El personal atiende a 16 centros de trabajo del Ayuntamiento
A más de 4 millones de euros asciende el precio de licitación del nuevo contrato de seguridad, vigilancia y control del Ayuntamientos y otras dependencias municipales de San Fernando que prevé entre en servicio el 9 de septiembre y que se prolongaría durante 4 años.
Vigilantes y auxiliares de vigilancia son los encargados de cubrir la seguridad y vigilancia de estancias municipales como el Teatro de las Cortes o los centros cívicos de la ciudad, la Casa Consistorial o los mercados Central y de San Antonio. Son en total 16 dependencias repartidas por distintos puntos de la ciudad si se incluyen también aquellas solo referidas al servicios de control destinadas específicamente a los auxiliares.
Las labores del vigilantes contemplan la vigilancia y protección de cada lugar, el control de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos; la prevención de la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas, la detención y puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes o infractores, la custodia de llaves, la gestión de los sistemas de alarma y el control de los monitores del circuito cerrado de televisión en los casos y la revisión de las dependencias. Para esta función se estipula un total de 32.876 horas al año con una acumulación de horas mayor para la Casa Consistorial. En este caso se concreta que debe haber un vigilante con horario de 7.00 a 15.00 horas, otro de 8.45 horas a 13.45 horas y otro de 15.00 a 21.00 horas. Se prevé una bolsa de 600 horas para actividades extraordinarias. Además debe realizar la apertura y cierre de las oficinas de la primera planta del Mercado Central.
Otros números recogidos en los pliegos de condiciones sobre el tiempo de servicio para cada espacio son 4.620 horas el aulario de General Serrano y otro tanto para Alsedo, 150 horas para el Teatro de Las Cortes, hasta 2.440 horas para el centro de congresos, 2.160 horas para el centro cívico de La Ardila, mientras que el Hermana Cristina contará con 1.300 horas. Los mercados suman 5.772 horas y para las dependencias de Servicios Sociales contemplan 1.690 horas. El Castillo de San Romualdo sumará 1.664 horas.
Los auxiliares de vigilancia se encargarán, por su parte, de la apertura y cierre de puertas y accesos a los edificios y dependencias, y cuidado y custodia de llaves; efectuarán las tareas de control de entrada y de recepción, información y orientación de visitantes y usuarios; realizarán la inspección diaria una vez vacío de personal, para asegurar el cierre de puertas y ventanas y de la desconexión de instalaciones eléctricas; la comprobación del funcionamiento de los equipos e instalaciones para garantizar su conservación o la recogida de correspondencia y paquetería; la atención de la centralita telefónica. Las dependencias de Desarrollo Urbano, del Vivero de Empresas, del centro cívico de Bazán, la biblioteca municipal y las oficinas de Cultura se incluyen en sus labores con un total de 11.400 horas al año.
El contrato que sale a licitación por 4.045.549,72 euros (IVA incluido) para los próximos cuatro años está sujeto a regulación armonizada. La empresa adjudicataria deberá subrogar al personal compuesto por 18 vigilantes y 9 auxiliares de vigilancia. Las empresas interesadas deberán incluir en su propuesta planes de inspección, de gestión de incidencias y de formación. En este caso, la formación que debe recibir los trabajadores se desarrollará en los primeros seis meses del servicio. La plantilla deberá contar con habilitación para desempeñar estas tareas que marca la normativa.
El servicio contempla la conexión de los sistemas de alarma a un central (CRA) que gestione las incidencias, instrucción, cortes de suministro eléctrico o fallo de baterías; y de los sistemas de circuito cerrado de televisión. Comenzará a partir del 9 de septiembre en principio, si el proceso administrativo se cierra satisfactoriamente antes de esa fecha. Si no es así, la actual empresa mantendrá su actividad hasta que sea necesario. Ocurrirá igual con la nueva adjudicataria llegado el momento. En caso de empate de la valoración de las propuestas, se atenderá criterios sociales como el mayor porcentaje de contratación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social; menor porcentaje de contratos temporales y mayor porcentaje de mujeres desempleadas en plantilla.
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