Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de agosto de 2017

Frente común contra las empresas piratas




¡Vigilantes Unidos contra las Empresas piratas!

A inicios del verano recibimos una comunicación del Comité de Empresa de Trablisa en su delegación de Sevilla, a través de su secretario, donde se nos hacía un llamamiento a la unidad de acción a todas las fuerzas sindicales operativas en el sector de la seguridad privada, para que entre todos buscáramos la máxima unidad posible e hiciéramos un frente común a las Empresas Piratas.

Finalmente se ha concretado la celebración de un encuentro para el próximo 5 de Septiembre en los locales del citado Comité, con el objetivo de ver la posibilidad de realizar aportaciones y consensuar entre todos una hoja de ruta común contra las empresas piratas. Como todos sabéis, SPV Sevilla ya ha dejado claro que estará presente en todos aquellos foros e iniciativas a los que se le invite que tengan como finalidad la dignificación del sector y la lucha contra aquellas empresas que incumplen el convenio colectivo estatal. Nuestro Comité Ejecutivo enviará una representación a la reunión convocada, con el ánimo de avanzar en acción sindical contra esas empresas que tanto daño están a nuestro sector.

El laudo de la huelga de El Prat obliga a Eulen a pagar a los vigilantes un complemento de 200 euros

El árbitro toma como referencia la oferta del mediador de la Generalitat rechazada por los trabajadores

El árbitro designado por el Gobierno para zanjar el conflicto laboral de los vigilantes en el aeropuerto de El Prat que generó una sonada huelga este agosto ya ha emitido su laudo de obligado cumplimiento para las partes. En él, Marcos Peña dicta que la empresa Eulen deberá pagar un complemento salarial de 200 euros en 12 mesualidades a los trabajadores de seguridad de los controles de acceso en los embarques del aeropuertos barcelonés.

Este era el elemento central de la oferta que había hecho el mediador que había designado la Generalitat catalana y que había sido rechazada por los trabajadores en sendas asambleas celebradas el 11 y el 13 de agosto. El laudo también deja sin efecto las sanciones impuestas por la empresa durante el conflicto, dos despidos, y los expedientes abiertos. La decisión de Peña dificulta la reanudación de la huelga que preveían los trabajadores desde el próximo 8 de septiembre. Los vigilantes habían convocado paros para protestas contra esas sanciones, ya que contra un laudo arbitral no se puede hacer movilizaciones. Al anular las sanciones y los expedientes la huelga del 8 de septiembre queda sin motivo de convocatoria.

Otro elemento importante del laudo es el refuerzo de plantilla de 25 puestos de trabajo adicionales en los momentos de más trabajo: entre el 31 de marzo y el 30 de octubre, en Navidad, Semana Santa, puente del 6 y 8 de diciembre y cuando se celebre el Mobile World Congress. Marcos Peña, que también es presidente del Consejo Económico y Social, ha entregado su decisión a las partes justo un día después de cumplirse el plazo, que finalizó el miércoles. Tenía 10 días desde que comenzó a correr el tiempo, el lunes de la semana anterior. Ya advirtió que ninguna de las dos partes del conflicto quedaría satisfecha al 100%.

"No tenemos nada que decir aún. Tenemos que leerlo todavía. Lo que vamos a hacer es leerlo y acatarlo", Emilio García, director general de Eulen, "y lo aplicaremos". El complemento de 200 euros es justo la cantidad que propuso un mediador de la Generalitat que trató de acercar las posturas de Eulen y su plantilladurante la huelga. La empresa estaba dispuesta a asumirlo pero los trabajadores lo rechazaron, y exigían que el complemento fuera de 350 euros. Por su parte, el representante de los trabajadores, Juan Carlos Giménez, en el acto de entrega tampoco ha valorado el contenido del laudo. Ha remitido a una comparecencia que harán el próximo sábado en Barcelona y a una asamblea con los trabajadores el próximo lunes.

"Necesitamos saber si a los trabajadores les satisface este laudo, aunque sea de obligado cumplimiento", ha explicado Giménez, que ha pedido que la empresa de marcha atrás en sus sanciones y se comprometa a no imponer más.

Laudo Arbitral sobre la huelga del Aeropuerto del Prat


SEVILLA: Concentración a las puertas de la T.G.S.S. por la adjudicación de sus instalaciones a la empresa Sinergias


¡NO! a las empresas piratas en la seguridad privada

Por medio de la presente comunicación, queremos informar de nuestra adhesión a la concentración programada por CSIF para el próximo 07/09/17, en contra de la adjudicación de los servicios de seguridad para Sevilla y la provincia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad S.A

Como sabéis, porque así lo hemos manifestado en otras ocasiones, ante la grave problemática por la que atraviesa nuestra profesión, donde la precariedad, el intrusismo y las empresas piratas están campando a sus anchas, creemos sinceramente que no cabe otra opción que ponernos de acuerdo la fuerza social sindical y aunar esfuerzos para trabajar, en unidad de acción, por los derechos más elementales de nuestra profesión que están siendo vilmente pisoteados.

Es por ello que consideramos una prioridad la lucha por erradicar de nuestra profesión a todas aquellas empresas que incumplen el Convenio Colectivo Estatal para Empresas de Seguridad Privada, y por ende, mostramos nuestro más enérgico rechazo contra las administraciones y organismos oficiales que apuestan por darle cuota de mercado a estas empresas piratas, sin tener en cuenta en sus licitaciones unas mínimas cláusulas sociales que eviten generar empleo precario para los profesionales que se tienen que encargar de la seguridad de sus instalaciones.

En el caso que nos ocupa, a pesar de ser suficientemente informada del riesgo que supone contratar a este tipo de empresas, la Tesorería General de la Seguridad Social ha adjudicado finalmente el servicio de seguridad a la empresa Sinergias. Ante esta situación, creemos conveniente nuestra asistencia, junto con otras organizaciones sindicales, a la concentración prevista en la entrada principal de la T.G.S.S. situada en la calle Picasso Nº 8 de Sevilla, con horario de 10.00 a 12.00 horas.

Hacemos un llamamiento al colectivo de trabajadores y trabajadoras del sector de la seguridad privada a participar activamente de esta movilización, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos como organismos oficiales sin escrúpulos y empresas privadas piratas, se cargan nuestro sector y ponen en peligro el bienestar de miles de asalariados. Accede a la Circular de SPV Sevilla AQUÍ

¡¡¡ ACUDE Y LUCHA POR LO TUYO!!!

¿Y si todos los trabajadores de la seguridad privada se unieran para decir basta?

La elaboración de presupuestos a la baja por la crisis y el éxito de las 'empresas piratas' repercuten negativamente en salarios y jornadas laborales

La huelga del personal de seguridad en el aeropuerto de Barcelona ha puesto el foco mediático en un sector preocupado por el paulatino deterioro de sus condiciones de trabajo.

Como sucede en estos casos, donde las reivindicaciones de los derechos laborales entran en conflicto con el interés general, la disputa vivida en El Prat divide a los afectados por ambas partes. Los pasajeros se sienten un daño colateral dentro de un conflicto ajeno, mientras que el sector turístico lo considera otro golpe a su imagen de marca. Un escándalo más que añadir a los casos de turismofobia o las peleas y demás actos impropios en la vía pública, como consecuencia del turismo de borrachera. El propio Gobierno ha tenido que intervenir a través de la Guardia Civil, quien tomó el control de la situación en el aeropuerto. No obstante, a través de su portavoz en la AUGC, la propia benemérita mostró su "solidaridad” con los trabajadores en huelga. Entre otras razones, porque se sienten identificados en varias de sus peticiones.

Un pilar clave en nuestro día a día Hablando del caso con una profesional del sector, acerca de todo el ruido mediático que está generando la huelga, ésta formuló una hipótesis más inquietante: “Y si todos dijéramos basta… Se paralizarían muchas más cosas de las que pensamos”. Y no la falta razón. El sector de la seguridad privada es uno de los mayores generadores de empleo del país. Están mucho más presentes en nuestro día a día de lo que pensamos. Tan solo un dato para corroborarlo: En España hay más vigilantes que Guardias Civiles o Policías Nacionales.

