar el importe correspondiente, al entender que existía una apropiación indebida, así como un incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento para manipuladores de alimento. El juzgado inadmitió el visionado de las cámaras ocultas posicionadas por no haber sido precedidas de previo aviso a la trabajadora, aplicando así la doctrina del TJUE sobre el uso de cámaras en los centros de trabajo y su aviso, dictada en el caso de unas empleadas de supermercado que fueron captadas por una cámara oculta, cuya existencia desconocían, mientras robaban alimentos.

CANARIAS: La seguridad privada del HUC resuelven con efectividad un conato de agresión en el servicio de urgencias

La intervención de personal de seguridad privada del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y de la Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna resultó fundamental para que ni personal del centro ni otros usuarios del servicio de Urgencias sufrieran agresiones durante la madrugada del pasado sábado.

Los hechos ocurrieron en torno a las 6:00 horas en el citado departamento del complejo hospitalario. Un hombre de 39 años de edad, conocido en el referido centro sanitario porque es un paciente con una enfermedad mental que ha tenido varios ingresos, acudió con un carro de la compra lleno de diferentes herramientas y con el objetivo de que se le atendiera porque tenía una crisis.

En un determinado momento, el varón, que es vecino del Puerto de la Cruz, sacó un formón y se puso algo agresivo. En ese momento, un vigilante le pidió que lo guardara, si no quería que llamara a la policía. Ante la actitud del citado ciudadano, los trabajadores de la empresa de seguridad decidieron requerir la presencia de una patrulla de la Policía Nacional. Los citados agentes comprobaron que en el interior del carro de la compra había también un destornillador, el disco de una radial o un martillo, entre otras cosas.

Ante esa circunstancia, los funcionarios del cuerpo de seguridad optaron por retirarle todas esas herramientas y trasladarlas hasta la Comisaría de la calle Nava y Grimón, con la condición de que si presentaba facturas originales de la compra de las mismas, se las devolverían. Supuestamente, este mismo paciente psiquiátrico ya ha tenido otros episodios violentos de carácter leve con personal del citado hospital. El problema de las agresiones a personal sanitario o médicos en centros de salud, centros de atención especializada u hospitales preocupa seriamente a muchos profesionales.

Los empleados de Mercadona la lían al compartir imágenes de clientes en WhatsApp

Sospechosos de cometer un robo en un Mercadona. Con eso vale para que varios empleados de Mercadona hayan cometido la imprudencia de vulnerar presuntamente varios derechos fundamentales. Se dedican a mover en grupos de WhatsApp de trabajadores las fotos de ladrones o sospechosos de pequeños hurtos en las tiendas

 Las imágenes han sido tomadas de las cámaras de seguridad y se utilizan contraviniendo todas las normas de la Ley de Protección de Datos, incluso de Seguridad Privada. Una práctica que un extrabajador de Juan Roig ha denunciado a MERCA2 y cuyo efecto podría traer graves consecuencias a la empresa con la mayor cuota de mercado de España (casi un 25%), responsable en última instancia de estos hechos. Al parecer, “cuando existe la sospecha por parte de Mercadona de que alguien está robando o ha cometido un hurto, la compañía pide las imágenes a la empresa de seguridad privada”, denuncia de forma anónima un antiguo trabajador de la compañía. Una vez en poder del jefe de tienda de la cadena, estas se difunden en el grupo de WhatsApp de los trabajadores. Una práctica que rompe la cadena de custodia de cualquier operativo de seguridad privada.Imágenes de sospechosos de robo difundidas entre los empleados de Mercadona por WhatsApp.

La gran mayoría de estas imágenes muestran los rostros de las personas sospechosas entrando en el supermercado, mientras que otras reflejan a estos clientes en las cajas de cobro. No existe una frecuencia de circulación de imágenes, según el extrabajador, que revela que la última de las fotografías se pasó por el grupo el 8 de julio. A lo largo del año han sido muchas las que se compartían a través del grupo del servicio de mensajería privada. “A veces eran sospechosos y otras eran personas a las que se les había pillado cometiendo un delito”, denuncia.Imagen difundida por los empleados de una clienta sospechosa de robo entrando en Mercadona. El jefe de tienda es el que difunde las imágenes, pero la cuestión es si esta práctica se realiza bajo la orden de la propia compañía. El denunciante asegura que “es una práctica habitual” no solo en el supermercado donde trabajaba, sino también en el resto de centros de trabajo.

Sin embargo, Mercadona no se considera responsable de este problema que achacan a un error del responsable de tienda. Reconocen a MERCA2 que el encargado ha podido realizar una foto a la grabación de videovigilancia en el ordenador con su móvil y compartirla al resto de trabajadores; y sin el consentimiento de la empresa. Pero la negligencia del encargado de la tienda también es responsabilidad de Mercadona. “Todos estamos informados de que no se puede difundir, reproducir o ceder ni hacer un uso personal de las imágenes, fuera de su finalidad que es la seguridad y prevención de los delitos, y que su uso fuera del ámbito de Mercadona está totalmente prohibido”, explican fuentes de Mercadona, que aseguran que esta prohibición está recogida en Convenio Colectivo “como falta muy grave”.

¿MÁS GRUPOS DE WHATSAPP? El problema es mucho mayor de lo que parece. Mercadona cuenta con 85.000 empleados repartidos en cerca de 1.600 centros a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que podrían existir miles de grupos de WhatsApp donde circulan imágenes de ciudadanos que han cometido algún robo en un centro de la empresa o simplemente han sido calificados de “sospechosos de cometer un delito”. Eso quiere decir, además, que estas imágenes se quedan guardadas en los teléfonos privados de los empleados de la cadena de supermercados formando parte de sus álbumes digitales. Por lo que miles de trabajadores guardarían –voluntaria o involuntariamente– los rostros de desconocidos en sus terminales. Fotografías que pueden ser vistas por amigos o familiares de los empleados, incluso. Un acto que choca de lleno con el derecho al honor y a la imagen de los clientes, alerta el experto en derecho digital, Borja Adsuara. Además, vulnera la Ley de Protección de Datos y podría enfrentarse a sanciones administrativas.

REPONEDORES Y EMPLEADOS DE SEGURIDAD A LA VEZ El objetivo de esta práctica no es otro que tratar de impedir robos en el supermercado poniendo en preaviso a los trabajadores. En estos grupos de WhatsApp el jefe de tienda pasa una fotografía de los “sospechosos” acompañado de un texto como el que muestra la conversación: “roban bodega”. Además, el encargado pide a los reponedores y cajeros que persigan a estos sujetos cuando entren en el centro o que avisen al jefe de tienda para que esté alerta.Conversaciones de WhatsApp del grupo de empleados de Mercadona en las que el jefe de tienda difunde la imagen del sospechoso de hurto. Ante este curioso plan para detectar ladrones cabe preguntarse hasta qué punto es legal que Mercadona convierta a sus trabajadores en guardias de seguridad. Y la respuesta por parte de los expertos es clara: no es legal. Principalmente porque la compañía de Juan Roig ya tiene contratada una empresa de seguridad privada que ejerce esas funciones.

