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31 de agosto de 2019

A CORUÑA: La Policía Nacional persigue y detiene a uno de los ladrones que alunizaron en Alcampo

Otros tres, en busca y captura. Intentaron arrastrar un cajero con un coche y cuerdas

Cuatro personas subidas a dos vehículos irrumpieron con sus coches en el centro comercial Alcampo de Palavea, en un intento de alunizaje con el objetivo de llevarse el cajero para sacar dinero que hay justo tras las puertas automáticas de cristal. No lo consiguieron al ser descubiertos por los vigilantes del propio establecimiento, que alertaron a la Policía Nacional. Uno de los sospechosos fue detenido tras una persecución en la que participaron varias patrullas.

Pasaban de las dos y media de la madrugada del viernes al sábado cuando cuatro personas a bordo de dos turismos intentaron romper la vidriera de acceso e intentaron arrastrar el cajero, tirando con unas cuerdas sujetas a uno de los vehículo y golpeando el cajero con el otro, según explicaron fuentes policiales. Los vigilantes de seguridad del establecimiento escucharon el ruido y avisaron al servicio nocturno del 091, que envió varios agentes al lugar. Los autores, de nacionalidad extranjera según las mismas fuentes policiales, huyeron hacia la zona de A Zapateira. Se inició entonces una persecución en la que intervinieron varias patrullas de la Policía Nacional.

Finalmente, los policías pudieron localizar los dos vehículos y uno de sus ocupantes fue detenido. El resto seguían, a cierre de esta edición, en busca y captura. Al lugar acudieron, también por la mañana, agentes de la Policía Judicial, para recabar pruebas y realizar la investigación pertinente que permita resolver el delito y encausar a sus autores. Por la mañana, explican fuentes del centro comercial, el establecimiento pudo abrir con normalidad y dar servicio a sus clientes. No hubo que lamentar ni heridos ni daños, salvo por los desperfectos ocasionados en las puertas por el intento de alunizaje. Las mismas fuentes confirman que los autores de los hechos no se pudieron llevar nada.

Dónde está el límite de los detectives privados

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El caso Villarejo aviva el debate sobre cuál es la frontera legal de las investigaciones particulares


La lógica inquietud creada por el espionaje que presuntamente llevó a cabo el excomisario José Manuel Villarejo contra multitud de cargos públicos y empresarios, ha despertado nuevos recelos sobre la actividad de la investigación privada. Tanto es así, que la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) reaccionó con rapidez para evitar que las revelaciones mancharan la imagen de sus miembros. En enero, cuando el escándalo salpicaba de lleno a Francisco González, expresidente del BBVA, la organización emitió un comunicado subrayando que su actividad estaba perfectamente regulada por ley y que nada tenían que ver con servicios de espionaje o chantaje como los que se atribuyen a Villarejo.

Fruto del cine y la literatura, en el imaginario colectivo la profesión de detective se encuentra envuelta de un aura de misterio y secretismo, recreando a sus profesionales actuando siempre en el filo de la legalidad. Una proyección que, como apunta Enrique Hormigo, detective privado y director de APDPE, se aleja mucho de la realidad. “Investigar no es espiar”, asevera. Así, mientras quien se dedica a lo último está actuando de forma ilegal, la indagación es una actividad profesional intensamente regulada por una normativa que define los límites en los que pueden moverse sus protagonistas. De hecho, en muchos procedimientos judiciales resultan determinantes las aportaciones de los detectives. En el ámbito laboral, por ejemplo, es frecuente que los empresarios acudan a ellos para acreditar ante el juez que un trabajador de baja se encuentra haciendo vida normal.

Los investigadores se rigen por la Ley de Seguridad Privada de 2014 y, además, por un código deontológico que pretende orientar sobre cómo ejercer la profesión de acuerdo con la debida diligencia. El primer límite que la legislación impone a los detectives privados es la prohibición de investigar delitos públicos; es decir, aquellos que deben ser perseguidos de oficio por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. De hecho, la ley obliga a los investigadores a informar a los órganos policiales y judiciales sobre los actos de los que tengan conocimiento que puedan revestir tal gravedad en cuanto tengan claras evidencias de los mismos. Un deber que surge cuando “no haya duda” de que se está ante un delito, tal y como precisó la Audiencia Provincial de Tenerife en 2017, que avaló el proceder de un detective al que el Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife contrató por las sospechas de que una protésica dental (la encargada de fabricar los aparatos y prótesis) estaba ejerciendo como odontóloga. La investigada impugnó su actuación indagatoria alegando que no había puesto el caso en conocimiento de las autoridades a tiempo y había suplantado el papel de la policía; argumento que rechazaron los magistrados precisando que este deber es exigible solo cuando hay certeza del delito.

El segundo requisito que debe observar un detective antes de aceptar un asunto es verificar si la persona que contrata sus servicios tiene un interés legítimo sobre la materia. Es decir, si detrás del encargo hay una razón justificada y de peso para ordenar la investigación sobre un tercero, así como una finalidad concreta y admisible.

PROTECCIÓN DE DATOS La nueva normativa de protección de datos aprobada el año pasado, mucho más garantista que la anterior, ha acotado un poco más los límites en los que pueden moverse los detectives. No obstante, estos profesionales gozan de ciertas excepciones sobre las obligaciones que marca la legislación. Así, entre otras cosas, se les permite recopilar datos del investigado sin su consentimiento previo o mantener la información personal de los individuos en el registro del despacho pese a que se les solicite su eliminación. En todo caso, como apunta Enrique Hormigo, director de APDPE, estos privilegios solo pueden aplicarse “cuando exista un interés legítimo en la investigación”.

Tras ello, comienza su labor indagatoria, que consiste principalmente en la obtención de información y la recolección de pruebas. Una actuación que cuenta con una línea roja infranqueable: el respeto a la ley y los derechos de las personas investigadas. Y, como en todo aquello que tiene que ver con derechos, es esencial la labor de los tribunales interpretando las normas y señalando la diferencia entre la pesquisa legal y la intromisión ilegítima en el ámbito privado de los ciudadanos.

Límites lícitos ¿Puede un detective grabar legalmente conversaciones? Esta práctica, que a priori sí está permitida a los investigadores privados, ha sido delimitada por el Tribunal Constitucional que aclaró, en 1984, que el investigador solo puede hacerlo cuando él sea uno de los sujetos de la conversación. De no ser así, estaría vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones, recogido en el artículo 18 de la Constitución.

Por otro lado, en lo relativo a la videovigilancia, los jueces permiten la utilización de cámaras ocultas sin el consentimiento del investigado, “pero solo dentro de los parámetros y términos de la investigación por los que el detective fue contratado”, matiza Hormigo. En esta línea se pronunció en 2018 el Tribunal Supremo, cuando rechazó admitir a trámite el recurso del empleado de una discoteca de Barcelona al que unos detectives grabaron robando dinero de la caja en repetidas ocasiones (llegó a apropiarse de casi 140.000 euros). La Sala avaló la licitud de las pruebas de vídeo, ya que las cámaras se instalaron solamente en la zona de las cajas, actuación que respetó los principios de “razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad” que exige la ley en toda investigación privada.

Asimismo, para salvaguardar el derecho a la intimidad, la norma prohíbe realizar averiguaciones en determinados espacios privados, preservados para actividades estrictamente personales, como los domicilios particulares, los baños u otros lugares reservados. Ejemplo de ello es el caso resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2013. Un trabajador se encontraba de baja por una tendinitis grave que, supuestamente, le impedía totalmente la movilidad del brazo izquierdo. La sentencia anuló una parte de las pruebas fotográficas aportadas por el detective contratado por la empresa, en las que aparecía desarrollando tareas de albañilería en el interior de su casa. Sin embargo, sí aceptó aquellas fotos en las que se veía al empleado limpiando los cristales del domicilio ya que, según justificaron los jueces, se encontraba a la vista de cualquier persona que pasara por la calle en ese momento.

Boletín e-gaceta Securitas nº 90 (julio 2019)


¿De qué hablamos cuando nos referimos a precariedad laboral?