¿Qué problemas sufre el sector de la seguridad privada? Al margen del caso específico en El Prat, diferentes medios de comunicación se han hecho eco de las denuncias por parte de los profesionales del sector. Éstas parecen girar en torno a los salarios y horas de trabajo. El convenio dicta que el salario medio esté sobre los 1.100 euros al mes, pagas extras prorrateadas incluidas. Asimismo, portar un arma supone un plus que no llega a los 180 euros. Dada la responsabilidad y naturaleza del trabajo, el sueldo estipulado por convenio no resulta una bicoca precisamente. Pero el problema parece estar en la cantidad de profesionales que se ven forzados a ejercer su labor con salarios por debajo de esto.

Por ejemplo, el consejero delegado de Ilunion Facility Services, Alejandro Fernández, manifestaba en El País que “alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector”. La cuenta parece sencilla. Si la mayor parte del presupuesto lo ocupa la mano de obra, una reducción del 20, 30 o 40% para lograr ganar el concurso público, por fuerza tiene que repercutir en los trabajadores. Al margen de los concursos públicos, la pérdida de poder adquisitivo en empresas y particulares, también ha obligado a presentar presupuestos más ajustados en esta guerra de precios a la baja. Y así llegaríamos a los emolumentos de 700 euros que denuncian los profesionales de la seguridad privada. Teniendo en cuenta el coste de la vida en España, estos salarios obligan a meter muchas más horas extra para alcanzar un sueldo adecuado. Una situación tan injusta, como perjudicial para la salud, dada la naturaleza del trabajo a desempeñar.

Empresas piratas Un lamento muy extendido es la presencia de ‘empresas piratas’. Dícese de las compañías que logran hacerse con servicios públicos y privados pujando con ofertas muy a la baja. Consecuentemente, la rebaja en el presupuesto repercute en sus trabajadores. Al parecer, estas empresas han encontrado un filón en el contexto de crisis. La última reforma laboral y la prioridad de la Administración pública por conseguir el precio más bajo posible en las adjudicaciones, han propiciado su existencia. Por esa razón, Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de CCOO de Construcción y Servicios, proponía en el diario El Mundo que “los sistemas de licitación cambien para incluir cláusulas sociales que aseguren unos mínimos, como el respeto al convenio sectorial”.

30 de agosto de 2017

El conflicto de la seguridad privada se extiende a Metro de Madrid


"Trabajamos diez horas por un sueldo mísero, expuestos a que nos apuñalen por la espalda, nos abran la cabeza, o nos tiren a la vía"

CIERRA UNA DE LAS EMPRESAS PRESTATARIAS Y LOS VIGILANTES DENUNCIAN SUELDOS DE 800 EUROS POR DIEZ HORAS AL DÍA.

El conflicto de la seguridad privada amenaza con extenderse a cualquier tipo de espacio donde opera. Trabajadores de seguridad privada de Metro de Madrid se han sumado a las protestas en el sector para denunciar las condiciones laborales con las que trabajan la gran mayoría de los vigilantes en el suburbano. Retrasos en el pago de nóminas que apenas superan los 800 euros netos, a lo que suman la supresión y los recortes injustificados en los complementos salariales, entre sus principales quejas.


A perro flaco todo son pulgas y Seguridad Integral Canaria (S.I.C), la principal empresa prestataria de la seguridad en el Metro de Madrid, cesará en su actividad este mes. Ante la posibilidad de que los vigilantes de seguridad de la red de Metro dejen de cobrar sus salarios, UGT anticipa que habrá conflicto laboral en la seguridad del Metro de Madrid. S.I.C. es la prestataria de los servicios de vigilancia de la Zona Centro, Metro Sur, Línea 11, Suroeste de Línea 5, Línea 10 y parte de la línea 6, en donde 400 profesionales garantizan la seguridad de las instalaciones, bienes y personas que circulan por la red, pero que desde hace meses vienen sufriendo retrasos continuados en el abono de las nóminas.

Valle Sanz, responsable UGT en SIC –Madrid, ha denunciado en declaraciones a la Cadena SER que S.I.C. "es un claro ejemplo, no el único, de una oferta de seguridad low cost, que tiene como estrategia empresarial situarse en posiciones de dominio en el mercado a partir de rebajar precios, situando a los trabajadores en un marco de relaciones laborales muy regresivo". Trabajamos diez horas por un sueldo mísero, expuestos a que nos apuñalen por la espalda, nos abran la cabeza, o nos tiren a la vía.

"Trabajamos diez horas por un sueldo mísero, expuestos a que nos apuñalen por la espalda, nos abran la cabeza, o nos tiren a la vía" se lamenta otro trabajador que nos pide anonimato "para evitar problemas". "Me encargo de los carteristas, vendedores, borrachos o grafiteros y encima tengo que comunicar a Metro si hay alguna avería". Y los fines de semana por la noche, añade otra compañera, "sabemos que algún altercado vamos a tener", informa Cadena SER.

Metro de Madrid se encuentra en pleno proceso de licitación y adjudicación del servicio de seguridad, proceso que espera tener resuelta en el mes de noviembre. El servicio de vigilancia privada, que en este momento prestan ocho empresas, tendrá un presupuesto para los próximos cuatro años de 234 millones de euros. UGT denuncia la contratación pública por parte del Gobierno de Cristina Cifuentes que, "bajo apariencia de legalidad, esconde precariedad en el empleo" y exige "que se termine con esta suerte de dumping social que tiene como objetivo eliminar derechos y bajar salarios de los trabajadores".

TARRAGONA: Los vigilantes de seguridad amenazan con ir a la huelga


DESPROTEGIDOS.

Así se sienten los vigilantes de seguridad, que ayer se concentraron en la estación de Adif de Tarragona para reclamar una serie de derechos y conseguir la dignificación de este sector. Claudio Rebull, uno de los vigilantes de seguridad que ayer estaba junto con otros 50 compañeros en la estación, dice que están llevando a cabo estas movilizaciones a nivel estatal principalmente para pedir un convenio colectivo nacional justo y cobrar el plus de peligrosidad, que en los últimos años se ha recortado hasta un 87%. 

Además, este colectivo solicita tener una equipación acorde a las tareas que llevan a cabo en su día a día. Simplemente con el chaleco reflectante y el bastón policial se sienten desprotegidos ante los delincuentes a los que se enfrentan. Solicitan poder ir armados y con chaleco antibalas.Los vigilantes de seguridad que trabajan en puntos estratégicos de Tarragona –como la estación de tren, el Parc Central o parques acuáticos– se sienten discriminados respecto a las otras fuerzas o cuerpos de seguridad. «Otras profesiones como los médicos, los maestros o los revisores de transporte público son considerados agentes de la autoridad, pero a nosotros no se nos considera como tales. En toda España somos los grandes olvidados de la seguridad», añaden.

También se sienten amenazados. «Cuando llevamos a delincuentes a los juzgados, el personal de allí nos llama por nuestro nombre, por lo que estamos expuestos a muchos peligros si ese delincuente averigua dónde vivimos. No sería la primera vez que alguno de ellos ha amenazado a nuestras familias». Por esto reclaman que se les proteja mucho más y que se les llame por su número identificativo y en ningún caso por el nombre de pila. Los vigilantes de toda España protagonizarán una manifestación el próximo 27 de septiembre en Madrid para reivindicar estos derechos. En el supuesto caso de que no los consigan, «tenemos pensado hacer una huelga», dicen.

29 de agosto de 2017

TARRAGONA: Los vigilantes de seguridad de Renfe reclaman más recursos y aumento salarial


"Por un convenio justo" y al grito de "Somos los indigentes de la seguridad"

Los vigilantes de seguridad privada de Renfe han reclamado más recursos y aumentos salariales en una concentración en la estación de Tarragona con pancartas como "Por un convenio justo" y gritos de "Somos los indigentes de la seguridad".

Los vigilantes de seguridad han reclamado hoy en Tarragona un convenio "digno" que incluya un plus de peligrosidad, recursos como chalecos de seguridad e ir armados, sobre todo en un escenario de nivel cuatro sobre cinco de alerta terrorista. Más de medio centenar de vigilantes privados se han concentrado en la estación ferroviaria de Tarragona durante una hora y media para reclamar mejoras salariales y laborales sin que se hayan registrado incidentes.

