La Policía considera a un empresario de Carmona como el principal cabecilla de la organización, que contaba con más de 35 testaferros. La banda adquiría bienes inmuebles, entre los que destaca un castillo, para reintroducir el dinero ilícito en el circuito legal.
La trama del caso Mersant blanqueó presuntamente dinero procedente del narcotráfico a través de más de 80 sociedades y 35 testaferros. Los implicados adquirían bienes inmobiliarios para reinvertir en ellos las ganancias de la droga. Llegaron a comprar, según afirmó un testigo, un castillo en Paterna del Campo, por el que pagaron diez millones de euros. También hacían viajes a Italia, de donde venían con billetes de 500 euros, que luego cambiaban por otros más pequeños con la colaboración de la directora de un banco de Dos Hermanas.
Así consta en el sumario de esta investigación de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales y el fraude, al que ha tenido acceso este periódico. La operación policial se desarrolló en Sevilla y otras provincias españolas a finales del año pasado y en ella fueron detenidas 23 personas, entre ellas los dueños de Mersant Vigilancia, la empresa de seguridad privada por cuyos impagos a los trabajadores comenzó la investigación. El cabecilla de la trama es un empresario de Carmona, que manejaba un complejo entramado societario para reintroducir el dinero ilícito en el circuito legal.
Este empresario, identificado como F. J. C. G., prestó 1,3 millones de euros a los anteriores dueños de Mersant (R. S. M.; su marido, J. C. S.; y el administrador de la sociedad, R. M. G.) para que reflotaran la empresa, que tenía una deuda superior a los cuatro millones de euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Paradójicamente, Mersant era la empresa que prestaba servicios de vigilancia en esta institución, así como en otros organismos públicos y administraciones. Al no poder devolver el dinero prestado, el cabecilla de la trama adquirió la empresa y desvió los servicios que ésta prestaba a otra de su propiedad, Urcon Security. Mersant sería declarada después en concurso.
La investigación arrancó en verano de 2022 a raíz de varias denuncias del sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, tanto por los impagos de las nóminas de los más de 600 empleados de Mersant desde diciembre de 2021 como por la apropiación indebida de las cuotas de los afiliados a este organización por importe de 8.040 euros. El caso recayó en el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Sevilla. Tras varias gestiones, los investigadores corroboraron a través de diversas fuentes que el empresario de Carmona era el "cabecilla de una organización criminal especializada en la comisión de delitos económicos y el blanqueo de capitales".
Este hombre disponía de una "importante estructura con más de 80 empresas y 30 testaferros a través de la cual parece llevar a cabo una intensa actividad delictiva, siendo la descapitalización dolosa de Mersant Vigilancia la operativa de fraude más reciente de la que se tiene conocimiento". La Policía identifica hasta cuatro delitos en la manera de actuar de esta organización criminal. El primero de ellos es el fraude a la Seguridad Social, con la contratación fraudulenta de empleados para generar derechos sociales como son las ayudas por desempleo. El segundo es la frustración de la ejecución. Adquirían sociedades en crisis con deudas millonarias, cuyos activos (derechos y bienes) eran transferidos a empresas vinculadas con la organización, en perjuicio de los acreedores.
La tercera modalidad delictiva detectada es el fraude del IVA. Creaban un entramado de empresas instrumentales en las que una repercutía el IVA a una mercancía, permitiendo su derecho a la deducción, sin ingresar el importe correspondiente antes de desaparecer. Esta práctica se denomina como carrusel del IVA. Y la última actividad era el blanqueo de capitales generados por su actividad criminal y por otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El empresario de Carmona, de 52 años, ya había sido detenido en 2017 en el marco de la operación Komuchu, en la que la Policía desmanteló una trama de fraude a la Seguridad Social con 127 arrestados. Para poder ejercer las actividades de blanqueo, era fundamental la participación de la directora de una sucursal bancaria de Dos Hermanas. El patrón de actuación de la trama consistía en nombrar como administradores a testaferros que posteriormente otorgaban poderes notariales que no se inscribían en el registro mercantil a favor del cabecilla.
En cuanto a los ex dueños de Mersant, fueron detenidos en Albox (Almería), después de que se hubieran marchado de Sevilla tras la venta de la compañía. La titular de la empresa era R. S. M, dado que su marido, J. C. S., que ejercía de jefe de seguridad, estaba inhabilitado como gestor por el concurso culpable de una empresa de seguridad anterior, Kappa Vigilancia. A este hombre se le intervinieron armas, cuya legalidad está siendo investigada por la Policía. También fueron detenidos varios de sus más estrechos colaboradores, como su suegro, ex guardia civil, el hombre encargado del parque móvil de Mersant Vigilancia o la persona que ejercía de contable de la compañía.
El empresario de Carmona, considerado el líder de la banda de blanqueo, adquirió Mersant como pago de la deuda que el matrimonio había adquirido con él. Este hombre tenía estrechos lazos con dos personas implicadas en dos de los mayores alijos de droga intervenidos por la Policía Nacional en Andalucía en la historia reciente: la intervención de 52.600 kilos de hachís en diferentes naves industriales de Sevilla y Córdoba en el año 2013 y la incautación de 900 kilos de cocaína ocultos en un contenedor del puerto de Algeciras en 2016. Actualmente, la red estaría blanqueando dinero para dos organizaciones dedicadas al tráfico de droga, una de ciudadanos rusos y otra de mexicanos.
Uno de los traficantes, J. L. H. R., se encargaba de importar tomates y otros productos hortofrutícolas desde Marruecos, lo que servía para enmascarar las operaciones de tráfico de drogas. Uno de sus más estrechos colaboradores era un hombre vinculado históricamente al contrabando de tabaco. Este hombre adquirió para el primero de los traficantes un club de alterne de Las Cabezas de San Juan, mientras que a nombre de su mujer puso un concesionario de vehículos de alta gama. Este negocio tuvo que cerrar porque el yerno del narco, a quien se colocó de encargado, "no valía para vender".
Una de las operaciones más frecuentes para el blanqueo era la adquisición de bienes inmuebles. Uno de los investigados vivía en una casa en Santa Clara que fue adquirida de esta forma. Según uno de los testigos interrogados por la Policía, la organización tramitó la compra de un castillo para sus socios rusos. Este castillo está situado en la localidad onubense de Paterna del Campo y la red habría pagado por él diez millones de euros. La compra de vehículos de alta gama era otra de las actividades habituales para convertir el dinero ilegal en legal. Otra de las actividades de blanqueo consistía en realizar viajes a Italia para traer billetes de 500 euros, que luego se cambiaban en el banco de Dos Hermanas. La Policía detectó hasta cinco viajes a Italia entre el 24 de noviembre de 2021 y el 22 de febrero de 2022. Al banco acudía uno de los investigados en compañía de un "matón de gimnasio", un ultra de ideología neonazi que ejercía de guardaespaldas y que era propietario de un gimnasio de lucha.
La Policía constata las amenazas como práctica habitual de la banda. "Se observa un patrón de violencia mediante amenazas ejercida por parte de la organización criminal contra aquellos que se oponen a sus intereses", expone el informe de la UDEF. A una persona la coaccionaron para que firmara unos documentos amenazándoles con "ir a ver a su hija" a una asociación de una enfermedad que padece.
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