Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de octubre de 2014

CSI-F, STS-A y SPV solicitan una reunión con la Subdelegada del Gobierno


¿Quién ha dicho que trabajar de vigilante de rondas es un servicio rutinario?

Cualquier aficionado o amante de lo inexplicable sabe que un lugar común donde se suelen producir fenómenos extraños es el colegio. Colegios sevillanos en los que su propio hijo puede estar matriculado y usted, querido lector, no sabría nada de lo que allí ocurre. Evidentemente obviaré los nombres de estos centros escolares y de los testigos para no perjudicar a las fuentes. Como es lógico, los centros escolares tienen contratado un servicio de alarmas para evitar robos. Y cuando ésta salta, acuden al lugar varios vigilantes de seguridad para verificar que todo está en orden.

Pongámonos en situación. Madrugada sevillana. Se dispara una alarma en un céntrico colegio sevillano. Dos vigilantes se dirigen al lugar, entran y, en ese momento, las luces se encienden y se apagan intermitentemente, muy rápidamente, algo que no preocupa a estos dos profesionales, que continúan revisando el recinto. Suben hacia la primera planta por unas tétricas escaleras. Al subir, escuchan como si alguien estuviese tecleando el panel de control de la alarma. Bajan corriendo, pero allí no había nadie.

El principal testigo asegura que el ‘fenómeno’ de las luces les acompañó durante toda su estancia en el recinto, así como bajadas de temperatura y ruidos extraños. En este colegio está documentado que, en unas excavaciones, se exhumaron varios cadáveres de frailes, algo muy común en Sevilla. Estas dos personas salieron del lugar muy asustadas. De hecho, aseguran que cuando se activa la alarma en ese colegio, piden más efectivos.

El siguiente testimonio tiene como protagonistas a los mismos vigilantes, pero distinto lugar. Sin salir de la ciudad de Sevilla, cruzamos el rio y nos vamos al barrio sevillano por excelencia, Triana. Allí nos encontramos con otro colegio y acontecimiento sin explicación ni lógica. Mismos patrones. Es sábado de madrugada. Se activa una alarma en este lugar y los vigilantes de seguridad acuden a la llamada de la central de alarmas. Entran y, nada más hacerlo, escuchan ruidos de movimientos de mobiliario escolar en la primera planta.

Al subir se estremecen al escuchar cómo llora un niño dentro de un aula que está al final de un pasillo. Cuanto más se acercan al aula, más fuerte suena el llanto del niño y más perplejos quedan. Lo primero que piensan los vigilantes es que un niño se ha quedado encerrado. Ya se encuentran en la puerta. Con la llave maestra en la mano dispuestos a abrir la puerta y liberar al supuesto niño, y en un momento de lucidez, piensan que es imposible que un sábado haya un niño en el colegio, pues los sábados no hay clases, y alguien lo hubiese echado en falta, por lo que los vigilantes, aterrorizados, que aún escuchan al niño detrás de la puerta, deciden no abrir la puerta y marcharse lo antes posible.

La historia del "cazador cazado"

Cuando los sindicalistas cobran de donde no deben

El sindicato USO disuelve su gestora en Galicia al salpicar a sus dirigentes otra (y van un montón) trama corrupta de fondos de formación. Entre los implicados aparece Antonio Duarte, denunciante del presunto fraude fiscal de Seguridad Integral Canaria. Según la Policía, Duarte y los suyos cobraba comisiones ilegales de un empresario por cederle los cursos de formación del sindicato

El fraude en los cursos de formación se extiende como una epidemia por todo el territorio patrio. A falta de que en algún registro oficial conste una cosa distinta, casi estamos en condiciones de asegurar que todo empezó en ese territorio tan lleno de especificidades que es Canarias, donde al amparo del Instituto Canario de Formación y Empleo, creado en los noventa, una pandilla de salteadores de caminos se llevaron sin recato un buen puñado de unos fondos de la Unión Europea destinados a sacarnos del pozo en el que aún estamos.

Que, como dice el PP, los empresarios turísticos todavía prefieran para algunos puestos a trabajadores no isleños no es más que el resultado directo de ese fracaso colectivo que han sido los cursos de formación, destinados desde aquellos momentos a la financiación de asociaciones empresariales, sindicatos, y algún que otro espabilado que cosía para la calle. La media docena de cargos públicos que se sentaron recientemente en el banquillo tras tres quinquenios de proceso judicial, resultaron absueltos porque jamás se demostró que actuaran con negligencia ni que, por supuesto, se mamaran un solo euro. Pero lo más flagrante del caso Icfem no han sido esas absoluciones, sino que una gran parte del dinero mamado no apareciera jamás y que en ningún caso nadie apuntara hacia los que se lo llevaron a manos llenas.

La facilidad con la que esos dineros iban de mano en mano sin los menores controles ni siquiera de asistencia de los alumnos, con firmas falsificadas, cursos que jamás se impartieron y academias fantasmas, parece haber dado lugar a que otras comunidades autónomas hicieran lo mismo. Tras Canarias y Andalucía, lo último que ha estallado ha sido el caso Zeta, de cursos de formación muy sandungueros impartidos a mayor gloria de empresarios y sindicatos en Galicia.

El cazador cazado Y es en Galicia donde nos hemos encontrado con un personaje muy peculiar vinculado a la Unión Sindical Obrera (USO), central que ha disuelto fulminantemente su gestora en esa comunidad al aparecer en informes policiales tres de sus miembros cobrando indebidamente unas comisiones que generosamente les pagaba un empresario, Gerardo Crespo. En la contabilidad B de este personaje han aparecido pagos sospechosos girados en favor de ese sindicato, además de facturas correspondientes a coches de alquiler que corrían por cuenta del empresario y que los sindicalistas usaban para tareas propias de su condición.

Entre los sindicalistas salpicados por este escándalo figura uno que de un tiempo a esta parte aparece en noticias de prensa en Canarias, Antonio Duarte, que además de responsable de la gestora de USO en Galicia, es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de ese sindicato. Actuando como tal, Duarte es el promotor de la querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, empresa por la que se enfrenta a una causa penal por presunto fraude a la Hacienda Pública al haber declarado como dietas y gastos de viaje lo que en realidad (presuntamente) eran horas extraordinarias de sus vigilantes.

Nada que decir a esa querella de la fiscalía, en la que USO aparece como acusación particular, pero sí al sindicalista que no solo promovió esa acción de la justicia, sino que ha dedicado gran parte de su tiempo y de unos recursos económicos cuya procedencia hay que poner desde ahora en remojo, a una pertinaz campaña de descrédito de Ramírez y de su empresa que ha incluido desde ruedas de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, a acciones de comunicación en toda España y al reparto constante de dosieres conteniendo esa denuncia entre toda la clientela presente y futura de Seguridad Integral Canaria. Si además de su implicación en el fraude de los cursos de formación se confirmara la sospecha lanzada por el propio Ramírez de que a Duarte le pagan sus gastos las compañías de la competencia, con Prosegur a la cabeza, nos encontraríamos ante una constante en la historia de los grandes impostores denunciantes de casos de corrupción: el síndrome del cazador cazado.

