Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de enero de 2022

Contratar barato sale caro

Los impagos de empresas adjudicatarias en Cádiz comprometen a varias administraciones públicas.

Una nueva empresa deja de pagar y el sindicato convoca una manifestación en el Parlamento de Andalucía.

Decenas de empleados se han manifestado en las últimas semanas en la provincia de Cádiz por los impagos de sus empresas. Sus pancartas señalan a la compañía para la que trabajan, pero también al concejal, alcalde o presidente, al cargo institucional de la administración pública que se beneficia de sus servicios. No es algo nuevo, aunque varios episodios recientes ponen de manifiesto que «contratar barato sale caro».

Mersant, Limpiezas Bilur... Son varias las empresas adjudicatarias -la mayoría de limpieza y seguridad privada- que en los últimos meses han dejado de pagar a sus trabajadores, que se manifiestan en las calles, convocan huelgas y piden una intervención directa de la institución que indirectamente los contrata.

Las administraciones mueven ficha: Diputación de Cádiz paralizó la semana pasada la huelga de limpiadoras un mes después de que su empresa quebrase. Por su parte, los ayuntamientos dan ultimátums a Mersant, que tiene contratos también con la administración estatal y autonómica, para que pague a sus trabajadores y alcance los tres meses de deuda que permitirían la rescisión de contrato.

En estos últimos días, el sindicato profesional de vigilantes ha anunciado en un comunicado que la empresa Seproalert, del centro El Madrugador de Diputación, tampoco ha pagado los salarios de sus trabajadores. El sindicato ha convocado una manifestación a las puertas del Parlamento de Andalucía el próximo lunes 7 de febrero y pondrá autobuses a disposición de los vigilantes y sus familiares desde Jerez. «Hacemos un llamamiento solidario de apoyo a estos trabajadores de la seguridad privada, para que la asistencia sea masiva», han trasladado en un comunicado.

Según argumentan, «contratar barato sale caro». El secretario del SPV, Antonio Montesinos Ruiz, lo explica así: «Hace unos años poder trabajar prestando servicios en algún organismo oficial era un inmensa suerte. Se contrataban empresas serias y no se conculcaban los derechos básicos de los trabajadores, pues de alguna forma, dichos organismos eran los garantes del bienestar y cumplimiento no solo de sus funcionarios, sino también de las contratas que les prestaban sus servicios: empresas de seguridad, limpieza, mantenimientos, jardinería, etc. Con el paso del tiempo, se modificó la Ley de Contrataciones Públicas y comenzaron a aparecer empresas que ofertando los concursos públicos a la baja obtenían la adjudicación de dichos servicios, habida cuenta de que la propia redacción del pliego de condiciones premia y puntúa sobre manera la oferta económica más barata. Hoy casi todas las administraciones y organismos públicos contratan lo más barato, lo que genera más problemas a los trabajadores de la contratas. Es una pena, que mientras esto sucede, en el sentido inverso, muchos de los políticos de turno se procuran buenos salarios y no dudan en obtener incluso un pluriempleo en distintas de estas administraciones, cobrando lucrativos salarios en ambos, puertas giratorias y todo tipo de desvergüenzas. Podrían pensar un poco más en los ciudadanos y facilitarles sus derechos básicos, quizás reformando leyes a todas luces injustas».

30 de enero de 2022

Cheques de 5.000 Є, trabajadores inventados y tinta falsa: la trama de UGT Madrid

UGT Confederal comenzó a investigar a su filial cuando detectó que estaba sufriendo problemas de liquidez de manera inexplicable y necesitaba transferencias de otras cuentas.

La investigación sobre la presunta trama corrupta de UGT Madrid apunta a los hasta ahora máximos responsables de esta delegación territorial del mayor sindicato de España. La cantidad defraudada alcanzaría los tres millones de euros. La principal víctima del engaño sería la propia central de trabajadores y se está analizando si los implicados usaron tinta falsa o borrable para fabricar centenares de cheques con los que luego retiraban dinero de las cuentas del sindicato.

El secretario general de UGT Madrid desde 2016, Luis Miguel López Reillo, dimitió el pasado 21 de diciembre tras denunciar los hechos ante la Policía Nacional. Sin embargo, en ese momento, UGT Confederal ya llevaba varias semanas auditando su gestión por las señales de alerta que emitían las finanzas de su filial madrileña. En paralelo a la denuncia de López Reillo, el sindicato decidió llevar el caso a la Fiscalía, que este lunes anunció la apertura de diligencias de investigación tras apreciar indicios de delito.

La presunta estafa se habría aprovechado del caos de UGT Madrid en torno a la gestión de dinero del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial). El sindicato tramita gratuitamente a todos sus afiliados las reclamaciones de cantidad al Fogasa y ofrece el mismo servicio a cualquier otro trabajador a cambio de un 10% del importe correspondiente. Para asegurarse el cobro de ese porcentaje, las indemnizaciones llegan a las cuentas de UGT y, posteriormente, el sindicato las transfiere a los beneficiarios finales.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, los implicados habrían simulado durante años que UGT Madrid tenía pendiente el pago de indemnizaciones del Fogasa a trabajadores que supuestamente habían confiado en sus servicios para solicitarlas. Para saldar esas teóricas deudas, el departamento de contabilidad del sindicato emitía periódicamente cheques a nombre de los presuntos beneficiarios finales para que estos pudieran cobrarlos automáticamente. El problema es que, en realidad, esas deudas no existían.

"Bajo el pretexto de que eran de Fogasa y sin ser fondos o cuantías del mismo, se han sido pagando cantidades que pertenecen a UGT Madrid", explican fuentes de UGT Confederal. "No hay ninguna reclamación en estos años ante UGT Madrid de prestaciones de Fogasa impagadas y no tenemos constancia de que ninguna persona se haya presentado ante las oficinas para ello: lo que ha sucedido es que se han aprovechado de los fondos de UGT Madrid para estos pagos".

El proceso de emisión de los cheques señala a la cúpula que dirigía UGT Madrid hasta hace dos semanas. Las normas internas obligan a que los documentos de pago estén visados por dos miembros de la comisión ejecutiva que tengan firma. El grueso de los cheques que se investigan fue emitido por una administrativa hija de la diputada del PSOE de Madrid Carmen López y habría sido autorizado por López Reillo y el también ya extesorero Clemente Sánchez.

Uno de los datos que sorprenden a los investigadores es que ninguno de ellos diera antes la voz de alarma. La cuantía de los cheques bajo sospecha oscila en torno a los 5.000 euros. Para alcanzar los hasta tres millones presuntamente estafados, fue necesario que los máximos responsables de UGT Madrid autorizaran alrededor de 600 retiradas de dinero. Sin embargo, la primera denuncia no se produjo hasta hace apenas unos días.

Fuentes conocedoras de las pesquisas indican que se está analizando si los implicados utilizaron tinta falsa o borrable para confeccionar los cheques fraudulentos a nombre de trabajadores reales y, posteriormente, sustituyeron esas identidades por las de testaferros o personas de su entorno para poder acudir con ellos al banco y quedarse el dinero. "Ignoramos qué personas son las que recibieron los pagos porque el banco no nos las identifica", aseguran desde UGT Confederal.

La salida incontrolada de los tres millones había provocado un agujero en sus depósitos Este sistema les habría permitido engañar a los apoderados de las cuentas. Pero una consulta a los archivos internos habría servido para comprobar que no había deudas pendientes con ningún beneficiario del Fogasa, ni siquiera con empleados reales. La propia supervisión de las cuentas de UGT Madrid habría sido suficiente para detectar el engaño, explican las fuentes consultadas. De hecho, UGT Confederal comenzó a investigar a su filial cuando detectó que estaba sufriendo problemas de liquidez de manera inexplicable y necesitaba transferencias de otras cuentas para financiar su actividad. La salida incontrolada de los tres millones de euros había provocado un agujero en sus depósitos. Esa falta de controles es otro de los indicios que comprometen al equipo de López Reillo.

