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31 de enero de 2019

MALLORCA: Detenido por agredir a un enfermero y un vigilante de seguridad en en el hospital de Son Llátzer


El hombre está acusado de un delito de atentado contra la autoridad y fue arrestado por la Policía Nacional 

La agresión se produjo ayer sobre las siete de la mañana cuando el hombre ingresó en la zona de boxes del centro sanitario.

Un hombre de 40 años de edad ha sido detenido por un presunto delito de atentado contra la autoridad y lesiones tras agredir a un enfermero y un vigilante de seguridad en el hospital de Son Llátzer. La Policía Nacional arrestó al individuo que ayer por la tarde pasó a disposición judicial.  El detenido se mostraba agresivo y entró lanzando insultos, amenazas y sin atender a las indicaciones del personal sanitario, molestando al resto de los pacientes y obstaculizando el funcionamiento del servicio. La agresividad del sujetó fue en aumento, llegando a empujar a algunos trabajadores, lanzándoles patadas y puñetazos.

Una actuación que requirió la presencia del personal de seguridad. Los vigilantes intentaron inmovilizarle, colocándole los grilletes. En ese momento el detenido logró zafarse y se quedó con los grilletes colgando de una de las manos, que golpearon en la cara de uno de los vigilantes causándole una herida que precisó de seis puntos de sutura. Uno de los enfermeros trató de ayudar y también fue agredido sufriendo golpes y arañazos.

Las oficinas del SAE se quedan sin vigilantes de seguridad este viernes


El concurso está adjudicado a la empresa Securitas, pero sin nadie que firme el contrato de prestación de servicio 

Las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se quedan sin vigilantes de seguridad desde este viernes, 1 de enero, “lo que pone a 20 trabajadores en la calle y sin trabajo”, según ha denunciado el Sector de Seguridad de FeSMC-UGT. 

El sindicato explica que el problema radica en el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. El concurso de seguridad está adjudicado a la empresa Securitas, pero al no haber nadie que firme el contrato de prestación de servicios, esto hace que los trabajadores/as estén ahora mismo en la calle. Por ello, desde la FeSMC-UGT se solicita “que el nuevo Gobierno de la Junta y especialmente en la Delegación de Empleo, se den celeridad para firmar un contrato ya adjudicado y que por razones de celos y rivalidad política manden a los trabajadores/as al paro”.

Luz Belinda Rodríguez, la primera vigilante de seguridad en el Parlamento de Andalucía

Luz Belinda Rodríguez, la cabeza de lista de Vox por Almería que ha conseguido un escaño en el Parlamento Andaluz en las elecciones, nació en la capital de esa provincia en 1980 y es ama de casa.

Dejó el Ejército del Aire para ser madre y está casada con un miembro de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Pese a que no ha participado activamente en la campaña electoral del partido, sí ha manifestado en alguna ocasión un discurso contra la inmigración. Tiene formación como estilista, escolta privada y vigilante de seguridad.

SPV califica de falsas y desleales las declaraciones de UGT - PRISIONES

Resultado de imagen de spv denunciaEL Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz califica de falsas y desleales las declaraciones de UGT-PRISIONES, donde defiende que ahorrara 34 millones de euros con la seguridad publica en la vigilancia perimetral de las cárceles.

El Sector de la Seguridad Privada sufre ataques desde todos los frentes, pero el más desleal viene del que debería ser nuestro mayor defensor, pues no en vano, Fes-UGT sigue siendo el sindicato con más representación sindical en la mesa negociadora y en los comité de empresas. A ver cuando los trabajadores del sector, terminan por entender, que siempre priman los intereses de otros sectores, generalmente públicos antes que los nuestros. El Sr Antonio González, representante de UGT –PRISIONES, “celebra que instituciones penitenciarios rescindan los contratos con las empresas privadas”, pues según afirma ahorrará 34 millones, cuando todos sabemos que el salario de Policías y Guardia Civil, es mucho más alto que el de los Vigilantes de Seguridad, finalmente termina diciendo que con ese ahorro podrán asumir una subida para los funcionarios de prisiones de 125 euros mensuales, obviando que dejaran en la calle a 800 vigilantes que a día de hoy tienen empleo en estas cárceles y gracias a eso alimentan a sus familias. Pero si tristes son sus declaraciones, más triste es ver que nadie de su sindicato Fes-UGT en nuestro sector, salga al paso de estas falsas afirmaciones a desmentirlas y a defender a los doscientos mil licencias y tarjetas profesionales que existen de personal habilitados en el sector, dando por buenas sus palabras y dejando mudo a 80.000 vigilantes en activo que confiaban en ellos.

El Secretario General de instituciones penitenciarias Angel Luis Ortiz, en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, afirmo que irían rescindiendo contratos a las empresas de seguridad privada en las cárceles en la medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de Policías y Guardia Civil, también explico que su presupuesto ha aumentado un 3% sobre el de 2018, situándose en 1196 millones de euros, y dejando a las claras, que de ahorros nada, simplemente pagos de favores entre PSOE y UGT. Asi las cosas, vuelven a cargar contra los trabajadores de nuestro sector, que siguen callados soportando como nos engañan una y otra vez, pues no olvidemos que estos 800 puestos de trabajo de crearon para reubicar a un número similar de escoltas que protegían las vidas de políticos y empresarios que con la desaparición de ETA quedaron sin empleo.

Añadir a esto, los otros sindicatos con representación en la mesa, callan y como mantienen intereses similares, otorgan y hacen mutis por el foro, pero de momento ni CCOO ni USO se han pronunciado, silencio cómplice. La preocupación en las prisiones va en aumento ante tanta deslealtad, de gobierno y sindicatos, esos que dicen defender los intereses de los trabajadores, pero como siempre, de los que son los más fuertes y amparados por la función pública. No aceptamos como bueno el argumento del ahorro, pues solo en salarios, y derechos sociales: días de asuntos propios, licencias y absentismos varios, superan el costo de nuestro convenio en más de un 20 %., así que no mientan y hablen claro, ni UGT ni PSOE tratan como deben a la seguridad privada, y los trabajadores del sector, no debemos olvidarlo.

UGT celebra el anuncio de Instituciones Penitenciarias de rescindir los contratos con empresas privadas de Rajoy

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La vigilancia exterior de las cárceles, que durante el Gobierno de Mariano Rajoy se dejó en manos de empresas privadas, volverá a ser competencia de las fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según ha anunciado Instituciones Penitenciarias. Este miércoles, representantes del sindicato UGT Prisiones se han concentrado ante el Congreso de los Diputados para celebrar esta decisión.

"Celebraremos que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya decido dar los pasos, como ha planteado en cada reunión UGT-PRISIONES, para prescindir de la seguridad privada en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios. Con tal medida se generaría un ahorro que podría venir a sufragar la justa y legítima subida retributiva que venimos reclamando para el colectivo de trabajadores penitenciarios", explica el sindicato en su web.

La intención del Gobierno es revertir la herencia del PP El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, anunció la intención del Gobierno en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento respecto a 2018. Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP.

Un ahorro de 34 millones de euros La vuelta a la seguridad pública representará, según dice el portavoz de UGT Prisiones, Antonio González, a El Plural, un ahorro de 34 millones de euros, que permitirá solucionar el conflicto de prisioones porque nos garantizaría la subida salarial que nos prometieron en tres ejercicios, una subida de unos 125 euros". "UGT prisiones se reunió con el secretario general de Prisiones el pasado jueves y le insistimos mucho en este tema, que la ley encomienda la seguridad exterior de las cárceles a las Fuerzas de Seguridad del Estado", explica González.

