Al pequeño universo de la seguridad privada le ha afectado la crisis de tal manera que casi una de cada cuatro pequeñas empresas ha desaparecido y muchas otras están al borde de la extinción.
No se trata ya sólo de expedientes de regulación de empleo, o mala praxis laboral, sino que el desfase entre activos y pasivos exigibles está abocando sin remedio a la liquidación de empresas. Éste es el caso de Seguridad Integral Canaria, del polémico empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, quien, en una jugada maestra, vendió hace dos meses todas las acciones a Héctor de Armas. Ahora, un informe de la administración concursal sitúa a esta empresa al borde de la liquidación.
Algunos directivos de las Asociaciones de empresas de seguridad privada ya advirtieron que no sólo la crisis iba a influir en el mantenimiento o cierre de grandes y pequeñas empresas de este sector, sino que el cierre de muchas de ellas vendría dado como una regulación efectuada por el propio mercado. Y en parte así ha sido, como ocurrió con el desastre de Segur Ibérica, la tercera empresa de seguridad del país, que hace tan sólo un año aplicó un ERE dejó a cerca de 2.000 trabajadores en el paro.
Pero el dato más paradigmático es el de la polémica empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), de la que Extraconfidencial.comha venido informando puntualmente Extraconfidencial.com se lo adelantó: El “rey” de la seguridad privada y presidente del Club Deportivo Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, detenido por un presunto delito contra la Seguridad Social: un informe de la administración concursal de la empresa al que hemos tenido acceso concluye que Seguridad Integral Canaria tiene tal desfase entre activos y pasivos exigibles que está abocada sin remedio a la liquidación.
Ni con contratos millonarios de la Administración El informe concursal ahonda en las inconcreciones en la gestión de la compañía, además de acusar de falta de colaboración al equipo saliente (el de Miguel Ángel Ramírez), tanto con los propios administradores como con los nuevos gestores (Héctor de Armas), quienes presentan otra actitud, pero sin los conocimientos necesarios sobre la situación como para reconducir la empresa.
Efectivamente, después de varios años de polémica y de enfrentamientos con los trabajadores y los sindicatos en los Juzgados, el empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, que presidía también el Club Deportivo Las Palmas, agobiado por la tensión de la tutela a la que se veía sometido por un concurso de acreedores, vendió el pasado mes de junio todas las acciones de SIC a Héctor de Armas, que venía ejerciendo como administrador único de la compañía desde 2011.
Según fuentes sindicales, De Armas reunió entonces a la plantilla de la empresa, que sigue contando con importantes contratos del Estado o empresas públicas, y les dijo que adquiría Seguridad Integral Canariacon el propósito de “dar un paso adelante en favor de la viabilidad y continuidad del proyecto empresarial” que lideró durante años Miguel Ángel Ramírez, quien ya había adelantado hacía tiempo su intención de salir del capital de la compañía, en la que ya no tenía cargos directivos. De Armas les dijo entonces que su propósito a corto plazo era incorporar al equipo directivo de Seguridad Integral y a sus mandos intermedios al capital social, dado que sería muy importante para el resurgir de la empresa la implicación accionarial de personas que conocían perfectamente su funcionamiento. Y como prueba de buena voluntad, el nuevo propietario dijo estar poniéndose al día en los salarios devengados desde la declaración del concurso mediante el pago de 7,2 millones de euros.
En situación práctica de liquidación Sin embargo, la cosa no está nada clara para el equipo concursal que estudia el activo y pasivo de la empresa, así como los contratos que aún mantiene, los cuales, por su opacidad, han dado lugar a diversas preguntas parlamentarias al Gobierno por parte de diputados canarios de la oposición. Así las cosas, y ante la filtración de datos del nuevo informe de la administración concursal, el secretario general de FTSP-USO, Basilio Alberto Febles, ha lamentado a este periódico “el desamparo en el que pueden caer los trabajadores de Seguridad Integral Canaria si los clientes que aún mantienen contratos de seguridad con ella no los rescinden y eligen a otras empresas que subroguen a la plantilla y pongan fin a meses de impagos. Los trabajadores ya no pueden más: familias en una situación económica muy precaria, con sostén de conocidos u otros familiares; amenazas de cortes de suministro o incluso de desahucios… unas condiciones de vida insostenibles”. Febles señala como origen de esta caótica situación de SIC su “bajada temeraria del precio en los concursos públicos, con la ayuda de un convenio de empresa de menor coste salarial que el de sector que, tras su anulación, ha provocado un millonario pago de atrasos a trabajadores y cotizaciones a la Seguridad Social”.
Hay que recordar que la fuerte expansión de Seguridad Integral Canaria se produjo en 2012, cuando se hizo con todo el servicio de las edificaciones y espacios exteriores dependiente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. En 2013, fruto de la política de licitaciones y contrataciones de la sociedad, también recibió la adjudicación de Metro de Madrid, y siguió con los centros y delegaciones de Gobierno, Ejército de Tierra y Defensa Nacionalen 2014. Es más, tras esa política de expansión, en 2017 la sociedad aún tenía concertados 465 contratos de servicios de vigilancia, un tercio de ellos con el sector público. Algunos aún se mantienen, como con el Gobierno de Canarias. Sin embargo, como se venía especulando desde 2015, el edificio entero puede estar a punto de derribarse, según los cálculos de FTSP-USO. La situación para los trabajadores es tan grave, que ahora el secretario general de FTSP-USO, Basilio Alberto Febles, ha instado a las empresas contratistas, como Disa, CaixaBanko Hiperdino, pero sobre todo a las administraciones públicas, a rescindir los contratos con CIS y dárselos a otras empresas que subroguen a estos trabajadores.
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