“Si hay delito o indicio de delito se tiene que comunicar a la Policía”, avisa el experto, quien recuerda que solo pueden tener acceso a las imágenes o vídeos se seguridad “exclusivamente las personas con responsabilidades en seguridad y que han sido autorizadas para ello”. Es decir, los trabajadores de la propia compañía de seguridad de Mercadona y, en su defecto, el encargado de tienda. Pero no toda la plantilla del centro. ¿Por qué? “Porque se considera una cesión a terceros sin autorización”, apunta. Tal y como recuerda de forma general la Agencia de Protección de Datos (AEPD) solo “el responsable del tratamiento realizado mediante cámaras, o bien el personal debidamente designado por este, pueden tener acceso a las imágenes captadas y/o grabadas”.

¿CÓMO FUNCIONA LA SEGURIDAD EN MERCADONA? Las operaciones de la seguridad privada de Mercadona están centralizadas en Valencia, donde está su sede. El modus operandi es el siguiente: cuando se produce un robo en un establecimiento de cualquier punto de España se envía desde Valencia la grabación con un código de seguridad al responsable de tienda, según explican fuentes de la firma de Juan Roig en Valencia. A partir de aquí, Mercadona responsabiliza de la ruptura de la cadena de custodia de las imágenes al responsable de tienda, que es quien las difunde por WhatsApp. Tal y como dicta la normativa, la compañía informa en sus supermercados de la existencia de videocámaras fijas. Por ello, reiteran que “cumplimos con la ley de protección de datos”.

Para la cadena de supermercados, la seguridad es importante. Recientemente presentó en un establecimiento de Toledo un nuevo sistema de seguridad, que incluye mejoras tecnológicas con cámaras que mejoran la calidad de la imagen y con reconocimiento facial para facilitar el trabajo a la Guardia Civil y la Policía si necesitase las grabaciones. Sin embargo, sus trabajadores no parecen emplear las mismas reglas. Pero curiosamente no todos sus supermercados cuentan con empleados de seguridad dentro de los establecimientos. Su presencia depende de los problemas que se puedan ocasionar en una tienda o como consecuencia de hurtos.

IMPOSIBLE ELIMINAR TODAS LAS IMÁGENES Como evidenció el caso del robo en un Eroski de Cristina Cifuentes, las imágenes o grabaciones de una cámara de seguridad no se pueden guardar. Deben ser destruidas transcurrido un tiempo legal. “Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto”, reza el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos dicta. También “prohíbe la cesión o copia de las imágenes y sonidos obtenidos de conformidad con esta Ley”.

A veces, este tiempo incluso es menor, pues se suele grabar encima de la cinta. Sin embargo, aunque las grabaciones sean borradas por la empresa de seguridad nadie puede certificar que esas mismas imágenes que los trabajadores de Mercadona tienen guardadas en sus teléfonos móviles hayan sido eliminadas. En este caso, el grupo de WhatsApp actúa como el efecto dominó. Supone una reacción en cadena que amplía el número de personas y móviles que acumulan y distribuyen estas imágenes en sus móviles. Y el problema es que una vez que se ha difundido, es muy complicado borrar hasta la última imagen.

PAMPLONA: La seguridad privada de un establecimiento de Tudela alerta a la policía de un caso de abusos sexuales

Tres detenidos por abusos sexuales a una menor

Tres jóvenes fueron detenidos en el transcurso de la madrugada de ayer por funcionarios de la Policía Local de Tudela, en la Comunidad de Navarra, por un presunto delito de abusos sexuales a una menor de edad en un bar de la capital ribera, en la que que en estos días celebra sus fiestas patronales, según la información ofrecida por la Policía Municipal de la localidad.

Los hechos tuvieron lugar aproximadamente a las 5:00 horas, cuando los empleados de la seguridad privada del establecimiento alertó a los agentes municipales de que se estaba formando un tumulto alrededor de a unos jóvenes que se encontraban en el referido local. A su llegada, los agentes de la Policía Local tudelana pudieron confirmar, gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, que tres jóvenes habían realizado tocamientos a una chica mientras se encontraban en la cola de acceso al interior del local.

Los tres fueron detenidos en las inmediaciones del bar, a pesar de que uno de ellos tuvo que ser interceptado a la altura de la calle Muro, después de haber huido de los policías locales a la carrera. La Policía Local de Tudela se puso en contacto con los padres de la menor, quienes manifestaron su intención de denunciar los hechos en la Jefatura. Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría de la Policía Foral de Tudela, donde ingresaron en los calabozos.

29 de julio de 2018

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Seguridad privada para proteger el Portico de la Gloria


El Pórtico se reabre hoy al público tras 5 años

Dos vigilantes de seguridad evitarán que se toque en ningún momento el pórtico y se encargarán de que estas normas se cumplan a rajatabla.

El pórtico de la Gloria se reabre hoy al público, tras cinco años sin ver pasar a sus pies al pueblo llano. El último programa de visitas a la obra del maestro Mateo se puso en marcha el 13 de marzo del 2013. Aunque, con tres diferencias sustanciales respecto a ahora: en esta ocasión son gratuitas, no se puede hacer reserva (se entrará por orden de llegada a la escalinata del Obradoiro, en grupos de 25 personas) y el monumento ya no está cubierto por andamios. Es decir, por primera vez se podrá disfrutar de la policromía recuperada en todo su esplendor. Además, no habrá un servicio de guía, pues pretende que sean recorridos ágiles -de no más de 15 minutos- para que puedan vivir esta experiencia cuantas más personas mejor, entre las ocho de la mañana y las diez de la noche. Un folleto y un vídeo explicativo servirán para poner el contexto la monumental obra, que cuenta con más de 200 figuras de granito, más vívidas que nunca, después de diez años de minuciosa restauración.

No se podrá entrar con mochilas, bastones, bolsas ni sacar fotografías Las personas que se pongan a la cola para realizar las visitas al pórtico de la Gloria de aquí al 20 de septiembre han de tener en cuenta que no está permitido acceder con mochilas, bastones de peregrino, bolsas ni paraguas. Está prohibido, asimismo, hacer fotografías o vídeos, utilizar el teléfono móvil en el entorno del conjunto escultural e introducir comida. Dos vigilantes de seguridad evitarán que se toque en ningún momento el pórtico y se encargarán de que estas normas se cumplan a rajatabla.

Además, el Cabildo y la Fundación Catedral se reservarán los derechos de admisión y cierre del espacio, así como el de cancelación de la actividad por causas justificadas. De entrada, se ha anunciado que se suspenderán las visitas durante el culto en el altar mayor y de haber unas condiciones meteorológicas adversas (extrema humedad o calor) que puedan poner en riesgo la conservación de la obra, que tanto podrían durar minutos como días.