CÁDIZ: Intentan robar en Área Sur y acaban estrellándose en El Puerto de Santa María


La Policía Local de Jerez persiguió a los dos detenidos hasta que en su huida volcaron la furgoneta

Una espectacular persecución finalizó pasadas las tres y media de la tarde con el vuelco de una furgoneta en la autovía que une Jerez de la Frontera con El Puerto de Santa María, en la conocida como cuesta del parque acuático portuense. Fue el final de una historia que arrancó a eso de las tres de la tarde en el Centro Comercial Área Sur de Jerez..

Los vigilantes de seguridad del centro detectaron una furgoneta blanca cuyos movimientos les resultó sospechosos, lo que hizo que anotaran el número de su matrícula. Poco después, los dos ocupantes del vehículo intentaban robar la caja registradora del Centro de Oportunidades de El Corte Inglés, algo que no lograron por la rápida y eficiente actuación de la seguridad privada del recinto, que dio alerta a la Policía Local de Jerez y a la Policía Nacional. Con los datos de la matrícula, la Policía Nacional detectó que se trataba de una furgoneta que había sido sustraída en Conil, por lo que prepararon un dispositivo para detenerla por las carreteras aledañas. A la vez, un coche patrulla de la Policía Local de Jerez la localizó en la autovía que lleva hasta El Puerto de Santa María e inició una rápida persecución.

Sin embargo, la velocidad que cogió la furgoneta fue tal que la Policía Local apenas si podía mantenerla en su campo visual. Tanta fue la velocidad que tomaron los supuestos ladrones en su huida que volcaron en la curva del Aqualand. El accidente no fue presenciado por los agentes de la Policía Local, a los que habían sacado una considerable ventaja. Sin embargo rápidamente llegaron y fueron los primeros en auxiliar a estas dos personas que resultaron heridas en el vuelco hasta que poco después llegó una ambulancia que los trasladó al hospital de Jerez de la Frontera, donde han sido examinados y continúan ingresados custodiados por agentes de la Policía Nacional. 

Agentes de la Policía Nacional ya habían dispuesto un control para detener a estas dos personas un poco más adelante y a fin de evitar poner en riesgo a más vehículos, pero el accidente de la furgoneta lo precipitó todo. Estas dos personas han sido detenidas y se les imputa un presunto delito de intento de robo, por lo que en las próximas horas pasarán a disposición judicial junto con las pruebas que obran en poder de los cuerpos de seguridad.

Seguriber, la empresa de Mónica Oriol, se queda fuera del contrato para la vigilancia exterior de la prisiones

Seguriber, le empresa de la presidenta del Círculo de Empresarios de Madrid, Mónica Oriol, no será una de las empresas contratadas por el Ministerio del Interior para vigilar el perímetro exterior de las prisiones. Así la afirmado este miércoles el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ha anunciado que esta empresa "se ha quedado fuera".

"No ha resultado adjudicataria en los contratos para la vigilancia del perímetro exterior de las prisiones. Entiendo que se habrá presentado en las condiciones que marcaban los pliegos y se ha quedado fuera", ha dicho el 'número dos' de Interior. El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz va a invertir 33 millones de euros en un año para este proyecto que, según ha dicho, va a integrar a una tercio de los escoltas que prestaban labores de escolta en el País Vasco.

Martínez ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde ha mantenido un enfrentamiento dialéctico con el diputado del PSOE, Antonio Trevín, quien ha acusado al ministerio de privatizar la vigilancia exterior de las cárceles para favorecer a empresas como la de Mónica Oriol. Esta cuestión ya fue motivo de enfrentamiento entre ambos el pasado 7 de octubre en otra comparecencia del secretario de Estado de Seguridad en la Cámara Baja.

Mónica Oriol declaró recientemente que prefiere "contratar a mujeres mayores de 45 años o con edades inferiores a los 25 años para evitar embarazos". Trevín ha recordado además que la empresa de Oriol, Seguriber, era la misma que se encargaba de la seguridad en el Madrid Arena. El diputado socialista ha explicado que "sólo había dos razones" para reforzar el exterior de las prisiones con agentes de seguridad privada: "un problema de seguridad, que no ha habido un sólo caso, o la necesidad de ampliar el negocio y ese negocio en el que hay diez empresas incluye también la de Mónica Oriol", denunció el socialista.

Los escoltas que trabajaron en el País Vasco y Navarra recolocados en la vigilancia de prisiones

Al menos uno de cada tres escoltas que trabajó en las empresas de seguridad que custodiaron a objetivos potenciales de la organización terrorista podrán lograr un empleo gracias al programa del ministerio de Interior para incorporarles a la vigilancia del perímetro exterior de las prisionesAsí lo anunció ayer miércoles en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante su intervención en la Comisión de Interior de la Cámara. 

El Ejecutivo afirma que respeta "el pacto de caballeros" suscrito con los escoltas que prestaron sus servicios en el País Vasco y Navarra aunque reconoce que no a todos los profesionales de la seguridad les ha interesado su nuevo puesto de trabajo, bien por las diferencias económicas con el anterior o por tener que desplazarse fuera de su localidad de residencia para incorporarse a empresas de seguridad encargadas de la seguridad de prisiones en otros puntos de la península. 

Escoltas realizando su trabajo en San Sebastián. El proceso de colocación de los antiguos escoltas como personal auxiliar de prisiones no ha sido una tarea fácil. Ya en enero surgieron los primeros roces entre los funcionarios de prisiones y el ministerio de Interior al considerar que la contratación de las antiguas empresas que prestaban servicios de escolta en el País Vasco y Navarra para vigilar los perímetros de las prisiones supone un alto coste para duplicar un trabajo que ya realizan los agentes de la Policía y de la Guardia Civil. 

No sólo los escoltas se benefician del plan de recolocación del Gobierno, también las empresas que en su día lograron importantes ingresos garantizando la seguridad de los amenazados en las zonas más conflictivas. Interior mantiene contratos para dar servicios en el exterior de las prisiones con Ombuds, Segur Ibérica, Coviar, Proseguir, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinesa.