Uno de los vigilantes que ha convocado la protesta, David Fortuny, ha resumido: "Cobramos una miseria por el trabajo que desempeñamos; tenemos un plus de peligrosidad de 18 euros". Este plus cubre "problemas de todo tipo", desde "grafiteros" a "carteristas, top manta y, en los últimos tiempos, terrorismo", ha añadido. Fortuny señala que algunos vigilantes han pagado de su bolsillo los chalecos de seguridad y subraya que, en caso de una amenaza armada en un tren, "el primer blanco seremos nosotros, pero después irán los pasajeros".

"¿Qué le diremos al terrorista, por favor espere a que venga la policía?", ha ironizado este agente de seguridad privada. Otro de los vigilantes, Claudio Rebull, ha concretado que cobran 900 euros mensuales y reclaman el plus de peligrosidad de 400 euros que ya perciben los conductores de metro de Barcelona. La concentración de hoy es un preludio de la manifestación convocada por el sector el próximo 27 de septiembre en Madrid, con advertencias de una huelga indefinida si no mejoran sus condiciones salariales y laborales.

Rebull reivindica que "se nos reconozca como agentes de la autoridad" tal como prevé la Ley de Seguridad Privada, aunque "el cliente" -en este caso, Renfe- "no quiere que vayamos armados porque el servicio les saldría más caro". Los vigilantes también reclaman formación en materia antiterrorista por parte de los cuerpos de seguridad, porque la situación actual, asegura Fortuny, es que "nos suben a un tren con una defensa, unos grilletes y ya está". EFE

Otoño caliente en los aeropuertos: las plantillas de Eulen, Aena e Ilunion amenazan con un mes de caos aéreo

Fomento se reúne hoy con los empleados del gestor para buscar acuerdos. La Generalitat acelera las mediaciones para desactivar todas las huelgas. Las aerolíneas se rebelan ante los retrasos en los controles

La última semana de agosto se ha erigido clave para evitar un septiembre de caos en los aeropuertos de España. Las plantillas de Eulen, Ilunion y Aena han anunciado varios días de huelga que amenazan con extender el conflicto hasta otoño y bloquear la red de aeródromos en fechas tan señaladas como el puente de la Diada o el de la Hispanidad si no consiguen mejoras salariales, aumentos de plantilla y cambios en la organización del trabajo. Para evitar que el conflicto se vuelva a descontrolar y se repitan las colas de más de horas que llevaron a 1.000 pasajeros a perder sus vuelos en El Prat, la Generalitat ha acelerado los contactos con los comités de Eulen e Ilunion para tratar de desactivar los paros en los próximos días, mientras que el Ministerio de Fomento se reúne hoy con el Grupo Aena, que integra a Aena y Enaire, y los representantes sindicales para tratar de llegar a un principio de acuerdo que evite los 25 días de paros.

Por un lado, el departamento de trabajo de la Generalitat de Cataluña ya está mediando en el conflicto de los vigilantes de Ilunion, que el 24 de agosto anunciaron movilizaciones para septiembre, y ayer mismo convocó la mediación entre el comité de huelga de Eulen y la firma. La primera reunión se celebró por la tarde, apenas cinco horas después de que los vigilantes de los filtros de seguridad de El Prat registraran las movilizaciones, y concluyó sin ningún tipo de avance. "La empresa se ha cerrado en banda y siguen los acosos al personal hasta tal punto que no les dejan ni ir al baño", explicó Juan Carlos Giménez, asesor del comité.

El nuevo frente abierto por la plantilla de Eulen persigue evitar que la compañía "tome represalias contra los trabajadores por la huelga y siga con los despidos y los expedientes sancionadores", asegura Giménez. En este punto, el asesor explicó que si Eulen se compromete por escrito a no "realizar despidos" y readmite a los trabajadores expulsados "el conflicto se acabará rápidamente y no habrá huelga". El primer paro será el 8 de septiembre. El objetivo de la Generalitat, que ha vuelto hoy a citar a las partes, es conseguir un acuerdo entre la empresa y los trabajadores estos días. El proceso ya fracasó con Eulen a principios de agosto obligando a Fomento a reforzar los filtros de seguridad con la Guardia Civil y a poner en marcha un arbitraje obligatorio que zanjara el conflicto laboral y pusiera fin a los paros. El laudo se conocerá este jueves. Por su parte, fuentes sindicales explican que el proceso de mediación de Ilunion "avanza positivamente".

En cuanto al conflicto laboral abierto por la plantilla de Aena, hoy es un día clave para su posible resolución. Aunque hoy se reúne el secretario de Estado Julio Gómez Pomar con los representantes sindicales, el consejero delegado de Aena, José Manuel Vargas y el director general de Enaire, Ángel Luis Arias, para tratar de llegar a un acuerdo, la llave para acabar con las movilizaciones anunciadas la tiene Hacienda ya que es el Ministerio que tiene que dar luz verde a las alzas salariales y el aumento de plantilla. Aena ya ha solicitado al departamento que dirige Cristóbal Montoro poder efectuar las mejoras que exigen los sindicatos: 600 contrataciones y una paga lineal ligada a beneficios.

La ley que permite subidas El departamento de Montoro todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la petición de Aena pero la ley de presupuestos de 2017 contempla una serie de excepciones que permitirían subir salario y plantilla. Así, la ley abre la puerta a que Hacienda autorice "por encima de los límites fijados las contrataciones que resulten necesarias para dar cumplimiento a los instrumentos de planificación estratégica que sean aprobados por el accionista mayoritario". En este caso, el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) incluye una serie de objetivos de calidad y puntualidad y servicio que exigen más personal para poder alcanzarlos, tal y como denuncia Aena, por lo que se podría contratar personal por encima de la tasa de reposición.

En cuanto al salario, la ley recoge que "la masa salarial del personal laboral del sector público estatal no podrá experimentar un crecimiento superior al establecido (un 1%) , sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados (...) mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo". En este punto, los sindicatos explican que la productividad ha subido un 18% por lo que quieren una paga extra. En esta línea critican que el Dora haya "regalado 350 millones de euros a las aerolíneas" mientras hay precariedad y falta de personal en Aena.

Los retrasos se disparan Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy concentra sus esfuerzos en resolver el conflicto que los filtros de seguridad de entrada en las terminales, las aerolíneas y los principales aeropuertos europeos se han unido para protestar contra el caos que generan los nuevos controles de seguridad en las fronteras para salir, entrar y viajar por el espacio Schengen. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IAT); el lobby de aerolíneas europeas A4E, que agrupa a Ryanair, Lufthansa, IAG, Air France-KLM, easyJet, TAP o Norwegian y la división europea del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), entre otras, han enviado una carta abierta al Consejo de la Unión Europea (UE) en la que se quejan de las colas y los retrasos que sufren los vuelos porque los pasajeros no llegan a tiempo y piden a los Estados miembros que tomen medidas para solucionarlo.

Por ejemplo, solicitan que "desplieguen el número necesario de policías o agentes fronterizos" para agilizar el control en las fronteras y que instauren "puestos automáticos" de pasaportes en los aeropuertos. A su vez, piden que países como España y Francia, que recogen información anticipada de los pasajeros, verifiquen la información de los mismos sobre las bases de datos para "acelerar los controles de los pasajeros de la UE en los vuelos entrantes".

En concreto, sector aéreo denuncia que la implantación de los nuevos controles "ha sido caótico" ya que los países no han adaptado ni el personal ni las instalaciones generando "largas colas" y llevando al 5% de los pasajeros a "perder sus vuelos de conexión". Así, las aerolíneas dicen que el número de vuelos retrasados por culpa de los problemas en los controles fronterizos se ha elevado un 97%.

¿Qué piden los trabajadores?

El personal de Aena y Enaire Los trabajadores de Grupo Aena quieren que la compañía aumente la plantilla en 600 personas y apruebe una paga lineal vinculada a beneficios. Están a la espera de ver qué mejoras les ofrecen.

