La CIG ha denunciado los "incumplimientos legales y administrativos" de la empresa
El comité de empresa de la CIG de GFS Securiy A Coruña ha denunciado los "incumplimientos legales y administrativos" de le empresa concesionaria de seguridad en las empresas de la zona de Ferrol en las que trabaja.
GFS Security lleva desde el pasado mes de octubre prestando servicios a empresas, como Reganosa o Forestal del Atlántico, después de que le fuesen cedidos la mayor parte de los clientes que tenía a nivel estatal la anterior concesionaria, Prosetecnisa, que entró en quiebra con una deuda superior a los 250.000 euros, habiendo dejado de pagar, según afirma la CIG en un comunicado, los salarios del mes de septiembre y las correspondientes liquidaciones a un centenar de trabajadores.
La Inspección de Trabajo de A Coruña dio el pasado mes de enero a GFS hasta el 13 de febrero para que acreditase qnte este organismo el pago de la deuda a todo el personal en la provincia de A Coruña. Inspección informaba a la empresa que en caso de no acreditar el pago de la deuda establecida estaría cometiendo una infracción tipificada como muy grave y en su máximo grado, lo que llevaría aparejada una sanción económica de entre 120.000 y 225.000 euros. Durante este periodo establecido, la empresa se realizó varios ingresos a algunos trabajadores vinculados con empresas del grupo Tojeiro, pero, según afirma el sindicato, solo parcialmente, restando a cada trabajador entre 200 y 300 eurso de los importes de estos salarios.
La CIG ha afirmado que la empresa de seguridad se ha engado a colaborar con la Inspección de Trabajo de A Coruña, al no acudir a las citación cuando se le requería, "impidiendo y obstaculizando las funciaones de investigaciones abiertas contra la empresa, dando inicio por todo ello a la reapertura de un expediente sancionador", a la que además de la infracción advertida por Inspección, se incluía un agravante por obstruccion a la función inspectora. CIG Servizo ha denunciado, pues, una vez más a GFS Security por el retraso en los pagos de los salarios correspondientes al pasado mes de enero, al ser abonados entre el 6 y el 8 de febrero a todos los trabajadores en la provincia de A Coruña, cuando el convenio indica que los salarios deben ser percibidos entre los tres primeros días de cada mes.
Afirman que la decisión final de dar continuidad "a esta empresa sumida en múltiples deudas, sanciones administrativas, investigaciones penales y denuncias en los juzgados" estaría sobre todo en los clientes, que mantienen en vigos los contratos de seguridad de sus puestos de trabajo, rescidiendo estos contraros "regresando a una contratación responsable en la prestación de los servicios de seguidad", denuncian desde el grupo sindical.
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