Aunque los hechos que se investigan se concentran en los tres últimos ejercicios, la trama habría comenzado a operar antes. López Reillo llegó a la dirección de UGT Madrid en 2014 con el cargo de tesorero. En 2016 fue nombrado secretario general y el pasado marzo revalidó su mandato tras lograr el respaldo del 96,16% de los votos emitidos en las elecciones internas.

29 de enero de 2022

MALLORCA: Agredidos dos vigilantes de seguridad de la Intermodal por jóvenes menores de edad

Dos vigilantes de seguridad de la Estación Intermodal de Palma resultaron agredidos el pasado martes por dos menores de edad -un español y otro de origen marroquí-, al ser agredidos por los chicos. Los menores se encararon con los vigilantes cuando les instaron a dejar de fumar porros en el interior de la estación.

La agresión a estos vigilantes de seguridad se produjo el pasado martes sobre las 21:00 horas. Dos jóvenes menores de edad se encontraban en uno de los arcenes de la estación fumando, presuntamente, cigarrillos de marihuana. Alertado los vigilantes de seguridad, les instaron a que dejasen de fumar, lo que provocó que uno de los jóvenes iniciase una discusión con los vilgilantes y, tras un forcejeo, los agrediese. Como consecuencia de las agresiones, dos vigilantes han tenido que solicitar la baja médica debido a las contusiones recibidas.

Al parecer, estos dos mismos jóvenes habían intentado por la tarde colarse en la estación sin pagar el billete. Tras ser avisada la Policía Nacional, se les tomó la filiación.

Concentración en el Parlamento de Andalucía contra Mersant Seguridad


CONCENTRACIÓN EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El próximo 7 de febrero los sindicatos CC.OO, SPV, USO, STS-A, CSIF, MAS, SOLIDARIDAD Y UGT nos concentramos en unidad de acción a las puertas del Parlamento de Andalucía (Calle San Juan de Ribera S/N) por los incumplimientos de la empresa MERSANT SEGURIDAD y por la pasividad de los organismos públicos a la hora de contratar a este tipo de empresas que no cumplen con la ley.

Desde SPV te animamos a asistir a esta manifestación. Luchamos por erradicar del sector a esta y otras empresas piratas del mismo tipo, que no hacen sino hundir en la miseria a los miles de profesionales de la seguridad privada.

Nos vemos a las puertas del Parlamento de Andalucía el 7 de febrero desde las 11.00 a las 13.00 horas

¡¡¡ NO FALTES !!!

SPV apela a la responsabilidad del Ayuntamiento para solucionar la dramática situación de la plantilla de Mersant


La Secretaria General de SPV Sevilla intervino en el turno ciudadano del último pleno del Ayuntamiento para demandar una solución urgente a la dramática situación por la que están pasado los trabajadores y trabajadoras de la empresa Mersant, adjudicataria de la vigilancia y seguridad de muchos de los centros y edificios del consistorio sevillano.

Sonia Domínguez, en nombre de SPV y de otras organizaciones sindicales que han aunado esfuerzos para denunciar los impagos e incumplimientos de Mersant, quiso recordarle al equipo de gobierno de la ciudad la delicada situación por la que esta pasado la plantilla de esta empresa de seguridad, donde cientos de trabajadores llevan casi un año padeciendo retrasos continuados en el abono de sus nóminas, unas circunstancias que se han visto agravadas a partir del mes de diciembre con impagos, y que se ha convertido en un verdadero calvario para todas las familias que se han visto afectadas por estos impagos.

LO QUE IMPORTA ES LA VOLUNTAD POLÍTICA La responsable sindical recriminó a los responsables municipales la pasividad con la que se toma el Ayuntamiento estas circunstancias. "No es la primera empresa de seguridad que deja en la estacada a sus trabajadores, ya llueve sobre mojado. De nada sirve hablar de incumplimientos de condiciones de pliegos, ni de clausulas sociales no respetadas, Muchas leyes, muchas clausulas y aquí lo que importa verdaderamente es la voluntad política. Vengo aquí para recordarles las penurias por las que están atravesando cientos de trabajadores de Mersant, esos mismos trabajadores que se encargan de custodiar sus principales instalaciones, vigilantes de seguridad que no puede afrontar los pagos mas básicos de sus casas, que están cansados de pedir dinero prestado a familiares y amigos. Mientras vosotros dais de lado a este problema, muchas familias se están endeudando y tardarán años en recuperarse, perdidos en la perversión de unos procesos judiciales interminables".

NO SOMOS TRABAJADORES DE SEGUNDA MANO SPV, a través de su portavoz, denunció que el personal de seguridad no es "trabajador de segunda" y tiene sus derechos. "Ya está bien de reírse del pueblo, del trabajador, seguro que todos ustedes cobran religiosamente antes de terminar el mes. Desde vuestros sillones y despachos no estáis con el pueblo. Os pedimos que no adjudiquéis más contratos a la baja, que no contratéis a más empresas piratas. Tenéis que darle una solución rápida a estos trabajadores que acuden todos los días a sus puestos de trabajo desanimados, a sabiendas de que no van a cobrar, porque no hay cosa peor que privarle al trabajador de su salario. El Ayuntamiento es responsable de lo que pasa con las empresas con las que contrata sus servicios".

NO NOS CONTÉIS LAS MISMAS MILONGAS DE SIEMPRE ¿Sabéis que va a pasar? continuó interpelando de forma directa la dirigente en el pleno municipal, "que Mersant acabará declarándose en concurso de acreedores, pero previamente cobrara sus facturas del Ayuntamiento y se largará, y los trabajadores afectados tendrán que acudir al FOGASA que luego les regateará las cantidades en los juzgados y cobrará un porcentaje de lo adeudado al trabajador, pero eso ya dentro de tres o cuatro años. Con vuestra inacción estáis permitiendo que cientos de familias no tengan ni para comer. Y ahora, en vuestro turno de réplica nos contáis las mismas milongas de siempre: que estáis actuando hasta donde podéis, y que no podéis hacer nada más..."

NO SE PUEDEN ADJUDICAR CONTRATOS A LA BAJA SPV terminó su intervención solicitando el pago directo a los trabajadores y que el dinero del erario público no caiga en manos de empresarios defraudadores. "Hay que acabar con la agonía por la que están pasando estas familias, pedimos que lleguen las nóminas ya a los trabajadores. Apelamos a su responsabilidad. Denle una solución urgente, porque es de urgencia actuar cuando hay que trabajadores que van a su puesto de trabajo y no cobran. No se pueden poner ustedes a mirar para otro lado. El principal problema del Ayuntamiento es que adjudica este tipo de contratos a la baja, por subasta, muy por debajo de lo que es razonable, Esto tiene que cambiar. Ustedes tienen que fiscalizar a las empresas que contratan y velar que sus trabajadores cobren, máxime teniendo conocimiento sobrado de ello. Estamos artos de ver como las empresas no pagan sus impuestos, y luego a la hora de presentarse a los concursos aplazan la deuda abonando un mínimo porcentaje con el objeto de obtener su certificado. Y así siguen cobrando, pero los que realmente no cobran son los trabajadores. Las empresas pagan las deudas con el dinero de sus trabajadores. Eso lo sabe todo el mundo, creo que ya está bien..."