GRANADA: Los robos más mediáticos cometidos en los últimos diez años

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Conductos de aire acondicionado para entrar, butrones, alarmas, uso de dinamita... así han sido estos ocho golpes


Sólo en el pasado año se registraron en Granada 648 robos con fuerza, asaltos a establecimientos, porque si se tienen en cuenta los efectuados en domicilios la cantidad ascendería a un total de 1.899.

La mayoría de golpes, salvo los efectuados en viviendas, se dirigen contra bares o comercios principalmente, pero los hay que destacan por el botín conseguido, por el 'modus operandi' empleado o por la complejidad para llegar al sitio donde se guarda el dinero. Este reportaje muestra una selección de los ochos golpes más 'populares' registrados en la geografía granadina en la última década. La mayoría de sus autores han pasado o siguen en prisión. Ahora sólo falta 'cazar' a los autores del último gran robo.

Atravesaron tres locales para llegar a la Caja Rural La sucursal de empresas de la Caja Rural en el Polígono de Juncaril tiene una caja fuerte acorazada que se convirtió en objetivo de unos ladrones el 27 de febrero de 2017. Para llegar a la misma dejaron un reguero de destrozos importante. Los ladrones idearon todo un recorrido espectacular para entrar en la entidad de crédito a través de otros locales. Los malhechores atravesaron tres habitáculos antes de llegar a la caja fuerte. Primero, entraron por el techo de un local vacío. Al mismo pudieron entrar colándose por los conductos del aire acondicionado que unen el suelo de un garaje con la parte superior de este local que hace unos años fue sede de una sucursal del Banco Popular y en aquel entonces estaba vacío. Una vez dentro, comenzaron a golpear con una maza de hierro la pared de una asesoría -Ruiz y Sancho. No sólo eso. Los ladrones se vieron obligados a hacer músculo en este local porque necesitaron otro butrón para acceder al establecimiento previo que lindaba con el banco. Un butrón para entrar y otro para salir. Llegaron a un local utilizado de almacén donde se apilaban varias estanterías de hierro con documentos. Los cacos aún no habían terminado su «trabajo», volvieron a sacar la maza de hierro porque aún le quedaba la pared del banco. Para entrar hicieron dos butrones en sitios distintos. Una vez en el banco, no pudieron reventar la caja.

Cajeros automáticos reventados con dinamita La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticularon en Málaga una banda dedicada a reventar cajeros automáticos con explosivos que actuaban tanto en la provincia malacitana como en la de Granada. Los detenidos son cinco personas, cuatro afincadas en Málaga y una en Madrid, y se les imputaron doce robos, cuatro de los cuales se registraron en Ogíjares, Polígono de Juncaril (Albolote), Mercagranada y La Herradura, siete en Málaga y uno en Madrid. Los servicios de las policías judiciales de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Granada pasaron exhaustivos informes a los investigadores malacitanos sobre el «modus operandi» que solían presuntamente emplear, que en los tres primeros robos coincidían por lo general: usaban explosivos sólidos, elegían cajeros de BMN -salvo en el robo de Juncaril, donde asaltaron una oficina del Banco de Santander- ubicados en polígonos industriales y siempre próximos a una salida rápida por la autovía. Para perpetrar los robos empleaban dos modalidades distintas: la primera consistía en usar una mezcla de gases inflamables y en la segunda optaban por elementos explosivos como la dinamita. Al menos, tres de los cuatro asaltos registrados en Granada se efectuaron con explosivos sólidos. Los hechos son del año 2015.

Huellas en el robo de las cuatro tiendas de Carrefour Uno de los mayores robos registrados en los últimos diez años en Granada ha sido el de las cuatro tiendas de telefonía móvil ubicadas en el centro comercial Carrefour de la Carretera de Armilla. Los ladrones se llevaron cien mil euros en dispositivos móviles, pero dejaron pistas. Los investigadores han encontrado huellas, ahora hace falta saber si son de los asaltantes o de otras personas ajenas a estos robos. Los cacos tardaron sólo tres minutos en desvalijar las cuatro tiendas asaltadas la pasada madrugada del lunes 23 de julio sobre las 3.30 horas. Policía Nacional mantiene ahora mismo todas las hipótesis abiertas sobre las posibilidades de que se trate de un grupo de asaltantes que se mueva por distintas provincias o si se trata de delincuentes afincados en Granada. La ciudad de Sevilla y el municipio cordobés de Lucena sufrieron robos en tiendas de telefonía hace pocas semanas con el mismo 'modus operandi': los ladrones rompían las cristaleras de las tiendas con mazas de hierro para llevarse los dispositivos de las vitrinas y de las trastiendas de estos comercios. El ruido de las alarmas no ahuyentó a los cuatro encapuchados que entraron a robar a estas cuatro tiendas. La policia trabaja duro para tratar de identificarlos y localizarlos

Media noche para forzar una caja fuerte que estaba abierta Las cámaras de seguridad de la empresa SCOA detectan la entrada por el tejado de tres individuos sobre las 21.17 horas del 23 de febrero de este año. Rompen un trozo de uralita y se deslizan por el techo. Más tarde se les ve arrastrándose por el suelo para evitar que la alarma salte. Uno de ellos lleva un hacha a la espalda para ir rompiendo las placas de madera de los falsos techos que separan una planta de otra. Los cacos van buscando la caja fuerte de una empresa que factura a toda España, con una plantilla de 45 trabajadores en Granada repartidos en una nave de 8.000 metros cuadrados. Los ladrones practican doce agujeros en paredes y falsos techos. Tres de ellos son butrones para llegar a la caja fuerte de la empresa. Antes de lograrlo, salta la alarma sobre las 21.30 horas. El dueño y un vigilante de seguridad del Polígono de Asegra se personaron en la empresa, otean por encima las naves donde se almacena todo el material de ferretería y tras no ver nada extraño, se marchan. Los ladrones seguían dentro en ese momento. Cuando todo vuelve a la calma, comienzan a trabajar para romper la parte trasera de la caja fuerte, a la que acceden desde una pared externa donde han practicado un butrón. Ahí pasan horas hasta que revientan la parte trasera de la caja, construida con hierro macizo. Una vez abierta, se dan cuenta de que la caja estaba abierta por la parte. No había dinero.

