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El 31 de marzo finaliza el plazo para que puedan ser subrogados
La maniobra es de libro, y deja en la estacada a una docena de trabajadores del ISM de Bamio, que ven como se van a quedar en la calle por un subterfugio legal. El 31 de marzo concluirá el año de plazo para que los vigilantes de seguridad que prestaban sus servicios en Bamio sean subrogados por la nueva firma que asuma la concesión. Y la fecha llegará, probablemente, sin que eso suceda, con lo que los trabajadores se quedarán definitivamente en la calle, según temen los afectados.
Fue ese 31 de marzo del año 2022 cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones canceló su relación con la empresa Mersant, la concesionaria del servicio de vigilancia en Bamio. A partir de ahí comenzaba la cuenta atrás. Debía abrirse un nuevo concurso público para sacar a concesión el servicio. Y así fue, pero quedó desierto. ¿Cuál fue la razón? Pues porque quien quisiera asumirlo debía afrontar la deuda que Mersant tenía con los trabajadores por los retrasos en las nóminas. Es decir, era un caramelo envenenado que, evidentemente, nadie quiso tomar. Algo que, por otro lado, tenían perfectamente asumido los vigilantes, como confesaban tras conocer los requisitos a cumplir.
La aparición de Ernst & Young ¿En qué ha cambiado la situación en las últimas semanas para los trabajadores? Pues en que la firma Ernst & Young ha aceptado hacerse cargo del concurso necesario. Por tanto, se pone en marcha la maquinaria concursal. ¿Afecta esto a los trabajadores de Bamio? Pues afecta en lo tocante a cobrar el dinero adeudado. Es decir, es probable que se adelanten los tiempos, pero su situación laboral no cambia en absoluto. El reloj sigue corriendo y lo más probable es que ese 31 de marzo llegue sin solución para ellos, según lamentan los afectados. Pero, claro, la situación también ha cambiado para el ISM que, a partir de esa fecha, podrá sacar de nuevo el concurso, pero ya sin el lastre que suponen las deudas con unos vigilantes que ya no tendrá que subrogar la nueva concesionaria del servicio. Vigilantes que, en la inmensa mayoría de los casos, acumulan una antigüedad de más de veinte años. Y este, el de la antigüedad, es otro dato a tener en cuenta. De golpe y plomazo desaparecerá de las cuentas.
La excepción fue el personal de conserjería que, si bien formaba parte del contrato liquidado con Mersant, sí se reincorporó con un nuevo contratista en calidad de subrogado, «al no poderse demorar su contratación para atender necesidades concretas», se apuntaba desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el mes de mayo. Sin ellos, el funcionamiento de los cursos de formación era prácticamente inviable.
Entre tanto, el edificio del ISM sigue sin servicio de vigilancia y seguridad. Y el asunto no es baladí, porque al margen de que pueda suceder algún incidente con los alumnos que realizan sus cursos, o de los destrozos que se puedan realizar en el edificio, hay un almacén con productos pirotécnicos. Bengalas, botes de humo y pequeños cohetes, que se utilizan para las prácticas de los cursos de marinería y que han quedado sin ninguna protección. Entre otras cosas, porque la Guardia Civil había dado permiso para que el recinto en el que están no estuviera conectado a una central de alarmas porque el ISM contaba con un servicio de vigilancia de 24 horas que no tendrá hasta que se adjudique la nueva concesionaria.
De los retrasos en las nóminas a verse prácticamente en la calle pese a las promesas recibidas El calvario de los trabajadores de vigilancia del ISM de Bamio comenzó a finales del año 2021. Algún retraso en el cobro de las nóminas habían tenido ya, pero a partir de ahí la cosa se fue descontrolando. La nómina de noviembre la cobraron en el mes de diciembre y en enero del año pasado recibían una misiva de Mersant SL —la empresa que tenía la concesión del servicio— en la que se reconocía que la firma estaba pasando «un momento delicado». A mediados del mes de enero, se apuntaba desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones —responsable del ISM—, que se tenía constancia de un problema que afectaba a trabajadores de más centros de toda España. «El ISM es conocedor de esta situación y ha tomado cartas en el asunto. Se ha puesto en contacto con la empresa para llegar a una solución lo antes posible», respondía Madrid.
En febrero, cuando ya llevaban diez semanas sin cobrar, arreciaron sus protestas. Colgaron pancartas en el edificio de la Casa del Mar que estaba a punto de ser inaugurado. El día de su inauguración acudieron a la avenida de A Mariña. «No son trabajadores nuestros, porque lo que tenemos es una empresa contratada, pero hemos estado desde el primer momento preocupados por ellos. Hemos hecho todo lo posible, cumpliendo la ley, por rescindir el contrato con esta empresa. Sé que es una situación dolorosa para los trabajadores, que durante meses no han podido cobrar, pero nosotros hemos tenido que cumplir la ley y hacer lo que nos correspondía», dijo entonces la directora del ISM Elena Martínez. Y así hasta hoy, sin más noticias.
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