Hace casi un año que el Ministerio de Trabajo encargó a un grupo de expertos que analizasen el impacto de la precariedad laboral en la salud mental. Este viernes presentan el informe que han elaborado, Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas, coordinado por el profesor de Salud Pública de la Pompeu Fabra Joan Benach, junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Como otros estudios en la misma línea, este análisis detecta una relación entre las malas condiciones laborales y los problemas de ansiedad y depresión.
Los expertos calculan que el 33,2% de los casos de depresión que la población activa sufrió en 2020 podrían haberse evitado con un empleo estable. Así, de los 511.000 casos de depresión en este grupo de población, 170.000 son atribuibles a la precariedad. Para corregir este problema, el informe propone medidas concretas como seguir mejorando el salario mínimo (que ha crecido un 47% desde 2018, hasta 1.080 euros mensuales), reducir la jornada laboral a entre 32 y 35 horas semanales o la reforma del trabajo a tiempo parcial, “con perspectiva de género, cuidados y promoción de salud”.
“Trabajar puede ser una actividad gratificante, saludable, plena de sentido y hasta divertida, pero también puede convertirse en un suplicio insoportable que nos enferma y nos puede llegar a matar. Muchas trabajadoras y trabajadores tratan infructuosamente de conseguir un empleo digno y justo, hoy muy escaso, viéndose en la necesidad de realizar uno o varios trabajos precarios que afectan su salud y su vida. Ser precario implica vivir una vida insegura, ser más frágil, envejecer y morir antes de tiempo”, señala al inicio del informe Benach. El experto apunta directamente a las fórmulas laborales que más precariedad implican: “El chantaje de la necesidad obliga a aceptar un trabajo por un salario mísero, de mera subsistencia, con condiciones laborales nocivas, cuando no altamente tóxicas. La economía de las plataformas digitales ilustra muy bien esta preocupante realidad [...]. Esa tóxica forma de trabajar es hoy una realidad demasiado común, de modo que el mal empleo penetra en los cuerpos y en las mentes de las personas generando daños en la salud, sufrimiento psíquico y trastornos mentales”.
El informe desarrolla este punto de partida aportando datos. A partir de las últimas cifras disponibles de la Encuesta Europea de Salud en España (2020), se analiza el riesgo de depresión según el nivel de estabilidad laboral: “Se aprecia, especialmente en el caso de las mujeres, un mayor riesgo de depresión en la situación laboral más precaria y en caso de desempleo, con un gradiente según la clase social ocupacional. Entre la población activa hubo un total de más de 511.000 casos de depresión, con un riesgo atribuible poblacional del 33,2%, de modo que se puede decir que si la población precarizada (incluyendo la desempleada) hubiera tenido un empleo estable, se habrían podido evitar casi 170.000 casos de depresión”.
“La investigación sobre la precariedad laboral y la salud”, continúa el estudio, “ha mostrado que hay una relación en forma de gradiente en muchos otros casos, de modo que cuanto mayor es el nivel de precariedad laboral, mayor es también la prevalencia de padecer mala salud mental. Estos efectos se han observado tanto a nivel nacional como europeo. Algunos estudios han podido presentar también la existencia de efectos a largo plazo, lo cual demuestra que la precariedad es capaz de generar un impacto duradero sobre la salud”.
Más allá de la relación entre la precariedad y los problemas de salud mental, el informe reúne algunos datos que subrayan el gran problema que suponen la ansiedad y la depresión en España. “España tiene una elevada prevalencia de problemas de salud mental en la población de 15 años o más: el 5,8% tiene ansiedad crónica (una de cada 12 mujeres, una de cada 28 hombres, una de cada 12 personas desempleadas, una de cada 23 personas que trabajan y una de cada cuatro personas incapacitadas para trabajar) y el 5,3% depresión (una de cada 14 mujeres, uno de cada 31 hombres, una de cada 13 personas desempleadas, una de cada 40 personas que trabajan y una de cada cuatro personas incapacitadas para trabajar)”. “Habitualmente”, prosigue el informe, “el sufrimiento psicosocial es delegado a un sistema de atención sanitaria que trata (y tiende a hipermedicalizar) esas condiciones de salud. España es el país que más ansiolíticos e hipnóticos consume del mundo por habitante. Casi un 11% de adultos declara haber consumido tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir en las últimas dos semanas”.
Recomendaciones El informe recoge recomendaciones concretas a los poderes públicos para atajar estos problemas, como “continuar avanzando en la implementación de un salario mínimo interprofesional y que garantice niveles adecuados de remuneraciones e ingresos”; “la reforma del trabajo a tiempo parcial con perspectiva de género, cuidados y promoción de salud”; “el empoderamiento de las personas trabajadoras sobre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo, con especial referencia a la desconexión digital, y la revisión y actualización de la normativa sobre tiempo de trabajo y descansos”; o “el avance en la extensión alcance y efectividad de los derechos de conciliación”.
En la misma línea, el estudio apuesta por “mantener el objetivo del pleno empleo; eliminar las políticas públicas que perpetúan la división sexual del trabajo y la desigualdad de género; avanzar en la reducción de la jornada laboral (entre 32-35 horas en cómputo semanal)”; o “eliminar la distribución irregular de jornadas”. También plantea un nuevo Estatuto del Becario “que permita alcanzar un mejor equilibrio entre formación, experiencia, derechos e incorporación al mundo laboral” (actualmente en negociación entre el Gobierno y los agentes sociales) o avanzar en la regularización de personas trabajadoras extranjeras que trabajan de forma irregular.
Los expertos hacen otras muchas propuestas concretas, como reforzar la sanidad “para que ofrezca una atención a la salud mental que sea universal, equitativa, gratuita y de calidad”. España tiene seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en la red pública, tres veces menos que la media europea, y 11 psiquiatras por cada 100.000 personas, casi cinco veces menos que en Suiza (52) y la mitad que en Francia (23), Alemania (27) o Países Bajos (24). Mientras, las tasas de suicidio y los problemas de salud mental siguen aumentando.
El estudio también aprecia la necesidad de abordar “la gestión del tiempo, el reparto del trabajo y el trabajo garantizado; plantear una renta básica universal o garantizada” o “abrir el debate sobre la participación en el diseño y uso de los algoritmos por parte de las personas trabajadoras”. Además, los expertos requieren una mejora en el diagnóstico del problema, así que solicitan “un sistema de vigilancia que permita generar y examinar indicadores de precariedad laboral y su impacto sobre la salud mental”.
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