Una nave de El Corte Inglés y la sustracción de televisores Otro de los últimos robos a tener en cuenta fue el registrado en una nave de El Corte Inglés de Granada el 27 de agosto 2016. Los cacos conocían muy bien las instalaciones porque el robo fue muy fino. Los asaltantes fueron suficientemente precavidos para anular la alarma de la nave conectada a una central de El Corte Inglés en Madrid. Apenas tardaron tres minutos en forzar la cerradura de la puerta de entrada, meter una furgoneta dentro del almacén y cargar un buen número televisores de alta gama allí guardados. Los asaltantes iban con los rostros y cabezas tapadas con pasamontañas y las manos cubiertas con guantes para no dejar huellas. Los ladrones debían de saber muy bien donde se metían porque dentro de esa nave solía quedarse a dormir un vigilante hasta apenas tres meses antes de registrarse el robo y fueron muy cautos a la hora de cortar el cable de fibra óptica para eliminar la alarma. Los cacos no han logrado ser detenidos aún, aunque la investigación sigue abierta. La central de seguridad de El Corte Inglés detectó la desconexión de la alarmó ipso facto y apenas tardó segundos en avisar a la Guardia Civil de lo sucedido. La primera patrulla de agentes llegó en unos pocos minutos al lugar del asalto. La celeridad del robo fue tal que los ladrones abandonaron algunos televisores.

Un robo para llevarse 540 kilos de hachís de la 'guardería' La crisis económica ha disparado los robos de droga, popularmente conocidos como 'vuelcos', entre las bandas de narcotraficantes. La marihuana es la droga más cotizada, porque quien la roba se ahorra su cultivo, el hurto de luz y la posibilidad de que lo detengan por cultivo. Estos robos se han disparado en los últimos diez años y en alguno de ellos también se han contabilizado homicidios, como el registrado en La Zubia en mayo de 2014 con la muerte de El Nata. Guardia Civil logró detener a los dos acusados, uno sigue en prisión hoy en día. Pero uno de los golpes más sonados fue el perpetrado por una banda de narcos de Atarfe que robó una 'guardería' (lugar donde se esconde la droga) la nada desdeñable cantidad de 540 kilos de hachís. La investigación de Policía Nacional comenzó en las últimas semanas del año 2011. El punto de mira se había puesto en una organización que supuestamente compraba hachís en Marruecos y lo traía en grandes camiones con doble fondo, para almacenarlo en un cortijo de La Herradura. Desde ahí, lo distribuía a distintos compradores que a su vez lo ponían en la calle a través del pequeño tráfico. Lo más curioso es que durante el transcurso de esta investigación la Policía logró enterarse de que esta banda de narcotraficantes del litoral estaba a punto de cerrar una operación con otro presunto clan de narcotraficantes de Atarfe que les robó la droga.

Un sofisticado golpe en las oficinas del Granada C. F.  Con el regreso del equipo de fútbol a Primera división todo el mundo estaba pendiente de las visitas a Los Cármenes de los dos grandes del fútbol español: Real Madrid y Barcelona. El 18 de octubre de 2011 fue el conjunto catalán el encargado de jugar ante el Granada. Aquel día todo transcurrió con normalidad, pero poco después se supo que se había producido el robo de la taquilla del encuentro, que ascendía a 131.010 euros. A partir de entonces se abrió una investigación que culminó en julio de 2014, cuando el Juzgado de lo Penal número 3 de Granada condenó al entonces jefe de seguridad de Gegsa, empresa municipal dependiente del Ayuntamiento que entonces gestionaba el estadio, a dos años de prisión que no tuvo que cumplir y absolvió a los otros dos acusados. El día del robo se produjo un apagón de las cámaras de seguridad y hubo una persona que pudo acceder al interior de las instalaciones gracias a una tarjeta magnética creada sin nombre, nunca se supo quién la utilizó y sí quién la creó. El grupo de Robos de Policía Nacional tenía localizados a los tres detenidos en su día a la hora del robo en las inmediaciones de Los Cármenes, gracias a las antenas de telefonía móvil cercanas. La alarma estuvo desconectada durante una hora esa noche, después la volvieron a conectar.

El último golpe a una joyería de un experto en alunizajes Hoy tiene 41 años. En 2014 fue detenido cinco veces en el mismo años, acusado siempre del robo a tiendas de telefonía móvil, joyerías y ópticas de la capital, con el mismo método: empotrando un vehículo contra el escaparate, un sistema conocido popularmente como alunizaje. Su último objetivo estaba en la calle San Antón, una joyería que casi hace esquina con Recogidas. A las cuatro de la madrugada, un turismo Opel Kadett se empotró contra el escaparate de la citada joyería. Primero le dio un golpe con la parte trasera del automóvil, después remató con un segundo impacto; lo suficiente para romper una parte del cristal blindado de este establecimiento, lo suficiente para meter la mano por el escaparate y llevarse el botín, lo suficiente para volver a dejar su sello por séptima vez en 2014, siete golpes y cinco detenciones. Desde entonces se le perdió la pista. Esperó el cierre de la discoteca Aliatar, a las tres y media de la madrugada, esperó que no hubiera movimiento en el aparcamiento subterráneo ubicado justo al lado de esta tienda y entonces actuó. No las tuvo todas consigo. La Policía Nacional se personó en el lugar dos minutos después de ser avisada por teléfono. La celeridad en personarse en el lugar permitió que se encontrara con el conductor cuando intentaba tomar Recogidas para darse a la fuga. Tras una persecución fue detenido y encerrado en prisión.

Vigilantes de seguridad reclaman a Interior sumarse a los militares como policías locales


El sector de la seguridad privada en España busca nuevos nichos de empleo ante la elevada tasa de paro que soporta el colectivo.

En el conjunto del país son 300.000 los efectivos con titulación para custodiar edificios públicos, infraestructuras, eventos deportivos, centros médicos, urbanizaciones, polígonos, aeropuertos, estaciones de tren o metro.

Pero solo están activas unas 100.000 habilitaciones. Para tratar de reducir el desempleo en el sector, desde la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada reclaman al Ministerio del Interior poder sumarse a los militares de Tropa y Marinería para paliar el déficit de plantilla de las policías locales. La incorporación de soldados a las unidades de seguridad municipales fue uno de los acuerdos a los que llegaron esta misma semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. Solo en Galicia, uno de cada cinco ayuntamientos con Policía Local tiene más del 30% de las plazas vacantes. Y en solo un año el déficit de personal de seguridad en los concellos se agravó más de un 6%.


El presidente de la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada, José Antonio Sánchez, reclama al Gobierno central que "cuente" con el sector de vigilantes, escoltas y guardas rurales "al igual que con miembros de las Fuerzas Armadas". "Estamos totalmente preparados y a diario desarrollamos funciones similares a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", urge Sánchez tras recordar los exámenes que deben pasar con "materias muy comunes" a la Policía y a la Guardia Civil.

En qué casos se considera nulo el despido de un trabajador

Imagen relacionadaEchar a una empleada cuando se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad es tan discriminatorio como si el despido se produjera cuando está embarazada, según ha declarado un tribunal de Barcelona.

