El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, está echando cuentas de cuánto supondrá ampliar el actual modelo de jubilación parcial a otros sectores además del automóvil. Y tiene un plazo limitado, pues se ha comprometido en la reforma de las pensiones a negociar el nuevo modelo con los agentes sociales y presentarlo al Pacto de Toledo antes del 30 de junio. Los sindicatos piden ampliar el actual modelo al resto de sectores y la Seguridad Social tiene que buscar fórmulas para “equilibrar” el coste que supondría. Además, la jubilación parcial es una manera de adelantar la jubilación, unos cuatro años en la actualidad, algo contrario al objetivo de Escrivá de incentivar el retaso en la salida de la actividad.
La jubilación parcial, a la que están acogidos unas 20.000 personas según el catedrático de derecho Jesús Cruz, permite que trabajadores llegados a cierta edad puedan compaginar una pensión (parcial) con un trabajo, también parcial. Actualmente, explica Cruz, la ley permite dos modalidades: con contrato y sin contrato de relevo. La primera implica que la empresa debe contratar a una nueva persona, mediante un contrato de relevo, a tiempo parcial o, incluso, a tiempo competo. O sin que la empresa contrate a nadie, bastante más marginal, que exige que el trabajador haya cumplido la edad legal de jubilación (66 años y 4 meses), pero podrá seguir trabajando con jornada reducida. Es una entrada suave a la jubilación que no genera costes a la Seguridad Social, todo lo contrario.
Sin embargo, el interés de los agentes sociales es potenciar la modalidad con contrato de relevo que, además de permitir una transición suave a la jubilación, fomenta la contratación y facilita el rejuvenecimiento de las plantillas, algo que interesa a las patronales. Pero es caro para el sistema público de pensiones. El sector manufacturero, especialmente el del automóvil, es el único que se puede acoger a esta fórmula que permite a un trabajador de 62 años y 4 meses (con 33 años cotizados) jubilarse parcialmente y continuar con una reducción de jornada entre el 25% y el 75%. La Seguridad Social deberá, pues, abonar esta pensión que será proporcional al tiempo que deje de trabajar y además dejará de recibir parte de las cotizaciones (sumando la del nuevo trabajador relevista y la parte proporcional del relevado, no compensan la cotización completa del relevado). Y, cuando al jubilado parcial le llegue la edad ordinaria de jubilación, cobrará la pensión sin ninguna merma. Mucho dinero para Escrivá.
Jesús Cruz, que señala que otros sectores como transporte o construcción lo están pidiendo, explica que el modelo actual del automóvil es muy generoso con las empresas, pues no les obliga a contratar al relevista, pues el contrato de relevo decae una vez se jubile totalmente el relevado. Además, no le exige un contrato indefinido, salvo que el relevado reduzca su jornada un 80%. Los sindicatos quieren acabar con esta fórmula y plantean varias medidas para compensar el sobrecoste que tendría extender la jubilación parcial a todos los sectores.
La primera medida que pondrán encima de la mesa tanto CCOO como UGT es volver al modelo pactado en 2011 cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. El contrato de relevo deberá cotizar como si fuese a tiempo completo, lo que permitiría reducir la brecha a tan solo el 30%, explica Carlos Bravo, responsable de pensiones de CCOO. Además, pedirá que el contratado sea indefinido y a tiempo completo y que se garantice su permanencia en la empresa una vez se jubile totalmente el relevado. Las empresas incumplidores podrían ser obligadas a devolver las ayudas recibidas, señala Bravo.
Una tercera medida es considerar la contratación de relevo como un instrumento de creación de empleo de calidad y, por tanto, financiado con dinero procedente de las políticas activas de Empleo de los presupuestos generales. Lo que se han venido llamando “gastos impropios” de la Seguridad Social. Pero eso, apunta Bravo, ya no depende de la voluntad de Escrivá, sino del Ministerio de Hacienda que deberá liberar los fondos.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, considera que lo ideal es la extensión a todos los sectores, aunque podría limitarse a aquellos de mayor penosidad, como sucede con el automóvil. E insiste, igualmente, en que el sobrecoste ha de compensarse en parte con el contrato de relevo del nuevo trabajador, que deberá ser indefinido. Además, Luján plantea la necesidad de ver el ahorro desde varios ángulos, no exclusivamente el de las arcas de la Seguridad Social. Por ejemplo, si el nuevo trabajador sale del desempleo, se produce un ahorro. En cualquier caso, Luján recuerda que existe un problema añadido: el modelo del automóvil caduca el 31 de diciembre, lo que exige que se dé respuesta a este sector que demanda la continuidad del contrato de relevo para rejuvenecer las plantillas.
De su misma opinión es Diego Carril, asesor jurídico de Anfac, la patronal del automóvil. Su objetivo es que con la negociación se dé carácter estructural al modelo que utiliza el automóvil y que, de momento, tiene una duración de un año. O, por lo menos, que prorrogue por cuatro años como se hizo en 2018. Carril explica que en estos momentos hay un millar de trabajadores con contratos de relevo en las fábricas españolas. No obstante, el asesor de Anfac es consciente de que abrir el modelo a otros sectores, supondrá un coste añadido para la Seguridad Social aunque recuerda que al automóvil se le exige que el 70% de la plantilla sea indefinida lo que garantiza unos mayores ingresos a la Seguridad Social.
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