La plantilla de seguridad de Eulen La nueva huelga del personal de seguridad de Eulen quiere que la empresa se comprometa por escrito a no tomar represalias. Es decir a no despedir ni abrir expedientes. Sus mejoras laborales dependen del laudo.

Los vigilantes de Ilunion en Barcelona La plantilla de seguridad de Ilunion en el El Prat quiere recuperar poder adquisitivo y mejoras en la organización del trabajo, formación y refuerzo.

Así pagan los 'piratas' de la seguridad: 700 € al mes por custodiar el Ministerio de Defensa

Los vigilantes de esta subcontrata se pondrán en huelga a finales de septiembre para denunciar una pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes y continuos retrasos en los pagos

Pedro no cobra ni cuatro euros la hora por custodiar las instalaciones del Ministerio de Defensa en Madrid. Su nómina asciende a 789 euros brutos al mes con todos los complementos incluidos. Cuanto toca hacer guardia por las noches, le abonan 10 céntimos más, una cantidad idéntica al plus por trabajar los domingos y festivos. Las horas extra se remuneran al mismo precio que las ordinarias, o así se refleja en las tablas salariales de su empresa, Marsegur. Pedro es un nombre ficticio, pero su historia es real.

“Sufrimos una pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros frente al convenio estatal, donde el plus de nocturnidad es de un euro [99 céntimos] y las horas extra se pagan a 7,60 euros”, protesta este vigilante. En efecto, Marsegur ha rebajado los salarios de sus trabajadores casi un 30% si tomamos como referencia el convenio colectivo estatal para empresas de seguridad: 789 euros frente a 1.091 euros al mes.

La brecha afecta a las más de 500 personas que trabajan para el Ministerio de Defensa a través de Marsegur, empresa ganadora de la adjudicación en mayo de este año por “haber presentado la oferta económica más ventajosa en conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas”, como explica el departamento capitaneado por María Dolores de Cospedal tras dejar claro que los tribunales de lo social son los encargados de tomar medidas en caso de que no se respeten los derechos laborales.

Marsegur ha rebajado los salarios de sus trabajadores casi un 30% respecto al convenio estatal“No obstante, ello no significa que el órgano de contratación pueda desatender el hecho de que la contratista debe cumplir escrupulosamente las condiciones de prestación del servicio así como la normativa de carácter social, laboral y de Seguridad Social (…) La ejecución del contrato está siendo objeto de un control exhaustivo, recogiendo todas las incidencias y, en su caso, iniciando los procesos informativos que eventualmente puedan dar lugar a la imposición de sanciones”, sostienen fuentes del Ministerio de Defensa. Este periódico también ha contactado con Marsegur, pero no ha recibido respuesta.

Son condiciones ventajosas para las administraciones públicas, pero no para unos trabajadores en apuros para llegar a fin de mes. “El origen nace de la inadecuada forma de contratar seguridad privada, inclusive en ámbitos de máximo riesgo como los aeropuertos, los ministerios o las estaciones de tren”, señala el responsable de Seguridad Privada en UGT, Diego Giráldez. Tanto los sindicatos como la patronal del sector, Aproser, cargan contra las licitaciones ‘tiradas’ de precio que dan cobijo a empresas ‘pirata’ como Marsegur o Seguridad Integral Canaria, en pleno proceso de liquidación.

Camposantos sin vigilancia por la crisis


La crisis deja sin bronce y otros metales los cementerios españoles


La Asociación de Cementerios denuncia la poca vigilancia de lugares como La Almudena y la existencia de bandas especializadas en robar los camposantos

Esta semana un grupo, presumiblemente anarquista, ha atacado la tumba de la División Azul en el Cementerio de La Almudena. Hace unos días las tumbas de Antonio y Lola Flores fueron profanadas, según denunció el concejal del PSOE Antonio Carmona. Estos dos casos son la punta de un iceberg. Se publican en los medios porque atacan sepulturas de personas conocidas.  Pero lo que se está produciendo en los camposantos españoles es un constante expolio de esculturas, cruces, marcos de fotos, y otros objetos funerarios, todo lo que pueda fundirse y producir unos pocos euros.  Javier Jara, secretario de la Asociación de Cementerios, que defiende el valor cultural de los camposantos, afirma que la crisis ha destrozado los cementerios españoles.

El bronce robado Jara señala que el bronce, muy apreciado por los chatarristas, ha desaparecido prácticamente y es difícil ver este metal en los monumentos funerarios. El secretario de esta asociación recuerda que los familiares de algunos fallecidos, como es el caso de la Almudena, han decidido utilizar la piedra en detrimento de los metales, que son saqueados constantemente por bandas organizadas. 

El botín de los robos en los cementerios es vendido en chatarrerías, en muchos casos prefundido, para evitar que se reconozca que pertenecen a crucifijos o figuras celestiales como ángeles o santos. El ataque de estas bandas afecta especialmente a ciudades grandes con camposantos muy extensos en los que es muy difícil establecer una vigilancia permanente. Los pueblos o ciudades pequeñas tienen un vigilante, generalmente municipal, que desde la puerta controla toda la extensión y que vive en las mismas instalaciones.

Sin vigilancia por la crisis Hace algunos años se lanzaron algunas medidas para evitar los robos. En la Almudena, por ejemplo, había un vigilante en la puerta y dos patrullas recorrían todas sus calles por la noche. En el año 2011 se suprimieron estas patrullas justo cuando la crisis había disparado los robos. 

El Ayuntamiento anterior incluso llegó a montar un servicio especial de laPolicía Municipal para evitar la entrada de los cacos. No parece que tuviera mucho éxito porque, según denuncia la Asociación de Cementerios, continuaron las entradas a robar. Se instalaron cámaras de seguridad, que tampoco han tenido mucho éxito por las denuncias que se van conociendo constantemente. 

Hace algunos días el equipo de gobierno de Ahora Madrid, que no ha repuesto las patrullas interiores de vigilancia, anunció que había reforzado la vigilancia preventiva en La Almudena. No parece que hayan funcionado la medida, ya que se han vuelto a conocer más ataques. El día de las pintadas en la tumba de Lola Flores no sólo atacaron a la familia de ‘La Faraona’. Otra decena de tumbas y mausoleos sufrieron desperfectos realizados por desconocidos.

Grupos organizados Javier Jara señala que las bandas están formadas especialmente por grupos de rumanos que saltan las tapias por la parte menos vigilada. Pueden trabajar durante horas porque no hay presencia policial ni vigilancia privada. Conocen perfectamente la ubicación de las cámaras, lo que evita ser detectados. 

Jara recuerda otro de los fenómenos que se está disparando en la actualidad y que es el de los actos de ‘santería’ o brujería. La aparición de restos de animales es algo ya habitual en muchos de los cementerios. Cada vez más ‘creyentes’ acuden a los cementerios para participar en este tipo de ceremonias en los que se llama a los muertos o se buscan milagros. El pasado año, y es sólo un ejemplo de las cientos de intervenciones en todo España, la Policía de Alicante detuvo a una pareja por profanar un panteón en el que pretendían ‘romper’ los lazos afectivos con anteriores compañeros y compañeras sentimentales.

HUESCA: Vigilantes de seguridad denuncian la reducción de un 40% en sus salarios

“no se puede seguir trabajando así”

Los vigilantes del acuartelamiento Sancho Ramírez, cuartel de Jaca y la residencia del paseo de Ramón y Cajal retomarán en septiembre la huelga tras los paros del mes de julio.

Denunciarán así ante el Ministerio de Defensa que “no se puede seguir trabajando así”. La empresa adjudicataria del servicio, Marsegur, redujo desde mayo los salarios en un 40% de las nóminas, así como la remuneración de las horas extra. Esto significa, denuncian los trabajadores, un “incumplimiento grave del convenio”.

Los vigilantes de este servicio en toda España realizaron paros el pasado mes de julio, y la empresa trasladó a personal de otras comunidades para cubrir los puestos, sin respetar “los horarios, la cualificación para cada puesto y sin la cobertura del puesto de armero” lo que conllevó “sanciones por inspecciones de la Policía y la Guardia Civil”.