PLASENCIA: UPyD denuncia que el Palacio de Congresos tiene una vigilancia ilegal

«Lo mínimo, ya que la Junta de Extremadura despilfarra 20 millones de euros, es que se tenga contratado a trabajadores profesionales tal y como obliga la ley. Esto mismo sucedió con la obra del Palacio de Justicia»

Faustino Climent, portavoz de UPyD Plasencia, denunció ayer, a través de una nota de prensa, que la vigilancia de las obras de el Palacio de Congresos es ilegal. «Lo mínimo, ya que la Junta de Extremadura despilfarra 20 millones de euros, es que se tenga contratado a trabajadores profesionales tal y como obliga la ley. Esto mismo sucedió con la obra del Palacio de Justicia», señala Climent.

Añade que con estas prácticas por parte de la administración se está fomentando la economía sumergida. «Permitiendo tales cosas, la administración contribuye a que profesionales con titulación oficial sigan en paro, así como impedir que empresas de seguridad privada que desean establecerse en Plasencia opten por otras ciudades donde poder trabajar y dar trabajo».

Por este motivo, el portavoz local de UPyD como a la Junta de Extremadura que hagan cumplir la ley, obligue a contratar personal cualificado, con sus correspondiente formación, licencias, cotizando y con todo en regla para realizar estas funciones.

30 de octubre de 2014

El Gobierno justifica un contrato millonario de seguridad privada con un empresario imputado por fraude

El Gobierno ha justificado la adjudicación de un contrato de 11 millones de euros al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, imputado en presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social, alegando que las actuaciones de la inspección son secretas y la Ley General Tributaria protege los nombres de los defraudadores. Esos obstáculos legales le habrían impedido conocer las presuntas trampas del adjudicatario.

Cierto es que Ramírez era benefactor del PP. El Tribunal de Cuentas consignó una entrega de 50.000 euros en la relación de donantes legales al partido en 2009. En 2012, a propuesta del entonces titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejo de Ministros le indultó la condena de tres años de prisión que le impuso la Audiencia de Las Palmas por un delito ecológico.

La historia comienza cuando, en marzo pasado, el dirigente de IU y presidente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural,Cayo Lara, registró varias preguntas pidiendo explicaciones al Gobierno sobre la adjudicación de un contrato público de más de 11 millones de euros a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), de la que Ramírez es propietario, para prestar servicios de vigilancia en el Monasterio de El Escorial y otros Reales Sitios. La contratación la realizó la dirección del Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia, en este caso, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Lara aportaba informaciones periodísticas sobre la imputación de Ramírez, presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas, como presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública. Concretamente, la Fiscalía de Delitos Económicos formuló una querella contra él por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social como administrador de la empresa SIC. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, María Victoria Rosell, la admitió a trámite. Según la Fiscalía, Ramírez habría defraudado 2,3 millones de euros en los ejercicios de 2008 y 2009 “realizando pagos a los trabajadores fuera de nómina, abonando las horas extra como dietas y conceptos asimilados para eludir las retenciones sobre gran parte de los salarios de los empleados de SIC”.

Según el auto de la juez, esas prácticas permitían a Ramírez reducir la carga fiscal de los sueldos y los costes de la Seguridad Social (las dietas están exentas de cotización), con la “consecuencia adicional de una clara ventaja competitiva respecto de las demás empresas del sector”. Ante esa situación, cabía pensar –y así lo consignó Lara– que los contratos del Patrimonio Nacional se habían realizado “en fraude de ley”. El dirigente de IU recoge el malestar que manifestaron algunos competidores excluídos, así como la denuncia del secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Antonio Duarte, pues resulta dificil de entender que un empresario que presuntamente ha defraudado a Hacienda y trampeado a la Seguridad Social reciba un suculento contrato del Estado.

“¿Es esta manera de actuar la nueva forma que tiene el Gobierno para combatir la corrupción, el fraude fiscal y a la Seguridad Social?”, preguntaba Cayo Lara. “¿En qué medida afecta a estas decisiones que este empresario sea donante del partido que sustenta al Gobierno?”, inquería. La respuesta ha tardado en llegar, acaso porque la vicepresidenta Sáenz de Santamaría debía realizar algunas consultas fuera de su departamento –el empresario Ramírez no oculta su amistad con el ministro de Industria y dirigente del PP de Canarias, José Manuel Soria–, y explica que la oferta de SIC en unión temporal (UTE) con Ralons era la mejor en términos económicos y que presentaron la documentación en regla (garantía financiera y certificaciones de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social).

Incluso desde Patrimonio Nacional se solicitó –a la luz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación– la ratificación de ambas certificaciones a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social, recibiendo nuevas certificaciones de estar al corriente de pagos. Luego ya –añade el Gobierno–, si había actuaciones de los inspectores de trabajo y seguridad social hay que tener en cuenta que el artículo 12 de la ley de la Inspección, de 1997, impone el “deber de sigilo”. Y otro tanto cabe decir de los inspectores fiscales.

La argucia leguleya por la que el Gobierno no sabía nada de los presuntos fraudes del benefactor del PP y amigo del ministro Soria, y además la ley le impedía enterarse, ha sido empleada para negar resposabilidad política alguna y mantener el contrato. Por lo demás, con pedir perdón por los casos de corrupción, como hizo el martes Mariano Rajoy desde el Senado, y tapar con aguaplás las grietas del edificio carcomido, asunto resuelto. Ni debate monográfico sobre la carcoma ni mucho menos consejos como el de Cayo a Rajoy en palabras de Estanislao Figueras: “Reúnase con su Comité Ejecutivo, dígale que estoy hasta los cojones de nosotros y convoque elecciones”.

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 7 de Bilbao en reclamación de cantidad contra Securitas Seguridad España.

Securitas no puede reducir un complemento de puesto de trabajo

La empresa Securitas con sede en Bilbao, redujo la cantidad que los vigilantes de seguridad percibían en concepto de Complemento de puesto de trabajo, por la labor desarrollada en el puesto denominado Mobile, realización de rondas periódicas en un vehículo por fábricas que tienen alarmas de la empresa y también la atención a los domicilios de los clientes.

Procedió a compensar y absorber parcialmente dicho complemento en la cantidad de 31,37 € mensuales, a partir de mayo de 2013, quedando la cantidad en 118,63 €, sobre los 150€ que percibían con anterioridad, todo a raíz de la publicación de las tablas salariales del Convenio Sectorial para el año 2013 ( una de las renegociaciones que eliminó los pluses de transporte y vestuario en las pagas extras). La magistrada señala en su sentencia que este complemento viene a atender a la mayor gravosidad de las condiciones de trabajo de un determinado puesto, y su percepción se vincula a la efectiva adscripción a dicho puesto, y en consecuencia no puede ser adsorbido o compensado con los incrementos retributivos del Convenio, tal y como pretende la empresa Securitas.

La sentencia obliga a Securitas al abono de las cantidades dejadas de percibir por los trabajadores desde que la empresa redujo el importe del mencionado complemento de puesto de trabajo.