Que España es un país donde la precariedad laboral está a la orden del día no es nada nuevo. Todos conocemos a personas que no llegan a fin de mes e incluso muchos de nosotros mismos tampoco llegamos Los trabajos en los que se respetan las horas trabajadas, se pagan las horas extra y te permiten llegar a fin de mes son, cuanto menos, difíciles de encontrar.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a precariedad laboral? Según Eurostat España es el tercer país de la Unión Europea con más contratos precarios y el segundo con más empleo no indefinido, pero aún hay más; según el Instituto Nacional de Estadística más del 26% de los empleados españoles trabajaban con un contrato temporal a principios del año 2018. Además, España es el país de la Unión Europea con más porcentaje de trabajadores pobres. Casi un 15% de los hogares en los que al menos uno de sus miembros está trabajando viven en el umbral de la pobreza según la OCDE. Estas personas apenas ganan lo suficiente para llegar al fin de mes y muchas veces ni siquiera llegan.

La pobreza se ha normalizado; el poder elegir si comer 3 veces al día o calentarse en invierno se ha normalizado. Se ha normalizado tanto que hasta la propia Comunidad de Madrid lanzó una campaña para “advertir” a los pobres sobre el peligro de calentarse con velas cuando hace frío. Y es que en España los llamados “trabajadores pobres” han llegado como una nueva clase social de ciudadanos. A día de hoy un trabajo ya no te asegura poder salir del umbral de la pobreza. Un trabajo ya no te garantiza no ser pobre.

La precariedad laboral puede llegar de muchas formas a la vida de las personas. Puede llegar como un contrato temporal e inestable que ofrece peores prestaciones y mayor incertidumbre. También puede aparecerse como subcontratación en cadena; esto quiere decir que una empresa contrata a otra que a su vez contrata a otra que a su vez contrata a una persona. Entre tanto trámite nuestros derechos y prestaciones se diluyen.

Los falsos autónomos son otro eslabón de la precariedad laboral al igual que los becarios. Por eso nace Mierda Jobs para denunciar y dar visibilidad a este tipo de ofertas que se encuentran detrás de los datos tan preocupantes. Os animamos a todas y a todos a participar compartiendo los trabajos precarios que mostramos y mandándonos trabajos precarios que conozcáis.

30 de agosto de 2019

El negocio de la seguridad privada en las cárceles españolas controlado por el clan Cortina

El clan de los Cortina, José Luis, Antonio y los tres hijos de éste, dominan el importante negocio de la seguridad en las cárceles españolas.

En 2015 el grupo Ombuds aquirió la empresa Castellana de Seguridad. Pero los números han ido cuesta abajo y su inversión para llevar la seguridad exterior de las prisiones ha terminado en suspesión de pagos. Esta circunstancia ya ha provocado la protesta de las asociaciones de la Guardia Civil, que reclaman que vuelva a ellos esta competencia.

El pasado mes de julio la empresa de vigilantes de seguridad Ombuds entró en concurso de acreedores tras fracasar las negociaciones con los bancos para obtener nuevas líneas de financiación. Como las cosas parecen ir mal dejaron de pagar a los trabajadores que realizan labores de vigilancia en el exterior de las siete prisiones de Madrid, una de Cáceres y la seis de Castilla-La Mancha. Esta situación ha generado desasosiego e incertidumbre entre los trabajadores del grupo, pero también problemas de logística que han desembocado en una protesta de Asociaciones de Guardias Civiles, que incluso han pedido al ministerio del Interior que les devuelva las competencias totales sobre las prisiones en las que trabaja Ombuds prestando servicios de vigilancia exterior, tal y como ya contamos en elcierredigital.com.

¿Pero quién está detrás de Ombuds? La empresa está formada al 75 por ciento por un fondo de inversión estadounidense, JZI, y el 25 por ciento por varios miembros de la familia Cortina y consta de 8.369 empleados según su propia información registral. Según el sindicato Alternativa Sindical, Ombuds mantiene con la Agencia Tributaria una deuda de más de 40 millones de euros; en sólo dos años, la empresa ha pasado de obtener unos beneficios de más de 460.000 euros a acumular unas pérdidas de 5,9 millones de euros. Según las cuentas de 2018 presentadas en el Registro Mercantil la empresa tuvo ventas por valor de 204.262.687,93 euros, pero sin embargo su balance final arrojó un déficit de -15.735.530,20 euros.

Con la entrada de los americanos de JZI en el negocio de la familia Cortina, Ombusd se convirtió en la segunda empresa del sector en España en materia de seguridad privada, por detrás de Seguritas y justo por delante de Prosegur. A pesar de que los americanos pusieron al frente del negocio a su hombre, Miguel Rueda, quien era conocido por empleados y clientes es Rodrigo José Cortina López, consejero delegado y director general de la compañía.

Rodrigo José Cortina es sobrino de José Luis Cortina, excoronel del ejército que durante el golpe de Estado del 23 F era jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del Cesid, actualmente CNI. Cortina permaneció un año en prisión preventiva, acusado de un delito de rebelión militar por haber hecho supuestamente de enlace entre el general Armada y el teniente coronel Tejero, pero luego fue juzgado y absuelto. Sin embargo, diez años después fue apartado de su destino después de que los planes secretos de intervención del Ejército español en la Guerra del Golfo se filtraran a la prensa. Él ha negado siempre que ambos hechos estuviesen relacionados.

Cortina fundó entonces I2v S.L., una consultora dedicada a la inteligencia y la logística para Defensa y en 2008 creó el Grupo Atenea. I2 y Atenea fueron las semillas del actual grupo Ombuds, a cuyo frente pusieron a Rodrigo, hijo de Antonio Cortina Prieto, hermano del excoronel. Antonio Cortina llegó a prestar servicios de seguridad privada al partido de Fraga al comienzo de los 80. En 1995 fundó Doncorlop y Ombuds, convertidas ahora en dos de las principales empresas de la familia Cortina.

De hecho Doncorlop S.L., fundada en 1995, tiene como administrador único a Rodrigo José Cortina López. Otros dueños de la empresa son Ernercor Inversiones S.L. y Pablocor Inversiones S.L., con un 26,68% cada una, sociedades administradas por otros dos hijos de Antonio: Ernesto Cortina y Juan Pablo Cortina López. Otra parte igual pertenece a Recorti Inversiones S.L., en la que de nuevo aparece José Rodrigo Cortina como administrador único y su padre Antonio como apoderado. El 19,95% restante, en cambio, aparece a nombre de una persona física, Margarita Aracil Pizarro, esposa de José Luis Cortina, que también es socia de Ombuds Logística Integral, otra de las empresas del grupo.

Ombuds de Seguridad es la otra empresa importante del grupo Cortina, fundado en 1995, este grupo de empresas dedicado principalmente a la seguridad y en ella José Rodrigo Cortina aparece como consejero delegado y administrador. Su crecimiento coincidió con el Gobierno de Aznar, cuando Antonio era su directivo. En 1996 Ombuds empezó a ganar contratos tan diversos como el mantenimiento del campo de golf del centro deportivo del aire y el servicio de vigilancia del Museo del Aire. Poco a poco Ombuds se hizo con los contratos de escoltas privados para políticos amenazados en el País Vasco y Navarra.

Más de 60 contratos públicos Desde 2011 la empresa de los Cortina obtuvo más de 60 licitaciones públicas para ofrecer servicios de seguridad, como un contrato de catorce millones de euros para vigilancia y seguridad en instalaciones de Renfe, ocho millones de euros para la vigilancia y seguridad en diferentes edificios de Correos o los contratos de seguridad para varios hospitales militares por cinco millones de euros.

Además, Ombuds de Seguridad fue una de las grandes beneficiadas por la privatización de la seguridad de las prisiones estatales desde 2013. Los sucesivos cambios de gobierno no le fueron mal, porque entre 2011 y 2015, el importe de los contratos públicos que fueron a esta empresa ascendió a unos 30 millones de euros. Tan bien les fue el negocio a la familia que de los 3.660 empleados de 2016 pasaron a 8.369 empleados en 2017 que redujeron en 2018 hasta los 6.942 empleados, de los que el 66 por ciento son fijos. Ahora, tras las pérdidas del último año, la empresa está sujeta a la administración concursal de Baker Tilly Concursal S.L.P.

José Rodrigo Cortina continúa siendo administrador único y gerente de Doncorlop, de Ombuds Logística Integral, de Recorti Inversiones, de Gestión Integral y Mantenimiento Técnico de Inmuebles, Ombuds Servicios S.L. y Ombuds Compañía de Seguridad, que está ahora afectada por el concurso de acreedores por la negativa de los bancos a continuar financiando al grupo. Un hecho que afecta de manera fundamental a la seguridad privada de las cárceles españolas, que tienen que volver a contar con la Guardia Civil para ello.