Ortiz prometió rescindir los contratos privados En su comparecencia en el Congreso, Ortiz informó que la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos, informó EFE. Durante su comparecencia, el director de Instituciones Penitenciarias recordó que en el anterior mandato dejaron "huérfanos" a los funcionarios de Prisiones en los acuerdos de equiparación salarial, y ha dicho que ya ha mantenido diversas reuniones con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales. En estos últimos encuentros por separado, se ha acordado la creación de cuatro grupos de trabajo para abordar, entre otros asuntos, las agresiones a funcionarios (223 en 2018), la formación, la reforma de clasificaciones.

El responsable de prisiones recordó que desde 2008 hay 13.000 internos menos en las cárceles, de tal manera que la ratio ha pasado de un funcionario de vigilancia por cada 5,67 presos a uno por 4,39 reclusos, y precisó que aún hay 3.000 vacantes de funcionarios, aunque en unos meses se cubrirán 956.

Revista Cuadernos de seguridad nº 339 (diciembre 2019)



30 de enero de 2019

La Generalitat de Catalunya formará a 13.000 personas para combatir la violencia machista en entornos de ocio

El Govern catalán quiere castigar conductas que no están suficientemente contempladas en el Código Penal, como los seguimientos o el acorralamiento de mujeres Se formarán 13.000 personas entre policías, vigilantes y personal de discotecas para combatir la violencia machista en entornos de ocio.

La Generalitat multará distintos tipos de violencias y acoso sexual. El Gobierno catalán ha presentado este miércoles un protocolo que contempla sanciones de entre 100 y 10.000 euros contra el seguimiento obsceno a las mujeres, la injuria sexual, el acorralamiento con finalidad sexual y otras conductas que impliquen una vejación sexual en entornos de ocio. Todas ellas serán constitutivas a partir de ahora de infracción administrativa, al igual que el exhibicionismo obsceno, la masturbación en espacios públicos o abiertos o hacer fotos a partes íntimas.

El protocolo quiere castigar conductas de acoso sexual que no están suficientemente contempladas en el Código Penal. En concreto, el Código Penal castiga el acoso sexual cuando se piden favores sexuales en el ámbito de una relación laboral o docente, pero no en el resto de espacios, como por ejemplo los entornos de ocio –fiestas mayores, festivales, discotecas, etc. La Generalitat ha reconocido que pese a que algunas de las infracciones están en vigor, la administración ha aplicado pocas multas "por falta de criterios interpretativos y de directrices operativas para su ejecución". Es precisamente en los entornos de ocio donde la Generalitat quiere focalizar tanto las sanciones como las políticas de prevención.

En este sentido, la Generalitat formará a 13.000 personas para luchar contra las violencias sexuales en entornos de ocio. La conselleria de Interior y el Institut Català de les Dones formará tanto a agentes de los Mossos d'Esquadra como a vigilantes de seguridad privada, controladores de acceso a los locales, camareros y trabajadores de los guardarropa de los locales de ocio. El objetivo, además de la sensibilización, es que todos ellos dispongan de herramientas para intervenir en casos de agresiones, tanto con las víctimas como con los presuntos autores. El protocolo contempla como "indispensable" que la sala de fiestas tenga una designado un responsable de atención a las víctimas de acoso sexual, así como un espacio concreto en el local donde pueda acudir la víctima y sea atendida con seguridad. También recomienda crear espacios seguros cerca de la barra o la cabina del DJ para garantizar la separación entre el presunto agresor y la víctima.

Según la última encuesta de violencia machista en Catalunya, el año pasado el 20,9% de las violencias sexuales fuera del ámbito la pareja se dieron en espacios de ocio, el 18,3% en el espacio público y el 17,1% en el transporte público. Con estas cifras en la mano, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha defendido la aplicación del protocolo en todas las actividades de ocio, ya sean promovidas por las administraciones públicas o por empresas privadas. Artadi ha llamado a hacer un cambio cultural. "No es un hecho aislado, no es que el sistema nos esté fallando, sino que el problema está en el sistema", ha subrayado, y ha abogado por acabar con el imaginario colectivo en el que persisten valores que subordinan a las mujeres y legitiman la violencia machista.

La Generalitat se suma así al Ayuntamiento de Barcelona, que desde el año pasado, junto a discotecas como Razzmatazz o Apolo y festivales como el Primavera Sound, disponen de un protocolo contra el acoso sexual. Los locales firmantes se comprometieron a abandonar criterios que discriminan por razón de género, como las promociones para a traer a mujeres, que pasan por concederles entrada gratuita o ofrecerles bonificación en la bebida, o las fiestas con código de vestimenta obligatorio.

Críticas a que la Xunta de Galicia vuelva contratar a la 'low cost' de los vigilantes de seguridad

La luguesa Alcor Seguridad vuelve a estar en el centro de la polémica mediática. El sindicato FeSMC UGT critica que la Consellería de Cultura da Xunta de Galicia acaba de adjudicarle el servicio de tres centros pese a ser "una empresa que no cumple con los derechos de los trabajadores".


Los tres centros en cuestión son la Biblioteca Pública Antonio Odriozola de Pontevedra, Biblioteca Pública de Vigo e Museo Massó de Bueu. En opinión del sindicato, los pliegos del concurso tenían "subterfugios" de tal forma que las empresas que trabajan fuera del convenio colectivo partían con ventaja, pese a que una nueva Ley obliga a las administraciones a sólo otorgar el 49% de los puntos en función de la oferta económica. Pese a que el sindicato ya advirtió de que esto podía suceder, al final Alcor se llevó el pato al agua.

UNA EMPRESA EN EL PUNTO DE MIRA DE LA JUSTICIA La central recuerda que Alcor "se encuentra en numerosos procedimientos penales" en diferentes lugares de España que "implican al anterior miembro de la dirección Carlos Somoza Fouces, a su mujer, hijas, así como a otros miembros de la dirección administrativa". Alguno de esos pleitos tienen que ver con presuntas irregularidades como el pago de horas extras como dietas, por ejemplo.

UGT se queja que todo esto es sabido en el sector y en la Xunta. De hecho, el Parlamento de Galicia acaba de parar su propio concurso para -oyendo las reivindicaciones de los trabajadores- evitar que las empresas que trabajan al margen del convenio colectivo -como les facultó la reforma laboral de Rajoy- puedan partir con una considerable ventaja, lo que en último término provoca que los vigilantes de seguridad de los edificios públicos sen aún más precarios. Alcor, aprovechando sus bajos costes laborales, ha ganado mucho terreno en los últimos años. En Galicia, por ejemplo, ganó el concurso de la Ciudad de la Cultura o del Festival de Ortigueira. El problema de esta "competencia deselal" es estatal, no sólo gallego. Por ejemplo, Alcor llevó la seguridad de la Cabalgata de Reyes en Madrid.

29 de enero de 2019

Europa, hacia la conciliación: el permiso paternal será de 4 meses y 2 de ellos no transferibles

Según la comisaria europea de Igualdad, «mujeres y hombres que trabajan deben compartir la responsabilidad de cuidar a niños y parientes en igualdad de condiciones»


El Parlamento Europeo (PE) y el Consejo llegaron hoy a un primer acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea (CE) sobre la directiva de conciliación laboral y familiar, que prevé un permiso de paternidad mínimo de diez días remunerado como baja de enfermedad en toda la Unión Europea (UE). Además de los diez días para los padres, «se acordó reforzar el derecho existente a cuatro meses de permiso parental, estableciendo que dos meses no sean transferibles entre los progenitores e introduciendo una compensación para estos dos meses a un nivel que determinarán los Estados miembros», informaron desde la Comisión Europea. También se ha pactado en relación al permiso de cuidadores, con una asignación de cinco días por trabajador y año como nuevo derecho europeo para los trabajadores.

