El ministerio público acusa a seis miembros de una misma familia que provocaron el pánico en 2016
El tiroteo que en la noche del 15 de mayo de 2016 se saldó con dos heridos -las personas a las que se pretendía matar, según la fiscal-, numerosos destrozos a la entrada del CHUO y el pánico generalizado del personal sanitario y los visitantes que a esa hora se encontraban allí será juzgado en noviembre en la Audiencia provincial durante dos jornadas.
En total, la acusación pública reclama 63 años y medio de cárcel para seis miembros de un misma familia -Antonio Gabarri Montoya; sus hijos Daniel y Moisés Gabarri Borja; Diego Gabarri Montoya (hermano de Antonio) y sus hijos Rubén y Miqueas Gabarri Montoya- por dos tentativas de homicidio, desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas, daños y atentado a personal de seguridad privada. El desencadenante de este grave incidente, que tuvo en vilo a las fuerzas de seguridad, fueron las desavenencias entre dos clanes gitanos, incitada por la relación sentimental de la hija de uno de los inculpados, que ese día había ingresado en el hospital dado su avanzado estado de gestación, y un joven de la familia rival.
Según la fiscal, los acusados pretendían acabar con la vida del patriarca del otro clan, Eduardo Montoya, que había llevado a la joven al hospital, "y de cualquier persona de su familia que se interpusiera" (en este caso fue su hijo Francisco). El enfrentamiento había surgido años antes dentro de una misma familia, de forma que una parte continuó viviendo en el poblado de A Fontela (Maside) mientras que otra, Eduardo Montoya y los suyos, se fue a unas casas en ese mismo municipio. El conflicto tornó un cariz shakesperiano cuando la hija de Antonio Gabarri hizo la maleta, se fue con un hijo de los repudiados y se quedó embarazada.
La acción criminal desplegada por los investigados (asentados en A Fontela) tuvo dos momentos diferenciados. En un primer episodio, Antonio y sus hijos, según sostiene la fiscalía, "dispararon a 20 metros de Eduardo", que estaba delante de la puerta de acceso al centro hospitalario. El auxilio de su hijo Francisco, que se abalanzó sobre él, evitó que fuera alcanzado de lleno. Ambos tuvieron que buscar refugio detrás de un coche estacionado para no ser alcanzados. Por su parte, los tres imputados -añade- continuaron disparando de forma indiscriminada contra la entrada del hospital, en donde la gente que allí se encontraba colocó una máquina expendedora para protegerse.
Posteriormente, Diego y sus hijos acudieron al lugar de los hechos con más armas de fuego en apoyo de sus familiares para ayudarles a materializar su plan. Los vástagos también efectuaron disparos, a tenor de la versión de la acusación y Diego encañonó a un vigilante de seguridad antes de darse a la fuga. Durante el tiroteo, Eduardo sufrió heridas superficiales en el cuero cabelludo, cuello, cara y hombro. Su hijo salió un poco peor parado con múltiples heridas de perdigones en el muslo, de donde le extrajeron tres.
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