29 de agosto de 2019

CÁDIZ: La localidad de Chipiona lidera las denuncias por intrusismo en la seguridad privada

Advertencia de la Policía Nacional para evitar este tipo de situacionesLa localidad chipionera contabiliza un tercio de los casos que han tenido lugar, que también se han dado en Rota, Jerez, Cádiz y El Puerto, entre otros municipios

Chipiona es el municipio donde se ha registrado un mayor número de denuncias por casos de intrusismo en seguridad privada, de la docena que se ha detectado a nivel provincial, según ha informado la Policía Nacional. Junto con Chipiona se encuentran con un caso por cada localidad: Jerez, Algeciras, Rota, El Puerto, Los Barrios, Castellar, Tarifa y la capital gaditana. De esta forma, Chipiona contabiliza un tercio de los casos ocurridos en la provincia de Cádiz. Las intervenciones han sido realizadas a través de las Unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia para velar por el cumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, la cual reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente.

La mayoría de los casos detectados se producen en el ámbito de la construcción, donde las empresas buscan protegerse, mediante la contratación de personal «low cost», ante robos de materiales de construcción u ocupaciones de fincas listas para la entrega a sus legítimos propietarios. Los casos de intrusismo no se circunscriben a este tipo de actividad, sino que también se dan en la vigilancia de comunidades de vecinos, explotaciones agrícolas e industriales, puertos deportivos y en garajes comunitarios, donde en la mayor parte de los casos se intenta camuflar la prestación de un servicio efectivo de vigilancia y protección de bienes y personas simulando actividades de mantenimiento o de conserjería inexistentes.

De esta manera se pretende ahorrar el coste adicional que supone la contratación de una empresa de seguridad para que ésta le aporte el personal habilitado que necesita, el cual además cuenta con la formación necesaria, ha pasado un riguroso proceso selectivo para su habilitación por el Ministerio del Interior, y está sometido al control de la Dirección General de la Policía en el caso de los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, detectives y escoltas privados, o al de la Dirección General de la Guardia Civil en el de los guardas rurales de campo y los guardapescas marítimos.

La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 Euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 Euros. Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado. En tres de los casos los trabajadores no habilitados contaban con un amplio historial delictivo, principalmente por delitos contra el patrimonio y contra la integridad física de las personas, y en otra de las ocasiones por tráfico de drogas.

PONTEVEDRA: ​Los vigilantes del Centro de Menores Avelino Montero sobrepasados por las agresiones

Resultado de imagen de Centro de Menores Avelino MonteroLa Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión sindical Obrera (FTSP-USO) reclama a la Xunta de Galicia “más medios de protección” para los trabajadores encargados de la seguridad del centro, después de la reunión mantenida entre el sindicato, la dirección del complejo y la empresa encargada de la seguridad.


En el encuentro se trató de forma pormenorizada la problemática surgida en los últimos meses por las frecuentes agresiones infligidas por los internos a los miembros de la seguridad del centro, además de la escasez de medios de protección para los vigilantes. “La dirección del centro puso en valor la gran profesionalidad de los vigilantes de seguridad cuando se producen situaciones violentas, los cuales anteponen la integridad física de los cuidadores e internos a la suya propia”, destaca la nota emitida por el sindicato.

Ante la falta de garantías en torno a mantener la integridad física de los miembros de la seguridad, se puso en conocimiento de la dirección y la empresa contratista la necesidad de dotar a los trabajadores de chalecos anti trauma y escudos de protección. “La dirección del centro se ha comprometido a solicitar a la Xunta de Galicia los medios solicitados y la empresa de seguridad a su pertinente homologación en la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía”, subraya el comunicado. “Desde el sindicato felicitan la actitud y colaboración de la dirección del Avelino Montero para conseguir entre todos un centro más seguro para trabajadores y usuarios, a la espera de una pronta implantación de los medios prometidos”, concluye el sindicato.

TARRAGONA: El chaleco antibalas salva a un vigilante en la estación de El Vendrell

Sufrió el ataque con un cúter que dejó en la defensa un corte de 10 centímetros

Lleva más de 25 años dedicado a la seguridad privada y por eso no dudó en comprarse un chaleco. Antibalas y anticortes. 600 euros le costó hace unos años

Ese chaleco le ha podido salvar la vida al vigilante de seguridad en la estación de Renfe de El Vendrell que el domingo fue atacado con un cúter que le dejó un corte de 10 centímetros en la protección. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre al que acusaron de lesiones y amenazas por ese ataque. En el juicio rápido que se ha celebrado el acusado ha quedado en libertad provisional, pero habrá una nueva sesión penal el 8 de octubre.

Tumbado Fue el pasado domingo sobre las tres de la tarde. Un hombre estaba tumbado en un banco de la estación. El único vigilante de seguridad que había le requirió para que no estuviese en esa postura. Pero el hombre hizo caso omiso y siguió tumbado. Una mujer le acompañaba.  Tras unos minutos el vigilante volvió a pedir al hombre que se levantase. Por respuesta golpeó a la mujer y amenazó al vigilante, por lo que fue detenido por este que además, le puso unas esposas. Pasados unos minutos que se mostró más tranquilo y al retirarle los grilletes el hombre sacó un cúter y atacó al vigilante y salió corriendo. El vigilante no sufrió daños gracias al chaleco antibalas y anti cortes que llevaba puesto, pero donde el ataque dejó una huella de diez centímetros.

Localizado Hasta la zona llegaron los mossos d’esquadra que localizaron al agresor en una zona próxima a la estación y lo detuvieron. Está acusado de los delitos de lesiones y amenazas.  La situación en la estación de El Vendrell no es nueva. Ni por la inseguridad, ni por la desprotección que tiene el personal de seguridad. Los usuarios del tren reclaman más vigilancia e iluminación. Son pocos los que se atreven a pasar por el subterráneo y muchos los que se hacen ir a buscar si llegan a la estación a horas de oscuridad.

Por su parte los vigilantes avisan que tanto El Vendrell como Sant Vicenç de Calders y las otras estaciones de la comarca son muy conflictivas y que es peligroso y nada operativo que haya un único vigilante. También piden más equipamiento de defensa ante el incremento de ataques. En el caso del domingo es el profesional quien se compró el chaleco porque es un material que no suelen proporcionarlo las empresas. En trenes, vagones de metro y estaciones son cada vez más habituales las agresiones al personal de vigilancia. El pasado julio una vigilante tuvo que ser atendida por heridas en manos y brazos por una agresión en la estación de Sant Vicenç de Calders por parte de un joven que carecía de billete. La vigilante tuvo que ser trasladada al hospital de El Vendrell. También en la estación de Segur de Calafell los vigilantes de seguridad han sufrido agresiones. Hace unos años en la estación de Sant Vicenç de Calders otro vigilante también salvó la vida porque la navaja que le iban a clavar en el pecho dio en el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo de la cazadora.

No están respaldados Los profesionales son agentes de la autoridad, pero no se sienten ni respaldados ni protegidos por las administraciones pese a ser los garantes de la seguridad a diario de miles de personas en los lugares de pública concurrencia.

28 de agosto de 2019

PONTEVEDRA: El Centro Avelino Montero solicitará a la Xunta más medios para los vigilantes de seguridad

La dirección del Centro de menores Avelino Montero solicitará a la Xunta de Galicia que dote de más medios de protección a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en sus instalaciones.

Esta reclamación se produce después de la reunión mantenida el pasado viernes por parte de representantes de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión sindical Obrera (FTSP-USO) con la directora del Avelino Montero y responsables de la empresa encargada de la seguridad del centro. En aquella reunión se abordaron distintas cuestiones relativas a la prestación del servicio de Vigilancia, entre ellas las "frecuentes agresiones por parte de los internos a los miembros del equipo de seguridad y la escasez de medios de protección para los mismos", según ha informado FTSP-USO.

Estas mismas fuentes han indicado que "la dirección del centro puso en valor la gran profesionalidad de los vigilantes de seguridad cuando se producen situaciones violentas, los cuales anteponen la integridad física de los cuidadores e internos a la suya propia". Este sindicato ha trasladado la "necesidad urgente" de dotar a los vigilantes de chalecos anti trauma, así como de escudos de protección para las situaciones más comprometidas. La dirección del centro solicitará a la Xunta estos medios y la empresa de seguridad se hará cargo de su pertinente homologación en la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

MÁLAGA: Vigilantes de seguridad de centro comercial alertan a la policía sobre dos bebes encerrados en un coche

Detenida una madre por dejar a dos bebés de año y medio en el coche mientras compraba en el centro comercial de Vélez-Málaga

Los primeros que se personaron en el lugar fueron los vigilantes de seguridad del centro comercial, que llamaron inmediatamente a la Policía Local. La Policía Local sacó del vehículo a las gemelas y las condujo hasta la progenitora, una turista alemana, con la ayuda de un hermano menor que acudió a la zona.