Finalmente, también se abre la puerta en el acuerdo, aunque sin más concreción, a reforzar «el derecho de todos los progenitores y cuidadores a solicitar fórmulas de trabajo flexible». «El acuerdo provisional alcanzado hoy por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea es una buena noticia para las familias en Europa. El pilar europeo de derechos sociales consiste en mejorar el día a día de los europeos», destacó en un comunicado el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

«Las nuevas normas en materia de conciliación de la vida familiar y la vida profesional que se ajusten a los fines perseguidos en el siglo XXI abrirán oportunidades para que las mujeres y los hombres que trabajan puedan compartir la responsabilidad de cuidar a niños y parientes en igualdad de condiciones», añadió la comisaria europea de Igualdad, Vera Jourova. Este acuerdo provisional debe ahora ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo y después ser desarrollado en cada legislación nacional. Esta directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional forma parte del llamado «pilar social europeo», con el que se pretende que los ciudadanos vean mejoradas sus condiciones de empleo y prestaciones sociales en la UE.

MURCIA: Seguridad privada colabora en la desmantelación de una plantación de marihuana en una nave de Lorquí

La operación se ha saldado con la detención de un hombre, de 44 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación de marihuana en el interior de una nave industrial en Lorquí, en la que se han hallado 96 plantas de marihuana y aparatos de aire acondicionado, ventiladores, transformadores, balastros y focos-lámparas. El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional ha detectado que muchos grupos organizados, dedicados al cultivo y venta de estupefacientes, utilizan naves industriales, sin actividad comercial y habitualmente situadas en polígonos industriales, para instalar grandes plantaciones de marihuana.

Con ello pretenden enmascarar los altos cargos de luz que conlleva, así como los ruidos constantes de los aparatos de aire acondicionado instalados y los fuertes olores de la plantación. Se aprovechan de que son zonas descentralizadas y con gran movimiento de trabajadores y clientes, tratando de evitar levantas sospechas entre las naves vecinas y alejarse de la acción policial. Hace unas semanas, los investigadores recibieron información sobre la posible existencia de una plantación de marihuana instalada en una nave situada en el Polígono Industrial Base 2000 de Lorquí.

La empresa de seguridad privada que controla el recinto detectó una serie de movimientos en dicha nave que, en principio, se encontraba cerrada desde hacía varios meses. Diversas indagaciones por parte de agentes de la Policía Nacional permitieron corroborar la existencia de una plantación de sustancia estupefaciente por lo que, hace unos días, se solicitó mandamiento de entrada y registro. La Policía Nacional ha detectado un aumento de las plantaciones de marihuana por parte de particulares, bien en naves industriales, bien en casas rurales, con el único fin de establecer una infraestructura destinada al cultivo y posterior venta de este estupefaciente. Todo ello ha conllevado aun mayor número de intervenciones de esta droga.

Ya no se trata de utilizar una maceta para plantar marihuana destinada a un consumo propio, sino de desarrollar una auténtica plantación para producir marihuana a gran escala y gestionarla con bandas organizadas. La investigación la han llevado agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.

La vigilancia exterior de las cárceles volverá a la seguridad pública

Resultado de imagen de carcel de archidonaLa vigilancia exterior de las cárceles, ahora en su mayoría a cargo de empresas privadas, volverá a ser competencia de las fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.,El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avanzado esta decisión en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019

La vigilancia exterior de las cárceles, ahora en su mayoría a cargo de empresas privadas, volverá a ser competencia de las fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avanzado esta decisión en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento respecto a 2018.

Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP. Pero según ha dicho Ortiz, la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos. Durante su comparecencia, Ortiz ha recordado que en el anterior mandato dejaron "huérfanos" a los funcionarios de Prisiones en los acuerdos de equiparación salarial, y ha dicho que ya ha mantenido diversas reuniones con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales.

En estos últimos encuentros por separado, se ha acordado la creación de cuatro grupos de trabajo para abordar, entre otros asuntos, las agresiones a funcionarios (223 en 2018), la formación, la reforma de clasificaciones. Ha recordado que desde 2008 hay 13.000 internos menos en las cárceles, de tal manera que la ratio ha pasado de un funcionario de vigilancia por cada 5,67 presos a uno por 4,39 reclusos. Ortiz ha precisado que aún hay 3.000 vacantes de funcionarios, aunque en unos meses se cubrirán 956. Y ha señalado que cada año se gestionan alrededor de 120.000 sentencias de medidas alternativas a la prisión (generalmente trabajos en beneficio de la comunidad), por lo que ha abogado por redistribuir los efectivos a fin de mejorar este servicio.

España refuerza sus indicadores como uno de los países más seguros del mundo

¿España? Sol, paella y toros. Tradicionalmente, la imagen que se tenía de España fronteras afuera, y que actuaba como imán para atraer turistas, era esta. Con el paso de los años, siguen vigentes, pero habría que añadir una cualidad más: seguridad.

Que se lo pregunten a los cerca de dos millones de turistas que, con motivo de la denominada como primavera árabe, y allá por 2011, dejaron de acudir a destinos como Túnez, Turquía o Egipto, y cambiaron su hoja de ruta hacia el país de la piel de toro. Durante 2018, España volvió a batir su récord de turistas extranjeros: 82,6 millones (un 0,9% más que en 2017). La cifra sigue siendo positiva, pero los crecimientos de años anteriores se frenan. Ahora que ese flujo parece haberse estacando, y que esos destinos retoman poco a poco su protagonismo, la calidad de las infraestructuras, del servicio, o de los hoteles conforman un triunvirato clave para retener al turista según diferentes asociaciones relacionadas con nuestro particular ‘petróleo’. La guinda a todo ello, una vez más, volverá a ser la seguridad. Según Frontur y Egatur, la seguridad ciudadana es uno de los aspectos que más incrementa el grado de satisfacción de los turistas.

Según el Real Instituto Elcano, España es el sexto país más seguro del mundo. Únicamente Singapur, Japón, Indonesia, Suiza y Suecia tienen mejores números en este apartado. Dependiendo de las variables escogidas, la posición puede oscilar. Así, el Global Peace Index sitúa a España en el puesto 23 de 163 naciones. Eso sí, por delante de vecinos como Italia (puesto 38), Reino Unido (41), Francia (51) y hasta de Estados Unidos (114).

Si nos centramos en la Unión Europea, la posición ocupada es la cuarta en cuanto al número de delitos que se cometen, en este caso tras Grecia, Portugal o Italia. Y, si se habla de índices de criminalidad, se sitúa en el tercer cajón del podio (dentro de la UE de los quince), después de Portugal y Grecia, según Eurostat. A modo de curiosidad, hay seis veces más posibilidades de morir asesinado en Finlandia que en España. El buen clima, la gastronomía o la vida social conforman un cóctel cuyo ‘sabor’ es una de las menores tasas de homicidios del mundo. Pero hay más ‘ingredientes’: convivencia pacífica, instituciones que velan por la seguridad, educación, integración de migrantes… En este último aspecto, y a pesar de haber atravesado el periodo de crisis más largo de la historia reciente de España, no se han producido conflictos violentos de convivencia como los que tuvieron lugar en Francia, Reino Unido o Italia.

ESPAÑA Y LA CRIMINALIDAD Fruto de esa coctelera, y echando la vista atrás, en España mueren por homicidio o asesinato un 30% menos de personas que hace tres décadas. Dicho de otra manera: sólo Alemania, Francia y Portugal tienen una tasa de asesinato más baja. Por cada 100.000 habitantes, muere por esta circunstancia un 0,7 (el dato más bajo de los últimos diez años). La media, a nivel global, llega hasta 5,3, según datos del Banco Mundial. ¿Más datos que confirman que España es un país cada vez menos violento? La cifra de condenados adultos por sentencia firme y los delitos cometidos han disminuidonotablemente en 2018. Mientras que en el año 2017 fueron 285.336 adultos condenados, en el año 2018 fueron 271.526, según datos del INE. Es decir, un 4,8% menos.

