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Los robos impulsan la demanda de escoltas bancarios en el país sudamericano, mientras el Gobierno de Boric busca regular el mercado
El ingeniero chileno José Reyes, de 42 años, contextura mediana y vecino del municipio de Santiago centro, pagó 310 dólares a finales del año pasado para que un coche lo recogiera en su casa y dos escoltas desarmados lo acompañaran a retirar unos 10.000 dólares al banco. Tomó la decisión, comenta por teléfono, después de que a dos conocidos les robaran al salir de una sucursal bancaria, un fenómeno delictivo donde los agresores marcan a una persona dentro de la oficina y, una vez que sale, le quitan con violencia el dinero.
Este crimen no es nuevo, pero la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) explica que ha aumentado -hasta cifras récord- y se ha complejizado desde que lo practican bandas organizadas. El Gobierno de Gabriel Boric ha encendido la alarma ante el auge de los “escoltas bancarios” porque no existe una ley que los regule específicamente. El compromiso de la Administración es sacar adelante una Ley de Seguridad Privada en 2023 y, mientras tanto, fortalecer la fiscalización de quienes ofrecen estos servicios.
Reyes, que trabaja como jefe de prevención de una empresa de plásticos, contrató los servicios de la empresa de seguridad As Group. César Bustos, gerente general de la marca, comenta que en 2019 solo 18 clientes contrataron el servicio de escolta bancario. En 2020 lo hicieron 48 personas; en 2021, 200; y en 2022, 245. Paralelamente, el delito llamado “salida de banco” también ha aumentado. Entre 2017 y 2021, el promedio anual fue de 400 casos. En septiembre de 2022 la cifra ya superaba los 500, según la Fiscalía Metropolitana, y se proyectaba cerrar el año con más de 700.
El subcomisario Joel Soto de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte explica por teléfono que es un delito muy apetecido entre los ladrones por lo fácil que es obtener grandes sumas de dinero. Aclara que no es un delito importado, pero que sí ha cambiado la forma en cómo opera. “Antes el sujeto seguía a la víctima, pinchaba la rueda del neumático de su coche, le ofrecía ayuda y le robaba. Era un hurto. Ahora es un delito con utilización de armas, violencia, operado por bandas”, afirma Soto. Bustos, de As Group, apunta que antes del estallido social de octubre de 2019, el perfil de los clientes de escoltas eran contratistas de los sectores más acomodados de Santiago que a finales y principios de mes acudían al banco para retirar los sueldos de una empresa. Ahora dice que solicitan sus servicios todos los días del mes y en puntos de la capital más populares, como los municipios de San Miguel, Pudahuel o Colina.
El servicio más básico cuesta unos 125 dólares y consiste en un escolta que acompaña al cliente a pie. El más caro es de 750 dólares, donde participan tres escoltas y tres vehículos. Cuenta con una revisión previa de la sucursal bancaria, diferentes rutas de tránsito según el riesgo, un escolta que vigila antes y después de realizar la operación en el banco y alta visibilidad para que el cliente “se vea lo más protegido posible” y produzca un efecto disuasorio. Defense Security funciona diferente. Esta empresa viste a sus escoltas lo más similar posible al entorno social donde se ubica el banco. Marco Price, gerente general de Defense Security, insiste en que no hay que tener una visión “hollywoodense” de los escoltas. “No son guardaespaldas armados que entran en una pelea contra varios y eliminan a 15. En mi empresa son personas que van desarmadas y que funcionan en base a la inteligencia y el manejo del procedimiento de evasión, saber a dónde ir, a qué hora, los puntos más vulnerables”, afirma por teléfono.
El 99% de los más de 200 escoltas con que cuenta As Group son exagentes de las Fuerzas Armadas, según la información entregada por Bustos. Los exmilitares, como los expolicías, tienen la facultad de portar armas. “Si atacan al exagente durante el procedimiento, puede hacer uso de su arma por la ley de la legítima defensa. Si atacan al escoltado hay un vacío legal que tenemos que discutir”, plantea Bustos.
Un servicio sin regulación El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, explica por escrito que actualmente la actividad de “escoltas privados” no sólo no está regulada, sino que además cae en un “mercado sin normas, que no asegura ningún estándar de calidad, ni cursos de capacitación, ni protocolos de actuación, ni requisitos mínimos de quienes ofician como escoltas para dar seguridad a quienes los contratan, lo que al final del día repercute en la seguridad de las personas”. Mientras trabajan en avanzar la tramitación de una Ley de Seguridad Privada, Vergara advierte que se busca fortalecer la fiscalización de quienes tienen permiso de ejercer la seguridad privada, como las empresas y guardias de seguridad para que “se mantengan en sus labores”.
El Gobierno de Boric está trabajando en una robusta agenda en materia de seguridad, como detalló en EL PAÍS el subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve. Iniciativas como el Centro para la Prevención de Homicidios o la primera política contra el crimen organizado buscan reducir la sensación de inseguridad ciudadana que alcanza su mayor nivel en dos décadas. La tasa de Delitos de Mayor Connotación Social aumentó un 44,6% en 2022 respecto del año 2021, según el informe anual del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito publicado dos semanas atrás. Los delitos que registraron mayores alzas fueron el robo con violencia o intimidación (63,1%) –en esta categoría se incluye a la “salida de banco”– el robo por sorpresa (61,2%) y el robo en lugar no habitado (56,4%).
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