El sindicato USO disuelve su gestora en Galicia por su implicación en el caso de la Operación Zeta

La dirección toma las riendas de la organización en la comunidad, suspende de forma cautelar de militancia a su responsable de formación e inicia una auditoría interna

La Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato Unión Sindical Obrera (USO) decidió ayer disolver su gestora en Galicia debido a la presunta implicación de tres de sus miembros en la operación Zeta. Los dirigentes anunciaron que se hacen cargo de su sede en Galicia, situada en la avenida del Ejército, en A Coruña, debido "a las informaciones" que relacionan a líderes de USO con la trama delictiva que defraudaba subvenciones destinadas a cursos de formación para desempleados.

La documentación de la caja B de las empresas de Crespo de la que se incautó la policía refleja abonos por importe de 13.000 euros al sindicato USO Galicia. Para los instructores, los pagos responden a las devoluciones que el empresario hacía a las entidades que lo subcontrataban para realizar los cursos. El sumario también recoge pruebas de que una empresa de Crespo pagaba el coche de alquiler que utilizaban los sindicalistas para, supuestamente, llevar a cabo gestiones de USO. Tres miembros del colectivo prestaron declaración ante la Policía Judicial en Lonzas en calidad de imputados, pero no detenidos. La juez que instruye los hechos, por el momento, no decretó su imputación en el caso.

La dirección de la organización sindical ordenó la apertura de una auditoría contable interna y la fiscalización "de las acciones formativas solicitadas y ejecutadas". El sindicato, además, decidió suspender "cautelarmente" de militancia al responsable de Formación de USO Galicia, en aras a la "presunción de inocencia". La Comisión Ejecutiva Confederal de la entidad destaca en un escrito enviado a los medios de comunicación que siempre ha exigido "honestidad en la gestión de fondos públicos".

Los investigadores, además de los pagos al sindicato que figuran en la contabilidad B de Crespo, incluyen en el sumario la transcripción de un mensaje que le envía el empresario al alcalde, Carlos Negreira, en el que le solicita que mantenga una reunión con el dirigente de USO Galicia. El sindicalista, según el imputado, le pidió que mediase en el encuentro con el regidor. La Policía Judicial considera que las intervenciones telefónicas, así como la documentación que consta en la causa judicial, evidencian la relación que mantenía el presunto cabecilla de la trama de fraude de subvenciones, Gerardo Crespo, con los miembros del sindicato en Galicia.

Verdades y mentiras del despido


Puede pasarle a cualquiera y también puede pasarte a ti.

Si te pasa, necesitas olvidarte de las leyendas urbanas sobre el despido y conocer las leyes que lo regulan. Poner los pies en el ring y aprender a encajar este golpe bajo.

Si sabes más, eres más fuerte (y las patadas duelen menos). Repasamos algunas de las creencias más extendidas sobre el despido. Unas son ciertas y otras no:


-No pueden despedirte si estás de baja. MENTIRA Pueden despedirte. Pero será improcedente y tendrán que pagarte una indemnización de 33 días de salario por cada año trabajado (máximo 24 mensualidades).

-Pueden despedirte si te pones muchas veces malo. VERDAD Pueden despedirte y pagarte solo 20 días por año trabajado (máximo 12 mensualidades). Pero tiene que ser porque:

A) Has faltado por estar enfermo al menos el 20% de los días laborables durante 2 meses seguidos. Además, en los 12 meses anteriores tienes que haber faltado como mínimo el 5% de los días.
B) Has faltado al menos el 25% de los días laborables, concentrando esas ausencias en 4 meses (no tienen por qué ser seguidos) durante el último año.

-Si estás embarazada no pueden despedirte. VERDAD Pueden intentarlo, pero si dijiste a tu jefe que estabas embarazada pedirás al juez que lo declare despido nulo. Esto podría complicarse si no has comunicado tu embarazo. Basta con decirlo de palabra. Si no lo haces, la empresa podría echarse al monte con un despido (procedente o improcedente). Pero incluso en este caso lo tendrían crudo.

-Si firmas tu despido, estás acabado. MENTIRA Firmar la carta de despido no significa que estés de acuerdo. Significa simplemente que te has enterado de que te han despedido. Aun así, conviene escribir NO CONFORMEjunto a la firma. Otra cosa diferente es firmar el finiquito. En este documento figuran las cantidades que se te conceden como indemnización. Firmarlo significa que estás de acuerdo con ese dinero (y a menudo implica que renuncias a pedir más). Si lo firmas sin estar de acuerdo tendrás que alegar que se te forzó (para lo que se puede incluso poner una denuncia en comisaría diciendo que te han sometido a una gran presión).

-Pueden despedirte por mentir. VERDAD Si pusiste información falsa en el currículum, o si mentiste en la entrevista, pueden descubrirte y considerarlo una transgresión de la buena fe contractual. Traducido significa despido disciplinario (que luego será procedente o improcedente).

-Pueden despedirte, pero no pueden bajarte el sueldo. MENTIRA Pueden bajarte el sueldo si existen causas económicas, técnicas, organizativas, de producción… En resumen: si la empresa va muy mal o si se reestructura la parte en la que tú trabajas. Eso sí, tienen que avisarte con un mínimo de 15 días y permitirte rechazar esa bajada. Si rechazas, lo que te toca es marcharte de la empresa con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado (con un tope de 9 mensualidades).

-Los empresarios quieren instaurar el despido libre. MENTIRA En España el despido ya es libre. Pero no es gratis. Dejar de trabajar en un sitio implica diferentes tipos de indemnización (y no siempre te da derecho a cobrar el paro). Estos son los principales casos:

Motivo
Indemnización
Tope
Paro
De mutuo acuerdoSolo si se pacta
 -
No
Contrato por obra que termina8 días por año
-
Te quieres ir túNo
 -
No
La empresa se va a otra ciudad20 días por año
12 pagas
Te bajan el sueldo20 días por año
9 pagas
Despido procedenteNo
-
Despido improcedente33 días por año
24 pagas


INTERNACIONAL: Los 17 robos a camiones blindados que se han producido este año en Chile

Según cifras de Carabineros, en 2014 ha aumentado este delito en comparación al año pasado. El monto sustraído este año supera los 10 mil millones.

Una advertencia con dañar al núcleo familiar y tres fotografías recientes de sus parientes para demostrar que no estaba bromeando. Ese fue el principal “argumento” con que un desconocido intimidó al conductor de un camión de valores, en pleno centro de Santiago, y logró un botín que se acerca a los $ 2.300 millones. Este atraco, que sucedió a las 12.15 de ayer y a pocos metros de una actividad pública en la que participaban el fiscal nacional, Sabas Chahuán, y el vicepresidente Rodrigo Peñailillo, se suma a otro ocurrido 11 horas antes, en el cual una banda asaltó un camión blindado en San Bernardo y escapó con $ 530 millones.