La criminalidad también ha visto como menguaban sus guarismos, en este caso, reduciéndose un 11% desde el año 2010. Por ‘criminalidad’ se entienden todos aquellos delitos tipificados en el Código Penal. Por ejemplo, asesinatos, robos y agresiones. En estos tres ámbitos, España puede sacar pecho ya que, mientras en Alemania se producen 75 delitos por cada 1.000 habitantes, aquí esa cifra se reduce a 48 delitos por cada mil. ¿Así lo percibe la ciudadanía? Cierto que un hecho violento siempre llama más la atención que la inauguración de un colegio, o la apertura de una carretera. Pero, aunque episodios de violencia de género siguen existiendo, y su número no baja como sería de desear, lo cierto es que la inseguridad ciudadana no es uno de los motivos de preocupación más relevantes para los españoles.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la ‘inseguridad ciudadana’ no está entre las respuestas más votadas: al comienzo de la crisis, allá por 2008, quienes lo consideraban así eran el 10% de los españoles. Una década después, ese porcentaje ha descendido hasta el 2,6%. Otra estadística, en este caso del Eurobarometro, también es rotunda: el 95% de los encuestados considera que su ciudad, municipio o pueblo, es un lugar seguro para vivir. Lamentablemente, y como excepción que confirma la regla, los robos con violencia en domicilios en los nueve primeros meses de 2018, según el Ministerio del Interior, han aumentado respecto a 2017: un 3,3%. Fuente del sector de seguridad aseguran que, en el cómputo final del año, ese porcentaje disminuirá. A esta placentera sensación de seguridad, avalada por todos los indicadores antes citados, se suman las nuevas tecnologías y las empresas de seguridad privada que, con sus servicios y avanzados sistemas de seguridad, convencen hasta el más desconfiado de los españoles de irse de vacaciones durante dos semanas sin miedo de que entren en su casa.

Un dato: el mercado de la seguridad privada en España creció el año pasado un 4,3%respecto a 2017, llegando a alcanzar hasta los 4.500 millones de euros. Lo mismo ocurre con el número de vigilantes de seguridad, que están mejorando las cifras desde 2016, cerrando el año con un incremento de 3,5%. Según el Ministerio del Interior, el número de alarmas con conexión a Central Receptora de Alarmas en España ha pasado de 1.677.680 en 2016, a 1.845.305, en 2017. Por tanto, se ha producido un incremento del 10%. De cara al futuro, se estima que el negocio seguirá creciendo.

La privatización de la seguridad vestida de sereno

Premià de Mar contrata a una empresa para complementar el servicio de la Policía Local

El sereno era un vigilante nocturno que abandonó las calles de las ciudades españolas a finales de los años 70. Vestía uniforme y del cinturón colgaban llaves de diferentes porterías, un silbato, un garrote y un farol. En ocasiones no tenía sueldo y sobrevivía gracias a las donaciones de comerciantes y vecinos a cambio de protección nocturna. Se trata de una profesión recuperada por algunas ciudades, como Gijón, y ayer comenzó una experiencia piloto bautizada como el Sereno del Siglo XXI en Premià de Dalt (Maresme). Pese al pretérito nombre, en realidad el Ayuntamiento (gobernado por el PDeCAT), con la autorización del Departamento de Interior, ha contratado a vigilantes privados, de la empresa Enerpro para patrullar por el municipio. Se trata de uno de los primeros casos de privatización de la seguridad pública en un municipio catalán.

Adolfo Gómez y Gregorio Salvatierra fueron los últimos serenos de Premià de Dalt. En 1985 pasaron a formar parte del cuerpo de Policía Local. Ayer minutos antes de que los vigilantes privados comenzaran a realizar rondas por las calles, Gómez y Salvatierra comentaban anécdotas de toda una vida de rutina salpicada por trabajos de mediación, asistencia en autopsias y detenciones de “maleantes”. Ellos pasaron de serenos a la policía local. Ahora se hace el camino inverso y se protege el municipio con seguridad privada.

El propio alcalde Josep Triadó ha sido el encargado de diseñar la prueba piloto que coloca la vigilancia nocturna de la población en manos privadas. “Tenemos un problema de seguridad en el municipio. La ley Montoro no me permite contratar más agentes pero tengo las cuentas del Ayuntamiento saneadas. ¿Por qué no iba a contratar a unas personas que ya están formadas en seguridad y que me van a aportar protección al pueblo?”, se justifica. En diciembre, el Departamento de Interior autorizó al Consistorio a ceder la vigilancia nocturna municipal a una empresa. “En un principio hemos dividido el municipio en cuatro zonas, una por sereno, que acompañarán a la policía local”, informa el alcalde. El Consistorio destina a esta iniciativa 100.000 euros. La prueba piloto que acabará en mayo, coincidiendo con las elecciones municipales. El alcalde aspira a que después de las elecciones sean una docena los vigilantes nocturnos que patrullen el municipio. Unos vigilantes que siempre estarán tutelados por la Policía Local, de 18 miembros.

Ayer comenzaron las rondas a pie. “No conocemos la zona y primero nos la tienen que enseñar un poco”, admitía uno de los vigilantes. “Alguno viene de vigilar el Metro y otras infraestructuras”, confesaba Triadó. Los vigilantes están conectados con la emisora de la policía local y con las tres patrullas que dispone el cuerpo municipal. Además, el Consistorio dispone de 18 cámaras de seguridad con lector de matrículas que hay instaladas en las entradas a la población.BVEl alcalde se enorgullece de la inversión en seguridad. En un comunicado remarca: “Premià de Dalt dedica 103,53 euros por habitante en materia de seguridad, una cantidad muy superior a Barcelona provincia, 68,55 euros por habitante”.

GIJÓN: Los vigilantes de seguridad denuncian que los serenos ejercen actividades de seguridad ciudadana

Resultado de imagen de DENUNCIA SPVLa entidad AVISPA sostiene que las funciones de acompañamiento, vigilancia y protección de personas solo pueden ser realizadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad

La Asociación Profesional de Vigilante de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) procederá a denunciar ante la delegación del Gobierno y la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Asturias contra la entidad Serenos S.L.L., su consejo de administración y el administrador y gerente, por el ejercicio de funciones de seguridad y vigilancia en cuanto a los acompañamientos de personas en el horario nocturno por parte de la plantilla de trabajadores de la citada sociedad mercantil. Desde AVISPA anuncian que, una vez recibida la resolución administrativa por parte de la Delegación del Gobierno, previo informe de la Policía Nacional, se derivará el caso a los tribunales de justicia para iniciar, a su vez, las acciones legales oportunas por la vía penal.

Sostienen los vigilantes de seguridad que la plantilla de Serenos de Gijón, al ejecutar las funciones de acompañamiento, vigilancia y protección de personas en la vía pública, independientemente del horario, ejercen actividades de Seguridad Ciudadana, incumpliendo así, según su criterio, la normativa reguladora en vigor en cuanto a que este desempeño, única y exclusivamente, puede ser realizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o las Policía Locales, en el caso de la ciudad de Gijón, o previa autorización y concesión administrativa, por escoltas privados, previo establecimiento de un contrato con empresa de seguridad privada, "no pudiendo ser usurpadas por personal ajeno sin formación, capacitación ni habilitación para ello".

Entre los servicios que deberán prestar los municipios, advierten desde AVISPA, "no se encuentra el de la protección y acompañamiento de personas, si bien, tal vigilancia y seguridad ha de prestarse cuando exista Policía Local, por ésta, y en otros casos por el personal auxiliar contemplado en la ley orgánica que regula las funciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". Y agregan que "tratándose la seguridad en lugares públicos de un servicio público de ámbito municipal que implica ejercicio de autoridad, no puede prestarse sino por gestión directa, sin que pueda ser objeto de concesión, concierto o arrendamiento alguno".