La segunda huelga está prevista para el 7 de septiembre. En caso de que no surta efecto y el Ministerio de Defensa no tome cartas en el asunto, piensan convocar una huelga indefinida. Con estas movilizaciones pretenden percibir el cien por cien del salario que les corresponde, el dinero que se les adeuda y que se cumplan las condiciones que marca el convenio. Los trabajadores con jornada completa han visto reducida su remuneración en 500 euros mensuales y quienes están a media jornada 370 menos.

Denuncian que cada hora del plus de nocturnidad se paga a 10 céntimos de euro, frente al euro que marca el convenio. Es decir, ocho horas se deberían remunerar con ocho euros, mientras que Marsegur lo hace con 80 céntimos. El servicio de vigilancia en instalaciones militares en España lo componen 900 guardias de seguridad, de los que 45 se ubican en Aragón; 15 desempeñan su labor en la provincia de Huesca. La anterior adjudicataria era Seguridad Integral Canaria, de la que formaban parte los actuales trabajadores y posteriormente se subrogaron a Marsegur. Los vigilantes denuncian que la subrogación obliga a mantener las condiciones que marcaba el anterior convenio.

El enlace sindical denuncia la baja temeraria en el contrato de la empresa con el Ministerio de Defensa, ya que el presupuesto de licitación era de 32 millones de euros y la adjudicación se produjo a Marsegur por quince millones más IVA.

LAS PALMAS: Directivos de Prosegur negociarán con los vigilantes de los aeropuertos isleños

Los trabajadores de los aeródromos canarios se reúnen mañana para fijar su posición frente a la empresa

Los trabajadores de Prosegur, que controlan la mayor parte de los filtros de seguridad de los aeródromos canarios, se reúnen mañana para fijar posición y comunicar a la empresa su voluntad de negociar mejoras en sus condiciones laborales. Sus colegas del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde el servicio está en manos de Eulen, volverán a la huelga desde el 8 de septiembre contra las "represalias" aplicadas por la empresa contra cuatro trabajadores que incumplieron los servicios mínimos.

Los responsables del departamento de Recursos Humanos de Prosegur tienen previsto trasladarse al Archipiélago el próximo 11 de septiembre para iniciar las conversaciones con la plantilla desplegada en las Islas. Los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote y La Palma son los que atiende esta empresa. Según explicó ayer el secretario de Comunicación de CCOO-Canarias, Fernando Torres, las demandas van en la línea de las desarrolladas en el resto de España para la constitución de la categoría específica de "vigilante de seguridad aeroportuaria".

Prosegur atiende también parte del servicio del aeropuerto de Madrid-Barajas y ya al final de la pasada semana se encontró con esta petición de los representantes de los trabajadores, quienes advirtieron con la convocatoria de una huelga de ámbito nacional en el caso de que su intención caiga en saco roto. Torres explicó ayer que existen categorías como la de "vigilante de transporte de fondos y valores o vigilante de explosivos". La aspiración del colectivo que opera en los aeropuertos es que el reconocimiento de su labor específica con la creación de una categoría lleve aparejada una mejora salarial.

Incluso, desde La Palma los vigilantes han aportado su decisión de exigir el cobro completo del plus de peligrosidad, circunstancia que hasta el momento se ha reservado en el sector para los vigilantes que están obligados a portar armas. En cuanto a la asamblea celebrada ayer en El Prat de Llobregat (Barcelona), votaron 115 de los 350 trabajadores que tiene Eulen en el aeropuerto barcelonés y todos lo hicieron a favor de la huelga. Los paros serán todos los viernes de 10.30 a 11.30 horas y de 18.30 a 19.30 horas, si bien el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, avisó de que se podrían ampliar si no se retiran las sanciones. Por ahora hay cuatro trabajadores afectados: dos han sido despedidos y dos multados, según los cálculos del comité de huelga, que la empresa no confirma ni desmiente.

"Se ha decidido masivamente, con el 100% de los votos favorables, que si el laudo no contempla la retirada de los despidos y las sanciones, la huelga irá adelante y se podría ampliar", subrayó Giménez. El laudo al que se refirió es el de obligatorio cumplimiento que emitirá el árbitro designado por el Estado, Marcos Peña, el próximo jueves, y que podría incluir la anulación de sanciones, una máxima que estaba incluida en la propuesta de la mediación de la Generalitat que los trabajadores rechazaron. La nueva convocatoria de huelga se presentará hoy ante el Departamento de Trabajo de la Generalitat, que a continuación deberá reunirse con las partes para intentar conciliar las posiciones. Giménez auguró "represalias masivas" si no se toman medidas para evitar nuevas sanciones, ya que a su entender Eulen ha echado el freno en sus intenciones de despedir a los trabajadores más combativos porque no quieren dar mala imagen.

La empresa tiene dos meses para efectuar estas sanciones y en Infojobs piden 100 vigilantes para el aeropuerto. "Prevemos que cuando ya mediáticamente se haya acabado, habrá más represalias", sostuvo el asesor de los huelguistas. Con todo, si llega la nueva huelga, lo hará con el conflicto laboral primigenio, que consistía en una reclamación de mejores condiciones laborales y salariales, resuelto. Esto al menos sobre el papel, ya que Giménez recalcó que la plantilla no reconoce el laudo porque no ha habido ningún incidente durante la huelga en los controles de seguridad del Prat que la justifique Los sindicatos presentan hoy una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) porque consideran que se han "pisado" sus derechos laborales.

En paralelo, se llevará a la asamblea el laudo del árbitro Marcos Peña para que la plantilla pueda manifestarse, y, si dieran el visto bueno, darían el conflicto laboral por cerrado. "Si sale que no, haremos lo que la asamblea decida. El laudo es obligatorio mientras que no haya un juzgado que diga que no es legal", pero los trabajadores pueden "tomar diversas medidas".

28 de agosto de 2017

ATES fija octubre como tope para la figura de vigilante aeroportuario y evitar así la huelga

Fuentes de ATES han asegurado a Europa Press que el 15 de octubre es esa fecha tope, aunque desde septiembre seguirán con atención todos los progresos que puedan darse en esta materia.

El comité de huelga de los vigilantes de Prosegur en los arcos de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha fijado el 15 de octubre como "fecha tope" para que la patronal de empresas de seguridad, APROSER, incorpore "la funcionalidad de vigilante aeroportuario" en la categoría profesional, pues en caso contrario se verán "obligados" a convocar huelga "esta vez a nivel nacional".

Así lo ha relatado en un comunicado este comité, donde el sindicato ATES es mayoritario, que ha mantenido una reunión este mismo viernes y ha acordado mantener su compromiso con los trabajadores de Eulen del aeropuerto de El Prat en Barcelona. "No estamos desvinculados con todo lo que está sucediendo en El Prat", han dicho. El conflicto laboral de El Prat se da en los vigilantes de seguridad en los "filtros de pasajeros", coloquialmente conocidos como arcos de seguridad. Estos vigilantes son gestionados en Barajas por la empresa Prosegur, cuya plantilla ya convocó paros parciales en julio que finalmente se evitaron por un principio de acuerdo con la compañía.

Este comité de huelga de Prosegur en Barajas sigue activo y mantiene reuniones porque aunque estos paros se desconvocaron, los representantes de los trabajadores siguen los pasos que está dando Prosegur a la hora de aceptar las reivindicaciones de la plantilla. "El diálogo y la incorporación de la funcionalidad de vigilante aeroportuario, así como el cobro del plus de radioscopia íntegra para todos los vigilantes de aeropuerto", es algo que "Prosegur llevó a APROSER, tal y como firmó en nuestra acta para retirar la huelga en Madrid", ha recordado en un comunicado.

Según el comité, la iniciativa tiene que llevarla a cabo ahora "entre Gobierno, mesa negociadora del convenio y AENA, o quien corresponda", para que la creación de esta figura "sea una realidad". "Si no, nos veremos obligados a realizar asamblea de trabajadores para convocar la huelga desconvocada, y esta vez será a nivel nacional", ha apuntado. "Estamos en una infraestructura crítica, con una alerta de seguridad de nivel 4", han recordado los representantes de la plantilla. "De nosotros depende la seguridad de pasajeros y aeronaves", han insistido.

