El Ministerio del Interior elude intervenir en el conflicto por la seguridad de Nuevos Ministerios, una semana después de que se hiciera público un problema por el que ya hay ocho vigilantes de seguridad de baja laboral. Tanto la Guardia Civil (que custodia el exterior del recinto) como los trabajadores de la empresa (que están en los controles del interior) han pedido al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que tome cartas en el asunto, pero éste ha hecho oídos sordos de momento. Los agentes de la Benemérita defienden que el problema surge a raíz de la mala relación con el director de Seguridad y Emergencias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), mientras que un grupo de vigilantes ha interpuesto una querella contra la cúpula de la Unidad de Protección y Seguridad de la Benemérita (UPROSE).
El ambiente en los accesos al edificio del Ministerio de Transportes se puede cortar con un cuchillo desde hace cerca de un año, pero la tensión ha crecido de forma remarcable en la última semana, después de que El Independiente publicara la orden en la que el coronel jefe de UPROSE explicaba que los miembros del cuerpo podían entrar con armas al edificio. El protocolo de seguridad realizado por el director de seguridad, el inspector de Policía Rubén Eladio López, lo prohíbe, así que los vigilantes dicen encontrarse entre la espada y la pared porque entienden que hay órdenes contradictorias.
Si piden a los agentes su identificación y les niegan la entrada por portar armas, éstos dicen que están desobedeciendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; pero si permiten el paso a los guardias armados se arriesgan a perder su puesto de trabajo. De hecho, ya ha habido casos de traslados a otro puesto por desobedecer al director de Seguridad, según indica un trabajador a este periódico.
En este marco, tanto la Guardia Civil como el sindicato UGT (en representación de los trabajadores de la empresa privada) se han dirigido sin éxito en varias ocasiones a la Secretaría de Estado de Seguridad para que resuelva la encrucijada. Fuentes del Instituto Armado señalan que si el coronel jefe fue capaz de dar esa orden fue porque tenía «la autorización implícita» de Interior, pero los trabajadores quieren indicaciones explícitas ya que su labor depende directamente del Secretario de Estado de Transportes David Lucas. Por su parte, fuentes sindicales señalan que los protocolos de seguridad con la prohibición de entrar armados al edificio datan de hace más de 15 años o que los escoltas de Policía Nacional de la ministra Raquel Sánchez, según sus propios protocolos, tampoco pueden entrar a estancias como la cafetería con armas.
La querella
Un grupo de trabajadores ha interpuesto una querella por delitos de desobediencia, coacción, amenazas y falsedad documental contra un general de la Guardia Civil, un coronel, un comandante, un capitán y tres agentes más, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Indican que están sometidos a una «actuación arbitraria, nepotica, abusiva» y «sin cobertura legal».
A lo largo de 47 páginas se expone que según el Real Decreto 495/2021 por el que se remodeló el ministerio de Transportes, las competencias de Seguridad pasaron directamente a este director y «de tal modo», dice, «las funciones de vigilancia y seguridad de la Guardia Civil se circunscriben operativamente al perímetro exterior del complejo de Ministerios». Este extremo se rechaza por distintas fuentes del cuerpo y así la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) publicó un comunicado el viernes señalando que estos edificios carecen de ‘zona de exclusión’ donde no esté permitido a los miembros de las Fuerzas de Seguridad portar sus armas.
Por su parte, la querella habla de que las conductas se refieren específicamente a los siete mandos denunciados y «no ha de hacerse extensiva a la Guardia Civil como institución». Expresa que niegan «de forma insostenible la competencia de seguridad al personal de la seguridad privada a la que administrativamente le fue adjudicado el contrato» y que esto genera «situaciones de agrio enfrentamiento con los trabajadores».
«Ello supone que se está sometiendo al personal de la compañía encargada de la seguridad a situaciones límites en los que se ven obstruidos en su trabajo, amenazados, e incluso sancionados en aplicación de la ley de seguridad ciudadana en su ámbito laboral, siendo el tratao degradante y denigratorio», continúa el escrito. Las fuentes consultadas en ambas partes del conflicto señalan que esto se solucionaría si el departamento de Grande-Marlaska se pronunciara sobre el asunto para esclarecer la situación.
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