Los vigilantes de seguridad mantienen asimismo que tal y como está la normativa, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal,"no hay base legítima que sustente esta figura y las labores de los serenos en cuanto al acompañamiento, seguridad y protección de personas en la vía pública, algo, indudablemente ilegal", sentencian. En suma, explican desde AVISPA, corresponde en este caso denunciar, aportar pruebas de los hechos ilícitos, asistir a las vistas orales y posteriormente a los juicios señalados, con la gran duda, no obstante, de cuál va a ser su cobertura jurídica.

El TSJA avala el despido de un empleado de Ikea grabado que cobró 4 euros de menos a unos «amigos»

Resultado de imagen de ikeaLa empresa instalada en Castilleja de la Cuesta había detectado prácticas «similares« de otros trabajadores y había avisado de que no las toleraría

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia previa que desestimó la demanda promovida por un trabajador del establecimiento de la multinacional sueca Ikea ubicado en Castilleja de la Cuesta, a cuenta de su despido tras ser grabado por las cámaras de videovigilancia mientras cobraba de menos en el restaurante del establecimiento a unos clientes que resultarían ser «amigos» suyos. En esta sentencia, fechada el pasado 10 de octubre y recogida por Europa Press, el Alto Tribunal andaluz aborda el recurso de suplicación promovido por un trabajador, contra la decisión del Juzgado de lo Social número 3 de desestimar su demanda por despido a manos de la sociedad Ikea Ibérica S.A.

En la sentencia inicial del Juzgado de lo Social número tres, según recuerda el TSJA en su propio fallo, fueron declarados como hechos probados que todo sucedió «en el departamento de restauración del centro comercial Ikea de Castilleja de la Cuesta, donde la empresa demandada tiene instalado un circuito cerrado de televisión mediante cámaras de grabación, debidamente autorizadas por la Agencia de Protección de Datos y debidamente señalizadas mediante carteles avisadores, pero de cuyo posible uso a efectos de control de la prestación laboral no fue advertida la representación legal de los trabajadores ni al trabajador demandante en ningún momento antes del despido». En ese contexto, el 16 de enero de 2014, este trabajador estaba «en su puesto de trabajo en el sitio denominado Bistro del restauranteque hay en el centro comercial, al frente de la caja del mismo, cuando se acercó una pareja de clientes a los que fue sirviendo», si bien les habría cobrado cantidades inferiores a lo consumido.

Según la sentencia inicial, mientras el trabajador «departía amigablemente« con estos dos clientes, «permitiéndoles incluso que dejaran una bolsa o mochila dentro del Bistro mientras consumían los productos servidos en la misma barra», en un principio les cobró 2,8 euros por consumiciones que sumaban seis euros, y después les cobró 1,5 euros por dos productos que sumaban 2,5 euros. Por lo tanto, este empleado cobró 4,2 euros de menos a «sus amigos». «Al ver lo sucedido un vigilante que controlaba las cámaras de seguridad lo puso en conocimiento del responsable de prevención de riesgos laborales en la empresa, el cual a su vez lo puso en conocimiento del jefe del departamento de restauración, quien obtuvo copias digitales de la grabación y lo puso en conocimiento del departamento de recursos humanos o de la dirección de la empresa, tras lo que con fecha 10 de febrero de 2014 la demandada notificó al empleado la carta de despido», rememora la sentencia inicial.

A la hora de desestimar la demanda por despido de este trabajador, el Juzgado de lo Social número 3 exponía en su fallo inicial que antes de este caso, «la empresa había detectado que otros empleados se comportaban de forma similar, otorgando beneficios indebidos a clientes que, sospechaba, eran familiares, amigos o conocidos de los empleados del Bistro, lo que motivó que otro empleado fuera despedido disciplinariamente en 2013, tras lo cual el jefe de departamento mantuvo una reunión con los empleados, en la que estuvo presente el demandante, advirtiéndoles de que la empresa tenía conocimiento de esta clase de hechos y no los iba a tolerar».

Y frente al recurso de suplicación interpuesto por el trabajador ante el TSJA contra la desestimación inicial de su demanda, bajo la premisa de que «no se cumplieron las formalidades del despido por indeterminación de los hechos» relatados en la carta de despido y el uso «no consentido» de las cámaras de vigilancia, el Alto tribunal andaluz avala los «hechos motivadores» incluidos en la carta de despido, recordando por cierto que los clientes beneficiarios de las prácticas censuradas «resultaron ser amigos (del empleado). Esto se deduce de las muestras de familiaridad y de que permitiera a uno de ellos pasar con toda confianza dentro de la barra a depositar en el suelo una mochila y objetos personales».

Cámaras de vigilancia Así, el TSJA descarta que la sentencia que desestimó la demanda por despido fuese «incongruente» o que la carta de despido «no reuniera los requisitos formales para su validez». En cuanto a las imágenes usadas para el despido, el TSJA valora que las cámaras de video vigilancia del citado establecimiento están «debidamente autorizadas y señalizadas».

A tal efecto, invoca los preceptos de la Ley Orgánica de Protección de Datos según los cuales «resulta posible tratar y ceder datos sin recabar el consentimiento del afectado» en situaciones que se «refieran a las partes de un contrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento», con lo que «en el ámbito laboral, el consentimiento del trabajador pasa como regla general a un segundo plano, pues el consentimiento se entiende implícito en la relación negocial, siempre que el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes». Dado el caso, el TSJA desestima el recurso de suplicación del empleado despido y confirma plenamente la sentencia inicial del Juzgado de lo Social número 3, que desestimaba ya su demanda.

28 de enero de 2019

Uber planea 'uberizar' a camareros, azafatas o guardas de seguridad con un servicio similar al de las ETT

La compañía lleva meses trabajando en UberWorks, que ofrecerá trabajos temporales. El piloto comenzará en breve en Chicago. Será el primer asalto fuera del sector del transporte de la compañía, que prepara su salida a bolsa para 2019


Uber planea su primera incursión su salto fuera del mercado de transporte. La compañía estadounidense prepara un nuevo servicio de trabajo temporal para poner en contacto a camareros, guardas de seguridad o azafatas con empresas que quieran emplearlos de forma provisional. El objetivo de la compañía es que Uber Works, como ha denominado a esta nueva división, esté disponible en 2019 coincidiendo con su salida a bolsa, para mostrar a los inversores el potencial de su tecnología. Según ha publicado el Financial Times, Uber lleva meses desarrollando el proyecto en Chicago (EEUU). Allí ha comenzado la selección del personal que debe preparar el terreno y desarrollar el servicio. En su oferta, la compañía solicita candidatos "con un fuerte interés en el sector del trabajo bajo demanda" y con "disponibilidad en las horas de alta demanda del servicio (a menudo por la noche, los fines de semana y festivos)".

Uber ha estado desarrollando Works como una "start-up interna" siguiendo el modelo de UberEats, su división de reparto de comida a domicilio. Este servicio, unido al de transporte de viajeros, son los que la compañía ha implantado de momento en España y también los más extendidos en Europa. En EEUU ha desarrollado algunos más, como Freight, que pone en contacto a transportistas con empresas; Healths, para llevar pacientes a centros sanitarios; o Jump, un sistema de alquiler de bicicletas y motos eléctricas. Todos ellos, incluido UberElevates ( que intenta desarrollar un modelo sostenible de coche volador) o ATG (que investiga el coche autónomo) están relacionados con las diferentes variantes del sector del transporte. Con Works, Uber inicia su ofensiva para colonizar todos los trabajos susceptibles de regularse vía app con la vista puesta en los eventos corporativos.

De la "economía colaborativa" a la ETT Uber es conocida por encabezar un conflicto mundial con el taxi, pero las repercusiones de su modelo de negocio trascienden con mucho el transporte de viajeros. Incluso ha puesto nombre a un proceso económico, la uberización, en el que una empresa pone en contacto a clientes con prestadores de un servicio a través de una plataforma digital. La empresa fija las reglas del intercambio, da un entorno seguro en el que realizar las transacciones económicas y, a cambio, cobra una comisión. 

