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Un 17 % de las personas que han agredido a un profesional sanitario en España es reincidente, según los últimos datos policiales disponibles sobre agresiones a este sector laboral, que datan de 2021 aunque las del año pasado se conocerán ya el próximo mes de marzo. Así se ha puesto de manifiesto en la jornada "Agresiones a profesionales sanitarios: una lacra que no cesa. Prevención y protocolos. ¿Son suficientes las penas recogidas en el Código Penal?", organizada por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) y celebrada en el Colegio de Médicos de Castellón.
Según ha expuesto el presidente de la ADSCV, Carlos Fornes, en 2021 se contabilizaron 612 denuncias de médicos en España, "y esto es solamente la punta del iceberg porque la mayoría de agresiones no se denuncian", ha lamentado. En la mesa-coloquio, moderada por Carlos Fornés, integrada por el comisario principal de la unidad central de seguridad privada e interlocutor policial nacional sanitario, Manuel Yanguas; el secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), José María Rodríguez; María Díaz, fiscal jefe de Castellón; Alejandro Calvente, presidente del sindicato médico CESM Comunitat Valenciana.
Todos coincidieron en que las agresiones a los médicos han aumentado, debido al aumento de la crispación social. Incremento que ha crecido tras la pandemia. La presidenta del Colegio de Médicos de Castellón, Eva Suárez, ha añadido que esta entidad sigue "muy de cerca el grave problema que supone que los pacientes utilicen la violencia contra aquellos que se dedican cuidarlos, como son los médicos".
Por su parte, el comisario principal jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional e Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas, resaltó el incremento en un 7% de las denuncias respecto a 2021. Pidió a los médicos que no empatizarán con los agresores porque hay un 17% de reincidentes. Recomendó que no entrarán solos a atender un servicio domiciliario.
Yanguas detalló que la Policía Nacional tuvo 8.812 actuaciones relacionadas con agresiones a profesionales sanitarios en 2021. Indicó que el 42% de las agresiones son verbales y aportó el dato de que, de las más de 10.000 agresiones registradas en 2021, un 10 por ciento fueron físicas. El comisario reiteró la colaboración entre los agentes sociales implicados para atajar el problema y apostó por la educación desde los colegios.
El doctor José María Rodríguez reivindicó un registro unificado de agresiones gestionado por el Ministerio de Sanidad para poder tener una base sólida y trabajar en la elaboración de una ley específica para atajar un problema que no solo es "nuestro, sino que afecta a otros países, europeos y mundiales".
ESTADÍSTICAS Apoyándose en datos estadísticos, como las 10.043 agresiones registradas en 2021, que supuso un incremento del 20%, de ellas 1.483 fueron agresiones físicas, recordó que estamos ante un problema que ha existido siempre y que también se da a nivel europeo y mundial. "Lamentablemente, estamos condenados a convivir con las agresiones". Por eso, apostilló, los Colegios ofrecen asistencia jurídica a los profesionales. Apeló también a mejorar la relación médico-paciente, "que se rompe tras una agresión", para lo que es preciso educar para la salud.
Alejandro Calvente instó a la Conselleria de Sanidad a poner en marcha un sistema de vigilancia frente a las agresiones, contando con la seguridad privada, al menos en los puntos de atención continuada, y que revise el espacio de las consultas, con importantes barreras arquitectónicas "que no dejan escapatoria al médico en caso de intento de agresión". Lamentó la baja cuantía de las sanciones que no disuaden al agresor y puso ejemplos como las agresiones verbales registradas hace apenas un mes en un centro de salud de Castellón. Calvente respondió a la petición de los agentes policiales de que el médico denuncie reclamando un sistema que las agilice y que se establezcan "mecanismos mucho más ágiles y anónimos para denunciar. Queremos que sea la propia Conselleria, como empleadora, la que efectúe esa denuncia".
DELITOS Y SANCIONES La Fiscal Jefe de Castellón, María Díaz, expuso las líneas básicas que sigue el ministerio fiscal a la hora de actuar ante un delito. Líneas que tienen como eje el principio de legalidad, de intervención mínima y de finalidad de la pena, señalando que tienen la posibilidad de sancionar a través del derecho administrativo y penal, pero que no se puede sancionar por ambos.
Señaló que el administrativo contempla multas de 601 a 30.000 euros por infracciones graves como desórdenes en establecimientos públicos, obstrucción aun empleado público en el ejercicio de sus funciones o intrusión en instalaciones donde se presten servicios básicos a la comunidad", apuntó. Ahora, bien, "cuando los hechos son graves, dijo, hay que acudir y siempre a la penal, por las consecuencias de antecedentes, control y medidas de seguridad".
El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ante la demanda de mayor seguridad planteada por los profesionales, indicó que "estamos poniendo medios para evitar esas agresiones". Acciones que pasan por poner más cámaras de vigilancia, cooperar con las fuerzas de seguridad, pero, sobre todo, "fomentando la educación e "intentar rehabilitar al agresor".
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