Cerca del punto que une las provincias de Cuenca, Teruel y València se erige un castillo del siglo XIII, en la localidad conquense de Salvacañete. Tanto la fortaleza medieval como el entorno que lo rodea son propiedad de la familia Revoredo, que explota el terreno para actividades cinegéticas con un coto de caza. Ahora este clan, que figura entre los más ricos de España, ha recibido un revés judicial tras tratar de ahorrarse inadecuadamente más de 94.300 euros en el pago del IVA. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la decisión de la Agencia Tributaria, que rectificó a una sociedad de la familia por tratar de deducirse en el pago de este impuesto gastos que no estaban vinculados con la actividad para la que se creó, entre los que se incluyen la reforma del castillo.
Para entender el intrincado caso que ha llevado a los Revoredo a este revés judicial, hay que hablar de tres sociedades, todas ellas vinculadas a la familia. La primera, Hispaninver SL, es la firma que es objeto de la investigación de la Agencia Tributaria. La segunda, Gubel, es el holding empresarial de la familia Revoredo a través del cual controlan Prosegur, como accionista único de esa empresa. Finalmente, Agrocinegética San Huberto SL, que es la sociedad que tiene arrendados los terrenos donde se ubica el castillo para la explotación en actividades de caza y es propiedad en exclusiva de Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.
El caso se remonta al ejercicio de 2014. Hispaninver presentó a la Agencia Tributaria las liquidaciones del IVA de los últimos dos trimestres del año, reclamando la devolución de más de 95.700 euros. La inspección analizó los datos presentados por esta sociedad y concluyó que ese cálculo era erróneo y lo corrigió hasta dejarlo en apenas una devolución de 1.400 euros. Esta conclusión fue respaldada por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid. El recurso ante dicha resolución es el que ha concluido con esta sentencia del TSJM en la que mantiene la posición planteada por la Agencia Tributaria.
Las empresas funcionan, en cierto modo, como recaudadoras del IVA por las actividades que realizan. A cambio de esa cantidad que recaudan, pueden deducirse el impuesto que han tenido que pagar por el suministro de bienes y servicios necesarios para la realización del trabajo. La ley limita esta devolución únicamente a aquellos gastos que están directamente vinculados. Es decir, no pueden deducirse todos los gastos que considere el empresario. Hispaninver, sin embargo, incluyó en su liquidación del IVA del año 2014 los gastos en suministros de telefonía y energía del citado castillo del siglo XIII. También las obras de reforma y mantenimiento de la histórica construcción. Este castillo, pese a su larga historia, no es un monumento visitable por el público general y solo es observable desde la distancia, como especifica la web de turismo del Gobierno castellano-manchego.
Aunque la finca y el castillo son propiedad de Hispaninver, su uso está arrendado a otra sociedad: Agrocinegética San Huberto. Esta empresa tiene, en realidad, los mismos propietarios. Su administradora única es Helena Revoredo, presidenta de Prosegur, quien a su vez es consejera delegada de Hispaninver, según figura en el Registro Mercantil, consultado a través de Insight View. De acuerdo con el contrato de arrendamiento, analizado por la sentencia, no se hace referencia al castillo y se limita a las actividades agrícolas y cinegéticas.
Con todo esto sobre el papel, la Agencia Tributaria concluyó, tras una revisión, que los gastos corrientes del castillo no forman parte de la actividad por la que factura Hispaninver y, por tanto, no pueden deducirse su IVA. Este criterio ha sido seguido posteriormente por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras los sucesivos recursos presentados por la sociedad de los Revoredo. Este medio se ha puesto en contacto con la familia propietaria de Prosegur, que ha decidido no valorar la sentencia ni ha confirmado si ha presentado recurso ante una instancia superior.
“El mencionado castillo es ajeno al negocio contractual, ya que nada se dice de él en las cláusulas relativas al objeto del contrato, al estado inicial de la finca, a los gastos estructurales, a las obligadores de la arrendataria, a las obligaciones de la arrendadora”, remarca la sentencia. “Por tanto, no son deducibles las cuotas soportadas discutidas”, añade el TSJM, quien además concluye que la Administración no ha incumplido con sus deberes respecto a la carga de la prueba. Por ello, desestima el recurso de Hispaninver.
La empresa de los Revoredo justifica la inclusión de estos gastos en la liquidación del IVA en que el castillo forma parte de la finca que se ha alquilado a otra sociedad que, en la práctica, está vinculada. Apuntan que es “parte inherente” y “facilita la promoción de los negocios”. “La mera presencia del castillo en la finca, dada su singularidad, revaloriza el valor intrínseco de la misma y su uso, a los efectos de los servicios cinegéticos realizados allí, y en consecuencia facilita la promoción de los negocios de la entidad del grupo a la que se cede la finca”, apunta. Además, añade que “dada la singularidad del Castillo” y “su potencial con respecto a planes futuros en la actividad de gestión hotelera”, se debería de incluir en el perímetro de la actividad de la empresa. “Son gastos de conservación y puro mantenimiento del inmueble, relacionados con la gestión ordinaria y que nada tienen que ver con una utilización no empresarial”, argumenta Hispaninver en un escrito refutado por la sentencia.
En la lista Forbes Helena Revoredo figura en la lista Forbes como una de las mayores fortunas de España, estimada en unos 1.000 millones de euros, fundamentalmente por su presencia en Prosegur. El holding familiar Gubel, a través del cual controla la empresa de seguridad y la sociedad Hispaninver, cuenta también con la presencia de sus hijos en el accionariado. Una de ellas, Bárbara Gut Revoredo, es la que figura actualmente como presidenta de Gubel, aunque Helena Revoredo se mantiene como consejera delegada.
Hispaninver es una sociedad que en 2020, último año con cuentas publicadas por la sociedad, no tenía trabajadores. Según figura en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de dicho ejercicio, sus activos inmobiliarios se circunscribían al castillo de Torrefuerte y a sus terrenos aledaños. Asegura en esta documentación que todos estos activos se encuentran alquilados a Agrocinegética San Huberto, sociedad propiedad de Helena Revoredo, que abonó 46.800 euros en 2020. La sociedad explica que se benefició en ese año de 7.020 euros de ayudas de la Política Agraria Común.
Por su parte, Agrocinegética San Huberto contaba en 2020 con 26 empleados y, aunque tiene determinados activos inmobiliarios, consta como el inquilino de varias fincas agrícolas y cinegéticas del grupo Gubel, como la propia de Cuenca que ha derivado en la causa judicial con la Agencia Tributaria. En todos ellos cuenta con contratos hasta 2029 y le abona al propietario 256.000 euros. La principal fuente de ingresos de esta empresa es la organización de “eventos cinegéticos”, por los que cobró 825.000 euros en 2020. Esta sociedad recibió más de 40.000 euros de ayudas de la PAC. La familia Revoredo estuvo asociada, en estas empresas, durante años con el aristócrata Pedro de Borbón. El duque de Calabria, que en su día se acogió a la amnistía fiscal, figuró como apoderado de Gubel, Hispaninver o Agrocinegética San Huberto. Esta relación, sin embargo, se truncó en 2016 y su marcha se hizo efectiva en el Registro Mercantil en 2020.
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