Este modelo de negocio se autopublicitó como "economía colaborativa", enfatizando la flexibilidad en horarios que ofrece a los trabajadores y un supuesto sistema de emprendimiento vía app. Los jueces han tumbado esta narrativa: el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que Uber no es una plataforma colaborativa sino una empresa de transporte, y como tal debe ser regulada por los estados. Además, señaló que cuando la plataforma decide cómo, cuándo, a quién y por cuánto dinero se presta un servicio, no se puede hablar de emprendedores sino de empleados, puesto que "no ejercen una actividad propia que exista de manera independiente de dicha plataforma".

Mientras los efectos sobre el recorte de derechos laborales de los trabajadores o precarización del empleo de la uberización se dejan notar desde hace años, Uber redobla su apuesta con Works. No será la primera en lanzarse a ofrecer servicios similares a una ETT (apps como Fiverrofrecen "miniempleos" desde cinco euros) pero sí la que más inversión recibe. Fondos de capital riesgo han financiado a la compañía hasta colocarla en el ránking de empresas más valoradas a pesar de que no ha empezado a dar beneficios. El pasado miércoles recaudó otros 2.000 millones en bonos basura. De momento, ni Uber ni el resto de empresas que explotan su modelo han encontrado una respuesta pública coordinada. Por regla general, los estados han preferido dejar que los tribunales diriman a promover regulaciones específicas sobre el entorno digital y el trabajo vía app. También es la estrategia que ha seguido España, que la pasada semana aprobó hasta 17 nuevos derechos digitales que, en la práctica, apenas introducen novedades al suponer ampliaciones de derechos detallados en otras leyes o traslaciones al entorno digital de derechos fundamentales.

ALMERÍA: Adjudicados los servicios auxiliares y la seguridad de la biblioteca y del edificio del Mesón Gitano

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, a la Unión Temporal de Empresas conformada por Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A., y Dimoba Servicios, S.L., los servicios de seguridad privada y servicios de auxiliares para atender las necesidades que precisan la nueva Biblioteca Municipal José María Artero y el edificio del Mesón Gitano.


Así, estas acciones se enmarcan en la apertura de las salas de lectura de la Biblioteca Central Municipal, prevista a partir del este lunes, así como la puesta en servicio del Mesón Gitano, en su caso antes del 31 de marzo, ofreciendo en sus instalaciones la posibilidad de celebrar conferencias, exposiciones o reuniones, y pendiente de concluir con los trabajos de musealización que permitan su apertura completa al público.

En un comunicado, el Consistorio ha precisado que la contratación de estos servicios se ha adjudicado por un importe total de 239.764,11 euros y un plazo de duración del contrato extendido hasta el día 31 de agosto de 2019. Los servicios a prestar consistirán en labores de vigilancia y seguridad privada, en concreto en vigilancia y protección de los bienes de la Biblioteca Central Municipal, de sus salas de lectura y del Mesón Gitano, así como de las personas que pudieran encontrarse dentro.

Por otro lado, y compatibilizándose con estos servicios, se prestarán labores de auxiliares de servicios consistentes en el control de accesos de estas instalaciones municipales. La UTE adjudicataria ha incluido en su oferta, como mejora, la conexión de los sistemas de alarmas, instalados tanto en la Biblioteca Central Municipal como en las dependencias del Mesón Gitano, a la Central Receptora del Grupo Control durante toda la vigencia del contrato, incluyendo su mantenimiento.

ALBACETE: La vigilancia frena el vandalismo en la Vía Verde

Un guarda rural y un operario de mantenimiento hacen unas 20 rondas al día por el trayecto de 75 kilómetros

Maderas de las talanqueras robadas, señales en el suelo, bancos que desaparecen de la noche a la mañana o pinos derribados por arados que se aproximan demasiado. Son algunos de los daños que con más frecuencia de la que sería deseable se encuentran los vigilantes de los 75 kilómetros de Vía Verde que mantiene la Diputación de Albacete, el tramo que conecta desde Casas Viejas hasta Alcaraz y al que en breve se añadirán otros 20 kilómetros entre la estación de Reolid y el límite con la provincia de Jaén.

Mantener esta red de camino natural habilitado sobre el antiguo trazado del ferrocarril Baeza-Utiel supone un esfuerzo considerable para la administración, tanto por los desperfectos propios del uso y el paso del tiempo, como por los daños intencionados que se detectan en el trazado. «Siempre hemos tenido un servicio de vigilancia, pero hace poco más de un año decidimos ampliar el contrato precisamente por los actos vandálicos que estábamos teniendo», indicó Antonio Rodríguez, el técnico de la Diputación que se supervisa el buen estado de esta infraestructura que conecta Albacete capital con el Santuario de Cortes. 

Un guarda rural vigila que todo esté en su sitio y un operario de mantenimiento realiza a diario trabajos de reparación. Entre los dos, se realizan entre 20 y 25 rondas diarias por la Vía Verde a Alcaraz, «sobre todo en fin de semana, el guarda rural siempre está pendiente», advirtió el técnico. Con este incremento de vigilancia se ha conseguido rebajar en parte los incidentes.  Pero sigue habiéndolos. Sin ir más lejos, hace una semana el guarda se encontró con que el muro de protección del paso elevado que cruza la Vía Verde entre La Venta y Santa Ana, junto al área de recreo, había sido derribado al parecer por la colisión de algún vehículo, con el riesgo que conlleva para los usuarios por la altitud del lugar. Se dio parte a la Guardia Civil.

En esta ocasión sospechan que fue un accidente, pero otras veces los daños son intencionados. Hace unos meses, por ejemplo, robaron bancos y papeleras del área de recreo de El Cubillo. El rollizo de las talanqueras también es sustraido con demasiado frecuencia, «unas veces las vallas solo tienen como misión delimitar, pero otras veces se colocan por seguridad en los taludes y quitarlas puede poner en peligro a los usuarios», advierten.

MELILLA: Denuncian la desprotección jurídica y personal de los vigilantes de La Purísima

El secretario de la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Melilla, José Luis Faus, aseguró que los problemas en el centro de atención de menores extranjeros no acompañados (menas) de La Purísima continúan para los vigilantes de seguridad. Denunció que estos profesionales tienen una “inseguridad muy grande, tanto a nivel jurídica como personal”.

En este sentido, Faus explicó que los menores tienen un régimen muy específico que les protege y remarcó que la Ley del Menor “desprotege” al trabajador que está con estos jóvenes cuando cometen algún tipo de falta o protagonizan un suceso de menor o mayor gravedad. Al margen de esa inseguridad que UGT subraya que hay en este colectivo de profesionales de la seguridad privada frente a terminadas actitudes de los menores acogidos en centro, está la falta de personal en La Purísima.

El sindicalista argumentó que la Consejería de Bienestar Social se ha comprometido a que se va a ampliar el número de vigilantes en este centro lo antes posible. Sin embargo, ese refuerzo de profesionales no se termina de producir y no cesa el incremento de niños y jóvenes que residen en estas instalaciones.

Plantilla insuficiente El sindicato subrayó que el número actual de vigilantes de seguridad es insuficiente para mantener ese control a la entrada y salida del recinto y realizar otras tareas encomendadas.“Si algún día pasa algo grave, no nos echemos las manos a la cabeza”, afirmó Faus, que insistió en la falta de personal para estas instalaciones. De hecho, para el secretario de FeSMC de UGT de Melilla, la solución para evitar esa desprotección personal y jurídica pasa también por aumentar el número de vigilantes en La Purísima.