Aunque el Estatuto de los Trabajadores no deja dudas sobre la protección de una mujer embarazada ante un despido improcedente, bien es cierto que la normativa no dice nada de cómo actuar cuando simplemente se está intentando. Por este motivo, han sido los tribunales los que han ido interpretando cada uno de los casos. El último de ellos ha sido el juzgado de lo social número 19 de Barcelona, que, a diferencia de sentencias anteriores, ha sido mucho más duro que otras sentencias en el castigo por un despido a una mujer que estaba sometiéndose a un programa de fecundación in vitro, que además no había conseguido un resultado positivo en cuanto a embarazo. Considera, por tanto, el despido nulo por discriminación por sexo.

Además, ha condenado a la empresa al abono de una indemnización por daños morales de 25.000 euros, importe muy elevado en comparación con los pronunciamientos habituales. "Las condenas en concepto de indemnización por daños morales basadas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), según nuestra experiencia, no superan los 6.000 euros", explica Laura Delgado de los Reyes, abogada del área de derecho laboral y de la Seguridad Social de Bufete Barrilero y Asociados, que añade que "en la medida en que se está potenciando cada vez más la igualdad de género en el ámbito laboral, cobra especial importancia este pronunciamiento".

No es la única cuestión que sorprende de la sentencia, ya que "entra a valorar un tema tan sonado actualmente como es el de la igualdad de género y no discriminación por razón de sexo en las empresas, cuestión muy presente a día de hoy en la Inspección de Trabajo que están requiriendo los conocidos planes de igualdad en los que se entran a valorar las facilidades familiares otorgadas por las empresas". Según Delgado, la jueza entra a valorar el plan de igualdad de la empresa enjuiciada: "Los datos que contiene no son concluyentes respecto a que el clima en la empresa sea especialmente propicio para la maternidad y el ejercicio de los derechos de conciliación". Igualmente, menciona lo llamativo de que exista un reducido número de trabajadoras con responsabilidades familiares y una escasez de reducciones de jornada por guarda legal, a pesar de ser una compañía con un 90% de mujeres. 

Un despido estando de baja es discriminatorio El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea determinó, en diciembre de 2016, que un despido de un trabajador de baja por incapacidad temporal es "discriminatorio por discapacidad", por lo que debe considerarse nulo, y no improcedente. Aunque se trate de una baja de carácter "duradero", el trabajador puede alegar discriminación, aunque serán los tribunales los que deban analizar cada caso de manera individual según "documentos y certificados relativos al estado de dicha persona, redactados de los conocimientos y datos médicos y científicos actuales".

A la calle por ser demasiado mayor para la tecnología Cinco telefonistas fueron despedidas porque, según su exempresa, al tratarse de un grupo con mayor edad, tendrían más dificultades que sus compañeros para adaptarse a unos supuestos avances tecnológicos que iba a realizar la compañía que, sin embargo, no se concretaron. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró, en febrero de 2015, que el despido era nulo, ya que "la alusión genérica a la mayor edad como criterio de selección [...] es un indicio suficiente de que se ha producido discriminación por razón de edad".

A igualdad de trabajo, mismo sueldo para todos El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió el pasado mes de marzo la primera sentencia que obligaba a una empresa a pagar 35.000 euros a una trabajadora por discriminación salarial y por daños y perjuicios. Así, en el fallo se desestimó el recurso presentado por la empresa contra la sentencia de primera instancia, que acreditaba un trato "discriminatorio" a una trabajadora que llegó a recibir retribuciones más bajas que sus compañeros varones, a pesar de que todos ellos trabajaban en el mismo departamento y tenían el mismo cargo.

No sale gratis echar a alguien con minusvalía El juzgado de lo social de Alicante aceptó, a principios de 2017, la pretensión de un trabajador de declarar nulo su despido y obligó a la compañía a readmitirlo, además de condenarle al pago de salarios hasta su reincorporación y una indemnización de 19.826 euros adicionales por los daños morales y emergentes. El tribunal considera probado que la compañía no realizó ninguna actuación para comprobar que la pelea que originó el despido era achacable a la enfermedad o el tratamiento médico y farmacológico, así como no adaptó el puesto de trabajo a la minusvalía.

Un accidente laboral no da pie a un despido Un ayudante de cocina se dislocó el codo trabajando y, aunque estaba de baja por incapacidad temporal, recibió una carta de despido disciplinario por no cumplir con las expectativas. Todo ello a pesar de haber superado el periodo de prueba y contar con un informe favorable, que hizo que el contrato pasara a ser de jornada completa. Según el juez, que determinó el despido como nulo, la causa "real" fue la percepción que tenía la empresa de que, 53 días después del accidente, la incapacidad temporal iba a ser duradera, "sin una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo".

Fuente: http://www.expansion.com

28 de julio de 2018

MADRID: El Gobierno impide usar seguridad privada para proteger las rutas de reparto de prensa

La Delegación del Gobierno Central en la Comunidad de Madrid ha denegado la petición de Boyacá de contratar seguridad privada para proteger las rutas de reparto de la prensa ante los piquetes montados por los huelguistas.


Fuentes de la Delegación explican a este diario que la Abogacía del Estado ha determinado que es ilegal que la compañía de reparto contrate refuerzos para acompañar a las furgonetas en sus rutas en pleno conflicto. Boyacá solicitó refuerzos para asegurar que las distribución de los diarios "ante las amenazas y coacciones" de los repartidores en huelga porque el dispositivo policial dispuesto no estaba siendo suficiente, según explican. Y es que, tal y como denuncia la firma, los trabajadores están pinchando las ruedas de las furgonetas de los repartidores que "quieren garantizar el servicios" y se han llegado a apropiar de los diarios. "Esta medida se entiende imprescindible y necesaria dada la situación de indefensión legal y operativa en la que se encuentra la compañía", sentenció Boyacá en un comunicado.

Kioscos vacíos Pese a la falta de seguridad privada, desde la Delegación del Gobierno explican que el jueves por la noche no hubo incidentes y que las protestas fueron pacíficas. Pese a que la nivel de tensión ha bajado, miles de kioscos de Madrid llevan días sin recibir ejemplares, lo que daña seriamente su ingresos pese al descenso de la venta de ejemplares en papel. Boyacá asegura que la huelga de los repartidores es ilegal porque son autónomos cuyo contrato termina el 30 de agosto y simplemente no quieren renovarlo en las mismas condiciones. Tras este conflicto se encuentra la intención de la compañía de reparto de diarios de reducir el salarios y el número de trabajadores que tiene contratados para realizar las rutas. Los repartidores se niegan a asumir las rebajas y aseguran que son falsos autónomos.

Prosegur Cash compra la empresa brasileña Logmais

Resultado de imagen de prosegur cashProsegur Cash, la filial de efectivo del grupo Prosegur, ha adquirido Logmais en Brasil, una empresa especializada en la prestación de servicios de corresponsal bancario, ha informado hoy en un comunicado.