Una imprudencia y una negligencia grave que a punto estuvo de acabar en una tragedia. La Policía Local de Vélez-Málaga rescató sobre las 14.00 horas de ayer a unas gemelas de 18 meses, de nacionalidad alemana, del interior de un vehículo que estaba estacionado en el aparcamiento del centro comercial El Ingenio. La voz de alarma la dieron varios clientes, que oyeron los llantos de las bebés al pasar junto al coche, que estaba aparcado al sol y tenía únicamente unos pocos centímetros abiertas las ventanillas posteriores, donde estaban las pequeñas en sus sillas de viaje.

Los primeros que se personaron en el lugar fueron los vigilantes de seguridad del centro comercial, que llamaron inmediatamente a la Policía Local. Pocos minutos después de sacar a las pequeñas del interior del coche, en la zona se personó un niño de 8 años, que se identificó, en inglés, como hermano de las bebés. Fue este menor el que condujo a los agentes y vigilantes hasta la madre, que se encontraba en el interior de una de las tiendas del centro comercial comprando ropa junto a otra de sus hijas, de unos 10 años. Al parecer, el padre estaba en Cómpeta, donde la familia, procedente de Alemania, estaba pasando unos días de vacaciones. Allí se había quedado también un quinto hijo de la pareja.

Los agentes procedieron a identificar y detener a la mujer, poniéndola a disposición de la Policía Nacional, acusada de un presunto delito de abandono de menores con riesgo para sus vidas. Según ha podido saber este periódico, las bebés estuvieron alrededor de media hora solas en el interior del coche, a pleno sol. No obstante, las pequeñas se encontraban en buen estado de salud y no precisaron de asistencia sanitaria tras ser rescatadas.

CÁDIZ: Denunciados 12 casos de intrusismo en Seguridad Privada desde enero


Agentes de la Policía Nacional han formulado en lo que va de año un total de 12 denuncias que han sido presentadas ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz contra empresas y personal no habilitado con motivo de la detección de otros tantos casos de intrusismo en el sector de la Seguridad Privada en la provincia de Cádiz.

En una nota, la Policía ha destacado que las intervenciones han sido realizadas a través de las unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia para velar por el cumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, la cual "reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente". La mayoría de los casos detectados se producen en el ámbito de laconstrucción, "donde las empresas buscan protegerse, mediante lacontratación de personal "low cost" ante robos de materiales deconstrucción u ocupaciones de fincas listas para la entrega a sus legítimos propietarios".

Los casos de intrusismo, según ha agregado, no se circunscriben a este tipo de actividad, sino que "también se dan en la vigilancia de comunidades de vecinos, explotaciones agrícolas e industriales, puertos deportivos y en garajes comunitarios, donde en la mayor parte de los casos se intenta camuflar la prestación de un servicio efectivo de vigilancia y protección de bienes y personas simulando actividades de mantenimiento o de conserjería inexistentes". De esta manera, se pretende ahorrar el coste adicional que supone lacontratación de una empresa de seguridad para que ésta le aporte elpersonal habilitado que necesita, que, "además cuenta con la formación necesaria, ha pasado un riguroso proceso selectivo para su habilitación por el Ministerio del Interior y está sometido al control de la Dirección General de la Policía en el caso de los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, detectives y escoltas privados, o al de la Dirección General de la Guardia Civil en el de los guardas rurales de campo y los guardapescas marítimos".

La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado se encuentra "severamente" castigado en la referida Ley de Seguridad Privada "con multas que en los casos más graves para lasempresas oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil". En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cuantía de las sanciones por intrusismo van "desde los 6.001 a los 30.000 euros". Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado. En tres de los casos, los trabajadores no habilitados contaban con un "amplio" historial delictivo, principalmente por delitos contra el patrimonio y contra la integridad física de las personas, y en otra de las ocasiones por tráfico de drogas.

Igualmente, en otra de las situaciones denunciadas, al trabajador intruso le fue intervenido un dispositivo lanzadestellos, similar a los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que colocaba visible en el techo de su vehículo a fin de ahuyentar a posibles ladrones. Paralelamente, además de a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, en varios de los casos se dio cuenta a la Delegación Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de presuntas irregularidades detectadas en la contratación de los "intrusos" y de las precarias condiciones laborales a las que las empresas para las que trabajan comúnmente someten a sus empleados, pues son muy habituales las interminables jornadas de trabajo y unas cotizaciones mínimas a la Seguridad Social.

FUENTE: www.20minutos.es AQUÍ

27 de agosto de 2019

Avalancha de solicitudes para convertirse en jefe de seguridad del Banco de España

Mandos de Policía, Guardia Civil y de los servicios secretos presentan su solicitud. El exdirector dimitió tras ser suspendido de empleo y sueldo.

El Banco de España busca a su nuevo 'guardián de los secretos'. La entidad gobernada por Pablo Hernández de Cos tiene abierto un proceso de selección para contratar a su futuro jefe del servicio de seguridad y, a día de hoy, ya ha recibido una avalancha de solicitudes para ocupar esa codiciada plaza. El elegido será el encargado de sustituir a Rafael Gassó, el anterior responsable que, tal y como desveló La Información, dimitió el pasado mes de junio después de ser expedientado y ser suspendido de empleo y sueldo. 

Mandos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y agentes de los servicios de Inteligencia, tanto españoles como extranjeros -y en activo como en la 'reserva'-, han mostrado interés en poder ocupar este puesto en el Caserón de Cibeles, uno de las más codiciados en el sector de la seguridad. Se trata de una plaza de nivel 4 y cuyo poseedor se incorporará de manera automática al grupo directivo del Banco de España. La remuneración superaría los 80.000 euros, según fuentes internas, y el cargo depende directamente de Alejandro Álvarez, el director general de Servicios del organismo con sede en el 48 de la calle Alcalá.

¿Cuáles son las funciones del jefe de seguridad del Banco de España? "Garantizar la seguridad de las personas, los bienes, los valores y los procesos, así como el normal funcionamiento del banco tanto en Madrid como en las sucursales", se puede leer en la convocatoria abierta por el departamento de Recursos Humanos del BdE que se mantendrá abierta hasta el próximo 10 de septiembre. Algunos interesados ya han presentado el documento correspondiente. En realidad, la labor del futuro jefe de seguridad del BdE afecta no solo a la custodia de los depósitos de oro que se encuentran en la cámara acorazada de la entidad (algo que, para los amantes de las series, se ficciona en la tercera temporada de 'La Casa de Papel', Netflix). El responsable también tendrá que coordinar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales) las labores necesarias para garantizar la seguridad de las actividades del supervisor. 

Sus funciones incluyen, por tanto, la seguridad física y electrónica de las infraestructuras del banco, la seguridad personal y patrimonial, así como los transportes. También le compete realizar análisis de riesgos de seguridad y la dirección de los planes de evacuación, entre otras competencias. Los ciberataques son, precisamente, una de las principales preocupaciones de este departamento. Otra labor destacada del jefe de seguridad es la distribución y recirculación de efectivo en el que participan tanto el Banco de España como las diferentes entidades privadas. Hay que tener en cuenta que España cuenta con la red de distribución más importante de Europa. 

¿Qué perfil está buscando en Banco de España? El perfil que está buscando el Banco de España es el de un profesional de la seguridad con al menos quince años de experiencia profesional. De ellos, al menos tres deben haberlo sido en dirección y gestión de seguridad público o privada y protección de personas e instalaciones, en organismos o instituciones de dimensión o complejidad asimilables a la entidad. Es decir, el regulador están intentando encontrar a una persona con importantes labores de mando, lo que reduce en buena medida el listado de candidatables.

