La sanción propuesta para la empresa va de 30.000 a 600.000 euros, mientras que las constructoras se pueden enfrentar a sanciones de entre 20.000 y 100.000 euros. Los individuos que realizaron funciones propias de vigilantes de seguridad sin la habilitación requerida se pueden enfrentar a sanciones de entre 6.000 y 30.000 euros.
Durante la investigación, se determinó que la empresa supuestamente ofrecía servicios de controladores de acceso y mantenimiento de vallas a empresas constructoras en horarios en los que no se trabajaba en las obras, cuando no era necesario controlar el acceso. Se encontró que las constructoras estaban pagando cuatro veces menos de lo que costaría un servicio de vigilancia si se hubiese realizado por una empresa autorizada. Según la Ley de Seguridad Privada, en relación a la empresa investigada, es sancionable la prestación de servicios de seguridad privada a terceros sin autorización, y la califica como una infracción muy grave.
De igual manera, las constructoras pueden haber incurrido en una infracción muy grave de la citada ley por la contratación o utilización de servicios de empresas de seguridad privada sin autorización específica. Los trabajadores incurren en otro incumplimiento al realizar funciones de seguridad privada sin la habilitación necesaria. Los supuestos infractores utilizaban carteles con un logo, donde indicaban que la obra estaba protegida por ellos. La Unidad Territorial de Seguridad Privada en Baleares continuará su investigación y propondrá sanciones a todas las empresas que hayan contratado a la empresa de servicios en las condiciones descritas, así como a aquellas empresas que, bajo la apariencia de realizar ciertos trabajos, realizan actividades propias de las empresas de seguridad privada sin estar autorizadas para ello.
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