MURCIA: La intervención de vigilantes y policía evita que un hombre se queme a lo bonzo en la puerta de Extranjería

Se rocía con gasolina y amenaza con quemarse a lo bonzo en la puerta de Extranjería en Murcia

Un hombre de mediana edad se rociaba hoy con gasolina y amenazaba con quemarse a lo bonzo y quitarse así la vida en la puerta de las instalaciones de Extranjería, en Murcia. Al lugar se trasladó una ambulancia, cuyos sanitarios “no conseguían tranquilizarlo” y finalmente se vieron obligados a sedarlo, según apuntó una portavoz del 112. La misma fuente dijo que el hombre tenía más de 40 años y problemas psiquiátricos.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las doce y media de la mañana de este viernes. Testigos afirmaron que el hombre se echó la gasolina por su cuerpo, pero que la rápida intervención de los vigilantes de seguridad y los agentes de la Policía Nacional hizo que el incidente no fuese a más. No llegó a prender la llama. No obstante, los presentes vertieron agua sobre el hombre, para tratar de retirar la gasolinera que se había vertido él mismo. El hombre permaneció retenido por los policías hasta que llegaron los sanitarios.

Sucesos similares en la Región El mes pasado, un hombre se quemaba a lo bonzo frente a los juzgados de Cieza. Aguantó unos días en la UCI del Virgen de a Arrixaca, pero finalmente expiró. Se trataba de un hombre que tenía una condena por violencia de género. Entonces, al igual que este viernes en Extranjería, la vigilante de seguridad de los juzgados apagó las llamas y atendió al hombre.

En septiembre de 2013, un hombre se quemaba a lo bonzo en pleno centro de la capital murciana, en la avenida de la Libertad, al parecer en protesta porque los servicios sociales le habían quitado a sus hijas, según indicaron testigos presenciales y se podía leer en las pancartas que portaba. Esta persona también falleció a consecuencia de las gravísimas quemaduras que se provocó.

No estás solo, no estás sola Si tú o una persona que conoces está pasando por un mal momento, hay profesionales dispuestos a echar una mano. Asociaciones, como el Teléfono de la Esperanza, prestan su ayuda, con personas que te atienden al teléfono, escuchan y, si lo necesitas, aconsejan. Puedes llamar al 968 343 400. Asimismo, en 112 los operadores de Emergencias podrán atenderte por teléfono las 24 horas y todos los días del año. También puedes acudir a un centro de salud u hospitalario en busca de ayuda.

28 de enero de 2022

MADRID: Condenado por agredir a dos vigilantes en Getafe que le exigieron ponerse mascarilla

La Audiencia Provincial impone una multa de 480 euros a un hombre que les lesionó en la estación de Cercanías de Las Margaritas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una multa de 480 euros a un hombre que lesionó a dos vigilantes de seguridad en la estación de Las Margaritas de Getafe en un altercado por no llevar correctamente puesta la mascarilla ni billete de transporte.

Así, ha ratificado la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 8 de Getafe que condenó al acusado como autor material y directo de dos delitos leves de lesiones, pero ha estimado parcialmente el recurso de apelación y le absuelve de dos delitos leves de amenazas. Igualmente, se le condena como responsabilidad civil por las lesiones causadas a que indemnice a los vigilantes con 400 y 450 euros.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que en la estación se inició una discusión entre uno de los vigilantes y el acusado "por consecuencia de no llevar este último correctamente puesta la mascarilla y no portar billete de transporte", en la que intervino otro vigilante para ayudar a reducirle, resultando los tres lesionados. El acusado recurrió la sentencia de primera instancia aduciendo error en la valoración de la prueba, "pues los medios probatorios practicados no permitirían considerar acreditados los hechos declarados probados, alegando que las versiones de una y otra parte serían contradictorias".

También sostiene en su defensa que no existiría prueba que corroborase las declaraciones de los vigilantes de seguridad y que "las lesiones sufridas por ellos no habrían sido causadas por el recurrente". Sin embargo, según el Tribunal, las versiones de los vigilantes resultan concordantes, "tanto entre sí como respecto a los informes elaborados por el médico forense acreditativos de la entidad de las lesiones sufridas a consecuencia de los hechos", agregando que la valoración de la prueba "no ha sido arbitraria ni irrazonable".

BILBAO: Agresión a dos vigilantes de seguridad del Metro en Sopela

Siete adultos con niños agreden a dos vigilantes del metro en Sopela

La paliza ocurrió en la medianoche del sábado al domingo cuando los vigilantes les solicitaron a los adultos, que regresaban de una cena familiar, que hicieran uso de la mascarilla

Un grupo de adultos con tres menores, que venían de una cena familiar, propinaron el pasado sábado en la estación del metro en Sopela una paliza a dos vigilantes, que sufrieron diversas lesiones, ha informado el sindicato CCOO. La agresión se produjo a la medianoche del sábado al domingo cuando un grupo de 7 adultos y 3 menores llegó a la estación y el vigilante pidió a dos de los mayores que se pusieran la mascarilla y después siguió con su ronda.

En ese momento, según CCOO, comenzaron los insultos por parte del grupo y una de las mujeres, que se identificó como vigilante de seguridad privada de otra empresa, dijo que venían de una cena familiar y amenazó al guarda. Entonces el vigilante solicitó que se identificara la persona que no llevaba mascarilla, a lo que este se negó y continuó insultándole, por lo que llamó a la Ertzaintza.

Cuando llegó el metro, el agresor empujó al vigilante intentando subir al tren y le tiró al suelo y el resto de adultos empezaron a propinarle patadas y puñetazos. En el convoy que acababa de llegar venía una vigilante de apoyo que nada más llegar recibió una patada en el pecho por parte de otro agresor, que la tiró al suelo donde recibió más golpes. El agresor que no llevaba mascarilla huyó del lugar y el resto de integrantes del grupo fue identificado por los ertzainas.

El vigilante de la estación sufrió, según el sindicato, una posible fisura en la mandíbula, esguince en la mano izquierda y corte en la mano derecha, inflamación de la rodilla y fuertes dolores en el cuello, mientras que a la que vino en el tren se le diagnosticó posibles fisuras en las costillas, esguince de tobillo y golpes en la cara y el labio. Cuatro días después se le va a realizar un TAC para valorar posibles daños dado que tenía mareos y vómitos.

CÁDIZ: Chiclana no volverá a contratar a Mersant tras los retrasos en las nóminas de los vigilantes

El Ayuntamiento traslada su apoyo a los empleados de la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia de edificios municipales

Miembros del Gobierno municipal y de grupos de la oposición han acompañado de los trabajadores de la empresa Mersant, adjudicataria del servicio de vigilancia de los edificios municipales, que este jueves se han concentrado en la puerta del Ayuntamiento para denunciar el impago de las nóminas en estos dos últimos meses por parte de la empresa.

Durante la concentración, que se ha llevado a cabo antes del Pleno Ordinario del mes de enero, la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, ha lamentado la complicada situación que están sufriendo los trabajadores de la empresa, entre ellos, los 13 que desempeñan sus funciones en edificios municipales como el Ayuntamiento, Mujer, Urbanismo, Brake, Mercado de Abastos y Servicios Sociales.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Chiclana se ha instado en varias ocasiones a la empresa Mersant al cumplimiento del contrato y al pago de las nóminas a los trabajadores, sin que hasta el momento se haya resuelto esta problemática. Todo ello, a pesar de que el Ayuntamiento sí está cumpliendo en los pagos con la empresa. Por otro lado, el Gobierno municipal ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada este martes no prorrogar el contrato con la empresa Mersant, que expira el próximo 31 de julio. En este sentido, el Ayuntamiento ya trabaja en la elaboración del pliego de condiciones para la licitación del servicio, en el que la empresa que resultara adjudicataria del mismo tiene el deber de subrogar el contrato de los 13 trabajadores que actualmente desempeñan sus funciones en los edificios municipales.

Grupo Control se lanza a la formación con un curso para futuros vigilantes de seguridad en Almería

Grupo Control inaugura su centro de formación con un curso para futuros vigilantes de seguridad en Almería.

Se impartirá de manera presencial, con una duración de 350 horas, y con plazas limitadas para 15 aspirantes que realizarán sus prácticas en la empresa

Grupo Control inaugura su centro de formación para capacitar a los futuros profesionales de la seguridad privada en diferentes materias. El primer curso servirá para obtener el Certificado de Profesionalidad en Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de Explosivos, con un cupo limitado a 15 alumnos para la convocatoria de este mes de marzo de 2022, que se extenderá hasta junio.