Además de una licenciatura o grado y el correspondiente título de director de seguridad expedido por el Ministerio del Interior, el futuro jefe del BdE debe tener un inglés fluido oral y escrito. Especialmente valorado será la pertenencia a las Fuerzas Armadas o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (escala superior), ya sea en activo o en otro tipo de situaciones especiales. Los candidatos al puesto podrán ser sometidos a pruebas como entrevistas personales, la exposición de una presentación sobre un tema relacionado con el área de seguridad o la resolución de un caso práctico. El Banco de España no descarta recurrir a una empresa de cazatalentos para evaluar el perfil y conocimientos de los candidatos. Fuentes del BdE explican a La Información que el cargo de jefe de seguridad es un puesto directivo fijo de máxima confianza del gobernador. No es un funcionario y será nombrado para el puesto por un periodo de tiempo indeterminado. Cuando la dirección lo considere oportuno podrá ser cesado. El BdE invirtió el año pasado 8,8 millones de euros en seguridad.

El polémico caso del exjefe de seguridad El anterior jefe de seguridad dimitió el pasado mes de junio tras una investigación interna llevada a cabo por la unidad de compliance del Banco de España. Las investigaciones se desarrollaron dentro del más estricto carácter interno por lo que se supone que estaban relacionadas con supuestas faltas o irregularidades contrarias al reglamento de conducta del propio Banco de España, sin que exista ninguna trascendencia judicial en un procedimiento que, dentro de la entidad que dirige Pablo Hérnandez de Cos, se considera totalmente cerrado.

Rafael Gassó se incorporó al organismo supervisor a mediados de 2014 después de más de treinta años como funcionario de la Policía ejerciendo su labor en distintas comisarías de Madrid y Barcelona. Finalmente, y tras cinco años de agregado en la Embajada de España en Holanda fue designado comisario jefe de Maspalomas en enero de 2013. Desde su incorporación al Banco de España la institución fue adoptando niveles cada vez más sofisticados de seguridad mediante la implantación de recursos técnicos y humanos que, a día de hoy, han hecho del viejo Caserón de Cibeles uno de los edificios más inexpugnables de toda España.

ORENSE: Los vigilantes del hospital de Valdeorras exigen sueldos atrasados

Los cinco trabajadores siguen a la espera de la nómina de julio

Los cinco vigilantes de seguridad del Hospital Comarcal Valdeorras se movilizaron, apoyados por sindicalistas del centro hospitalario, para reclamar los salarios que les adeuda su empresa "Seguridade Integral E MTO. A-1 SL". Aseguran que este retraso, que también sufren los cinco vigilantes del Hospital de Verín, lo vienen sufriendo desde hace casi un año.

Los trabajadores explicaron que fueron subrogados a la citada empresa, que presta servicios en el Hospital desde el 1 de junio de 2018, y también que esta "incrumpre reiteradamente con retrasos sitemáticos o abono da nómina" desde septiembre de 2018. En la actualidad, los vigilantes siguen a la espera de la nómina de julio, a pesar de que el convenio dice que "Seguridade Integral E MTO. A-1 SL"debería habérsela ingresado "a día 3 do mes vencido".

Estos cinco empleados aseguran tener constancia de que el Sergas abona "en tempo e forma" la suma que concertó con la empresa y le solicitan que cumpla la Ley de Contratación Pública, al no respetar el convenio la empresa.

26 de agosto de 2019

El juicio por la huelga de los vigilantes de seguridad de El Prat será el 18 de septiembre 0

Trablisa y el comité huelga no han vuelto a mantener conversaciones desde hace una semana y ambas partes siguen fijas en su posición

El comité de huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa concesionaria de los controles de acceso, Transportes Blindados SA (Trablisa), se verán la cara en los tribunales el próximo 18 de septiembre después de que la adjudicataria pidiera en los juzgados que declarara “ilegal” la convocatoria de paros antes de que empezara la protesta laboral.

La incidencia de la huelga indefinida apenas se ha notado en estas primeras doce jornadas a diferencia de lo que ocurrió hace dos años. Desde el comité se han quejado en todo momento de los “elevados” servicios mínimos decretados por la Delegación del Gobierno en Catalunya –del 90%– y de que la empresa haya contratado nuevo personal o lo haya traído de otras infraestructuras para cubrir las bajas del personal. Asimismo, han subrayado la presión que han recibido los trabajadores por parte de la Guardia Civil, quien tiene la competencia de seguridad en el aeropuerto. En el comité lamentan que hay menos trabajadores por filtro de lo que marca la licitación y de que el tiempo de espera es menor a lo habitual cuando no hay huelga y la empresa señala que hay picos de cola de 20 minutos en horas punta. “La huelga ha provocado que los filtros funcionen con más agilidad que antes”, lamentaba ayer Juan Carlos Giménez, portavoz y asesor del comité.

De hecho, este martes fuentes del comité denunciaban que había agentes del Instituto Armado en los filtros, dando paso a los ciudadanos, colocando bandejas o haciendo las trazas. “Hacían trabajo de vigilantes y auxiliares y llegaba a haber dos agentes por filtro”, se han quejado. Fuentes de Trablisa han señalado esas acciones como “puntuales” en caso de que los trabajadores se demoraran más de la cuenta. Fuentes de la Guardia Civil han apuntado que ante la gran afluencia de pasajeros en agosto y la convocatoria de huelga se ha “reforzado la supervisión para garantizar la seguridad y la fluidez en la infraestructura”. Esas mismas fuentes, esgrimían motivos de seguridad y que no haya “colas interminables” que afecten a los ciudadanos. “Se trata de mejorar el servicio en materia de seguridad” y evitar “el mínimo daño” a los pasajeros, añadían las fuentes consultadas.

El comité tiene pendiente ampliar sus denuncias ante Inspección de Trabajo y los juzgados de El Prat, donde pidieron de forma cautelar que se conserven las grabaciones del aeropuerto, pues sólo se almacenan durante quince días, explican. Con esas grabaciones pretenden denunciar las irregularidades detectadas o las labores que ha realizado estos días el Instituto Armado. Sobre la contratación de personal o el traslado de vigilantes de otras infraestructuras, la empresa ha asegurado que se trata de una práctica legal y que lo que hacen es cubrir las bajas que se producen para lograr el cumplimiento de los servicios mínimos. En el comité denuncian que algunos de esos vigilantes no tiene la formación específica necesaria. La semana pasada se trasladaron a unos cinco vigilantes y esta, a unos diez. De hecho, la empresa ha lamentado que hay varios días en que unas tres personas con carta de servicios mínimos se cogen bajas cortas, por lo que queda descubierto su puesto de trabajo.

Las conversaciones, encalladas Trablisa y los representantes de los trabajadores no han mantenido nuevas conversaciones desde la semana pasada, cuando constataron que sus posturas estaban muy alejadas. El comité quiere que la Generalitat impulse una nueva mediación entre las partes para desbloquear la situación y buscar una salida a sus reclamaciones laborales y salariales y la empresa afirma que son los miembros del comité los que no quieren entablar negaciones si no se aborda la cuestión económica, algo a lo que se niegan en Trablisa. La empresa mallorquina insiste en que se pueden negociar mejoras económicas pero en una negociación colectiva y no con una convocatoria de huelga en curso.

Asimismo, señalan que el plus que reclaman los trabajadores es el mismo que se pedía en febrero y en julio y que ya está sujeto a mediación y que sólo han cambiado el nombre para poder convocar la huelga. Sobre los pluses de productividad que no se han cobrado al ir ligados al bonus/malus , Trablisa afirma que se podría tratar la cuestión en la Mesa de Fomento, ya que sólo se han cobrado en cuatro aeropuertos de toda España: Tenerife, Ibiza, Alicante y Palma. La concesionaria también tiene la licitación en estos últimos tres aeropuertos y admite que los parámetros para cobrarlos, en función de las variables y las valoraciones del servicio podrían no ser los mejores.

Con todo, Trablisa apunta que ellos seguirán al menos hasta junio del año que viene en El Prat y afirmaban hace unos días que tenían intención de seguir en la infraestructura. La licitación se puede prorrogar otros dos años. Por ello aseguran que están condenados a hablar con los representantes de los trabajadores.

25 de agosto de 2019

HUESCA: Herida grave una vigilante de Ordesa al caerle en la cabeza una piedra cuando limpiaba un desprendimiento


La trabajadora de Sarga se encuentra en la uci del hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Una vigilante del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se encuentra en la ucidel hospital Miguel Servet de Zaragoza en estado grave tras caerle en la cabeza una piedra cuando estaba limpiando un desprendimiento en la carretera de acceso al cañón de Añisclo, en el término municipal de Fanlo. 