En el último año se han producido varios incidentes en los que los vigilantes han salido heridos. En julio un menor lanzó un bote de pintura de 25 litros a un vigilante tras una discusión; una semana antes hubo un menor herid con una botella rota y también se produjo un presunto apuñalamiento de un trabajador a un joven del centro. De hecho, cuando se registraron estos sucesos, el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, indicó que si en un hogar hay peleas entre adolescentes, también es inevitable en un centro con un gran número de chicos en esas edades complejas.

27 de enero de 2019

ALICANTE: Pillan in fraganti en Benidorm a un ladrón reincidente escondido en el armario

La Policía oyó un ruido al registrar el bar donde le habían captado las cámaras de vigilancia y localizó al caco, detenido 11 veces antes

Un ladrón veterano con múltiples antecedentes por robo ha sido sorprendido in fraganti en uno de sus asaltos cuando se había escondido en un armario y agentes de la Policía Nacional registraban el establecimientos tras ser alertados por la empresa de seguridad privada, que le había captado por las cámaras de vigilancia.

Con 11 detenciones anteriores en los últimos dos años por hechos similares, el caco fue descubierto en el escondite improvisado que había encontrado al advertir la presencia de los agentes, informa la Policía Nacional en un comunicado. Ha ocurrido en la madrugada de este domingo, cuando una empresa de seguridad privada alertó a la Sala del 091 de la Policía Nacional de que había una persona reventando los cristales de la puerta de acceso a un bar, y al lugar se trasladó una patrulla.

Sangre en el suelo Al llegar, los agentes encontraron el cristal de la puerta del establecimiento fracturado, en el suelo había un cincel y diversas gotas de sangre desde los cristales hacia el interior. La Sala del 091 estuvo en contacto permanente con la empresa de seguridad privada propietaria de las cámaras del establecimiento e iba recibiendo información de los que por ellas se observaba. Los policías al tener conocimiento de que el presunto ladrón todavía se encontraba en el interior del local, establecieron un perímetro de seguridad para que no se escapara y le descubrieron oculto en un armario.

El hombre no opuso resistencia y les entregó todo el material que portaba encima, como diversos objetos para fracturar candados y puertas, y utensilios para poder perpetrar sus presuntos actos delictivos. El detenido era un conocido de la Policía ya que desde el año 2017 había sido detenido 11 veces por robos con fuerza. El hombre, de 43 años de edad y natural de Somalia, fue puesto a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia de Benidorm por un presunto delito de robo con fuerza.

LEÓN: Retenida por la seguridad privada de un supermercado tras propinar un puñetazo a una empleada

La acusada, que se enfrenta a una pena de dos años de cárcel y huyó tras cometer la agresión, fue retenida por el vigilante de seguridad

Una leonesa se enfrenta a dos años de cárcel y a una multa de 600 euros acusada por un delito de robo con violencia tras propinarle un puñetazo a la trabajadora de su supermercado que la increpó al sorprenderla robando siete euros en productos. El juicio tendrá lugar el próximo 13 de febrero a las 10:30 horas en el Juzgado de lo Penal nº1 de León. Según las calificaciones previas a las que tuvo acceso este diario, los hechos tuvieron lugar sobre las 14:20 horas del 2 de diciembre de 2016 cuando la acusada se apoderó de varios productos valorados en 7 euros de un supermercado situado en la calle Medul de León capital, en la zona de La Palomera.

En el momento que iba a abandonar el local sin abonar los productos, la empleada la requirió que lo devolviera, momento en el que la acusada le propinó un puñetazo y salió huyendo del lugar, siendo perseguida por el vigilante de seguridad, que la retuvo hasta llegar la Policía Nacional. La empleada sufrió varias contusiones, que le tardaron tres días en curar. El Ministerio Fiscal entiende que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia y un delito leve de lesiones por los que solicita una pena de dos años de cárcel y una multa de dos meses a razón de diez euros.Además, deberá indemnizar con 150 euros a la empleada y restituir los efectos robados.

La mitad de los ambulatorios andaluces, en riesgo de sufrir agresiones

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Dicho riesgo no está tanto en función de los incidentes sufridos sino más por las medidas de seguridad, personales y tecnológicas

Entre un 5 y un 10 % de los centros sanitarios tienen riesgo alto de que su personal sufra agresiones de pacientes o familiares, y más de un 40 % un riesgo medio, según la clasificación elaborada por los interlocutores sanitarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, una figura que cumple un año.

En una entrevista con Efe, el inspector de la Policía encargado en Sevilla de esta interlocución con los profesionales sanitarios, Domingo Cabrera, explica que dicho riesgo no está tanto en función de los incidentes sufridos sino más por las medidas de seguridad, personales y tecnológicas, con las que cuentas los centros, más bien escasas en los ambulatorios y mayores en los hospitales.

Pese a ello, en este primer año, uno de los incidentes más graves se produjo el pasado 27 de diciembre en un hospital sevillano, el Virgen del Rocío, donde el familiar de un paciente ingresado la emprendió a patadas y puñetazos con un médico por no atender a sus exigencias, y fue detenido días después, ya que desde la reforma del Código Penal de 2015, los profesionales sanitarios son autoridades y agredirles está tipificado como un delito de atentado. No son los casos más frecuentes, pues desde la puesta en marcha de la figura del interlocutor sanitario en Sevilla, Cabrera sólo recuerda dos detenciones en la capital y los siete grandes municipios competencia de la Policía Nacional, con un total de 150 centros censados, públicos y privados, incluyendo ambulatorios, hospitales y clínicas dentales u oftalmológicas.

En este primer año, una de las principales labores de Cabrera y su homólogo en la Guardia Civil, el teniente Fernando León, ha sido formar a los profesionales para prevenir y reaccionar ante estas situaciones. En una charla ofrecida esta semana en el Colegio de Médicos de Sevilla, la coordinadora de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, Nuria Queralto, cifró en 460 casos las agresiones, sobre todo verbales, sufridas en el 2018, un centenar más que el año anterior. Cabrera alerta de que sus estadísticas suelen ser menores porque no incluyen "actitudes incívicas" sino sólo "hechos constatables denunciables", que tampoco todos son perseguibles penalmente. Sí lo son las amenazas, injurias, coacciones, agresiones físicas y lesiones, siendo estas últimas las menos usuales.

Tener vías de escape en las consultas, no dejar encima de las mesas de médicos y enfermeros objetos punzantes o cortantes y técnicas de "contención verbal" ante un usuario alterado son las recomendaciones del inspector, que aconseja que ante un paciente "nervioso" y "agresivo", se atienda su demanda pero "paralelamente" otro compañero "vaya llamando a la Policía, y si luego queda en nada, bien". Los incidentes son más comunes en la atención primaria (el SAS las cifra en el 64 %) y en los centros de salud con urgencias de 24 horas, porque en los hospitales suele haber vigilantes de seguridad y sistemas telemáticos, y aunque se producen casos como el del Virgen del Rocío, intervienen enseguida los vigilantes y el agresor fue identificado por las cámaras.

Los ordenadores de los centros públicos cuentan también con un sistema de alerta conectado con el resto de computadoras del mismo centro, si bien los profesionales y la Policía proponen instalar "botones del pánico" en las consultas conectados a una Central Receptora de Alarmas que contacte con la Policía. La formación también incluye a los conductores de ambulancia y profesionales que atienden urgencias en la calle y domicilios, a quienes Cabrera recomienda que en caso de desplazarse a una zona conflictiva, den el aviso a la Policía. La ubicación del centro sanitario o la presencia habitual de usuarios conflictivos son otros criterios que se tienen en cuenta a la hora de clasificar un centro como de riesgo alto, por cuyos alrededores se patrulla y se mantiene contacto con la Policía Local.

HUELVA: Incertidumbre entre los vigilantes de las oficinas de empleo

Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Huelva, queremos denunciar públicamente y mostrar nuestra más profunda preocupación por la situación que previsiblemente van a padecer a partir del próximo 1 de febrero los trabajadores y las trabajadoras de Seguridad Privada que prestan servicio en las oficinas de Empleo (SEPE y SAE) de Huelva y provincia.