Con esta compra, Prosegur Cash diversifica los productos que ofrece dentro del área denominada de Nuevos Servicios, que ya representa el 10 % de la facturación total de la compañía. Logmais, que fue fundada en 2016 en la ciudad de Bahía, ofrece, principalmente, servicios de depósitos y cobros, y cuenta con 57 establecimientos propios, distribuidos entre las regiones nordeste y sudeste, a los que se suma una red de 75 puntos de atención ubicados en edificios públicos y más de 800 establecimientos asociados en todo el país.

La firma brasileña cuenta con un equipo de más de 390 personas y realiza más de 2,3 millones de transacciones al mes. Las ventas de Nuevos Servicios de Prosegur Cash alcanzaron en 2017 los 167 millones de euros, prácticamente un 50 % más que en 2016. En Latinoamérica los Nuevos Servicios experimentaron un crecimiento del 51 %, hasta los 103 millones de euros, impulsados especialmente por los servicios de automatización de la gestión de efectivo en el punto de venta, la externalización de procesos y el transporte internacional.

El segmento de Nuevos Servicios, que en el primer trimestre de 2018 ha mantenido un fuerte ritmo de crecimiento, ya representa el 10,5 % de la facturación total. Prosegur Cash anunció a primeros de mes un acuerdo para la compra de las actividades de logística de valores y gestión de efectivo de ATPI en Filipinas, después del que alcanzó a comienzos de junio con el grupo guatemalteco Almo para la compra de sus operaciones de transporte de valores en Centroamérica, donde opera bajo las marcas Proval y Transval.

Las ofertas de trabajo para los parados mayores de 45 años: vigilante, cartero o taxista

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Los mayores de 45 años encuentran empleo como carteros, taxistas o vigilantes


La edad y la falta de formación relegan al colectivo a empleos que son a menudo el último recurso 

Los parados de larga duración mayores de 45 años son los principales rezagados de la recuperación económica. De los 3,7 millones de desempleados que aún esperan encontrar un trabajo en España en términos de Encuesta de Población Activa (EPA), casi 1,9 millones lleva en el dique seco más de un año (el 50% del total) y, de estos, casi la mitad supera esa edad.

Esto es así porque este colectivo reúne las peores condiciones para optar a un empleo. En su mayor parte, se trata de personas con escasa formación y, como factor común, su edad es un obstáculo en la mayoría de los procesos selectivos. Y estos mismos motivos explican que, para aquellos que logran salir del desempleo, la situación siga siendo dura y, en muchos casos, mal remunerada.

Las propias estadísticas del Ministerio de Empleo reflejan esta realidad. El departamento  publica mensualmente un indicador de ‘Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación’. Los datos de empleo del mes de abril muestran una recuperación de la actividad entre los mayores de 45 años tras meses de atonía o incluso de descensos, como fue el caso de marzo. Pero este rayo de luz no hace sino alumbrar la realidad de lo que le depara al colectivo una vez accede a un empleo: trabajo duro y, en muchos casos, poco remunerado.

Los trabajos disponibles para mayores de 45 años Para tener una buena fotografía de la contratación entre los mayores de 45 años es preciso tomar varios meses como referencia, puesto que el número de empleos es escaso y la estadística está sujeta por ello a muchos cambios. Desde el mes de enero, por ejemplo, hay una serie de ocupaciones que de forma recurrente presentan los mayores incrementos en la contratación. Se trata de trabajadores al cuidado de personas a domicilio; vigilantes de seguridad y similares habilitados para ir armados; conductores de automóviles, taxis y furgonetas o peones de obras públicas. Además, una y otra vez aparecen en este indicador compositores, músicos y cantantes, actores, albañiles y pinches de cocina.

Tomando el último dato disponible, correspondiente al mes de abril, la ocupación que mayor avance de la contratación registró fue la de profesores y profesionales de la enseñanza que no están clasificados bajo otros epígrafes, que comprende desde formadores y tutores de empresas, hasta orientadores escolares. La contratación en estas actividades creció un 49,4% en abril, hasta 2.941 contratos, por delante de los cuidadores (46,3%), monitores de actividades recreativas (36,7%) y compositores, músicos y cantantes (35,2%). El indicador también muestra un incremento importante de la contratación de vigilantes (28,5%) o conductores de taxis o furgonetas (28%). No obstante, en términos absolutos, el mayor número de nuevos ocupados mayores de 45 años se encuentra entre los peones de las industrias manufactureras (desde envasadores a manipuladores de pescado), con 27.514 contratos en abril –un 19,7% más que un año antes– y entre los albañiles, con 19.265 personas (+24,4%).

¿Por qué estos trabajos? Estudios recientes arrojan explicaciones sobre la razón por la que éstas son las ocupaciones a las que acceden los mayores de 45 años. De un lado, un informe elaborado por Infoempleo y Adecco muestra que las ofertas para trabajar dirigidas a mayores de 45 años son cada vez más escasas y ya solo alcanzan al 2,3% del total, prácticamente la mitad que hace un año (4%). Esto lleva a una lectura rápida: muchos candidatos rebajan sus expectativas y asumen empleos que en otras circunstancias no aceptarían. Pero la explicación es algo más compleja. Uno de los obstáculos para el colectivo tiene que ver, en efecto, con la edad, puesto que la media requerida en la mayoría de las ofertas de trabajo es de 33 años. Al mismo tiempo, España es una país de servicios y es éste el sector que mayor importancia da a la edad de los candidatos. Así se especifica en el 66,3% de sus ofertas. Por tanto, el hecho de que el sector que genera más empleo sea el que más tenga en cuenta la edad de los trabajadores empuja a los mayores de 45 años a otras ocupaciones.

Al mismo tiempo, la edad media requerida en las ofertas de empleo es mayor cuanto mayor es la categoría profesional ofertada y la experiencia solicitada y los servicios se caracterizan por requerir una mano de obra menos cualificada que en otros sectores. Esto llevaría a pensar, a su vez, que las ocupaciones en todo caso disponibles serían de mayor cualificación. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que de los 1,4 millones de parados de 45 años o más, solo 259.500 personas contaban con estudios superiores (y para ellos tampoco desaparecen las dificultades para encontrar un empleo). Por tanto, la edad y la falta de formación suficiente son un lastre para el colectivo, que cada vez se ve más arrinconado en empleos que requieren poca formación y lejos de los sectores tractores de la economía.