Según han explicado fuentes del Gobierno de Aragón, sobre las 13.00, unos turistas han dado aviso de un desprendimiento de piedras en la carretera y se han desplazado a la zona dos vigilantes, trabajadores de Sarga. Cuando estaban despejando la vía, se ha desprendido una roca que ha caído encima de la vigilante. Tras dar aviso a los servicios de emergencia, ha sido trasladada en el helicóptero del 112 al hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde ha quedado ingresada en la uci con pronóstico grave aunque estable, según las mismas fuentes.

Desde el comité de empresa de Sarga han asegurado que la trabajadora ha sido operada de un pequeño coágulo y que la intervención ha sido satisfactoria, aunque permanecerá en observación al menos 12 horas.  Cabe recordar que este martes, a consecuencia de las intensas lluvias, se han producido pequeños desprendimientos en una veintena de carreteras de la provincia de Huesca.

24 de agosto de 2019

Uno de cada cuatro contratos firmados en julio ha durado menos de una semana

Más de la mitad fue por menos de un trimestre. Desde los sindicatos advierten de que la firma de tantos contratos de muy corta duración cada mes apenas se traduce en empleo y que la rotación laboral está en máximos. 


Uno de cada cuatro contratos firmados en julio en España ha tenido una duración inferior a los siete días, según la estadística de contratos que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En total, en julio se sellaron en el mercado laboral 2,17 millones de contratos, de los que el 25 %, 551.483 acuerdos, no llegó a la semana.Si se suman los firmados por hasta tres meses, la cifra se eleva hasta 1, 1 millones, es decir, más de la mitad fue por menos de un trimestre.

Mirando a todos los contratos, sólo el 8,5 % de los firmados en julio fueron indefinidos —111.636 acuerdos iniciales a los que sumaron 74.077 conversiones—, mientras que el 91,5% restante fueron temporales. Se trata de la composición habitual en las estadísticas mensuales de contratos aunque algo más pronunciada en la época estival, cuando mucho empleo se circunscribe al refuerzo de la restauración, la hostelería y otros servicios relacionados con el turismo. En julio del año pasado se firmaron 2 millones de contratos, de los que 515.220 duraron menos de una semana, lo que supuso el 24,6% del total frente al 25,3% de este julio. Los indefinidos representaron en julio del año pasado el 9%, también ligeramente por encima del peso de este año.

Las mujeres, más precarizadas Por sexos, mujeres y hombres se repartieron en julio prácticamente por igual los contratos de menos de una semana: ellos firmaron 297.821 y ellas, 253.662. No obstante, y teniendo en cuenta que las mujeres firmaron menos contratos que los hombres (992.809 frente a 1,18 millones), el peso de estos acuerdos laborales de muy corta duración es ligeramente superior (25,5 % frente a 25 %). También destaca en julio el peso de los contratos parciales sobre el total, ya que de esos 2,1 millones de contratos, el 36% fueron para jornadas parciales (787.653 acuerdos). Una parcialidad que sí afectó más a las mujeres, ya que el 59% (466.176) los firmaron trabajadoras frente al 41% (321.477) de hombres.

Por sectores, los servicios, como suele ser habitual, coparon la mayoría de los contratos, el 75% con 1,6 millones. Por actividades, la hostelería sumó 486.151 contratos, el 22% del total, la mayoría en restauración, con 363.546, mientras que los servicios de alojamiento acapararon 122.605. El grueso de estos contratos en hostelería fueron temporales por obra y servicio o por circunstancias de la producción. Entre esas dos categorías se englobaron el 90% de los contratos, 439.925, mientras que se firmaron 20.907 indefinidos.

Poco empleo generado Desde los sindicatos advierten de que la firma de tantos contratos de muy corta duración cada mes apenas se traduce en empleo y que la rotación laboral está en máximos. En total, en julio se firmaron un 4,4% más de contratos que en el mismo mes del año pasado y un 8,4 % más que en junio. En lo que va de año, en España se han firmado 13,1 millones de contratos, un 1,5% más que los 12,9 millones del mismo periodo del año pasado. La Seguridad Social alcanzó en julio los 19,5 millones de ocupados tras sumar 15.514 trabajadores, el segundo incremento de afiliados más bajo de toda la serie histórica para este mes, mientras que el paro se redujo en 4.253 personas, el menor recorte para ese mes desde 2008.

23 de agosto de 2019

Securitas Direct: "España ya es el cuarto país con más alarmas del mundo"

España es un país seguro. El director financiero de Securitas Direct, Rafael Miranda, asiente ante esta afirmación. Entonces, ¿por qué es uno de los que tiene más alarmas de hogar instaladas? En buena parte, porque Securitas Direct ha sido capaz de "crear una categoría, que es la necesidad de estar tranquilos", explica el directivo en una entrevista con EXPANSIÓN.

"A nivel mundial, España se ha convertido en el cuarto mercado", explica Miranda. Solo le superan Estados Unidos, Japón y China, que tienen mucha más población. Esta particularidad se debe "en gran medida" al "impulso" de Securitas Direct, asegura el directivo. En contra de lo que ocurre en otros países, "el consumidor en España es consciente de la existencia y funcionamiento de las alarmas monitorizadas", añade.

Securitas Direct opera en España desde 1993. Actualmente, es filial del grupo sueco Verisure, en el que la Corporación Financiera Alba es accionista minoritario. Si la matriz suma tres millones de alarmas en todo el mundo, 1,2 millones se encuentran en España, donde el producto es un éxito. Las oficinas de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, gestionan el negocio en Latinoamérica (Brasil, Chile y Perú) y albergan uno de los dos centros mundiales de tecnología del grupo, con cientos de ingenieros en busca de soluciones cada vez más sofisticadas. Pese a que "el mercado ha crecido mucho", Miranda asegura que "todavía queda mucha demanda potencial por cubrir" en España. La empresa diagnostica que el mercado sigue en fase de apertura y no ha tocado sus límites. Aún está lejos de la madurez de sectores como las telecomunicaciones, donde los operadores luchan por quitarse clientes.

Más mercado "En 26 años, hemos democratizado las alarmas, con soluciones más innovadoras, precios más asequibles y mejor experiencia de cliente", afirma. Securitas Direct cree que podrían alcanzarse en España porcentajes de instalación de alarmas en domicilios y pequeñas empresas equivalentes al 15% del total, frente al 7,5% actual. Securitas Direct, que presume de niveles de satisfacción del cliente muy altos -40 puntos en la escala NPS-, multiplica por siete en abonados a Prosegur (200.000 alarmas). Tyco ADT es tercero, con 100.000. Hay una "lista muy larga" de pequeños competidores, porque el mercado está "muy atomizado", pero la empresa sigue ganando clientes de forma orgánica y no tiene previsto realizar adquisiciones. "Queda mucho recorrido", insiste.

Securitas Direct ha crecido en clientes "ininterrumpidamente" desde los años 90. Ni siquiera ha pisado el freno en los peores momentos de la crisis. Además, desde 2013 ha duplicado su base de clientes y lleva años creciendo a tasa de doble dígito en esta variable. "Seguimos creciendo de forma potente y no vemos señales de desaceleración en el conjunto de la economía". El objetivo no es solo crecer en número de clientes, sino en "rentabilidad". Para ello, la empresa trabaja en soluciones que mejoren la satisfacción y eleven el periodo de permanencia en el servicio. Ha lanzado ZeroVisión (una nube de gas denso que impide la visión al intruso), que "revoluciona el mundo de las alarmas con una actuación proactiva". También ha logrado "meter un pie en mercados adyacentes" con Protección Senior, una pulsera para personas mayores promovida junto a CaixaBank, uno de los grandes aliados de la empresa junto a Mapfre. Para Miranda, es clave la "innovación continua" y "seguir dando nuevos productos. El 60% de los clientes llegan por recomendación de terceros.

Securitas Direct no teme la autovigilancia digital del hogar Securitas Direct tiene en la tecnología un buen aliado para crecer, pero la tecnología también es el caballo de Troya en el que viajan soluciones muy baratas para que cualquier persona pueda observar lo que ocurre en su hogar cuando se encuentra fuera. Miranda precisa que "lo primero es el servicio" y que "la tecnología es para Securitas Direct un elemento para prestar servicios excelentes". Dicho de otro modo, se trata de "personas que protegen personas", un ámbito del que no entienden los nuevos dispositivos ni los gigantes digitales como Amazon. "No lo vemos como una competencia directa", dice el directivo. La empresa de alarmas también trabaja en el Internet de las Cosas, la verificación por voz, la inteligencia artificial, el análisis de datos o las innovaciones de vídeo. "Somos una empresa de servicios con 6.500 empleados. Es lo que nos ha traído hasta aquí y los clientes lo valoran".