Entre ambos hechos, las bandas responsables lograron un total de $ 2.830 millones. Según las cifras entregadas por Carabineros, estos dos asaltos a transportes superan el doble de todo el dinero que fue robado en 2013 por este tipo de delitos. La cifra, sin embargo, es referencial, ya que sólo el asalto al Aeropuerto de Santiago hizo que la estadística del último año fuera superada. En efecto, durante 2013, las remesas sustraídas en atracos a estos vehículos llegaron a $ 1.355 millones, en 15 hechos (ver infografía). En lo que va de 2014, en tanto, los botines superan los $ 10.246 millones, en un total de 17 atracos de estas características.

De las cinco empresas con más asaltos, sólo Prosegur respondió las preguntas de La Tercera. La empresa, a través de Gustavo Sánchez, gerente general de logística, señaló que el aumento de estos ilícitos se debe a un “problema delictual país”. Agregó que entre los factores que facilitan este hecho se encuentra “la falta de una norma legal adecuada para regular la industria de la seguridad privada”.

Esta tendencia se ha convertido en una de las preocupaciones del gobierno. El subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, señaló que “en 2014 ha aumentado la vulnerabilidad del sistema de transporte de valores en Chile. Por ello, junto a la asociación de empresas de ese rubro, llevamos más de cuatro meses trabajando para perfeccionar la seguridad de estas operaciones”. Aleuy indicó que “las empresas debieran mejorar la programación de sus rutas y la información de los vehículos blindados, para prevenir que los delincuentes conozcan previamente los itinerarios”.

La autoridad de gobierno agregó que “ellos también deben establecer zonas de acopio de dinero aisladas y seguras. Además, se pedirá que estos vehículos porten cámaras de alta definición al interior de ellos, incluyendo la cabina de los choferes, y equipos GPS en las bolsas de dinero”. Fuentes gubernamentales informaron, además, que se está trabajando en actualizar el decreto (Nº 226) que regula la actividad de los transportes de valores y en aumentar exigencias en seguridad. Al respecto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, manifestó que “es preocupante, porque en el último tiempo se han registrado tres o cuatro robos similares; hay que ver si existe o no una línea que los ligue”.

Frente a La Moneda El asalto ocurrido en el centro de Santiago, en el cual el conductor del camión de la empresa Brink’s fue amenazado con fotografías de su familia, se registró específicamente en calle Morandé, frente al número 71. En ese lugar, según indicó el fiscal Gonzalo Alvarez, de la Fiscalía Centro Norte, “el conductor quedó solo, porque los otros funcionarios bajaron e ingresaron al banco. En ese momento fue abordado por un sujeto, vestido con ropas de vigilante de la empresa, quien le señaló era el reemplazo. Subió, abordó el móvil y en ese momento lo intimidó”. El delincuente, quien según el fiscal, “manejaba información relevante respecto de los movimientos de esta empresa (Brink’s)”, obligó al conductor a llevar el vehículo hasta una empresa de metalurgia, en la comuna de Conchalí. Hasta esa firma ya habían llegado otros seis delincuentes, quienes amarraron en un baño a los trabajadores. Ahí, con máquinas de oxicorte, vulneraron la bóveda y huyeron con el dinero en dos vehículos. El monto robado, según la Fiscalía Centro Norte, fue de $ 2.240 millones y US$ 330 mil.

Respecto del lugar en que ocurrió el atraco, el general de Carabineros Ricardo Solar, jefe de la Zona Metropolitana Oeste, apuntó que “se aprovechan de las circunstancias que da el entorno, la cantidad de personas que transitan en el lugar, los atochamientos vehiculares. Son circunstancias que hacen propicio que muchas personas no logren darse cuenta que está ocurriendo un delito”. En tanto, en el atraco ocurrido en la madrugada de ayer, a un camión de Prosegur, en el centro comercial Plaza Sur, de San Bernardo, los delincuentes habrían amenazado con armas largas al chofer, mientras que el resto de los vigilantes reponía dinero de cajeros automáticos de un banco. Luego, golpearon al conductor y lo forzaron a llevar el camión a un sitio eriazo. En ese lugar, forzaron la bóveda del vehículo y robaron el dinero.

Prosegur, a través de un comunicado, indicó que “se cumplieron todos los nuevos protocolos acordados con la autoridad de gobierno y policial, para dar mayor seguridad a la reposición de efectivo de los cajeros automáticos”. El general Christian Fuenzalida, director de Seguridad Privada y Control de Armas y Explosivos, expresó que “en ambos robos hubo errores de procedimiento que facilitaron la concreción de los delitos”. Por esta razón, se revisarán los protocolos de las empresas y la cantidad de tripulantes de sus operaciones.

29 de octubre de 2014

El Secretario General de la Federación de Seguridad Privada de FTSP-USO imputado por la Operación Zeta


Imputado por un delito de fraude en las subvenciones y de malversación de caudales públicos.

La trama de las subvenciones ya salpica a 67 personas y asociaciones. La jueza las cita como imputadas en la causa de los cursos de formación. Aparecen sindicalistas en la lista de los que fueron llamados a declarar como imputados por los mismos delitos que los anteriores, como Alfonso Ares Mejuto, responsable de formación de USO y Antonio Duarte, secretario general del sindicato.

A día de hoy, ya son 67 los imputados por la trama de las subvenciones. Y todos ellos han pasado por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña. Siete custodiados por la Policía, pues fueron puestos a disposición judicial tras ser detenidos, y el resto solo acompañados de un abogado. Unos quisieron declarar y otros no. Unos dejaron en mal lugar a los principales cabecillas de la trama y otros no. Unos no se acordaban de casi nada y otros de todo o de casi todo.

De la trama de los cursos de formación solo se sabe lo que la policía y la jueza pudieron deducir de los pinchazos y registros, porque poco o nada se pudo sacar a los principales imputados en sus comparecencias ante el juez, pues se negaron a declarar. Son el empresario coruñés y supuesto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo; tres de sus trabajadoras de confianza, Margarita O.N, Mercedes G.R. y Susana L.O; el presidente de la Confederación de Autónomos (Caype), Eliseo Calviño; el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, y el director de la feria de autónomos, José Luis Fraga. A todos ellos se les imputa delitos de fraude de subvenciones y estafa, malversación de caudales públicos y delitos instrumentales conexos, como falsificación o blanqueo.