Este curso de 350 horas es en modalidad presencial, de las cuales 40 son prácticas, y se celebrará en Almería en horario de mañana, desde las 9 a las 14 horas. Los requisitos mínimos para la obtención del certificado de la habilitación como vigilante de seguridad son: tener al menos el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente, nacionalidad de algunos de los países pertenecientes a la UE, mayor de 18 años con la capacidad física y aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las funciones, carecer de antecedentes penales y no haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad en los dos años anteriores.

Las ventajas al formarse en Grupo Control son numerosas: se trata de una empresa de seguridad líder con presencia en toda España, toda la formación y exámenes se realizan en nuestro centro de formación impartida por expertos del sector de la protección y seguridad privada. Además, las prácticas profesionales se realizan en la propia empresa, con posibilidad de acceso a su bolsa de empleo. Se trata además de un curso reconocido por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no es necesario realizar un examen externo con la Policía y permite doble habilitación, vigilancia y seguridad privada + protección de explosivos y con formación multidisciplinar en diferentes áreas de trabajo de la seguridad privada.

El contenido de esta Certificación se regula en el Real Decreto 548/2014 (BOE 19 de julio de 2014) y establece que, las personas que superen este curso serán competentes para desarrollar las funciones propias de Seguridad Privada. Vigilar y proteger a las personas y sus bienes, evitando la comisión de delitos e infracciones en un entorno definido. La obtención de este certificado acredita a la persona que lo posee que tiene unos determinados conocimientos y experiencia profesional. Con este curso se obtiene toda la documentación correspondiente para la tramitación de la habilitación profesional o TIP ante el Ministerio del Interior - Policía Nacional

27 de enero de 2022

SPV denuncia en el Ayuntamiento de Sevilla: "Mersant paga las deudas pendientes con el salario de los trabajadores"


SPV ha denunciado ante el pleno del Ayuntamiento de Sevilla los impagos de la empresa Mersant Seguridad

Carta abierta del Sindicato Profesional de Vigilantes: "Señores políticos, tengan la valentía de despedir al empresario pirata".

Señores políticos, a los que a buen seguro aun quedáis horados, la democracia nos trajo a los que vivimos la Transición el sueño de la igualdad, del respeto al débil

Hace unos años, cuando empezaba en esto de la seguridad privada, existían los vigilantes jurados y en aquellas fechas, poder trabajar prestando servicios en algún organismo oficial era un inmensa suerte, fuese en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o para cualquier Ministerio de Estado, pues en estos servicios se contrataban empresas serias y no se conculcaban los derechos básicos de los trabajadores, pues de alguna forma, dichos organismos eran los garantes del bienestar y cumplimiento no solo de sus funcionarios, sino también de las contratas que les prestaban sus servicios: empresas de seguridad, limpieza, mantenimientos, jardinería, etc.

Con el paso del tiempo, se modificó la Ley de Contrataciones Públicas —elaborar leyes les corresponde a los políticos— y comenzaron a aparecer empresas que ofertando los concursos públicos a la baja obtenían la adjudicación de dichos servicios, habida cuenta de que la propia redacción del pliego de condiciones premia y puntúa sobre manera la oferta económica más barata, desaparece de la legislación las bajas temerarias, aquella que a priori, resultaba dudoso poder hacer frente a los costos del objeto del contrato, y con ello se consuma el desastre para los trabajadores de este tipo de empresas. Ha día de hoy casi todas las administraciones y organismos públicos contratan lo más barato y por ende lo que genera más problemas a los trabajadores de la contratas. Es una pena, que mientras esto sucede, en el sentido inverso, muchos de los políticos de turno, se procuran buenos salarios y no dudan en obtener incluso un pluriempleo en distintas de estas administraciones, cobrando lucrativos salarios en ambos, puertas giratorias y todo tipo de desvergüenzas. Podrían pensar un poco más en los ciudadanos y facilitarles sus derechos básicos, quizás reformando leyes a todas luces injustas.

Señores políticos, a los que a buen seguro aun quedáis horados, la democracia nos trajo a los que vivimos la Transición el sueño de la igualdad, del respeto al débil, de la no discriminación y de una serie de derechos amparados por una Constitución que a día de hoy estamos destruyendo entre todos, pero los que tienen la obligación de legislar en justicia y velar por que así se cumpla, no pueden ser lo que les aboquen a los incumplimientos, pues llegado a este punto, como ciudadano libre y responsable de mis actos, me viene a la cabeza las palabras del filósofo Henry David Thoreau.

Precursor del pacifismo y de la desobediencia civil, pues no se debe colaborar ni cooperar con un sistema político a todas luces inmoral y falto de la más mínima ética, que propugna y proclama el valor de las instituciones, pero no duda en mirar para otro lado mientras saquean al débil y cuando se les pregunta que están dispuestos a hacer, responden que no está en su mano la solución y hay que cumplir lo firmado, aunque como en este caso, está manifiestamente demostrado, que MERSANT VIGILANCIA SL, SEPROALERT, ETC., son empresas piratas que se adueñan y apropian indebidamente de los salario de estos vigilantes de seguridad, incumplen el convenio colectivo y todo tipo de obligaciones (seguridad social, hacienda, etc.) sobre todo si trabajan para organismo públicos y un buen día, con la mayor tranquilidad, desaparecen como el Guadiana y dejan la deuda para que la pague el pueblo, mientras al día siguiente comienzan a operar con una marca distintas y el siclo comienza de nuevo. ¡Cómo han cambiado los tiempos!

Antonio Montesinos Ruiz es secretario del Sindicato SPV.

Málaga pondrá vigilantes en paradas de taxi para evitar tensiones entre clientes en Feria y Semana Santa

El Ayuntamiento de Málaga capital saca a concurso la contratación de este servicio con la vista puesta en mejorar el control y la seguridad en grandes eventos.

Coger un taxi en ciertas paradas del Centro histórico de Málaga en los días de Semana Santa o la Feria se convertía casi en una odisea en la etapa pre Covid. Era tal la demanda que incluso se acaban generando situaciones de descontrol y tensión entre los propios clientes. Sabedores de esta circunstancia y de que por más que la sexta ola de la pandemia sigue haciendo de las suyas es previsible pensar en que este año sí habrá procesiones por las calles de la ciudad, el Ayuntamiento de Málaga quiere anticiparse y busca el mejor modo de evitar episodios de este tipo. Tan en serio se lo ha tomado que va a contratar vigilantes privados cuya labor será básicamente controlar estos puntos de estacionamiento.

El servicio, por un año prorrogable por otro año, está pensado para los periodos en los que la demanda del taxi es mucho mayor, caso de Semana Santa y la Feria. Tiempos en los que "la aglomeración de usuarios hace necesaria una intervención para dar más seguridad y eficacia al funcionamiento de la parada mediante la canalización y asignación de taxis a los usuarios". Eso es justamente lo que se recoge en el pliego de condiciones que rige esta convocatoria. Las empresas interesadas tienen hasta el 9 de febrero próximo para presentar sus ofertas.

El precio de partida de este servicio ronda los 9.000 euros para un año completo. A través de la Oficina Municipal del Taxi, se requiere "el apoyo de profesionales externos para la elaboración de los cuestionarios, pruebas psicotécnicas, desarrollo de las pruebas, corrección, atención de reclamaciones, impartir seminarios y elaboración de informes". Será Movilidad el que tendrá que concretar en qué paradas del taxi se disponen los puntos de control, así como las fechas y horarios precisos. Cada una de ellas contará con un vigilante, que deberá ir uniformado, y dos personas para el control e información, con dispositivos de radiofrecuencia o teléfonos móviles para comunicarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencias. No obstante, podrá modificarse el número de personas.

