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La primera persona que alguien ve cuando acude a un hospital seguramente sea un o una vigilante de seguridad privada. Y lo mismo sucede en un juzgado, en la sede de una entidad pública, en el metro, en el mercado, en un concierto… Profesionales que se sitúan en primera línea y que suelen pasar desapercibidos. De hecho, esto es síntoma de un trabajo bien hecho, ya que lo que busca un agente es que su presencia sea efectiva y, a la vez, no intrusiva, sutil. Sin embargo, de vez en cuando es necesario poner el foco en estas figuras que, actualmente, tienen que defender un sector que ve el futuro y sus condiciones con cada vez más incertidumbre.
De hecho, sindicatos, patronal y empresas de seguridad privada, se ponen de acuerdo a la hora de definir la situación en Catalunya. “Tenemos un grave problema con las contrataciones públicas, porque muchas se basan solamente en el precio más bajo y no en la calidad. Esto acaba repercutiendo en el servicio y también en el trabajador, ya que algunas empresas se lanzan a hacer ofertas a la baja que solo se pueden sostener con recortes, incumpliendo el convenio colectivo o sin estar al día con la Seguridad Social”, resume Anna Aisa, gerente de la Associació Catalana d’Empreses de Seguretat, que también denuncia el intrusismo institucional que se suele dar con figuras como las de los agentes cívicos municipales.
LAS CONSECUENCIAS LABORALES DEL MODELO ACTUAL Debido a este modelo de contratación pública, que prepondera el precio más bajo, por encima de los aspectos cualitativos y de innovación de las ofertas, las compañías de seguridad privada que quieren prestar los servicios con el máximo nivel de rigor, favorecer mejoras en las condiciones laborales de sus plantillas e implementar mejoras en favor de la ciudadanía, no pueden ni siquiera plantearse la participación a según qué concursos públicos porque su configuración y dotación presupuestaria los hace directamente insostenibles. Como consecuencia de ello, solo aquellas empresas dispuestas a incurrir en malas prácticas durante la ejecución de estos servicios, concurren a estos procedimientos y son sus agentes de seguridad quienes tienen que asumir los costes de la falsa viabilidad del precio de sus ofertas, soportando condiciones inadecuadas si quieren mantener su trabajo, como excesos de jornada, recortes en las pagas extras y falta de formación.
“El sector público tendría que dar ejemplo, pero es todo lo contrario, porque bajan el precio al máximo, tardan más en pagar, adjudican a empresas ‘piratas’… Los concursos deberían ser transparentes y cumplir con unos mínimos, porque al final somos los vigilantes los que sufrimos las malas condiciones y una falta absoluta de estabilidad laboral”, detalla Salvador Sánchez, secretario del Sindicato Profesional de Seguridad Privada.
Otra queja del sector es el desconocimiento de la ley de seguridad privada por parte de los encargados de la administración de llevar a cabo las contrataciones, lo que da pie a confusiones e intrusismo. “A causa de esta falta de conocimiento y de un diseño de las licitaciones que premia a los precios más bajos –insuficientes parar cubrir los costes–, muchas administraciones acaban contratando auxiliares para llevar a cabo tareas de vigilantes de seguridad, y esto es ilegal”, asegura Sergio Sánchez, asesor de ADN Sindical. Por eso, explica que desde este sindicato impugnan constantemente licitaciones públicas porque incumplen la normativa. “Lamentablemente, es el pan de cada día, y nos solemos encontrar a personas sin formación haciendo tareas que solo corresponden al vigilante de seguridad”, añade. Por ejemplo, retener a una persona que supuestamente ha realizado un acto delictivo, a la espera de la llegada de la policía.
En este sentido, ahora se da un caso curioso. Con la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sueldo de un auxiliar y un vigilante de seguridad se han aproximado mucho, por lo que a las empresas ‘piratas’ ya no les sale tan a cuenta hacer esta ‘trampa’. Eso sí, el vigilante de seguridad no ha visto en ningún caso como se le subía el sueldo. “Hemos perdido un 20% de poder adquisitivo en la última década, y eso que nuestras responsabilidades son muy superiores a los de un auxiliar”, denuncia Antonio Maraña, secretario del Sindicat de Treballadors de Seguretat (STS). Además, señala que para que a las empresas les salga a cuenta las adjudicaciones a tan bajo precio deben eliminar pluses, incumplir convenios o rebajar la calidad del material y los uniformes. “La única solución es que nos unamos todos para reclamar un convenio digno”, concluye.
LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS Este contexto va en contra de aquellas empresas de seguridad privada que actúan según marca la ley y persiguen ofrecer a sus trabajadores unas mejores condiciones. En el caso de Clece Seguridad, su gerente, Albert Abril remarca que es necesario cambiar el modelo de contratación pública “para que no se convierta en una subasta que favorezca las estrategias de precio más agresivas por parte de empresas que no tienen estructura, que incurren en malas prácticas, no son transparentes y que acaban quebradas”. Esto, aclara, no sucede en todos los casos, ya que administraciones como la Generalitat sí que priorizan la calidad -ejemplo de ello son todas las contrataciones realizadas con su Acuerdo Marco-, pero no suele ser el caso de la mayoría de administraciones, especialmente aquellas de ámbito local.Entrada del Mercat de Sant Antoni, uno de los mercados municipales de Barcelona protegidos por Clece Seguridad.
En este sentido, Abril detalla cómo suelen funcionar muchos concursos públicos “La ley de contratos del sector público determina, que para obtener la mejor relación calidad-precio, en los procesos de adjudicación se utilizarán una pluralidad de criterios de adjudicación con arreglo a criterios económicos y cualitativos. A pesar de que esta previsión persigue que los órganos de contratación valoren los aspectos cualitativos, demasiadas administraciones se limitan a fijar una serie de condiciones objetivas mínimas que igualan todas las ofertas, de tal manera que el precio acaba siendo lo único que decide la adjudicación del servicio”. Este modelo es muy arriesgado por la enorme fragilidad económica que presentan este tipo de licitaciones, no solo porque si surge algún imprevisto se cae todo el castillo de naipes, sino también porque desde el año 2015, con la entrada en vigor de la ley de desindexación, no hay mecanismos legales para revisar el precio de los contratos públicos durante su vigencia.
LA ÚNICA OPCIÓN: PRIMAR LOS ASPECTOS CUALITATIVOS La solución para reforzar el sector y convertirlo en atractivo para la gente joven (en estos momentos ya comienza a faltar personal cualificado en Catalunya) es sencilla: que en los concursos de contratación pública se prioricen los aspectos subjetivos (la calidad, la formación, la innovación…) por encima del precio puro y duro. “Queremos que nos valoren por la calidad que ofrecemos, la mejora continua, nuestra capacidad de respuesta, nuestros protocolos de actuación, todo lo diferencial que aportamos al destinatario final del servicio… pero en muchos concursos públicos el precio sigue teniendo demasiado peso, y esto es un gran problema, porque imposibilita que el sector desarrolle su auténtico potencial, tanto económico como laboral”, añade Jose Antonio Mur, delegado de Clece Seguridad en Catalunya.Vigilantes de Clece Seguridad, durante un servicio.
Esto, según coinciden todos los implicados, acaba perjudicando a todo el mundo: al sector, a la administración, a los ciudadanos, a las empresas y, por supuesto, a los trabajadores. “Está en manos del sector público cambiar las cosas. La negociación salarial de los convenios está claramente condicionada por la acción de la administración, debido a la prevalencia del precio en sus procesos de adjudicación y el impacto de la ley de la desindexación. Las empresas, patronales y sindicatos debemos vigilar que los precios en las licitaciones no sean descabellados, si queremos garantizar la sostenibilidad y el futuro del sector”, recalca Mur.
Un intento de progreso y mejora de las condiciones del ámbito de la seguridad privada en el que coinciden patronal, empresas y sindicatos. Se están haciendo algunos pasos, como la asesoría y las formaciones a los técnicos de las administraciones públicas encargadas de la contratación de servicios de seguridad privada, para que sepan distinguir bien las funciones de los distintos perfiles profesionales y valoren aspectos cualitativos más allá del precio. Pero, al fin y al cabo, hay una frase que todos los implicados consideran que debería quedarse grabada a fuego cuando se trata de algo tan importante como la seguridad de los ciudadanos: lo barato acaba saliendo caro. Si en múltiples sectores de la contratación pública se persigue un mejor equilibrio entre la propuesta cualitativa y el precio, ¿por qué no sucede lo mismo en un ámbito tan esencial como lo es la seguridad?
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