Según el grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional, esos siete imputados idearon o ejecutaron un plan para nutrir sus empresas o sus bolsillos de dinero público procedente de subvenciones para cursos de formación, fomento de empleo o ayuda a discapacitados. Una vez que recibían el dinero, se lo repartían. A veces ni siquiera realizaban el curso y otras lo realizaban mal, añade la policía, que coloca a Crespo, Calviño y Pérez Bello en lo alto de la trama y el resto como meros «brazos ejecutores».

La lista de los otros 60 imputados la forman cargos de la administración, presidentes de entidades profesionales -autoescuelas, clínicas privadas, funerarias, hosteleros...-, vecinales o empresariales. Así, del sumario destacan los nombres, aparte de los principales imputados, de responsables de asociaciones, como María de los Ángeles de la Iglesia Daviña, que es la presidenta la Federación Provincial de Asociaciones Comarcales de Empresarias, Profesionales y Emprendedoras de A Coruña (FEDACEPE); Juan Manuel Becerra Vázquez, presidente de la Federación Gallega de Servicios Funerarios; José Manuel López Marín, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas; Lisardo Domínguez Rodríguez, secretario general de Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos de Galicia (Upta); y José Luis Rodríguez Dacal, presidente de la Federación de Farmacias de Galicia; Héctor Cañete del Campo, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga). Todos ellos están imputados por los mismos delitos, por fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. También aparecen sindicalistas en la lista de los que fueron llamados a declarar como imputados por los mismos delitos que los anteriores, como Alfonso Ares Mejuto, responsable de formación de USO y Antonio Duarte, secretario general del sindicato.

Junto a ellos, aparecen los nombres de funcionarios o altos cargos de la administración, como Luis Álvarez Freijido, ex delegado de Benestar y ex alto cargo de la Diputación coruñesa; Odilio Martiñá Rodríguez, ex director xeral de Relacións Laboráis de la Xunta; Joaquín Vila Sampayo, ex jefe de servicio de la Consellería de Traballo; y María Isabel Caramés González, jefa de servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo; y Esther Álvarez Fernández, directora técnica del instituto de Consumo.

FUENTE: lavozdegalicia.es AQUÍ

MÁLAGA: Detenido un joven por agredir a un portero y un vigilante de una discoteca con una botella rota

La Policía Local de Málaga levanta en una sola noche 49 denuncias por botellón y siete por estar en posesión de cocaína

La Policía Local de Málaga ha detenido a un joven de 25 años por, presuntamente, agredir con una botella rota al portero y a un vigilante de una sala de fiestas del polígono industrial San Luis de la capital. Los hechos tuvieron lugar a las 06.30 horas del pasado domingo 19 de octubre en una sala de conciertos cuyos responsables, al parecer, negaron la entrada al joven por estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas y, según manifestaron, otras sustancias.

Entonces, el joven se marchó y regresó instantes después amenazando tanto al portero como al vigilante con una botella rota, a los que causó heridas en un brazo, según han informado desde la Policía Local en un comunicado. Las víctimas forcejearon con el individuo hasta lograr inmovilizarlo y llamaron a la Policía Local de Málaga para denunciar los hechos. Una patrulla del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) se personó en el lugar y detuvo al hombre, al que trasladaron a dependencias policiales, siendo, posteriormente, puesto a disposición judicial. Mientras tanto, los heridos fueron atendidos por personal sanitario de una ambulancia que se había desplazado hasta el lugar.

Medio centenar de denuncias por botellón En esa misma madrugada, la Policía Local llevó a cabo por la zona diversos controles, que supusieron levantar un total de 56 actas de denuncias. Concretamente, 49 fueron a personas sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en la calle, y siete a otros que estaban en posesión de, al parecer, cocaína. Además, durante la noche los policías locales intervinieron un total de 50 botellas.

HUELVA: CC.OO en contra de la entrada de seguridad privada en los centros penienciarios

CCOO ha rechazado desde el inicio este proceso privatizador, y sigue movilizándose contra el mismo. Para la central sindical” la privatización no responde al interés general de seguridad sino que se hace para transferir recursos del Estado a la cuenta de beneficios de las empresas privadas”.

Desde el sindicato se ha venido denunciando que “ésta privatización no es un hecho aislado y responde a un intento de privatizar la mayor parte del servicio público de prisiones”. Por ésta razón, “desde el Gobierno se están asfixiando los recursos humanos y materiales en las prisiones, sin una oferta de empleo suficiente, sin las inversiones necesarias y con instalaciones nuevas cerradas que se están deteriorando mientras son custodiadas por el propio lobby de seguridad privada” han afirmado desde la Sección Sindical del Centro Penitenciario de Huelva.

CCOO ha mostrado su rechazo ante la apuesta del Gobierno por privatizar las cárceles, porque privatizar el cumplimiento de las penas supone mercantilizar la condena y supondría alterar el mandato constitucional de reinserción social. Desde la Administración Penitenciaria se ha negado este proceso de privatización, sin embargo, la sección sindical de CCOO en el Centro Penitenciario de Huelva ha denunciado que “hoy martes 28 de octubre se ha autorizado por esa Dirección la visita de dos de las Empresas de Seguridad lideres en el Sector con el objeto -según reza en dicha autorización- de ofertar sus servicios.

CCOO ha demandado una oferta de empleo extraordinaria para prisiones y más inversiones en recursos y tratamiento para hacer creíble y posible el servicio público de prisiones. En el caso de la prisión de Huelva la situación se está volviendo insostenible por tener un elevado número de internos y contar con un escaso número de funcionarios, lo que unido al envejecimiento de la plantilla lleva a una situación de colapso en el centro penitenciario, basta sólo recordar que el número de incidentes y agresiones a funcionarios ha aumentado en los últimos meses.

28 de octubre de 2014

Acuerdos entre SPV y la empresa TEMPLAR ACSA UTE EPGASA




Desbloqueado el conflicto con TEMPLAR

El pasado lunes 27 de octubre, a petición de la empresa TEMPLAR, mantuvimos un encuentro con el director-gerente de la delegación de Sevilla, con motivo de las concentraciones programadas en la Isla de la Cartuja a causa de distintos retrasos de haberes salariales y otras cantidades adeudadas por esa empresa sus trabajadores destinados en edificios de AGESA (empresa Pública de Gestión de Activos S.A). En el trascurso de la reunión alcanzamos un principio de acuerdo que finalmente ha hecho posible desbloquear el conflicto que dio origen a la programación de las concentraciones de fecha 30/10/2014.

TEMPLAR, a través de su director-gerente, reconoció que en distintos meses de 2014 se había retrasado durante unos días en el abono de los salarios mensuales al personal que trabaja en AGESA (abril pagado día 6, Junio pagado día 6), conforme a lo recogido en el vigente convenio colectivo. Igualmente se observó que a lo largo del 2014 ha hubo retrasos en el abono de las pagas extraordinarias. Ambas partes reconocimos que todas estas incidencias están solventadas a día de hoy. En el futuro, TEMPLAR se compromete a cumplir en todos sus extremos con lo que marca el convenio colectivo en materia de abono de salarios mensuales, pagas extras y demás materia.