Antes de la prestación del servicio deberá comunicar a la Oficina Municipal del Taxi el nombre y DNI de las personas que intervienen. La empresa adjudicataria deberá solicitar la autorización administrativa a la Subdelegación del Gobierno para el servicio de vigilancia en cada evento, así como demás permisos que le exija la formativa vigente necesarios para prestar este servicio en la vía pública. Asimismo, deberá tener contratado un seguro de responsabilidad civil y accidentes.

26 de enero de 2022

SEVILLA: Cuatro bibliotecas sevillanas cierran "temporalmente" por falta de contratos de seguridad

Cerradas "temporalmente" en horario de tarde hasta que se puedan volver a adjudicar los contratos de seguridad y vigilancia

Las bibliotecas municipales de Alberto Lista (Casco Antiguo), El Esqueleto (Polígono Sur), Luis Cernuda (Bellavista) y San Jerónimo, en el barrio del mismo nombre, están cerradas "temporalmente" en horario de tarde hasta que se puedan volver a adjudicar los contratos de seguridad y vigilancia.

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado a Europa Press que esta situación es consecuencia de que la empresa a la que se le adjudicó el servicio "ha desistido" del mismo, lo que se "está tratando de resolver", han aclarado las fuentes municipales consultas.

La mesa de contratación emitió la resolución del contrato a finales de octubre pasado, pero no llegó a formalizarse al renunciar la empresa por "no subrogar a la plantilla previa, como estaba establecido", explican las citadas fuentes. No había ninguna otra empresa que hubiera presentado oferta a este contrato de seguridad y vigilancia --que se licitó por 280.000 euros-- por lo que el Ayuntamiento está "tratando de resolver el problema".

CÁDIZ: Un padre da voz a la desesperada situación que atraviesan trece familias de vigilantes en Chiclana

La carta de un padre que da voz a la desesperada situación que atraviesan trece familias de vigilantes en Chiclana

La empresa Mersant no está cumpliendo con el pago a los trabajadores, que cumplen funciones en los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana, así como en diferentes consejerías de la Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz.

Ramón Ruiz, el padre de un trabajador de la empresa de seguridad Mersant, ha escrito una carta para dar voz "al estado lamentable que pasan trece familias de los vigilantes con servicios en el Ayuntamiento de Chiclana. ¿Alguien en este consistorio está enterado de las dificultades económicas que están pasando los vigilantes? O es mejor esperar discutiendo a ver qué partido es más culpable de la situación". Los vigilantes, cuenta Ramón, "trabajan a diario a pesar de no poder pagar los servicios mínimos que garantizan la subsistencia familiar. ¿Alguien se plantea ser responsable solidario y formalizar el pago a estas personas? Ya supongo que el Ayuntamiento paga a la empresa Mersant, pero esta no cumple con sus trabajadores".

"Se reúnen –añade el padre de uno de los vigilantes– con los empleados para explicarles que la empresa no paga, como si ellos no lo estuviesen sufriendo lo suficiente en sus bolsillos. No hacen falta reuniones de ese tipo, hacen falta pagos solidarios de un sueldo irrisorio. ¿Qué hacen los trabajadores, ponen en stand by a sus hijos para que no coman durante ese tiempo?. ¿Dejan de pagar luz, agua, gas, alquiler? Seguro que los impagos les harían pasar a ser morosos ilegales, ocupas ilegales".

Ramón también hace un llamamiento al movimiento sindicalista: "¿No es el momento de presentar quejas en magistratura?, ¿De presentar denuncias varias a quien corresponda (empresa y ayuntamiento)?. No sólo se trabaja tras una pancarta, se puede hacer de oficio y buscando soluciones. Por favor, justicia social y responsabilidad solidaria. No es para ir para otra cosa, es para comer trece familias. Pido perdón si alguien no es partícipe de mis palabras, pero nadie pide perdón por las injusticias que vive mi hijo y cada uno de sus compañeros".

Los trabajadores de Mersant viven en una situación desesperada y, lo que es peor, han perdido la esperanza de encontrar una solución, ya que los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana, así como las distintas consejerías y dependencias de la Junta de Andalucía (Agricultura y Pesca, SAE, SEPE, Los Toruños, Juzgados, INSS, Diputación de Cádiz), no han pagado los salarios.

25 de enero de 2022

Los agentes de seguridad de de la Generalitat de Catalunya, desbordados ante los grafiteros

El suceso se produjo en la estación Hospital General, donde los vándalos bajaron a las vías para llenar de pintadas los vagones del tren.

Nuevo acto de vandalismo contra un medio de transporte público, esta vez, en los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Un grupo de grafiteros atacó el pasado sábado un convoy de la compañía ferroviaria catalana, llenando su carrocería de pintadas sin que los agentes de seguridad presentes en la estación pudieran hacer nada para evitarlo. La escena se produjo en la estación Hospital General, en la localidad barcelonesa de Rubí, donde los grafiteros bajaron a las vías para llenar de pintadas los vagones del tren.

En la escena se aprecia cómo actúan con impunidad mientras profieren amenazas como "más vale que no bajéis" o "no bajéis u os matamos", al parecer dirigidas a los vigilantes. El acto vandálico ha sido denunciado en redes sociales por ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña. En su perfil de Twitter, este sindicato se dirige a la Consejería de Interior de la Generalitat afirmando que "sin efectivos, no podemos hacer nada" frente a este tipo de acciones.

24 de enero de 2022

El Sindicato Profesional de Vigilantes denuncia los impago de los salarios de la empresa Mersant


El Sindicato Profesional de Vigilantes intervendrá en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que acaecerá este próximo jueves 27 de enero de 2022, para denunciar (ante el alcalde de la ciudad, el Gobierno municipal y el resto de los ediles de todas las formaciones políticas que representan al conjunto de la ciudadanía) los intolerables impagos de los sueldos a sus Vigilantes de Seguridad que la empresa MERSANT VIGILANCIA S. L. viene perpetrando con una asiduidad inadmisible.

La reiterada vulneración que de la legislación laboral más básica viene cometiendo la empresa MERSANT VIGILANCIA S. L. para con sus trabajadores roza ya la indecencia más abyecta. El mantener a la totalidad de su plantilla al frente de sus respectivos puestos de trabajo —relacionados directamente con la prestación de los servicios de seguridad privada en infinidad de edificios, dependencias y organismos públicos— sin abonarles sus respectivas nóminas está ocasionando un daño irreparable en las economías personales y en las vidas de multitud de familias y poniendo en entredicho, cuando menos, las políticas de licitación y adjudicación de los contratos gestionados por las administraciones públicas y sufragados con el dinero de los contribuyentes.

Es inaceptable que las autoridades e instituciones públicas sigan permitiendo el enriquecimiento a costa del erario de empresas incumplidoras que ponen en riesgo la subsistencia de sus empleados.

Desde el SINDICATO PROFESIONAL DE VIGILANTES – SEVILLA hemos logrado que en la próxima sesión plenaria del Ayuntamiento de Sevilla se nos permita denunciar, en la intervención que Sonia Domínguez Sánchez (nuestra secretaria general y máxima representante legal) protagonizará a raíz de una de las preguntas admitidas en el turno ciudadano, esta insostenible situación y exigir que obliguen a la empresa a que cese definitivamente en sus prácticas fraudulentas, restituya de manera inmediata lo adeudado y restablezca los pagos a su personal.

Los impagos de salarios de Mersant a sus trabajadores serán denunciados ante el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla

Los impagos de salarios que la empresa Mersant viene perpetrando contra sus trabajadores serán denunciados ante el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla

El Sindicato Profesional de Vigilantes – Sevilla intervendrá en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que acaecerá este próximo jueves 27 de enero de 2022, para denunciar (ante el alcalde de la ciudad, el Gobierno municipal y el resto de los ediles de todas las formaciones políticas que representan al conjunto de la ciudadanía) los intolerables impagos de los sueldos a sus Vigilantes de Seguridad que la empresa MERSANT VIGILANCIA S. L. viene perpetrando con una asiduidad inadmisible.

