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A efectivos del Grupo de Seguridad Privada de la Comisaría de Cádiz y Jerez se les imputan presuntos delitos de detención ilegal, de coacciones y de tortura
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Jerez ha admitido a trámite la querella presentada por dos vigilantes de seguridad privada contra agentes del Grupo de Seguridad Privada de la Comisaría de Policía Nacional de Jerez y de Cádiz por supuesto delito de detención ilegal cometido por funcionario público, delito de coacciones y un delito de tortura, interesando la práctica de diligencias.
Los hechos se remontan al mes de febrero, tras detectar la Policía Nacional unas posibles irregularidades en un servicio de vigilancia y protección que se estaba prestando en una urbanización de la ciudad tras haberse recibido informaciones facilitadas por otra empresa del sector relativas a que estaría dando el servicio en la urbanización de un modo irregular.
Posteriormente, en marzo, la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Cádiz detuvo al jefe de la empresa de seguridad como presunto autor de un delito de falsedad documental aunque días después, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Jerez archivaba la denuncia efectuada por la UTSP de la Policía Nacional de Cádiz contra el jefe de la empresa de seguridad privada. La resolución que decreta este archivo fue firme: el juez no vio delito en los hechos y procedió al archivo de las diligencias con el visto bueno del fiscal.
En cuanto a los dos vigilantes de seguridad privada, en su día fueron identificados en la urbanización en la que prestaban servicios y, al no estar de acuerdo con las actas de declaración firmadas, solicitaron declarar en dependencias policiales, donde, según la querella admitida a trámite, aseguran que fueron víctimas de posibles delitos de detención ilegal, coacciones y torturas. Además, en la querella se acompañan informes médicos de ambos con diagnósticos de ataques de ansiedad a consecuencia de los hechos relatados.
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