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE EULEN EN EL PRAT El comité de huelga de Prosegur en Barajas ha mantenido su solidaridad con los trabajadores de Eulen en El Prat. Ambos colectivos son los responsables de los filtros de pasajeros en ambos aeropuertos, ya que Eulen en Barajas se encarga de la vigilancia en el resto de las terminales y en las mesas de facturación. "Mostramos nuestro apoyo a los compañeros del Prat", han recordado, y al tiempo han negado "ningún tipo de desvinculación al conflicto que se tiene en todos los aeropuertos de España".

Este viernes se ha conocido que el comité de empresa de Eulen en Barajas ha comenzado sus reuniones con la dirección de la empresa. La primera fue este jueves y en ella han acordado aplazar las negociaciones sobre aspectos económicos a después de que se resuelva el conflicto laboral de El Prat, "con el objetivo de evitar que todo lo tratado no sirva de nada en un futuro".

«Aena solo paga un plus de 1,27 euros por hora en el escáner de seguridad»

El equipo de vigilancia del aeropuerto asturiano, dispuesto a movilizarse para lograr incrementos salariales y de personal tras «llegar al límite»

«La seguridad del aeropuerto, de los pasajeros y de los vuelos es nuestra responsabilidad. Si alguien cuela un elemento prohibido y comete un atentado con él, no solo peligra nuestro puesto, sino también podemos enfrentarnos a que nos imputen un delito. Estamos en nivel de alerta 4 (sobre un máximo de 5), pero Aena solo paga 1,27 euros por hora de control en el escáner de seguridad. Y, ojo, por hora efectiva, porque cada vigilante solo puede estar veinte minutos seguidos ante el escáner. Hasta que no rota tres veces, no cobra el plus».

Así resumen los portavoces del equipo de vigilancia del aeropuerto de Asturias la situación en la que viven. Representados por USO, UGT y CC OO, las tres centrales se muestran unánimes: «Es necesario que Aena deje de adjudicar los servicios de seguridad a la baja. La actual adjudicataria, Icts-Hispania, paga aún menos que la anterior, Ilunion, con la que nos esperan 17 juicios por diferentes incumplimientos». Unos incumplimientos que han unido a la plantilla. Los 31 fijos y los cinco eventuales. Los que tienen bajo su responsabilidad «la seguridad de todos».

«Con el incremento de vuelos del aeropuerto, llegamos a 1.600 personas de paso por el filtro en cada turno. Hemos llegado al límite». Tanto que no descartan «movilizaciones» o medidas similares «para lograr más plantilla y salario». Porque su función no solo es la parte antipática. «La que vale para que algunos nos llamen polis amargados o 'seguratas'», aseguran, aunque también recuerdan que «hay pasajeros que lo entienden. Los del Imserso, nos traen regalos a la vuelta». Es el control del paso por el arco de seguridad para la zona de embarque.

«Dos filtros eliminan las colas» En ese filtro deben estar un mínimo de cuatro personas: «Un hombre y una mujer para los cacheos. Un vigilante para los explosivos y otro para el escáner». Con el añadido de que en ese último puesto solo se puede estar veinte minutos. «Por seguridad, la ley dice que ante la pantalla del escáner solo estemos veinte minutos. Hay tal nivel de exigencia que, después de ese tiempo, no ves». Una exigencia justificada en que «es el paso clave: donde pueden ir los explosivos, las bombas o cualquier elemento prohibido». Un paso esencial para la seguridad antiterrorista, «pero por la que solo nos pagan 1,27 euros a la hora. Insistimos, efectiva. Hay que sumar tres turnos de veinte minutos».

Las nóminas no pasan de los 950 euros de media. Una cantidad que cubre horarios de 5.30 a 14.30 y de 14.30 «hasta el cierre, que pueden ser las cinco de la mañana», de la que hay que descontar «los 30 euros del parking». Sí tienen descuento para comer en la cafetería, «pero nada que ver con los de Aena. Un menú nos cuesta siete euros. A ellos, 1,20». El filtro del pasaje requiere cuatro personas «con un escáner abierto. Si se abren los dos, que eliminan las colas, tenemos que duplicar, pero eso es a costa de otros servicios». Como el de la vigilancia exterior «que tiene que reforzar el filtro de pasaje cada vez que hay embarque» o el filtro privado. El que utilizan el personal y las tripulaciones, «pero que incluye el control de equipajes». Recuerdan los vigilantes que ellos llevan, también, «el control central abierto 24 horas. Somos los que 'arrancamos' el aeropuerto cerrado cuando llegan vuelos hospitalarios». «Por 950 euros al mes», repiten.

CÁDIZ: En apoyo del personal de Eulen Seguridad, SPV inicia movilizaciones en las puertas de la bodega de Osborne

La Empresa Eulen Seguridad en Cádiz es con diferencia la empresa de entre las grandes que menos respeta a los Representantes de los Trabajadores y por extensión a la plantilla en general.

Es por todos conocidos en la provincia las maneras en cómo actúan las empresas de seguridad, pero en el caso concreto de Eulen Seguridad en la provincia de Cádiz, raya el nepotismo crónico más absoluto, con una falta de sensibilidad con los trabajadores que dista mucho de la compañía seria y dialogante que en su día fue.

Recordamos casos de compañeros del Comité de Empresa que se vieron obligados a negociar y marcharse, por no aguantar tanto castigo, otro desplazados de su centro de trabajo por defender unos derechos colectivos que o bien chocaban con la propia empresa o con sus clientes, y todo ello, haciendo oídos sordos a la R.L.T. que intenta mediar ante tanta imposición empresarial, mientras tanto el departamento de Recursos Humanos brilla por su ausencia. 

Hoy exponemos otro nuevo caso de un compañero, que viniendo subrogado de su anterior empresa ve reducido su contrato de tiempo parcial, mientras el resto de trabajadores a jornada completa vienen realizando horas extraordinarias. Pero lo más sangrante del asunto es que la Bodega Osborne contrata un servicio de rondas de 1.50 horas cuatro veces al día, con lo que les obligan a desplazarse hasta tres veces en un mismo día, (incumpliendo el articulo 12.4 b. del E.T., ) desde Jerez al Puerto de Santa María, y todo ello con un contrato a tiempo parcial y además reducido, mientras tanto la plantilla de Vigilantes de la Bodega Osborne, trabaja a jornada completa y además realizan por horas extraordinarias las jornadas que a este compañero le falta para poder vivir con cierta dignidad. Estos hechos descritos han sido puestos en conocimiento de la dirección de la compañía, quien elude el problema aduciendo que es petición del cliente...

Así las cosas se han presentado varias denuncias individuales y colectivas y de no solucionarse el conflicto de un modo razonable, iniciaremos movilizaciones en las puertas de la Bodega Osborne hasta obligarles a cumplir con la normativa legal, responsable junto a Eulen Seguridad de esta última tiranía contra este trabajador y todo ello, mientras el resto de la plantilla de compañeros? mira hacia otro lado y siguen realizando unas horas extraordinarias que nos veremos obligados a denunciar ante la autoridad laboral de no encontrarse respuesta positiva al problema expuesto.

El rey de la seguridad destronado

El presidente de Las Palmas y propietario del Grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez, aplica en sus empresas Convenios Colectivos que han sido declarados nulos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha visto obligada a impugnar el Convenio de la empresa Marsegur que ella misma autorizaba en el Boletín Oficial del Estado meses antes.

El 25 de junio de 2014, el Estadio de Gran Canaria vivía uno de los momentos más caóticos de la historia del fútbol español moderno. La Unión Deportiva Las Palmas acariciaba el ascenso a Primera División, 12 años después, y sus aficionados, incapaces de esperar a los tres pitidos de clausura del trencilla murciano, se descolgaban de las gradas hacia el terreno de juego para entorpecer la práctica del fútbol y acelerar un trámite al que le quedaban escasos minutos. Debido a la algarabía desmedida que reinaba en el campo, el colegiado se vio obligado a suspender el encuentro ya que alrededor del verdín se seguían amontonando seguidores canarios en un evidente problema de la seguridad que debía velar por el control del encuentro. Una vez reanudado el partido, el Córdoba empataba en el minuto 92 echando por tierra el sueño insular y dejando una penosa y patética imagen de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa que opera en el estadio.