La reiterada vulneración que de la legislación laboral más básica viene cometiendo la empresa MERSANT VIGILANCIA S. L. para con sus trabajadores roza ya la indecencia más abyecta. El mantener a la totalidad de su plantilla al frente de sus respectivos puestos de trabajo —relacionados directamente con la prestación de los servicios de seguridad privada en infinidad de edificios, dependencias y organismos públicos— sin abonarles sus respectivas nóminas está ocasionando un daño irreparable en las economías personales y en las vidas de multitud de familias y poniendo en entredicho, cuando menos, las políticas de licitación y adjudicación de los contratos gestionados por las administraciones públicas y sufragados con el dinero de los contribuyentes. Es inaceptable que las autoridades e instituciones públicas sigan permitiendo el enriquecimiento a costa del erario de empresas incumplidoras que ponen en riesgo la subsistencia de sus empleados.

La policía puede revisar los antecedentes de un vigilante de seguridad sin su permiso


El Tribunal Supremo confirma la legalidad de la cesión de datos para comprobar que cumple los requisitos legales para la habilitación profesional

El Supremo confirma, a través de una reciente sentencia, que el acceso por un policía al Registro Central de Penados para comprobar antecedentes penales de un vigilante de seguridad no requiere de su consentimiento. Así es, el Alto Tribunal considera que se trata de una cesión datos proporcionada y legalmente prevista para un requisito necesario para dicha profesión.

La Sala matiza que dicha comprobación está limitado al mantenimiento de un requisito necesario para la pervivencia de la habilitación para prestar servicios como vigilante de seguridad a los efectos de carecer de antecedentes penales por delito doloso y amparado por el art. 11.2.c) de la Ley de Protección de Datos, en cuanto responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica necesariamente la conexión con el fichero de terceros, el Registro Central de Penados y Rebeldes.

Proporcionalidad Por tanto, a juicio del Supremo se trata de una cesión legítima de datos personales legalmente prevista, y que responde a una finalidad constitucionalmente prevista, además de ser proporcionada. En este caso, el control efectivo de los requisitos necesarios para mantener la habilitación para prestar servicio como vigilante de seguridad, como garantía del correcto desempeño de su función en el ámbito eminentemente público de la seguridad ciudadana, pasa por carecer de antecedentes penales. Por ello, puede decirse que existe una relación jurídica libremente aceptada constituida por la habilitación otorgada por el Ministerio del Interior para poder ejercer como vigilante de seguridad privada y la necesidad de control de la permanencia de este requisito a los efectos de su cotejo en el Registro Central de Penados y Rebeldes, máxime cuando la comunicación de datos se limita a la finalidad que la justifica, comprobar el mantenimiento del requisito, para en caso de comprobarse su ausencia, privar de la habilitación.

Interés Público Insiste la Sala en que la salvaguarda del interés público y la necesidad de controlar la ausencia de antecedentes es lo que autoriza a prescindir del consentimiento del interesado. La cesión de datos personales responde, por tanto, a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. Trasladando esta doctrina al supuesto que motiva la cuestión casacional, el Supremo confirma que el art. 11.2.c) LOPD , constituye título habilitante para el acceso directo por la Dirección General de la Policía, sin consentimiento del afectado, a los datos existentes en el Registro Central de Penados y Rebeldes relativos a los antecedentes penales del personal de seguridad privada, a fines de control del cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención o mantenimiento de la habilitación profesional de la actividad.

Finalmente, además de fijar doctrina en cuanto al criterio interpretativo de dicho precepto legal sobre protección de datos, el Supremo confirma también la extinción de la habilitación profesional como vigilante de seguridad por estar condenado el recurrente por un delito de amenazas leves, que supuso la pérdida del requisito de carecer de antecedentes penales.

23 de enero de 2022

HUELVA: Concentración en el centro de salud de Adoratrices tras la agresión a un vigilante de seguridad

La víctima fue agredida por un hombre que se puso agresivo porque no había cita para su médico de cabecera para renovar un parte de baja médica

El centro de salud de Adoratrices de la capital onubense ha acogido esta mañana una concetración de profesionales sanitario en repulsa ante la agresión que sufrió un vigilante de seguridad en la tarde del jueves. El vigilante, según informan desde el sindicato CSIF, "fue requerido por el trabajador que se encontraba en el mostrador de atención a los usuarios cuando un hombre comenzó a ponerse agresivo, según testigos presenciales, porque no había cita para su médico de cabecera para renovar un parte de baja médica".

El vigilante de seguridad acudió tras la llamada del compañero del mostrador y fue agredido por este usuario cuando intentaba explicarle la situación, añaden desde el sindicato. Posteriormente, intervinieron agentes de la autoridad. En la concentración de repulsa han participado integrantes de la junta de personal y sindicatos del sector de sanidad.

LAS PALMAS: El Supremo avala el despido de una vigilante del aeropuerto de Lanzarote que dejó pasar un arma con munición

El fallo rechaza el recurso de la trabajadora y confirma las sentencias previas, que consideraron probado que permitió el paso de ese equipaje y que tampoco lo notificó a la Guardia Civil ni a su empresa

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por una vigilante de seguridad que trabajaba en el aeropuerto de Lanzarote y que fue despedida por dejar pasar por el control un equipaje que contenía un arma de fuego con su correspondiente munición. Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2017 y la sentencia considera probado que la trabajadora permitió el paso de esa maleta “sin poner el hecho en conocimiento de la Guardia Civil, encargada de la seguridad en dicha instalación, y sin reportar de la incidencia a su empresa”. Además, tampoco informó de que “tras pasar por el control este equipaje, había desconectado la máquina de Rayos X, teniendo que ser reiniciada”.

Cuando la empresa tuvo conocimiento de lo ocurrido inició los trámites para su despido disciplinario, que se le notificó 19 de enero de 2018. Entonces la afectada presentó un recurso dirigido contra Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España S.L., Ilunión Seguridad S.A. y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que fue rechazado primero por el Juzgado de lo Social Número 1 de Arrecife y después por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Fue entonces cuando se dirigió al Supremo, que también ha rechazado ahora sus pretensiones.

22 de enero de 2022

El empresario acusado de obligar a sus trabajadores a firmar "documentos en blanco", a juicio

Según la Fiscalía, el gerente de Alcor Seguridad S. L. usó este método "como mecanismo para doblegar la voluntad" de sus vigilantes.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos (Lugo) ha decretado la apertura de juicio oral contra Carlos Somoza, gerente de la empresa de seguridad Alcor, como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía considera que, de 2011 a 2015, Somoza y otros responsables de la mercantil vulneraron los "derechos mínimos" de sus empleados. Por ello, solicita para él tres años y tres meses de prisión, junto a una multa de diez meses a razón de 12 euros diarios (unos 3.600 euros).

En un auto, fechado el pasado mes de diciembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez también manda a juicio a María Belén González, Antonio Francisco Soler, Elizabeth Somoza (hija de Carlos Somoza) y Josefa Raquel Álvarez (esposa de éste), considerados por el Ministerio Público "cooperadores necesarios" del delito y para quienes pide penas de cárcel que van desde los dos años y medio hasta los tres. El Juzgado también ha decretado la apertura de juicio oral contra María Susana Rodríguez —contra quien no se dirigía la Fiscalía, sino la acusación popular—, como administradora de la mercantil Alcor Seguridad S. L. Todos ellos ejercían distintas responsabilidades en la empresa.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público sostiene que, aunque Carlos Somoza "no figura como administrador de derecho" de Alcor, "a la fecha de los hechos, desarrollaba su actividad en la entidad como gerente de la misma, ostentando de facto la dirección y administración de la empresa". La Fiscalía fundamenta su petición en las declaraciones ante la Policía Nacional de varios extrabajadores de Alcor, empresa dedicada a la vigilancia, protección y seguridad y que ha gozado, desde su creación en julio de 2008, de decenas de contratos con la Administración Pública. Entre otros, la mercantil fue la responsable de vigilar las obras del AVE Madrid-Galicia o la denominada Y vasca.