Al parecer, el atraso en la negociación de los nuevos presupuestos, pone en serio peligro el contrato con la empresa de seguridad, encargada del servicio de vigilancia en dichas oficinas públicas. Esta circunstancia pudiera llevar aparejada que a primeros de febrero esas dependencias carecieran de la necesaria presencia de los vigilantes de seguridad, con el riesgo que ello podría suponer para el personal funcionario y laboral que presta en esas oficinas sus servicios y para los propios usuarios.

Además de ello, el retraso en la renovación del contrato con la empresa de seguridad pone en peligro, también, los puestos de trabajo de los vigilantes de seguridad. No solo queremos denunciar este hecho, sino que, además, exigimos a la Administración que tome las medidas necesarias para evitar ese escenario, por las negativas consecuencias que ello tendría. Desde Unión Sindical Obrera aprovechamos para reivindicar, también, que se realice una contratación socialmente responsable y respetuosa con los derechos de los trabajadores, con la inclusión de cláusulas sociales que garanticen la calidad del empleo y del servicio prestado.

Un tribunal de lo Social considera accidente laboral el estrés generado por un “incómodo ambiente de trabajo”

El magistrado titular del Juzgado de lo Social 8 de Bilbao, José María Labado Santiago, ha fallado una sentencia en la que considera como accidente laboral de un trabajador el “incómodo ambiente de trabajo” generado dentro de su empresa hacia su persona y que tuvieron su origen en las reclamaciones salariales y de categoría que éste había planteado.

“No nos encontramos ante el concepto jurídico de acoso en el trabajo (…), sino más bien otra figura que viene emergiendo en la actualidad y que son los riesgos psicosociales, esto es el denominado estrés laboral”, causado por las circunstancias mencionadas.

La empresa, Construcciones y Reformas, no aceptó las reclamaciones del trabajador. Además, llevó a cabo “unos cambios” en su “estructura organizativa” que provocaron en el afectado “un estado de ansiedad”. Por ello, el magistrado Labado Santiago considera probado el accidente de trabajo y, por lo tanto, la incapacidad temporal y condena a la empresa aseguradora, al Instituto Nacional y a la Tesorería de la Seguridad Social y a la empresa a responsabilizarse de sus consecuencias desde el 2 de febrero de 2017. La sentencia, 62/2018, a la que ha tenido acceso Confilegal, es firme desde marzo de 2018, y es muy novedosa por su planteamiento.

De acuerdo con el fallo, el empleado, que ha sido representado por la abogada Edith Crespo, de la firma Lawyou, comenzó a trabajar en Construcciones y Reformas, como auxiliar de segunda administrativo el 18 de junio de 2014, desempeñando sus tareas en el departamento administrativo de la empresa. El 2 de febrero de 2017 inició un proceso de incapacidad temporal por contingencias comunes con el “diagnóstico de ansiedad”. Y fue dado de alta el 30 de marzo de ese mismo año. Fue despedido el 24 de abril de 2017. La empresa reconoció la improcedencia del despido y le indemnizó.

HABÍA UN CONFLICTO En el informe de la Inspección de Trabajo consta que tanto el representante de la empresa como dos trabajadores reconocieron la existencia de un conflicto con el trabajador denunciante, originado por la reclamación de un incremento salarial y de categoría. La empresa, que, al parecer, atravesaba unos momentos complicados, desde el punto de vista económico y financiero, le hizo una “‘contrapropuesta’ de condiciones laborales que este no aceptó, por resultar inferior a sus expectativas”. El conflicto derivó en una pérdida de confianza del Administrador, que le revocó las claves que el trabajador utilizaba para acceder a las cuentas bancarias de la empresa “al objeto de desarrollar sus tareas de control y gestión de los pagos y cobros”. 

En esa época, además, se produjo la incorporación de un nuevo responsable del departamento financiero a tiempo completo. Hasta septiembre de 2016 dicha función la realizaba una persona externa que falleció, por lo que buena parte de la carga de trabajo que era responsabilidad del trabajador demandante, fue asumida por el nuevo responsable. Dicha situación implicó evidentes cambios organizativos internos que, según la empresa, no tuvieron repercusión en el trabajo del denunciante.

NO HUBO ACOSO Desde el punto de vista del magistrado Labado Santiago, “En esencia el actor está planteando que como consecuencia de un supuesto ‘acoso’ en el trabajo se le ha generado un estado de ansiedad”. “El acoso moral (“mobbing”) consiste en un agresión del empresario, o de alguno de sus empleados con el conocimiento y tolerancia de aquél, mediante hechos, órdenes o palabras, repetida y duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar y aislar al trabajador, que puede llegar incluso a deteriorar su salud, con objeto de conseguir un auto-abandono del trabajo, produciendo un daño progresivo y continuo a su dignidad. La resistencia del trabajador ante este ataque depende de su fortaleza psicológica y de su capacidad de sobreponerse a la adversidad”, apunta el magistrado.

No es este el caso.  “No nos encontramos ante el concepto jurídico de acoso en el trabajo como tal (…), sino más bien otra figura que viene emergiendo en la actualidad y que son los riesgos psicosociales, esto es el denominado estrés laboral, causado por un incómodo ambiente laboral, como consecuencia de la conflictividad laboral originada por las reclamaciones salariales y de categoría de éste, no aceptada de entrada por la empresa, y acompañadas de cambios en la estructura organizativa de la empleadora, que provocaron en el demandante un estado de ansiedad, que dio lugar al proceso de IT”, explica.

PERO SÍ HUBO ACCIDENTE DE TRABAJO “La calificación como accidente de trabajo de este tipo de enfermedades viene siendo admitida por la jurisprudencia, siempre y cuando se acredite fehacientemente la relación causa/efecto entre la realización de un trabajo y la aparición posterior de la enfermedad”. Y le correspondía a la empresa la carga de la prueba: “demostrar que la lesión, trauma o defecto no se produjo a consecuencia de la realización de la tarea”.

No fue posible. “Para que una enfermedad sea calificada como accidente de trabajo, sin conexión o vinculación con enfermedad previa, es preciso que concurran los siguientes requisitos a) que la enfermedad haya sido contraída con motivo del desempeño de la actividad laboral y b) que el trabajo sea la única o exclusiva causa de su aparición, extremos ambos cuya prueba incumbe a la persona trabajadora que pretende incardinar su padecimiento en la consideración de accidente de trabajo”, relata el magistrado.

En cuanto al primer elemento o requisito de los dos, “en el caso de las enfermedades de corte psíquico, ha de añadirse, además, que basta con que la actividad laboral haya provocado la dolencia, aunque no pueda vincularse la misma a una concreta actuación laboral (STS de 18 de enero de 2005, RJ 1157)”. En cuanto al segundo de los requisitos, “un indicio que evidencia la existencia de nexo causal directo entre el trabajo y la patología en cuestión es la inexistencia de sintomatología previa ajena al trabajo y de otras causas que hubieran podido hacer surgir la enfermedad. En todo caso, es preciso que concurra algún agente externo que explique la aparición de la enfermedad”.

NO HAY DUDAS “En el caso que ahora se enjuicia”, concluye el magistrado Labado Santiago, no cabe “ninguna duda cabe acerca de que la situación de Incapacidad Temporal iniciada el 02/02/2017 obedece al ambiente conflictividad laboral, originado por las reclamaciones salariales y de categoría del demandante, no aceptadas por la Empresa, acompañadas de cambios en la estructura organizativa de la empleadora, lo que evidencia que fue ese ambiente en la empresa en los duros términos en que se produjo, el que ha sido el único detonante de la enfermedad, lo que provoco en el actor el cuadro de ansiedad, en consecuencia la demanda debe ser estimada”.