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En 2021 el sector de las empresas de seguridad españolas generó un volumen de negocio de 5.100 millones de euros, lo que supone un 4,0% más que en 2020, alcanzando un máximo histórico.
El desarrollo de nuevas tecnologías y su contribución a la optimización y mayor eficacia y eficiencia del servicio, una de las fortalezas del sector. El documento también cuenta con una entrevista a Luis Gabriel González Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (ASECOPS).
En 2021, sólo 12.000 de los cerca de 85.700 profesionales de la seguridad privada en España eran mujeres, lo que suponía un 14% del total de trabajadores de este sector, un porcentaje que solo ha crecido en un punto desde 2015. Este es uno de los datos más relevantes que presenta el documento Grandes Cifras 2022 Sector de Seguridad, elaborado por la Comisión de Research y Formación de IFMA España. Además de esta cifra sobre la brecha de género, el sector de las empresas de seguridad españolas generó en 2021 un volumen de negocio de 5.100 millones de euros, lo que supone un 4,0% más que en 2020, alcanzando un máximo histórico y creciendo en tres de sus categorías más relevantes.
De este modo, los servicios de vigilancia sumaron 2.704 millones, +1,3% y fueron el 53% del total de los 5.100 millones antes citados. En el mercado de transporte de fondos se facturaron 336 millones, + 6,3% y supuso el 6,6 del total del negocio. Y donde se creció especialmente fue en el nicho de derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a las Centrales Receptoras de Alarmas (CRA), donde se incrementó en +7,6% respecto a 2020, alcanzado los 2.060 millones de euros y suponiendo un 40,4% del total.
En cuanto a otros indicadores del sector plasmados en el estudio Grandes Cifras 2022 Sector de Seguridad elaborado por la Comisión de Research y Formación de IFMA España, cabe destacar también que la principal procedencia de negocio es del sector privado (75%); y que en cuanto a los segmentos de demanda de vigilancia destaca la Industria y Energía junto a Comercio y Servicios; donde ambos segmentos se sitúan en el 16,5% de la facturación. A continuación, Infraestructuras de Transporte representa el 15,6%, seguido de Edificios e Instalaciones de Organismos Públicos, con un 11,8%.
Las nuevas tecnologías como fortaleza En lo que al ecosistema empresarial se refiere, en 2021 se censaron un total de 1.796 empresas con CNAE. A pesar del amplio número de empresas autorizadas para operar en el mercado, la oferta presenta una notable y creciente concentración en el grupo de compañías líderes. Los cinco primeros operadores reunieron en 2021 de forma conjunta el 57% del valor total del mercado, elevándose al 71% al contar el grupo de los diez primeros. Por último, destacar que el sector de la seguridad privada contempla la escasez de rentabilidad, la competencia desleal y los bajos precios de licitación (en especial referidos a la Administración Pública) como las tres principales debilidades y amenazas que sufre el Sector. Sin embargo, una de las fortalezas que caracterizan al sector, todavía muy intensivo en gestión de personas, es el desarrollo de nuevas tecnologías, dado que contribuyen a la optimización y mayor eficacia y eficiencia del servicio.
Entrevista al presidente de ASECOPS El estudio Grandes Cifras 2022 Sector de Seguridad también cuenta con una entrevista a Luis Gabriel González Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (ASECOPS), quien explica el importante incremento en el número de vigilantes y el carácter plurianual del convenio colectivo sectorial.
El presidente de ASECOPS también expone las dificultades con las que se están topando las empresas a la hora de revisar los precios de los contratos de servicios del sector público debido a la ley de indexación; además de los efectos negativos de la aplicación del cambio de criterio jurisprudencial operado por la sentencia 873/2018 dictada en unificación de doctrina dictada por la sala de lo social del Tribunal Supremo.Una sentencia “por la que en casos de subrogación de servicios, la empresa adjudicataria debe asumir las deudas de la empresa cesante, lo que penaliza a la empresa que no ha sido responsable de la creación de la deuda, entrando en conflicto con la subrogación convencional”, señala Luis Gabriel González Rodríguez.
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