El Ministerio Público atribuye a los acusados una "vulneración de los derechos mínimos irrenunciables" de los trabajadores, que incluiría "imposiciones de largas jornadas laborales sin respeto a los descansos establecidos", abono de las horas extra a un precio menor del estipulado o la "exigencia empresarial de firmar documentos en blanco (...) como mecanismo para doblegar la voluntad de los trabajadores". Varios extrabajadores de Alcor, cuyos testimonios recoge el escrito de Fiscalía, relataron que fueron obligados a firmar documentos en blanco sin saber qué finalidad iban a tener. Y la fiscal asegura que esta circunstancia habría sido "posteriormente empleada por los acusados (...), quienes proferían [a los empleados] expresiones tales como: 'Recuerda que el finiquito ya está firmado' o 'Si tienes pensado denunciar a la empresa, recuerda que has firmado hojas en blanco'".

Según el Ministerio Público, el gerente de la empresa impuso estas condiciones a algunos de sus trabajadores "abusando de la situación de necesidad en la que los mismos se encontraban". Uno de los antiguos empleados —contratado de 2008 a 2013— declaró haber estado diez semanas seguidas trabajando sin libranzas y haber realizado turnos de veinticuatro horas durante quince o veinte días consecutivos, viviendo en una caseta de obra. Otros narraron que no pudieron cobrar pluses de nocturnidad y antigüedad ni horas extras.

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO), que ejerce la acusación popular, solicita penas mayores para los acusados: seis años de prisión para Carlos Somoza, cuatro para María Belén González, tres años y seis meses para Susana Rodríguez, Antonio Soler y Elizabeth Somoza. Asimismo, a petición de la fiscal, el Juzgado de Instrucción decreta el archivo de la causa contra Noelia Somoza, otra de las hijas de Josefa Álvarez y Carlos Somoza.
Incidente de nulidad

Por su parte, la defensa de este último, dirigida por el letrado Ignacio Martínez-Arrieta, del despacho Gómez de Liaño & Márquez de Prado, ha presentado un incidente de nulidad contra el auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso. Con él, se oponen a la inclusión "sorpresiva" y "extemporánea" de María Susana Rodríguez (como administradora de Alcor Seguridad S. L.) en el auto. Acudió a declarar en 2018, aquella comparecencia fue declarada nula y posteriormente no volvió a ser citada. La defensa reitera, además, que el delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en el artículo 311 del Código Penal, no contempla a las empresas. La Fiscalía no se dirigió ni contra la mercantil Alcor Seguridad ni contra Rodríguez, aunque esta última sí fue incluida en el escrito de acusación de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO).

Detenido en 2015 Carlos Somoza fue detenido por la Policía Nacional FUENTE: www.elespanol.com AQUÍen octubre de 2015 por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y de blanqueo de capitales. Todo ello se inició con una denuncia presentada por el sindicato USO. Tras la detención, el proceso se desgajó en varias piezas separadas. Ésta es la última que queda abierta. En 2018, el Juzgado no encontró pruebas de delito fiscal en la gestión de la empresa y archivó esta causa provisionalmente. Tampoco, de la supuesta revelación de secretos de la que se acusó a Antonio Francisco Soler, uno de los directivos de la mercantil. Un año después, también se cerró la pieza por el presunto tráfico de influencias.

Basilio A. Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, manifiesta a EL ESPAÑOL que el sindicato "tuvo que iniciar acciones penales contra esta empresa pirata del sector, ya que no cumple con la normativa legal" y avanza que su organización sindical "seguirá tomando acciones penales contundentes contra las compañías que la infrinjan".


LLEIDA: Un ladrón intenta apuñalar a un vigilante de seguridad que lo sorprendió robando en un taxi

Tras ser sorprendido robando en un taxi

La Guardia Urbana de Lleida detuvo el sábado a un hombre acusado de intentar apuñalar a un vigilante de seguridad y de robar en varios vehículos estacionados en Balàfia.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde en la calle Corregidor Escofet cuando un vigilante de seguridad observó a un hombre robando en un taxi. El vigilante intentó retenerlo pero el ladrón intentó apuñalarlo antes de huir. El vigilante siguió al delincuente y llamó a la Guardia Urbana. Una patrulla localizó poco después al sospechoso y le detuvo por un robo con violencia. Los agentes hallaron varios objetos que comprobaron que habían sido sustraídos del taxi y de otros dos coches estacionados en la zona que también habían sido forzados. Además del robo violento le imputaron los otros dos hurtos.

SPV considera intolerable que los responsables públicos no exijan que la normativa se cumpla escrupulosamente

Intolerable e indecente

Desde SPV consideramos intolerable e indecente que los responsables públicos no asuman con eficiencia sus competencias o que no exijan o no procuren que la normativa vigente se cumpla de manera escrupulosa.

El cumplimiento de las obligaciones legales que impone la aplicación de las cláusulas sociales previstas en el DECRETO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA a cualquier contrato público licitado, adjudicado y sufragado a costa del erario por el consistorio es una exigencia ineludible.

Como parte esencial de la sociedad civil debemos fiscalizar que toda la legislación se cumple y se aplica de forma rigurosa. Es la única manera de evitar que ninguna empresa que conculque los derechos de los trabajadores pueda aprovecharse del dinero de los contribuyentes; y para que eso no ocurra, el papel y la labor de la administración pública (sea en el ámbito o en el nivel que sea) es absolutamente esencial y determinante.

Lamentablemente no basta con denunciar (como ya lo ha hecho nuestro sindicato ante la Inspección de Trabajo y en Seguridad Privada) a las empresas que cometen ilegalidades en todas las esferas posibles. Si no se otorgasen contratos públicos a ninguna empresa incumplidora, el fraude, el abuso y las prácticas corruptas desaparecerían. La solución, indefectiblemente, pasa por exigir que nuestros gobernantes asuman sus responsabilidades y actúen en consecuencia.

Mientras tanto, desde el SPV-SEVILLA, seguiremos informando y defendiendo a los trabajadores de Seguridad Privada con honestidad y denunciando cualesquiera incumplimientos que vulneren sus derechos laborales.

Trabajadores de Mersant estallan contra la empresa por «frecuentes impagos desde hace ya más de un semestre»

«Llevan dos o tres días pagando a cuentagotas, pero todavía hay más gente sin cobrar que cobrando», señala Sonia Domínguez, portavoz de SPV en Sevilla

«Mersant se está lucrando, porque la Administración le está pagando, pero la empresa no hace lo propio con sus trabajadores», concluye Domínguez.

Conflicto abierto entre la empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia, que trabaja para Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Sevilla y Cádiz, entre otros, y sus empleados debido al impago de nóminas y al retraso de las resoluciones de las denuncias. Los sindicatos del sector exigen a las administraciones públicas que tomen cartas en el asunto

La empresa de seguridad privada Mersant Vigilancia SL es la responsable tanto de la custodia de multitud de instalaciones públicas dependientes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla como de garantizar la seguridad de los funcionarios y del resto de empleados que allí trabajan o de las personas y usuarios que acuden a ellas. Pues bien, los trabajadores vienen padeciendo una situación insostenible «derivada de los frecuentes impagos de sus sueldos desde hace ya más de un semestre» y, sobre todo, como consecuencia del «retraso insoportable de las resoluciones definitivas a la infinidad de denuncias cursadas al respecto», según denuncian las fuerzas sindicales de este sector.