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, tuvo que salir al paso por las críticas que le afectaban por las dos caras de la moneda. Primero, por su propia condición de presidente del club damnificado y, segundo, por ser dueño de laempresa de seguridad contratada en el recinto deportivo. Y es que el polémico empresario canario es apodado el “rey de la seguridad” por ser propietario del Grupo Ralons, empresa muy diversificada presente en sectores económicos dispares como la vigilancia, el transporte de fondos y el monitoreo de alarmas a través de Seguridad Integral Canaria, la limpieza a través deRalons Servicios o la gestión de escuelas infantiles con Ralons Schools. El Grupo factura más de 100 millones de euros anuales, cuenta con cerca de 4.000 trabajadores y tiene delegaciones en todas las Islas Canarias, así como en Madrid,San Lorenzo del Escorial, Segovia, Burgos, Sevilla y Palma de Mallorca. En casa del herrero, cuchillo de palo.

Varapalos de la Justicia y de la Administración La mercantil Marsegur es una empresa dedicada a la seguridad privada con implantación en todo el territorio nacional. Su propietario no es otro que Miguel Ángel Ramírez. El martes 10 de marzo de 2015, el Boletín Oficial del Estado publicaba la resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Marsegur Seguridad Privada SA. Conviene destacar la importancia de este acuerdo que afecta a un total de 450 trabajadores de centros de trabajo situados en las provincias de Barcelona (30 trabajadores), Madrid (304 trabajadores), Las Palmas (96 trabajadores) y Santa Cruz de Tenerife (20 trabajadores). Un Convenio con vigencia desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de octubre de 2014, pero como bien se indica en su artículo octavo, “se entenderá automáticamente prorrogado, a todos los efectos, por años naturales si no mediara denuncia por cualquiera de las partes, salvo en la materias específicas que cuenten con vigencias diferentes el 30 de octubre de 2024.

La denuncia deberá ser efectuada con una antelación no inferior a dos meses a la fecha de su vencimiento o del de cualquiera de sus prorrogas”. No una, sino tres veces se ha pronunciado la Justicia con respecto a este acuerdo. Dos de ellas por parte de la Audiencia Nacional y una tercera por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y en todas ellas los intereses de Marsegur han salido malparados. De este modo, el 11 de mayo de 2016, la Audiencia Nacional declaraba nulo el Convenio Colectivo de la empresa Marsegur Seguridad Privada. Entre otros motivos, se consideró que se había excedido la capacidad negocial de los delegados de personal, quebrantando el principio de correspondencia representativa.

En abril del presente curso, la Dirección General de Empleo delMinisterio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñezimpugnaba los Convenios de Marsegur, una demanda a la que se sumaban los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO), Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS) y Sindicato Nacional de Trabajadores (SNT). En el otro bando se encuentran la empresa, el Sindicato de Trabajadores Unidos (STU), la Central Sindical Obrera Independiente (CSOI), y el Sindicato por independientes quienes realizan un nuevoConvenio Colectivo amparándose en el 40% de representatividad que ostentan pero que “carece de la legitimación plena exigida por el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores para iniciar el proceso de elaboración de un Convenio colectivo de eficacia general”, tal y como indica laAudiencia Nacional.

Por todo ello, el 5 de mayo de 2017 la Audiencia Nacional volvía a establecer que el Convenio Colectivo de la empresa propiedad de Miguel Ángel Ramírez era contrario a derecho por no reunir los requisitos de legitimación establecidos en los artículos 87, 88 y 89 del Estatuto de los Trabajadores. Por este motivo, se condena a Marsegur “a hacer frente a una sanción pecuniaria de 6.000 euros y a abonar los honorarios de los letrados de quienes han intervenido como parte demandante, hasta un máximo de 600 euros por cada uno”. La Justicia española viene a decir con sus sentencias, apuntando a los artículos incumplidos por el Convenio colectivo, que Marsegur no respeta ni la legitimación de la representación de los trabajadores, ni la constitución de la comisión negociadora, ni la tramitación, aplicación e interpretación de los acuerdos entre empresa y trabajadores. De este modo, atendiendo al Estatuto de Trabajadores, los empleados de esta sociedad no están “legitimados para negociar en los convenios de empresa y de ámbito inferior”; la comisión negociadora no está válidamente constituida por no representar “como mínimo a la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal, en su caso, y a empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio”; y no existe “buena fe” entre las partes.

Concesión de licencias de armas de manera poco ortodoxa y la no realización en tiempo y forma de los ejercicios de tiro obligatorios En el Convenio colectivo se establece que con el carácter de salarios personales anuales mínimos y máximos, respectivamente, las partes acuerdan fijar los importes brutos anuales por categoría profesional. Así los vigilantes de seguridad tendrán un salario mínimo de 11.637 euros (969,75 euros mensuales) y de 12.320 euros (1.026,6 euros mensuales). Sin embargo, la tabla salarial muestra como un vigilante de seguridad tendría un salario base de 726 euros, que pasarían a ser 789 euros con complementos. Los salarios de los más de 500 mujeres y hombres que prestan su servicio para elMinisterio de Defensa de María Dolores de Cospedal se han visto mermados en más de un 40% de un mes para otro y sus bases de cotización se han reducido en casi un 50%, ello es debido a que la empresa Marsegur sigue aplicando este Convenio colectivo que ha sido declarado nulo.

Todos estos motivos que quedan perfectamente descritos en la petición registrada en change.org y en la que se solicita que el Ministerio de Defensa cancele el contrato a Marsegur. Un contrato que “desde su inicio ha estado en una situación complicada, en primer lugar fue impugnado, se presentaron al Ministerio las firmas de los VS que trabajan en los diferentes centros exponiendo el riesgo laboral y salarial, pero finalmente fue adjudicado”. Además también se dice del Convenio que fue realizado “de una manera muy inestable, sin la entrega del material, vestuario y dotación reglamentaria, se practicó una cesión de armas, munición y armeros de una manera precipitada e inusual, aunque aparentemente legal, no obstante en dos meses dicha empresa no ha sido capaz de formalizar dicha cesión y se ha vuelto a prorrogar”. En estos dos meses de servicio también se destaca que los descubiertos en diferentes servicios son habituales, que se han clausurado armeros, se han concedido licencias de armas de manera poco ortodoxa, no se han realizado en tiempo y forma los ejercicios de tiro obligatorios, no existen Planes de Riesgos Laborales, deRiesgos Específicos de Los Centros ni Órdenes de Puesto, en algunos centros no están disponibles ni los vehículos, ni la formación en materia terrorista, ni las nuevas tecnologías.

MADRID: La asociación de vigilantes de seguridad de Barajas amenaza con una huelga en octubre

Según el presidente, la asociación cuenta con el respaldo de mas de la mitad de la plantilla, que es la cuota que necesita los días 21 y 22 de septiembre para poder convocar la huelga

La Asociación de Vigilantes del Aeropuerto de Madrid-Barajas (AVA) ha convocado los días 21 y 22 de septiembre a los trabajadores de la empresa Prosegur, la subcontrata de Aena para la vigilancia, para que decidan mediante votación si van a la huelga para primeros de octubre. La AVA, creada el pasado 9 de enero, ha manifestado que nace por el "descontento generalizado de los trabajadores", después de entender que los sindicatos UGT Y ATES, mayoritarios en el comité de empresa, llegaron a un pacto con Prosegur "contraproducente e inocuo" en el aeropuerto madrileño.

UGT Y ATES firmaron el pasado 15 de julio un pacto de tres meses de duración con Prosegur, que evitó la convocatoria de huelga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esta nueva asociación emergente ha denunciado la "dejadez" de los sindicatos en las negociaciones con la empresa y la formalización de pactos "muy lejos de la realidad" de sus reivindicaciones. El presidente de AVA, José Carlos Almazán, ha comentado a Efe que el colectivo de vigilantes aeroportuarios en Barajas quiere ser considerado personal cualificado y especializado, no como ocurre en la actualidad, además de poner el acento en otras reivindicaciones en el ámbito laboral y salarial. Almazán ha alertado de que no hay personal y que, por tanto, están "bajo mínimos" en el aeropuerto madrileño en cuanto a los filtros de seguridad.