TEMPLAR tenía pendiente por abonar a sus trabajadores que prestan servicio en AGESA las 20 horas de un curso de formación impartido en el mes de Diciembre de 2013. Su director-gerente nos comunicó que ya está tramitada la orden de pago para que se cobren 10 horas en la próxima nómina del mes de Octubre. Las otras 10 restantes se comprometió a abonarlas en la nómina del mes de Noviembre.

Atendiendo a los compromisos adquiridos y a la buena voluntad de los acuerdos, SPV procedió a desconvocar temporalmente la movilización prevista para el 30 de octubre en la Isla de la Cartuja, pendiente de la confirmación de los pagos adeudados. Igualmente procedimos a informar a los trabajadores afectados del alcance de la reunión mantenida con el responsable de TEMPLAR y de cada uno de los acuerdos alcanzados.


El sector de la seguridad privada esta desilusionado.


Los trabajadores de la seguridad privada, se han dado cuenta, otra vez, que nadie se preocupa por ellos, pero en cambio sí que los utilizan. No se preocupan de ellos, ni los que se suponen han sido elegidos para ello.

La inmensa mayoría de afiliados a los sindicatos negociadores (UGT, CCOO y USO) comunicaron a través de asambleas o mediante escritos, que no querían el acuerdo propuesto por la patronal. No sirvió de nada, los “representantes” sindicales de los sindicatos mencionados anteriormente también conocidos dentro del sector como “El Tridente”, firmaron el acuerdo igualmente.

El tridente se excusa con los argumentos de siempre: la crisis, la pérdida de clientes, empresas que tiran los precios, etc. Sera cierto pero no dicen nada por ejemplo; del exceso de cargos intermedios o altos cargos que hay en las empresas de seguridad, con sueldos que, como mínimo, triplican el de los vigilantes.

Estos “representantes” sindicales, nadie sabe si son del sector y si los son ¿donde trabajan? Si no trabajan por estar liberados ¿Desde cuándo están liberados? ¿Qué cometido realizan? Con todos los fraudes, corruptelas, o situaciones cuanto menos irregulares, que nos cuentan los medios de comunicación, en ASP/92 sospechamos que algo raro sucede en las negociaciones del convenio colectivo nacional de seguridad privada, desde hace unos cuantos años. Nos parecería un gran gesto por parte de estos representantes-negociadores de UGT, CCOO y USO que hicieran públicas sus nóminas y patrimonio.

Seria interesante, que algún organismo independiente auditara el reparto de horas sindicales, por volumen de delegados, de las empresas hacia los sindicatos. No vaya a ser que por “error” les estén otorgando un exceso de las mismas y que de esta forma estos sindicatos del tridente puedan tener muchos más liberados. Liberados que al fin y al cabo, son trabajadores de un sindicato pagados por una empresa de seguridad. Debido a todas estas cuestiones, desde este momento, la asociación de seguridad privada ASP/92 ha tomado la determinación de denunciar como y donde estime oportuno, todas las irregularidades que observe en el sector, tanto de las empresas de seguridad, como de las empresas clientes y sindicatos.

No se puede pretender tener buenos profesionales, con el sueldo de aprendices, de por vida.


GIJÓN: El geriátrico de Moreda contrató seguridad privada ante el miedo del personal

Aspecto exterior de la residencia Sotiello de Moreda.La dirección del centro asegura que sólo se prohíbe el acceso a la zona de las habitaciones porque los trabajadores «temen agresiones»

La mayoría de la plantilla de la residencia de mayores de Moreda mostró ayer su apoyo al guarda de seguridad que en la tarde del sábado redujo e inmovilizó en el suelo del vestíbulo del centro a Manuel González, hijo de una de las residentes, y al que la gerencia de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) le ha prohibido el acceso a la primera planta, donde se encuentra la habitación de su madre.

El director del centro, Carlos Brianso, aseguró ayer a EL COMERCIO que la prohibición de acceso a las habitaciones así como la contratación de un guardia de seguridad son medidas solicitadas por la mayoría del personal del centro que -asegura- «nos han trasladado su miedo a trabajar cuando esa persona está cerca ya que temen ser atacados por ella». Medidas que también fueron solicitadas por el comité de empresa. Según las mismas fuentes, «cuando esta persona se encuentra en la zona de habitaciones (donde hay poca gente) aprovecha para increpar a algunas trabajadoras, llegando incluso a insultarlas. En el último año tiene al menos ocho denuncias y ha perdido ya dos juicios» explicó el director.

De esta forma, y para que «el ambiente de trabajo no fuera tenso y las trabajadoras pudieran desenvolverse con tranquilidad», se prohibió el acceso de Manuel González a esa planta, pero no así a la parte baja de la residencia donde también permanecen otros familiares. Además, confirmó a EL COMERCIO que «puede entrar cualquier otro familiar a atender a Josefa Alonso». Debido a incidentes anteriores, algunas trabajadoras se habrían visto obligadas a «coger la baja médica, en ocasiones por mucho tiempo», ya que este problema dura más de un año. «Hemos intentado dialogar con Manuel en varias ocasiones, pero no se atiene a razones e insiste en subir a la habitación de su madre», de 86 años y dependiente.

Rechazo a dos auxiliares Manuel y Jesús González, los dos hermanos que ayer criticaron la supuesta 'agresión' y trasladaron su versión de los hechos a EL COMERCIO, mantienen, por su parte, que el origen de todo viene de su negativa a que «dos de esas auxiliares atiendan a nuestra madre, cuando estamos con ella». De hecho, insisten en que ya «hemos presentado una denuncia contra una» y aseguran que «en cada turno hay varias personas trabajando y no tiene porque ser ella quien venga cuando necesitamos ayuda», concluyen.

27 de octubre de 2014

VALENCIA: Vigilantes de dos bibliotecas denuncian que no cobran desde junio

Cultura admite la demora de pago a la empresa de seguridad encargada de los centros de la calle del Hospital y San Miguel de los Reyes

«No cobramos desde junio». Lo denuncian vigilantes de las bibliotecas de San Miguel de los Reyes y del Hospital. Son once los trabajadores afectados por los impagos de la empresa Seguridad Huécar que, según lamentan los trabajadores, no está al día en el pago de las nóminas.

Esta firma gestiona el servicio de seguridad de la biblioteca de la calle del Hospital «desde enero de 2013 al presentar la oferta más económica», según fuentes de la institución cultural. Sin embargo, es responsable de la seguridad del Monasterio de San Miguel de los Reyes «desde hace seis años». La contrata emplea a tres vigilantes en la primera y a ocho en la segunda.

