Se aprueba el informe sobre el régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas

La Comisión de Defensa ha aprobado el informe con enmiendas sobre el régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas.

Se pide un desarrollo en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada con el fin de que el personal de las Fuerzas Armadas se exima de realizar las pruebas sobre de conocimiento y capacidad profesional en los empleos de vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza o guardapescas marítimos. Cabe la posibilidad de estudiar la inserción de este personal en empresas privadas a través de incentivos fiscales.

Tras un año y medio de trabajo, la Comisión de Defensa aprueba el informe que estudia la situación actual de las tropas y marinería que la Ley 8/2006 del 24 de abril desarrolla. La subcomisión que ha tenido que decidir si aprobarla o no ha sido compuesta por 32 ponentes relacionados con asociaciones, administración pública y analistas del ámbito de las Fuerzas Armadas. En cuanto a las medidas que se demandan, éstas tratan sobre la formación, reinserción en el ámbito civil, la cultura de Defensa, los convenios con administraciones públicas y empresas privadas y sobre el seguimiento y control de implementación.

Con respecto a las medidas de reinserción, se quiere incrementar progresivamente el número de plazas para militares de tropa y marinería permanentes, establecer un cupo anual de pase a reserva con carácter voluntario e incrementar la asignación de los Reservistas de Especial Disponibilidad en función de lo que registren los trabajadores del sector público. Algunas medidas pretenden revalorizar la formación, la experiencia adquirida y los años servidos en las Fuerzas Armadas. De esta manera, se reserva el 75% de las plazas del personal laboral para militares temporales que tengan mínimo 5 años de servicio y para los Reservistas de Especial Disponibilidad en las convocatorias de empleo público en el Ministerio de Defensa y organismos autónomos.

Para ello, el Congreso de los Diputados solicita diseñar un modelo de convocatoria efectivo donde se aproveche las capacidades profesionales del personal y se reconozca el mérito de quienes han participado en la defensa y seguridad del Estado. También se cuenta con la participación de las administraciones públicas que podrán convocar plazas de personal fijo para destinarlas exclusivamente a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos 10 años de su carrera y para los reservistas de especial disponibilidad que estén en activo.

Por otro, algunas medidas de formación son la modificación de los Planes de Estudio (PLEST) en el plazo de un año, la acreditación para impartir ciclos de FP de grado medio y superior en los Centros Docentes Militares de Formación (CDMF), la mejora de las plataformas digitales en el Ministerio de Defensa para facilitar el acceso a la formación o un incremento de los recursos asignados a las becas, entre otras. A su vez, se quiere proporcionar una certificación con el historial formativo incluido por parte del Ministerio a quienes abandonen las Fuerzas Armadas y establecer un catálogo de equivalencias entre la formación y funciones desempeñadas por los militares y las certificaciones de profesionalidad del catálogo del SEPE. Las certificaciones profesionales serán otorgadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y tendrán reconocimiento europeo, pudiendo acceder a puestos de trabajo en empresas privadas.

También se ha contado con la participación de algunos grupos parlamentarios quienes han presentado una enmienda sobre le informe. Ésta insta al Gobierno a crear urgentemente una Comisión Interministerial compuesta por 8 Ministerios en la que participen Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, agentes económicos y sociales y organizaciones empresariales y sindicales para que se haga un control efectivo de las medidas. El plazo para crear esta Comisión sería dentro de los próximos cuatro meses y a través de un Real Decreto. Finalmente, se establece que el Observatorio de Vida Militar se encargue del análisis permanente de la implantación de las medidas previstas en el informe.

FUENTE: www.economistjurist.es AQUÍ