FUENTE: www.elindependiente.com AQUÍ

Informe Estatal del Mercado de Trabajo, Mayores de 45 años


27 de julio de 2018

ALMERÍA: Ocho meses de cárcel por pegar a un médico y dos vigilantes de seguridad

Desde el momento en que se produjeron los hechos, el hospital ha puesto a disposición de los afectados todas las medidas de apoyo incluidas en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones

La Agencia Pública Sanitaria Poniente ha mostrado su total repulsa ante la agresión sufrida por un médico y dos vigilantes de seguridad del área de Urgencias del Hospital de Poniente. Desde el momento en que se produjeron los hechos, el hospital ha puesto a disposición de los afectados todas las medidas de apoyo incluidas en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, que incluyen asistencia psicológica y asesoramiento jurídico. La agresión se produjo el pasado 14 de julio, cuando un paciente que estaba siendo atendido en Urgencias increpó a varios profesionales y propinó un golpe a un facultativo. Posteriormente, agredió también a los dos vigilantes de seguridad que acudieron a reducirle. El Hospital de Poniente manifiesta su absoluto rechazo a este tipo de conductas, que carecen de cualquier justificación.

Juicio rápido Los hechos fueron denunciados y ya se ha celebrado el correspondiente juicio rápido, tras el que el agresor ha sido condenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de El Ejido, a una pena de 8 meses de cárcel por un delito de atentado; así como a una multa de cuatro meses a razón de una cuota diaria de cuatro euros, por dos delitos de resistencia y desobediencia; y otra multa de 20 días a razón de una cuota diaria de tres euros, por tres delitos leves de lesiones.

Recuerdan desde la Consejería de Salud que la agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado sentencias condenatorias a penas de prisión, como ha ocurrido en este caso. Asimismo, condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones.

ALICANTE:Vigilante de seguridad de hospital sorprende a individuo rebuscando en la nevera de uno de los quirófanos

Detenido por intentar llevarse material quirúrgico y maquinaria de un quirófano en un hospital. Un vigilante encontró al hombre rebuscando en la nevera de uno de los quirófanos

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que intentó llevarse material quirúrgico y distinta maquinaria sanitaria de un quirófano en un hospital de la provincia de Alicante. La detención se efectuó la noche del pasado sábado, según ha informado este jueves la Comisaría provincial. Los agentes fueron alertados de un posible robo en el interior de un hospital, que no ha sido identificado. A su llegada, un vigilante manifestó que se encontró a un varón desconocido por el personal sanitario rebuscando en una nevera de uno de los quirófanos.

Los agentes identificaron a la persona y comprobaron que tenía preparada para llevarse distinta maquinaria y utensilios quirúrgicos y sanitarios del centro. Igualmente, comprobaron que había vaciado una nevera repleta de medicamentos y forzado la puerta de acceso al quirófano, por lo que se procedió a su detención.

Dos detenciones más Además, el pasado fin de semana los agentes interceptaron a otros dos individuos cuando intentaban dos asaltos en lugares diferentes a la ciudad de Alicante. La primera detención se produjo el pasado viernes cuando los agentes acudieron a un restaurante que permanecía cerrado y donde un vigilante de seguridad tenía retenido a un varón por intentar presuntamente robar en su interior.

Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron que dos puertas de acceso se encontraban forzadas. Los policías intervinieron entre sus pertenecías siete botellas de bebidas alcohólicas, un puñal, dos cuchillos y diversas herramientas, con las que presuntamente forzó las puertas, por lo que se procedió a su detención. La última detención se produjo durante la tarde del pasado domingo cuando una llamada a la Sala Operativa del 091 alertaba a los agentes de que una persona había robado en el interior de su vehículo. Cuando los agentes llegaron al lugar y recopilaron toda la información y características del posible autor establecieron un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones que concluyó, tras una persecución a pie, con la detención del presunto ladrón.

CÓRDOBA: Vigilante de seguridad evita agresión a una ordenanza en centro de trabajo social de calle la Motril

El centro de la calle Motril cierra sus puertas tras el ataque a una ordenanza y sólo atiende urgencias y citas programadas

El sindicato CTA informó ayer de que una trabajadora social y una ordenanza, ambas de la Zona de Trabajo Social de la calle Motril, fueron "agredidas por usuarias de los Servicios Sociales" del Ayuntamiento, y que ambas empleadas denunciaron los hechos.

Desde CTA señalaron que los trabajadores de Servicios Sociales comprenden "la desesperación que muchos usuarios de los Servicios Sociales pueden tener, debido a las necesidades que tienen, pero para nada ello justifica la agresión contra los trabajadores sociales". Por ello, continuó, en este caso concreto hay que "agradecer la actuación de un trabajador de seguridad privada que ha evitado hoy la agresión a una ordenanza". Ambas trabajadoras "han denunciado los hechos" y, según el sindicato, "hasta ahora el Ayuntamiento no se ha dignado a dar cobertura jurídica a las trabajadoras agraviadas, incumpliendo de esa forma el propio convenio colectivo de los trabajadores municipales". Además, "hoy [por ayer] se ha tenido que cerrar el Centro de Servicios Sociales de la calle Motril, tras el ataque e intento de agresión que ha sufrido la ordenanza, permitiéndose la entrada sólo a aquellos usuarios que lo hacían de forma ordenada y pacífica".

Según señaló CTA, "son muchas las agresiones que se han producido ya en este Centro de Servicios Sociales Comunitarios y las autoridades no abordan una solución que resuelva las agresiones y que disuada a algunos usuarios de agredir a los empleados municipales y al trabajador de seguridad privada". Así, ante las demandas del sindicato, desde el Ayuntamiento se ha dado hasta ahora "la callada por respuesta". No obstante, el sindicato reconoció que es cierto que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, accedió "a hablar directamente con las trabajadoras", ante las demandas de CTA, "para intentar conformarlas, evitando a los representantes legales de los trabajadores", que son "menos convencibles y más exigentes, pero las agresiones no las ha solucionado". El sindicato insistió en que esta situación de agresiones no puede continuar, porque las trabajadoras están aterradas".

MADRID: Distribuidora de prensa obligada a contratar seguridad privada para garantizar el reparto

Boyacá recurre a la seguridad privada para garantizar el reparto de prensa

Boyacá ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid permiso para contratar a vigilantes privados para garantizar el reparto de prensa en la Comunidad de Madrid, "ante las amenazas y coacciones de los repartidores", cuyo contrato mercantil finaliza el 30 de agosto. En un comunicado, Boyacá considera que esta medida es "imprescindible y necesaria", dada la situación de "indefensión legal y operativa" en la que se encuentra la compañía.

La empresa lamenta además el impacto de esta situación sobre el gremio de los quioscos en la región de Madrid y está intentando poner en marcha todas las soluciones posibles ante "el boicot continuado por parte de los transportistas" que supone "la alteración de los sistemas de entrega de la prensa y la destrucción de mercancía". A pesar de las dificultades de estos días de "conflicto", en los que se ha requerido la intervención policial, se está logrando abastecer casi el 50 por ciento de los puntos de reparto. Boyacá recuerda que esta suspensión de servicio representa "una situación ilegal por parte de los transportistas", ante la finalización de sus contratos mercantiles.