22 de agosto de 2019

BARCELONA: Cambian de servicio a una vigilante de seguridad de El Prat que denunció presiones

La trabajadora había denunciado presiones de la Guardia Civil y el cuerpo policial la ha declarado no apta para desempeñar su trabajo en la infraestructura

Una vigilante de los filtros de seguridad del aeropuerto Barcelona-El Prat que denunció presiones de la Guardia Civil en los primeros días de la huelga que mantienen los trabajadores ha sido trasladada de servicio. La trabajadora, que denunció las presiones y sufrió un ataque de ansiedad que le llevó a coger la baja unos días, ha recibido la notificación del cambio de servicio al reincorporarse y después de que el Instituto Armado comunicara a la empresa concesionaria, Transportes Blindados SA (Trablisa), que “no es apta para desempeñar las funciones de auxilio y colaboración en las labores de control y comprobación que debiera efectuar en los distintos puestos de responsabilidad de la Guardia Civil” en El Prat.

Fuentes sindicales explican que la trabajadora llevaba 14 meses en ese puesto de trabajo y tenía todas las formaciones necesarias para el mismo. Además señalan que no es una práctica habitual y cuestionan por qué no se ha hecho esa observación en el tiempo que ha trabajado hasta ahora. Desde la empresa admiten que no es una práctica habitual y afirman que ha habido algún otro caso. Asimismo, sostienen que se ha buscado un puesto similar en horarios de trabajo y desplazamientos para la vigilante de seguridad.

Las competencias de la seguridad de la infraestructura corresponden a la Guardia Civil. Los trabajadores de la empresa adjudicataria de los controles de acceso, según la ley de seguridad privada, deben “colaborar, en todo momento y lugar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación con la ejecución material de sus actividades”.Ese ha sido el argumento de la empresa concesionaria tras las quejas de los trabajadores por el rol del cuerpo policial.

Los portavoces sindicales lamentaron desde un primer momento la presión que recibían desde el Instituto Armado para que hubiera fluidez en la infraestructura y han llegado a denunciar que han desempeñado la labor de los vigilantes en los filtros, por lo que su protesta es imperceptible y apenas tiene incidencia. La Benemérita ha reforzado su presencia en la infraestructura para garantizar la seguridad, apuntaron fuentes del cuerpo a este medio, detallando que los paros coinciden con las semanas de más afluencia en El Prat. El objetivo es que haya “fluidez” y un buen servicio a los ciudadanos sin largas colas de espera, admitían.

Por su parte, el comité de seguridad del aeropuerto, integrado por la gestora Aena y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha aprobado que mientras dure el paro, con tal de garantizar mejor servicio, haya en los filtros menos vigilantes de los seis que marca la licitación en temporada alta. De hecho, al fijar los servicios mínimos se contempló como un factor de riesgo que hubiera un tiempo de espera abultado para acceder a los filtros después de los atentados que hubo en el aeropuerto belga de Zaventem en marzo de 2016.

La empresa ha contratado a personal nuevo y ha desplazado a vigilantes de otras infraestructuras con tal de cumplir con los servicios mínimos –de difícil cumplimiento teniendo en cuenta los trabajadores que están de vacaciones o de baja– y suplir las bajas. Fuentes de la empresa explicaban que había una media de unos tres trabajadores por día con carta de servicios mínimos que cogen bajas cortas. Desde el comité achacan esas bajas a la presión que reciben estos días los trabajadores y vaticinan que puede haber más”. La huelga indefinida de los vigilantes apenas tiene incidencia después de que se hayan decretado unos servicios mínimos del 90% –tildado de “elevados” por parte de los portavoces sindicales que denuncian que se lamina su derecho de protesta– y el 18 de septiembre empresa y representantes de los trabajadores irán a juicio después de que se pidiera que la huelga fuera declarada ilegal en los juzgados de lo Social con una demanda.

Pero no es la única batalla que se libra en el ámbito judicial. Fuentes sindicales apuntan que la medida cautelar que solicitaron en los tribunales para que el registro de las cámaras de seguridad del aeropuerto se guarde y no se elimine a los quince días ha sido aceptada. No obstante, las partes no han recibido ninguna notificación y este medio no ha podido confirmar la resolución de la magistrada de los tribunales de El Prat. Con todo, el comité celebra que podrán demostrar “irregularidades” que ha habido estos días en la infraestructura “con tal de la que la huelga no tenga efecto” y algunas de las quejas que han emitido sobre mala praxis. Aunque la huelga no está teniendo incidencia, las posiciones entre empresa y trabajadores siguen enconadas. No ha habido nuevas conversaciones formales desde que arrancó el paro y en los contactos informales ambas partes constatan la distancia que les separa, sobre todo por las peticiones económicas de los trabajadores.

21 de agosto de 2019

INTERNACIONAL: El increíble robo de la moneda de oro de 100 kilos en Alemania


En 2017, tres encapuchados sustrajeron con facilidad en la Isla de los Museos de Berlín la Gran Hoja de Arce, un tesoro valorado en 3,7 millones de euros


Mediados de agosto en la sala 817 del tribunal provincial de Berlín. Una nube de abogados enfundados en togas negras rodean a la juez y miran con atención un folio transparente en el que se ve una mancha fucsia impresa. Tratan de descifrar la transparencia en la que el perito ha plasmado las huellas de los supuestos ladrones de una moneda de oro mastodóntica robada en plena noche del museo Bode. “Corresponden a tres guantes, los tres del mismo tamaño”, había adelantado minutos antes el experto. A su espalda, también en la pequeña sala forrada de madera, los cuatro acusados guardan silencio y bajan la mirada.

Tres pertenecen a uno de los grandes clanes familiares y criminales que operan en la capital alemana. El cuarto era el vigilante del museo la noche del espectacular crimen, del que quedan todavía demasiados cabos por atar y preguntas por responder. Entre ellas, la principal: dónde está la Gran Hoja de Arce, la segunda mayor moneda de oro del mundo. Pesa —o pesaba— 100 kilos, medía medio metro de diámetro y estaba valorada en 3,75 millones de euros.

El espectacular robo sucedió hace algo más de dos años. Fue un lunes, el 27 de marzo de 2017, a las tres de la mañana en la Isla de los Museos de Berlín. Tres encapuchados vestidos de negro se bajan en la estación de metro de Hackescher Markt, en pleno centro de la capital alemana. Saltan desde el paso elevado del tren con una escalera de mano y se cuelan por una ventana rota y con la alarma desconectada en el vestuario de vigilantes del célebre museo Bode de escultura. Acceden a la sala 243, donde se expone la gigantesca moneda de oro. Rompen la vitrina con un hacha y sacan el botín con un carrito y asombrosa facilidad. Fuera, al otro lado del río, en un parque cercano, espera un coche. Se dan a la fuga.

Fueron 16 minutos, el plazo del que disponían antes de que el vigilante terminara su ronda. En el momento del gran golpe, el guarda se encontraba casualmente en el sótano y no oyó nada. La sala carecía de cámaras. El tamaño y el peso del tesoro eran la principal medida de seguridad, pensaron en el museo. Se equivocaron.

El bochorno resultó monumental. ¿Cómo fue posible que todo fallase? Semejante robo, capaz de poner en ridículo la seguridad de la admirada Isla de los Museos berlinesa debía ser resuelto cuanto antes. En julio de ese mismo año, 300 policías registraron 14 apartamentos en Berlín. Además de las espectaculares redadas, se creó una comisión especial de investigación y un infiltrado de la policía dio con pistas clave. Se pincharon teléfonos y se grabaron conversaciones que hoy están obligados a escuchar los acusados en el banquillo.

Resultó crucial la colaboración de la empresa municipal de transportes. Las cámaras de la estación de metro captaron cómo la noche del asalto tres encapuchados caminaban por el andén. Los peritos judiciales se encargaron del resto. Analizaron el gesto de los cacos al subir las escaleras del metro. Inconfundibles, según los bioforenses. Especulaciones, según los veteranos y reputados abogados de los acusados. En las redadas fueron incautadas armas de fuego y hasta cinco coches. Los investigadores averiguaron, además, que los acusados buscaron en Internet formas de fundir el oro, y la policía encontró en el apartamento de un miembro del clan familiar documentos con el precio del metal. En uno de los coches, confiscado tras una carrera ilegal, se hallaron rastros de oro.