Los trabajadores han contactado con la empresa para conocer de primera mano los motivos por los que no se abonan los salarios. «Desde la empresa nos dicen que la Generalitat no les paga porque tienen problemas de tesorería», argumentaron fuentes laborales. Fuentes de la Conselleria de Cultura admitieron ayer la demora de «entre 60 o 90 días» y aseguraron que «se abonarán las partidas en breve». Aún así, desde la Generalitat advirtieron que no pagar las nóminas a los vigilantes es motivo para perder la adjudicación y así se lo han hecho saber a la empresa de seguridad, cuya sede está en Cuenca.

Los trabajadores afectados de la biblioteca del Hospital denunciaron que además de las tres mensualidades «también está pendiente de pago las pagas extras de 2013, las de diciembre, marzo y julio».En el caso de San Miguel de los Reyes, los vigilantes lamentaron que la situación no es novedosa, ya que en 2013 tuvieron problemas «para cobrar cuatro meses».

Los vigilantes comentaron que Seguridad Huécar está incluida en el plan de pago a proveedores y las nóminas del pasado año se hicieron efectivas cuando la Generalitat se puso al día con la empresa de seguridad. La incertidumbre se ha apoderado del personal afectado por los impagos. Además, denunciaron que no se están realizando los cursos formativos de reciclaje y que tienen carestía de vestuario. Los trabajadores del la Biblioteca Valenciana confían en que se resuelva la situación antes de la celebración del día de San Miguel y no descartan realizar alguna protesta. Del 25 al 29 de septiembre se celebran las VIII jornadas de puertas abiertas en el que el público toma las instalaciones del edificio.

Para esos días están previstas numerosas actividades. El jueves 25 de septiembre se celebra la jornada 'La Lectura del segle XXI'. Un día después se organiza, a partir de las 20 horas, una visita teatralizada; posteriormente se servirá una cena (con reserva previa) en la terraza del monasterio y habrá un concierto a cargo del Ensamble de Lassus y del Cor Simfònic In Et Domine.

El sábado 27 de septiembre la Biblioteca de San Miguel de los Reyes acogerá un taller de marionetas para público infantil y, por la noche, se celebrará un concierto a cargo de Capella de Ministrers, que interpretaran una selección de piezas de música medieval y renacentista bajo el título 'Plant d'amor. Música per a llegir Roís de Corella'. El domingo habrá 'Cants de l'Aurora' y visitas guiadas exposición permanente. Tanto el domingo como el lunes 29, día de San Miguel, se abrirá la cripta para ver la entrada del rayo de sol que illumina el lugar donde reposa Germana de Foix.

SEVILLA: Los agricultores recurren a la vigilancia privada para evitar los robos

Denuncian que en ocasiones tienen que pagar a las «mafias» locales para evitar más destrozos

Las estadísticas hablan de un descenso en los robos en el campo, pero los agricultores sevillanos aseguran que la inseguridad cada vez es mayor y el problema es que la mitad de los que sufren robos no los denuncian porque ven que no sirve de nada.

Responsables de Unión de Pequeños Agricultoras de Andalcía (UPA-Andalucía) y de la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) han denunciado hoy cómo los robos afecta a sus instalaciones, a sus cosechas y hasta su propia seguridad, de tal manera que, dada la falta de vigilancia por los cuerpos de seguridad del Estado, han tenido que recurrir a la vigilancia privada, a redoblar turnos de trabajo para no dejar sola la maquinaria ni el área de cultivo e incluso a abonar determinadas cantidades a «mafias» locales para que dejen tranquilas sus parcelas.

Algunas comunidades de regantes señalan que sólo en contratar vigilancia privada pueden gastar en torno a los 12.000 euros al año a lo que se suma el pago por trabajos nocturnos que eviten dejar sola la parcela. Para el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, el problema está en que no hay vigilancia, en muchos casos porque buena parte de los efectivos de la Guardia Civil, señaló se dedican ante todo a vigilar las carreteras mientras que «el campo está abandonado a su suerte». «Sólo hay una forma de solucionar este problema y es con más vigilancia», apuntó.

Los ladrones se llevan de todo del campo, desde el gasoil de las cosechadoras hasta las baterías, el cobre, los cables...muchas veces, cuentan los arroceros, se llevan pequeñas compuertas que se usan para regular el agua que apenas les pueden reportar unos euros su venta pero que destroza el sembrado.

MADRID: Juicio contra los que que dispararon a los vigilantes de seguridad de un bar donde no les dejaron entrar

La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid celebrará desde mañana hasta el miércoles el juicio contra los hermanos Lorenzo Javier G.V., José Antonio G.V. e Israel G.V., acusados de disparar contra los vigilantes de seguridad de un bar donde le negaron la entrada a uno de ellos.

Los tres están acusados de tres delitos de homicidio en grado de tentativa, dos delitos de lesiones con armas y tres delitos de tenencia ilícita de armas, por los que la Fiscalía solicita para cada uno de ellos una pena de 35 años y ocho meses de prisión. Según consta en el informe provisional del Ministerio Público elevado a la Sala, en la madrugada del 7 de agosto de 2005 cuatro personas, de las que tres son testigos protegidos por el tribunal, se encontraban realizando funciones de vigilante de seguridad en el local 'Coco Loco', de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Sobre las 5.25 horas, Lorenzo Javier G. intentó entrar en el local, pero los vigilantes se lo impidieron debido a su aspecto. El encausado inició un discusión con los vigilantes y les amenazó con causarles “la ruina”, porque en breve volvería y entonces iban “a flipar”. Media hora después el procesado cumplió su amenaza y regresó con sus hermanos José Antonio e Israel a bordo de un coche todoterreno. Los tres procesados portaban armas y se habían puesto de acuerdo para acabar con la vida de los vigilantes. Al ver su vida amenazada, uno de los agentes de seguridad se dirigió hasta el vehículo con un palo, momento en el que uno de los procesados apretó el gatillo de su escopeta y disparó en dos ocasiones a través de la ventanilla, alcanzando a tres personas, una de ellas el propio vigilante, que se encontraban en las inmediaciones de la discoteca. 

A continuación, Lorenzo Javier y sus dos hermanos descendieron del coche y entraron en la discoteca, donde los vigilantes se habían refugiado. Una vez dentro del local continúo la refriega y, en medio del tumulto, y mientras las personas se parapetaban con lo que podían para salvar sus vidas, los procesados continuaron disparando, causando dos heridos más. La Fiscalía considera en su escrito que alguno de los lesionados pudo haber fallecido de no ser por la rápida intervención médica.