La compañía precisa que los repartidores autónomos no mantienen una relación laboral con la empresa, sino mercantil, por lo que "legalmente no tienen derecho a huelga" y lo que están desarrollando es "una acción ilegal" para "extorsionar a la compañía y al sector en su conjunto". Estos 240 repartidores autónomos no forman parte de la plantilla, no son empleados, sino que tienen contratos mercantiles con la compañía que finalizan el próximo 30 de agosto, añade Boyacá.

La empresa ha notificado y preavisado la finalización de estos contratos con seis meses de antelación (siendo tres meses el plazo pactado) y, desde un comienzo, ha ofrecido compensaciones adicionales por término de contrato con el objetivo de facilitar la transición a un nuevo modelo y siempre que no hubiese incidentes como los actuales. Boyacá señala que el nuevo modelo mercantil es "imprescindible" desde hace años, puesto que las tiradas (número de ejemplares) de distribución de prensa se han ido reduciendo año tras año, y se ha mantenido un total de repartidores contratados por encima de las necesidades reales de reparto.

La empresa precisa que, por contrato, los 240 repartidores de Madrid percibían una media 4.500 euros más IVA por cuatro horas de servicios de ruta al día, durante quince días al mes (sesenta horas mensuales), con independencia del número de ejemplares a repartir. Estas condiciones contractuales son desde hace tiempo "inasumibles" para la compañía, que ha preferido evitar medidas más traumáticas, y ha optado por aguantar hasta la finalización y término de los contratos.

Boyacá subraya que el sector está perdiendo 270.000 euros diarios con cada jornada del conflicto, además de los daños materiales en productos, vehículos e instalaciones que ha sufrido por "la violencia de las coacciones y amenazas de los repartidores". La compañía considera "inaceptable" la actitud "ilegal" de los repartidores y solicita a las autoridades protección ante los constantes "actos violentos, organizados y dirigidos contra la compañía y que impiden el normal desarrollo de su actividad".

Desborde «absoluto» en los centros de menores de Sevilla

Falta de traductores para comprender a los niños, cocineros para preparar la comida, vigilantes de seguridad y actividades para ofrecer tiempo de ocio. CCOO alerta del colapso que sufren las instalaciones de Marchena y Carmona debido a la creciente entrada de niños migrantes.


Los centros de menores de Carmona y Marchena sufren un colapso «absoluto» en sus servicios como resultado del desborde en la acogida de niños y niñas migrantes. Más de 41 menores durmieron el pasado miércoles en estos centros preparados para albergar a 20 personas. Las cifras de los menores atendidos varían según el día debido a la llegada irregular de migrantes. «Si antes se hacía comida para 20, ahora es para 40. Si antes había seis niños para utilizar un baño, ahora hay 16», alertó ayer la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Mari Paz Vargas, en rueda de prensa. Además, Vargas denunció la falta de personal para afrontar la crisis e indicó que expresa la «desesperación de los directores de los centros».

Al llegar los niños se encuentran con centros de menores en los que nadie los comprende, debido a la falta de traductores, donde no saben cuánto tiempo podrán permanecer y con unas instalaciones que no están hechas para el servicio de acogida a migrantes, según explicó Vargas tras haber visitado estos centros. Además, señaló el ambiente de violencia extrema que puede llegar a adquirir el conflicto por el choque cultural y la situación de crispación para los niños migrantes que, en la mayoría de casos, llevan años de recorrido kilómetros para llegar a la península.

La responsable de CCOO calificó de «absoluta negligencia» el trabajo en este ámbito de la Junta de Andalucía y propuso un plan de choque con contratación de personal de manera inmediata para rellenar la plantilla y solventar las ausencias de personal. La labor de los responsables y los trabajadores de los centros está siendo determinante, según el sindicato, para que estos espacios de acogida sigan funcionando y no hayan cerrado frente a esta crisis. Dormir durante tres días en la puerta de un centro de menores como manifestación por el constante traslado a diferentes centros, la falta de entendimiento y los servicios es uno de los episodios más dramáticos que los niños y niñas han vivido durante su periplo por los centros de menores andaluces.

El Gobierno empieza a romper lazos con Sinergias Seguridad

Las denuncias hechas por el sindicato USO llevan al Ejecutivo a iniciar la resolución de contratos para sedes de Las Palmas y Tenerife. La Consejería de Hacienda del Gobierno canario ha iniciado los trámites para cortar la relación contractual con la empresa de seguridad privada Sinergias, que ofrece sus servicios actualmente en dependencias del Ejecutivo autónomo en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.


Así lo han confirmado desde la administración y desde el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), a través de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada (FTSP). El secretario general de dicha Federación, Juan Díaz, manifiesta que esta decisión supone una resolución pionera de una institución pública en materia de contratación, que "señala el camino" a seguir por otros organismos contra las empresas del sector "que no cumplen con el pliego de condiciones objeto del contrato".

La decisión adoptada por la Dirección General de Contratación y Patrimonio del Gobierno de Canarias se produce porque Sinergias no cumple el convenio colectivo a nivel nacional con sus trabajadores, que es el que la Justicia considera como válido y aplica a su plantilla un acuerdo propio. Por esa circunstancia, el sindicato USO denomina a esta y otras sociedades con iguales prácticas como "empresa pirata". Juan Díaz señala que la medida supone un "nuevo mazazo" contra Sinergias de Vigilancia y Seguridad, "provocado por el incansable trabajo de la FTSP-USO en la denuncia por las prácticas antilaborales, antisindicales y en contra de los derechos más básicos, como es cobrar sus salarios legales y en tiempo y forma" por parte de dicha sociedad.

Como consecuencia de dos denuncias interpuestas por dicha organización sindical contra Sinergias a principios de año por incumplimiento sistemático de sus obligaciones sociales para con los trabajadores subrogados en los diferentes centros de trabajo del Gobierno canario, se produjo la incoación de un expediente administrativo sancionador de carácter grave y otro con la calificación de muy grave. El pasado 12 de julio, desde USO se envió a la Dirección General de Contratación un escrito en el que se advertía de todas las circunstancias descritas y se solicitaba la revisión y suspensión de los contratos con la mencionada mercantil.

La sentencia de la Audiencia Nacional El sindicato recuerda que sobre la sociedad Sinergias recae una sentencia de la Audiencia Nacional por la que se anula el convenio de empresa, aunque "lo sigue aplicando, pese a contravenir el fallo que le obliga a aplicar el convenio colectivo de ámbito nacional". Juan Díaz señala que la citada empresa puede tener una plantilla en el Archipiélago que supera los 500 trabajadores. Además de contratos con la administración, presta servicios a empresas de distribución de alimentos u hoteles, entre otras. La propiedad de Sinergias se ha relacionado con el empresario Miguel Ángel Ramírez. En el edificio de Usos Múltiples del Gobierno canario de Las Palmas, dicha mercantil será sustituida por la que quedó en segundo lugar en el concurso.