Un silencio total Los indicios se acumulan, pero no existe de momento ninguna prueba irrefutable que determine la culpabilidad de los sospechosos. Quedan muchas sesiones por delante de un juicio que puede prolongarse hasta 2020. Estos días, en la sala 817, además de analizar las huellas, se escuchan algunas de las conversaciones interceptadas, ante el rubor de los acusados. En una, el vigilante habla días después del golpe con un familiar sobre posibles inversiones: un café con máquinas tragaperras, una panadería tal vez... De nuevo, más indicios.


Los acusados son dos hermanos, Wayci y Ahmed Remmo, de 24 y 20 años, respectivamente, y su primo Wissam Remmo, de 22. Junto a ellos, Denis W. el vigilante nocturno del museo, también de 20, supuesto conocido de la familia. Todos veinteañeros, todos con barba recortada y con el pelo negro bien atusado. En la sala, durante el proceso, son tumbas. De momento, se hallan en libertad, pero saben bien que su vida puede dar un giro radical en los próximos meses. Pueden caerles hasta 10 años de cárcel o un máximo de cinco si son juzgados como menores (hasta 21 años en el momento de cometer el delito). Durante la audiencia, miran al techo y de reojo al móvil. Pasan las horas y no saben ya cómo sentarse ni dónde poner las manos; están incómodos. No dicen ni una palabra, pero sus cuerpos les delatan.

Mientras, no hay rastro de la gran pieza, acuñada en 2007 por la casa de la moneda de Canadá con la imagen de Isabel II en relieve. Los investigadores sospechan que, a estas alturas, la Gran Hoja de Arce podría estar triturada, fundida y repartida por medio mundo. Puede que los jóvenes del clan tengan la clave. Por el momento, guardan silencio.


20 de agosto de 2019

Los sindicatos llevan a los tribunales los impagos a los vigilantes del Metro de Madrid

El acto de conciliación entre Metro de Madrid y Alternativa Sindical de este martes ha concluido sin acuerdo, lo cual llevará el conflicto al plano judicial. Los vigilantes de seguridad comenzaron el pasado día 13 de agosto una huelga indefinida. 

El acto de conciliación entre Metro de Madrid y Alternativa Sindical ha concluido sin acuerdo y, por lo tanto, la agrupación de trabajadores mantiene su demanda llevará a la empresa ante los tribunales. El encuentro ha tenido lugar este martes ante el Servicio de mediación y arbitraje de la región por el impago de la nómina de junio y la extra de julio a los 550 vigilantes de seguridad de Ombuds encargados de las líneas 7 y 9 de la red. 

Según ha recordado el sindicato en un comunicado, este acto se celebra tras esta demanda por el impago de las nóminas, en la que exige la "responsabilidad solidaria" de Metro Madrid ante el concurso de acreedores de la adjudicataria de la seguridad del suburbano. Así, Alternativa Sindical ha precisado que tanto Ombuds como Metro de Madrid han manifestado que harán "las condiciones oportunas en el Juicio", que han indicado que "en breve" tendrá fecha.

Los vigilantes de seguridad de Metro Madrid y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) comenzaron el pasado día 13 una huelga indefinida por el impago de la nómina de junio y la paga extra de julio por parte de Ombuds. Alternativa Sindical cifra que en Metro la huelga afectará a un total de 550 trabajadores de Ombuds, responsable de la seguridad de las cocheras, la Línea 7 y la 9; mientras que en la EMT serán 200. Para este paro que se han establecido unos servicios mínimos del 75 por ciento en las líneas de suburbano y del 60 por ciento en las cocheras.

BARCELONA: El juicio por la huelga de los vigilantes de seguridad de El Prat será el 18 de septiembre

Trablisa y el comité huelga no han vuelto a mantener conversaciones desde hace una semana y ambas partes siguen fijas en su posición

El comité de huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuertode Barcelona-El Prat y la empresa concesionaria de los controles de acceso, Transportes Blindados SA (Trablisa), se verán la cara en los tribunales el próximo 18 de septiembre después de que la adjudicataria pidiera en los juzgados que declarara “ilegal” la convocatoria de paros antes de que empezara la protesta laboral.

La incidencia de la huelga indefinida apenas se ha notado en estas primeras doce jornadas a diferencia de lo que ocurrió hace dos años. Desde el comité se han quejado en todo momento de los “elevados” servicios mínimos decretados por la Delegación del Gobierno en Catalunya –del 90%– y de que la empresa haya contratado nuevo personal o lo haya traído de otras infraestructuras para cubrir las bajas del personal. Asimismo, han subrayado la presión que han recibido los trabajadores por parte de la Guardia Civil, quien tiene la competencia de seguridad en el aeropuerto. En el comité lamentan que hay menos trabajadores por filtro de lo que marca la licitación y de que el tiempo de espera es menor a lo habitual cuando no hay huelga y la empresa señala que hay picos de cola de 20 minutos en horas punta. “La huelga ha provocado que los filtros funcionen con más agilidad que antes”, lamentaba ayer Juan Carlos Giménez, portavoz y asesor del comité.

La huelga ha provocado que los filtros funcionen con más agilidad que antes” De hecho, este martes fuentes del comité denunciaban que había agentes del Instituto Armado en los filtros, dando paso a los ciudadanos, colocando bandejas o haciendo las trazas. “Hacían trabajo de vigilantes y auxiliares y llegaba a haber dos agentes por filtro”, se han quejado. Fuentes de Trablisa han señalado esas acciones como “puntuales” en caso de que los trabajadores se demoraran más de la cuenta.

Fuentes de la Guardia Civil han apuntado que ante la gran afluencia de pasajeros en agosto y la convocatoria de huelga se ha “reforzado la supervisión para garantizar la seguridad y la fluidez en la infraestructura”. Esas mismas fuentes, esgrimían motivos de seguridad y que no haya “colas interminables” que afecten a los ciudadanos. “Se trata de mejorar el servicio en materia de seguridad” y evitar “el mínimo daño” a los pasajeros, añadían las fuentes consultadas. El comité tiene pendiente ampliar sus denuncias ante Inspección de Trabajo y los juzgados de El Prat, donde pidieron de forma cautelar que se conserven las grabaciones del aeropuerto, pues sólo se almacenan durante quince días, explican. Con esas grabaciones pretenden denunciar las irregularidades detectadas o las labores que ha realizado estos días el Instituto Armado.

Sobre la contratación de personal o el traslado de vigilantes de otras infraestructuras, la empresa ha asegurado que se trata de una práctica legal y que lo que hacen es cubrir las bajas que se producen para lograr el cumplimiento de los servicios mínimos. En el comité denuncian que algunos de esos vigilantes no tiene la formación específica necesaria. La semana pasada se trasladaron a unos cinco vigilantes y esta, a unos diez. De hecho, la empresa ha lamentado que hay varios días en que unas tres personas con carta de servicios mínimos se cogen bajas cortas, por lo que queda descubierto su puesto de trabajo.

Las conversaciones, encalladas Trablisa y los representantes de los trabajadores no han mantenido nuevas conversaciones desde la semana pasada, cuando constataron que sus posturas estaban muy alejadas. El comité quiere que la Generalitat impulse una nueva mediación entre las partes para desbloquear la situación y buscar una salida a sus reclamaciones laborales y salariales y la empresa afirma que son los miembros del comité los que no quieren entablar negaciones si no se aborda la cuestión económica, algo a lo que se niegan en Trablisa. La empresa mallorquina insiste en que se pueden negociar mejoras económicas pero en una negociación colectiva y no con una convocatoria de huelga en curso.

Asimismo, señalan que el plus que reclaman los trabajadores es el mismo que se pedía en febrero y en julio y que ya está sujeto a mediación y que sólo han cambiado el nombre para poder convocar la huelga. Sobre los pluses de productividad que no se han cobrado al ir ligados al bonus/malus , Trablisa afirma que se podría tratar la cuestión en la Mesa de Fomento, ya que sólo se han cobrado en cuatro aeropuertos de toda España: Tenerife, Ibiza, Alicante y Palma. La concesionaria también tiene la licitación en estos últimos tres aeropuertos y admite que los parámetros para cobrarlos, en función de las variables y las valoraciones del servicio podrían no ser los mejores. Con todo, Trablisa apunta que ellos seguirán al menos hasta junio del año que viene en El Prat y afirmaban hace unos días que tenían intención de seguir en la infraestructura. La licitación se puede prorrogar otros dos años. Por ello aseguran que están condenados a hablar con los representantes de los trabajadores.