Así las cosas, los sindicatos profesionales del sector de la seguridad privada en Sevilla -Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) de Sevilla, Unión Sindical Obrera (USO), Comisiones Obreras (CCOO), la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Andalucía (STS-A), Movimiento Asambleario de Seguridad (MAS) y el Sindicato Solidaridad- han advertido, mediante notificación conjunta suscrita por sus máximos representantes y remitida a los departamentos de contratación de las administraciones públicas responsables de la licitación de los contratos que están siendo conculcados, que «deben actuar ipso facto y conminar a la empresa fraudulenta a que salde la deuda con los vigilantes de seguridad y que restablezca la regularidad del abono de sus nóminas de inmediato».

Alrededor de 300 afectados en Sevilla y Cádiz Hay 200 afectados en Sevilla y 100 en Cádiz, a los que todavía no se les ha pagado la nómina de diciembre ni la paga extra de Navidad. Y es que Mersant da servicio a multitud de entidades públicas: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Cádiz, Casa Museo Blas Infante, Museo de Bellas Artes de Sevilla, Parque Natural Los Toruños… En instituciones de Galicia, Mersant también comete irregularidades en el pago a sus trabajadores.

Mersant ha salido en la lista de morosos del Ministerio de Hacienda de 2021, con fecha de 27 de diciembre, con una deuda de más de 1.200.000 euros. «Ha aplazado la deuda y solo ha pagado una parte y, con eso, Hacienda certifica que está al día en el pago con un documento oficial, que es el que presenta Mersant en la Junta y en el resto de instituciones para las que trabaja«, dijo Domínguez. Los sindicatos de este sector se han unido por primera vez para luchar por los derechos de estos trabajadores y habrá movilizaciones si no se actualizan los pagos.

La Ley Concursal del Sector Público dice que la empresa que entra a dar un servicio público en una administración tiene que asumir la deuda de la anterior. Entonces, a las empresas de seguridad privada no les interesa concursar en licitaciones en las que se adeuda dinero a los trabajadores, por lo que el concurso público para renovar el contrato en la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla se ha declarado desierto. Mersant ha sido la única que se ha presentado, pero la TGSS le ha quitado el contrato por su deuda acumulada (el vigente acaba en junio de 2022).

«A la espera de que se resuelvan las múltiples denuncias interpuestas ante los diferentes organismos y autoridades competentes contra la empresa Mersant Vigilancia SL -como consecuencia del impago reiterado de los salarios a los vigilantes de seguridad adscritos en los servicios que explota y de los que, incomprensiblemente, sigue beneficiándose– y tras haber informado detalladamente a los responsables de las administraciones públicas encargadas de la adjudicación de los contratos que, con tanta impunidad y desvergüenza, la susodicha empresa continúa vulnerando inmisericordemente, los sindicatos profesionales de la seguridad privada (representantes de la mayoría de los trabajadores del sector) han decidido aunar esfuerzos y organizar conjuntamente las acciones que sean necesarias para que, de una maldita vez, esta empresa incumplidora pague las nóminas adeudadas a sus empleados o para que la obliguen a hacerlo«, reza en el comunicado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada (Anvisepri), Juan Gómez, pone de relieve: «Hace dos años nos reunimos con la concejal de Contratación y con el director técnico del Ayuntamiento de Cádiz y pusimos sobre la mesa un montón de denuncias puestas contra Mersant en muchísimos sitios de España. Les avisamos y les prevenimos, pero no sirvió de nada. El resultado fue que entró esta empresa en el Ayuntamiento de Cádiz con un contrato a la baja (era un convenio que no se regía por el convenio nacional). Securitas y Prosetecnisa, que son empresas más serias, se retiraron de la licitación porque no querían contratar a la baja. A día de hoy, los vigilantes de las dependencias municipales de Sevilla y Cádiz están sin cobrar el mes de diciembre ni la paga extra. Están tratando de hacer una nueva licitación, pero, si no recoge el convenio nacional, caeremos en lo mismo. Hay muchas empresas piratas y esta es una de ellas. Tengo entendido que Mersant estaba sustentada por un aval bancario, pero ese grifo se lo han cerrado«. «El 23 de diciembre hubo una concentración en Cádiz y el alcalde, José María González Kichi, recibió a representantes de los trabajadores, pero, un mes después, no han cobrado y siguen trabajando. Muchos no han podido comprarles los Reyes a sus hijos«, añade Gómez.

21 de enero de 2022

9.000 euros por subir a la web fotos de un trabajador sin su consentimiento

El empleado pidió que retirasen las imágenes sin éxito. La AEPD recuerda que retrasarse en atender la reclamación agrava la sanción

Es frecuente que algunas empresas utilicen en páginas web y redes sociales fotografías en las que aparecen imágenes de sus empleados, con fines publicitarios o de apoyo a su imagen. Sin embargo, llevar a cabo esa práctica sin el consentimiento de los trabajadores, no es una buena idea, pues puede ser contrario a la normativa sobre protección de datos y acarrear sanciones. Unas sanciones que, por añadidura, pueden verse agravadas si la empresa no atiende el requerimiento de los trabajadores para que retire esas imágenes.

Así ha sucedido en el caso de una empresa dedicada a la formación, que difundió a través de su página web corporativa y de sus perfiles en Facebook e Instagram, unas imágenes en las que aparecía una persona que había trabajado en la misma, sin su consentimiento de esta y, posteriormente, sin atender a su solicitud de que fuesen retiradas. La consecuencia: una sanción de 6.000 euros por tratar los datos sin el consentimiento de su titular y otra de 3.000 euros por no responder al ejercicio del derecho de oposición que solicitó la afectada.

Sin consentimiento La reclamante, solicitó la eliminación de “las fotos de la página web, Instagram, Facebook”, en las que aparecía, sin que la empresa atendiera su petición, por considerar que las fotos se habían utilizado con el consentimiento de la afectada. Tras reiterar, sin éxito, su petición en diversas ocasiones la interesada acabó presentando reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en noviembre de 2020.

Pese a que este organismo intentó trasladar la reclamación a la empresa en diversas ocasiones, tanto mediante la puesta a disposición del expediente, como por vía postal y por notificación electrónica, no lo consiguió. Igualmente, quedó acreditado que la empresa no atendió el derecho de supresión de datos de la reclamante ni que hubiera retirado las fotos en cuestión. Como consecuencia, la Agencia considera, en primer lugar, que se ha producido un tratamiento de datos personales de la reclamante, acreditado que el hecho positivo de haberlas subido a su página web y a sus redes sociales. A continuación, el órgano de control, aprecia que, al no constar que la exposición de esas fotografías contara alguna de las bases legitimadoras que señala el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), como sería el consentimiento de la interesada, queda acreditada la comisión de la infracción imputada.

Derecho de oposición Seguidamente la AEPD explica que el derecho de supresión es el derecho de la interesada a exigir del responsable del tratamiento, en este caso al reclamado, que excluya del tratamiento sus datos de carácter personal. Es decir, a obtener del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan. De darse tal petición, el responsable estará obligado a suprimir esos datos, sin dilación indebida, en particular cuando el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento y este no se base en otro fundamento jurídico. En este caso, la agencia considera que el hecho de no atender el derecho de supresión de fotografías expuestas por el reclamado en su página web y redes sociales supone la infracción del artículo 17 del RGPD.

Agravantes La AEPD considera igualmente que, a la hora de determinar el importe de la sanción que corresponden por dichas infracciones, en la conducta de la empresa concurren determinadas circunstancias agravantes, que revelan una mayor antijuridicidad y/o culpabilidad, como son: En cuanto al tratamiento de datos sin consentimiento, su duración, pues que se trata de unos tratamientos que vienen del año 2017, perduran en 2018 y se prolongan hasta 2020; su cantidad, que no es escasa y, su alcance, como pone de relieve, que figuran en dos redes sociales y la propia web. En cuanto a la ausencia de atención del derecho de supresión de datos, se aprecia que se solicitó hasta en dos ocasiones, sin obtener respuesta alguna, lo que denota una especial fala de diligencia en el cumplimiento de los deberes que le corresponden.