AVA también va a exigir un plus de actividad de 200 euros para todo el personal -unas 600 personas- que presta servicio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Otras reivindicaciones atañen al modo de regular las horas extraordinarias, incrementos de salario por horas extra, por días festivos, por horario nocturno, un plus de aparcamiento o siete días de asuntos propios anuales y remunerados. Según el presidente de AVA, la asociación cuenta con el respaldo demas de la mitad de la plantilla, que es la cuota de confianza en las urnas que necesita los días 21 y 22 de septiembre para poder convocar la huelga. Los trabajadores de Prosegur están llamados a votar en la sede madrileña de Alternativa Sindical. En el caso de que este colectivo se organice conforme a la legislación para convocar una huelga, su presidente ha anunciado que lo harán "debidamente preparados y documentados".

En este sentido, Almazán ha admitido a Efe que están "muy pendientes" de lo que está sucediendo con los empleados de Eulen en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat, quienes ya han anunciado que retomarán la huelga a partir del próximo 8 de septiembre.

TARRAGONA: Mañana martes protesta de vigilantes privados en la estación de trenes


Los vigilantes solicitan «la dignificación del sector y la negociación del convenio colectivo estatal»


La protesta se ha convocado para pasado mañana entre las 12 y las 13.30 horas. Al final se leerá un comunicado por parte de los organizadores.

El sector de los vigilantes de seguridad privada han convocado para el próximo martes una concentración en la estación de trenes de Tarragona. Esta acción es continuación de las diferentes movilizaciones que estos profesionales están realizando a lo largo de los últimos meses para solicitar «la dignificación del sector y la negociación del convenio colectivo estatal» según indican en un comunicado de prensa. 

27 de agosto de 2017

Sueldos precarios, jornadas maratonianas... así trabajan los vigilantes de seguridad en España

La irrupción de empresas 'piratas', que compiten con precios a la baja, ha precarizado las condiciones laborales de los trabajadores

Se ven obligados a aceptar rebajas salariales de entre el 20% y el 30%

El próximo jueves termina el plazo para que el árbitro designado por Fomento dicte el laudo vinculante con el que el Gobierno pretende poner fin al conflicto en El Prat entre Eulen y sus vigilantes de seguridad.

Pero lo ocurrido en el aeropuerto barcelonés es sólo la punta del iceberg de los problemas que afronta desde hace tiempo el sector de la seguridad privada en España: salarios precarios, jornadas maratonianas, competencia desleal, intrusismo, bajos precios de licitación... La crisis de El Prat y el temor a que el conflicto se extienda a otros aeropuertos o infraestructuras estratégicas llevó al ministro de Fomento a anunciar hace unos días «la creación de un grupo de trabajo para abordar de forma global y para todo el ámbito nacional la situación de la seguridad privada».

Una declaración de intenciones que los sindicatos acogen, de momento, con prudencia. «La idea de crear un grupo de trabajo nos parece bien, siempre y cuando se haga para buscar soluciones reales y se trabaje de forma ágil, y no sólo para dar buena imagen y dilatar los tiempos», señala Daniel Barragán,secretario de Acción Sindical de CCOO de Construcción y Servicios. «Por ahora», añade, «somos escépticos. Todavía no se han puesto en contacto con nosotros». Desde UGT esperan también la llamada de Empleo para ponerse a trabajar. «Todavía no se ha señalado la fecha de la primera reunión en una situación que a nuestro entender merece cierta celeridad. Habrá que ver si finalmente se vislumbra por parte del Gobierno una verdadera voluntad política de adecuar realmente la contratación pública y no se trata de dilatar la solución».

La seguridad privada en España facturó en 2015 3.481 millones de euros, según los últimos datos publicados por Aproser (la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), que representa a las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y a las de mayor antigüedad. Sin embargo, pese a que las cifras han mejorado respecto a los años precedentes, desde la patronal denuncian que el sector ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20% desde el año 2009 mientras los costes laborales se incrementaban algo más de un 4% por una cuestión normativa. «Esto ha provocado que una buena parte de las empresas que aplican el convenio colectivo sectorial sigan en situación de pérdidas», señalan.

Además, la irrupción de compañías «piratas» que se presentan a los concursos públicos con ofertas a la baja ha terminado por rematar a un sector que actualmente está negociando el convenio colectivo. Patronal y sindicatos coinciden en la necesidad de establecer un nuevo marco de contratación de servicios de seguridad privada, que no sólo tenga en cuenta el factor precio sino también responda a criterios de calidad. «El Gobierno tiene que ser consciente de que los vigilantes de seguridad tenemos un papel clave en en las infraestructuras e instalaciones críticas. Y si no arregla algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector, va a haber más huelgas en infraestructuras estratégicas», asegura Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada USO, que advierte de la situación límite a la que han llegado los vigilantes de seguridad. Por eso, espera que el Gobierno pase de las palabras a los hechos y «establezca un nuevo modelo de contratación pública que no sólo se base en el precio sino que tenga en cuenta otras condiciones como la calidad del servicio».

Algo que no está pasando en la actualidad donde, en el ámbito de las administraciones públicas, quien se lleva el gato al agua es aquella compañía que presenta el precio más bajo, siempre y cuando cumpla unos requisitos mínimos. «En los último tiempos», denuncia Diego Giráldez, secretario Federal del Sindicato Sectorial de Seguridad y Servicios de FESMC-UGT, «venimos asistiendo a una proliferación de empresas que, basadas en la búsqueda de la inmediatez y la falta de visión de largo recorrido, irrumpen en el sector con ofertas que ni tan siquiera cubren los costes salariales recogidos en el convenio sectorial, acaparando mercado de forma desleal».

Al no poder hacer frente a los salarios pactados en convenio, muchas de estas compañías se declaran en pérdidas o en previsión de pérdidas y se descuelgan del convenio sectorial. Mientras que otras sencillamente se rigen por el convenio de su empresa, con condiciones laborales y salariales inferiores a las recogidas en el convenio sectorial. Unas decisiones que tienen como víctimas colaterales a los trabajadores que ven cómo sus sueldos menguan con rebajas que van desde un 20% a un 30%. «Si el sueldo neto suele ser alrededor de 1.000 euros, al bajar los salarios 200 o 300 euros, muchos vigilantes terminan cobrando apenas 700 u 800 euros al mes», denuncia Febles. «Y como no les llega, se ven obligados a hacer horas extra y trabajar 12 o incluso más horas con los niveles de estrés y coste personal que eso conlleva», añade.

Para las organizaciones sindicales, el origen de muchos de los problemas que afronta el sector se encuentra en la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en 2012, que otorga prevalencia al convenio de empresa sobre el sectorial y que permite los descuelges salariales. Por eso, exigirán al Ejecutivo en el grupo de trabajo que se constituya para abordar la situación de la seguridad privada que se derogue esta reforma o, al menos, algunos de sus puntos más controvertidos. Asimismo, desde UGT plantean que los contratos con las administraciones públicas «incorporen cláusulas sociales de obligado cumplimiento para las empresas que se presenten a concurso, y que se vigile su aplicación durante la vigencia del contrato», subraya Giráldez.

Un planteamiento en el que coincide con CCOO. «Los sistemas de licitación deben cambiar e incluir cláusulas sociales que aseguren unos mínimos como el respeto al convenio sectorial. Las administraciones públicas no pueden seguir actuando como cooperantes necesarios en estas contraciones low cost, permitiendo que se adjudiquen contratos a empresas que no garantizan cuestiones tan básicas como las condiciones mínimas del convenio», denuncia Barragán. Propuestas que también comparte Aproser: «El precio no debe convertirse en el único condicionante de contratación y, en todo caso, no debe superar el 60% de la adjudicación. Es preciso garantizar asimismo a los trabajadores la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo sectorial».